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Tema 5. El poder legislativo. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

El Título III de la Constitución (arts. 66 a 96) regula las Cortes Generales, que representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables (art. 66.3 CE). El tema incluye también el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54 CE y Ley Orgánica 3/1981) para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, figura muy preguntada por su singular posición institucional, así como el procedimiento legislativo, la legislación delegada y los decretos-leyes.

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Bicameralismo imperfecto de las Cortes Generales

Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1 CE). El sistema es de bicameralismo imperfecto porque el Congreso tiene preeminencia en funciones esenciales: es la única Cámara que inviste al Presidente del Gobierno, exige su responsabilidad política mediante la moción de censura y la cuestión de confianza y puede levantar el veto del Senado; también prevalece en la tramitación legislativa y, en los supuestos de desacuerdo entre las Cámaras, decide en último término. Los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2 CE) y nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de diputado al Congreso (art. 67.1 CE).

Composición y elección del Congreso de los Diputados

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (art. 68.1 CE), fijado en 350 por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley (art. 68.1). La circunscripción electoral es la provincia; las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una por un diputado (art. 68.2). La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional (art. 68.3), con el sistema D'Hondt y una barrera mínima del 3 % de los votos válidos de la circunscripción. El mandato es de cuatro años y termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 68.4). Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

Composición y elección del Senado

El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE). En cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica (art. 69.2). En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma (art. 69.3). Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos senadores (art. 69.4). Las Comunidades Autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, correspondiendo la designación a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma (art. 69.5). El mandato es de cuatro años (art. 69.6).

Inelegibilidades e incompatibilidades parlamentarias

Una ley orgánica (la LOREG) determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso: los componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, el Defensor del Pueblo, los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo y los miembros de las Juntas Electorales (art. 70.1 CE). La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral (art. 70.2 CE).

Prerrogativas parlamentarias: inviolabilidad, inmunidad y fuero

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1 CE). Durante el periodo de su mandato gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito; no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio) (art. 71.2). En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3).

Autonomía de las Cámaras y órganos de gobierno (art. 72 CE)

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta (art. 72.1). Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes (art. 72.3).

Periodos de sesiones y sesiones extraordinarias (art. 73 CE)

Las Cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse con un orden del día determinado.

Sesiones conjuntas del Congreso y el Senado (art. 74 CE)

Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (por ejemplo, proclamación del Rey y reconocimiento de la incapacidad del Rey o proveer a la sucesión en la Corona). Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara (art. 72.2). Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1 (autorización de tratados), 145.2 (convenios entre Comunidades Autónomas) y 158.2 (Fondos de Compensación Interterritorial) se adoptan por mayoría de cada una de las Cámaras; en el primer caso el procedimiento se inicia por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. Si no hay acuerdo, se intenta obtener por una Comisión mixta, y en último término decide el Congreso por mayoría absoluta (art. 74.2).

Funcionamiento: Pleno, Comisiones y grupos parlamentarios (arts. 75 y 76 CE)

Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones (art. 75.1). Las Cámaras pueden delegar en Comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, pero el Pleno puede recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación (art. 75.2). Quedan excluidas de la delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado (art. 75.3). El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público; sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas (art. 76.1). Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras (art. 76.2). Los grupos parlamentarios se organizan según los Reglamentos (en el Congreso, como regla general, un mínimo de quince diputados; en el Senado, diez senadores, con ciertas excepciones).

Peticiones y Diputación Permanente (arts. 77 y 78 CE)

Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (art. 77.1 CE). Cada Cámara tiene una Diputación Permanente, presidida por el Presidente de la Cámara respectiva y compuesta por un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica (art. 78.1). Sus funciones son: las previstas en el artículo 73 (convocatoria de sesiones extraordinarias), velar por los poderes de las Cámaras cuando estas no estén reunidas y asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116 (convalidación de decretos-leyes y estados excepcionales), en caso de que hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato (art. 78.2). Dará cuenta a las Cámaras, en la primera reunión que estas celebren, de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas (art. 78.3).

Adopción de acuerdos y publicidad de las sesiones (arts. 79 y 80 CE)

Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras (art. 79.2). El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable (art. 79.3). Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80).

Funciones de las Cortes Generales (art. 66.2 CE)

Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. El control se articula mediante preguntas e interpelaciones (art. 111 CE), la comparecencia de los miembros del Gobierno (art. 110), las comisiones de investigación (art. 76), la moción de censura (art. 113) y la cuestión de confianza (art. 112). Compete además al Congreso otorgar la investidura (art. 99), autorizar el estado de excepción y declarar el de sitio (art. 116) y convalidar los decretos-leyes (art. 86).

Iniciativa legislativa (arts. 87 a 89 CE)

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras (art. 87.1). Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa (art. 87.2). Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley: se exigirán, en todo caso, no menos de 500.000 firmas acreditadas; no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87.3). Los proyectos de ley son aprobados en Consejo de Ministros y remitidos al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios (art. 88).

Función legislativa: procedimiento ordinario (art. 90 CE)

Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará cuenta inmediata de lo aprobado al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de dos meses a partir del día de recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso (art. 90.3).

Leyes orgánicas (art. 81 CE)

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1). La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2). No existe jerarquía entre ley orgánica y ley ordinaria: rige el principio de competencia.

Legislación delegada: decretos legislativos (arts. 82 a 85 CE)

Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior (art. 82.1). La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo (art. 82.2). La delegación habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio; se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, y no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado ni permitir la subdelegación (art. 82.3). Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio (art. 82.4) y no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo (art. 83). Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos (art. 85).

Decretos-leyes (art. 86 CE)

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86.1). Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación; en ese plazo el Congreso debe pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación (art. 86.2). Durante dicho plazo, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3).

Tratados internacionales (arts. 93 a 96 CE)

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93), base de la adhesión a la Unión Europea. Se requiere la previa autorización de las Cortes Generales para obligarse por medio de ciertos tratados (art. 94.1): de carácter político, que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (art. 96.1).

Los Presupuestos Generales del Estado (art. 134 CE)

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación (art. 134.1). Los Presupuestos tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y consignarán el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (art. 134.2). El Gobierno deberá presentar al Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (art. 134.3). Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4).

Control político del Gobierno: investidura, moción de censura y cuestión de confianza

El Congreso otorga la confianza a un candidato a la Presidencia del Gobierno por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple tras 48 horas (art. 99). El Gobierno puede plantear al Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, y la confianza se entiende otorgada por mayoría simple (art. 112). La moción de censura debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno (moción constructiva); su aprobación exige mayoría absoluta (art. 113). No puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y si no es aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

El Defensor del Pueblo: naturaleza y elección

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (art. 54 CE y Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril). Es elegido por las Cortes Generales: una Comisión Mixta Congreso-Senado propone uno o varios candidatos y se requiere la mayoría de tres quintos del Congreso y, posteriormente, la ratificación por la misma mayoría del Senado. El mandato es de cinco años. Puede ser nombrado cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Cesa por expiración del plazo, renuncia, muerte o incapacidad sobrevenida, actuación con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones del cargo o condena por delito doloso. Cuenta con dos Adjuntos.

Funciones de supervisión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a instancia de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 CE (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y del respeto debido a los derechos proclamados en el Título I. Puede dirigir recomendaciones, advertencias, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas, pero carece de potestad para anular o modificar actos y resoluciones administrativas. Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo puede dirigirle una queja, sin formalidad especial, sin necesidad de abogado ni procurador, en el plazo de un año contados desde que se tuvo conocimiento de los hechos. No pueden presentar queja las autoridades administrativas en asuntos de su competencia.

Independencia e inviolabilidad del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad, no pudiendo ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos, y durante su mandato, no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Legitimación del Defensor del Pueblo ante el TC

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo, así como para personarse en los procesos de amparo iniciados por otros, lo que lo convierte en una pieza clave del sistema de garantías de los derechos fundamentales. Puede también promover el procedimiento de habeas corpus. Desde 2009 ejerce las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Informe anual del Defensor del Pueblo a las Cortes

El Defensor del Pueblo da cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presenta ante las mismas cuando se encuentren reunidas en periodo ordinario de sesiones. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar un informe extraordinario dirigido a la Diputación Permanente. El informe anual es el principal cauce de rendición de cuentas de la institución.

El Presidente del Congreso y las Mesas de las Cámaras

Cada Cámara elige su Presidente y su Mesa, órgano rector colegiado que ordena y coordina los trabajos parlamentarios. El Presidente del Congreso preside las sesiones conjuntas de las Cortes Generales, ostenta la representación de la Cámara y refrenda determinados actos regios: la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 (art. 64 CE).

Disolución de las Cortes y sus efectos

Las Cortes Generales se disuelven al expirar su mandato de cuatro años, por decreto de disolución anticipada acordado a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 115 CE) o por falta de investidura (art. 99 CE). Tras la disolución, la Diputación Permanente asume las funciones de las Cámaras. Cuando el mandato expira, las elecciones tendrán lugar entre treinta y sesenta días desde la terminación del mandato y el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones (art. 68.6 CE).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Congreso: entre 300 y 400 diputados (350 por la LOREG), mandato de cuatro años, circunscripción provincial, representación proporcional (D'Hondt). Ceuta y Melilla un diputado cada una.
  • Senado: cámara de representación territorial; cuatro senadores por provincia, tres por cada isla mayor, uno por las demás islas, dos por Ceuta y Melilla, y uno por Comunidad Autónoma más uno por cada millón de habitantes.
  • Periodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. Sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
  • Inmunidad: solo detención en flagrante delito; inculpación o procesamiento con autorización de la Cámara; causas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
  • Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81).
  • El veto del Senado exige mayoría absoluta; el Congreso lo levanta por mayoría absoluta o por mayoría simple pasados dos meses. El plazo del Senado es de dos meses, o veinte días naturales si el proyecto es urgente.
  • Delegación legislativa: ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para refundir textos. Siempre expresa, para materia concreta y con plazo. Error típico: invertir ambos supuestos.
  • Decretos-leyes: extraordinaria y urgente necesidad; límites del art. 86.1; convalidación por el Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.
  • Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas; excluidas materias de ley orgánica, tributarias, internacionales y prerrogativa de gracia.
  • Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes, tres quintos de cada Cámara, mandato de cinco años; no puede anular ni modificar actos administrativos; queja gratuita en el plazo de un año.
  • Diputación Permanente: mínimo de 21 miembros; actúa cuando las Cámaras no están reunidas o han sido disueltas.
  • Las Comisiones de investigación no vinculan a los Tribunales; comparecencia obligatoria; pueden comunicar el resultado al Ministerio Fiscal.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Los decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso en el plazo de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Administrativo Seguridad Social?

El Título III de la Constitución (arts. 66 a 96) regula las Cortes Generales, que representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables (art. 66.3 CE). El tema incluye también el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54 CE y Ley Orgánica 3/1981) para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, figura muy preguntada por su singular posición institucional, así como el procedimiento legislativo, la legislación delegada y los decretos-leyes.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Congreso: entre 300 y 400 diputados (350 por la LOREG), mandato de cuatro años, circunscripción provincial, representación proporcional (D'Hondt). Ceuta y Melilla un diputado cada una. Senado: cámara de representación territorial; cuatro senadores por provincia, tres por cada isla mayor, uno por las demás islas, dos por Ceuta y Melilla, y uno por Comunidad Autónoma más uno por cada millón de habitantes. Periodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. Sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Inmunidad: solo detención en flagrante delito; inculpación o procesamiento con autorización de la Cámara; causas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81). El veto del Senado exige mayoría absoluta; el Congreso lo levanta por mayoría absoluta o por mayoría simple pasados dos meses. El plazo del Senado es de dos meses, o veinte días naturales si el proyecto es urgente. Delegación legislativa: ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para refundir textos. Siempre expresa, para materia concreta y con plazo. Error típico: invertir ambos supuestos. Decretos-leyes: extraordinaria y urgente necesidad; límites del art. 86.1; convalidación por el Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación. Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas; excluidas materias de ley orgánica, tributarias, internacionales y prerrogativa de gracia. Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes, tres quintos de cada Cámara, mandato de cinco años; no puede anular ni modificar actos administrativos; queja gratuita en el plazo de un año. Diputación Permanente: mínimo de 21 miembros; actúa cuando las Cámaras no están reunidas o han sido disueltas. Las Comisiones de investigación no vinculan a los Tribunales; comparecencia obligatoria; pueden comunicar el resultado al Ministerio Fiscal.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Título III (arts. 66 a 96), art. 54 y arts. 99, 112, 113, 115, 116 y 134.
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
  • Reglamento del Congreso de los Diputados y Reglamento del Senado.

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