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Tema 11. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

El sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea se articula en Derecho originario (los Tratados constitutivos, sus protocolos y la Carta de los Derechos Fundamentales), Derecho derivado (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes que las instituciones dictan en aplicación de los Tratados, art. 288 TFUE) y un conjunto de fuentes complementarias: los principios generales del Derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los acuerdos internacionales celebrados por la Unión. Las relaciones entre el Derecho de la Unión y los ordenamientos de los Estados miembros se rigen por los principios de primacía, efecto directo, efectividad y responsabilidad patrimonial del Estado, de creación jurisprudencial. Su comprensión es esencial en esta oposición porque el Reglamento (CE) n.º 883/2004 de coordinación de los sistemas de seguridad social, norma de aplicación directa en toda la Unión, prevalece sobre la legislación interna española en su ámbito de aplicación.

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El Derecho originario: los Tratados

El Derecho originario o primario está integrado por los Tratados constitutivos y sus sucesivas modificaciones: el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con sus protocolos y anexos, que tienen el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 51 TUE), la Carta de los Derechos Fundamentales y los tratados de adhesión de nuevos Estados miembros. Cronología básica: Tratado de París (CECA, 1951; vigor 1952), Tratados de Roma (CEE y Euratom, 1957; vigor 1958), Acta Única Europea (1986), Maastricht (1992; vigor 1993), Ámsterdam (1997; vigor 1999), Niza (2001; vigor 2003) y Lisboa (firmado en 2007; vigor el 1 de diciembre de 2009). Tiene rango de norma suprema del ordenamiento de la Unión, equiparable a una constitución material. España se adhirió en 1985 con efectos desde el 1 de enero de 1986.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada en Niza en 2000 y adaptada en Estrasburgo en 2007, tiene desde el Tratado de Lisboa (2009) el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE), integrándose así en el Derecho originario. Resulta de aplicación a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen Derecho de la Unión (art. 51 de la Carta). No amplía las competencias de la Unión. Incluye derechos de seguridad social y ayuda social (art. 34) y de protección de la salud (art. 35). La adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos está prevista en el art. 6.2 TUE.

El Reglamento de la Unión Europea

El Reglamento tiene un alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro (art. 288 TFUE), sin necesidad de acto de transposición o incorporación al ordenamiento interno. Prevalece sobre las normas internas contrarias. Es la fuente empleada precisamente en materia de coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamentos 883/2004 y 987/2009) y de libre circulación de trabajadores (Reglamento (UE) n.º 492/2011). Los Estados no pueden reproducir su contenido en normas internas de modo que se oculte su naturaleza de Derecho de la Unión.

La Directiva de la Unión Europea

La Directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios para incorporarla al ordenamiento interno dentro de un plazo de transposición (art. 288 TFUE). Transcurrido el plazo sin transponerla o con transposición incorrecta, el particular puede invocar sus disposiciones claras, precisas e incondicionales frente al Estado (efecto directo vertical ascendente), pero no frente a otro particular (la Directiva carece de efecto directo horizontal, sentencia Marshall, 1986). Cabe además la interpretación conforme del Derecho nacional (sentencia Von Colson, 1984) y la responsabilidad patrimonial del Estado incumplidor (sentencia Francovich, 1991).

La Decisión de la Unión Europea

La Decisión es obligatoria en todos sus elementos. Cuando designa destinatarios, solo será obligatoria para estos (art. 288 TFUE). Puede dirigirse a Estados miembros, a personas físicas o jurídicas, y se utiliza habitualmente para regular situaciones concretas o autorizar excepciones puntuales dentro del marco general del Derecho de la Unión. Tras Lisboa existe también la decisión sin destinatario, de alcance general y obligatoria en todos sus elementos, que sustituye en parte a la antigua decisión sui generis.

Recomendaciones y dictámenes; soft law

Las recomendaciones y los dictámenes no tendrán fuerza vinculante (art. 288 TFUE, último párrafo). Son instrumentos de «soft law» empleados por las instituciones para orientar la actuación de los Estados miembros o de otras instituciones sin imponer obligaciones jurídicas exigibles, aunque el juez nacional debe tomarlos en consideración como elemento interpretativo (sentencia Grimaldi, 1989). Se asimilan a ellos otras formas de soft law como comunicaciones, libros verdes y blancos, orientaciones y conclusiones del Consejo Europeo.

Actos legislativos, delegados y de ejecución

Se denominan actos legislativos los adoptados por procedimiento legislativo, ordinario o especial (art. 289 TFUE). Un acto legislativo puede delegar en la Comisión el poder de adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo (actos delegados, art. 290 TFUE), y la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes corresponde en principio a los Estados miembros, salvo que se necesiten condiciones uniformes de ejecución, en cuyo caso se confiere a la Comisión (actos de ejecución, art. 291 TFUE).

Principio de primacía del Derecho de la Unión

El principio de primacía, de creación jurisprudencial (sentencia Costa/ENEL, 1964), implica que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros en caso de conflicto, dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Alcanza también al Derecho interno de rango constitucional (sentencia Internationale Handelsgesellschaft, 1970), y obliga al juez nacional a inaplicar la norma interna incompatible sin esperar su derogación (sentencia Simmenthal, 1978). Su efecto es la inaplicación (no la nulidad) de la norma nacional. El Tribunal Constitucional, en su Declaración 1/2004, distingue entre primacía del Derecho de la Unión y supremacía de la Constitución.

Principio de efecto directo

El principio de efecto directo, formulado en la sentencia Van Gend en Loos (1963), permite a los particulares invocar directamente ante los tribunales nacionales determinadas disposiciones del Derecho de la Unión que sean claras, precisas e incondicionadas, sin necesidad de un acto de desarrollo del Estado miembro, generando derechos y obligaciones directamente exigibles. Los reglamentos tienen efecto directo pleno (vertical y horizontal). Las directivas solo tienen efecto directo vertical. Las decisiones lo tienen respecto de sus destinatarios.

Responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión

Los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho de la Unión que les sean imputables (sentencia Francovich, 1991). Requisitos: que la norma violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación sea suficientemente caracterizada y que exista relación de causalidad directa entre la violación y el daño (sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame, 1996). Se extiende a las violaciones imputables al legislador y, en ciertos casos, a los órganos jurisdiccionales de última instancia (sentencia Köbler, 2003).

Los principios generales del Derecho de la Unión

El TJUE ha elaborado, a partir de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, principios generales del Derecho de la Unión como la seguridad jurídica, la proporcionalidad, la protección de la confianza legítima, la no discriminación y el respeto de los derechos fundamentales, aplicables como fuente complementaria del Derecho originario y derivado. Los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los que resultan de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del Derecho de la Unión como principios generales (art. 6.3 TUE).

Los acuerdos internacionales de la Unión

La Unión Europea, dotada de personalidad jurídica única, puede celebrar acuerdos internacionales con terceros países u organizaciones internacionales dentro del ámbito de sus competencias (arts. 216 a 219 TFUE); estos acuerdos vinculan a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros y forman parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión desde su entrada en vigor. Se celebran por el Consejo, previa negociación de la Comisión. Los acuerdos mixtos son los firmados por la Unión y por los Estados miembros. El Acuerdo de Retirada del Reino Unido y el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido contienen disposiciones de coordinación de la seguridad social.

El principio de subsidiariedad y proporcionalidad

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional o local, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión (principio de subsidiariedad, art. 5.3 TUE), y el contenido y forma de la acción de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados (proporcionalidad, art. 5.4 TUE). Estos principios se controlan por los Parlamentos nacionales y por el Tribunal de Justicia.

Incorporación del Derecho de la Unión al ordenamiento español

La Constitución Española no contiene una cláusula específica de integración, pero el artículo 93 CE autoriza mediante ley orgánica la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, y el artículo 96 CE establece que los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno. La participación en la Unión se instrumentó mediante la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto (adhesión) y los sucesivos tratados de reforma. La Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, regula la celebración y aplicación de tratados.

Transposición de directivas: normas internas

Cuando una Directiva exige transposición, el Estado español puede utilizar cualquier norma con rango adecuado a la materia regulada (ley orgánica, ley ordinaria, real decreto legislativo, real decreto-ley o real decreto), respetando en todo caso la jerarquía de fuentes interna y sin que la transposición pueda alterar el contenido mínimo exigido por la propia Directiva. Si la materia está reservada a la ley, la transposición requiere norma con rango de ley. El retraso en la transposición puede dar lugar al recurso por incumplimiento y, en el caso de falta de comunicación, a sanciones pecuniarias ya en la primera sentencia (art. 260.3 TFUE).

Control jurisdiccional de la aplicación del Derecho de la Unión en España

Los órganos jurisdiccionales españoles, en cuanto jueces ordinarios del Derecho de la Unión, están obligados a garantizar su aplicación efectiva, inaplicando de oficio, si es preciso, cualquier disposición contraria de Derecho interno, y pueden o, en el caso de órganos de última instancia, deben plantear cuestión prejudicial ante el TJUE cuando alberguen dudas sobre la interpretación o validez del Derecho de la Unión aplicable al litigio (art. 267 TFUE). La jurisprudencia del TJUE es vinculante para los jueces nacionales en cuanto a la interpretación de las normas de la Unión.

Coexistencia de fuentes: el sistema del Reglamento 883/2004

El Reglamento (CE) n.º 883/2004, de 29 de abril de 2004, sustituyó al anterior Reglamento (CEE) n.º 1408/71 y coordina, sin armonizarlos, los distintos sistemas nacionales de seguridad social de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza, garantizando la totalización de periodos de seguro, la exportación de prestaciones y la determinación de la legislación aplicable. Es aplicable desde el 1 de mayo de 2010, junto con su Reglamento de aplicación (CE) n.º 987/2009. Se extendió a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión por el Reglamento (UE) n.º 1231/2010. Cubre las prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad asimiladas, invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, subsidios de defunción, desempleo, prejubilación y prestaciones familiares; excluye la asistencia social y médica (art. 3).

Los principios de coordinación de los Reglamentos de seguridad social

Los Reglamentos de coordinación se asientan en los siguientes principios: unicidad de la legislación aplicable (solo se aplica la legislación de un Estado miembro en cada momento, art. 11.1), igualdad de trato entre los nacionales y las personas a las que se aplica el Reglamento (art. 4), asimilación de prestaciones, ingresos, hechos o acontecimientos (art. 5), totalización de periodos de seguro, empleo o residencia cumplidos en distintos Estados (art. 6) y supresión de las cláusulas de residencia o exportación de prestaciones, que pueden percibirse aunque el beneficiario resida en otro Estado miembro (art. 7). La regla general de determinación de la legislación aplicable es la del Estado donde se ejerce la actividad (lex loci laboris, art. 11.3.a).

Los tratados internacionales bilaterales y multilaterales de Seguridad Social

Junto al Derecho de la Unión Europea, España ha suscrito numerosos convenios bilaterales de seguridad social con terceros países (entre otros, con la mayoría de países de Iberoamérica, Estados Unidos, Marruecos, Japón o Filipinas), que cumplen una función de coordinación similar a la de los Reglamentos comunitarios pero fuera del ámbito de la Unión, permitiendo la totalización de periodos de cotización y la exportación de determinadas prestaciones. En el ámbito iberoamericano existe además el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (2007), en vigor desde 2011.

El Reglamento 987/2009: normas de aplicación

El Reglamento (CE) n.º 987/2009, de 16 de septiembre de 2009, establece las normas de aplicación del Reglamento 883/2004, regulando aspectos procedimentales como la determinación de la institución competente en cada Estado miembro, la colaboración entre instituciones, los documentos portátiles (por ejemplo, el A1, que acredita la legislación de seguridad social aplicable a un trabajador desplazado), y los mecanismos de intercambio electrónico de información entre instituciones de seguridad social de distintos Estados (sistema EESSI).

El desplazamiento temporal de trabajadores dentro de la Unión

Un trabajador desplazado temporalmente por su empresa para prestar servicios en otro Estado miembro puede seguir sujeto a la legislación de seguridad social del Estado de origen, en lugar de la del Estado de destino, durante un periodo máximo de veinticuatro meses (art. 12 Reglamento 883/2004), siempre que no sustituya a otro trabajador desplazado anteriormente y que mantenga el vínculo con la empresa de origen, evitando así una doble cotización. Los Estados pueden acordar excepciones (art. 16). El trabajador por cuenta propia que ejerce una actividad similar en otro Estado puede mantener la legislación de origen por el mismo plazo.

Pluriactividad transfronteriza

Cuando una persona ejerce simultáneamente una actividad por cuenta ajena o propia en dos o más Estados miembros, el Reglamento 883/2004 (art. 13) establece reglas específicas de determinación de la legislación única aplicable: si ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado de residencia (se entiende que lo es el 25 % o más del tiempo de trabajo o de la retribución, art. 14.8 Reglamento 987/2009), se aplica la legislación del Estado de residencia; en otro caso, la del Estado donde esté la sede de la empresa o el centro de interés de la actividad.

El Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido

Los Reglamentos de coordinación de sistemas de seguridad social de la Unión Europea se extienden también, mediante los correspondientes acuerdos, a los Estados del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y a Suiza, de manera que los trabajadores desplazados a o desde estos países disfrutan de la misma coordinación que dentro de la Unión Europea propiamente dicha. Tras la retirada del Reino Unido (31 de enero de 2020), la coordinación se rige por el Acuerdo de Retirada para las situaciones anteriores al fin del periodo transitorio (31 de diciembre de 2020) y por el Protocolo de coordinación de seguridad social del Acuerdo de Comercio y Cooperación para las posteriores.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Derecho originario: TUE, TFUE, protocolos, anexos, Carta de los Derechos Fundamentales (mismo valor jurídico que los Tratados, art. 6.1 TUE) y tratados de adhesión.
  • Art. 288 TFUE: Reglamento = general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable; Directiva = obliga en cuanto al resultado, elección de forma y medios; Decisión = obligatoria, si designa destinatarios solo para estos; recomendaciones y dictámenes = no vinculantes.
  • La Directiva solo tiene efecto directo vertical (frente al Estado), no horizontal.
  • Primacía (Costa/ENEL, 1964) y efecto directo (Van Gend en Loos, 1963): ambos son de creación jurisprudencial.
  • La primacía supone inaplicación de la norma nacional contraria, no su derogación ni nulidad.
  • Responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la Unión: Francovich (1991); requisitos: atribución de derechos, violación suficientemente caracterizada y relación de causalidad.
  • Art. 93 CE: ley orgánica para tratados de atribución de competencias; art. 96 CE: tratados publicados forman parte del ordenamiento interno.
  • Reglamento 883/2004: aplicable desde el 1 de mayo de 2010; sustituyó al 1408/71. Reglamento de aplicación: 987/2009.
  • Principios de coordinación: unicidad de legislación aplicable, igualdad de trato, totalización de periodos y exportación de prestaciones.
  • Desplazamiento: máximo 24 meses (art. 12 Reglamento 883/2004). Documento portátil A1.
  • La coordinación no armoniza: cada Estado mantiene sus requisitos y cuantías (art. 153.4 TFUE).
  • Los Reglamentos 883/2004 y 987/2009 se aplican también en el EEE (Islandia, Liechtenstein, Noruega) y Suiza; Reino Unido: Acuerdo de Retirada y Acuerdo de Comercio y Cooperación.
  • La asistencia social y médica queda fuera del ámbito material del Reglamento 883/2004 (art. 3.5).
  • Error típico: afirmar que la Directiva es directamente aplicable en cualquier circunstancia; solo puede serlo tras expirar el plazo de transposición y frente al Estado.
  • Error típico: confundir primacía (del Derecho de la Unión) con supremacía (de la Constitución, Declaración TC 1/2004).
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La sentencia Francovich (1991) estableció:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Administrativo Seguridad Social?

El sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea se articula en Derecho originario (los Tratados constitutivos, sus protocolos y la Carta de los Derechos Fundamentales), Derecho derivado (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes que las instituciones dictan en aplicación de los Tratados, art. 288 TFUE) y un conjunto de fuentes complementarias: los principios generales del Derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los acuerdos internacionales celebrados por la Unión. Las relaciones entre el Derecho de la Unión y los ordenamientos de los Estados miembros se rigen por los principios de primacía, efecto directo, efectividad y responsabilidad patrimonial del Estado, de creación jurisprudencial. Su comprensión es esencial en esta oposición porque el Reglamento (CE) n.º 883/2004 de coordinación de los sistemas de seguridad social, norma de aplicación directa en toda la Unión, prevalece sobre la legislación interna española en su ámbito de aplicación.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

Derecho originario: TUE, TFUE, protocolos, anexos, Carta de los Derechos Fundamentales (mismo valor jurídico que los Tratados, art. 6.1 TUE) y tratados de adhesión. Art. 288 TFUE: Reglamento = general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable; Directiva = obliga en cuanto al resultado, elección de forma y medios; Decisión = obligatoria, si designa destinatarios solo para estos; recomendaciones y dictámenes = no vinculantes. La Directiva solo tiene efecto directo vertical (frente al Estado), no horizontal. Primacía (Costa/ENEL, 1964) y efecto directo (Van Gend en Loos, 1963): ambos son de creación jurisprudencial. La primacía supone inaplicación de la norma nacional contraria, no su derogación ni nulidad. Responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la Unión: Francovich (1991); requisitos: atribución de derechos, violación suficientemente caracterizada y relación de causalidad. Art. 93 CE: ley orgánica para tratados de atribución de competencias; art. 96 CE: tratados publicados forman parte del ordenamiento interno. Reglamento 883/2004: aplicable desde el 1 de mayo de 2010; sustituyó al 1408/71. Reglamento de aplicación: 987/2009. Principios de coordinación: unicidad de legislación aplicable, igualdad de trato, totalización de periodos y exportación de prestaciones. Desplazamiento: máximo 24 meses (art. 12 Reglamento 883/2004). Documento portátil A1. La coordinación no armoniza: cada Estado mantiene sus requisitos y cuantías (art. 153.4 TFUE). Los Reglamentos 883/2004 y 987/2009 se aplican también en el EEE (Islandia, Liechtenstein, Noruega) y Suiza; Reino Unido: Acuerdo de Retirada y Acuerdo de Comercio y Cooperación. La asistencia social y médica queda fuera del ámbito material del Reglamento 883/2004 (art. 3.5). Error típico: afirmar que la Directiva es directamente aplicable en cualquier circunstancia; solo puede serlo tras expirar el plazo de transposición y frente al Estado. Error típico: confundir primacía (del Derecho de la Unión) con supremacía (de la Constitución, Declaración TC 1/2004).

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Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versiones consolidadas, DOUE C 202, de 7 de junio de 2016), en particular arts. 5, 6 y 51 TUE y arts. 48, 153, 216 a 219 y 288 a 291 TFUE.
  • Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DOUE C 202, de 7 de junio de 2016).
  • Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
  • Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento 883/2004.
  • Reglamento (UE) n.º 1231/2010, de 24 de noviembre de 2010, que extiende los Reglamentos 883/2004 y 987/2009 a los nacionales de terceros países.
  • Constitución Española de 1978, arts. 93 a 96, y Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre.
  • Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

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