Tema 21. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las víctimas de violencia de género, la integración de las personas con discapacidad y en situación de dependencia y la garantía de los derechos de las personas LGTBI son ejes normativos transversales que inciden directamente en el empleo público y en el sistema de Seguridad Social. La Ley Orgánica 3/2007, la Ley Orgánica 1/2004, el Real Decreto Legislativo 1/2013, la Ley 39/2006 y la Ley 4/2023 configuran un marco de protección que se traduce en medidas concretas de acción positiva, permisos y prestaciones.
El tema conecta con prestaciones específicas de Seguridad Social (pensión de viudedad reforzada en caso de violencia de género, permisos y prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, pensiones no contributivas de invalidez) que se desarrollan en el bloque específico.
La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural (art. 1). Define el principio de igualdad de trato (art. 3), la discriminación directa e indirecta (art. 6), el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (art. 7), la discriminación por embarazo o maternidad (art. 8), la indemnidad frente a represalias (art. 9) y las acciones positivas (art. 11). Introduce el informe de impacto de género en las disposiciones de carácter general (art. 19) y las unidades de igualdad en los departamentos ministeriales (art. 77).
Principios de actuación y presencia equilibrada
Entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos (art. 14) figuran el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad, la integración del principio de igualdad en la política en general (transversalidad), la remoción de obstáculos y la promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en nombramientos y designaciones. La disposición adicional primera considera que existe composición equilibrada cuando en el conjunto a que se refiera las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, refuerza estas exigencias en órganos de decisión.
Planes de igualdad en las Administraciones Públicas
El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, que establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución (art. 64 LO 3/2007). El plan es objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública. Las Administraciones deben igualmente promover la igualdad en la formación (art. 61), el acceso al empleo público y la promoción profesional (art. 51 y 60).
Composición equilibrada en órganos de selección
Todos los tribunales y órganos de selección del personal de las Administraciones Públicas responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas (art. 53 LO 3/2007). El artículo 60 TREBEP añade que los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Ambas previsiones son de aplicación directa a la composición del tribunal de la oposición.
Protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones Públicas negociarán con la representación legal de los empleados públicos un protocolo de actuación (art. 62 LO 3/2007), que incluirá, como mínimo, la declaración de principios de rechazo, la información a los empleados y empleadas y la designación de una persona responsable de atender a las quejas. La definición de ambos tipos de acoso consta en el artículo 7 y la comisión de actos de acoso está tipificada como falta muy grave en el régimen disciplinario del empleado público. El artículo 48 de la misma ley establece obligaciones análogas para las empresas.
La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1). Comprende medidas de sensibilización y prevención, derechos de las víctimas (información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita), medidas de tutela institucional (Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Observatorio Estatal) y de tutela penal y judicial, con juzgados de violencia sobre la mujer. El servicio telefónico de información y asesoramiento es el 016. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso en 2017, refuerza estas políticas.
Derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas de violencia de género
La trabajadora víctima de violencia de género tiene derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo (art. 21 LO 1/2004). El periodo de suspensión se considera de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo, y la extinción del contrato por esta causa genera situación legal de desempleo. Las funcionarias tienen derechos equivalentes (art. 24) y a la excedencia sin requisitos de tiempo previo de servicios, con retribuciones íntegras durante los seis primeros meses (art. 89 TREBEP). La situación de violencia se acredita mediante orden de protección, informe del Ministerio Fiscal u otros medios previstos en la ley (art. 23).
Consideración de las ausencias por violencia de género
Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud, según proceda, sin que puedan computarse como causa de despido objetivo ni disciplinario. Las víctimas funcionarias tienen un permiso específico por razón de violencia de género (art. 49 TREBEP).
Prestaciones y ayudas específicas por violencia de género
Las víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo pueden percibir la ayuda económica del artículo 27 de la LO 1/2004, de pago único, siempre que carezcan de rentas superiores al setenta y cinco por ciento del salario mínimo interprofesional (sin pagas extraordinarias) y se aprecie que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo. Tienen además acceso a la renta activa de inserción con particularidades y a programas de inserción sociolaboral. En el ámbito de la Seguridad Social, la condición de víctima también refuerza el acceso a la pensión de viudedad aun en caso de divorcio, cuando se acredita la violencia mediante sentencia firme u otros medios.
Otras normas de igualdad y no discriminación
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, prohíbe la discriminación por una amplia relación de causas (nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, situación socioeconómica, entre otras). La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, refuerza la protección de las víctimas de violencias sexuales.
La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, tiene por objeto establecer y regular los derechos y garantías de las personas LGTBI en España, así como avanzar en el respeto de los derechos humanos, en particular hacia el colectivo de personas trans, garantizando el ejercicio de sus derechos y su participación social, política, económica y cultural en igualdad de condiciones. Establece políticas públicas, medidas en el ámbito laboral, sanitario, educativo, de la juventud y la infancia, de la cultura y el deporte, de los medios de comunicación, de la familia y de la cooperación internacional, así como un régimen de infracciones y sanciones. Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deben contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.
Rectificación registral de la mención relativa al sexo
La Ley 4/2023 regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo (derogando la Ley 3/2007) y permite su modificación en el Registro Civil sin necesidad de acreditar tratamiento médico, hormonal o quirúrgico previo, ni informe médico o psicológico. Pueden solicitarla las personas mayores de dieciséis años directamente; las de catorce y quince años con la asistencia de sus representantes legales; y las de doce y trece años mediante autorización judicial. Tras la solicitud, la persona debe ratificar su decisión mediante comparecencia, en un plazo no superior a tres meses. Las personas menores de doce años pueden solicitar el cambio de nombre pero no la rectificación de la mención de sexo.
Cláusula general de no discriminación por orientación sexual e identidad de género
La Ley 4/2023 prohíbe la discriminación directa e indirecta por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales en cualquier ámbito, público o privado, estableciendo garantías específicas en el ámbito educativo, sanitario, laboral, social y deportivo, así como en el empleo público. Contempla además la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos y medidas de reparación y de protección frente a represalias.
Discapacidad: régimen jurídico general
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que integra la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007 (infracciones y sanciones). Reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación, el principio de accesibilidad universal y de diseño para todos, la vida independiente, el diálogo civil y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Tienen la consideración de personas con discapacidad las que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, y se considera que lo son quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Reserva de cupo de discapacidad en el acceso al empleo público
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. De ese cupo, al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas será para personas con discapacidad intelectual y el resto para personas con cualquier otro tipo de discapacidad (art. 59 TREBEP). En el empleo privado, las empresas con cincuenta o más trabajadores deben reservar el dos por ciento de sus puestos para trabajadores con discapacidad (art. 42 RDL 1/2013), con medidas alternativas excepcionales.
Adaptaciones en los procesos selectivos
Las convocatorias de procesos selectivos deben prever la posibilidad de establecer adaptaciones de tiempo y medios en las pruebas a favor de las personas con discapacidad que así lo soliciten, de forma que gocen de similares condiciones para su realización que el resto de participantes, sin que ello suponga reducción ni menoscabo del nivel de conocimientos exigido. La necesidad de adaptación se acredita mediante certificado o dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad.
Reconocimiento del grado de discapacidad
El reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad se regula en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que establece el procedimiento y los baremos, con el certificado de discapacidad como documento acreditativo de ámbito estatal. Se presume el grado del 33 por ciento a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social y a los de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
La Ley 39/2006 de dependencia y su relación con la Seguridad Social
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y reconoce un derecho subjetivo universal a sus prestaciones. Establece tres grados de dependencia (moderada, severa y gran dependencia), con niveles de protección mínimo (a cargo del Estado), acordado (convenio con las Comunidades Autónomas) y adicional (de las Comunidades). Las prestaciones son servicios (con carácter prioritario) y prestaciones económicas, estas con carácter excepcional. Su gestión corresponde a las Comunidades Autónomas. El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia mediante un convenio especial, cuyas cotizaciones están financiadas por el Estado desde su restablecimiento en 2019.
Planes de igualdad en el ámbito laboral privado
Aunque de aplicación al ámbito laboral privado y no directamente a la función pública, la obligación de las empresas con cincuenta o más personas trabajadoras de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45 LO 3/2007), el registro retributivo y la auditoría retributiva, desarrollados por los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, forman parte del mismo marco normativo de igualdad efectiva que informa las políticas de personal de las Administraciones Públicas.
Protección de la maternidad y riesgo durante el embarazo
Determinadas prestaciones de Seguridad Social, como la prestación por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, incorporan un enfoque de protección reforzada de la maternidad que se enmarca en el principio constitucional de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se desarrollan en el bloque específico. En materia de nacimiento y cuidado de menor, los permisos y prestaciones se han equiparado entre ambos progenitores y son intransferibles.
Órganos administrativos de igualdad
El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, tiene como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social, colaborando con el resto de departamentos ministeriales, incluido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el diseño de políticas con impacto de género. En cada ministerio existe una unidad de igualdad (art. 77 LO 3/2007).
El permiso parental
Además de los permisos retribuidos por nacimiento y cuidado de menor, la normativa de función pública y laboral reconoce un permiso parental para el cuidado de hijo o menor acogido hasta que cumpla ocho años, de una duración de ocho semanas, continuas o discontinuas, incorporado tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores por el Real Decreto-ley 5/2023.
La perspectiva de género en la elaboración de normas
La memoria del análisis de impacto normativo que acompaña a los proyectos de disposiciones debe incluir el informe sobre el impacto por razón de género, exigencia derivada del artículo 19 de la LO 3/2007 y de la Ley 50/1997, del Gobierno, y aplicable a las disposiciones que desarrollan la normativa de Seguridad Social.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LO 3/2007: igualdad efectiva de mujeres y hombres. Composición equilibrada: ninguno de los dos sexos por encima del 60% ni por debajo del 40%.
El Plan para la Igualdad en la AGE se aprueba al inicio de cada legislatura (art. 64 LO 3/2007).
El protocolo de las Administraciones frente al acoso sexual y por razón de sexo es el art. 62 LO 3/2007; el art. 48 se dirige a las empresas.
LO 1/2004: protege a las mujeres frente a la violencia de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o parejas, aun sin convivencia. El teléfono de ayuda es el 016.
Los derechos laborales de las víctimas están en el art. 21 LO 1/2004; las ayudas del art. 27 exigen carencia de rentas superiores al 75% del SMI.
La Ley 4/2023 es de 28 de febrero: rectificación registral sin informes médicos; mayores de 16 directamente, 14-15 con representantes y 12-13 con autorización judicial.
El cupo de reserva de discapacidad en el empleo público es no inferior al 7% de las vacantes, con un 2% como mínimo para discapacidad intelectual.
La discapacidad se acredita con un grado igual o superior al 33%; la pensión no contributiva de invalidez requiere el 65%.
Grados de dependencia: I moderada, II severa y III gran dependencia; los cuidados en el entorno familiar son una prestación excepcional.
No confundir la Ley 3/2007 (derogada, rectificación registral) con la LO 3/2007 (igualdad); la primera la derogó la Ley 4/2023.
La Ley 15/2022 es la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación; la LO 10/2022 es la de garantía integral de la libertad sexual.
Las empresas con 50 o más personas trabajadoras deben tener plan de igualdad y reservar el 2% para personas con discapacidad.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Los derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas de violencia de género se recogen en el artículo:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 21 de Administrativo Seguridad Social?
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las víctimas de violencia de género, la integración de las personas con discapacidad y en situación de dependencia y la garantía de los derechos de las personas LGTBI son ejes normativos transversales que inciden directamente en el empleo público y en el sistema de Seguridad Social. La Ley Orgánica 3/2007, la Ley Orgánica 1/2004, el Real Decreto Legislativo 1/2013, la Ley 39/2006 y la Ley 4/2023 configuran un marco de protección que se traduce en medidas concretas de acción positiva, permisos y prestaciones.
El tema conecta con prestaciones específicas de Seguridad Social (pensión de viudedad reforzada en caso de violencia de género, permisos y prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, pensiones no contributivas de invalidez) que se desarrollan en el bloque específico.
¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?
LO 3/2007: igualdad efectiva de mujeres y hombres. Composición equilibrada: ninguno de los dos sexos por encima del 60% ni por debajo del 40%. El Plan para la Igualdad en la AGE se aprueba al inicio de cada legislatura (art. 64 LO 3/2007). El protocolo de las Administraciones frente al acoso sexual y por razón de sexo es el art. 62 LO 3/2007; el art. 48 se dirige a las empresas. LO 1/2004: protege a las mujeres frente a la violencia de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o parejas, aun sin convivencia. El teléfono de ayuda es el 016. Los derechos laborales de las víctimas están en el art. 21 LO 1/2004; las ayudas del art. 27 exigen carencia de rentas superiores al 75% del SMI. La Ley 4/2023 es de 28 de febrero: rectificación registral sin informes médicos; mayores de 16 directamente, 14-15 con representantes y 12-13 con autorización judicial. El cupo de reserva de discapacidad en el empleo público es no inferior al 7% de las vacantes, con un 2% como mínimo para discapacidad intelectual. La discapacidad se acredita con un grado igual o superior al 33%; la pensión no contributiva de invalidez requiere el 65%. Grados de dependencia: I moderada, II severa y III gran dependencia; los cuidados en el entorno familiar son una prestación excepcional. No confundir la Ley 3/2007 (derogada, rectificación registral) con la LO 3/2007 (igualdad); la primera la derogó la Ley 4/2023. La Ley 15/2022 es la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación; la LO 10/2022 es la de garantía integral de la libertad sexual. Las empresas con 50 o más personas trabajadoras deben tener plan de igualdad y reservar el 2% para personas con discapacidad.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.2, 14 y 49
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 49, 59, 60 y 89)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo Seguridad Social.