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Tema 20. Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

La atención al ciudadano constituye una de las funciones más directas y cotidianas del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, que atiende presencialmente en las Direcciones Provinciales y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), además de por teléfono y por vía electrónica. Este tema recoge los principios generales de calidad en la atención al público, los servicios de información administrativa (general y particular), la atención a las personas con discapacidad y los cauces de que disponen los ciudadanos: iniciativas, quejas, sugerencias, reclamaciones y peticiones. Se trata de un tema muy práctico, próximo al día a día del puesto al que se opta. Conviene distinguir con precisión entre petición (art. 29 CE), queja y sugerencia (Real Decreto 951/2005), recurso administrativo y solicitud de acceso a la información pública (Ley 19/2013), porque cada figura tiene su propio régimen y plazos.

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El derecho a una buena administración

El derecho a una buena administración está reconocido expresamente en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el ordenamiento español se deriva de los artículos 9.3 y 103 de la Constitución (eficacia, objetividad, sometimiento pleno a la ley y al Derecho). Inspira los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos que rigen la actuación de la Administración General del Estado conforme a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 3.1).

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones

El artículo 13 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, reconoce a quienes tienen capacidad de obrar derechos como comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales en su territorio; acceder a la información pública, archivos y registros; ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos; exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio cuando legalmente proceda; obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; la protección de datos de carácter personal; y cualquier otro que les reconozcan la Constitución y las leyes. El artículo 53 añade, para los interesados en un procedimiento, el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, a identificar a las autoridades y al personal responsable, a no presentar documentos ya aportados o elaborados por las Administraciones, y a formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia.

Los servicios de información administrativa: marco y finalidad

El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano en la Administración General del Estado. Su finalidad es ofrecer a los ciudadanos información sobre sus derechos y obligaciones, sobre los requisitos y trámites de los procedimientos, y orientación sobre la organización administrativa, mediante oficinas de información, atención telefónica, medios electrónicos y puntos de acceso. La información administrativa es un servicio público cuyo prestador debe actuar con claridad, precisión y rapidez, y su prestación no puede condicionarse a la acreditación de un interés cualificado cuando se trate de información general.

Información administrativa general

La información administrativa de carácter general tiene por objeto facilitar a los ciudadanos el conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como de las finalidades, competencias, estructura y funcionamiento de los distintos órganos y servicios administrativos, el contenido de las normas y los requisitos de los procedimientos y trámites. No exige acreditar interés alguno, se facilita a quien la solicita, y puede prestarse de forma presencial, telefónica, escrita o electrónica. En el ámbito de la Seguridad Social se canaliza a través de la Sede Electrónica, las oficinas de atención al público, el servicio telefónico y los canales electrónicos de la Administración.

Información administrativa particular

La información de carácter particular versa sobre el estado o contenido de los procedimientos en tramitación y sobre la identificación de las autoridades y del personal bajo cuya responsabilidad se tramiten. Es un derecho de quienes tienen la condición de interesados en el procedimiento (art. 53.1.a Ley 39/2015), por lo que exige acreditar la identidad y la legitimación del solicitante. En materia de Seguridad Social se facilita sobre todo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) y de la aplicación para dispositivos móviles, así como presencialmente tras identificar al interesado. La diferencia esencial con la información general es la legitimación: la general es de libre acceso y la particular solo para el interesado o su representante.

El Punto de Acceso General electrónico y los canales de atención

El Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado facilita el acceso de los ciudadanos a los servicios, trámites e información de las Administraciones y contiene la sede electrónica que le corresponde; a su través se accede, entre otros contenidos, a la Carpeta Ciudadana y a las convocatorias de acceso al empleo público. Los canales de atención al ciudadano en la Administración General del Estado son el presencial (oficinas de información y atención), el telefónico (por ejemplo, el 060 como servicio general) y el electrónico (sedes electrónicas, correo electrónico, formularios). La Administración debe ofrecer un modelo multicanal en el que ninguno excluya a los demás y garantice la asistencia a quienes no puedan o no quieran relacionarse electrónicamente.

El derecho de petición (art. 29 CE)

El artículo 29.1 CE reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley; los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo podrán ejercerlo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica (art. 29.2). Se desarrolla en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que lo extiende a toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad. La petición puede referirse a cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecte exclusivamente al peticionario o sea de interés colectivo o general, pero no puede versar sobre materias que tengan un procedimiento específico distinto, como los recursos administrativos. El ejercicio del derecho no puede dar lugar a perjuicio alguno para el peticionario.

Tramitación del derecho de petición

La petición se formula por escrito (por cualquier medio, incluidos los electrónicos), con identificación del peticionario, del destinatario y de su objeto. La autoridad u órgano receptor acusa recibo y, si la admite a trámite, la examina y contesta en el plazo máximo de tres meses desde su presentación o, en su caso, desde su subsanación; si la inadmite, notifica al interesado la decisión de inadmisión motivada. La contestación no es un acto que agote la vía administrativa ni puede ser recurrida por el procedimiento ordinario, sin perjuicio de las acciones que correspondan. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (art. 77.1 CE).

Quejas y sugerencias en la Administración General del Estado

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado y regula el sistema de quejas y sugerencias. Los ciudadanos pueden formular quejas por retrasos, desatención o cualquier otro incumplimiento de los estándares de calidad, y sugerencias para mejorar la organización o el servicio. Se presentan ante las unidades de quejas y sugerencias de cada departamento y organismo, que dependen de la Inspección General de Servicios, de forma presencial, por correo o por medios electrónicos. Las quejas y sugerencias no tienen la calificación de recurso administrativo ni su presentación interrumpe los plazos establecidos en la normativa vigente, y no condicionan el ejercicio de las demás acciones o derechos que correspondan a los ciudadanos. La Administración debe comunicar al interesado las actuaciones realizadas en un plazo breve, que el Real Decreto fija en veinte días hábiles.

Reclamaciones y recursos frente a los servicios de la Seguridad Social

La queja o sugerencia sobre el funcionamiento de un servicio no equivale a la reclamación en sentido jurídico ni al recurso. Contra las resoluciones de las entidades gestoras en materia de prestaciones, el interesado puede acudir a la vía administrativa previa a la judicial social (reclamación previa, regulada en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social) y, después, a la jurisdicción social. Se distingue por tanto entre las vías para criticar el servicio (quejas y sugerencias, que no suspenden plazos) y las vías para impugnar una decisión (reclamación previa, recursos), sujetas a plazos de caducidad. La confusión entre ambas es una trampa habitual de examen.

Iniciativas ciudadanas y otros cauces de participación

La participación ciudadana se canaliza también mediante otras vías: la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE y Ley Orgánica 3/1984), que requiere al menos quinientas mil firmas acreditadas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia; la audiencia pública en la elaboración de disposiciones (art. 133 Ley 39/2015); y la presentación de iniciativas y sugerencias a las Administraciones sobre la mejora de los servicios. Debe distinguirse la iniciativa legislativa popular, que es un cauce de participación política dirigido al Congreso de los Diputados, de las iniciativas y sugerencias ante la Administración sobre sus servicios.

El Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo (art. 54 CE y Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril) es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración. Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo puede dirigirle una queja, sin restricción por nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal ni internamiento en centro penitenciario. La queja debe presentarse en el plazo máximo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos, es gratuita y no exige abogado ni procurador, y su presentación no suspende los plazos para recurrir.

Acceso a la información pública y transparencia

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, sin necesidad de motivar la solicitud. El plazo máximo de resolución y notificación es de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo justifican, y el silencio es negativo. Contra la resolución cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter previo a la vía contencioso-administrativa. Es un cauce distinto de la información particular de los interesados y de la petición.

Atención a personas con discapacidad: marco normativo

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que garantiza la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. A ello se suma la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España y que forma parte del ordenamiento interno, la reforma del artículo 49 de la Constitución de 2024 (que sustituye la referencia a los «disminuidos» por la de personas con discapacidad), la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas, la Ley 6/2022 sobre accesibilidad cognitiva y la Ley 8/2021 sobre el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Accesibilidad universal en la atención presencial

Las oficinas de atención al público deben cumplir condiciones de accesibilidad física (eliminación de barreras arquitectónicas, itinerarios, señalización adaptada) y de comunicación (bucles de inducción magnética, intérpretes de lengua de signos previa solicitud, información en formatos accesibles, sistemas de cita previa adaptados) que garanticen la igualdad de oportunidades. Buenas prácticas en el trato: dirigirse directamente a la persona y no a su acompañante, utilizar un lenguaje claro, comprobar la comprensión, facilitar el tiempo necesario y no presuponer limitaciones. Los apoyos que precisen las personas con discapacidad no pueden suponer coste adicional para ellas.

Accesibilidad de las sedes electrónicas

Las sedes y los registros electrónicos deben ser accesibles conforme al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que transpone la Directiva (UE) 2016/2102. Exige cumplir los requisitos de accesibilidad de la norma europea armonizada y publicar una declaración de accesibilidad. La Ley 11/2023, de 8 de mayo, incorpora además requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios en transposición de la Directiva (UE) 2019/882.

El deber de asistencia en el uso de medios electrónicos

Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse con ellas a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso, sistemas y aplicaciones necesarios, y asistiendo en su uso a quienes lo requieran (art. 12 Ley 39/2015), especialmente en lo que se refiere a la identificación y firma electrónica, la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y la obtención de copias auténticas. Si el interesado no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado, que debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. Las oficinas de asistencia en materia de registros prestan este apoyo.

Discapacidad y dependencia: la Ley de Dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, configura un derecho subjetivo de ciudadanía a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Los grados de dependencia son tres: grado I (dependencia moderada), grado II (dependencia severa) y grado III (gran dependencia). La gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, con financiación compartida con la Administración General del Estado. Las prestaciones pueden ser servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, atención residencial) o prestaciones económicas (vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal). No debe confundirse con el grado de discapacidad ni con la incapacidad permanente de Seguridad Social.

Grados de discapacidad relevantes

Tiene la consideración de persona con discapacidad quien presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones; a efectos legales se acredita con un grado igual o superior al 33 por ciento (art. 4 RDL 1/2013). Se considera que lo tienen, sin necesidad de otro reconocimiento, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y los de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. El grado del 33 por ciento da acceso, entre otros, al cupo de reserva en el empleo público; la pensión no contributiva de invalidez exige un grado igual o superior al 65 por ciento. El procedimiento de reconocimiento está regulado por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.

Cartas de servicios

Las Cartas de Servicios son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación (Real Decreto 951/2005). Incluyen los compromisos de calidad con sus indicadores, las medidas de subsanación en caso de incumplimiento y las formas de participación de los usuarios. Se publican y se evalúan periódicamente.

Sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos

El Real Decreto 951/2005 establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado mediante programas como el análisis de la demanda y de la satisfacción de los usuarios, las cartas de servicios, el sistema de quejas y sugerencias, la evaluación de la calidad de las organizaciones, el reconocimiento y los premios a la calidad. Es aplicable también a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Debe comprobarse la vigencia actual de las normas de calidad al preparar el examen, por si han sido sustituidas.

Cita previa en la atención presencial de la Seguridad Social

Con el fin de racionalizar la atención presencial y reducir tiempos de espera, la Administración de la Seguridad Social ha generalizado el sistema de cita previa, solicitable por vía telefónica o electrónica, para las gestiones que requieran atención personalizada en las Direcciones Provinciales y en los CAISS. Muchas gestiones pueden resolverse sin acudir a la oficina a través de la Sede Electrónica, por lo que la atención presencial se reserva a los trámites que lo requieren o a las personas que no puedan relacionarse por medios electrónicos.

El principio de proximidad al ciudadano

El principio de proximidad al ciudadano, recogido entre los principios de actuación de la Administración General del Estado (art. 3.1 Ley 40/2015), se traduce en la existencia de una amplia red territorial de oficinas de la Seguridad Social distribuida en las provincias que permite acercar la gestión a los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

Confidencialidad en la atención al público

El personal que atiende al público debe observar en todo momento el deber de confidencialidad respecto de los datos personales y de la información sensible a la que accede (arts. 52 y 53 TREBEP y normativa de protección de datos), garantizando condiciones de privacidad suficientes en la atención presencial cuando se traten asuntos de especial sensibilidad, como incapacidades o situaciones de necesidad económica. No debe facilitarse información particular a terceros sin acreditar su representación o autorización.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Petición (art. 29 CE, LO 4/2001): respuesta en el plazo máximo de tres meses; no es recurso ni queja.
  • El derecho de petición lo pueden ejercer todas las personas, españolas o extranjeras, físicas o jurídicas, según la LO 4/2001; el art. 29 CE alude solo a españoles.
  • Quejas y sugerencias (RD 951/2005): no son recurso administrativo, no interrumpen los plazos y no condicionan otras acciones.
  • Información general: libre acceso, no exige interés. Información particular: solo para el interesado, que debe acreditar su identidad (art. 53 Ley 39/2015).
  • Queja ante el Defensor del Pueblo: plazo de un año desde que se conocen los hechos, gratuita, sin abogado y sin suspender plazos de recursos.
  • Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3 CE); no confundir con las iniciativas y sugerencias de los ciudadanos sobre los servicios.
  • Acceso a la información pública (Ley 19/2013): un mes para resolver, ampliable otro mes; silencio negativo; reclamación ante el Consejo de Transparencia.
  • La pensión no contributiva de invalidez exige un grado de discapacidad igual o superior al 65%; el 33% sirve para el cupo de reserva y otras medidas.
  • Grados de dependencia: I moderada, II severa, III gran dependencia (Ley 39/2006).
  • La accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público se regula en el RD 1112/2018.
  • El art. 12 Ley 39/2015 obliga a asistir en el uso de medios electrónicos; el funcionario habilitado puede identificar o firmar por el interesado con su consentimiento expreso.
  • Las Cartas de Servicios y las quejas y sugerencias forman parte de los programas de calidad del RD 951/2005.
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El plazo para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo es de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 20 de Administrativo Seguridad Social?

La atención al ciudadano constituye una de las funciones más directas y cotidianas del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, que atiende presencialmente en las Direcciones Provinciales y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), además de por teléfono y por vía electrónica. Este tema recoge los principios generales de calidad en la atención al público, los servicios de información administrativa (general y particular), la atención a las personas con discapacidad y los cauces de que disponen los ciudadanos: iniciativas, quejas, sugerencias, reclamaciones y peticiones. Se trata de un tema muy práctico, próximo al día a día del puesto al que se opta. Conviene distinguir con precisión entre petición (art. 29 CE), queja y sugerencia (Real Decreto 951/2005), recurso administrativo y solicitud de acceso a la información pública (Ley 19/2013), porque cada figura tiene su propio régimen y plazos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?

Petición (art. 29 CE, LO 4/2001): respuesta en el plazo máximo de tres meses; no es recurso ni queja. El derecho de petición lo pueden ejercer todas las personas, españolas o extranjeras, físicas o jurídicas, según la LO 4/2001; el art. 29 CE alude solo a españoles. Quejas y sugerencias (RD 951/2005): no son recurso administrativo, no interrumpen los plazos y no condicionan otras acciones. Información general: libre acceso, no exige interés. Información particular: solo para el interesado, que debe acreditar su identidad (art. 53 Ley 39/2015). Queja ante el Defensor del Pueblo: plazo de un año desde que se conocen los hechos, gratuita, sin abogado y sin suspender plazos de recursos. Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3 CE); no confundir con las iniciativas y sugerencias de los ciudadanos sobre los servicios. Acceso a la información pública (Ley 19/2013): un mes para resolver, ampliable otro mes; silencio negativo; reclamación ante el Consejo de Transparencia. La pensión no contributiva de invalidez exige un grado de discapacidad igual o superior al 65%; el 33% sirve para el cupo de reserva y otras medidas. Grados de dependencia: I moderada, II severa, III gran dependencia (Ley 39/2006). La accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público se regula en el RD 1112/2018. El art. 12 Ley 39/2015 obliga a asistir en el uso de medios electrónicos; el funcionario habilitado puede identificar o firmar por el interesado con su consentimiento expreso. Las Cartas de Servicios y las quejas y sugerencias forman parte de los programas de calidad del RD 951/2005.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.3, 29, 49, 54, 87.3, 103 y 105
  • Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano
  • Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
  • Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado
  • Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

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