Tema 4. La Unión Europea: referencia histórica. El Derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión Europea. La cooperación policial internacional. Especial referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema recorre la construcción europea desde la CECA hasta el Tratado de Lisboa, el sistema de fuentes del Derecho de la Unión (originario y derivado) y sus principales instituciones, para terminar con un bloque de especial interés policial: los organismos de cooperación policial y judicial internacional (Interpol, Europol, Eurojust, Schengen, Frontex, la euroorden) y los dos grandes tribunales europeos con los que se suele confundir —el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Consejo de Europa, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea—, cuya distinción es un clásico de examen. Se incluyen también las ampliaciones y la salida del Reino Unido, el reparto de competencias, el procedimiento legislativo ordinario y la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Antecedentes históricos de la integración europea: la CECA (1951)
El proceso de integración europea nace tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de asegurar la paz mediante la interdependencia económica. La Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950 propuso poner en común la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad supranacional. Fruto de esa propuesta, el Tratado de París, firmado el 18 de abril de 1951 y en vigor desde 1952, creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmada por seis Estados fundadores: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (la «Europa de los Seis»). La CECA fue la primera organización supranacional europea, con instituciones propias (Alta Autoridad, Asamblea, Consejo y Tribunal de Justicia) que sentaron el modelo institucional posterior, y su vigencia estaba limitada a cincuenta años, por lo que se extinguió el 23 de julio de 2002, integrándose sus competencias en la Comunidad Europea. Se considera el punto de partida simbólico e institucional de todo el proceso de integración que desembocaría, décadas después, en la actual Unión Europea.
Los Tratados de Roma (1957): CEE y EURATOM
El 25 de marzo de 1957, los mismos seis Estados de la CECA firmaron en Roma dos tratados que ampliaron la integración más allá del carbón y el acero. El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) tenía como objetivo crear un mercado común basado en las cuatro libertades fundamentales (libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales) y una unión aduanera con arancel exterior común. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM o CEEA) buscaba coordinar los programas de investigación nuclear de los Estados miembros con fines pacíficos y garantizar un abastecimiento equitativo de combustibles nucleares. Ambos tratados entraron en vigor el 1 de enero de 1958. Con ellos coexistían tres Comunidades Europeas (CECA, CEE y EURATOM), cada una con sus propias instituciones hasta el Tratado de fusión (Bruselas, 1965, en vigor desde 1967), que unificó el Consejo y la Comisión de las tres Comunidades, sentando las bases del marco institucional único que perdura hasta hoy.
El Acta Única Europea (1986)
El Acta Única Europea, firmada en febrero de 1986 y en vigor desde el 1 de julio de 1987, fue la primera gran reforma de los Tratados constitutivos originarios. Su objetivo principal fue relanzar el proceso de integración fijando como meta la culminación del mercado interior antes del 31 de diciembre de 1992, entendido como un espacio sin fronteras interiores en el que estuviera garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Para facilitar la adopción de la ingente legislación necesaria, introdujo la votación por mayoría cualificada en el Consejo para las materias relacionadas con el mercado interior, superando la regla de la unanimidad que hasta entonces ralentizaba el proceso legislativo. Reforzó además los poderes del Parlamento Europeo, introduciendo el procedimiento de cooperación, y sentó las bases institucionales de lo que después sería la Política Exterior y de Seguridad Común. Supuso, en definitiva, el primer paso decisivo hacia una integración más profunda que culminaría pocos años después con el Tratado de Maastricht.
El Tratado de Maastricht (1992): creación de la Unión Europea
El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, creó formalmente la Unión Europea, sustituyendo la denominación de Comunidad Económica Europea por la de Comunidad Europea e integrándola en una estructura de tres pilares: el pilar comunitario (las Comunidades Europeas, de naturaleza supranacional), el pilar de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el pilar de Cooperación en Justicia y Asuntos de Interior (CJAI), estos dos últimos de naturaleza intergubernamental. Introdujo además la ciudadanía europea, complementaria de la nacionalidad de cada Estado miembro, y estableció el calendario y los criterios de convergencia (criterios de Maastricht) para avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria, que culminaría con la introducción del euro. Fue, por tanto, el tratado que dio nombre y estructura política a la actual Unión Europea, superando el carácter meramente económico de las Comunidades anteriores.
El Tratado de Ámsterdam (1997)
El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1999, reformó el Tratado de la Unión Europea con el objetivo de reforzar la legitimidad democrática de las instituciones y preparar a la Unión para su futura ampliación a los países de Europa central y oriental. Entre sus principales novedades, incorporó al marco jurídico de la Unión el Acervo de Schengen (hasta entonces un acuerdo intergubernamental al margen de los Tratados), comunitarizó parcialmente materias del antiguo tercer pilar (visados, asilo e inmigración, que pasaron al pilar comunitario, quedando en el tercer pilar la cooperación policial y judicial penal), amplió el procedimiento de codecisión que reforzaba al Parlamento Europeo, y creó la figura del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común. También introdujo mecanismos de flexibilidad (cooperaciones reforzadas) para permitir que un grupo de Estados avanzara en la integración sin esperar al consenso de todos.
El Tratado de Niza (2001)
El Tratado de Niza, firmado en febrero de 2001 y en vigor desde el 1 de febrero de 2003, tuvo como finalidad principal adaptar el funcionamiento de las instituciones europeas de cara a la gran ampliación de la Unión hacia el este de Europa, que en 2004 incorporaría a diez nuevos Estados miembros. Reponderó los votos de cada Estado en el Consejo dentro del sistema de mayoría cualificada, fijó límites al número de diputados del Parlamento Europeo y de miembros de la Comisión Europea (un comisario por Estado miembro), y amplió los ámbitos sujetos a votación por mayoría cualificada en detrimento de la unanimidad. Reformó también el sistema jurisdiccional comunitario, permitiendo la creación de salas jurisdiccionales especializadas junto al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal General). Aunque técnicamente necesario para la ampliación, se considera un tratado de alcance limitado en comparación con las reformas posteriores, y su insuficiencia impulsó el fallido proyecto de Constitución Europea que desembocaría finalmente en el Tratado de Lisboa.
El Tratado de Lisboa (2007): reforma institucional
El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, es la reforma institucional vigente sobre la que se asienta la actual Unión Europea. Sustituyó al fallido Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa (rechazado en referéndum por Francia y los Países Bajos en 2005), recogiendo buena parte de su contenido sin la denominación ni los símbolos «constitucionales». Suprimió la estructura de los tres pilares, dando a la Unión Europea personalidad jurídica única (sustituyendo a las Comunidades Europeas) y estructurándola en dos tratados de igual valor jurídico: el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Otorgó carácter jurídicamente vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, generalizó el procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión), creó la figura del Presidente permanente del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, y reforzó el papel de los Parlamentos nacionales en el control del principio de subsidiariedad.
La adhesión de España a las Comunidades Europeas (1986)
España firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985, junto con Portugal, culminando así un largo proceso negociador iniciado tras la Transición democrática, que había sido la condición política previa indispensable para la incorporación. La adhesión efectiva se produjo el 1 de enero de 1986, integrando a España en la CEE, la CECA y el EURATOM. Supuso la asunción íntegra del acervo comunitario existente hasta ese momento, así como periodos transitorios en determinados sectores sensibles (agricultura, pesca, libre circulación de trabajadores) hasta la plena integración. España se incorporó posteriormente al mecanismo de tipos de cambio y, tras cumplir los criterios de convergencia de Maastricht, adoptó el euro como moneda en 1999 (efectivo en metálico desde 2002). La adhesión de 1986 es considerada uno de los hitos históricos y políticos más relevantes de la España democrática, consolidando su plena integración en las estructuras económicas y políticas de Europa occidental.
Concepto de Derecho originario y Derecho derivado
El Derecho de la Unión Europea se estructura en dos grandes niveles. El Derecho originario (o primario) está formado por los Tratados fundacionales y sus sucesivas reformas —hoy, esencialmente, el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), junto con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el art. 6 TUE otorga el mismo valor jurídico que a los Tratados—, que constituyen la norma suprema del ordenamiento jurídico de la Unión, equiparable a una «Constitución material». El Derecho derivado es el conjunto de actos jurídicos dictados por las instituciones de la Unión en ejercicio de las competencias que les atribuyen los Tratados, y comprende los reglamentos, las directivas, las decisiones, así como las recomendaciones y los dictámenes, enumerados en el art. 288 TFUE. El Derecho derivado debe ser siempre conforme con el Derecho originario, que actúa como parámetro de validez de todo el ordenamiento jurídico de la Unión, en aplicación del principio de jerarquía normativa propio también del orden comunitario.
El Reglamento comunitario: características y efectos
El reglamento es, conforme al art. 288 TFUE, el acto jurídico de Derecho derivado de mayor fuerza normativa. Tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro, sin necesidad de ningún acto de transposición o recepción por parte del legislador nacional; se integra automáticamente en el ordenamiento interno desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y su entrada en vigor. Su aplicabilidad directa significa que genera derechos y obligaciones tanto para los Estados como para los particulares, que pueden invocarlo directamente ante los tribunales nacionales. Los Estados miembros no pueden dictar normas internas que reproduzcan su contenido (lo que enmascararía su naturaleza comunitaria) ni que lo contradigan, en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión. Se emplea habitualmente para materias que requieren una regulación uniforme e inmediata en todo el territorio de la Unión, como la política agrícola común o determinados aspectos del mercado interior.
La Directiva comunitaria: características y transposición
La directiva, conforme al art. 288 TFUE, es un acto jurídico que obliga a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para alcanzarlo. A diferencia del reglamento, no es directamente aplicable con carácter general: requiere un acto de transposición al Derecho interno de cada Estado (generalmente una ley) dentro del plazo que la propia directiva fija. Si un Estado no transpone la directiva en plazo o lo hace incorrectamente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (doctrina del efecto directo vertical) permite excepcionalmente que los particulares invoquen directamente ante los tribunales nacionales, frente al Estado incumplidor, aquellas disposiciones de la directiva que sean claras, precisas e incondicionadas, sin que quepa este efecto directo entre particulares (efecto directo horizontal) ni pueda el Estado incumplidor beneficiarse de su propio incumplimiento. La directiva es el instrumento típico de armonización legislativa, dejando margen de apreciación a cada Estado. Si un particular sufre un daño por la falta de transposición, el Estado incumplidor puede ser declarado responsable patrimonialmente (sentencia Francovich, 1991). Los jueces nacionales están además obligados a interpretar el Derecho interno, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y la finalidad de la directiva (interpretación conforme).
La Decisión comunitaria
La decisión, conforme al art. 288 TFUE, es un acto jurídico obligatorio en todos sus elementos; cuando designa destinatarios (uno o varios Estados miembros, empresas o incluso particulares), solo será obligatoria para ellos, careciendo del alcance general propio del reglamento. Desde el Tratado de Lisboa existen también decisiones sin destinatario concreto, de alcance general, que se adoptan por las instituciones con arreglo a los Tratados. Es el instrumento típico para resolver casos concretos: por ejemplo, una decisión de la Comisión Europea que autoriza o prohíbe una operación de concentración empresarial, que impone una sanción por infracción de las normas de competencia a una empresa determinada, o que aprueba una ayuda de Estado solicitada por un país miembro. Cuando tiene destinatarios, estos pueden invocarla ante los tribunales nacionales y se aplica sin necesidad de acto de transposición. Mientras que el reglamento tiene alcance general, la decisión con destinatarios es de alcance individual: la diferencia entre ambas figuras es un clásico de examen.
Recomendaciones y dictámenes: carácter no vinculante
El art. 288 TFUE, tras enumerar los tres actos jurídicos vinculantes del Derecho derivado (reglamentos, directivas y decisiones), añade que las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes, careciendo por tanto de fuerza obligatoria y no pudiendo ser invocados ante los tribunales para exigir su cumplimiento coactivo. La recomendación es un acto por el que una institución de la Unión invita a su destinatario (Estados miembros, instituciones, particulares) a adoptar un determinado comportamiento, sin imponerle obligación jurídica alguna, cumpliendo una función orientadora o de fomento de la armonización de las legislaciones nacionales. El dictamen es un acto mediante el cual una institución expresa una apreciación o valoración sobre una cuestión determinada, con frecuencia en el marco de un procedimiento previo de consulta obligatoria (por ejemplo, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo o del Comité de las Regiones sobre determinadas propuestas legislativas). Pese a carecer de efectos vinculantes, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido que los tribunales nacionales deben tenerlos en cuenta como elemento interpretativo del Derecho de la Unión.
Principios del Derecho de la UE: primacía y efecto directo
El Derecho de la Unión Europea se articula sobre dos grandes principios de creación jurisprudencial, desarrollados por el Tribunal de Justicia. El principio de efecto directo, formulado en la célebre sentencia Van Gend en Loos (1963), permite que determinadas normas del Derecho de la Unión (los Tratados, los reglamentos siempre, y las directivas y decisiones en ciertas condiciones) generen por sí mismas derechos y obligaciones para los particulares, que pueden invocarlas directamente ante los tribunales nacionales sin necesidad de que medie una norma interna de desarrollo. El principio de primacía, formulado en la sentencia Costa contra ENEL (1964), establece que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, cualquiera que sea el rango de la norma nacional (incluidas, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las normas constitucionales), de modo que el juez nacional debe inaplicar de oficio cualquier disposición interna contraria al Derecho de la Unión. Ambos principios no figuran expresamente en los Tratados, pero constituyen pilares estructurales del ordenamiento jurídico de la Unión.
El Parlamento Europeo: composición y funciones
El Parlamento Europeo es la institución que representa directamente a los ciudadanos de la Unión, elegidos por sufragio universal directo cada cinco años. El Tratado limita su composición a un máximo de 750 diputados más el Presidente, distribuidos entre los Estados miembros conforme al principio de proporcionalidad decreciente (ningún Estado puede tener menos de 6 ni más de 96 escaños); para la legislatura 2024-2029, tras las elecciones de junio de 2024, el Consejo Europeo fijó la composición en 720 diputados, de los que 61 corresponden a España. Tiene su sede oficial en Estrasburgo, donde celebra los periodos plenarios, aunque las comisiones se reúnen en Bruselas y la Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo. Sus funciones principales son tres: la función legislativa, que ejerce conjuntamente con el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión), siendo colegislador con el Consejo en la inmensa mayoría de las materias (art. 14 TUE); la función presupuestaria, aprobando junto con el Consejo el presupuesto anual de la Unión; y la función de control político sobre la Comisión Europea, a la que puede censurar mediante moción de censura (exige mayoría de dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los miembros que lo componen), además de elegir a su Presidente.
El Consejo Europeo: composición y funciones
El Consejo Europeo, elevado a la categoría de institución de la Unión por el Tratado de Lisboa, está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, junto con su Presidente permanente (elegido por el propio Consejo Europeo para un mandato de dos años y medio, renovable una vez) y el Presidente de la Comisión Europea; participa también, sin derecho de voto, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Se reúne, en principio, dos veces por semestre en sesión ordinaria, convocado por su Presidente. Conforme al art. 15 TUE, su función es dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales, sin ejercer función legislativa alguna, lo que lo distingue nítidamente del Consejo de la Unión Europea. No debe confundirse tampoco con el Consejo de Europa, organización internacional distinta de la Unión Europea a la que pertenece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Consejo de la Unión Europea: composición y funciones
El Consejo de la Unión Europea, también llamado simplemente «el Consejo» o Consejo de Ministros, está compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, con capacidad para comprometer al Gobierno de ese Estado, y se configura de forma variable (Consejo de Asuntos Exteriores, de Agricultura, de Economía y Finanzas —ECOFIN—, etc.) según la materia que se trate en cada sesión. Su presidencia rota semestralmente entre los Estados miembros, salvo la del Consejo de Asuntos Exteriores, presidida de forma permanente por el Alto Representante. Ejerce, junto con el Parlamento Europeo, la función legislativa y presupuestaria de la Unión conforme al art. 16 TUE, y coordina las políticas económicas de los Estados miembros. Las decisiones se adoptan generalmente por mayoría cualificada (desde el Tratado de Lisboa, el sistema de «doble mayoría»: al menos el 55% de los miembros del Consejo, que incluya como mínimo quince de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro miembros del Consejo, art. 16.4 TUE), reservándose la unanimidad para las materias más sensibles, como la política exterior o la fiscalidad.
La Comisión Europea: composición y funciones
La Comisión Europea es la institución que representa y defiende el interés general de la Unión, con funciones ejecutivas, de iniciativa legislativa y de guardiana de los Tratados. Está compuesta por un comisario por cada Estado miembro, incluidos su Presidente y los Vicepresidentes, elegidos por un mandato de cinco años; el Presidente de la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, y elegido por este último por mayoría de los miembros que lo componen; el colegio de comisarios en su conjunto se somete después a un voto de aprobación del Parlamento (art. 17 TUE). Tiene su sede en Bruselas. Tiene el monopolio de la iniciativa legislativa en el procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que, salvo excepciones tasadas, el Parlamento y el Consejo solo pueden legislar sobre una propuesta previa de la Comisión. Ejecuta el presupuesto de la Unión y gestiona sus programas y políticas, y como «guardiana de los Tratados» supervisa la correcta aplicación del Derecho de la Unión por los Estados miembros, pudiendo iniciar el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra el Estado que no cumpla sus obligaciones.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: composición y funciones
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la institución que garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, con sede en Luxemburgo. Comprende, desde el Tratado de Lisboa, tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho, compuesto por un juez por cada Estado miembro (27) asistidos por Abogados Generales (11); el Tribunal General, con competencia para conocer en primera instancia de determinados recursos (especialmente de particulares y empresas); y los tribunales especializados que puedan crearse para materias concretas (el único creado, el Tribunal de la Función Pública de la Unión, fue disuelto en 2016). El Tribunal de Justicia cuenta con un juez por Estado miembro (27) y 11 Abogados Generales; desde septiembre de 2024 el Tribunal General cuenta con dos jueces por Estado miembro (54). Desde el 1 de octubre de 2024 el Tribunal General conoce también, en determinadas materias específicas, de las cuestiones prejudiciales. Sus funciones principales son garantizar la interpretación uniforme del Derecho de la Unión mediante la cuestión prejudicial planteada por los tribunales nacionales, controlar la legalidad de los actos de las instituciones mediante el recurso de anulación, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros mediante el recurso por incumplimiento, y exigir responsabilidad extracontractual a la Unión. Sus jueces y abogados generales son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para un mandato renovable de seis años.
El Banco Central Europeo
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort del Meno, es la institución responsable de la política monetaria única de la zona euro desde 1999. Junto con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro, forma el Eurosistema, mientras que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) integra además a los bancos centrales de los Estados miembros que no han adoptado el euro. Su objetivo principal, fijado por los Tratados, es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, y para ello goza de plena independencia respecto de las instituciones de la Unión y de los Gobiernos nacionales, que no pueden darle instrucciones. Tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de euro y determina los tipos de interés de referencia de la zona euro. Desde la creación del Mecanismo Único de Supervisión, tras la crisis financiera, asumió también funciones de supervisión bancaria directa sobre las entidades de crédito significativas de la zona euro.
El Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, es la institución encargada de fiscalizar las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión Europea, así como de todo organismo creado por esta en la medida en que el acto constitutivo no lo excluya. Está compuesto por un miembro de cada Estado miembro, nombrado por el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, por un mandato de seis años renovable. Examina la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos de la Unión, así como la buena gestión financiera, elaborando un informe anual que se transmite al Parlamento Europeo y al Consejo y que constituye la base del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión (la llamada «aprobación de la gestión» o descargo presupuestario). Aunque su denominación pueda sugerirlo, no ejerce función jurisdiccional alguna: es un órgano de control externo de naturaleza fiscalizadora, no un tribunal en sentido propio.
Concepto de cooperación policial internacional
La cooperación policial internacional es el conjunto de mecanismos, instrumentos y organismos mediante los cuales los cuerpos policiales de distintos Estados intercambian información, coordinan investigaciones y prestan asistencia mutua para la prevención y persecución de delitos con dimensión transnacional (terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de drogas y de personas, ciberdelincuencia). Responde a la necesidad de dar una respuesta conjunta a fenómenos criminales que, por su propia naturaleza, no respetan fronteras nacionales, en un contexto de creciente globalización de la delincuencia y de libre circulación de personas dentro de espacios como el europeo. Se articula en distintos niveles: un nivel universal, representado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol); un nivel regional europeo, con organismos propios de la Unión como Europol y Eurojust, y con instrumentos como el Sistema de Información Schengen; y acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados. Para la Policía Nacional, esta cooperación se canaliza institucionalmente a través de unidades especializadas, como el CITCO o la Oficina Central Nacional de Interpol, integradas en la estructura del Ministerio del Interior.
Interpol: origen, estructura y funciones
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) fue fundada en 1923 en Viena bajo el nombre de Comisión Internacional de Policía Criminal, adoptando su denominación actual y su Constitución en 1956, con sede en Lyon (Francia). Es la mayor organización policial internacional del mundo, con 196 países miembros, y su finalidad es facilitar la cooperación policial entre los Estados dentro del respeto a las legislaciones nacionales y con estricta neutralidad política, militar, religiosa y racial, teniendo expresamente prohibida cualquier intervención en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial (art. 3 de su Estatuto). Su estructura se organiza en torno a la Asamblea General (órgano supremo), el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, que gestiona su base de datos de información criminal y coordina las notificaciones internacionales (las llamadas «notices», entre ellas la notificación roja para la localización y detención provisional de una persona con fines de extradición, que no constituye por sí misma una orden de detención internacional). Cada país miembro dispone de una Oficina Central Nacional (OCN) que actúa como punto de contacto; en España, esta función corresponde al Servicio de Cooperación Policial Internacional (SCPI), integrado en la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, que agrupa también la Unidad Nacional Europol y la Oficina SIRENE. Principales notificaciones (notices): roja (localización y detención provisional con fines de extradición), azul (localización o información sobre la identidad o actividades de una persona), verde (alerta sobre personas que han cometido delitos y pueden reincidir), amarilla (personas desaparecidas), negra (cadáveres sin identificar), naranja (peligro grave e inminente) y púrpura (modus operandi). Las difusiones, a diferencia de las notificaciones, son solicitudes que una Oficina Central Nacional envía directamente a otras. La red de comunicaciones se denomina I-24/7.
Europol: origen, estructura y funciones
Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, tiene su origen en la Unidad de Drogas Europea creada en 1993 y se constituyó formalmente mediante el Convenio Europol de 1995, plenamente operativa desde el 1 de julio de 1999; su régimen actual se rige por el Reglamento (UE) 2016/794, aplicable desde el 1 de mayo de 2017 y modificado por el Reglamento (UE) 2022/991. Tiene su sede en La Haya (Países Bajos). A diferencia de un cuerpo policial supranacional, Europol no tiene poderes ejecutivos propios (no puede detener ni investigar directamente): su función es apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales de los Estados miembros mediante el intercambio y análisis de información, la elaboración de análisis criminales y evaluaciones de amenazas (como el informe SOCTA sobre delincuencia organizada grave), y la coordinación de operaciones conjuntas contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas graves de delincuencia que afecten a dos o más Estados miembros. Cada Estado miembro cuenta con una Unidad Nacional Europol como enlace con la Agencia, integrada en España en el Servicio de Cooperación Policial Internacional (SCPI) de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional.
Eurojust: cooperación judicial penal
Eurojust es la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal, creada en 2002 y regulada actualmente por el Reglamento (UE) 2018/1727, con sede en La Haya, la misma ciudad que Europol, con la que colabora estrechamente aunque son organismos distintos e independientes. Mientras Europol es un organismo de cooperación policial, Eurojust es de cooperación judicial: está integrada por un miembro nacional por cada Estado miembro, que puede ser fiscal, juez u oficial de policía con potestades equivalentes, y su función es facilitar y mejorar la coordinación de las investigaciones y los procesamientos entre las autoridades judiciales competentes de dos o más Estados miembros en casos de delincuencia grave transfronteriza, así como reforzar la cooperación judicial facilitando la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega o de las comisiones rogatorias internacionales. Puede también instar a las autoridades nacionales a iniciar investigaciones o coordinar equipos conjuntos de investigación en asuntos de especial complejidad.
El Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS)
El Acuerdo de Schengen, firmado en 1985 entre Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, sentó las bases para la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes. Su desarrollo se produjo mediante el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS), firmado en 1990 y en vigor desde 1995, que reguló en detalle las medidas necesarias para compensar la supresión de los controles fronterizos internos: normas comunes sobre visados, cooperación policial y judicial transfronteriza (incluida la persecución en caliente y la vigilancia transfronteriza), y la creación del Sistema de Información Schengen. España se incorporó al espacio Schengen en 1991, siendo plenamente efectiva la eliminación de fronteras interiores en 1995. El Tratado de Ámsterdam de 1997 incorporó el llamado «Acervo de Schengen» al marco jurídico de la Unión Europea, dejando de ser un instrumento puramente intergubernamental al margen de los Tratados. El espacio Schengen no coincide exactamente con la Unión Europea, pues incluye a Estados no miembros (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein) y excluye a algunos Estados miembros: Irlanda, que mantiene una cláusula de exclusión voluntaria, y Chipre, que aún no ha completado su incorporación. Croacia se incorporó el 1 de enero de 2023, y Bulgaria y Rumanía suprimieron los controles en sus fronteras aéreas y marítimas en marzo de 2024 y en las terrestres el 1 de enero de 2025. La normativa actual sobre el cruce de fronteras se contiene en el Código de fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399, modificado en 2024), que permite, con carácter excepcional y temporal, restablecer controles en las fronteras interiores por amenazas graves al orden público o la seguridad interior.
El Sistema de Información Schengen (SIS)
El Sistema de Información Schengen (SIS) es una base de datos común a los Estados del espacio Schengen, creada por el CAAS como medida compensatoria de la supresión de fronteras interiores, que permite a las autoridades policiales, aduaneras, judiciales y de control fronterizo de los distintos Estados intercambiar información en tiempo real sobre personas y objetos. Contiene descripciones (alertas) sobre personas buscadas para su detención con fines de entrega o extradición, personas desaparecidas, testigos citados judicialmente, personas a las que debe denegarse la entrada al espacio Schengen, así como sobre objetos buscados o sustraídos (vehículos, armas, documentos de identidad, billetes de banco). Su segunda generación, el SIS II, operativo desde 2013, fue renovada por los Reglamentos (UE) 2018/1860, 2018/1861 y 2018/1862, aplicables desde marzo de 2023, y incorpora datos biométricos (huellas dactilares e imágenes faciales) y nuevas categorías de alertas, como las relacionadas con el terrorismo. Cada Estado dispone de una Oficina SIRENE (Solicitud de Información Suplementaria Requerida en las Entradas Nacionales), que gestiona el intercambio de información complementaria asociada a cada alerta introducida en el sistema.
Frontex: gestión de fronteras exteriores
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, fue creada en 2004 (bajo la denominación inicial de Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores) y ha visto reforzadas progresivamente sus competencias, especialmente tras el Reglamento (UE) 2019/1896, que le dotó de un cuerpo permanente propio de guardias de fronteras y agentes con capacidad ejecutiva. Tiene su sede en Varsovia (Polonia). Su misión es apoyar a los Estados miembros en la gestión integrada de las fronteras exteriores del espacio Schengen, coordinando operaciones conjuntas de vigilancia fronteriza, análisis de riesgos migratorios, apoyo en operaciones de retorno de personas en situación irregular, y formación de guardias de fronteras. Frontex no sustituye a las autoridades nacionales de fronteras (en España, principalmente el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil), sino que coordina y complementa su actuación mediante el despliegue de equipos conjuntos, especialmente en situaciones de presión migratoria intensa en fronteras exteriores concretas de la Unión.
La orden europea de detención y entrega (euroorden)
La orden europea de detención y entrega (euroorden), creada por la Decisión Marco 2002/584/JAI y regulada en España por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (que derogó la anterior Ley 3/2003), es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y entrega de una persona por otro Estado miembro, para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. Sustituyó, entre los Estados miembros de la Unión, al tradicional procedimiento de extradición, mucho más lento y con mayor intervención política, por un sistema de reconocimiento mutuo directo entre autoridades judiciales, basado en la confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros. Se ejecuta sin exigir el requisito de la doble incriminación (que el hecho sea también delito en el Estado de ejecución) para un listado de treinta y dos categorías de delitos graves, siempre que estén castigados en el Estado emisor con una pena máxima de al menos tres años. Solo cabe emitirla para el ejercicio de acciones penales si el delito está castigado con una pena o medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima no inferior a doce meses, y para la ejecución de una condena si esta es de al menos cuatro meses. La decisión de entrega debe adoptarse en un plazo de diez días desde el consentimiento del detenido o, si no consiente, en sesenta días desde la detención, ampliables en treinta más. En España, la autoridad judicial de ejecución es el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. La misma Ley 23/2014 regula otros instrumentos de reconocimiento mutuo, como la orden europea de investigación (modificada por la Ley 3/2018) y la orden europea de protección.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: sede y composición (Estrasburgo)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es el órgano jurisdiccional del Consejo de Europa —organización internacional distinta de la Unión Europea, con sede también en Estrasburgo, creada en 1949 (Tratado de Londres) y que agrupa hoy a 46 Estados, más que la propia Unión (la Federación de Rusia dejó de ser parte del Convenio en septiembre de 2022)— encargado de velar por el cumplimiento del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. Está compuesto por un número de jueces igual al de Estados parte del Convenio, elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por un mandato no renovable de nueve años, a partir de una terna propuesta por cada Estado. No debe confundirse el Consejo de Europa (organización de cooperación intergubernamental de ámbito paneuropeo, sin capacidad de dictar Derecho vinculante equiparable al de la Unión) con el Consejo Europeo ni con el Consejo de la Unión Europea, que son instituciones propias de la Unión Europea, un error frecuente en los exámenes.
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH)
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 en el seno del Consejo de Europa y en vigor desde 1953, fue el primer instrumento internacional en dotar de fuerza jurídica vinculante y de un mecanismo jurisdiccional propio de garantía a buena parte de los derechos proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Reconoce un catálogo esencialmente de derechos civiles y políticos (derecho a la vida, prohibición de la tortura, libertad y seguridad, derecho a un proceso equitativo, respeto a la vida privada y familiar, libertad de expresión, entre otros), que ha sido ampliado mediante sucesivos Protocolos Adicionales (algunos de los cuales incorporan nuevos derechos, y otros modifican el propio mecanismo de garantía). España ratificó el Convenio en 1979. Su especial relevancia práctica reside en que, conforme al art. 10.2 de la Constitución Española, las normas relativas a derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España, entre ellos el CEDH.
Funciones y competencia del TEDH: demandas individuales y estatales
El TEDH conoce de dos tipos de demandas frente a los Estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos por presuntas violaciones de los derechos en él reconocidos. Las demandas interestatales (art. 33 CEDH) permiten a cualquier Estado parte someter al Tribunal cualquier incumplimiento del Convenio que se impute a otro Estado parte, mecanismo de uso excepcional en la práctica. Las demandas individuales (art. 34 CEDH) son la vía habitual: cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por un Estado parte de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos puede presentar una demanda directamente ante el Tribunal, sin necesidad de que medie ningún Estado. Sus sentencias son declarativas y vinculantes para el Estado condenado, que debe adoptar las medidas necesarias para reparar la violación (indemnización, y en su caso reforma legislativa o revisión de procesos internos), bajo la supervisión de su ejecución por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, aunque el TEDH carece de poder para anular directamente actos o resoluciones internas. Las demandas se examinan por un juez único (inadmisión), un Comité de tres jueces, una Sala de siete jueces o la Gran Sala de diecisiete jueces (remisión o inhibición de una Sala en casos de especial importancia). El art. 41 CEDH prevé una satisfacción equitativa a favor de la parte lesionada, el art. 46 reconoce la fuerza obligatoria de las sentencias definitivas y la Regla 39 del Reglamento del Tribunal permite adoptar medidas provisionales urgentes en caso de riesgo inminente de daño irreparable. En España, tras la reforma de 2015 (LO 7/2015), el art. 5 bis de la LOPJ permite interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el TEDH haya declarado que vulnera un derecho del Convenio y la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan.
El agotamiento de la vía interna como requisito de admisibilidad ante el TEDH
El art. 35.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige, como primer requisito de admisibilidad de cualquier demanda ante el TEDH, el previo agotamiento de todas las vías de recurso internas disponibles y efectivas en el Estado demandado, conforme a los principios de Derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito responde al carácter subsidiario del sistema europeo de protección de derechos humanos: son en primer lugar los tribunales nacionales quienes deben tener la oportunidad de reparar la violación alegada antes de acudir a la instancia internacional. En el caso español, esto exige normalmente haber agotado la vía judicial ordinaria y haber interpuesto, cuando proceda, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El precepto exige además presentar la demanda dentro de un plazo de cuatro meses (reducido desde los seis meses anteriores por el Protocolo nº 15) desde la fecha de la resolución interna definitiva. El incumplimiento de estos requisitos formales de admisibilidad —agotamiento de la vía interna y plazo— es la causa más frecuente de inadmisión de demandas por el TEDH. El Protocolo nº 15 entró en vigor el 1 de agosto de 2021 y el plazo de cuatro meses se aplica a las resoluciones internas definitivas dictadas desde el 1 de febrero de 2022. Son también causas de inadmisión: la demanda anónima, la sustancialmente igual a otra ya examinada, la manifiestamente mal fundada, el abuso del derecho de demanda y la falta de un perjuicio importante (art. 35 CEDH).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): sede (Luxemburgo) y estructura (Tribunal de Justicia y Tribunal General)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en Luxemburgo, a diferencia del TEDH, con sede en Estrasburgo, distinción geográfica que ayuda a fijar la diferencia entre ambos tribunales. Desde la reforma operada por el Tratado de Niza y consolidada por el Tratado de Lisboa, el TJUE se estructura en dos órganos jurisdiccionales principales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho, máximo intérprete del Derecho de la Unión, competente esencialmente para resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, los recursos por incumplimiento contra los Estados miembros y determinados recursos de casación; y el Tribunal General (antiguo Tribunal de Primera Instancia), competente en primera instancia para los recursos interpuestos por personas físicas y jurídicas contra actos de las instituciones de la Unión que les afecten directamente (por ejemplo, en materia de competencia, ayudas de Estado o propiedad intelectual), así como para determinados litigios entre la Unión y sus Estados miembros. Sus resoluciones son vinculantes y directamente aplicables en el ordenamiento interno de los Estados miembros.
La cuestión prejudicial ante el TJUE
La cuestión prejudicial, regulada en el art. 267 TFUE, es el instrumento procesal mediante el cual un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando alberga dudas sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez o interpretación de un acto de Derecho derivado de la Unión que resulte necesario para resolver el litigio del que conoce, suspende el procedimiento y eleva la cuestión al Tribunal de Justicia para que este se pronuncie con carácter previo y vinculante, antes de que el juez nacional dicte su sentencia. Es un mecanismo de cooperación judicial, no un recurso de una parte del proceso, cuya finalidad es garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros, evitando interpretaciones divergentes. Mientras que para los órganos jurisdiccionales inferiores el planteamiento es en principio facultativo, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno (como el Tribunal Supremo) están, en principio, obligados a plantearla cuando concurran los presupuestos legales, salvo doctrina del acto claro o del acto aclarado. Si lo que se cuestiona es la validez de un acto de la Unión, el juez nacional no puede declararlo inválido por sí mismo (sentencia Foto-Frost, 1987) y debe plantear la cuestión. Las sentencias prejudiciales vinculan al órgano remitente y tienen efectos generales de interpretación. Las excepciones a la obligación de plantear la cuestión de los órganos de última instancia son la doctrina del acto claro (CILFIT, 1982) y la del acto aclarado.
El recurso por incumplimiento ante el TJUE
El recurso por incumplimiento, regulado en los arts. 258 a 260 TFUE, es el procedimiento mediante el cual se declara que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados o del Derecho derivado de la Unión. Puede ser instado por la Comisión Europea (el supuesto más habitual, en su función de «guardiana de los Tratados», art. 258 TFUE) o por otro Estado miembro (art. 259 TFUE, de uso excepcional en la práctica). El procedimiento exige una fase administrativa previa, en la que la Comisión requiere formalmente al Estado para que presente sus observaciones y, si no cesa el incumplimiento, emite un dictamen motivado fijando un plazo para regularizar la situación; solo si el Estado persiste en el incumplimiento, la Comisión puede recurrir ante el Tribunal de Justicia. Si el Tribunal declara el incumplimiento y el Estado no adopta las medidas necesarias para su ejecución, cabe un segundo recurso (art. 260.2 TFUE) que puede concluir con la imposición de una suma a tanto alzado o una multa coercitiva diaria al Estado incumplidor.
Diferencias entre el TEDH y el TJUE
El TEDH y el TJUE son con frecuencia confundidos en el examen pese a ser instituciones de naturaleza y funciones completamente distintas. El TEDH pertenece al Consejo de Europa, organización intergubernamental de ámbito paneuropeo (más de cuarenta Estados) ajena a la Unión Europea, tiene su sede en Estrasburgo, y su función es garantizar el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 mediante demandas individuales o estatales frente a los Estados parte por vulneración de derechos humanos. El TJUE es una institución propia de la Unión Europea, tiene su sede en Luxemburgo, y su función es garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión mediante cuestiones prejudiciales, recursos por incumplimiento y recursos de anulación, entre otros. Otra diferencia relevante es la legitimación y el objeto: ante el TEDH se demanda a un Estado por violar derechos humanos; ante el TJUE se dirimen cuestiones de Derecho de la Unión, y pueden ser parte tanto Estados como instituciones, empresas o particulares, según el tipo de recurso. Ambos tribunales son, en definitiva, completamente independientes entre sí.
Ampliaciones de la Unión, salida del Reino Unido y zona euro
La Unión Europea se ha ampliado en sucesivas oleadas: 1973 (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal), 1995 (Austria, Finlandia y Suecia), 2004 (diez Estados: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa), 2007 (Bulgaria y Rumanía) y 2013 (Croacia). El Reino Unido abandonó la Unión el 31 de enero de 2020 tras ejercer el derecho de retirada voluntaria del art. 50 TUE (Brexit), por lo que la Unión cuenta hoy con 27 Estados miembros. Los criterios de adhesión (criterios de Copenhague de 1993) exigen instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, una economía de mercado viable y la capacidad de asumir el acervo comunitario. El euro, moneda única desde 1999 (billetes y monedas desde 2002), lo adoptó Croacia el 1 de enero de 2023 (20 Estados) y Bulgaria el 1 de enero de 2026, convirtiéndose esta en el vigesimoprimer Estado de la zona euro.
Competencias de la Unión y principios de actuación (arts. 3 a 6 TFUE y art. 5 TUE)
La Unión solo actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados (principio de atribución); las competencias no atribuidas corresponden a los Estados (art. 5 TUE). En las competencias que no son exclusivas actúa conforme al principio de subsidiariedad (solo si los objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados y pueden lograrse mejor a escala de la Unión) y al de proporcionalidad (el contenido y la forma de la acción no excederán lo necesario). Tipos de competencias: exclusivas (art. 3 TFUE: unión aduanera, normas de competencia del mercado interior, política monetaria de la zona euro, conservación de los recursos biológicos marinos y política comercial común); compartidas (art. 4 TFUE: mercado interior, política social, cohesión, agricultura y pesca, medio ambiente, consumidores, transportes, energía, espacio de libertad, seguridad y justicia); y de apoyo, coordinación o complemento (art. 6 TFUE: protección de la salud, industria, cultura, turismo, educación, protección civil y cooperación administrativa). Los Parlamentos nacionales velan por el respeto a la subsidiariedad.
El procedimiento legislativo ordinario y la tipología de actos (arts. 289, 290, 291, 294 y 297 TFUE)
El procedimiento legislativo ordinario (art. 294 TFUE, antigua codecisión) consiste en la adopción conjunta de un reglamento, una directiva o una decisión por el Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión. Se desarrolla en una primera lectura, una segunda lectura y, en su caso, una tercera fase de conciliación entre ambas instituciones. Los actos adoptados por procedimiento legislativo son actos legislativos; los demás son no legislativos. Los actos delegados (art. 290 TFUE) permiten que un acto legislativo delegue en la Comisión el poder de adoptar actos no legislativos de alcance general que completan o modifican elementos no esenciales; los actos de ejecución (art. 291 TFUE) los adopta la Comisión cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución. Los reglamentos se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor en la fecha que fijen o, en su defecto, a los veinte días de su publicación (art. 297 TFUE). Existen procedimientos legislativos especiales, como la unanimidad en el Consejo con aprobación o consulta del Parlamento, para materias sensibles.
Las instituciones de la Unión (art. 13 TUE) y los órganos consultivos
El art. 13 TUE enumera siete instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Los órganos consultivos son el Comité Económico y Social Europeo (representantes de la sociedad civil organizada) y el Comité de las Regiones (representantes de los entes regionales y locales), que asisten al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. El Defensor del Pueblo Europeo (art. 228 TFUE), elegido por el Parlamento, investiga las quejas por mala administración de las instituciones de la Unión. El Banco Europeo de Inversiones y el Servicio Europeo de Acción Exterior son organismos distintos de las instituciones. La práctica del llamado «equilibrio institucional» impide que una institución ejerza las competencias atribuidas a otra.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada en Niza en 2000 y, tras su adaptación, adquirió el mismo valor jurídico que los Tratados con el Tratado de Lisboa (art. 6.1 TUE); se dirige a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. El art. 6.2 TUE prevé la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el Tribunal de Justicia declaró incompatible con los Tratados en su Dictamen 2/13 (2014); las negociaciones se reanudaron en 2020 y la adhesión sigue pendiente. Los derechos fundamentales que garantiza el CEDH forman, además, parte de los principios generales del Derecho de la Unión (art. 6.3 TUE). Diferencia clave: la Carta se aplica y se garantiza ante el TJUE y los jueces nacionales cuando aplican Derecho de la Unión, mientras que el Convenio se garantiza ante el TEDH, que solo conoce de demandas contra Estados parte una vez agotada la vía interna.
El espacio de libertad, seguridad y justicia y la cooperación policial en el TFUE (Título V, arts. 67 a 89)
El Título V del TFUE regula el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), una competencia compartida entre la Unión y los Estados. La Unión garantiza la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores, desarrolla una política común de asilo, inmigración y control de fronteras exteriores y facilita la cooperación judicial y policial. Dentro de él, la cooperación judicial penal se basa en el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales (art. 82 TFUE), con Eurojust (art. 85) y la Fiscalía Europea (art. 86), creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 con sede en Luxemburgo y en funcionamiento desde junio de 2021, para investigar y perseguir los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. La cooperación policial (arts. 87 a 89 TFUE) incluye la recogida e intercambio de información, el apoyo a la formación del personal y las técnicas comunes de investigación, y se articula a través de Europol (art. 88). La Decisión Prüm de 2008 (sustituida y ampliada por el Reglamento (UE) 2024/982, Prüm II) permite el intercambio automatizado de perfiles de ADN, huellas dactilares y datos de matriculación de vehículos entre autoridades policiales. Los equipos conjuntos de investigación, la persecución transfronteriza y la vigilancia transfronteriza son otras herramientas de cooperación. El Sistema de Entradas y Salidas (EES, Reglamento (UE) 2017/2226) se desplegó de forma progresiva desde el 12 de octubre de 2025 y está plenamente operativo en todos los pasos fronterizos desde abril de 2026, mientras que el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, Reglamento (UE) 2018/1240), cuya entrada en funcionamiento depende de la del EES, ha visto aplazada su puesta en marcha y aún no es operativo.
Otros organismos de cooperación policial y papel de la Policía Nacional
La Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL, sede en Budapest) organiza la formación de los agentes de las fuerzas policiales de los Estados miembros. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga los fraudes que afectan al presupuesto de la Unión. En España, la Policía Nacional canaliza la cooperación policial internacional a través del Servicio de Cooperación Policial Internacional (SCPI), de la Comisaría General de Policía Judicial, que integra la Oficina Central Nacional de Interpol, la Unidad Nacional Europol y la Oficina SIRENE; cuenta con agregadurías y oficiales de enlace en el exterior y participa en centros de cooperación policial y aduanera con Francia y Portugal. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, analiza y coordina la inteligencia en esos ámbitos. Los equipos conjuntos de investigación permiten que policías de varios Estados investiguen conjuntamente bajo dirección judicial.
Titulares y datos de actualidad de las instituciones (octubre de 2026)
Datos de memoria útiles para el examen, sujetos a cambio: la Comisión Europea está presidida por Ursula von der Leyen (segundo mandato, desde el 1 de diciembre de 2024); el Consejo Europeo, por António Costa (desde el 1 de diciembre de 2024); la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión es Kaja Kallas; el Parlamento Europeo está presidido por Roberta Metsola, reelegida el 16 de julio de 2024 para la segunda mitad de la legislatura (hasta enero de 2027); y la Presidencia semestral del Consejo corresponde a Irlanda entre julio y diciembre de 2026, tras Chipre (primer semestre de 2026), y precede a Lituania (primer semestre de 2027). El ciclo legislativo vigente es el de 2024-2029 (Parlamento y Comisión). Al tratarse de cargos y turnos que cambian con el tiempo, conviene contrastar estos datos en la web oficial europa.eu antes del examen.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Cronología esencial: CECA (1951, Tratado de París) → Tratados de Roma 1957 (CEE y EURATOM) → Acta Única Europea (1986) → Maastricht 1992 (crea la UE, 3 pilares) → Ámsterdam 1997 (incorpora Schengen) → Niza 2001 (prepara la ampliación al Este) → Lisboa 2007/2009 (suprime los pilares, TUE + TFUE, personalidad jurídica única).
España se adhirió a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986, junto con Portugal (firma del Tratado el 12-6-1985).
Derecho originario (Tratados, norma suprema) vs. Derecho derivado (art. 288 TFUE): reglamento (general, obligatorio, directamente aplicable sin transposición), directiva (obliga en cuanto al resultado, exige transposición), decisión (obligatoria solo para sus destinatarios), recomendaciones y dictámenes (NO vinculantes).
Primacía (STJUE Costa/ENEL 1964) y efecto directo (STJUE Van Gend en Loos 1963) son de creación jurisprudencial, no están en los Tratados de forma expresa.
Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, marca orientaciones políticas, NO legisla) ≠ Consejo de la UE (ministros, colegislador) ≠ Consejo de Europa (organización distinta de la UE, del que depende el TEDH).
Parlamento Europeo: máximo 750 diputados más el Presidente según el Tratado (720 en la legislatura 2024-2029), elegido cada 5 años, sede en Estrasburgo (plenos), colegislador con el Consejo. Comisión Europea: 1 comisario por Estado, monopolio de la iniciativa legislativa, guardiana de los Tratados, sede en Bruselas.
Interpol (1923 Viena / 1956 nueva Constitución, sede Lyon, 196 países, cooperación policial mundial, prohibida su intervención política, art. 3) ≠ Europol (agencia de la UE, sede La Haya, sin poderes ejecutivos propios, apoya a los Estados) ≠ Eurojust (cooperación JUDICIAL penal, también en La Haya). En España, la OCN de Interpol, la Unidad Nacional Europol y SIRENE están en el SCPI de la Comisaría General de Policía Judicial.
La euroorden (Decisión Marco 2002/584/JAI, Ley 23/2014 en España) sustituye a la extradición entre Estados de la UE; no exige doble incriminación para 32 categorías de delitos graves con pena máxima ≥ 3 años; umbrales: 12 meses de pena prevista (enjuiciamiento) o 4 meses de condena (ejecución).
El Sistema de Información Schengen (SIS) es la base de datos común del espacio Schengen; cada país tiene una oficina SIRENE para el intercambio de información complementaria.
TEDH: Consejo de Europa (46 Estados), sede Estrasburgo, garantiza el CEDH de 1950, demandas individuales (art. 34) o estatales (art. 33), exige agotar la vía interna y plazo de 4 meses (art. 35.1, reducido por el Protocolo 15 y aplicable desde febrero de 2022); jueces elegidos por 9 años no renovables.
TJUE: institución de la UE, sede Luxemburgo, dos órganos (Tribunal de Justicia y Tribunal General), garantiza el Derecho de la UE mediante cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) y recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE).
NO CONFUNDIR: TEDH (Estrasburgo, derechos humanos, Consejo de Europa) con TJUE (Luxemburgo, Derecho de la UE, Unión Europea) — es el error más frecuente de examen en este tema.
El recurso por incumplimiento (art. 258 TFUE) lo inicia normalmente la Comisión tras una fase administrativa previa (requerimiento + dictamen motivado); si persiste el incumplimiento tras la sentencia, cabe multa coercitiva o suma a tanto alzado (art. 260.2 TFUE).
Notificación roja de Interpol (no «difusión roja»): localización y detención provisional con fines de extradición; no es una orden de detención internacional. Las difusiones las envía directamente una OCN.
Mayoría cualificada en el Consejo (art. 16.4 TUE): 55% de los miembros (al menos 15) que reúnan el 65% de la población; minoría de bloqueo: al menos 4 miembros. Consejo Europeo: sin función legislativa; Presidente por 2,5 años renovable una vez.
Competencias (arts. 3-6 TFUE): exclusivas (aduanas, competencia, política monetaria euro, pesca marina, política comercial), compartidas (incluye el espacio de libertad, seguridad y justicia) y de apoyo. Principios: atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE).
Reglamento: alcance general y directamente aplicable; Directiva: obliga en cuanto al resultado y exige transposición; Decisión: obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo para ellos; Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes (art. 288 TFUE).
Brexit: el Reino Unido salió de la UE el 31 de enero de 2020 (art. 50 TUE); la Unión tiene 27 Estados miembros. Schengen: Irlanda no participa y Chipre aún no se ha incorporado; incluye Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein; Croacia entró en 2023 y Bulgaria y Rumanía suprimieron controles en 2024-2025.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE tiene el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE) y obliga a los Estados solo cuando aplican Derecho de la Unión; la adhesión de la UE al CEDH (art. 6.2 TUE) sigue pendiente tras el Dictamen 2/13.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El plazo para presentar una demanda individual ante el TEDH, tras el Protocolo nº 15, es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Policía Nacional?
Este tema recorre la construcción europea desde la CECA hasta el Tratado de Lisboa, el sistema de fuentes del Derecho de la Unión (originario y derivado) y sus principales instituciones, para terminar con un bloque de especial interés policial: los organismos de cooperación policial y judicial internacional (Interpol, Europol, Eurojust, Schengen, Frontex, la euroorden) y los dos grandes tribunales europeos con los que se suele confundir —el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Consejo de Europa, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea—, cuya distinción es un clásico de examen. Se incluyen también las ampliaciones y la salida del Reino Unido, el reparto de competencias, el procedimiento legislativo ordinario y la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Cronología esencial: CECA (1951, Tratado de París) → Tratados de Roma 1957 (CEE y EURATOM) → Acta Única Europea (1986) → Maastricht 1992 (crea la UE, 3 pilares) → Ámsterdam 1997 (incorpora Schengen) → Niza 2001 (prepara la ampliación al Este) → Lisboa 2007/2009 (suprime los pilares, TUE + TFUE, personalidad jurídica única). España se adhirió a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986, junto con Portugal (firma del Tratado el 12-6-1985). Derecho originario (Tratados, norma suprema) vs. Derecho derivado (art. 288 TFUE): reglamento (general, obligatorio, directamente aplicable sin transposición), directiva (obliga en cuanto al resultado, exige transposición), decisión (obligatoria solo para sus destinatarios), recomendaciones y dictámenes (NO vinculantes). Primacía (STJUE Costa/ENEL 1964) y efecto directo (STJUE Van Gend en Loos 1963) son de creación jurisprudencial, no están en los Tratados de forma expresa. Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, marca orientaciones políticas, NO legisla) ≠ Consejo de la UE (ministros, colegislador) ≠ Consejo de Europa (organización distinta de la UE, del que depende el TEDH). Parlamento Europeo: máximo 750 diputados más el Presidente según el Tratado (720 en la legislatura 2024-2029), elegido cada 5 años, sede en Estrasburgo (plenos), colegislador con el Consejo. Comisión Europea: 1 comisario por Estado, monopolio de la iniciativa legislativa, guardiana de los Tratados, sede en Bruselas. Interpol (1923 Viena / 1956 nueva Constitución, sede Lyon, 196 países, cooperación policial mundial, prohibida su intervención política, art. 3) ≠ Europol (agencia de la UE, sede La Haya, sin poderes ejecutivos propios, apoya a los Estados) ≠ Eurojust (cooperación JUDICIAL penal, también en La Haya). En España, la OCN de Interpol, la Unidad Nacional Europol y SIRENE están en el SCPI de la Comisaría General de Policía Judicial. La euroorden (Decisión Marco 2002/584/JAI, Ley 23/2014 en España) sustituye a la extradición entre Estados de la UE; no exige doble incriminación para 32 categorías de delitos graves con pena máxima ≥ 3 años; umbrales: 12 meses de pena prevista (enjuiciamiento) o 4 meses de condena (ejecución). El Sistema de Información Schengen (SIS) es la base de datos común del espacio Schengen; cada país tiene una oficina SIRENE para el intercambio de información complementaria. TEDH: Consejo de Europa (46 Estados), sede Estrasburgo, garantiza el CEDH de 1950, demandas individuales (art. 34) o estatales (art. 33), exige agotar la vía interna y plazo de 4 meses (art. 35.1, reducido por el Protocolo 15 y aplicable desde febrero de 2022); jueces elegidos por 9 años no renovables. TJUE: institución de la UE, sede Luxemburgo, dos órganos (Tribunal de Justicia y Tribunal General), garantiza el Derecho de la UE mediante cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) y recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE). NO CONFUNDIR: TEDH (Estrasburgo, derechos humanos, Consejo de Europa) con TJUE (Luxemburgo, Derecho de la UE, Unión Europea) — es el error más frecuente de examen en este tema. El recurso por incumplimiento (art. 258 TFUE) lo inicia normalmente la Comisión tras una fase administrativa previa (requerimiento + dictamen motivado); si persiste el incumplimiento tras la sentencia, cabe multa coercitiva o suma a tanto alzado (art. 260.2 TFUE). Notificación roja de Interpol (no «difusión roja»): localización y detención provisional con fines de extradición; no es una orden de detención internacional. Las difusiones las envía directamente una OCN. Mayoría cualificada en el Consejo (art. 16.4 TUE): 55% de los miembros (al menos 15) que reúnan el 65% de la población; minoría de bloqueo: al menos 4 miembros. Consejo Europeo: sin función legislativa; Presidente por 2,5 años renovable una vez. Competencias (arts. 3-6 TFUE): exclusivas (aduanas, competencia, política monetaria euro, pesca marina, política comercial), compartidas (incluye el espacio de libertad, seguridad y justicia) y de apoyo. Principios: atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE). Reglamento: alcance general y directamente aplicable; Directiva: obliga en cuanto al resultado y exige transposición; Decisión: obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo para ellos; Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes (art. 288 TFUE). Brexit: el Reino Unido salió de la UE el 31 de enero de 2020 (art. 50 TUE); la Unión tiene 27 Estados miembros. Schengen: Irlanda no participa y Chipre aún no se ha incorporado; incluye Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein; Croacia entró en 2023 y Bulgaria y Rumanía suprimieron controles en 2024-2025. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE tiene el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE) y obliga a los Estados solo cuando aplican Derecho de la Unión; la adhesión de la UE al CEDH (art. 6.2 TUE) sigue pendiente tras el Dictamen 2/13.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), DOUE C 202, de 7 de junio de 2016.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DOUE C 303, de 14 de diciembre de 2007; texto adaptado de 2007).
Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009).
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950) y Protocolos nº 11, 14 y 15.
Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).
Reglamento (UE) 2018/1727, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).
Reglamento (UE) 2019/1896, de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
Reglamento (UE) 2016/399, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece el Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece la Fiscalía Europea.
Estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal-Interpol (Constitución de 1956).
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