Tema 35. El desarrollo sostenible. Concepto. Coordinación y cooperación internacional. Sociedad y desarrollo sostenible. Instrumentos de gestión ambiental.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema cierra el bloque de contenidos medioambientales y sociales con el concepto de desarrollo sostenible, su origen en el Informe Brundtland de 1987 y su plasmación en los grandes hitos de la cooperación internacional (Estocolmo, Río, Kioto, París, Agenda 2030 y ODS), con las novedades recientes de las COP29 y COP30, los objetivos climáticos de la UE y la Ley 7/2021 en España. Estudia el papel de la sociedad (consumo responsable, educación ambiental, responsabilidad social corporativa) y termina con los instrumentos técnicos de gestión ambiental (evaluación ambiental regulada por la Ley 21/2013, auditoría ambiental, sistemas de gestión como ISO 14001 y EMAS, y etiquetado ecológico) que empresas y Administraciones emplean para integrar la sostenibilidad en su actividad.
Concepto de desarrollo sostenible: el Informe Brundtland (1987)
El concepto de desarrollo sostenible fue formulado y popularizado por el Informe Brundtland, titulado «Nuestro futuro común», elaborado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, presidida por la entonces primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Este informe definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, formulación que ha permanecido como la definición de referencia universalmente aceptada del concepto hasta la actualidad. Esta definición introduce un elemento de justicia intergeneracional (el compromiso con el bienestar de las generaciones futuras, no solo de la presente) que constituye la aportación conceptual más original y decisiva del Informe Brundtland, y que ha inspirado desde entonces la práctica totalidad de los desarrollos normativos y de las políticas públicas en materia de sostenibilidad a nivel mundial.
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) fue creada por la Asamblea General de la ONU en 1983. El concepto de desarrollo sostenible tiene antecedentes en la Conferencia de Estocolmo de 1972 y en la Estrategia Mundial para la Conservación de 1980 (UICN, PNUMA y WWF). Hoy se le atribuye un contenido amplio que combina el principio de equidad intergeneracional e intrageneracional (justicia dentro de la generación actual, entre países ricos y pobres), el principio de precaución, el principio de «quien contamina paga» y la integración de la dimensión ambiental en las demás políticas. Se distingue del mero crecimiento económico, y del concepto de sostenibilidad «fuerte» (el capital natural no es sustituible por el capital producido) frente a la sostenibilidad «débil» (sí lo es). Los conceptos complementarios de huella ecológica (superficie necesaria para sostener el consumo y absorber los residuos de una población) y de capacidad de carga ayudan a medirla.
Dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental
El concepto de desarrollo sostenible se articula habitualmente en torno a tres dimensiones o pilares interrelacionados, que deben ser objeto de una consideración equilibrada y conjunta, sin que ninguno de ellos pueda sacrificarse sistemáticamente en favor de los otros. La dimensión económica exige un crecimiento y un desarrollo económico que genere prosperidad y bienestar material de forma eficiente y viable a largo plazo. La dimensión social exige que dicho desarrollo económico se traduzca efectivamente en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población, con especial atención a la equidad, a la reducción de las desigualdades y a la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población, incluidas las generaciones futuras. Y la dimensión ambiental exige que el desarrollo económico y social se desarrolle dentro de los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas y de los recursos naturales del planeta, evitando su agotamiento o degradación irreversible.
A estas tres dimensiones se añaden en la Agenda 2030 las llamadas «cinco P»: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas (partnerships). Otras formulaciones añaden la dimensión institucional o cultural y la de gobernanza. Gráficamente, el desarrollo sostenible se representa como la intersección de tres círculos (economía, sociedad y medio ambiente), en la que lo «viable» es la intersección entre lo económico y lo ambiental, lo «soportable» la que une lo social y lo ambiental, y lo «equitativo» la que une lo económico y lo social.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituyen el marco global de referencia para orientar las políticas de desarrollo sostenible de todos los países hasta 2030. La Agenda 2030, titulada «Transformar nuestro mundo», fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 (Resolución 70/1) y sustituye y amplía a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015; ocho objetivos, de ámbito más restringido a los países en desarrollo). Fija 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de aplicación universal (desarrollados y en desarrollo por igual), desglosados en 169 metas, cuyo seguimiento se realiza mediante un marco de indicadores globales (232 indicadores). Son: 1 Fin de la pobreza; 2 Hambre cero; 3 Salud y bienestar; 4 Educación de calidad; 5 Igualdad de género; 6 Agua limpia y saneamiento; 7 Energía asequible y no contaminante; 8 Trabajo decente y crecimiento económico; 9 Industria, innovación e infraestructura; 10 Reducción de las desigualdades; 11 Ciudades y comunidades sostenibles; 12 Producción y consumo responsables; 13 Acción por el clima; 14 Vida submarina; 15 Vida de ecosistemas terrestres; 16 Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17 Alianzas para lograr los objetivos.
Los ODS son de carácter integrado e indivisible, no jurídicamente vinculantes (derecho blando o soft law), y se basan en el principio de «no dejar a nadie atrás». Su seguimiento global corresponde al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, y los Estados presentan Exámenes Nacionales Voluntarios. En España, el Gobierno aprobó el 8 de junio de 2021 la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que identifica ocho retos país y políticas aceleradoras, y el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 (2018). Según los informes de seguimiento de 2025, a cinco años de la fecha límite solo una pequeña parte de las metas (en torno al 18 %) estaba en vías de cumplirse, por lo que se habla de una necesidad de acelerar la acción. El ODS 11 (ciudades sostenibles) y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) tienen especial conexión con las funciones de seguridad ciudadana.
Antecedentes: la Cumbre de Río de 1992 y la Agenda 21
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 (conocida popularmente como la «Cumbre de la Tierra» o «Cumbre de Río»), constituyó el primer gran hito de la cooperación internacional en la aplicación práctica del concepto de desarrollo sostenible formulado cinco años antes por el Informe Brundtland, congregando a representantes de la práctica totalidad de los Estados del mundo y adoptando importantes instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (que fijó veintisiete principios rectores en la materia, entre ellos el hoy célebre «principio de precaución»), y la Agenda 21, un extenso programa de acción para el desarrollo sostenible en el siglo XXI que estableció recomendaciones detalladas para su aplicación tanto a nivel internacional y nacional como a nivel local (las llamadas «Agendas 21 Locales», adoptadas posteriormente por numerosos municipios de todo el mundo, incluida España).
La Cumbre de Río adoptó también el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, abierta a la firma en 1992 y en vigor desde 1994), y una Declaración de principios sobre los bosques; en 1994 se completó con la Convención de lucha contra la desertificación. El principio 15 de la Declaración de Río recoge el principio de precaución y el principio 7, el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Sus sucesivas revisiones fueron la Cumbre de Johannesburgo de 2002 (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible) y la Conferencia Río+20 de 2012, que se tituló «El futuro que queremos», lanzó el proceso que desembocó en los ODS y reforzó el PNUMA. La Agenda 21 Local es el instrumento de planificación del desarrollo sostenible a escala municipal, y a ella se vincula la Carta de Aalborg (1994) de ciudades europeas sostenibles.
El Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, aprobada ya en la propia Cumbre de Río de 1992) y en vigor desde 2005, constituyó el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que estableció objetivos concretos y cuantificados de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, obligatorios para los países desarrollados que asumieron dichos compromisos (los llamados países del «Anexo I»), en aplicación del principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» entre países desarrollados y en desarrollo, que reconoce la mayor responsabilidad histórica de los primeros en la generación del problema del cambio climático. Aunque su alcance efectivo resultó limitado (Estados Unidos nunca llegó a ratificarlo, y países en rápido desarrollo económico como China o India, pese a sus crecientes emisiones, no asumieron compromisos vinculantes de reducción bajo este instrumento), constituyó un precedente jurídico e institucional decisivo para el posterior Acuerdo de París.
El Protocolo de Kioto se adoptó el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Su primer periodo de compromiso (2008-2012) fijó para los países del Anexo I una reducción conjunta de los gases de efecto invernadero de al menos un 5 % respecto a los niveles de 1990 (en torno al 5,2 %). La UE asumió una reducción del 8 %, y España tenía un margen de aumento del 15 %. El Protocolo introdujo mecanismos de flexibilidad: el comercio de derechos de emisión, la aplicación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio. La Enmienda de Doha (2012) estableció un segundo periodo de compromiso (2013-2020), que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020. Los gases regulados son el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄), el óxido nitroso (N₂O) y los gases fluorados (HFC, PFC y SF₆). Canadá se retiró del Protocolo en 2011.
El Acuerdo de París (2015)
El Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en el marco de la 21ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) y en vigor desde el 4 de noviembre de 2016, tomó el relevo del Protocolo de Kioto como instrumento internacional de referencia en la lucha contra el cambio climático, aplicable a partir de 2020. Fija como objetivo mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C, alcanzar el máximo de emisiones lo antes posible y lograr el equilibrio entre emisiones y absorciones en la segunda mitad del siglo (neutralidad climática). A diferencia del Protocolo de Kioto, articula un sistema de compromisos nacionales (las «Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional» o NDC), cuyo contenido fija cada país, que deben comunicar cada cinco años con una ambición creciente, y que son aplicables a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, lo que ha permitido una participación prácticamente universal, aunque a costa de renunciar al carácter vinculante y sancionable de los objetivos concretos de cada país (la obligación es de procedimiento: presentar la NDC, informar y revisarla; no de resultado). Incluye además un balance mundial cada cinco años (el primero concluyó en la COP28 de 2023), un marco de transparencia reforzado, la adaptación, las pérdidas y daños y la financiación climática.
Evolución reciente. La COP29 (Bakú, 2024) fijó un nuevo objetivo colectivo de financiación climática de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, y la COP30 (Belém, Brasil, noviembre de 2025) adoptó el denominado «Paquete Político de Belém», con compromiso de triplicar la financiación de adaptación hasta 2035, sin acordar una hoja de ruta específica para el abandono de los combustibles fósiles. Estados Unidos, que ya se retiró del Acuerdo en 2020 y volvió en 2021, comunicó una nueva retirada en 2025 que se hizo efectiva el 27 de enero de 2026. En la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2021/1119 (Ley Europea del Clima) fija la neutralidad climática en 2050 y una reducción neta del 55 % en 2030 respecto de 1990, y se ha aprobado la modificación que establece como objetivo vinculante para 2040 una reducción neta del 90 % de las emisiones, con determinados márgenes de flexibilidad. En España, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, consagra la neutralidad climática a más tardar en 2050 y fija objetivos para 2030 (reducción de al menos un 23 % de emisiones respecto a 1990, y objetivos de renovables y eficiencia energética), desarrollados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Coordinación y cooperación internacional en materia de desarrollo sostenible: el papel de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas constituye el principal foro de coordinación y cooperación internacional en materia de desarrollo sostenible, a través de distintos mecanismos e instituciones: la Asamblea General, que aprueba los grandes marcos estratégicos globales (Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible); las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que se celebran anualmente para negociar y revisar los compromisos internacionales en esta materia específica; y el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, órgano específicamente encargado del seguimiento y la revisión periódica de los avances en la implementación de la Agenda 2030 por parte de los distintos Estados miembros. Esta arquitectura institucional de la ONU busca garantizar la necesaria cooperación multilateral que exige un problema de naturaleza esencialmente global como el del desarrollo sostenible, que no puede abordarse eficazmente mediante actuaciones puramente unilaterales de cada Estado por separado.
El sistema de Naciones Unidas cuenta con otros organismos relevantes: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, creado en 1988 por la OMM y el PNUMA, que elabora los informes de evaluación científica), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), el Fondo Verde para el Clima y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, sustituida en 2013 por el Foro Político de Alto Nivel. Otros convenios ambientales fundamentales: Ramsar (1971, humedales), CITES (1973, comercio de especies amenazadas), Convenio de Viena (1985) y Protocolo de Montreal (1987, capa de ozono), Convenio de Basilea (1989, residuos peligrosos), Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), Convenio de Aarhus (1998, acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental), Convenio de Estocolmo (2001, contaminantes orgánicos persistentes) y Convenio de Minamata (2013, mercurio). En 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (COP15 del Convenio sobre Diversidad Biológica), cuya meta más conocida es proteger al menos el 30 % de las tierras y mares para 2030. En la UE, el Pacto Verde Europeo (2019) busca la neutralidad climática en 2050 y se instrumenta con la Ley del Clima, el paquete «Objetivo 55», el régimen de comercio de derechos de emisión (Directiva 2003/87/CE) y el mecanismo de ajuste en frontera de carbono (CBAM, Reglamento (UE) 2023/956, en su fase definitiva desde el 1 de enero de 2026). El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, o UNEP por sus siglas en inglés), creado en 1972 tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo ese mismo año (primer gran precedente histórico de las posteriores cumbres ambientales internacionales), es la principal autoridad ambiental del sistema de Naciones Unidas, con sede en Nairobi (Kenia), encargada de fijar la agenda ambiental global, promover la aplicación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas, y proporcionar liderazgo autorizado y fomentar la colaboración en el cuidado del medio ambiente mediante la inspiración, la información y la capacitación de las naciones y los pueblos para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las generaciones futuras, coordinando además la elaboración de numerosos informes científicos y técnicos de referencia mundial en materia ambiental.
Sociedad y desarrollo sostenible: el papel de los ciudadanos
El desarrollo sostenible no constituye únicamente un objetivo de política pública dependiente exclusivamente de la actuación de los Gobiernos y de las organizaciones internacionales, sino que exige también, de forma decisiva, la implicación activa de la sociedad civil y de los ciudadanos individualmente considerados, a través de decisiones de consumo responsable (reducción, reutilización y reciclaje de residuos, elección de productos y servicios con menor impacto ambiental), de participación en organizaciones y movimientos sociales de defensa del medio ambiente, y de un cambio progresivo de hábitos y estilos de vida hacia patrones más sostenibles (movilidad sostenible, ahorro energético doméstico, reducción del consumo de agua). Esta dimensión ciudadana del desarrollo sostenible se ha visto reforzada en las últimas décadas por el crecimiento de la conciencia y la sensibilidad ambiental de la sociedad, especialmente entre las generaciones más jóvenes, así como por el auge de movimientos sociales específicamente dedicados a reivindicar una acción climática más ambiciosa por parte de los poderes públicos y de las empresas.
La educación ambiental y para el desarrollo sostenible es el instrumento que permite este cambio de conducta; se desarrolla en la escuela, en la comunidad y en los medios de comunicación, y el ODS 4 incluye en la meta 4.7 la educación para el desarrollo sostenible. Conceptos relacionados con el consumo y la producción son la economía circular (mantener el valor de productos y materiales el mayor tiempo posible mediante la reducción, reutilización y reciclaje, frente al modelo lineal de extraer, producir y desechar), la regla de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar), la huella de carbono (cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por una persona, organización o producto) y la compra pública verde. La participación ciudadana en materia ambiental está reconocida por el Convenio de Aarhus (1998) y por la Ley 27/2006, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en esta materia.
La responsabilidad social corporativa
La responsabilidad social corporativa (RSC), también denominada responsabilidad social empresarial (RSE), es el conjunto de compromisos voluntarios que asumen las empresas, más allá del estricto cumplimiento de sus obligaciones legales, en relación con el impacto de su actividad sobre el medio ambiente, sobre sus trabajadores, sobre sus clientes y proveedores, y sobre la sociedad en su conjunto, integrando de forma voluntaria en su gestión empresarial ordinaria las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de derechos humanos, en su interacción con sus grupos de interés o «stakeholders». La responsabilidad social corporativa se ha convertido en un elemento cada vez más relevante de la estrategia y de la reputación de las grandes empresas contemporáneas, plasmándose habitualmente en la elaboración de memorias o informes de sostenibilidad periódicos que dan cuenta pública de su desempeño en estas materias, si bien también ha sido objeto de crítica por el riesgo de que se emplee en ocasiones con fines puramente publicitarios o de imagen («lavado de imagen verde» o greenwashing), sin una traslación efectiva a la práctica empresarial real.
En el plano normativo, la UE ha pasado de la información voluntaria a obligaciones de transparencia: la Directiva (UE) 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) amplía el deber de informar sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG o ESG), y la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad regula la prevención de impactos negativos en las cadenas de valor. La Comisión ha presentado en 2025 un paquete de simplificación («Ómnibus») que modifica su alcance y calendario, por lo que su aplicación debe consultarse en la versión vigente. En España, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad, obliga a las grandes empresas a incluir un estado de información no financiera. Otras referencias: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2000), el Libro Verde de la UE sobre responsabilidad social de las empresas (2001), la norma ISO 26000 (guía de responsabilidad social, no certificable) y la inversión socialmente responsable (criterios ASG/ESG). Frente al riesgo de greenwashing, el ordenamiento europeo regula las alegaciones medioambientales (Directiva (UE) 2024/825).
Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental
La evaluación ambiental es el procedimiento técnico y administrativo, de aplicación obligatoria conforme a la normativa europea y a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE-A-2013-12913), mediante el cual se identifican y evalúan de forma sistemática, con carácter previo a su autorización o aprobación, los efectos ambientales previsibles de determinados planes, programas y proyectos, así como las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias. La Ley distingue dos modalidades: la evaluación ambiental estratégica (EAE), aplicable a planes y programas (que concluye con la declaración ambiental estratégica en el procedimiento ordinario o con el informe ambiental estratégico en el simplificado), y la evaluación de impacto ambiental (EIA), aplicable a proyectos (que concluye con la declaración de impacto ambiental o con el informe de impacto ambiental, según el procedimiento sea ordinario o simplificado). Se trata de un procedimiento ordinario o simplificado según la magnitud de los efectos que se prevean. Intervienen el promotor, el órgano sustantivo (que autoriza o aprueba el proyecto) y el órgano ambiental (que formula la declaración o el informe). Las fases del procedimiento ordinario incluyen la solicitud de inicio, la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, la elaboración del estudio, la información pública y consultas a las Administraciones afectadas y a las personas interesadas, y el análisis técnico y la formulación de la declaración de impacto ambiental, que es preceptiva y determinante. La Ley obedece a las Directivas europeas 2001/42/CE (planes y programas) y 2011/92/UE (proyectos, modificada por la Directiva 2014/52/UE).
La evaluación de impacto ambiental constituye el instrumento preventivo por excelencia de la política ambiental, orientado a integrar las consecuencias ambientales en la toma de decisiones desde una fase temprana de planificación, antes de que los efectos negativos lleguen a producirse. Se complementa con otros instrumentos preventivos como la autorización ambiental integrada (texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016), que somete determinadas instalaciones industriales a una autorización única que incorpora los límites de emisión y las mejores técnicas disponibles.
La auditoría ambiental
La auditoría ambiental es el instrumento de gestión ambiental de aplicación voluntaria (a diferencia de la evaluación de impacto ambiental, de carácter preceptivo para determinados proyectos) mediante el cual una organización (empresa, Administración Pública) somete a un examen sistemático, documentado, periódico y objetivo, realizado habitualmente por auditores externos independientes o por personal internamente cualificado para ello, su propio comportamiento ambiental, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, de los objetivos y compromisos ambientales voluntariamente asumidos por la propia organización, y de identificar oportunidades de mejora en la gestión ambiental de su actividad. A diferencia de la evaluación de impacto ambiental, que se realiza con carácter previo a la implantación de un proyecto nuevo, la auditoría ambiental se realiza sobre actividades ya en funcionamiento, con una periodicidad determinada, constituyendo un instrumento de mejora continua del desempeño ambiental de la organización auditada.
La auditoría ambiental puede ser interna (realizada por la propia organización) o externa (realizada por un auditor independiente), y se diferencia de la inspección ambiental, que es una función pública de la Administración (con potestad sancionadora) y no voluntaria. Sus fases son la planificación, el trabajo de campo, el informe de auditoría con las no conformidades y las recomendaciones, y el seguimiento de las acciones correctoras. La auditoría es la herramienta base de los sistemas de gestión ambiental como EMAS e ISO 14001.
Los sistemas de gestión ambiental: ISO 14001 y EMAS
Los sistemas de gestión ambiental son marcos organizativos voluntarios que las empresas y organizaciones pueden implantar para gestionar de forma sistemática y estructurada su desempeño ambiental, basados en el ciclo de mejora continua de Deming (planificar, hacer, verificar y actuar). Los dos principales estándares son la norma ISO 14001 (norma internacional de certificación, elaborada por la Organización Internacional de Normalización, cuya versión vigente es la de 2015, que establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión ambiental para poder ser certificado por una entidad acreditada independiente; en España, UNE-EN ISO 14001) y el sistema EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales, de origen específicamente europeo, regulado por el Reglamento (CE) nº 1221/2009, que incorpora ISO 14001 como base pero exige requisitos adicionales y más exigentes, entre ellos el cumplimiento de la legislación ambiental, la mejora continua del comportamiento ambiental, la participación de los trabajadores y la publicación de una declaración ambiental validada por un verificador independiente y accesible al público, y se materializa en un registro público de organizaciones, que en España gestionan las Comunidades Autónomas). Ambos son de adopción voluntaria, aunque su obtención constituye un elemento diferencial de reputación y de garantía de buenas prácticas ambientales frente a terceros, y puede facilitar el acceso a contratación pública verde o a determinadas ventajas administrativas.
El etiquetado ecológico
El etiquetado ecológico es el sistema de identificación voluntaria de productos y servicios que cumplen determinados criterios ambientales exigentes a lo largo de todo su ciclo de vida (desde la extracción de las materias primas hasta su fabricación, distribución, uso y posterior gestión como residuo), permitiendo a los consumidores identificar de forma sencilla, mediante un distintivo o etiqueta reconocible, aquellos productos y servicios de menor impacto ambiental relativo dentro de su categoría, en comparación con otros productos similares disponibles en el mercado. El principal ejemplo de etiquetado ecológico de ámbito europeo es la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (conocida popularmente por su distintivo de la flor europea o «EU Ecolabel»), gestionada conforme a un Reglamento de la Unión Europea y aplicable a una amplia variedad de categorías de productos y servicios, constituyendo, junto con los sistemas de gestión ambiental ya estudiados, uno de los principales instrumentos de mercado orientados a fomentar, mediante mecanismos de información e incentivo económico antes que de mera imposición normativa coactiva, un consumo y una producción más sostenibles.
La Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (EU Ecolabel) está regulada por el Reglamento (CE) nº 66/2010 y es de carácter voluntario, de tipo I según la clasificación ISO (certificación por tercero con criterios predeterminados, basada en el ciclo de vida). Existen además las ecoetiquetas de tipo II (autodeclaraciones ambientales del fabricante) y de tipo III (declaraciones ambientales de producto, con datos cuantificados según el análisis del ciclo de vida, norma ISO 14025). El análisis del ciclo de vida (ACV, normas ISO 14040 y 14044) es la herramienta metodológica de base. Otros instrumentos de mercado y de información son la huella de carbono (en España existe el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, creado por el Real Decreto 163/2014), el ecodiseño y la compra pública verde.
Clasificación de los instrumentos de gestión ambiental y principios que los inspiran
Los instrumentos de política y gestión ambiental se agrupan habitualmente en: instrumentos de regulación directa (normas, autorizaciones, límites de emisión y régimen sancionador, basados en «mando y control»); instrumentos preventivos (evaluación ambiental, autorización ambiental integrada); instrumentos económicos y fiscales (tributos ambientales, comercio de derechos de emisión, subvenciones, bonificaciones, aplicando el principio «quien contamina paga»); instrumentos voluntarios o de mercado (EMAS, ISO 14001, etiquetas ecológicas, acuerdos voluntarios, responsabilidad social); instrumentos de información y educación (educación ambiental, acceso a la información y participación pública); y la responsabilidad ambiental (Ley 26/2007). Los principios que inspiran la política ambiental de la Unión Europea (art. 191 del Tratado de Funcionamiento de la UE) son el de precaución, el de acción preventiva, el de corrección de los atentados al medio ambiente en la fuente misma y el de quien contamina paga. A ellos se une el de integración (art. 11 TFUE: las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y ejecución de las demás políticas con el fin de fomentar un desarrollo sostenible). En el Derecho español, el art. 45 de la Constitución sirve de base, y la Ley 21/2013 y la Ley 26/2007 positivizan los principios de prevención y de «quien contamina paga».
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Desarrollo sostenible (Informe Brundtland, 1987, «Nuestro futuro común»): satisface las necesidades del PRESENTE sin comprometer la capacidad de las generaciones FUTURAS de satisfacer las suyas — justicia intergeneracional.
3 dimensiones/pilares: económica, social y ambiental — deben considerarse de forma EQUILIBRADA. La Agenda 2030 añade las «5 P»: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.
Cronología clave: Estocolmo 1972 (crea el PNUMA) → Informe Brundtland 1987 → Cumbre de Río 1992 (Declaración de Río con 27 principios + Agenda 21 + CMNUCC + Convenio de Diversidad Biológica) → Protocolo de Kioto (adoptado 1997, en vigor 2005) → Río+20 (2012) → Agenda 2030/ODS (2015, 17 objetivos, 169 metas) → Acuerdo de París (COP21, 2015; en vigor 4-11-2016).
Protocolo de Kioto: compromisos VINCULANTES de reducción solo para países desarrollados («Anexo I»); EEUU nunca lo ratificó. Acuerdo de París: compromisos nacionales (NDC), universales, de procedimiento y no sancionables; objetivo muy por debajo de 2 °C y proseguir esfuerzos hacia 1,5 °C.
Novedades: COP29 (Bakú 2024): 300.000 millones de dólares anuales de financiación climática hasta 2035. COP30 (Belém, nov. 2025): Paquete Político de Belém, triplicar financiación de adaptación hasta 2035. EEUU se retiró del Acuerdo de París con efecto desde el 27-1-2026.
UE: Ley Europea del Clima (Reglamento 2021/1119): neutralidad climática en 2050 y -55 % en 2030; objetivo de -90 % neto en 2040 (aprobado). España: Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética (neutralidad en 2050; al menos -23 % en 2030 respecto a 1990).
Los ODS NO son jurídicamente vinculantes (soft law); su seguimiento corresponde al Foro Político de Alto Nivel de la ONU. España: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada el 8 de junio de 2021.
PNUMA (Nairobi, Kenia, desde 1972): principal autoridad ambiental de la ONU. IPCC (1988): evaluación científica del cambio climático. Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio.
Responsabilidad Social Corporativa (RSC/RSE): compromisos VOLUNTARIOS de las empresas más allá de la ley; riesgo de «greenwashing». En la UE se refuerza con la información corporativa de sostenibilidad (Directiva 2022/2464); en España, Ley 11/2018 de información no financiera.
Evaluación ambiental (Ley 21/2013): estratégica (planes y programas) y de impacto ambiental (proyectos); procedimiento ordinario o simplificado; PREVIA y OBLIGATORIA para los supuestos legales. Auditoría ambiental: VOLUNTARIA, sobre actividades YA en funcionamiento, periódica.
Sistemas de gestión ambiental: ISO 14001 (internacional, versión 2015) vs. EMAS (europeo, Reglamento 1221/2009, más exigente, exige declaración ambiental pública validada por un verificador). Ambos son voluntarios.
Etiquetado ecológico (EU Ecolabel, la «flor europea», Reglamento 66/2010): voluntario, identifica productos de menor impacto ambiental en su categoría a lo largo de todo su ciclo de vida.
Principios de la política ambiental de la UE (art. 191 TFUE): precaución, acción preventiva, corrección en la fuente y quien contamina paga; integración en las demás políticas (art. 11 TFUE).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál de estos instrumentos adoptados en la Cumbre de Río de 1992 se centra en un programa de acción para el desarrollo sostenible en el siglo XXI?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 35 de Policía Nacional?
Este tema cierra el bloque de contenidos medioambientales y sociales con el concepto de desarrollo sostenible, su origen en el Informe Brundtland de 1987 y su plasmación en los grandes hitos de la cooperación internacional (Estocolmo, Río, Kioto, París, Agenda 2030 y ODS), con las novedades recientes de las COP29 y COP30, los objetivos climáticos de la UE y la Ley 7/2021 en España. Estudia el papel de la sociedad (consumo responsable, educación ambiental, responsabilidad social corporativa) y termina con los instrumentos técnicos de gestión ambiental (evaluación ambiental regulada por la Ley 21/2013, auditoría ambiental, sistemas de gestión como ISO 14001 y EMAS, y etiquetado ecológico) que empresas y Administraciones emplean para integrar la sostenibilidad en su actividad.
¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?
Desarrollo sostenible (Informe Brundtland, 1987, «Nuestro futuro común»): satisface las necesidades del PRESENTE sin comprometer la capacidad de las generaciones FUTURAS de satisfacer las suyas — justicia intergeneracional. 3 dimensiones/pilares: económica, social y ambiental — deben considerarse de forma EQUILIBRADA. La Agenda 2030 añade las «5 P»: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Cronología clave: Estocolmo 1972 (crea el PNUMA) → Informe Brundtland 1987 → Cumbre de Río 1992 (Declaración de Río con 27 principios + Agenda 21 + CMNUCC + Convenio de Diversidad Biológica) → Protocolo de Kioto (adoptado 1997, en vigor 2005) → Río+20 (2012) → Agenda 2030/ODS (2015, 17 objetivos, 169 metas) → Acuerdo de París (COP21, 2015; en vigor 4-11-2016). Protocolo de Kioto: compromisos VINCULANTES de reducción solo para países desarrollados («Anexo I»); EEUU nunca lo ratificó. Acuerdo de París: compromisos nacionales (NDC), universales, de procedimiento y no sancionables; objetivo muy por debajo de 2 °C y proseguir esfuerzos hacia 1,5 °C. Novedades: COP29 (Bakú 2024): 300.000 millones de dólares anuales de financiación climática hasta 2035. COP30 (Belém, nov. 2025): Paquete Político de Belém, triplicar financiación de adaptación hasta 2035. EEUU se retiró del Acuerdo de París con efecto desde el 27-1-2026. UE: Ley Europea del Clima (Reglamento 2021/1119): neutralidad climática en 2050 y -55 % en 2030; objetivo de -90 % neto en 2040 (aprobado). España: Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética (neutralidad en 2050; al menos -23 % en 2030 respecto a 1990). Los ODS NO son jurídicamente vinculantes (soft law); su seguimiento corresponde al Foro Político de Alto Nivel de la ONU. España: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada el 8 de junio de 2021. PNUMA (Nairobi, Kenia, desde 1972): principal autoridad ambiental de la ONU. IPCC (1988): evaluación científica del cambio climático. Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio. Responsabilidad Social Corporativa (RSC/RSE): compromisos VOLUNTARIOS de las empresas más allá de la ley; riesgo de «greenwashing». En la UE se refuerza con la información corporativa de sostenibilidad (Directiva 2022/2464); en España, Ley 11/2018 de información no financiera. Evaluación ambiental (Ley 21/2013): estratégica (planes y programas) y de impacto ambiental (proyectos); procedimiento ordinario o simplificado; PREVIA y OBLIGATORIA para los supuestos legales. Auditoría ambiental: VOLUNTARIA, sobre actividades YA en funcionamiento, periódica. Sistemas de gestión ambiental: ISO 14001 (internacional, versión 2015) vs. EMAS (europeo, Reglamento 1221/2009, más exigente, exige declaración ambiental pública validada por un verificador). Ambos son voluntarios. Etiquetado ecológico (EU Ecolabel, la «flor europea», Reglamento 66/2010): voluntario, identifica productos de menor impacto ambiental en su categoría a lo largo de todo su ciclo de vida. Principios de la política ambiental de la UE (art. 191 TFUE): precaución, acción preventiva, corrección en la fuente y quien contamina paga; integración en las demás políticas (art. 11 TFUE).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, «Nuestro futuro común» (Informe Brundtland, 1987).
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (2015).
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y Agenda 21 (1992); Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992); Protocolo de Kioto (1997); Acuerdo de París (2015).
Reglamento (UE) 2021/1119 (Ley Europea del Clima) y su modificación para el objetivo climático de 2040.
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE-A-2013-12913).
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; Ley 27/2006, de 18 de julio (derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente).
Reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS); norma UNE-EN ISO 14001:2015; Reglamento (CE) nº 66/2010 (Etiqueta Ecológica de la UE).
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; Ley 11/2018, de 28 de diciembre (información no financiera y diversidad).
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (Consejo de Ministros, 8 de junio de 2021).
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