Tema 26. La protección de datos de carácter personal: la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema cierra el bloque A de Ciencias Jurídicas con una materia de aplicación práctica muy directa para un policía: el tratamiento de datos personales admite dos regímenes jurídicos claramente diferenciados que no deben confundirse. El régimen general del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 rige el tratamiento ordinario de datos por cualquier entidad pública o privada; pero cuando la Policía Nacional (como autoridad competente) trata datos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, se aplica un régimen específico, la Ley Orgánica 7/2021, que transpone la Directiva (UE) 2016/680 y tiene sus propios principios, su propia clasificación de interesados y sus propias reglas sobre conservación, derechos y sanciones. El tema debe estudiarse así: (1) fuentes y ámbito de cada norma; (2) conceptos, principios y bases de legitimación del RGPD; (3) derechos de las personas; (4) responsable, encargado, delegado de protección de datos, seguridad y brechas; (5) transferencias internacionales; (6) autoridades de control y sanciones; (7) derechos digitales del Título X de la LO 3/2018; y (8) el régimen penal-policial de la LO 7/2021.
Marco normativo: la LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018, BOE-A-2018-16673; en la práctica, «LOPDGDD»), adapta el ordenamiento español al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), completando sus previsiones en aquellos aspectos que el propio Reglamento remite a la legislación de cada Estado miembro, y derogó la anterior Ley Orgánica 15/1999 (LOPD). Tiene un doble objeto (art. 1): adaptar el ordenamiento español al RGPD y completar sus disposiciones, y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al art. 18.4 de la Constitución, que limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar. Constituye el marco general de protección de datos personales en España para el tratamiento ordinario de datos por cualquier entidad pública o privada. Su ámbito (art. 2) excluye, entre otros, los tratamientos excluidos por el art. 2.2 del RGPD (actividades exclusivamente personales o domésticas, actividades fuera del Derecho de la Unión...), los de personas fallecidas (salvo lo dispuesto en el art. 3) y los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. Los tratamientos realizados con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales se rigen por su propia norma, la LO 7/2021 que se estudia en la segunda parte del tema.
Relación con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679)
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, es una norma europea de aplicación directa (no requiere transposición, a diferencia de una directiva) que constituye el marco común de protección de datos personales en toda la Unión desde el 25 de mayo de 2018 (entró en vigor en 2016 pero se aplica desde esa fecha). La LO 3/2018 es la norma española que lo completa en los aspectos que el Reglamento deja abiertos a la regulación nacional (por ejemplo, la edad de consentimiento de los menores, fijada en catorce años por el art. 7 de la LO 3/2018, el régimen de datos de personas fallecidas, la videovigilancia, los sistemas de información crediticia o los tratamientos con fines de investigación). Ambas normas se interpretan y aplican de forma conjunta, prevaleciendo el RGPD (Derecho de la Unión) sobre la ley orgánica en caso de contradicción, por el principio de primacía del Derecho de la Unión. Debe distinguirse del RGPD la Directiva (UE) 2016/680, propia del ámbito policial y penal, que no es de aplicación directa y fue transpuesta en España por la LO 7/2021.
Principios de tratamiento de datos personales (art. 5 RGPD)
El art. 5 del RGPD enumera los principios que deben presidir todo tratamiento: (1) licitud, lealtad y transparencia (el tratamiento debe realizarse de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado); (2) limitación de la finalidad (los datos deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos, sin tratarse posteriormente de manera incompatible con dichos fines; el tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticos no se considera incompatible); (3) minimización de datos (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); (4) exactitud (exactos y, si fuera necesario, actualizados, suprimiéndose o rectificándose sin demora los inexactos); (5) limitación del plazo de conservación (los datos no se mantienen en forma que permita identificar al interesado durante más tiempo del necesario); y (6) integridad y confidencialidad (seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental). A ellos se añade, en el art. 5.2, el principio de responsabilidad proactiva (accountability): el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento de los principios y debe poder demostrarlo. La LO 3/2018 desarrolla algunos de ellos: exactitud (art. 4), deber de confidencialidad (art. 5, que obliga a responsables, encargados y a quienes intervengan en el tratamiento, incluso tras finalizar la relación) y tratamiento basado en el consentimiento (art. 6).
Concepto de dato personal
El art. 4.1 del RGPD define el dato personal como toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»), considerándose identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador (nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea) o uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social. El concepto es amplio: incluye no solo los datos identificativos clásicos (nombre, DNI, domicilio) sino también los que, combinados con información adicional, permiten identificar indirectamente a una persona (dirección IP, matrícula de vehículo, imagen captada por una cámara en la que se pueda reconocer a una persona, voz, huella dactilar). Otros conceptos clave del art. 4 RGPD: tratamiento (cualquier operación sobre datos: recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión...), responsable (quien determina los fines y medios del tratamiento), encargado (quien trata datos por cuenta del responsable), seudonimización (tratamiento que impide atribuir los datos a un interesado sin información adicional, que sigue siendo dato personal) y consentimiento (manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante declaración o clara acción afirmativa). Los datos anonimizados de forma irreversible, en cambio, quedan fuera del RGPD. Los datos de personas jurídicas no son datos personales; tampoco lo son, en principio, los de personas fallecidas, aunque el art. 3 LO 3/2018 permite que sus familiares, herederos o personas designadas soliciten el acceso, la rectificación o la supresión, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley.
Categorías especiales de datos: los datos sensibles
El art. 9 del RGPD establece una protección reforzada para las categorías especiales de datos, cuyo tratamiento queda en principio prohibido salvo que concurra alguna de las excepciones tasadas del propio precepto. Son los datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como los datos genéticos, los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, los datos relativos a la salud y los datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual. Entre las excepciones están el consentimiento explícito, el cumplimiento de obligaciones y derechos en el ámbito laboral y de la seguridad y protección social, la protección de intereses vitales, los datos manifiestamente públicos, la formulación o defensa de reclamaciones, el interés público esencial, la medicina preventiva o laboral y los fines de archivo, investigación y estadística. El art. 9.1 LO 3/2018 precisa que el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición cuando la finalidad principal del tratamiento sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Los datos relativos a condenas e infracciones penales no son categoría especial del art. 9 sino que tienen su propia regla (art. 10 RGPD y art. 10 LO 3/2018): solo pueden tratarse bajo el control de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o del Estado miembro con garantías adecuadas.
La base jurídica del tratamiento: el consentimiento y otras bases legitimadoras
El art. 6 del RGPD exige que todo tratamiento cuente con una base jurídica (licitud), y enumera seis posibles: (a) el consentimiento del interesado para uno o varios fines específicos; (b) la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte (o la aplicación de medidas precontractuales a su petición); (c) el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable; (d) la protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física; (e) el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable (base habitual de las Administraciones Públicas); y (f) la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que no prevalezcan los derechos y libertades del interesado, base que no puede ser invocada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (art. 6.1 último párrafo). El consentimiento válido ha de ser libre, específico, informado e inequívoco; no cabe el consentimiento tácito por silencio, casillas premarcadas o inacción, y debe poder retirarse en cualquier momento con la misma facilidad con que se dio. La LO 3/2018 fija en catorce años la edad a partir de la cual el menor puede consentir por sí mismo (art. 7); por debajo, se exige el consentimiento de quien ostente la patria potestad o tutela. Las bases de las letras (c) y (e) deben estar previstas en una norma con rango de ley en España (art. 8 LO 3/2018).
Los derechos de las personas: acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido)
El RGPD y la LO 3/2018 (arts. 12 a 18) reconocen un catálogo de derechos sobre los propios datos, conocidos como ARCO-POL (Acceso, Rectificación, Cancelación/supresión, Oposición, Portabilidad, Olvido y Limitación). El derecho de acceso (art. 15 RGPD) permite obtener confirmación de si se tratan o no datos que le conciernen y, en tal caso, acceder a ellos, a una copia y a la información sobre los fines, categorías, destinatarios, plazo de conservación y origen. El derecho de rectificación (art. 16) permite obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos inexactos y completar los incompletos. El derecho de supresión o derecho al olvido (art. 17) permite obtener la supresión cuando, entre otros supuestos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron, se retire el consentimiento en que se basaba el tratamiento, el interesado se oponga con éxito, o los datos hayan sido tratados ilícitamente, con excepciones (libertad de expresión e información, obligación legal, interés público en salud pública, archivo y fines de investigación, formulación o defensa de reclamaciones). Reglas comunes de ejercicio: el responsable debe responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable otros dos meses en caso de complejidad o número de solicitudes (art. 12.3 RGPD), el ejercicio es en principio gratuito, y el responsable debe facilitar el ejercicio por medios electrónicos si la solicitud se presentó así. Las Administraciones deben informar al afectado de forma transparente (art. 11 LO 3/2018: información por capas, con información básica y dirección donde acceder al resto).
El derecho de oposición y de limitación del tratamiento
El derecho de oposición (art. 21 RGPD) permite al interesado oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés público o en el interés legítimo del responsable, debiendo este último cesar en el tratamiento salvo que acredite motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o que el tratamiento sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa, la oposición es absoluta: el responsable debe cesar sin más. El derecho de limitación (art. 18 RGPD) permite obtener que el responsable limite (congele o suspenda temporalmente) el tratamiento, conservando los datos pero sin tratarlos salvo excepciones, en cuatro supuestos tasados: mientras se verifica la exactitud de los datos impugnados; cuando el tratamiento es ilícito pero el interesado se opone a la supresión y solicita la limitación; cuando el responsable ya no los necesita pero el interesado sí, para reclamaciones; y mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen frente a una oposición. Además, el art. 22 RGPD reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente, salvo excepciones (contrato, autorización legal o consentimiento explícito).
El derecho a la portabilidad de los datos
El derecho a la portabilidad (art. 20 RGPD, art. 17 LO 3/2018), novedad del RGPD sin precedente en la normativa española anterior, permite al interesado recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable sin que lo impida el primero, siempre que el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato (o en medidas precontractuales) y se efectúe por medios automatizados; cuando sea técnicamente posible, puede pedir que se transmitan directamente de responsable a responsable. No se aplica a tratamientos necesarios para una misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, por lo que en el ámbito de la actuación administrativa y policial tiene una aplicación muy limitada. Está pensado para facilitar el cambio de proveedor de servicios digitales (banca, redes sociales). Para recordar: portabilidad exige consentimiento o contrato + medios automatizados; el derecho de acceso y rectificación no tienen esos requisitos.
Responsable, encargado y principio de responsabilidad proactiva: obligaciones del responsable
El responsable del tratamiento (art. 24 RGPD) debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al Reglamento. Entre las obligaciones que más se preguntan figuran: la protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25); el registro de actividades de tratamiento (art. 30), que en España las Administraciones Públicas deben hacer público por medios electrónicos (art. 31 LO 3/2018); la seguridad del tratamiento (art. 32); la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (art. 35), obligatoria cuando sea probable que el tratamiento entrañe un alto riesgo (por ejemplo, elaboración de perfiles con efectos significativos, tratamiento a gran escala de categorías especiales o observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público); y la consulta previa a la autoridad si la evaluación revela un alto riesgo residual (art. 36). Cuando se utilicen encargados del tratamiento, la relación debe regirse por un contrato u otro acto jurídico que lo vincule (art. 28 RGPD). El encargado no puede subcontratar sin autorización del responsable.
Brechas de seguridad: notificación y comunicación
Una violación de la seguridad de los datos personales (brecha) es toda violación que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales, o la comunicación o acceso no autorizados a ellos (art. 4.12 RGPD). El responsable debe notificarla a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, en un plazo máximo de 72 horas desde que tuvo constancia, salvo que sea improbable que suponga un riesgo para los derechos y libertades de las personas (art. 33 RGPD); el encargado debe notificarla al responsable sin dilación. Si la brecha entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados, debe además comunicarse a estos sin dilación indebida (art. 34 RGPD), salvo excepciones (datos cifrados, medidas posteriores que eliminan el riesgo, esfuerzo desproporcionado). Todas las brechas deben documentarse, incluso las no notificadas. El plazo de 72 horas es una cifra a memorizar.
Transferencias internacionales de datos en el RGPD
El Capítulo V del RGPD (arts. 44 a 50) regula la transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales: solo es posible si se garantiza un nivel de protección esencialmente equivalente al de la Unión. Las vías, por orden de preferencia, son: (1) una decisión de adecuación de la Comisión Europea (art. 45); (2) garantías adecuadas (art. 46): cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión, normas corporativas vinculantes, códigos de conducta o certificaciones aprobadas; y (3) excepciones para situaciones específicas (art. 49), como el consentimiento explícito informado de los riesgos, la ejecución de un contrato, razones importantes de interés público, la defensa de reclamaciones o la protección de intereses vitales. En Estados Unidos opera el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. (Data Privacy Framework), cuya decisión de adecuación de la Comisión se adoptó el 10 de julio de 2023; el Tribunal General de la Unión Europea desestimó el 3 de septiembre de 2025 (asunto T-553/23, Latombe/Comisión) el recurso de anulación contra ella, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Antes, el Tribunal de Justicia había invalidado los marcos anteriores (Safe Harbour, sentencia Schrems I de 2015; Privacy Shield, sentencia Schrems II de 2020).
La Agencia Española de Protección de Datos: naturaleza y funciones
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, encargada de supervisar la aplicación del RGPD y de la LO 3/2018 en España (arts. 44 y ss. LO 3/2018; Estatuto aprobado por Real Decreto 389/2021, de 1 de junio). Actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Está dirigida por una Presidencia, propuesta por el Gobierno y sometida a ratificación del Congreso de los Diputados, asistida por un Consejo Consultivo. Es el órgano nacional que representa a España en el Comité Europeo de Protección de Datos. Le corresponde atender reclamaciones, investigar de oficio o a instancia de parte, ejercer poderes correctivos (apercibimientos, órdenes, limitaciones del tratamiento, multas), aprobar o supervisar códigos de conducta y esquemas de certificación, y promover la sensibilización pública. Junto a ella existen autoridades autonómicas de protección de datos que supervisan el tratamiento por las Administraciones autonómicas y locales de su territorio: la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Agencia Vasca de Protección de Datos y, en Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos. Las multas del RGPD pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global de la empresa (art. 83.5) o 10 millones o el 2 % (art. 83.4), cuantías que se aplican al sector privado: a las Administraciones Públicas la LO 3/2018 (art. 77) solo les impone un apercibimiento, además de las medidas para corregir la infracción.
Tutela de los derechos: reclamación ante la AEPD y vías de recurso
Si el responsable no atiende en plazo o rechaza el ejercicio de un derecho, el interesado puede presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos competente (art. 77 RGPD, desarrollado por los arts. 63 y ss. LO 3/2018 en cuanto al procedimiento), cuya resolución pone fin a la vía administrativa y es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa (en España, la Audiencia Nacional respecto de las resoluciones de la AEPD). Además, el art. 82 RGPD reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios materiales o inmateriales que cause una infracción del Reglamento. Cuando el responsable es un órgano de las Administraciones Públicas, la responsabilidad patrimonial se exige con arreglo a la legislación administrativa. La autoridad de control puede iniciar actuaciones de oficio, y su actividad de investigación dispone de potestades de acceso a locales y datos. Un tercer cauce de defensa son los delitos de revelación de secretos (arts. 197 y ss. Código Penal) que se ocupan de los accesos ilícitos a datos personales.
El Delegado de Protección de Datos: figura y funciones
El Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO) es la figura encargada de informar y asesorar al responsable o encargado y a sus empleados sobre sus obligaciones de protección de datos, supervisar el cumplimiento de la normativa, cooperar con la autoridad de control (AEPD u autonómica), actuar como punto de contacto con ella y con los interesados, y asesorar sobre las evaluaciones de impacto. Su designación es obligatoria en los casos del art. 37.1 RGPD: autoridades y organismos públicos (salvo los tribunales en el ejercicio de su función judicial), responsables cuya actividad principal exija una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, y los que traten a gran escala categorías especiales de datos o datos de condenas e infracciones penales. El art. 34 de la LO 3/2018 enumera además supuestos concretos en los que deben designarlo, como colegios profesionales, centros docentes, entidades que exploten redes de comunicaciones electrónicas, entidades financieras, aseguradoras o prestadores de servicios de la sociedad de la información que elaboren perfiles a gran escala, entre otros; la designación debe comunicarse a la autoridad de control. Debe desempeñar sus funciones con independencia, sin recibir instrucciones sobre su ejercicio, y no puede ser destituido ni sancionado por desempeñarlas; puede ser empleado del responsable o un prestador externo. En el ámbito penal-policial, la LO 7/2021 obliga a las autoridades competentes a designar un delegado de protección de datos, salvo a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal cuando traten datos en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Los derechos digitales reconocidos por la LO 3/2018 (Título X)
El Título X de la LO 3/2018 (arts. 79 a 97), novedad sin precedente en la normativa anterior, reconoce y regula un catálogo de derechos digitales: derechos en la era digital (art. 79); neutralidad de Internet (art. 80); acceso universal a Internet (art. 81); seguridad digital (art. 82); educación digital (art. 83); protección de los menores en Internet (art. 84); rectificación en Internet (art. 85); actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86); intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87); desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88); intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89); intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (art. 90); derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91); protección de datos de los menores en Internet y en centros educativos (art. 92); derecho al olvido en búsquedas de Internet (art. 93); derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 94); derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 95); derecho al testamento digital (art. 96); y políticas de impulso de los derechos digitales (art. 97). El derecho a la desconexión digital garantiza, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como a la intimidad personal y familiar del trabajador. Las cuestiones de laboral (arts. 87 a 91) suelen preguntarse en examen: el empleador puede acceder al contenido de dispositivos digitales facilitados al trabajador solo para controlar el cumplimiento de obligaciones laborales y garantizar la integridad de los dispositivos, con criterios de utilización establecidos con participación de los representantes de los trabajadores.
Videovigilancia, ficheros de morosos y otros tratamientos específicos de la LO 3/2018 (Título IV)
El Título IV de la LO 3/2018 (arts. 19 a 27) regula disposiciones aplicables a tratamientos concretos: datos de contacto y de empresarios individuales (art. 19); sistemas de información crediticia (art. 20); tratamientos con fines de videovigilancia (art. 22), con la regla de que los datos captados se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, y con obligación de informar mediante un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible; sistemas de exclusión publicitaria (art. 23, popularmente «listas Robinson»); sistemas de información de denuncias internas (art. 24, hoy complementado por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que protege la confidencialidad e identidad del informante); tratamientos con fines de archivo en interés público y de función estadística pública, y tratamiento de datos de infracciones y sanciones administrativas (arts. 25 a 27). Los tratamientos de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos con fines penales o de seguridad pública se rigen por su normativa específica y por la LO 7/2021, no por el art. 22.
El derecho a la neutralidad de internet
El art. 80 de la LO 3/2018 reconoce a los usuarios el derecho a la neutralidad de Internet: los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. El desarrollo detallado de la neutralidad de la red procede del Derecho de la Unión, en concreto del Reglamento (UE) 2015/2120 (art. 3), que obliga a los proveedores a tratar todo el tráfico de forma equitativa, sin discriminación, restricción o interferencia, con independencia del emisor y el receptor, el contenido, la aplicación o el servicio, o el equipo terminal, admitiendo únicamente medidas razonables de gestión del tráfico, transparentes, no discriminatorias, proporcionadas y fundadas en requisitos técnicos objetivamente diferentes de calidad del servicio, no en consideraciones comerciales. A continuación, el art. 81 reconoce el derecho de acceso universal a Internet, que debe ser asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población, e incluye medidas frente a la brecha de género, generacional, territorial y para personas con necesidades especiales.
El derecho al testamento digital
El art. 96 de la LO 3/2018 regula el acceso a los contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas (el llamado «testamento digital»). Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, pueden dirigirse a los prestadores para acceder a los contenidos e impartir instrucciones sobre su utilización, destino o supresión, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley; esta prohibición no afecta al derecho de los herederos a acceder a los contenidos de carácter patrimonial. También pueden ejercerlo el albacea testamentario y quien haya sido expresamente designado por el fallecido; en el caso de menores o personas con discapacidad, las facultades corresponden a sus representantes legales o al Ministerio Fiscal. Las personas legitimadas pueden decidir si mantienen o eliminan los perfiles y contenidos. Conviene no confundirlo con el art. 3 de la LO 3/2018 (datos de personas fallecidas en general). La idea de fondo es dar respuesta jurídica al patrimonio digital (perfiles en redes, correo electrónico, cuentas en servicios en línea), no previsto por el Derecho sucesorio clásico.
La LO 7/2021, de protección de datos tratados para fines penales: objeto y ámbito
La Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (BOE de 27 de mayo de 2021, BOE-A-2021-8806), transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Consta de 65 artículos, estructurados en ocho capítulos, con cinco disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y doce finales. Es el régimen específico y autónomo, distinto del RGPD y de la LO 3/2018, aplicable cuando el tratamiento lo realizan autoridades competentes con esos fines penales, reconociendo que la investigación criminal exige un equilibrio distinto entre los derechos del interesado y la eficacia de la investigación. Entró en vigor a los veinte días de su publicación (junio de 2021). Un rasgo muy característico, a diferencia del RGPD, es que opera una Directiva (que no es de aplicación directa) y, por tanto, solo vale lo que dice la ley nacional de transposición.
Reglamento de Inteligencia Artificial y datos biométricos en el ámbito policial (novedad)
El Reglamento (UE) 2024/1689, de inteligencia artificial, se aplica de forma escalonada y contiene, entre sus prácticas prohibidas (art. 5), con aplicación desde el 2 de febrero de 2025, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, salvo excepciones muy tasadas (búsqueda de víctimas concretas, prevención de una amenaza específica, sustancial e inminente, localización de sospechosos de delitos graves) y sujeto a autorización judicial o administrativa independiente. Para la Policía Nacional supone que el uso de reconocimiento facial en la calle no es una herramienta ordinaria y que debe combinarse con las garantías del RGPD y de la LO 7/2021 (necesidad, proporcionalidad, evaluación de impacto, supervisión).
Ámbito de aplicación de la LO 7/2021: tratamiento por autoridades competentes con fines de prevención, investigación y enjuiciamiento penal
El ámbito de aplicación de la LO 7/2021 (art. 2) se define por dos elementos: uno subjetivo (el tratamiento debe realizarlo una autoridad competente) y otro finalista (los fines deben ser la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a amenazas contra la seguridad pública). La ley enumera como autoridades competentes: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (entre ellos, Policía Nacional y Guardia Civil); las autoridades judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal; las Administraciones Penitenciarias; la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera; el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC); y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Cuando concurren ambos elementos se aplica la LO 7/2021 y no la LO 3/2018. Si el mismo organismo (por ejemplo, la Policía Nacional) trata datos con otros fines no penales (gestión de su personal, expedición del DNI y pasaporte, extranjería administrativa), se aplica el régimen general RGPD-LO 3/2018. Quedan excluidos, entre otros, los tratamientos de materias clasificadas y los realizados fuera del Derecho de la Unión que no encajen en la ley.
Derechos de las personas y deber de información en el tratamiento penal; límites
La LO 7/2021 reconoce a los interesados derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos adversos o les afecten significativamente (salvo que lo autorice una norma con garantías). A diferencia del RGPD, estos derechos pueden limitarse total o parcialmente cuando ello sea necesario y proporcionado para no obstaculizar investigaciones, indagaciones o procedimientos oficiales o judiciales, evitar perjudicar la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones, proteger la seguridad pública o nacional, o proteger los derechos y libertades de otras personas. En estos casos el responsable debe informar al interesado por escrito de la denegación o limitación y de sus motivos (salvo que ello comprometa la finalidad de la limitación), y de la posibilidad de reclamar ante la autoridad de control y de acudir a los tribunales. Cuando los datos figuren en una resolución judicial, o en un registro, diligencias o procesos penales, el ejercicio de los derechos se regirá por la normativa procesal penal. Existe además la posibilidad de ejercicio indirecto de los derechos a través de la autoridad de control cuando la limitación impide al interesado ejercerlos directamente.
Principios relativos al tratamiento de datos en el ámbito penal (art. 6 y ss. LO 7/2021)
El art. 6 de la LO 7/2021 establece los principios del tratamiento, análogos a los del art. 5 RGPD pero con matices: los datos deben tratarse de manera lícita y leal; recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos sin tratarse de forma incompatible; ser adecuados, pertinentes y no excesivos; exactos y, si es necesario, actualizados; conservarse solo el tiempo necesario; y tratarse con seguridad adecuada. La licitud (art. 11) exige que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una función de las autoridades competentes con los fines de la ley y esté previsto en una norma con rango de ley. Un rasgo propio es el deber de colaboración (art. 7): salvo que se exija autorización judicial, las Administraciones Públicas y cualquier persona física o jurídica deben proporcionar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial los datos, informes, antecedentes y justificantes que les soliciten y sean necesarios para la investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de las penas. Respecto de la conservación (art. 8), el responsable debe fijar plazos para la supresión de los datos o para la revisión periódica de la necesidad de conservarlos; con carácter general el plazo máximo para la supresión es de veinte años, salvo que concurran factores como investigaciones abiertas, delitos no prescritos, ejecución de la pena sin concluir, reincidencia o necesidad de proteger a las víctimas. La finalidad de los datos recogidos para fines penales solo puede cambiarse cuando la ley lo prevea y sea necesario y proporcionado.
Distinción entre categorías de interesados en el tratamiento penal: sospechosos, condenados, víctimas y testigos
El art. 9 de la LO 7/2021 exige que el responsable del tratamiento distinga, en la medida de lo posible, entre los datos personales de las distintas categorías de interesados: las personas respecto de las que existan motivos fundados para presumir que han cometido o van a cometer una infracción penal (sospechosos o investigados); las personas condenadas o sancionadas; las víctimas de una infracción penal o las personas respecto de las que determinados hechos hagan pensar que podrían ser víctimas; y terceras personas involucradas, como los testigos, las personas que puedan proporcionar información o las que mantengan contacto o relación con las anteriores. La distinción es relevante porque cada categoría merece un tratamiento diferenciado y proporcionado, evitando equiparar los datos de un testigo con los de un condenado firme. Además, el art. 13 regula el tratamiento de categorías especiales de datos (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, salud, vida u orientación sexual), que solo es posible cuando sea estrictamente necesario, con las garantías adecuadas y si lo autoriza una norma de Derecho de la Unión o con rango de ley, protege intereses vitales o se refiere a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.
Las transferencias internacionales de datos con fines policiales
La LO 7/2021 regula en un capítulo propio las transferencias de datos personales tratados con fines penales a terceros países y organizaciones internacionales (régimen derivado de la Directiva 2016/680, distinto del de los arts. 44 y ss. RGPD). Como regla general, la transferencia exige que sea necesaria para los fines de la ley, que el destinatario sea una autoridad competente de un tercer país u organización internacional, y que se cumpla alguno de los siguientes presupuestos: que exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea; o, a falta de ella, que existan garantías apropiadas (instrumentos jurídicamente vinculantes o evaluación del responsable de que las hay); o, en su defecto, que concurra alguna excepción para situaciones específicas (protección de intereses vitales del interesado u otra persona, prevención de una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública de un Estado miembro o tercer país, casos concretos de investigación penal). Esto permite la cooperación con organismos como Interpol, Europol (régimen propio de la Unión) o las policías de terceros Estados sin renunciar a las garantías esenciales. Las transferencias dentro de la Unión no pueden tratarse de forma más restrictiva que las internas.
El régimen sancionador en materia de protección de datos
En el régimen general, el RGPD (art. 83) prevé multas de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio anual global del ejercicio anterior (art. 83.4: incumplimiento de obligaciones del responsable o encargado, seguridad, notificación de brechas, evaluaciones de impacto...) y de hasta 20 millones de euros o el 4 % (art. 83.5: vulneración de los principios básicos, de las condiciones del consentimiento, de los derechos de los interesados o de las normas sobre transferencias internacionales), en ambos casos la cuantía mayor. La LO 3/2018 clasifica las infracciones en muy graves (art. 72), graves (art. 73) y leves (art. 74), que prescriben a los tres años, dos años y un año respectivamente. Cuando los responsables son Administraciones Públicas y otras entidades del art. 77 LO 3/2018 (Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y local, organismos públicos, autoridades administrativas independientes, universidades públicas, etc.), la autoridad no impone multa, sino un apercibimiento y las medidas para que cese la conducta o se corrijan sus efectos, y se da traslado al órgano jerárquico para, en su caso, exigir responsabilidad disciplinaria. La LO 7/2021, por su parte, tiene un régimen sancionador propio: infracciones muy graves (art. 58), graves (art. 59) y leves (art. 60), con multas que van de 6.000 a 60.000 euros las leves, de 60.001 a 360.000 euros las graves y de 360.001 a 1.000.000 de euros las muy graves cuando el responsable no es uno de los del art. 77.1 LO 3/2018; en caso contrario, se impone igualmente apercibimiento. Las sanciones se regulan en el art. 62 y la prescripción en el art. 63. La competencia sancionadora corresponde a la AEPD y, en su ámbito, a las autoridades autonómicas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
RÉGIMEN DOBLE que no debe confundirse: LO 3/2018 + RGPD (tratamiento GENERAL, fines administrativos no penales) frente a LO 7/2021 (tratamiento por autoridades competentes con fines de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN y ENJUICIAMIENTO penal o ejecución de sanciones penales, incluida la seguridad pública). Se aplica según la FINALIDAD del tratamiento y la autoridad que lo realiza.
El RGPD (Reglamento UE 2016/679) es de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018; la LO 7/2021 transpone la DIRECTIVA (UE) 2016/680, que no es de aplicación directa. La LO 3/2018 derogó la LO 15/1999.
6 principios del art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad; más la responsabilidad proactiva (art. 5.2).
6 bases de licitud del art. 6 RGPD: consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público/poderes públicos e interés legítimo (esta última NO la pueden invocar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones).
Datos especialmente sensibles (art. 9 RGPD): origen étnico/racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos identificativos, salud y vida u orientación sexual. Tratamiento en principio PROHIBIDO salvo excepciones tasadas. Los datos penales tienen régimen propio (art. 10).
Edad de consentimiento del menor en España: 14 años (art. 7 LO 3/2018). Por debajo, consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela.
Derechos ARCO-POL: Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión (olvido), Oposición, Portabilidad y Limitación. Plazo de respuesta: 1 mes, prorrogable 2 meses más (art. 12.3 RGPD).
Portabilidad: solo si el tratamiento se basa en consentimiento o contrato Y es automatizado; en el ámbito policial/administrativo apenas se aplica.
Brechas de seguridad: notificación a la autoridad en 72 HORAS (art. 33 RGPD); comunicación a los interesados si hay alto riesgo (art. 34).
Multas RGPD: hasta 10 millones €/2 % (art. 83.4) o 20 millones €/4 % (art. 83.5) del volumen de negocio mundial, la cifra mayor. A las Administraciones Públicas la LO 3/2018 (art. 77) solo impone APERCIBIMIENTO y medidas correctoras, no multa.
AEPD: autoridad administrativa independiente, Estatuto aprobado por RD 389/2021; se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Existen autoridades autonómicas (Cataluña, País Vasco y Andalucía).
DPD: obligatorio para autoridades y organismos públicos (art. 37.1.a RGPD, salvo tribunales en función judicial) y para los supuestos del art. 34 LO 3/2018; independiente y sin recibir instrucciones sobre sus funciones. En la LO 7/2021 es obligatorio salvo órganos judiciales y Fiscal en función jurisdiccional.
Título X LO 3/2018 (arts. 79-97): derechos digitales; neutralidad (art. 80), acceso universal (81), seguridad digital (82), educación digital (83), menores (84), rectificación (85), desconexión digital (88), olvido en buscadores (93) y redes (94), portabilidad en redes (95) y testamento digital (96).
Testamento digital (art. 96): familiares, herederos, albacea o designados pueden acceder a los contenidos del fallecido, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley; esa prohibición no afecta a los contenidos patrimoniales.
LO 7/2021: autoridades competentes (FCS, jueces penales y Fiscal, Administraciones Penitenciarias, Vigilancia Aduanera, SEPBLAC y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo). Art. 6 principios, art. 8 conservación (plazo máximo general de 20 años), art. 9 categorías de interesados, art. 11 licitud, art. 13 categorías especiales.
La LO 7/2021 exige distinguir CATEGORÍAS de interesados (sospechosos/investigados, condenados, víctimas y terceros como testigos), con tratamiento diferenciado y proporcionado.
Sanciones LO 7/2021: leves 6.000-60.000 €, graves 60.001-360.000 €, muy graves 360.001-1.000.000 € (arts. 58-60); sanciones art. 62; prescripción art. 63. A las entidades del art. 77.1 LO 3/2018 se les aplica apercibimiento.
Los derechos en el ámbito penal pueden limitarse si es necesario y proporcionado para no perjudicar la investigación; si los datos constan en procedimientos penales, el ejercicio se rige por la normativa procesal.
Transferencias internacionales: RGPD (arts. 44-50): adecuación, garantías adecuadas y excepciones; DPF UE-EE. UU. desde el 10 de julio de 2023, validado por el Tribunal General el 3 de septiembre de 2025. En el ámbito penal rige un sistema propio con la misma lógica (adecuación, garantías, excepciones).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál de las siguientes NO es una base de licitud del tratamiento del art. 6 del RGPD?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 26 de Policía Nacional?
Este tema cierra el bloque A de Ciencias Jurídicas con una materia de aplicación práctica muy directa para un policía: el tratamiento de datos personales admite dos regímenes jurídicos claramente diferenciados que no deben confundirse. El régimen general del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 rige el tratamiento ordinario de datos por cualquier entidad pública o privada; pero cuando la Policía Nacional (como autoridad competente) trata datos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, se aplica un régimen específico, la Ley Orgánica 7/2021, que transpone la Directiva (UE) 2016/680 y tiene sus propios principios, su propia clasificación de interesados y sus propias reglas sobre conservación, derechos y sanciones. El tema debe estudiarse así: (1) fuentes y ámbito de cada norma; (2) conceptos, principios y bases de legitimación del RGPD; (3) derechos de las personas; (4) responsable, encargado, delegado de protección de datos, seguridad y brechas; (5) transferencias internacionales; (6) autoridades de control y sanciones; (7) derechos digitales del Título X de la LO 3/2018; y (8) el régimen penal-policial de la LO 7/2021.
¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?
RÉGIMEN DOBLE que no debe confundirse: LO 3/2018 + RGPD (tratamiento GENERAL, fines administrativos no penales) frente a LO 7/2021 (tratamiento por autoridades competentes con fines de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN y ENJUICIAMIENTO penal o ejecución de sanciones penales, incluida la seguridad pública). Se aplica según la FINALIDAD del tratamiento y la autoridad que lo realiza. El RGPD (Reglamento UE 2016/679) es de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018; la LO 7/2021 transpone la DIRECTIVA (UE) 2016/680, que no es de aplicación directa. La LO 3/2018 derogó la LO 15/1999. 6 principios del art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad; más la responsabilidad proactiva (art. 5.2). 6 bases de licitud del art. 6 RGPD: consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público/poderes públicos e interés legítimo (esta última NO la pueden invocar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones). Datos especialmente sensibles (art. 9 RGPD): origen étnico/racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos identificativos, salud y vida u orientación sexual. Tratamiento en principio PROHIBIDO salvo excepciones tasadas. Los datos penales tienen régimen propio (art. 10). Edad de consentimiento del menor en España: 14 años (art. 7 LO 3/2018). Por debajo, consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela. Derechos ARCO-POL: Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión (olvido), Oposición, Portabilidad y Limitación. Plazo de respuesta: 1 mes, prorrogable 2 meses más (art. 12.3 RGPD). Portabilidad: solo si el tratamiento se basa en consentimiento o contrato Y es automatizado; en el ámbito policial/administrativo apenas se aplica. Brechas de seguridad: notificación a la autoridad en 72 HORAS (art. 33 RGPD); comunicación a los interesados si hay alto riesgo (art. 34). Multas RGPD: hasta 10 millones €/2 % (art. 83.4) o 20 millones €/4 % (art. 83.5) del volumen de negocio mundial, la cifra mayor. A las Administraciones Públicas la LO 3/2018 (art. 77) solo impone APERCIBIMIENTO y medidas correctoras, no multa. AEPD: autoridad administrativa independiente, Estatuto aprobado por RD 389/2021; se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Existen autoridades autonómicas (Cataluña, País Vasco y Andalucía). DPD: obligatorio para autoridades y organismos públicos (art. 37.1.a RGPD, salvo tribunales en función judicial) y para los supuestos del art. 34 LO 3/2018; independiente y sin recibir instrucciones sobre sus funciones. En la LO 7/2021 es obligatorio salvo órganos judiciales y Fiscal en función jurisdiccional. Título X LO 3/2018 (arts. 79-97): derechos digitales; neutralidad (art. 80), acceso universal (81), seguridad digital (82), educación digital (83), menores (84), rectificación (85), desconexión digital (88), olvido en buscadores (93) y redes (94), portabilidad en redes (95) y testamento digital (96). Testamento digital (art. 96): familiares, herederos, albacea o designados pueden acceder a los contenidos del fallecido, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley; esa prohibición no afecta a los contenidos patrimoniales. LO 7/2021: autoridades competentes (FCS, jueces penales y Fiscal, Administraciones Penitenciarias, Vigilancia Aduanera, SEPBLAC y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo). Art. 6 principios, art. 8 conservación (plazo máximo general de 20 años), art. 9 categorías de interesados, art. 11 licitud, art. 13 categorías especiales. La LO 7/2021 exige distinguir CATEGORÍAS de interesados (sospechosos/investigados, condenados, víctimas y terceros como testigos), con tratamiento diferenciado y proporcionado. Sanciones LO 7/2021: leves 6.000-60.000 €, graves 60.001-360.000 €, muy graves 360.001-1.000.000 € (arts. 58-60); sanciones art. 62; prescripción art. 63. A las entidades del art. 77.1 LO 3/2018 se les aplica apercibimiento. Los derechos en el ámbito penal pueden limitarse si es necesario y proporcionado para no perjudicar la investigación; si los datos constan en procedimientos penales, el ejercicio se rige por la normativa procesal. Transferencias internacionales: RGPD (arts. 44-50): adecuación, garantías adecuadas y excepciones; DPF UE-EE. UU. desde el 10 de julio de 2023, validado por el Tribunal General el 3 de septiembre de 2025. En el ámbito penal rige un sistema propio con la misma lógica (adecuación, garantías, excepciones).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673).
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (BOE-A-2021-8806).
Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta (neutralidad de la red).
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.