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Tema 16. Derecho Penal Parte General: concepto. Principios informadores del Derecho Penal. La infracción penal. Concepto material de delito. Grados de ejecución del delito. Personas físicas y jurídicas criminalmente responsables. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal. La edad penal y sus efectos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

Este tema abre el bloque de Derecho Penal con su Parte General, regulada en el Libro I de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP): los principios que legitiman y limitan el ius puniendi del Estado, la estructura del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), los grados de ejecución (desde los actos preparatorios hasta la consumación), la responsabilidad de personas físicas y jurídicas, el sistema de penas y medidas de seguridad, los límites temporales y espaciales de aplicación de la ley penal, la edad penal y las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (eximentes, atenuantes, agravantes y la circunstancia mixta de parentesco). Es la base teórica imprescindible para entender los temas de Parte Especial que siguen. Novedad reciente: la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, modifica entre otros los arts. 22, 66 y 80 CP (reincidencia y multirreincidencia).

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Concepto de Derecho Penal

El Derecho Penal es la rama del Derecho público que define determinadas conductas como delitos, estableciendo las penas o medidas de seguridad que corresponden a quienes las cometen, con la finalidad última de proteger los bienes jurídicos más importantes para la convivencia social (la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad colectiva) frente a los ataques más graves que puedan sufrir. Se distingue de las demás ramas del ordenamiento por recurrir a la sanción más grave que puede imponer el Estado a sus ciudadanos (la privación de libertad, entre otras), lo que justifica que su aplicación esté rodeada de garantías reforzadas (principio de legalidad, de intervención mínima, de proporcionalidad) y que se configure como un Derecho de última ratio, esto es, aplicable solo cuando otras ramas del ordenamiento (civil, administrativo) resultan insuficientes para proteger adecuadamente el bien jurídico en cuestión. Conviene distinguir el Derecho penal objetivo (ius poenale: conjunto de normas que definen delitos y señalan penas) del Derecho penal subjetivo (ius puniendi: potestad del Estado de castigar, que solo puede ejercerse dentro de los límites constitucionales y legales). El Derecho Penal se divide en Parte General (teoría de la ley penal, del delito, de la pena y de las medidas de seguridad: Libro I del CP, arts. 1 a 137) y Parte Especial (los delitos y sus penas en concreto: Libro II, arts. 138 y siguientes). La competencia legislativa en materia penal es exclusiva del Estado (art. 149.1.6.ª CE) y las leyes penales tienen siempre rango de ley orgánica (art. 81 CE, por afectar a derechos fundamentales como la libertad), de modo que el Código Penal es una ley orgánica y no cabe regular delitos ni penas mediante decreto-ley ni reglamento.

Principio de legalidad penal (art. 25.1 CE y arts. 1-4 CP)

El principio de legalidad penal, consagrado en el art. 25.1 de la Constitución (nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento) y desarrollado en los arts. 1 a 4 del Código Penal, exige que toda conducta delictiva y su correspondiente pena estén previamente establecidas por una ley (nullum crimen, nulla poena sine lege), excluyendo la posibilidad de castigar por analogía conductas no expresamente tipificadas, o de imponer penas no previstas legalmente. Este principio se desdobla en cuatro garantías: la garantía criminal (art. 1.1 CP: no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración; solo la ley puede definir delitos), la garantía penal (art. 2.1 CP: no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración; solo la ley puede establecer penas), la garantía jurisdiccional o procesal (art. 3.1 CP: no se podrá ejecutar pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales) y la garantía de ejecución (art. 3.2 CP: tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto). El art. 1.2 CP extiende la reserva de ley a las medidas de seguridad: solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley. El art. 4.1 CP proclama que las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Respecto de la reserva de ley, rige la reserva de ley orgánica (art. 81 CE), y sobre la remisión a normas reglamentarias en las llamadas leyes penales en blanco, el Tribunal Constitucional exige que la ley contenga el núcleo esencial de la prohibición y la pena (STC 127/1990).

Principio de tipicidad

El principio de tipicidad, estrechamente vinculado al de legalidad, exige que la descripción de la conducta prohibida (el tipo penal) sea precisa, clara y determinada, evitando fórmulas vagas o excesivamente abiertas que dejen a la discrecionalidad del intérprete la determinación de qué conductas concretas resultan punibles (exigencia de lex certa o mandato de determinación o taxatividad). Este principio proscribe también la aplicación analógica del Derecho Penal en perjuicio del reo (analogía in malam partem), esto es, la extensión de un tipo penal a supuestos no expresamente comprendidos en su tenor literal por simple similitud con la conducta sí tipificada, sin perjuicio de que sí se admita la analogía en beneficio del reo (por ejemplo, para apreciar una atenuante por analogía, conforme permite el art. 21.7.ª CP: cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores). Cuatro exigencias acompañan a la legalidad: ley escrita (lex scripta: excluye la costumbre como fuente de delitos y penas), ley previa (lex praevia: irretroactividad), ley cierta (lex certa: taxatividad) y ley estricta (lex stricta: prohibición de analogía). Los tipos pueden ser de resultado o de mera actividad, de acción u omisión (propia o de comisión por omisión, art. 11 CP), comunes o especiales (solo realizables por quien reúne una cualidad, como los delitos de funcionarios) y de lesión o de peligro.

Principio de culpabilidad

El principio de culpabilidad exige que la responsabilidad penal solo pueda exigirse a quien ha actuado con dolo o imprudencia (nunca por el mero resultado producido, con independencia de la intención o diligencia del sujeto, lo que proscribe la llamada responsabilidad objetiva o «por el resultado»), y que la pena impuesta sea proporcional al grado de culpabilidad del autor, esto es, al reproche personal que puede dirigírsele por haber podido actuar conforme a Derecho y no haberlo hecho. Este principio exige también que el sujeto tenga capacidad de culpabilidad (imputabilidad), lo que excluye la responsabilidad penal, o la atenúa, en supuestos de anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena, o alteración en la percepción, tal como recogen las eximentes y atenuantes correspondientes de los arts. 20 y 21 del Código Penal, así como en el caso de los menores de edad, sujetos a un régimen especial de responsabilidad penal. El art. 5 CP lo recoge expresamente: no hay pena sin dolo o imprudencia. De él se derivan el principio de personalidad de las penas (solo responde el autor y partícipes por su propio hecho, nunca por hechos ajenos), el de responsabilidad por el hecho (se castigan hechos, no formas de ser: Derecho penal de acto, no de autor) y la exigencia de culpabilidad individual. Existen, no obstante, casos de agravación por el resultado no abarcado por el dolo regulados de forma restringida (art. 77 y delitos cualificados por el resultado), que la doctrina somete a la exigencia de imprudencia respecto del resultado más grave.

Principio de proporcionalidad de las penas

El principio de proporcionalidad exige que exista una correspondencia adecuada entre la gravedad del delito cometido (en función del bien jurídico afectado y de la intensidad de su lesión o puesta en peligro) y la gravedad de la pena impuesta, de modo que el legislador, al fijar el marco penal abstracto de cada delito, y el juez, al concretar la pena aplicable dentro de dicho marco en el caso concreto, deben respetar esta correspondencia, evitando tanto penas manifiestamente excesivas para la gravedad del hecho como, en sentido contrario, penas insuficientes que no cumplan adecuadamente la función retributiva y preventiva que se les atribuye. Este principio se proyecta también sobre el sistema de graduación de las penas en función de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (atenuantes y agravantes) y de los grados de ejecución y de participación en el delito, que permiten individualizar la pena al caso concreto. Se descompone en tres juicios: idoneidad (la pena es apta para el fin de protección), necesidad (no existe medio menos gravoso igualmente eficaz) y proporcionalidad en sentido estricto (equilibrio entre la carga que supone la pena y el bien protegido). Se relaciona con el art. 25.2 CE: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Principio de intervención mínima

El principio de intervención mínima (o de ultima ratio) postula que el Derecho Penal, por ser la rama del ordenamiento que dispone de las sanciones más gravosas (privación de libertad, entre otras), debe reservarse para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves, debiendo recurrirse a otras ramas del Derecho (civil, administrativo) para la protección jurídica de bienes de menor entidad o frente a ataques de menor gravedad, cuando estas resulten suficientes para cumplir esa función protectora. Este principio se manifiesta en dos vertientes: el carácter fragmentario del Derecho Penal (no protege todos los bienes jurídicos, sino solo los más importantes, y frente a las formas de ataque más graves) y su carácter subsidiario (solo interviene cuando el resto del ordenamiento jurídico resulta insuficiente para la protección del bien jurídico de que se trate). Tiene como corolario el principio de lesividad o exclusiva protección de bienes jurídicos (no hay delito sin lesión o puesta en peligro de un bien jurídico) y es la razón por la que la LO 1/2015 suprimió las faltas, trasladando muchas de ellas al Derecho administrativo sancionador.

Principio non bis in idem

El principio non bis in idem, de creación jurisprudencial (derivado del principio de legalidad del art. 25.1 CE, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, desde la STC 2/1981), prohíbe sancionar dos veces unos mismos hechos cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, evitando así el doble castigo por una misma conducta. Este principio tiene tanto una vertiente material o sustantiva (prohibición de imponer una doble sanción, penal o administrativa, por los mismos hechos) como una vertiente procesal (prohibición de doble enjuiciamiento por los mismos hechos, salvo excepciones tasadas), y es de especial relevancia práctica en el ámbito administrativo sancionador, donde exige suspender la tramitación de un procedimiento sancionador administrativo mientras se sustancia un proceso penal por los mismos hechos, dando preferencia a la jurisdicción penal (art. 77.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común). Una manifestación penal propia es la regla del art. 8 CP (concurso de normas): los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los arts. 73 a 77, se castigarán observando las reglas de especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad. Es concurso de delitos (arts. 73 a 77) cuando uno o varios hechos infringen varios preceptos y son compatibles: concurso real (varias acciones, varios delitos: se acumulan las penas con los límites del art. 76), concurso ideal (un solo hecho constituye dos o más infracciones, o una es medio necesario para cometer otra: se aplica la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, art. 77) y delito continuado (art. 74).

Irretroactividad de las normas penales desfavorables y retroactividad de las favorables

El art. 25.1 CE, el art. 9.3 CE (irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales) y el art. 2 del Código Penal consagran el principio de irretroactividad de las leyes penales, en el sentido de que no serán castigados los hechos que en el momento de producirse no constituían delito según la legislación vigente en aquel momento, ni podrá aplicarse una ley penal posterior más gravosa a hechos cometidos antes de su entrada en vigor. Sin embargo, el propio art. 2.2 del Código Penal establece la excepción de la retroactividad de las disposiciones penales favorables al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena, debiendo el Juez o Tribunal sentenciador revisar la sentencia y modificarla en lo que proceda para adaptarla a la nueva ley más favorable. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo (art. 2.2 CP). Por el contrario, el art. 2.1 CP dispone que carecen de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. El art. 2.3 CP añade que los hechos cometidos durante la vigencia de una ley temporal serán juzgados conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario (ultraactividad de las leyes temporales).

Concepto de infracción penal: los delitos (art. 10 CP)

El art. 10 del Código Penal define los delitos como las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. La Ley Orgánica 1/2015 suprimió la anterior categoría de las faltas (infracciones penales de menor gravedad), reconduciendo la mayoría de las conductas que antes se calificaban como faltas al ámbito del Derecho administrativo sancionador (fundamentalmente, a través de la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana) o a los nuevos delitos leves, y reservando exclusivamente la denominación de «delito» para las infracciones penales. Esta reforma de 2015 explica por qué el examen actual no distingue entre delitos y faltas, sino entre tres clases de delitos según su gravedad (art. 13 CP). La infracción penal admite dos modalidades de comisión: por acción y por omisión. La omisión puede ser propia (el tipo describe directamente el no hacer, como la omisión del deber de socorro, art. 195 CP) o impropia o comisión por omisión (art. 11 CP): los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del resultado equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación, y exista una específica obligación legal o contractual de actuar o el omitente haya creado una ocasión de riesgo (posición de garante).

Concepto material y concepto formal de delito

El concepto formal de delito es el que ofrece el propio art. 10 del Código Penal: toda acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley, esto es, un concepto puramente positivista que remite a lo que en cada momento el legislador decide tipificar como delito. El concepto material de delito, de elaboración doctrinal, busca en cambio identificar qué características sustantivas debe reunir una conducta para que resulte legítimo que el legislador la castigue penalmente, y se define habitualmente como toda conducta humana, típica, antijurídica y culpable, lesiva o peligrosa para un bien jurídico digno de la máxima protección del ordenamiento, que no pueda ser adecuadamente protegido por otras ramas del Derecho menos gravosas (en aplicación del principio de intervención mínima), constituyendo así un límite material a la potestad punitiva del Estado, más allá de la mera legalidad formal. Se llama concepto dogmático o analítico al que descompone el delito en categorías sucesivas (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), y a algunas legislaciones y sectores doctrinales añaden la punibilidad (condiciones objetivas de punibilidad y excusas absolutorias) como elemento adicional.

Clasificación de los delitos: graves, menos graves y leves (art. 13 CP)

El art. 13 del Código Penal clasifica los delitos, en función de la naturaleza y la duración de la pena que llevan aparejada, en tres categorías. Son delitos graves los castigados con pena grave (art. 33.2 CP: entre otras, la prisión permanente revisable, la prisión superior a cinco años, la inhabilitación absoluta, las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años, la suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por más de ocho años, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por más de cinco años y las prohibiciones de aproximarse o comunicarse con la víctima por más de cinco años). Son delitos menos graves los castigados con pena menos grave (art. 33.3 CP: entre otras, la prisión de tres meses hasta cinco años, la multa de más de tres meses, las inhabilitaciones de hasta cinco años y los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año). Y son delitos leves los castigados con pena leve (art. 33.4 CP: privación del derecho a conducir de tres meses a un año, multa de hasta tres meses, localización permanente de hasta tres meses y trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días). Cuando la pena, por su extensión, pudiera incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considerará, en todo caso, como grave; y cuando pudiera incluirse a la vez entre las menos graves y las leves, se considerará, en todo caso, como leve (art. 13.4 CP). La clasificación tiene efectos en la prescripción (art. 131), la competencia y el procedimiento, la tentativa y el régimen de suspensión de la pena, entre otros. Esquema de memoria: grave = más de 5 años de prisión; menos grave = de 3 meses a 5 años de prisión; leve = pena de multa de hasta 3 meses, entre otras.

Elementos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad

La dogmática penal moderna analiza el delito a través de una estructura escalonada de elementos, cuya concurrencia conjunta es necesaria para afirmar la existencia de responsabilidad penal. La acción (o conducta humana, que puede ser activa u omisiva) es el sustrato fáctico sobre el que se proyecta el análisis penal, excluyéndose del ámbito penal los meros pensamientos no exteriorizados, los actos reflejos, la fuerza irresistible y los estados de inconsciencia, así como los actos de personas jurídicas sin mediación humana (aunque existan excepciones para la responsabilidad penal de personas jurídicas). La tipicidad es la adecuación de esa conducta a la descripción abstracta contenida en un tipo penal concreto; su ausencia (atipicidad) excluye el delito. La antijuridicidad es la contradicción de esa conducta típica con el ordenamiento jurídico en su conjunto, que se excluye cuando concurre una causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo). Y la culpabilidad es el reproche personal que cabe dirigir al autor por haber podido actuar de otro modo conforme a Derecho; se excluye por las causas de inimputabilidad (anomalía psíquica, intoxicación plena, alteraciones de la percepción, minoría de edad) y por las causas de inculpabilidad o exculpación (miedo insuperable, error de prohibición invencible). Tabla de memoria: la ausencia de acción, tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad excluye el delito en cada nivel; la ausencia de punibilidad (excusas absolutorias, como el desistimiento o los parentescos del art. 268 CP en delitos patrimoniales sin violencia) solo excluye la pena.

El dolo, la imprudencia y el error (arts. 5, 12 y 14 CP)

El art. 5 del Código Penal proclama que no hay pena sin dolo o imprudencia, exigiendo la concurrencia de alguno de estos dos elementos subjetivos para poder imputar responsabilidad penal a una conducta típica y antijurídica. El dolo consiste en la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal, distinguiéndose habitualmente entre dolo directo de primer grado (el resultado es precisamente lo que el autor persigue), dolo directo de segundo grado (el resultado es una consecuencia necesaria de la acción, aunque no sea el fin perseguido) y dolo eventual (el autor se representa el resultado como probable y, pese a ello, acepta o asume el riesgo de que se produzca). La imprudencia consiste en la infracción del deber objetivo de cuidado exigible, produciendo un resultado típico que el autor no quería pero que era previsible y evitable si hubiera actuado con la diligencia debida. Según el art. 12 CP, las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley (sistema de numerus clausus de delitos imprudentes). La ley distingue, en los tipos concretos, entre imprudencia grave y menos grave (la mera imprudencia leve no es delito). Respecto del error (art. 14 CP): el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal; si el error fuere vencible, la infracción se castigará, en su caso, como imprudente. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal (error de prohibición); si fuere vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación.

Grados de ejecución del delito: iter criminis y actos preparatorios punibles (conspiración, proposición y provocación)

El iter criminis recorre varias fases: ideación (impune), actos preparatorios, ejecución (tentativa) y consumación, y, tras ella, el agotamiento. Según el art. 15 CP, son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. El Código Penal castiga, excepcionalmente y solo cuando así se prevea expresamente para un delito concreto (art. 17.3 y 18.2 CP), determinados actos preparatorios anteriores al inicio de la propia ejecución del delito. La conspiración (art. 17.1 CP) existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición (art. 17.2 CP) existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. Y la provocación (art. 18.1 CP) existe cuando directamente se incita, por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito; si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Es apología la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor, y solo se castigará como provocación si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito (art. 18.1, párrafo segundo). La conspiración y la proposición se castigan con la pena inferior en uno o dos grados al delito correspondiente (art. 17.3 y 62 CP, en los términos de cada precepto); la provocación, con la pena inferior en uno o dos grados salvo previsión específica. Ejemplos de previsión expresa: art. 141 (homicidio y asesinato), 373 (tráfico de drogas), 579 (terrorismo).

La tentativa (art. 16 CP)

El art. 16.1 del Código Penal define la tentativa como aquella en que el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. La tentativa se castiga con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado (art. 62 CP). Se distingue doctrinalmente entre tentativa inacabada (el sujeto no llega a realizar todos los actos de ejecución necesarios) y tentativa acabada o delito frustrado (realiza todos los actos de ejecución, pero el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad, como cuando el agente realiza la acción lesiva pero la víctima sobrevive por la rápida intervención médica). Se discute la tentativa inidónea o imposible (medio inadecuado o inexistencia del objeto), cuya punibilidad se admite si el medio es abstractamente peligroso. No cabe tentativa en los delitos imprudentes, ni en los de mera omisión ni en los de peligro abstracto cuya consumación se agota con la acción.

El delito consumado

El delito consumado es aquel en el que se han realizado la totalidad de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal correspondiente, produciéndose íntegramente el resultado (en los delitos de resultado) o completándose la acción típica descrita (en los delitos de mera actividad, que no exigen un resultado material separado de la propia conducta). Frente a la tentativa (ejecución incompleta o resultado no producido por causas ajenas a la voluntad del autor), la consumación marca el momento de plena realización del tipo penal, y determina, entre otras consecuencias, el inicio del cómputo del plazo de prescripción del delito (art. 132 CP), así como la aplicación de la pena en toda su extensión, sin la reducción que corresponde a los grados imperfectos de ejecución (tentativa) o a los actos preparatorios punibles. Se distingue la consumación del agotamiento (el autor logra el fin ulterior perseguido, que ya es posterior a la consumación).

El desistimiento voluntario

El art. 16.2 del Código Penal exime de responsabilidad penal por el delito intentado a quien evita voluntariamente la consumación del delito, ya desistiendo de la ejecución ya comenzada, ya impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por los actos ejecutados, si estos fueren ya constitutivos de otro delito (por ejemplo, quien desiste de la agresión tras haber ya causado una lesión, responde igualmente del delito de lesiones efectivamente consumado, aunque quede exento de responsabilidad por la tentativa del delito más grave). Este beneficio del desistimiento voluntario, que según la doctrina mayoritaria constituye una excusa absolutoria o causa personal de exclusión de la pena (no una causa de justificación ni de exculpación), se fundamenta en razones de política criminal: incentivar que el propio autor evite la producción del resultado más grave. Cuando en el hecho participen diversos sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal por el delito intentado quienes desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ya ejecutados (art. 16.3 CP). El desistimiento ha de ser voluntario (puede ser por motivos éticos o de mera conveniencia, pero no forzado por circunstancias externas que impidan continuar) y se produce antes de la consumación (en la tentativa inacabada basta con no continuar; en la acabada es necesario un comportamiento activo que impida el resultado).

Personas físicas criminalmente responsables: autores y cómplices (arts. 27 a 30 CP)

Según el art. 27 CP, son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. La ley distingue, dentro de las personas físicas que intervienen en la comisión de un delito, entre autores y partícipes, en función de la relevancia de su aportación al hecho delictivo. Los autores son quienes realizan el hecho típico, ya sea directamente, ya sea a través de otro del que se sirven como instrumento, o conjuntamente con otros. Los partícipes son quienes, sin realizar propiamente el hecho típico, contribuyen de forma relevante a su comisión: inductores, cooperadores necesarios (ambos considerados autores a efectos de pena) y cómplices. Esta distinción resulta relevante a efectos de determinar la pena aplicable a cada interviniente, siendo la de los autores y la de los inductores y cooperadores necesarios más grave que la de los meros cómplices. Reglas complementarias: el art. 30 CP regula la responsabilidad en cascada en los delitos cometidos utilizando medios o soportes de difusión mecánicos (autores, directores, editores, impresores) con exclusión de los demás responsables; el art. 31 CP establece la actuación en nombre de otro (quien actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro responde personalmente aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que el tipo exige para ser sujeto activo); y el art. 65 CP regula la comunicabilidad o no de las circunstancias personales (agravantes o atenuantes que consistan en disposición moral del delincuente o en sus relaciones particulares solo se aplican a quienes concurran, mientras que las de carácter material se aplican a todos los que hubieren tenido conocimiento de ellas).

La autoría: autor directo, coautor y autor mediato (art. 28 CP)

El art. 28 del Código Penal, tras definir en su primer párrafo a los autores como quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento, distingue tres modalidades de autoría. El autor directo o inmediato es quien ejecuta personalmente todos los elementos del tipo penal. El coautor es quien realiza el hecho conjuntamente con otro u otros, mediando entre ellos un acuerdo previo (aunque sea tácito o sobrevenido) y un reparto de tareas o funciones esenciales para la ejecución del delito, respondiendo cada coautor de la totalidad del hecho conforme al principio de imputación recíproca. El autor mediato es quien realiza el hecho valiéndose de otra persona como instrumento (por ejemplo, un inimputable, o alguien engañado o coaccionado), que actúa sin la libertad o el conocimiento suficiente para ser considerado autor responsable del hecho, recayendo la responsabilidad penal exclusivamente en quien domina la voluntad del ejecutor material. Para los delitos especiales propios, solo puede ser autor quien reúne la cualidad exigida por el tipo (por ejemplo, autoridad o funcionario público), aunque el extraneus puede responder como partícipe.

La participación: inductores, cooperadores necesarios y cómplices (arts. 28-29 y 63 CP)

El art. 28, párrafo segundo, del Código Penal considera también autores a dos categorías de partícipes, a los que equipara a efectos de pena: los inductores, que son quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho delictivo, creando en ellos la resolución criminal que antes no tenían; y los cooperadores necesarios, que son quienes cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se habría efectuado (aportación esencial e insustituible para la comisión del delito, aunque no realicen propiamente el tipo penal). El art. 29 CP define a los cómplices como quienes, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, y el art. 63 CP les impone la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito, reflejando así la menor entidad de su aportación causal al hecho delictivo respecto de la de los cooperadores necesarios. El encubrimiento no es hoy forma de participación: el CP de 1995 lo tipifica como delito autónomo (art. 451 CP, contra la Administración de Justicia). La inducción exige que sea directa (a persona determinada y para un delito determinado), eficaz (el inducido debe comenzar la ejecución, al menos en grado de tentativa) y dolosa (el inductor quiere el hecho y su consumación). La participación es accesoria del hecho principal: sin comienzo de ejecución del hecho por el autor, la inducción o la cooperación no son punibles salvo previsión específica de actos preparatorios.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 31 bis a 31 quinquies y 33.7 CP)

El art. 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010 y reformado posteriormente por la Ley Orgánica 1/2015, establece un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los supuestos expresamente previstos por el propio Código Penal (no en todos los delitos, sino solo en aquellos en que expresamente se contempla esta posibilidad, como los delitos contra la Hacienda Pública, contra el medio ambiente, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias o cohecho, estafa, descubrimiento y revelación de secretos o delitos contra la propiedad intelectual e industrial, entre otros: sistema de numerus clausus). Esta responsabilidad se exige en dos supuestos: a) por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma; y b) por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de los anteriores, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso. La persona jurídica queda exenta si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza (compliance), supervisado por un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control. Quedan excluidos del régimen el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público y las que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o de control (art. 31 quinquies CP), aunque sí pueden responder los partidos políticos y sindicatos. Las penas aplicables a las personas jurídicas son todas graves (art. 33.7 CP): multa por cuotas o proporcional, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años, clausura de locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, e intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario, que no podrá exceder de cinco años. La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la de la persona física (art. 31 ter), sin perjuicio de que esta última pueda ser también responsable.

Las consecuencias jurídicas del delito: penas, medidas de seguridad y responsabilidad civil

El Código Penal español articula un sistema dualista de consecuencias jurídicas del delito, distinguiendo entre penas y medidas de seguridad. Las penas se fundamentan en la culpabilidad del sujeto (su capacidad de haber actuado de otro modo) y cumplen funciones tanto retributivas como preventivas, generales (disuasión de la colectividad) y especiales (reinserción del penado, conforme al art. 25.2 CE). Las medidas de seguridad, en cambio, se fundamentan no en la culpabilidad sino en la peligrosidad criminal del sujeto, y se aplican a quienes, tras la comisión de un hecho previsto como delito, resultan exentos de responsabilidad criminal (o con esta atenuada) por concurrir alguna de las eximentes relacionadas con la imputabilidad (anomalía psíquica, intoxicación plena, alteración de la percepción), cuando se aprecie en ellos la referida peligrosidad, orientándose fundamentalmente a la curación, tratamiento o custodia del sujeto. Junto a ellas existen otras consecuencias accesorias: el comiso (arts. 127 y siguientes: pérdida de los efectos, instrumentos y ganancias del delito), las consecuencias accesorias aplicables a entes sin personalidad jurídica (art. 129) y la responsabilidad civil derivada del delito (arts. 109 a 126: restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios; toda persona criminalmente responsable lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios).

Clases de penas: privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa (arts. 32 a 50 CP)

El art. 32 del Código Penal clasifica las penas, bien con carácter principal bien como accesorias, en tres grandes categorías (privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa), siendo el art. 33 CP el que las agrupa según su gravedad (graves, menos graves y leves) y los arts. 35 y siguientes los que desarrollan su contenido. Las penas privativas de libertad (art. 35) comprenden la prisión (cuya duración con carácter general es de tres meses a veinte años, art. 36, sin perjuicio de los límites de cumplimiento del art. 76: veinte años, que pueden ser veinticinco, treinta o cuarenta en los supuestos especialmente graves o de terrorismo), la prisión permanente revisable, la localización permanente (art. 37: duración de hasta seis meses) y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Las penas privativas de otros derechos (art. 39) comprenden la inhabilitación absoluta, las inhabilitaciones especiales (para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio u otro derecho), la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la prohibición de aproximarse a la víctima o a otros familiares, la prohibición de comunicarse con ellos, los trabajos en beneficio de la comunidad (art. 40.4: de un día a un año) y la privación de la patria potestad. La pena de multa consiste en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria, que se impone por el sistema de días-multa (art. 50: duración mínima de diez días y máxima de dos años; cuota diaria de dos a cuatrocientos euros, fijada según la situación económica del penado) o de multa proporcional (en función del beneficio obtenido con el delito, del daño causado o del valor del objeto del delito). El impago de la multa conlleva responsabilidad personal subsidiaria (un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, art. 53). Penas accesorias (arts. 54 a 57): las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, suspensión de empleo o cargo público, etc.

La prisión permanente revisable

La prisión permanente revisable, introducida en el ordenamiento español por la Ley Orgánica 1/2015, es una pena privativa de libertad de duración indeterminada, reservada a los delitos de extrema gravedad expresamente tasados por el Código Penal (determinados supuestos de asesinato especialmente grave, art. 140; homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, art. 485.1; genocidio con muerte, art. 607; crímenes de lesa humanidad con muerte, art. 607 bis; delitos de terrorismo con resultado de muerte, art. 573 bis, entre otros). Su cumplimiento efectivo está sujeto a un régimen de revisión: transcurrido un plazo mínimo de cumplimiento (con carácter general veinticinco años, aunque los plazos pueden ser superiores en determinados supuestos de concurso de delitos y de terrorismo, art. 78 bis), el tribunal debe revisar la situación personal del penado para determinar si procede suspender la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional, en función de un pronóstico favorable de reinserción social (art. 92), con un periodo de suspensión de cinco a diez años. Se distingue así de una cadena perpetua en sentido estricto, lo que ha permitido al Tribunal Constitucional declarar su compatibilidad con el mandato de reinserción del art. 25.2 CE (STC 169/2021, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad). El acceso al tercer grado exige un cumplimiento mínimo mayor que el de la prisión ordinaria (art. 36.1), siendo los permisos de salida sometidos también a plazos mínimos específicos.

Las medidas de seguridad: presupuestos y clases (arts. 6 y 95 a 108 CP)

El art. 6 del Código Penal establece los presupuestos para imponer una medida de seguridad. Según el art. 95, las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previo el procedimiento legal, siempre que concurran: 1.º que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito (presupuesto objetivo); y 2.º que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos (peligrosidad criminal, presupuesto subjetivo). Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor (art. 6.2 CP), y se clasifican en privativas de libertad (internamiento en centro psiquiátrico, de deshabituación o educativo especial) y no privativas de libertad (inhabilitación profesional, expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente, libertad vigilada, custodia familiar, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, privación del derecho a la tenencia y porte de armas, entre otras; art. 96 CP). El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable (art. 101). Son aplicables a los declarados exentos (art. 20.1.º, 2.º y 3.º) o semiimputables (eximentes incompletas), con sistema vicarial: cuando concurran pena y medida, se cumple primero la medida y su tiempo se abona en la pena (art. 99).

Vigencia temporal de la ley penal: tiempo de comisión, irretroactividad y retroactividad favorable

La vigencia temporal de la ley penal se rige por la regla general de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (art. 9.3 CE), aplicándose a cada hecho la ley vigente en el momento de su comisión, salvo que una ley posterior resulte más favorable para el reo, en cuyo caso esta se aplicará retroactivamente incluso a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, e incluso, conforme al art. 2.2 CP, a sentencias ya firmes en fase de ejecución, obligando en tal caso al Tribunal sentenciador a revisar la condena para adaptarla a la nueva legislación más benigna. En los supuestos de duda sobre cuál de dos leyes sucesivas resulta más favorable en el caso concreto, debe ser oído el reo, aunque la decisión la adopta el tribunal, de forma motivada. Para determinar la ley aplicable, el art. 7 CP dispone que los delitos y las penas se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar (teoría de la actividad), con independencia del momento en que se produzca el resultado. Entrada en vigor: las leyes penales entran en vigor tras su publicación en el BOE y la vacatio legis fijada por la propia ley (veinte días si no se dispone otra cosa, art. 2.1 del Código Civil). Los cambios legales recientes de la Parte General (por ejemplo, la LO 1/2026 en materia de multirreincidencia, que ha modificado los arts. 22, 66 y 80 CP, entre otros) solo se aplican a los hechos posteriores a su entrada en vigor (10 de abril de 2026), salvo en lo que resulte favorable al reo.

Vigencia espacial de la ley penal: territorialidad, personalidad, real y justicia universal (arts. 23 LOPJ)

El principio de territorialidad, recogido en el art. 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), constituye la regla general de aplicación espacial de la ley penal española: la jurisdicción española es competente para conocer de las causas por delitos cometidos en territorio español, o a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte, con independencia de la nacionalidad de su autor. Este principio se fundamenta en la idea de soberanía estatal: cada Estado ejerce su ius puniendi sobre los hechos delictivos cometidos dentro de su propio territorio. Junto a él, el art. 23 LOPJ regula los criterios excepcionales de extensión de la jurisdicción penal española más allá del propio territorio: el principio de personalidad (art. 23.2: delitos cometidos por españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad al hecho, siempre que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena); el principio real o de protección de intereses (art. 23.3: delitos cometidos fuera del territorio por españoles o extranjeros contra intereses esenciales del Estado, como la falsificación de moneda española o los delitos contra la Administración Pública española); y el principio de justicia universal (art. 23.4), muy restringido tras las reformas de 2009 y 2014 (LO 1/2009 y LO 1/2014), que permite a la jurisdicción española perseguir ciertos delitos de especial gravedad para la comunidad internacional (genocidio, lesa humanidad, terrorismo, piratería, trata de seres humanos, delitos de odio, entre otros) cometidos fuera de España, siempre que concurran los puntos de conexión que la ley exige en cada caso (como que el procedimiento se dirija contra un español o contra un extranjero con residencia habitual en España, o que el presunto responsable se encuentre en España y su extradición haya sido denegada). El art. 23.4 LOPJ exige en todo caso la conexión requerida por el apartado correspondiente. Además, el art. 23.5 LOPJ regula la ausencia de duplicidad: los delitos a que se refiere no serán perseguibles en España cuando ya exista un proceso efectivo en otro Estado competente o ante un tribunal internacional.

La edad penal: la responsabilidad penal a partir de los dieciocho años

El art. 19 del Código Penal establece que los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código, remitiendo su responsabilidad, en su caso, a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. Esta edad penal de dieciocho años coincide con la mayoría de edad civil fijada por el art. 12 de la Constitución y por el art. 315 del Código Civil, estableciendo así una frontera clara y fija por debajo de la cual ningún ser humano puede ser sometido al régimen penal ordinario de los adultos, con independencia de la gravedad del hecho cometido o de su grado de madurez personal apreciado en el caso concreto. Efectos de la edad: a) menores de 14 años: inimputables absolutos; ni el Código Penal ni la LO 5/2000 les son aplicables, y se les aplican las normas de protección de menores del Código Civil y demás disposiciones vigentes (art. 3 LO 5/2000); b) de 14 a 17 años: responsabilidad penal del menor conforme a la LO 5/2000; c) 18 años o más: responsabilidad penal de adulto conforme al Código Penal. Hechos relevantes complementarios: la edad (mayor o menor de 18 años, y de 16) determina también la condición de víctima y el régimen de determinados delitos y agravaciones (por ejemplo, la edad del consentimiento sexual está fijada en los dieciséis años).

La responsabilidad penal de los menores (LO 5/2000)

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece un régimen especial y autónomo, de naturaleza sancionadora-educativa (con fuerte inspiración en los principios y garantías del proceso penal de adultos y en el principio del superior interés del menor), aplicable a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometan hechos tipificados como delito por el Código Penal o las leyes penales especiales. Los menores de catorce años quedan completamente exentos de esta responsabilidad, remitiéndose su eventual situación de riesgo a los servicios de protección de menores competentes. La LO 5/2000 prevé un catálogo de medidas (internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico; tratamiento ambulatorio; asistencia a un centro de día; permanencia de fin de semana; libertad vigilada; convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; prestaciones en beneficio de la comunidad; realización de tareas socioeducativas; amonestación; privación del permiso de conducir u otras licencias; inhabilitación absoluta), orientadas prioritariamente al interés superior del menor y a su reeducación, con distintos tramos de duración y de máxima intensidad según se trate de menores de 14 a 15 años o de 16 a 17 años (art. 9 y 10). La instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (Fiscalía de Menores) y el enjuiciamiento al Juzgado de Menores. La LO 5/2000 ha sido modificada, entre otras, por la LO 8/2006 y por la LO 10/2022 (en materia de delitos sexuales).

Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: concepto y clases

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal son elementos accidentales del delito que, sin ser necesarias para su existencia, inciden en la gravedad del hecho o en la culpabilidad del autor, determinando la exclusión de la responsabilidad (eximentes, art. 20 CP), su disminución (atenuantes, art. 21) o su aumento (agravantes, art. 22), además de la circunstancia mixta de parentesco (art. 23), que puede operar en uno u otro sentido. Reglas de aplicación de la pena (arts. 66 y siguientes): cuando concurra una sola circunstancia atenuante, se aplicará la pena en la mitad inferior; si concurren una o varias agravantes, en la mitad superior; si concurren varias atenuantes muy cualificadas, se podrá aplicar la pena inferior en uno o dos grados; y, si no concurren, el juez o tribunal individualizará la pena en la extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho (art. 66.1.6.ª). Las circunstancias que consistan en disposición moral del delincuente o en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal servirán para atenuar o agravar la responsabilidad solo de aquellos autores o cómplices en quienes concurran (art. 65 CP).

Las eximentes de la responsabilidad criminal (art. 20 CP)

El art. 20 del Código Penal enumera las circunstancias eximentes, que excluyen completamente la responsabilidad criminal del sujeto. Agrupadas por su fundamento: a) Causas de inimputabilidad (excluyen la capacidad de culpabilidad): 1.º la anomalía o alteración psíquica que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; 2.º la intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscada con el propósito de cometer la infracción o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o hallarse bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de la dependencia de tales sustancias; 3.º la alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, que altere gravemente la conciencia de la realidad. b) Causas de justificación (excluyen la antijuridicidad): 4.º la legítima defensa, que exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del defensor; 5.º el estado de necesidad, cuando se lesiona un bien jurídico de otra persona o se infringe un deber para evitar un mal propio o ajeno, siempre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse; y 7.º el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, de especial relevancia para la actuación policial. c) Causa de inculpabilidad o exculpación: 6.º el miedo insuperable (obrar impulsado por miedo insuperable), que no es un supuesto de inimputabilidad en sentido estricto, sino de no exigibilidad de otra conducta. Las minorías de edad (art. 19) son una causa distinta, de inimputabilidad por razón de edad. Efectos distintos: las causas de justificación excluyen la responsabilidad civil en la mayoría de los casos (no en el estado de necesidad, donde responde quien se beneficia, art. 118), y no admiten la imposición de medidas de seguridad; las de inimputabilidad pueden dar lugar a medidas de seguridad (art. 101 y siguientes) y a responsabilidad civil.

Circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal (art. 21 CP)

El art. 21 del Código Penal enumera las circunstancias atenuantes, que disminuyen la responsabilidad criminal del autor sin llegar a excluirla completamente. Son: 1.ª las causas expresadas en el capítulo anterior (eximentes incompletas), cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en los respectivos casos; 2.ª actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias señaladas en el art. 20.2; 3.ª obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante; 4.ª haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades; 5.ª haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o a disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral; 6.ª la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa; y 7.ª cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. Los requisitos de la confesión: debe ser a las autoridades y anterior al conocimiento de que el procedimiento se dirige contra el culpable; el art. 66 CP permite aplicar la pena inferior en uno o dos grados cuando concurran dos o más atenuantes o una muy cualificada.

Circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal (art. 22 CP)

El art. 22 del Código Penal enumera las circunstancias agravantes, que incrementan la responsabilidad criminal del autor en atención a la mayor gravedad o reprochabilidad del hecho. Son: 1.ª alevosía (emplear en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido); 2.ª ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente; 3.ª ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa; 4.ª cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad; 5.ª aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta sufrimientos innecesarios para la ejecución del delito (ensañamiento); 6.ª obrar con abuso de confianza; 7.ª prevalerse del carácter público que tenga el culpable; y 8.ª ser reincidente, que concurre cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza; a estos efectos no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves (salvo lo previsto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves, tras la LO 1/2026). La Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia (BOE-A-2026-7966, en vigor desde el 10 de abril de 2026), ha modificado los arts. 22, 66 y 80 CP y los tipos de hurto y estafa, para reforzar la respuesta frente a la reiteración delictiva en delitos patrimoniales de escasa cuantía.

La circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP)

El art. 23 del Código Penal regula la circunstancia mixta de parentesco, que puede operar como atenuante o como agravante de la responsabilidad criminal, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, atendiendo a ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines, en los mismos grados, del ofensor o de su cónyuge o conviviente. Se denomina «mixta» precisamente porque, a diferencia del resto de circunstancias del art. 21 y del art. 22 (que son siempre atenuantes o siempre agravantes), esta puede jugar en uno u otro sentido según el tipo de delito de que se trate: agrava, con carácter general, en los delitos contra las personas (donde el vínculo familiar hace más reprochable la agresión), pero puede atenuar en los delitos contra el patrimonio, donde tradicionalmente se ha considerado menos grave el ataque patrimonial entre parientes próximos. En los delitos patrimoniales no violentos entre parientes próximos puede operar además la excusa absolutoria del art. 268 CP (están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, los cónyuges no separados legalmente o de hecho, los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Principio de legalidad (art. 25.1 CE, arts. 1-4 CP): nullum crimen, nulla poena sine lege; cuatro garantías (criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución); prohíbe la analogía en perjuicio del reo (sí se admite en su beneficio, p. ej. atenuante analógica del art. 21.7.ª). Las leyes penales son leyes orgánicas (art. 81 CE).
  • Desde la LO 1/2015 ya NO existen «faltas»: solo delitos, que se clasifican en graves, menos graves y leves (art. 13 CP) según la pena (art. 33 CP). Si la pena puede ser grave y menos grave, el delito es grave; si puede ser menos grave y leve, el delito es leve (art. 13.4).
  • Definición legal de delito (art. 10 CP): las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Art. 5: no hay pena sin dolo o imprudencia. Art. 12: la imprudencia solo se castiga si la ley lo prevé expresamente.
  • Elementos del delito, en orden de análisis: acción → tipicidad → antijuridicidad (se excluye por causas de justificación) → culpabilidad (se excluye por causas de inimputabilidad o de inculpabilidad). El miedo insuperable (art. 20.6) NO es una causa de justificación ni de inimputabilidad en sentido estricto: es una causa de exculpación.
  • Art. 15: son punibles el delito consumado y la tentativa. Grados de ejecución: actos preparatorios punibles EXCEPCIONALES (conspiración, proposición, provocación: solo si la ley lo prevé expresamente, arts. 17-18) → tentativa (art. 16 CP, pena inferior en 1 o 2 grados, art. 62) → consumación.
  • El desistimiento voluntario (art. 16.2 CP) exime de la tentativa, pero NO de los delitos ya consumados con los actos ejecutados hasta ese momento. En la pluralidad de sujetos (art. 16.3) hay que intentar impedir seria, firme y decididamente la consumación.
  • Autoría (art. 28 CP): autor directo, coautor (acuerdo + reparto de tareas esenciales) y autor mediato (usa a otro como instrumento). Inductores y cooperadores necesarios se EQUIPARAN al autor en la pena; los cómplices (art. 29 CP) tienen pena inferior en un grado (art. 63).
  • Responsabilidad penal de personas jurídicas (art. 31 bis CP, LO 5/2010, reformada por LO 1/2015): solo en los delitos donde el Código la prevé EXPRESAMENTE. Exención por modelo de organización y gestión (compliance) previo y eficaz. El Estado y las Administraciones Públicas están excluidas (art. 31 quinquies). Todas sus penas son graves (art. 33.7).
  • Sistema dualista: penas (se fundamentan en la CULPABILIDAD) y medidas de seguridad (se fundamentan en la PELIGROSIDAD; exigen haber cometido un hecho típico + pronóstico de peligrosidad, art. 6 y 95 CP). La medida no puede ser más gravosa ni de mayor duración que la pena abstracta aplicable.
  • Prisión permanente revisable (LO 1/2015): revisión, con carácter general, tras 25 años de cumplimiento (plazos superiores en concursos y terrorismo, art. 78 bis); NO es cadena perpetua en sentido estricto por ser revisable; el TC la declaró constitucional (STC 169/2021). Prisión ordinaria: 3 meses a 20 años (art. 36), con límites de cumplimiento del art. 76.
  • Retroactividad: la ley penal desfavorable NUNCA es retroactiva; la favorable SIEMPRE lo es, incluso con sentencia firme en ejecución (art. 2.2 CP), siendo oído el reo en caso de duda. Las leyes que establezcan medidas de seguridad carecen de efecto retroactivo (art. 2.1).
  • Tiempo del delito (art. 7 CP): el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto debido, no el del resultado (teoría de la actividad).
  • Territorialidad (art. 23.1 LOPJ): regla general, delitos cometidos en España o a bordo de buques o aeronaves españoles. Personalidad (23.2): españoles fuera de España con requisitos. Real o de protección (23.3). Justicia universal (23.4): muy restringida tras LO 1/2009 y LO 1/2014, exige punto de conexión con España.
  • Edad penal: 18 años (coincide con mayoría de edad civil, art. 12 CE). Entre 14 y 17 años: LO 5/2000, régimen sancionador-educativo, NO el Código Penal. Menores de 14: exentos totalmente, van a protección de menores (art. 3 LO 5/2000).
  • Circunstancias modificativas: eximentes (art. 20), atenuantes (art. 21), agravantes (art. 22) y la MIXTA de parentesco (art. 23), que agrava en delitos contra las personas y puede atenuar en patrimoniales. El art. 21.7.ª permite la atenuante por analogía.
  • Eximentes de justificación: legítima defensa (agresión ilegítima + necesidad racional del medio + falta de provocación suficiente), estado de necesidad y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (clave para la actuación policial, art. 20.7).
  • Novedad: LO 1/2026, de 8 de abril, de multirreincidencia (BOE 9-4-2026, en vigor el 10-4-2026): modifica el CP, entre otros los arts. 22, 66 y 80, así como los delitos de hurto y estafa; los antecedentes por delitos leves solo se computan para los tipos agravados por multirreincidencia.
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Respecto de la edad penal, un menor de 15 años que comete un hecho tipificado como delito:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 16 de Policía Nacional?

Este tema abre el bloque de Derecho Penal con su Parte General, regulada en el Libro I de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP): los principios que legitiman y limitan el ius puniendi del Estado, la estructura del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), los grados de ejecución (desde los actos preparatorios hasta la consumación), la responsabilidad de personas físicas y jurídicas, el sistema de penas y medidas de seguridad, los límites temporales y espaciales de aplicación de la ley penal, la edad penal y las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (eximentes, atenuantes, agravantes y la circunstancia mixta de parentesco). Es la base teórica imprescindible para entender los temas de Parte Especial que siguen. Novedad reciente: la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, modifica entre otros los arts. 22, 66 y 80 CP (reincidencia y multirreincidencia).

¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?

Principio de legalidad (art. 25.1 CE, arts. 1-4 CP): nullum crimen, nulla poena sine lege; cuatro garantías (criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución); prohíbe la analogía en perjuicio del reo (sí se admite en su beneficio, p. ej. atenuante analógica del art. 21.7.ª). Las leyes penales son leyes orgánicas (art. 81 CE). Desde la LO 1/2015 ya NO existen «faltas»: solo delitos, que se clasifican en graves, menos graves y leves (art. 13 CP) según la pena (art. 33 CP). Si la pena puede ser grave y menos grave, el delito es grave; si puede ser menos grave y leve, el delito es leve (art. 13.4). Definición legal de delito (art. 10 CP): las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Art. 5: no hay pena sin dolo o imprudencia. Art. 12: la imprudencia solo se castiga si la ley lo prevé expresamente. Elementos del delito, en orden de análisis: acción → tipicidad → antijuridicidad (se excluye por causas de justificación) → culpabilidad (se excluye por causas de inimputabilidad o de inculpabilidad). El miedo insuperable (art. 20.6) NO es una causa de justificación ni de inimputabilidad en sentido estricto: es una causa de exculpación. Art. 15: son punibles el delito consumado y la tentativa. Grados de ejecución: actos preparatorios punibles EXCEPCIONALES (conspiración, proposición, provocación: solo si la ley lo prevé expresamente, arts. 17-18) → tentativa (art. 16 CP, pena inferior en 1 o 2 grados, art. 62) → consumación. El desistimiento voluntario (art. 16.2 CP) exime de la tentativa, pero NO de los delitos ya consumados con los actos ejecutados hasta ese momento. En la pluralidad de sujetos (art. 16.3) hay que intentar impedir seria, firme y decididamente la consumación. Autoría (art. 28 CP): autor directo, coautor (acuerdo + reparto de tareas esenciales) y autor mediato (usa a otro como instrumento). Inductores y cooperadores necesarios se EQUIPARAN al autor en la pena; los cómplices (art. 29 CP) tienen pena inferior en un grado (art. 63). Responsabilidad penal de personas jurídicas (art. 31 bis CP, LO 5/2010, reformada por LO 1/2015): solo en los delitos donde el Código la prevé EXPRESAMENTE. Exención por modelo de organización y gestión (compliance) previo y eficaz. El Estado y las Administraciones Públicas están excluidas (art. 31 quinquies). Todas sus penas son graves (art. 33.7). Sistema dualista: penas (se fundamentan en la CULPABILIDAD) y medidas de seguridad (se fundamentan en la PELIGROSIDAD; exigen haber cometido un hecho típico + pronóstico de peligrosidad, art. 6 y 95 CP). La medida no puede ser más gravosa ni de mayor duración que la pena abstracta aplicable. Prisión permanente revisable (LO 1/2015): revisión, con carácter general, tras 25 años de cumplimiento (plazos superiores en concursos y terrorismo, art. 78 bis); NO es cadena perpetua en sentido estricto por ser revisable; el TC la declaró constitucional (STC 169/2021). Prisión ordinaria: 3 meses a 20 años (art. 36), con límites de cumplimiento del art. 76. Retroactividad: la ley penal desfavorable NUNCA es retroactiva; la favorable SIEMPRE lo es, incluso con sentencia firme en ejecución (art. 2.2 CP), siendo oído el reo en caso de duda. Las leyes que establezcan medidas de seguridad carecen de efecto retroactivo (art. 2.1). Tiempo del delito (art. 7 CP): el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto debido, no el del resultado (teoría de la actividad). Territorialidad (art. 23.1 LOPJ): regla general, delitos cometidos en España o a bordo de buques o aeronaves españoles. Personalidad (23.2): españoles fuera de España con requisitos. Real o de protección (23.3). Justicia universal (23.4): muy restringida tras LO 1/2009 y LO 1/2014, exige punto de conexión con España. Edad penal: 18 años (coincide con mayoría de edad civil, art. 12 CE). Entre 14 y 17 años: LO 5/2000, régimen sancionador-educativo, NO el Código Penal. Menores de 14: exentos totalmente, van a protección de menores (art. 3 LO 5/2000). Circunstancias modificativas: eximentes (art. 20), atenuantes (art. 21), agravantes (art. 22) y la MIXTA de parentesco (art. 23), que agrava en delitos contra las personas y puede atenuar en patrimoniales. El art. 21.7.ª permite la atenuante por analogía. Eximentes de justificación: legítima defensa (agresión ilegítima + necesidad racional del medio + falta de provocación suficiente), estado de necesidad y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (clave para la actuación policial, art. 20.7). Novedad: LO 1/2026, de 8 de abril, de multirreincidencia (BOE 9-4-2026, en vigor el 10-4-2026): modifica el CP, entre otros los arts. 22, 66 y 80, así como los delitos de hurto y estafa; los antecedentes por delitos leves solo se computan para los tipos agravados por multirreincidencia.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 9.3, 12, 25, 81 y 149.1.6.ª (BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), Libro I.
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 (supresión de las faltas y prisión permanente revisable).
  • Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal (responsabilidad penal de las personas jurídicas).
  • Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-2026-7966).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 23 (jurisdicción penal española).
  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE-A-2000-641).
  • Código Civil, art. 315 (mayoría de edad).

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