Ver esquema

Tema 2. La Constitución Española (I): estructura y caracteres de la Constitución Española de 1978. Los valores de la Constitución. Los principios del régimen constitucional: Estado democrático, Estado de derecho, Estado social, Monarquía parlamentaria y Estado autonomista. Los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución: especial referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas, así como, a las garantías de los mismos y a la suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

La Constitución Española de 1978 (CE), aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Este primer tema de Constitución se centra en su estructura formal y caracteres, en los valores y principios que definen el modelo de Estado (social y democrático de Derecho, Monarquía parlamentaria y Estado autonómico), y en el extenso catálogo de derechos y deberes del Título I, con especial atención a los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29), a las garantías que los protegen (art. 53), a la figura del Defensor del Pueblo (art. 54) y a los supuestos excepcionales en que pueden suspenderse (art. 55, en relación con el art. 116 y la LO 4/1981). Es un tema de máxima rentabilidad en examen: casi todas las preguntas se resuelven con la numeración exacta de los artículos.

← Ver el índice completo del temario

Estructura y caracteres de la Constitución

La CE consta de un preámbulo (sin valor normativo directo, pero útil como criterio de interpretación), un Título Preliminar (arts. 1 a 9), diez títulos numerados del I al X (arts. 10 a 169), cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. En total tiene 169 artículos. Es una Constitución escrita y codificada en un único texto; rígida, porque exige procedimientos agravados de reforma distintos del procedimiento legislativo ordinario (arts. 167 y 168); extensa, al regular con detalle derechos, instituciones y organización territorial; y consensuada, fruto del pacto entre las principales fuerzas políticas de la Transición. Es además una Constitución normativa: sus preceptos son directamente aplicables y vinculan a todos los poderes públicos y a los ciudadanos (art. 9.1), y es norma suprema, de modo que el apartado 3 de la Disposición derogatoria deroga cuanto se oponga a ella.

Estructura del texto constitucional: títulos y contenido

Título Preliminar (arts. 1-9): principios fundamentales. Título I (arts. 10-55): derechos y deberes fundamentales. Título II (arts. 56-65): la Corona. Título III (arts. 66-96): las Cortes Generales. Título IV (arts. 97-107): el Gobierno y la Administración. Título V (arts. 108-116): relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título VI (arts. 117-127): el Poder Judicial. Título VII (arts. 128-136): economía y hacienda. Título VIII (arts. 137-158): organización territorial del Estado. Título IX (arts. 159-165): el Tribunal Constitucional. Título X (arts. 166-169): la reforma constitucional. Reformas producidas hasta hoy: 1992 (art. 13.2, derecho de sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales, por el Tratado de Maastricht), 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y febrero de 2024 (art. 49, sustitución de la referencia a los «disminuidos» por las personas con discapacidad). Las tres se tramitaron por el procedimiento del art. 167.

Título Preliminar (I): valores superiores y soberanía (arts. 1 y 2 CE)

El art. 1.1 proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El art. 1.2 hace residir la soberanía nacional en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El art. 1.3 fija la forma política del Estado español como Monarquía parlamentaria: el Rey reina pero no gobierna, sus actos están refrendados y el Gobierno responde políticamente ante el Congreso. El art. 2 fundamenta la Constitución en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Los valores superiores son el criterio último de interpretación del ordenamiento y no deben confundirse con los principios del art. 9.3.

Título Preliminar (II): arts. 3 a 9 CE

Art. 3: el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Art. 4: bandera de España (tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura) y banderas y enseñas de las CCAA. Art. 5: la capital del Estado es la villa de Madrid. Art. 6: los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política; su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Art. 7: sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. Art. 8: las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Art. 9: sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento (9.1); obligación de los poderes públicos de promover la igualdad real y efectiva (9.2); y garantía de los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3).

Los principios del régimen constitucional

Estado democrático: la soberanía reside en el pueblo (art. 1.2) y se ejerce mediante sufragio universal y participación en asuntos públicos (art. 23), con pluralismo político y partidos (art. 6). Estado de Derecho: sometimiento de todos los poderes públicos y ciudadanos a la Constitución y al resto del ordenamiento (art. 9.1), con los principios del art. 9.3, división de poderes, reconocimiento de derechos fundamentales y control judicial de la Administración (art. 106). Estado social: el art. 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, desarrollado en los principios rectores del Capítulo III del Título I. Monarquía parlamentaria (art. 1.3): forma política del Estado; el Rey es Jefe del Estado con funciones simbólicas, de arbitraje y moderación (art. 56). Estado autonómico (autonomista): el art. 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, dentro de la indisoluble unidad de la Nación, desarrollado en el Título VIII. Se trata de un Estado compuesto, no federal: la soberanía es única y reside en el pueblo español, y la Constitución no «crea» las Comunidades Autónomas sino que permite su constitución (principio dispositivo).

Estructura del Título I: derechos y deberes fundamentales

El Título I (arts. 10-55) se encabeza con el art. 10 (dignidad de la persona, derechos inviolables, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social; las normas sobre derechos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España, art. 10.2) y se divide en cinco capítulos. Capítulo I (arts. 11-13): españoles y extranjeros (nacionalidad, mayoría de edad a los 18 años y libertades de los extranjeros). Capítulo II (arts. 14-38): derechos y libertades, con el art. 14 (igualdad ante la ley) como encabezamiento, la Sección 1ª —De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, arts. 15 a 29— y la Sección 2ª —De los derechos y deberes de los ciudadanos, arts. 30 a 38—. Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de la política social y económica. Capítulo IV (arts. 53-54): garantías de las libertades y derechos fundamentales (el art. 53 recoge las garantías y el art. 54 el Defensor del Pueblo). Capítulo V (art. 55): suspensión de los derechos y libertades.

Capítulo I: nacionalidad, mayoría de edad y extranjeros (arts. 11 a 13 CE)

Art. 11: la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley (11.1); ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad (11.2); el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España (11.3). Art. 12: los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. Art. 13: los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (13.1); solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo lo que por tratado o ley, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (13.2, reformado en 1992 para añadir el sufragio pasivo); la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo (13.3); y la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España (13.4).

Los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª, arts. 14 a 29 CE)

Art. 14: igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Art. 15: derecho a la vida y a la integridad física y moral; prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes; abolición de la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempo de guerra. Art. 16: libertad ideológica, religiosa y de culto; nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión tendrá carácter estatal (aconfesionalidad). Art. 17: libertad y seguridad; la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (17.2); información inmediata de los derechos y de las razones de la detención, derecho a no declarar y asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales (17.3); procedimiento de habeas corpus (17.4, LO 6/1984, 24 horas). Art. 18: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (18.1); inviolabilidad del domicilio, que solo admite entrada o registro con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito (18.2); secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial (18.3); limitación del uso de la informática (18.4). Art. 19: libertad de residencia y circulación por el territorio nacional y de entrada y salida de España. Art. 20: libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, libertad de cátedra y derecho a comunicar o recibir información veraz; no puede restringirse mediante censura previa (20.2); el secuestro de publicaciones solo procede por resolución judicial (20.5). Art. 21: derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones basta comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Art. 22: derecho de asociación; las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada; se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Art. 23: participación en los asuntos públicos y acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Art. 24: tutela judicial efectiva sin indefensión, juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, no declarar contra uno mismo, no confesarse culpable y presunción de inocencia. Art. 25: principio de legalidad penal (25.1) y orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social (25.2). Art. 26: prohibición de los Tribunales de honor. Art. 27: derecho a la educación y libertad de enseñanza. Art. 28: libertad sindical y derecho de huelga (la ley puede limitar o exceptuar el derecho de sindicación a las Fuerzas Armadas y a los Institutos o Cuerpos sometidos a disciplina militar). Art. 29: derecho de petición individual y colectiva, en la forma y con los efectos que determine la ley; los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo podrán ejercerlo individualmente.

Los derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2ª, arts. 30 a 38 CE)

Art. 30: derecho y deber de defender a España; la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria (el servicio militar obligatorio fue suspendido en 2001); deberes de protección civil (30.4). Art. 31: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Art. 32: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Art. 33: derecho a la propiedad privada y a la herencia; su función social delimita su contenido; nadie puede ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. Art. 34: derecho de fundación. Art. 35: deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo. Art. 36: colegios profesionales. Art. 37: negociación colectiva laboral y derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. Art. 38: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Estos derechos no están protegidos por el recurso de amparo (salvo la objeción de conciencia del art. 30), aunque sí por la reserva de ley y el respeto al contenido esencial del art. 53.1.

Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III, arts. 39 a 52 CE)

Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3). Contenido por artículos: 39 (protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos), 40 (progreso social y económico, pleno empleo, seguridad e higiene en el trabajo, descanso), 41 (régimen público de Seguridad Social), 42 (derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero), 43 (protección de la salud), 44 (acceso a la cultura), 45 (medio ambiente), 46 (patrimonio histórico, cultural y artístico), 47 (vivienda digna y adecuada y utilización del suelo; participación de la comunidad en las plusvalías), 48 (participación de la juventud), 49 (atención a las personas con discapacidad, en su redacción de 2024), 50 (pensiones suficientes y servicios sociales para la tercera edad), 51 (defensa de consumidores y usuarios) y 52 (organizaciones profesionales). Son la base constitucional del Estado social.

Las garantías de los derechos fundamentales (art. 53 CE)

El art. 53.1 vincula a todos los poderes públicos a los derechos y libertades del Capítulo II y exige que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, pueda regularse su ejercicio; ese respeto puede exigirse mediante el recurso de inconstitucionalidad contra la ley (art. 161.1.a CE). Esta es la garantía normativa (reserva de ley y contenido esencial). El art. 53.2 reconoce, para el art. 14 y la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y para la objeción de conciencia del art. 30, una tutela reforzada: pueden recabarse ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (garantía jurisdiccional). El art. 53.3 dispone que los principios del Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Garantías adicionales: reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 81.1), prohibición de que los decretos-leyes afecten a los derechos del Título I (art. 86.1), el procedimiento de reforma agravado para la Sección 1ª (art. 168) y el Defensor del Pueblo (art. 54).

La suspensión de derechos y libertades (art. 55 CE) y los estados excepcionales (art. 116 CE)

El art. 55.1 permite la suspensión general de los derechos reconocidos en los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (libre circulación y residencia), 20.1.a) y d) y 20.5 (libertad de expresión e información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (conflictos colectivos), cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio; en el estado de excepción se exceptúa del art. 17 su apartado 3 (derechos del detenido, asistencia de abogado). El estado de alarma no permite suspender derechos, solo limitarlos. Los tres estados excepcionales se regulan en el art. 116 CE y en la LO 4/1981, de 1 de junio: el estado de alarma lo declara el Gobierno mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, y solo se prorroga con autorización de este; el estado de excepción lo declara el Gobierno con autorización previa del Congreso, por un máximo de treinta días prorrogables por otros treinta; el estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. No cabe disolver el Congreso mientras estén declarados, y el funcionamiento de los poderes constitucionales no se interrumpe (art. 116.5). El art. 55.2 regula la suspensión individual —no general— de los derechos de los arts. 17.2 y 18.2 y 3 para personas concretas en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, mediante ley orgánica, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario; la utilización injustificada o abusiva de estas facultades produce responsabilidad penal. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la pandemia: la STC 148/2021 declaró inconstitucionales parte de las medidas del primer estado de alarma de 2020 (en particular las restricciones de la libertad de circulación, que consideró una suspensión y no una simple limitación de derechos) y la STC 183/2021 hizo lo propio con aspectos del segundo estado de alarma (entre ellos la prórroga de seis meses y la delegación en los presidentes autonómicos).

El Defensor del Pueblo (art. 54 CE, LO 3/1981)

El art. 54 CE crea el Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Está regulado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril: es elegido por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (Congreso y Senado), a propuesta de una Comisión Mixta, para un mandato de cinco años; goza de inviolabilidad e inmunidad y no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de autoridad alguna; cuenta con un Primer y un Segundo Adjunto. Puede iniciar de oficio o a instancia de parte (cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo, sin limitación de nacionalidad, residencia, sexo, edad o condición) la investigación de actos de la Administración, en el plazo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos; no puede entrar a conocer de asuntos pendientes de resolución judicial. Está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo (arts. 162.1.a y b CE), y presenta un informe anual a las Cortes. Desde la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, ejerce las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura), lo que incluye visitar los lugares de privación de libertad, entre ellos las dependencias policiales. El actual titular, Ángel Gabilondo, elegido a finales de 2021, concluye su mandato de cinco años el 16 de noviembre de 2026.

Diferencias clave entre figuras que se confunden

Valores superiores (art. 1.1: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) frente a principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad). Derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª, arts. 15-29, más el art. 14) frente a derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2ª, arts. 30-38) frente a principios rectores (Capítulo III, arts. 39-52): decrece el nivel de protección, desde amparo y reserva de ley orgánica hasta mero principio informador. Suspensión general (art. 55.1, estados de excepción y sitio, afecta a cualquier persona) frente a suspensión individual (art. 55.2, personas determinadas, delitos de terrorismo o bandas armadas, solo arts. 17.2 y 18.2-3). Estado de alarma (limita) frente a excepción y sitio (permiten suspender). Reforma ordinaria (art. 167, tres quintos) frente a reforma agravada (art. 168, dos tercios, disolución y referéndum obligatorio), que protege el Título Preliminar, la Sección 1ª del Capítulo II y el Título II.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La CE tiene 169 artículos: Título Preliminar (arts. 1-9) + 10 títulos (arts. 10-169), 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Es escrita, rígida y extensa; el art. 168 exige disolución de las Cortes y referéndum obligatorio. Reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49).
  • Valores superiores del art. 1.1: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (no confundir con los principios del art. 9.3, de técnica jurídica: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad).
  • Título I: Cap. I extranjería y nacionalidad (arts. 11-13), Cap. II derechos (arts. 14-38, con Secc. 1ª arts. 15-29 y Secc. 2ª arts. 30-38), Cap. III principios rectores (arts. 39-52), Cap. IV garantías (arts. 53-54, incluye al Defensor del Pueblo), Cap. V suspensión (art. 55).
  • El recurso de amparo (art. 53.2) protege el art. 14, la Sección 1ª (arts. 15-29) y la objeción de conciencia del art. 30; los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo pueden alegarse ante los tribunales según lo dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3).
  • Suspensión general (art. 55.1): solo con estado de excepción o de sitio y sobre derechos tasados (17, 18.2-3, 19, 20.1.a/d y 20.5, 21, 28.2, 37.2); en excepción no se suspende el art. 17.3. Suspensión individual (art. 55.2): solo arts. 17.2 y 18.2-3, en investigaciones de bandas armadas o terrorismo, con ley orgánica, control judicial y parlamentario.
  • Estado de alarma: lo declara el Gobierno (hasta 15 días; prórroga con autorización del Congreso); excepción: autorización previa del Congreso (30 + 30 días); sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno (art. 116 CE, LO 4/1981). El alarma no suspende derechos.
  • Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2). Domicilio: entrada solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2). Comunicaciones: solo resolución judicial (art. 18.3). Secuestro de publicaciones: solo resolución judicial (art. 20.5). Disolución de asociaciones: solo resolución judicial motivada (art. 22.4).
  • El Defensor del Pueblo (art. 54, LO 3/1981) es alto comisionado de las Cortes, elegido por 3/5 de Congreso y Senado para 5 años; legitimado para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidad; es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
  • Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad (art. 11.2). Mayoría de edad a los 18 años (art. 12). Solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo sufragio activo y pasivo municipal por reciprocidad (art. 13.2).
  • Los derechos del art. 28 pueden limitarse o exceptuarse para Fuerzas Armadas y Cuerpos sometidos a disciplina militar; el derecho de petición (art. 29) lo ejercen estos Cuerpos solo individualmente. La Policía Nacional es un Instituto armado de naturaleza civil: no está sometida a disciplina militar.
  • La Constitución es norma suprema y directamente aplicable (art. 9.1); su preámbulo carece de valor normativo directo pero orienta la interpretación. Los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España (art. 10.2).
  • Error típico de examen: confundir el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de extranjeros (art. 13.2, solo por reciprocidad mediante tratado o ley) con el derecho de participación política del art. 23, reservado a españoles.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el art. 1.1 CE, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Policía Nacional?

La Constitución Española de 1978 (CE), aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Este primer tema de Constitución se centra en su estructura formal y caracteres, en los valores y principios que definen el modelo de Estado (social y democrático de Derecho, Monarquía parlamentaria y Estado autonómico), y en el extenso catálogo de derechos y deberes del Título I, con especial atención a los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29), a las garantías que los protegen (art. 53), a la figura del Defensor del Pueblo (art. 54) y a los supuestos excepcionales en que pueden suspenderse (art. 55, en relación con el art. 116 y la LO 4/1981). Es un tema de máxima rentabilidad en examen: casi todas las preguntas se resuelven con la numeración exacta de los artículos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

La CE tiene 169 artículos: Título Preliminar (arts. 1-9) + 10 títulos (arts. 10-169), 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Es escrita, rígida y extensa; el art. 168 exige disolución de las Cortes y referéndum obligatorio. Reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Valores superiores del art. 1.1: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (no confundir con los principios del art. 9.3, de técnica jurídica: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad). Título I: Cap. I extranjería y nacionalidad (arts. 11-13), Cap. II derechos (arts. 14-38, con Secc. 1ª arts. 15-29 y Secc. 2ª arts. 30-38), Cap. III principios rectores (arts. 39-52), Cap. IV garantías (arts. 53-54, incluye al Defensor del Pueblo), Cap. V suspensión (art. 55). El recurso de amparo (art. 53.2) protege el art. 14, la Sección 1ª (arts. 15-29) y la objeción de conciencia del art. 30; los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo pueden alegarse ante los tribunales según lo dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3). Suspensión general (art. 55.1): solo con estado de excepción o de sitio y sobre derechos tasados (17, 18.2-3, 19, 20.1.a/d y 20.5, 21, 28.2, 37.2); en excepción no se suspende el art. 17.3. Suspensión individual (art. 55.2): solo arts. 17.2 y 18.2-3, en investigaciones de bandas armadas o terrorismo, con ley orgánica, control judicial y parlamentario. Estado de alarma: lo declara el Gobierno (hasta 15 días; prórroga con autorización del Congreso); excepción: autorización previa del Congreso (30 + 30 días); sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno (art. 116 CE, LO 4/1981). El alarma no suspende derechos. Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2). Domicilio: entrada solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2). Comunicaciones: solo resolución judicial (art. 18.3). Secuestro de publicaciones: solo resolución judicial (art. 20.5). Disolución de asociaciones: solo resolución judicial motivada (art. 22.4). El Defensor del Pueblo (art. 54, LO 3/1981) es alto comisionado de las Cortes, elegido por 3/5 de Congreso y Senado para 5 años; legitimado para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidad; es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad (art. 11.2). Mayoría de edad a los 18 años (art. 12). Solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo sufragio activo y pasivo municipal por reciprocidad (art. 13.2). Los derechos del art. 28 pueden limitarse o exceptuarse para Fuerzas Armadas y Cuerpos sometidos a disciplina militar; el derecho de petición (art. 29) lo ejercen estos Cuerpos solo individualmente. La Policía Nacional es un Instituto armado de naturaleza civil: no está sometida a disciplina militar. La Constitución es norma suprema y directamente aplicable (art. 9.1); su preámbulo carece de valor normativo directo pero orienta la interpretación. Los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España (art. 10.2). Error típico de examen: confundir el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de extranjeros (art. 13.2, solo por reciprocidad mediante tratado o ley) con el derecho de participación política del art. 23, reservado a españoles.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229).
  • Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024 (BOE de 17 de febrero de 2024).
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.

Empieza gratis ahora