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Tema 19. Delitos contra el orden público: de los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. Disposición común. Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

Este tema tiene una relevancia directa e inmediata para cualquier agente de la Escala Básica, pues regula precisamente los delitos de los que con mayor frecuencia son víctimas los propios policías en el ejercicio de sus funciones: el atentado, la resistencia y la desobediencia. Junto a ellos, se estudian los desórdenes públicos, la disposición común del Título XXII y los delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas y explosivos, cerrando así el bloque de delitos que protegen el correcto funcionamiento de las instituciones y la seguridad colectiva frente a la violencia física dirigida contra quienes las representan o frente al uso ilícito de medios especialmente peligrosos. Se incorporan el efecto de la reforma de la Ley Orgánica 14/2022 (supresión de la sedición y reordenación de los desórdenes públicos), la frontera con el régimen sancionador de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y las penas de memoria de cada figura.

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Delitos contra el orden público: estructura del Título XXII del Código Penal

El Título XXII del Código Penal (arts. 544 a 580 bis) agrupa los delitos contra el orden público, protegiendo el bien jurídico del correcto y pacífico funcionamiento de las instituciones públicas y de quienes las representan, así como la paz y tranquilidad colectivas frente a alteraciones violentas o gravemente perturbadoras. El Capítulo I (sedición, arts. 544-549) fue suprimido por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, que derogó el delito de sedición. Se estructura en los siguientes capítulos: Capítulo II (De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia, arts. 550-556), Capítulo III (De los desórdenes públicos, arts. 557-561), Capítulo IV (disposición común a los capítulos anteriores, art. 562), Capítulo V (De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, arts. 563-570), Capítulo VI (De las organizaciones y grupos criminales, arts. 570 bis a 570 quater) y Capítulo VII (De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo, arts. 571-580 bis), estos dos últimos de tratamiento más específico en otros temas del temario.

El atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos (art. 550 CP)

El art. 550.1 del Código Penal castiga como reo de atentado a quienes agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, si el atentado fuera contra autoridad, y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. El precepto exige, por tanto, que la agresión, acometimiento o resistencia grave con violencia o intimidación se produzca precisamente por razón del cargo que ostenta la víctima (en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas), lo que distingue este delito de una agresión común cometida contra la misma persona por motivos ajenos a su condición de autoridad, agente o funcionario público. Matices de examen: (1) agredir es atacar físicamente; acometer es embestir o arremeter, sin que sea necesario causar lesión; (2) la resistencia grave exige violencia o intimidación grave, que no es la mera resistencia pasiva; (3) basta el dolo de atacar a quien se sabe que es autoridad, agente o funcionario, sin que sea imprescindible el uniforme, pero sí que el autor conozca o pueda conocer la condición del sujeto pasivo (la identificación mediante placa o voz de «Policía» es suficiente); (4) el policía fuera de servicio queda protegido si actúa en ejercicio de funciones (el art. 5.4 de la LO 2/1986 le obliga a intervenir en cualquier tiempo y lugar en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana) o si la agresión se produce con ocasión de ellas; (5) el delito no precisa que se produzcan lesiones, y si estas se causan se penan además conforme a las reglas del concurso. El propio art. 550 considera en todo caso actos de atentado los cometidos contra el personal docente o sanitario que se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

Concepto de autoridad y de agente de la autoridad a efectos penales (art. 24 CP)

El art. 24.1 del Código Penal define, a efectos penales, la condición de autoridad como quien por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia (por ejemplo, los miembros del Gobierno, los jueces y magistrados, los Alcaldes y los miembros de las Corporaciones Locales con mando), añadiendo que en todo caso tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo, y que se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. La condición de agente de la autoridad corresponde a quienes ejercen funciones ejecutivas por cuenta de una autoridad, actuando en su nombre y con la fuerza legal que esta representa, categoría en la que se encuadran, con carácter general, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones (el art. 7 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les atribuye el carácter de agentes de la autoridad). El art. 24.2 CP define al funcionario público como el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Consecuencia práctica: un policía nacional es agente de la autoridad (no autoridad), por lo que las agresiones contra él se castigan con la pena del atentado contra «los demás casos» (prisión de seis meses a tres años), y no con la superior prevista para la autoridad.

El atentado agravado (art. 551 CP)

El art. 551 del Código Penal impone las penas superiores en grado a las del atentado del art. 550 cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas: si la agresión se verifica haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos; si el acto de violencia ejecutado resulta potencialmente peligroso para la vida de las personas o pudiera causar lesiones graves (incluidos el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio o el uso de explosivos); si se acomete a la autoridad, su agente o el funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor; o si el hecho se realiza con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. La técnica de la pena superior en grado, y no un tramo fijo autónomo, es lo que distingue a este agravado del tipo básico del art. 550.

La resistencia (art. 556 CP)

El art. 556.1 del Código Penal castiga con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses a quienes, sin estar comprendidos en el art. 550 CP, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La resistencia se caracteriza por una oposición activa a la actuación de la autoridad o sus agentes que, sin embargo, no reviste la gravedad exigida por el delito de atentado (que exige agresión, acometimiento o resistencia grave con violencia o intimidación), tratándose, por tanto, de una figura residual que opera precisamente cuando la conducta del sujeto, aun siendo una forma de oposición a la actuación policial, no alcanza la intensidad o gravedad típica del atentado, distinción que resulta de gran importancia práctica y frecuente objeto de discusión jurisprudencial en la calificación de los hechos.

Otros delitos del Capítulo III: daños, falsas alarmas y derogación del art. 559

Dentro del Capítulo III, junto a los desórdenes públicos del art. 557 y el art. 558, se encuentran otras figuras: el art. 560 CP, que castiga los daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, telegráfica o telefónica, y los daños en las vías de comunicación o en los servicios esenciales; y el art. 561 CP, que castiga a quienes afirmen falsamente la existencia de una situación de peligro para la comunidad, o la produzcan simulándola, con la intención de producir la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento (la llamada falsa alarma, por ejemplo la falsa amenaza de bomba), con pena de prisión o multa. Por su parte, el antiguo art. 559 CP, que castigaba la distribución o difusión pública de mensajes o consignas que incitaran a la comisión de alteraciones del orden público o reforzaran su disposición a ejecutarlas, fue suprimido por la LO 14/2022. El art. 562 CP, único artículo del Capítulo IV («disposición común»), establece que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de los capítulos anteriores se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

La desobediencia grave a la autoridad

El art. 556.1 CP tipifica, junto a la resistencia, la desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes, entendida como el incumplimiento deliberado y grave de una orden legítima, concreta y expresamente formulada por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, previamente notificada o comunicada al obligado (por ejemplo, el incumplimiento de una orden de cese de una actividad o de retirada de un lugar, o el incumplimiento de una orden de disolución de una reunión tras el correspondiente apercibimiento). La desobediencia debe ser «grave» para alcanzar relevancia penal, pues las desobediencias de menor entidad se reconducen al ámbito administrativo sancionador de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (art. 36.6: infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, y la negativa a identificarse; art. 37.4: infracción leve, las faltas de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando no sean constitutivas de infracción penal), reservándose la vía penal para los incumplimientos de mayor gravedad y trascendencia. Las infracciones graves de dicha ley se sancionan con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves con multa de 100 a 600 euros. El art. 556.2 CP castiga como delito leve, con multa de uno a tres meses, a quienes faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Distinción entre atentado, resistencia y desobediencia

La distinción entre estas tres figuras, de gran relevancia práctica y examinable, se basa esencialmente en la gravedad e intensidad de la conducta de oposición a la actuación de la autoridad o sus agentes. El atentado (art. 550 CP) exige una conducta activa de agresión, acometimiento o resistencia grave con violencia o intimidación grave. La resistencia (art. 556 CP) es una oposición activa a la actuación policial, pero sin la gravedad, violencia o intimidación grave propias del atentado (por ejemplo, forcejear para evitar ser esposado, sin llegar a agredir al agente). La desobediencia (también art. 556 CP) consiste en el mero incumplimiento de una orden legítima, sin oposición física activa alguna. Esta gradación de menor a mayor gravedad (desobediencia < resistencia < atentado) determina tanto la calificación jurídica correcta de los hechos como la pena aplicable en cada caso concreto, siendo una de las distinciones más preguntadas de todo este tema.

Frontera entre el Derecho penal y el sancionador administrativo (LO 4/2015)

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, define las infracciones administrativas que, cuando no alcanzan relevancia penal, sancionan conductas de oposición a la autoridad: art. 36.6 (infracción grave, desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes y negativa a identificarse), art. 36.23 (infracción grave, uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación), art. 37.4 (infracción leve, faltas de respeto y consideración). La regla de ordenación es el principio non bis in idem (art. 31 de la propia ley y principios del Derecho sancionador): si los hechos son constitutivos de delito, el procedimiento administrativo se suspende y prevalece la vía penal. Para la actuación policial es esencial graduar la respuesta: desobediencia o resistencia leves, denuncia administrativa; desobediencia o resistencia graves, detención y atestado por el art. 556; agresión o resistencia grave con violencia o intimidación, detención por atentado del art. 550 (art. 492 LECrim).

Los desórdenes públicos: tipo básico (art. 557 CP, tras la reforma de la LO 14/2022)

El art. 557 del Código Penal, en su redacción vigente desde el 12 de enero de 2023 (Ley Orgánica 14/2022, la misma que suprimió el delito de sedición), castiga con pena de prisión de seis meses a tres años a quienes, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, con la finalidad de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia sobre las personas o las cosas, o amenacen a otros con llevarlos a cabo. Elementos de examen: (1) actuación grupal (o individual amparada en el grupo); (2) finalidad de atentar contra la paz pública (elemento subjetivo del injusto); (3) violencia o amenaza de violencia sobre personas o cosas; (4) sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos cometidos (lesiones, daños). Este tipo penal, distinto del delito de atentado (que exige violencia dirigida específicamente contra la autoridad, agentes o funcionarios), protege la tranquilidad y paz pública en general, tipificando las alteraciones colectivas del orden que se producen, característicamente, con ocasión de manifestaciones, concentraciones o eventos multitudinarios en los que se generaliza la violencia. La reforma de 2022 modificó la redacción anterior, que incluía referencias a obstaculizar vías públicas con peligro, a invadir instalaciones y a causar lesiones. Al configurarse con la finalidad de atentar contra la paz pública, los desórdenes se distinguen también de la mera infracción administrativa de alteración de la seguridad ciudadana (arts. 35 y 36 LO 4/2015).

El art. 557 bis CP, tras la reforma de la LO 14/2022: ya no es un tipo agravado de desórdenes públicos

El art. 557 bis del Código Penal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022 (en vigor desde el 12 de enero de 2023), pasó a regular, según la explicación doctrinal mayoritaria, la invasión u ocupación en grupo de domicilios de personas jurídicas, despachos, oficinas, establecimientos o locales aunque estén abiertos al público, causando una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos estuvieran castigados con pena más grave. Esta figura procede del anterior art. 557 ter, suprimido por la misma reforma. Las circunstancias que antes agravaban el desorden público (uso de armas u objetos peligrosos, pillaje, actos de violencia potencialmente peligrosos para la vida) fueron reordenadas en el seno de esa misma reforma, por lo que su concreta ubicación debe consultarse en el texto consolidado vigente.

La perturbación grave del orden en actos y lugares determinados (art. 558 CP)

El art. 558 del Código Penal castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses (pudiendo imponerse también la prohibición de acudir a lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza) a quienes perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, en centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. Este delito, de aplicación más limitada y específica que los desórdenes públicos generales del art. 557, protege singularmente la solemnidad y el correcto funcionamiento de actos concretos revestidos de una especial formalidad institucional.

El art. 554 CP: extensión de la protección penal del atentado a otros colectivos

El art. 554 del Código Penal, ubicado dentro del Capítulo II (De los atentados...) del Título XXII —y no, como pudiera pensarse por su contenido transversal, en el Capítulo IV, que solo comprende el art. 562 (disposición común a los capítulos anteriores, sobre provocación, conspiración y proposición)—, extiende la protección penal dispensada por los delitos de atentado de los arts. 550 y 551 a determinados colectivos que, sin ostentar propiamente la condición de autoridad, agente de la autoridad o funcionario público, desempeñan funciones de especial relevancia asimilables a estos efectos: los miembros de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, prestaren un servicio que legalmente les corresponda; quienes acudieren en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios y sufrieran la agresión, violencia o intimidación grave; los bomberos y el personal sanitario o de rescate que intervinieren con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia; y el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La protección penal del personal docente o sanitario en el ejercicio ordinario de sus funciones, sin necesidad de que medie una calamidad o emergencia, se dispensa en cambio directamente en el propio art. 550 CP, que los equipara a la autoridad a estos efectos.

La tenencia, tráfico y depósito de armas: tipo básico (art. 563 CP)

El art. 563 del Código Penal castiga con pena de prisión de uno a tres años la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, remitiendo la determinación de qué armas tienen la consideración de prohibidas a las disposiciones específicas en la materia, fundamentalmente el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero). Este delito, de naturaleza formal (no exige que el arma llegue a utilizarse efectivamente, bastando su mera tenencia sin la habilitación legal correspondiente), protege de forma anticipada la seguridad colectiva frente al riesgo abstracto que supone la disponibilidad no controlada de armas cuya posesión el ordenamiento considera especialmente peligrosa por sus características técnicas o por la ausencia de un régimen de control administrativo adecuado sobre ellas. El art. 564 CP regula la tenencia de armas de fuego reglamentadas sin la licencia o permiso necesarios, castigándola con prisión de uno a dos años si son armas cortas y de seis meses a un año si son armas largas; la diferencia con el art. 563 es que aquí el arma es lícita en sí misma (reglamentada) y el delito reside en carecer de licencia, mientras que en el art. 563 el arma está prohibida.

El depósito de armas de guerra (art. 566 CP)

El art. 566 del Código Penal castiga, con penas considerablemente más elevadas que las del art. 563 (prisión de cinco a diez años para los promotores y organizadores, y de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación), a los que fabricaren, comercializaren o establecieren depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente, así como a quienes desarrollen o empleen armas químicas, nucleares, radiológicas o biológicas, minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos militares para su empleo, o las exporten o transporten o promuevan o favorezcan estas actividades, distinguiéndose así claramente, tanto por el objeto material (armas de guerra o de destrucción masiva, frente a las armas prohibidas de uso individual del art. 563) como por la mucho mayor gravedad de la pena, de la tenencia de armas prohibidas del tipo básico ya estudiado en el punto anterior.

La tenencia de municiones o de sustancias explosivas (art. 568 CP)

El art. 568 del Código Penal castiga con pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, y de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación, a quienes con cualquier propósito tuvieren, sustrajeren, poseyeren, fabricaren, transportaren o suministraren sustancias explosivas, así como sus componentes, o máquinas destinadas específicamente a su fabricación, siempre que no cuenten con la autorización o licencia correspondiente. Al igual que ocurre con la tenencia de armas prohibidas, este delito es de naturaleza formal y de peligro abstracto, castigando la mera disponibilidad no autorizada de estas sustancias especialmente peligrosas, con independencia de que lleguen o no a emplearse efectivamente para causar un resultado lesivo concreto, dada la extrema potencialidad destructiva que este tipo de sustancias representa para la seguridad colectiva si caen en manos no controladas administrativamente.

La fabricación, tráfico o depósito ilegal de armas químicas o biológicas

Junto a las armas de guerra convencionales ya estudiadas en el art. 566 CP, el Código Penal presta una atención específica y reforzada a las armas químicas, biológicas, nucleares y radiológicas, dado su enorme potencial destructivo y su capacidad de causar daños masivos e indiscriminados. Los arts. 566 y siguientes del Código Penal castigan con las penas más severas del catálogo de delitos relativos a armas la fabricación, el desarrollo, el empleo, la exportación o el transporte de estas armas de destrucción masiva, así como los preparativos militares orientados a su utilización, reflejando el compromiso internacional de España con los tratados de no proliferación de armas de destrucción masiva (Convención sobre Armas Químicas de 1993, Convención sobre Armas Biológicas de 1972, Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968), cuyo incumplimiento por particulares o por el propio Estado se castiga con la máxima severidad prevista en este ámbito del Derecho Penal.

Concepto de arma prohibida a efectos penales

El concepto de arma prohibida a efectos penales, al que remite el art. 563 del Código Penal, se define fundamentalmente por el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993), que establece un catálogo de armas cuya tenencia, uso o comercio está vedado a los particulares, distinto del catálogo de armas reglamentadas (cuya tenencia exige licencia o autorización administrativa, pero no está prohibida en sí misma). Entre las armas prohibidas se encuentran, entre otras, las armas de fuego cuyo mecanismo permita disparar más de un cartucho por cada accionamiento del disparador sin necesidad de recarga manual (armas automáticas de uso civil), las armas camufladas bajo la apariencia de otro objeto, los silenciadores destinados a armas de fuego distintas de aquellas para las que estén específicamente autorizados, y determinadas armas blancas de características especialmente peligrosas expresamente enumeradas por la normativa reglamentaria correspondiente. Conviene retener la regla de distinción: arma prohibida (art. 563 CP, prisión de uno a tres años) frente a arma reglamentada sin licencia (art. 564 CP, prisión de seis meses a dos años según sea corta o larga).

Resumen de penas del tema (memoria)

Atentado contra autoridad, prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses (art. 550); atentado contra agente o funcionario, prisión de 6 meses a 3 años (art. 550); atentado agravado, pena superior en grado (art. 551); resistencia o desobediencia grave, prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses (art. 556.1); falta de respeto a la autoridad, multa de 1 a 3 meses (art. 556.2); desórdenes públicos, prisión de 6 meses a 3 años (art. 557); perturbación grave del orden en actos públicos y lugares determinados, prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses (art. 558); tenencia de armas prohibidas, prisión de 1 a 3 años (art. 563); tenencia de armas reglamentadas sin licencia, prisión de 1 a 2 años (cortas) o de 6 meses a 1 año (largas) (art. 564); depósito de armas o armas de destrucción masiva, prisión de 5 a 10 años (promotores) y de 3 a 5 años (cooperadores) (art. 566); explosivos, prisión de 4 a 8 años (promotores) y de 3 a 5 años (cooperadores) (art. 568).

Concepto de artefacto explosivo

El concepto de artefacto explosivo, a efectos de la aplicación del art. 568 del Código Penal y de la normativa administrativa correspondiente (Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero), hace referencia a cualquier dispositivo o mecanismo diseñado o adaptado para producir una explosión mediante la liberación súbita de energía química, generando efectos destructivos (onda expansiva, proyección de fragmentos, efectos térmicos) sobre personas, bienes o estructuras. Comprende tanto los artefactos de fabricación industrial y autorizada (empleados en actividades legítimas como la minería, la demolición controlada o los espectáculos pirotécnicos, sujetos en tales casos a estricta regulación administrativa) como, de forma especialmente relevante a efectos penales, los artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés), fabricados de forma clandestina y artesanal con fines delictivos o terroristas, cuya tenencia, fabricación o empleo no autorizados constituye siempre delito conforme a los preceptos ya estudiados en este tema.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Atentado (art. 550 CP): agresión, acometimiento o RESISTENCIA GRAVE con violencia o intimidación GRAVE contra autoridad/agente/funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si es contra autoridad; prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos.
  • Concepto de autoridad (art. 24.1 CP): tiene mando o jurisdicción propia (miembros del Gobierno, jueces, Alcaldes) y, en todo caso, parlamentarios y fiscales. Agente de la autoridad: ejerce funciones ejecutivas por cuenta de una autoridad (los policías, con carácter general). El policía nacional es AGENTE, no autoridad.
  • Gradación de MENOR a MAYOR gravedad: desobediencia grave (mero incumplimiento de orden legítima, sin oposición física) < resistencia (oposición activa, sin violencia/intimidación grave) < atentado (agresión/acometimiento/resistencia grave con violencia o intimidación grave). Resistencia y desobediencia graves: art. 556.1, prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.
  • Faltas de respeto a la autoridad en el ejercicio de sus funciones: delito leve del art. 556.2 CP (multa de 1 a 3 meses). Si no alcanzan relevancia penal, la LO 4/2015 sanciona administrativamente: desobediencia/resistencia y negativa a identificarse, grave (art. 36.6); falta de respeto, leve (art. 37.4).
  • Atentado agravado (art. 551 CP): pena superior en grado al tipo básico si hay armas/objetos peligrosos, riesgo para la vida o lesiones graves, uso de vehículo de motor, o motín/plante en centro penitenciario.
  • Desórdenes públicos (art. 557 CP): actuación EN GRUPO o individual amparado en él, con la finalidad de atentar contra la paz pública, violencia o amenaza sobre personas/cosas — distinto del atentado, que va dirigido específicamente contra autoridad/agentes. Prisión de 6 meses a 3 años.
  • La LO 14/2022 (en vigor desde el 12-1-2023) derogó la sedición (arts. 544-549), reformó el art. 557, suprimió el art. 557 ter y el art. 559, y reordenó el art. 557 bis. Atención: el art. 557 bis ya NO debe estudiarse con el contenido anterior a la reforma.
  • El art. 554 CP (dentro del Capítulo II de atentados, no en un capítulo de 'disposición común') extiende la protección de los arts. 550-551 a: FFAA de uniforme en servicio, quienes auxilien a la autoridad, bomberos/personal sanitario o de rescate en emergencia, y personal de seguridad privada bajo mando de las FCSE; el personal docente/sanitario en su ejercicio se protege directamente por el art. 550.
  • Art. 558 CP: perturbación GRAVE del orden en audiencias de tribunales, actos públicos de autoridades, colegios electorales, centros docentes, espectáculos deportivos o culturales: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.
  • Art. 562 CP (Capítulo IV, 'disposición común'): provocación, conspiración y proposición para los delitos de los capítulos anteriores, pena inferior en uno o dos grados.
  • Tenencia de armas prohibidas (art. 563 CP, prisión de 1 a 3 años): delito de PELIGRO ABSTRACTO/formal, no exige uso efectivo. Armas reglamentadas sin licencia (art. 564): 1-2 años (cortas), 6 meses a 1 año (largas).
  • Depósito de armas de guerra y armas químicas/biológicas/nucleares (art. 566, penas de 5 a 10 y 3 a 5 años) se castigan con MUCHA mayor severidad que las armas prohibidas de uso individual (art. 563).
  • Tenencia de explosivos (art. 568 CP): también delito de peligro abstracto, penas de 4 a 8 años (promotores y organizadores) y de 3 a 5 años (cooperadores), siempre sin la autorización o licencia correspondiente.
  • El atentado no requiere uniforme ni lesiones: basta que el autor conozca la condición de autoridad/agente. Si hay lesiones se castigan además conforme a las reglas del concurso.
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La resistencia o desobediencia grave a la autoridad o sus agentes (art. 556.1 CP) se castiga con:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 19 de Policía Nacional?

Este tema tiene una relevancia directa e inmediata para cualquier agente de la Escala Básica, pues regula precisamente los delitos de los que con mayor frecuencia son víctimas los propios policías en el ejercicio de sus funciones: el atentado, la resistencia y la desobediencia. Junto a ellos, se estudian los desórdenes públicos, la disposición común del Título XXII y los delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas y explosivos, cerrando así el bloque de delitos que protegen el correcto funcionamiento de las instituciones y la seguridad colectiva frente a la violencia física dirigida contra quienes las representan o frente al uso ilícito de medios especialmente peligrosos. Se incorporan el efecto de la reforma de la Ley Orgánica 14/2022 (supresión de la sedición y reordenación de los desórdenes públicos), la frontera con el régimen sancionador de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y las penas de memoria de cada figura.

¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?

Atentado (art. 550 CP): agresión, acometimiento o RESISTENCIA GRAVE con violencia o intimidación GRAVE contra autoridad/agente/funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si es contra autoridad; prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos. Concepto de autoridad (art. 24.1 CP): tiene mando o jurisdicción propia (miembros del Gobierno, jueces, Alcaldes) y, en todo caso, parlamentarios y fiscales. Agente de la autoridad: ejerce funciones ejecutivas por cuenta de una autoridad (los policías, con carácter general). El policía nacional es AGENTE, no autoridad. Gradación de MENOR a MAYOR gravedad: desobediencia grave (mero incumplimiento de orden legítima, sin oposición física) < resistencia (oposición activa, sin violencia/intimidación grave) < atentado (agresión/acometimiento/resistencia grave con violencia o intimidación grave). Resistencia y desobediencia graves: art. 556.1, prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Faltas de respeto a la autoridad en el ejercicio de sus funciones: delito leve del art. 556.2 CP (multa de 1 a 3 meses). Si no alcanzan relevancia penal, la LO 4/2015 sanciona administrativamente: desobediencia/resistencia y negativa a identificarse, grave (art. 36.6); falta de respeto, leve (art. 37.4). Atentado agravado (art. 551 CP): pena superior en grado al tipo básico si hay armas/objetos peligrosos, riesgo para la vida o lesiones graves, uso de vehículo de motor, o motín/plante en centro penitenciario. Desórdenes públicos (art. 557 CP): actuación EN GRUPO o individual amparado en él, con la finalidad de atentar contra la paz pública, violencia o amenaza sobre personas/cosas — distinto del atentado, que va dirigido específicamente contra autoridad/agentes. Prisión de 6 meses a 3 años. La LO 14/2022 (en vigor desde el 12-1-2023) derogó la sedición (arts. 544-549), reformó el art. 557, suprimió el art. 557 ter y el art. 559, y reordenó el art. 557 bis. Atención: el art. 557 bis ya NO debe estudiarse con el contenido anterior a la reforma. El art. 554 CP (dentro del Capítulo II de atentados, no en un capítulo de 'disposición común') extiende la protección de los arts. 550-551 a: FFAA de uniforme en servicio, quienes auxilien a la autoridad, bomberos/personal sanitario o de rescate en emergencia, y personal de seguridad privada bajo mando de las FCSE; el personal docente/sanitario en su ejercicio se protege directamente por el art. 550. Art. 558 CP: perturbación GRAVE del orden en audiencias de tribunales, actos públicos de autoridades, colegios electorales, centros docentes, espectáculos deportivos o culturales: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Art. 562 CP (Capítulo IV, 'disposición común'): provocación, conspiración y proposición para los delitos de los capítulos anteriores, pena inferior en uno o dos grados. Tenencia de armas prohibidas (art. 563 CP, prisión de 1 a 3 años): delito de PELIGRO ABSTRACTO/formal, no exige uso efectivo. Armas reglamentadas sin licencia (art. 564): 1-2 años (cortas), 6 meses a 1 año (largas). Depósito de armas de guerra y armas químicas/biológicas/nucleares (art. 566, penas de 5 a 10 y 3 a 5 años) se castigan con MUCHA mayor severidad que las armas prohibidas de uso individual (art. 563). Tenencia de explosivos (art. 568 CP): también delito de peligro abstracto, penas de 4 a 8 años (promotores y organizadores) y de 3 a 5 años (cooperadores), siempre sin la autorización o licencia correspondiente. El atentado no requiere uniforme ni lesiones: basta que el autor conozca la condición de autoridad/agente. Si hay lesiones se castigan además conforme a las reglas del concurso.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), Título XXII, arts. 544 a 580 bis, y art. 24.
  • Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso (BOE-A-2022-21800).
  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, arts. 36, 37 y 39.
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, arts. 5 y 7.
  • Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
  • Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 492.

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