Ver esquema

Tema 15. Medidas para la Protección de Infraestructuras Críticas. El Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. El Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas. Ciberseguridad.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

La protección de infraestructuras críticas (energía, agua, transporte, telecomunicaciones y otros sectores) es un ámbito relativamente reciente de la seguridad pública española, regulado por la Ley 8/2011 y su Reglamento (Real Decreto 704/2011), que crea un sistema de planificación en cascada —desde el Plan Nacional hasta el plan de apoyo operativo de cada territorio— coordinado por el CNPIC, órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. El tema cierra con una introducción a la ciberseguridad, ámbito transversal a todo lo anterior dada la creciente dependencia digital de las infraestructuras esenciales, y con los organismos y normas de referencia españoles y europeos en esta materia (Esquema Nacional de Seguridad, CCN-CERT, INCIBE, Directivas NIS2 y CER).

← Ver el índice completo del temario

Marco normativo: la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas

La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas (BOE-A-2011-7630), constituye el marco normativo básico español en esta materia y transpuso la Directiva 2008/114/CE, sobre identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y evaluación de la necesidad de mejorar su protección. Su finalidad es establecer las estrategias y estructuras adecuadas que permitan dirigir y coordinar las actuaciones de los distintos organismos de las Administraciones Públicas en materia de protección de infraestructuras críticas, previa identificación y catalogación de las mismas, e impulsar la colaboración e implicación de los organismos gestores y propietarios de dichas infraestructuras, en su mayoría privados, para optimizar el grado de protección frente a ataques deliberados de cualquier tipo, físicos o cibernéticos. Es una ley ordinaria que coexiste con la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, que enmarca la protección de las infraestructuras críticas dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional. La Directiva 2008/114/CE ha sido derogada por la Directiva (UE) 2022/2557, relativa a la resiliencia de las entidades críticas (Directiva CER), cuyo plazo de transposición venció el 17 de octubre de 2024; en el momento de esta revisión no se ha podido confirmar su transposición íntegra al ordenamiento español, por lo que el marco vigente de referencia sigue siendo la Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011 (verificar si se ha aprobado una ley de transposición).

El Real Decreto 704/2011, Reglamento de protección de las infraestructuras críticas

El Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas, que desarrolla y completa las previsiones de la Ley 8/2011, detallando el contenido y procedimiento de aprobación de cada uno de los instrumentos de planificación previstos por el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (Plan Nacional, Planes Estratégicos Sectoriales, Planes de Seguridad del Operador, Planes de Protección Específicos y Planes de Apoyo Operativo), así como el funcionamiento de los distintos órganos del sistema (Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, Grupo de Trabajo Interdepartamental, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas) y la figura del Responsable de Seguridad y Enlace que cada operador crítico debe designar. Este reglamento constituye la norma de referencia técnica y procedimental de todo el sistema español de protección de infraestructuras críticas.

Concepto de infraestructura crítica (art. 2)

El art. 2 de la Ley 8/2011 define las infraestructuras críticas como las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. La nota diferencial de la infraestructura crítica, dentro del conjunto más amplio de las infraestructuras estratégicas, es la ausencia de soluciones alternativas viables: mientras una infraestructura estratégica podría ser sustituida o su función asumida por otra, la crítica es aquella cuya afectación produciría un impacto grave e irreemplazable, lo que justifica su régimen de protección reforzada. La ley distingue además la infraestructura crítica europea (situada en un Estado miembro cuya perturbación afectaría gravemente al menos a otros dos Estados miembros), la zona crítica y el operador crítico (entidad responsable de las inversiones o del funcionamiento diario de una instalación designada como infraestructura crítica).

Concepto de infraestructura estratégica y de servicio esencial (art. 2)

El art. 2 de la Ley 8/2011 define las infraestructuras estratégicas como las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Servicio esencial es el necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y de las Administraciones Públicas. Las infraestructuras estratégicas constituyen el género, del que las críticas son la especie de mayor relevancia y régimen reforzado; las estratégicas no catalogadas como críticas siguen sujetas a un régimen de protección de menor intensidad.

El Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC): componentes

El Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC), diseñado por la Ley 8/2011 y desarrollado por su reglamento, integra el conjunto de organismos, órganos, instrumentos de planificación y mecanismos de coordinación destinados a garantizar la protección de las infraestructuras estratégicas y críticas españolas. Sus principales componentes son: los órganos de gobierno y coordinación (Secretaría de Estado de Seguridad, Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, Grupo de Trabajo Interdepartamental, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas); los instrumentos de planificación en cascada (Plan Nacional, Planes Estratégicos Sectoriales, Catálogo Nacional, Planes de Seguridad del Operador, Planes de Protección Específicos, Planes de Apoyo Operativo); y los propios operadores críticos, tanto públicos como privados, sobre quienes recae la responsabilidad primaria de la protección física y lógica de sus propias infraestructuras, bajo la supervisión del sistema.

El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC)

El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), creado en 2007 y hoy denominado Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (conserva las siglas CNPIC), es el órgano encargado del impulso, la coordinación y la supervisión de todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la protección de las infraestructuras críticas españolas, constituyendo el órgano técnico central del sistema PIC. Depende orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, actúa como punto de contacto nacional con la Unión Europea y con otros Estados en esta materia y coordina su actividad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias y los operadores críticos, tanto en la fase preventiva como en la respuesta ante incidentes. Opera también el CERT de seguridad e industria (CERTSI) en colaboración con INCIBE-CERT para los operadores críticos.

Funciones del CNPIC

Entre las funciones del CNPIC se encuentran: elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas; impulsar, coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con la protección de las infraestructuras críticas en el ámbito nacional; actuar como punto de contacto y coordinación con la Unión Europea y con terceros países en esta materia; verificar la elaboración de los distintos instrumentos de planificación por parte de los operadores obligados (Planes de Seguridad del Operador y Planes de Protección Específicos); realizar los análisis de riesgo necesarios para la correcta catalogación de las infraestructuras; y mantener actualizado el sistema de comunicación e información necesario para la coordinación de todo el sistema, incluyendo la gestión de la información clasificada relativa a las infraestructuras críticas, que goza de un régimen de protección reforzado dado el riesgo que su difusión indebida podría suponer para la seguridad nacional.

El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas

El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas es el instrumento en el que se recogen, de forma clasificada, todas las infraestructuras estratégicas radicadas en el territorio nacional, tanto de titularidad pública como privada, distinguiendo dentro de él las que han sido designadas como infraestructuras críticas. Su elaboración y mantenimiento corresponde al CNPIC, en colaboración con los Ministerios sectorialmente competentes, y su contenido tiene la consideración de información clasificada (grado de SECRETO), con un régimen de acceso muy restringido, dado que su conocimiento por terceros no autorizados podría facilitar la planificación de ataques contra dichas infraestructuras. La designación de un operador como crítico y de una instalación como infraestructura crítica se hace por resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, que la notifica al operador.

Los sectores estratégicos regulados: energía, agua, transporte, TIC, entre otros

La normativa de protección de infraestructuras críticas identifica doce sectores estratégicos sobre los que se proyecta el sistema PIC: administración, espacio, industria nuclear, industria química, instalaciones de investigación, agua, energía, salud, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), transporte, alimentación, y sistema financiero y tributario. Cada sector cuenta con un Ministerio u organismo responsable sectorial (por ejemplo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en energía y agua, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el sector del transporte, o el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en las TIC), que colabora con el CNPIC en la identificación, catalogación y supervisión de las infraestructuras críticas de su ámbito material. Esto refleja la naturaleza transversal y multisectorial de la protección de infraestructuras críticas.

El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC)

El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC) es el instrumento de planificación de mayor rango dentro del sistema, que establece los criterios y las prioridades generales para lograr la protección adecuada de las infraestructuras estratégicas frente a ataques deliberados de todo tipo (físicos o lógicos), fija el marco general de actuación de todo el sistema PIC y sirve de referencia para el resto de instrumentos de planificación en cascada (Planes Estratégicos Sectoriales, Planes de Seguridad del Operador, Planes de Protección Específicos, Planes de Apoyo Operativo). Se elabora en el ámbito del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad, a través del CNPIC) y tiene la consideración de información clasificada, dada la sensibilidad de su contenido para la seguridad nacional.

Los Planes Estratégicos Sectoriales (PES)

Los Planes Estratégicos Sectoriales (PES) son instrumentos de planificación elaborados para cada uno de los sectores estratégicos, que analizan el sector correspondiente, definen las infraestructuras críticas existentes, valoran el riesgo global que sobre ellas concurre y establecen las directrices generales para hacerle frente de forma coordinada dentro del sector. Se elaboran con el Ministerio u organismo sectorialmente competente en cada caso, con el impulso y apoyo del CNPIC, y se aprueban por los órganos colegiados del sistema PIC según el procedimiento del Real Decreto 704/2011 (Comisión Nacional y Grupo de Trabajo Interdepartamental, a propuesta de los anteriores). Sirven de marco de referencia sectorial para que cada operador crítico elabore su propio Plan de Seguridad del Operador.

Los Planes de Seguridad del Operador (PSO)

El Plan de Seguridad del Operador (PSO) es el instrumento de planificación que cada operador crítico (empresa u organismo público titular o gestor de una o varias infraestructuras designadas como críticas) debe elaborar y presentar ante el Ministerio del Interior, definiendo la política general del operador para garantizar la seguridad del conjunto de sus infraestructuras, tanto las críticas como el resto de instalaciones que posea, incluyendo la metodología de análisis de riesgos que aplica, así como las medidas o soluciones ya adoptadas o que prevea adoptar, en materia de seguridad integral (física y cibernética) de sus infraestructuras. El PSO tiene, por tanto, un carácter más general y corporativo que los Planes de Protección Específicos, que se elaboran de forma individualizada para cada infraestructura crítica concreta del operador, dentro del marco general fijado por su propio Plan de Seguridad del Operador.

Los Planes de Protección Específicos (PPE)

El Plan de Protección Específico (PPE) es el instrumento de planificación operativa referido a una infraestructura crítica concreta, que debe elaborar el operador correspondiente para cada una de sus infraestructuras designadas formalmente como críticas, en el que se identifican las vulnerabilidades concretas de dicha instalación y se detallan las medidas de seguridad, tanto permanentes como las que puedan activarse en distintos niveles de alerta, que se van a implantar para su protección física y lógica frente a las amenazas identificadas. Es, por tanto, el instrumento de planificación de mayor nivel de detalle y concreción dentro de todo el sistema en cascada, exigiendo un análisis de riesgo pormenorizado de la infraestructura concreta de que se trate, y siendo objeto de evaluación y, en su caso, aprobación por parte del Ministerio del Interior a través del CNPIC, antes de su implantación efectiva por el operador.

Los Planes de Apoyo Operativo (PAO)

El Plan de Apoyo Operativo (PAO) es el instrumento operativo en el que se recogen las medidas de vigilancia, prevención y protección que deben desarrollar los Cuerpos Policiales (Policía Nacional, Guardia Civil o, en su caso, la policía autonómica con competencias) en el ámbito territorial en el que se ubica cada infraestructura crítica, en coherencia con lo previsto en el Plan de Seguridad del Operador y en el Plan de Protección Específico de la instalación. Se elabora por el Cuerpo Policial competente y se integra en el sistema con la coordinación de la Delegación o Subdelegación del Gobierno y del CNPIC, y se adecua al nivel de alerta antiterrorista vigente. Es el nivel de planificación de mayor interés directo para el personal policial operativo desplegado en el territorio.

El Responsable de Seguridad y Enlace (RSE) y el Delegado de Seguridad

El Responsable de Seguridad y Enlace (RSE) es la persona designada por cada operador crítico como canal de comunicación permanente con las Administraciones Públicas competentes, en particular con el CNPIC, correspondiéndole gestionar los aspectos relacionados con la seguridad integral del operador, la elaboración y actualización del Plan de Seguridad del Operador y de los Planes de Protección Específicos, y la canalización de la información sobre amenazas e incidentes. El RSE debe ser comunicado a la Secretaría de Estado de Seguridad y suele ser una persona con la habilitación de director de seguridad privada (tema 13). Junto a él, cada infraestructura crítica designa un Delegado de Seguridad, que actúa como enlace operativo con los Cuerpos Policiales en el ámbito de esa instalación. La figura del RSE es clave para articular la colaboración público-privada que caracteriza al sistema PIC.

La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas

La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas es el órgano colegiado interministerial de mayor rango dentro del sistema PIC, presidido por el Secretario de Estado de Seguridad, encargado de aprobar las líneas de actuación e impulso en materia de protección de infraestructuras críticas, así como de garantizar la adecuada coordinación entre los distintos Ministerios sectorialmente competentes en la materia (Interior, Defensa, Energía, Transporte, Sanidad, Economía, entre otros, según el sector estratégico de que se trate en cada caso). Su función es de dirección política y estratégica de todo el sistema, correspondiendo al CNPIC, en cambio, la función técnica y de coordinación operativa del día a día, en una estructura análoga a la que ya se ha visto en otros ámbitos de la seguridad pública (dirección política frente a ejecución técnica y operativa).

El Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección de las Infraestructuras Críticas

El Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección de las Infraestructuras Críticas es el órgano de apoyo técnico a la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, integrado por representantes técnicos de los distintos Ministerios y organismos con competencias en la materia, correspondiéndole el estudio, informe y propuesta de las cuestiones técnicas que deban someterse a la Comisión Nacional, así como el seguimiento de la ejecución de los acuerdos adoptados por esta. Constituye el nivel de trabajo técnico intermedio entre el CNPIC (órgano ejecutivo del día a día) y la Comisión Nacional (órgano de dirección política interministerial), facilitando la preparación técnica adecuada de las decisiones estratégicas que finalmente debe adoptar la Comisión Nacional en el ejercicio de sus funciones de dirección del sistema completo de protección de infraestructuras críticas español.

Concepto de ciberseguridad

La ciberseguridad puede definirse como el conjunto de medidas, políticas, tecnologías y procedimientos orientados a proteger los sistemas de información, las redes de comunicaciones y los datos frente a accesos no autorizados, ataques, daños o interrupciones, garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La creciente digitalización de las infraestructuras críticas (sistemas de control industrial de centrales eléctricas, redes de distribución de agua, sistemas de gestión del tráfico aéreo o ferroviario, redes de telecomunicaciones) ha convertido a la ciberseguridad en una dimensión transversal e ineludible de la protección de infraestructuras críticas, dado que un ataque cibernético exitoso contra los sistemas de control de una infraestructura esencial puede producir efectos tan graves, o más, que un ataque físico o convencional tradicional, con la particularidad añadida de que este tipo de ataques puede ejecutarse de forma remota, anónima y a gran escala.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el marco de la Seguridad Nacional

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad vigente, aprobada en 2019 (Orden PCI/487/2019, de 26 de abril), se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional (la de 2021, aprobada por Real Decreto 1150/2021) y en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, que considera la ciberseguridad un ámbito de especial interés. Fija los objetivos, principios y líneas de acción del Estado para un uso seguro y fiable del ciberespacio y para reforzar las capacidades de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas. Se articula en torno a ejes como la protección de las infraestructuras críticas frente a ciberataques, la seguridad y resiliencia de las Administraciones Públicas, la formación y concienciación de la ciudadanía y las empresas, y la persecución de la ciberdelincuencia. La gobernanza se ejerce a través del Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Ciberseguridad y el Departamento de Seguridad Nacional, de la Presidencia del Gobierno. La ciberdelincuencia se desarrolla con mayor detalle en el tema 41.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) está regulado actualmente por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituyó al Real Decreto 3/2010 (derogado). Establece los principios básicos y los requisitos mínimos que deben cumplir las Administraciones Públicas, y las entidades del sector privado que les prestan servicios, para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos. Se basa en la gestión de riesgos, la prevención, detección, respuesta y conservación, y en cinco dimensiones de la seguridad: disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad. Categoriza los sistemas de información en básica, media y alta según el impacto de un incidente, con las medidas de seguridad correspondientes, y exige auditorías periódicas y declaración o certificación de conformidad. Se complementa con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El ENS es la norma de referencia para el sector público; el CCN, a través del CCN-CERT, desarrolla sus guías (serie CCN-STIC).

Organismos de referencia en ciberseguridad: CCN-CERT, INCIBE-CERT y otros equipos de respuesta

El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, cuenta con el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información CCN-CERT, que es el organismo de referencia en ciberseguridad para las Administraciones Públicas y para las empresas y organizaciones de interés estratégico para el país, y emite alertas, guías y avisos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), sociedad mercantil estatal adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es el organismo de referencia para ciudadanos, empresas (en especial pymes) y operadores privados, y su equipo INCIBE-CERT es el CSIRT de referencia en ese ámbito. Para los operadores críticos, el CERT de seguridad e industria (CERTSI), operado por INCIBE en colaboración con el CNPIC, canaliza la respuesta a incidentes. El Ministerio de Defensa cuenta con el Mando Conjunto del Ciberespacio y su CSIRT (ESPDEF-CERT), y el Ministerio del Interior con la Oficina de Coordinación Cibernética. Desde el punto de vista policial, la Policía Nacional cuenta con la Unidad de Investigación Tecnológica y la Guardia Civil con el Grupo de Delitos Telemáticos.

Amenazas a las infraestructuras críticas en el ciberespacio

Las infraestructuras críticas se enfrentan a un conjunto diverso de amenazas en el ciberespacio, entre las que destacan los ataques dirigidos por Amenazas Persistentes Avanzadas (APT), normalmente vinculadas a actores estatales o patrocinados por Estados, que buscan comprometer de forma prolongada y sigilosa los sistemas de control industrial de infraestructuras esenciales (energéticas, hidráulicas, de transporte) con fines de sabotaje, espionaje o preparación de acciones hostiles futuras; los ataques de ransomware, que han demostrado su capacidad de paralizar servicios esenciales completos (hospitales, suministro de combustible, servicios municipales) mediante el cifrado malicioso de los sistemas informáticos que los gestionan; y los ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS), capaces de colapsar servicios críticos de cara al público (portales de la Administración, servicios de emergencia) mediante la saturación deliberada de sus sistemas con tráfico masivo. Estas amenazas, desarrolladas con mayor detalle en el tema 41, justifican la creciente atención que el sistema PIC dedica a la dimensión cibernética de la protección.

Operadores críticos: obligaciones y régimen sancionador

El operador crítico (entidad responsable de las inversiones o del funcionamiento diario de una instalación designada como infraestructura crítica) asume obligaciones directas: colaborar con las autoridades, designar un Responsable de Seguridad y Enlace, elaborar y mantener actualizados el Plan de Seguridad del Operador y los Planes de Protección Específicos en los plazos fijados reglamentariamente, y permitir las inspecciones. Estos operadores son designados por resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad y deben comunicar los incidentes que afecten a la seguridad de sus infraestructuras. La Ley 8/2011 incorpora un régimen sancionador propio, con infracciones muy graves, graves y leves, para quienes incumplan estas obligaciones; no se ha podido verificar el cuadro de cuantías, que debe consultarse en el texto legal.

La Directiva (UE) 2022/2557 de resiliencia de las entidades críticas (CER) y la Directiva NIS2

La Directiva (UE) 2022/2557 (CER) sustituye a la Directiva 2008/114/CE y amplía el enfoque desde las infraestructuras críticas europeas (energía y transporte) a las entidades críticas en once sectores: energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, salud, agua potable, aguas residuales, infraestructura digital, administración pública, espacio y producción, transformación y distribución de alimentos. Obliga a los Estados a adoptar una estrategia nacional, a evaluar riesgos, a identificar a las entidades críticas (la primera identificación debía realizarse antes del 17 de julio de 2026) y a imponer a estas medidas de resiliencia y la notificación de incidentes. Se complementa con la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), relativa a medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad en la Unión, que sustituye a la Directiva (UE) 2016/1148 (NIS), ya transpuesta a España por el Real Decreto-ley 12/2018 y el Real Decreto 43/2021, y que amplía los sectores y las obligaciones de gestión de riesgos y notificación de incidentes. En el momento de esta revisión no se ha podido confirmar su completa transposición a Derecho español (existe un anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad); mientras tanto, sigue vigente el marco de 2018. Otros instrumentos europeos relevantes son el Reglamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act, ENISA y certificación), el Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA, sector financiero) y el Reglamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act).

Seguridad de las redes y sistemas de información: normativa española

Además del ENS, la ciberseguridad se regula por el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, que identifica a los operadores de servicios esenciales y a los proveedores de servicios digitales y establece obligaciones de seguridad y de notificación de incidentes, y por su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 43/2021). Para los operadores de servicios esenciales críticos, el Ministerio del Interior, a través del CNPIC, es la autoridad de coordinación con el sistema PIC. La seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas de quinta generación (5G) se regula por el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, y la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones contiene obligaciones de seguridad e integridad de las redes. La Fiscalía especializada en criminalidad informática y las unidades policiales tecnológicas persiguen los delitos informáticos (tema 41). Distinción útil: el CNPIC protege infraestructuras críticas, el CCN-CERT atiende al sector público, y el INCIBE-CERT atiende a ciudadanos y empresas.

Relación con el nivel de alerta antiterrorista y el papel de la Policía Nacional

Los Planes de Protección Específicos y los Planes de Apoyo Operativo incorporan medidas graduadas que se activan según el nivel de alerta del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, que tiene cinco niveles (de 1, riesgo bajo, a 5, riesgo muy alto), declarados por el Ministerio del Interior. España se mantiene desde 2015 en el nivel 4 (riesgo alto), con posibles reforzamientos puntuales; conviene verificar el nivel vigente en la fecha del examen. En este marco, la Policía Nacional interviene en la seguridad de las infraestructuras críticas mediante la elaboración, ejecución y actualización de los PAO en su ámbito de competencia territorial, el contacto permanente con el RSE y el Delegado de Seguridad del operador, la vigilancia y la respuesta ante incidentes, y la investigación de los hechos delictivos (sabotaje, intrusión, terrorismo, ciberataques). La Unidad Central de Seguridad Privada supervisa a las empresas y al personal de seguridad privada que protegen físicamente muchas de estas instalaciones.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 8/2011, de 28 de abril (BOE-A-2011-7630), transpuso la Directiva 2008/114/CE; Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. La Directiva (UE) 2022/2557 (CER) sustituye a la de 2008.
  • Infraestructura ESTRATÉGICA (género: soporta servicios esenciales) vs. infraestructura CRÍTICA (especie: sin solución alternativa posible, su afectación tendría un impacto grave e irreemplazable).
  • El CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, hoy de Infraestructuras y Ciberseguridad), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, es el órgano TÉCNICO central; la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, presidida por el Secretario de Estado de Seguridad, es el órgano de dirección interministerial.
  • El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas es información CLASIFICADA (secreto), de acceso muy restringido.
  • 12 sectores estratégicos: administración, espacio, industria nuclear, industria química, instalaciones de investigación, agua, energía, salud, TIC, transporte, alimentación, y sistema financiero y tributario.
  • Planificación en CASCADA: Plan Nacional (PNPIC) → Planes Estratégicos Sectoriales (PES) → Plan de Seguridad del Operador (PSO, general del operador) → Plan de Protección Específico (PPE, por cada infraestructura crítica) → Plan de Apoyo Operativo (PAO, de los Cuerpos Policiales en el territorio).
  • El Responsable de Seguridad y Enlace (RSE) es la figura de interlocución obligatoria de cada operador crítico con el CNPIC; suele tener habilitación de director de seguridad privada.
  • El Esquema Nacional de Seguridad se regula hoy por el RD 311/2022 (derogó el RD 3/2010): categorías básica, media y alta; 5 dimensiones: disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad.
  • CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI): referencia para las Administraciones Públicas. INCIBE-CERT (INCIBE, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, vía SEDIA): ciudadanos, empresas y operadores privados. CERTSI: operadores críticos (INCIBE + CNPIC).
  • Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 (Orden PCI/487/2019); Estrategia de Seguridad Nacional 2021; Ley 36/2015 de Seguridad Nacional; Consejo Nacional de Ciberseguridad.
  • NIS: Real Decreto-ley 12/2018 y Real Decreto 43/2021; NIS2 (Directiva (UE) 2022/2555) amplía obligaciones, con transposición pendiente de confirmar.
  • La Directiva CER (2022/2557) cubre 11 sectores y exige identificar entidades críticas antes del 17-7-2026; no confundir con los 12 sectores estratégicos de la Ley 8/2011.
  • Amenazas típicas a infraestructuras críticas: APT (Amenazas Persistentes Avanzadas, normalmente estatales), ransomware y ataques DDoS — desarrolladas con más detalle en el tema 41 de ciberdelincuencia.
  • Plan de Prevención y Protección Antiterrorista: 5 niveles (1 a 5); nivel 4 (alto) desde 2015; los PPE y PAO se activan según el nivel de alerta.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuál NO es una dimensión de la seguridad del ENS?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 15 de Policía Nacional?

La protección de infraestructuras críticas (energía, agua, transporte, telecomunicaciones y otros sectores) es un ámbito relativamente reciente de la seguridad pública española, regulado por la Ley 8/2011 y su Reglamento (Real Decreto 704/2011), que crea un sistema de planificación en cascada —desde el Plan Nacional hasta el plan de apoyo operativo de cada territorio— coordinado por el CNPIC, órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. El tema cierra con una introducción a la ciberseguridad, ámbito transversal a todo lo anterior dada la creciente dependencia digital de las infraestructuras esenciales, y con los organismos y normas de referencia españoles y europeos en esta materia (Esquema Nacional de Seguridad, CCN-CERT, INCIBE, Directivas NIS2 y CER).

¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?

Ley 8/2011, de 28 de abril (BOE-A-2011-7630), transpuso la Directiva 2008/114/CE; Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. La Directiva (UE) 2022/2557 (CER) sustituye a la de 2008. Infraestructura ESTRATÉGICA (género: soporta servicios esenciales) vs. infraestructura CRÍTICA (especie: sin solución alternativa posible, su afectación tendría un impacto grave e irreemplazable). El CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, hoy de Infraestructuras y Ciberseguridad), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, es el órgano TÉCNICO central; la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, presidida por el Secretario de Estado de Seguridad, es el órgano de dirección interministerial. El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas es información CLASIFICADA (secreto), de acceso muy restringido. 12 sectores estratégicos: administración, espacio, industria nuclear, industria química, instalaciones de investigación, agua, energía, salud, TIC, transporte, alimentación, y sistema financiero y tributario. Planificación en CASCADA: Plan Nacional (PNPIC) → Planes Estratégicos Sectoriales (PES) → Plan de Seguridad del Operador (PSO, general del operador) → Plan de Protección Específico (PPE, por cada infraestructura crítica) → Plan de Apoyo Operativo (PAO, de los Cuerpos Policiales en el territorio). El Responsable de Seguridad y Enlace (RSE) es la figura de interlocución obligatoria de cada operador crítico con el CNPIC; suele tener habilitación de director de seguridad privada. El Esquema Nacional de Seguridad se regula hoy por el RD 311/2022 (derogó el RD 3/2010): categorías básica, media y alta; 5 dimensiones: disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad. CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI): referencia para las Administraciones Públicas. INCIBE-CERT (INCIBE, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, vía SEDIA): ciudadanos, empresas y operadores privados. CERTSI: operadores críticos (INCIBE + CNPIC). Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 (Orden PCI/487/2019); Estrategia de Seguridad Nacional 2021; Ley 36/2015 de Seguridad Nacional; Consejo Nacional de Ciberseguridad. NIS: Real Decreto-ley 12/2018 y Real Decreto 43/2021; NIS2 (Directiva (UE) 2022/2555) amplía obligaciones, con transposición pendiente de confirmar. La Directiva CER (2022/2557) cubre 11 sectores y exige identificar entidades críticas antes del 17-7-2026; no confundir con los 12 sectores estratégicos de la Ley 8/2011. Amenazas típicas a infraestructuras críticas: APT (Amenazas Persistentes Avanzadas, normalmente estatales), ransomware y ataques DDoS — desarrolladas con más detalle en el tema 41 de ciberdelincuencia. Plan de Prevención y Protección Antiterrorista: 5 niveles (1 a 5); nivel 4 (alto) desde 2015; los PPE y PAO se activan según el nivel de alerta.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, BOE-A-2011-7630.
  • Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas.
  • Directiva 2008/114/CE (derogada) y Directiva (UE) 2022/2557, relativa a la resiliencia de las entidades críticas; Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2).
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información; Real Decreto 43/2021.
  • Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional; Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 (Orden PCI/487/2019, de 26 de abril); Real Decreto 1150/2021 (Estrategia de Seguridad Nacional).

Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.

Empieza gratis ahora