Tema 22. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Ámbito. Concepto general de víctima. Derechos básicos. Protección de las víctimas. Medidas de protección a la víctima.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
La Ley 4/2015 supuso un cambio de paradigma en el proceso penal español, situando a la víctima del delito en un lugar central que hasta entonces ocupaba de forma mucho más secundaria, reconociéndole un catálogo autónomo de derechos de información, protección y participación con independencia de que llegue o no a personarse como parte en el proceso penal. Este tema es de aplicación práctica inmediata para cualquier agente de la Escala Básica, dado que el primer contacto de una víctima con el sistema de justicia penal se produce, en la inmensa mayoría de los casos, precisamente a través de una comisaría de policía. Se estudian el ámbito de la ley, el concepto de víctima directa e indirecta, los derechos básicos (información, traducción, participación, reembolso de gastos), el sistema de protección (evaluación individual y medidas durante la investigación y el juicio, con especial atención a menores y personas con discapacidad) y el régimen especial de las víctimas del terrorismo. La ley ha sido completada por el Real Decreto 1109/2015 y reforzada por reformas posteriores (en especial la LO 8/2021 de protección de la infancia y la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual).
Marco normativo: la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, transpone al ordenamiento español la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y constituye la primera regulación integral y sistemática de los derechos de las víctimas en el proceso penal español, con independencia del tipo de delito sufrido y de su condición procesal (esto es, con independencia de que la víctima se persone o no como acusación particular en el proceso penal correspondiente). Antes de esta ley, los derechos de las víctimas se encontraban dispersos en distintas normas sectoriales (Ley de Enjuiciamiento Criminal, legislación específica de violencia de género, de terrorismo), careciendo de un catálogo unificado y de mínimos comunes aplicables a todas ellas, laguna que esta ley vino a colmar de forma sistemática. Su finalidad, según su preámbulo, es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica sino también social, a las víctimas, y no solo cuando se produce el proceso penal, sino también antes y después de él. La ley tiene carácter de ley ordinaria, en parte modifica la LECrim y se completa con el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que la desarrolla y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. Normas relacionadas: Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo; Ley Orgánica 1/2004 (violencia de género, tema 23); Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; y Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. Estructura básica de la ley: Título preliminar (disposiciones generales, concepto de víctima y derechos), Título I (derechos básicos), Título II (participación en el proceso penal), Título III (protección de las víctimas) y Título IV (asistencia y apoyo, con las Oficinas de Asistencia y la coordinación con otras Administraciones).
Ámbito de aplicación de la ley (arts. 1 y 2)
El art. 1 de la Ley 4/2015 establece que sus disposiciones serán aplicables a todas las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si gozan o no de residencia legal, extendiendo así su ámbito subjetivo de protección con carácter universal, sin discriminación alguna por razón de la condición administrativa o de nacionalidad de la víctima. El art. 2 delimita el ámbito subjetivo (víctima directa y víctimas indirectas) y excluye expresamente de la condición de víctima indirecta a quienes sean los responsables de los hechos. El estatuto se aplica con independencia de que se conozca o no la identidad del autor, de que se haya o no denunciado y del resultado del proceso, y se extiende a lo largo de todo el proceso penal y durante un período adecuado después de su finalización. La ley se aplica solo a las personas físicas, no a las personas jurídicas, y es aplicable tanto a los delitos graves como a los leves, aunque determinados derechos (como la participación en la ejecución o ciertas comunicaciones) se limitan a categorías de delitos graves.
Concepto general de víctima: la víctima directa
El art. 2.a) de la Ley 4/2015 define como víctima directa a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en particular lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. Este concepto general de víctima directa es amplio y comprensivo, abarcando tanto los daños de naturaleza física (lesiones corporales) como los de naturaleza psíquica o emocional (trauma, ansiedad, estrés postraumático derivado de haber sufrido el delito) y los de naturaleza puramente patrimonial o económica (perjuicios derivados de un delito contra el patrimonio), sin exigir un umbral mínimo de gravedad del daño sufrido para que una persona ostente la condición de víctima a los efectos de esta ley, que resulta aplicable con independencia de la entidad concreta del delito sufrido. Hay que distinguir a la víctima del «perjudicado» (quien sufre daños civiles derivados del delito, aunque no sea el sujeto pasivo), del «ofendido» (titular del bien jurídico lesionado) y del «testigo». También hay que distinguir entre victimización primaria (el daño causado por el propio delito), secundaria (el causado por la respuesta institucional) y terciaria (la derivada del rechazo social).
Concepto de víctima indirecta
El art. 2.b) de la Ley 4/2015 define como víctimas indirectas, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos, a un círculo ordenado de personas. En primer lugar: el cónyuge no separado legalmente o de hecho y los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; la persona que hubiera estado unida a la víctima por una análoga relación de afectividad y los hijos de esta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; los progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo la guarda de la víctima; y las personas sujetas a su tutela o curatela, o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. En caso de no existir los anteriores, tendrán la condición de víctimas indirectas los demás parientes en línea recta y sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima. La ley también prevé que, cuando la víctima sea menor o con discapacidad necesitada de especial protección, los derechos se ejerzan por sus representantes legales o el defensor judicial, y que sus familiares pueden acompañarla.
Derechos básicos de las víctimas (art. 3): protección, información, apoyo, asistencia y atención
El art. 3 de la Ley 4/2015 reconoce a toda víctima el derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa que puedan intervenir en el proceso, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su finalización, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. Este catálogo genérico de derechos básicos se desarrolla y concreta en el resto del articulado de la propia ley (entre otros, derecho a entender y ser entendida, a la información, a la traducción e interpretación, al acceso a los servicios de asistencia y apoyo, a la participación, al reembolso de gastos y a la protección), constituyendo el principio general que debe presidir toda actuación, tanto policial como judicial, en relación con cualquier víctima de un delito. Derecho a entender y ser entendida: las comunicaciones con la víctima deben realizarse en un lenguaje claro, sencillo y accesible, teniendo en cuenta sus características personales y, en particular, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental, y la víctima puede estar acompañada por una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades.
Derecho a la traducción e interpretación (art. 9)
El art. 9 de la Ley 4/2015 reconoce a toda víctima que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial que se utilice en la actuación de que se trate el derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el Juez, el Fiscal o funcionarios de Policía, cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra vista oral, y cuando sea necesario para garantizar su participación efectiva en cualquier otra actuación del proceso penal, así como el derecho a la traducción gratuita de determinados documentos esenciales para el ejercicio de sus derechos, previa solicitud y con la debida motivación de su necesidad. Este derecho, análogo al ya estudiado respecto del detenido en el tema anterior, garantiza la efectividad real de los derechos de información y de participación de la víctima extranjera en el proceso penal. En el caso de personas sordas o con discapacidad auditiva, el derecho se extiende al intérprete de lengua de signos y a los medios de apoyo a la comunicación oral.
Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades (art. 5)
El art. 5 de la Ley 4/2015 reconoce a toda víctima el derecho a recibir, desde su primer contacto con las autoridades y funcionarios (que en la práctica se produce, en la mayoría de los casos, precisamente en el momento de presentar la correspondiente denuncia en dependencias policiales), una información clara y accesible sobre un amplio catálogo de extremos: las medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y el procedimiento para obtenerlas, incluida, en su caso, la posibilidad de alojamiento alternativo; el derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para hacerlo, y su derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación; cómo y en qué condiciones puede obtener asesoramiento y defensa jurídica gratuitos; cómo puede obtener medidas de protección; las indemnizaciones a las que puede tener derecho, y el procedimiento para reclamarlas; los servicios de interpretación y traducción disponibles; los procedimientos por los que puede ejercer sus derechos si reside fuera de España; los recursos que puede interponer contra las resoluciones contrarias a sus derechos; los datos de contacto para las comunicaciones; los servicios de justicia restaurativa disponibles; y los supuestos en los que puede obtener el reembolso de los gastos judiciales. Además, la víctima que presenta una denuncia tiene derecho a obtener copia de esta, a ser informada de los trámites esenciales y a que los agentes le informen, en el momento de la denuncia, de las posibilidades de personarse como parte (ofrecimiento de acciones, arts. 109 y 110 LECrim).
Derecho a recibir información sobre la causa penal (art. 7)
La ley reconoce a la víctima el derecho a recibir información sobre la causa penal (art. 7 de la Ley 4/2015), aunque no se haya mostrado parte en ella. Entre las resoluciones y actos que deben notificarse a la víctima se incluyen la fecha, hora y lugar de celebración del juicio, y el contenido de la acusación; la resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal; la sentencia que ponga fin al procedimiento; las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como su posible fuga; las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima; y las resoluciones o decisiones relativas a la libertad condicional del penado, siempre que se hubieran adoptado las medidas necesarias para evitar todo peligro para la víctima. La ley condiciona la comunicación de ciertas resoluciones (en particular las relativas a la situación penitenciaria del infractor) a que la víctima lo haya solicitado, pudiendo asimismo renunciar a recibir comunicaciones; por ello el agente que toma la denuncia debe informar a la víctima de este derecho y de cómo ejercitarlo (habitualmente a través de la Oficina de Asistencia a las Víctimas), y recoger en el atestado su decisión de querer o no recibir las notificaciones y los datos de contacto que designe. Las comunicaciones se realizan por medios sencillos y accesibles, y la víctima no tiene que estar personada para recibirlas.
Derecho a la participación activa en el proceso penal
La Ley 4/2015 reconoce a la víctima, con independencia de que decida o no personarse como acusación particular en el proceso penal, un conjunto de facultades de participación activa: el derecho a ejercitar la acción penal y la civil de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (mediante el ofrecimiento de acciones de los arts. 109 y 110 LECrim, ya sea inmediatamente o en un momento posterior, si bien sin posibilidad de retroceder trámites ya practicados); el derecho a instar de la autoridad judicial o fiscal la adopción de medidas cautelares para garantizar su seguridad; el derecho a facilitar elementos de prueba y a aportar información relevante a las autoridades encargadas de la investigación; el derecho a participar en la ejecución, que permite a la víctima de determinados delitos graves (por ejemplo, homicidio, lesiones, torturas, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, terrorismo o trata de seres humanos) que lo haya solicitado recurrir ciertos autos de la Sección de Vigilancia Penitenciaria (antiguo Juez de Vigilancia Penitenciaria) relativos a la clasificación en tercer grado o la libertad condicional del penado y a ser informada de ellos; y el derecho a impugnar las resoluciones de sobreseimiento o de no continuación del procedimiento, aunque no se hubiera personado con anterioridad en el proceso. También tiene derecho de acceso a servicios de justicia restaurativa (mediación penal) en los términos que reglamentariamente se establezcan, siempre que se cumplan las condiciones de voluntariedad, reconocimiento de los hechos esenciales por parte del infractor, ausencia de riesgo para la víctima y beneficio para ella.
Derecho al reembolso de gastos
El art. 14 de la Ley 4/2015 reconoce a la víctima que haya intervenido en el proceso penal el derecho al reembolso de los gastos necesarios en que haya incurrido con motivo de su participación en el proceso, previa solicitud y en los términos que establezcan la ley y la normativa reglamentaria aplicable (en particular, la relativa a tasación de costas y a indemnización de testigos y peritos). Este derecho al reembolso de gastos se distingue de la indemnización por los daños y perjuicios derivados del propio delito (que se fija, en su caso, en la sentencia condenatoria como responsabilidad civil derivada del delito), tratándose en este caso de un derecho autónomo referido específicamente a los gastos generados por la propia intervención procesal de la víctima, con independencia de la indemnización sustantiva que pudiera corresponderle por el delito sufrido. A ello se suma el derecho a la asistencia jurídica gratuita de determinadas víctimas con independencia de sus recursos económicos (violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores y personas con discapacidad víctimas de abuso o maltrato, entre otras), regulado en la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, y el acceso a las ayudas públicas de la Ley 35/1995 para las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito son las unidades administrativas, dependientes del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia, encargadas de prestar a las víctimas la información, orientación y asistencia integral (jurídica, psicológica y social) necesaria para el adecuado ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley 4/2015. Se regulan en el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, y se encuentran generalmente ubicadas en las sedes judiciales. Su intervención es gratuita y confidencial, y puede solicitarse en cualquier momento, con independencia de que se haya presentado o no denuncia formal, correspondiéndoles funciones como facilitar información sobre el proceso penal y sus posibles resultados, sobre los recursos existentes de atención psicológica y social, sobre las ayudas económicas a las que la víctima pueda tener derecho, realizar la evaluación individual de las necesidades de protección de la víctima, y derivarla, en su caso, a los servicios especializados que correspondan según el tipo de delito sufrido (violencia de género, terrorismo, trata, etc.). También proporcionan apoyo emocional y acompañamiento durante el proceso y colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que pueden recabar información y comunicar situaciones de riesgo.
Derecho a la protección de las víctimas (arts. 19 y ss.)
El art. 19 de la Ley 4/2015 reconoce el derecho de las víctimas a que se adopten, conforme a lo establecido en la propia ley y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas necesarias para proteger su vida y la de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria, así como para evitar la presión sobre la víctima y evitar el contacto entre víctima e infractor, cuando ello sea necesario y sin necesidad de recabar el consentimiento del infractor. Este catálogo genérico de protección se desarrolla en toda una serie de medidas concretas, cuya adopción corresponde valorar caso por caso, en función del resultado de la evaluación individual de necesidades de protección que se estudia en el punto siguiente. Las autoridades y funcionarios deben, además, garantizar la confidencialidad de los datos personales de la víctima y evitar la difusión de imágenes o datos que permitan su identificación, especialmente en el caso de menores.
La evaluación individual de las víctimas para determinar medidas de protección
El art. 23 de la Ley 4/2015 exige que, tras la interposición de la denuncia, se realice una valoración de las circunstancias particulares de cada víctima, con el fin de determinar las medidas de protección que deben adoptarse en cada caso concreto, en atención a criterios tales como las características personales de la víctima y, en particular, si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia entre la víctima y el presunto autor del delito; la naturaleza del delito sufrido y la gravedad de los perjuicios causados; las circunstancias del delito (en especial, los cometidos con violencia); y el riesgo de reiteración del delito, valorando especialmente esta última circunstancia en los delitos de violencia de género y violencia doméstica, mediante los correspondientes instrumentos técnicos de valoración de riesgo (como el sistema VioGén, estudiado en el tema 23), permitiendo así adoptar de forma individualizada y proporcionada las medidas de protección que efectivamente resulten necesarias en cada caso concreto. En la evaluación se tendrán especialmente en cuenta las víctimas de terrorismo, delincuencia organizada, trata de seres humanos, violencia de género, violencia sexual, delitos de odio y las víctimas con discapacidad, y se presume la necesidad de protección especial de las víctimas menores de edad y de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La evaluación es dinámica y debe actualizarse cuando cambien las circunstancias; se realiza con la participación de la víctima y la información fluye entre Policía, Fiscalía, órgano judicial y Oficina de Asistencia, siendo las unidades policiales las que a menudo realizan la valoración inicial. Las medidas pueden ir desde la protección de la identidad y el tratamiento de los datos hasta la vigilancia, la orden de protección o el alojamiento alternativo.
Medidas de protección durante la fase de investigación
El art. 25 de la Ley 4/2015 prevé, durante la fase de investigación del delito, distintas medidas de protección de la víctima orientadas fundamentalmente a evitar la victimización secundaria (esto es, el sufrimiento adicional que puede causar a la víctima el propio proceso penal, más allá del daño ya causado por el delito): que la toma de declaración se realice en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin; que la toma de declaración se lleve a cabo por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar posibles perjuicios a la víctima, especialmente en casos de víctimas especialmente vulnerables; que todas las tomas de declaración a una misma víctima corran a cargo de la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o Fiscal; y que la toma de declaración a las víctimas de delitos contra la libertad o indemnidad sexual, de violencia de género o de violencia en el ámbito de las relaciones de afectividad, se realice por una persona del mismo sexo que la víctima, cuando esta así lo solicite, salvo que la declaración deba tomarla directamente un Juez o Fiscal. También se limitarán los reconocimientos médicos al mínimo imprescindible y se evitará el contacto con el infractor en las dependencias policiales y judiciales, mediante accesos y salas de espera separadas.
Medidas de protección durante el enjuiciamiento
El art. 25.2 de la Ley 4/2015 prevé, para la fase de enjuiciamiento en juicio oral, medidas de protección adicionales orientadas a evitar el contacto visual directo entre la víctima y el presunto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, utilizando para ello medios técnicos como la videoconferencia o la instalación de biombos o mamparas separadoras; a garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas; a evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deban ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos; y a la celebración de la vista sin presencia de público, mediante la constitución del Tribunal a puerta cerrada, cuando ello resulte necesario para proteger adecuadamente los intereses de la víctima. Estas medidas las acuerda el Juez o Tribunal, a solicitud del Fiscal o de la propia víctima, previa valoración de su necesidad, y deben ser proporcionadas y respetar el derecho de defensa del acusado y el principio de contradicción. Los agentes que declaren como testigos deben tener presentes también estas cautelas para no revelar datos que identifiquen a la víctima sin necesidad.
Protección específica de las víctimas menores de edad
La Ley 4/2015, en su art. 26, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que reformó la LECrim, establecen garantías reforzadas para las víctimas menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección, entre ellas: la posibilidad de que su declaración sea grabada por medios audiovisuales y pueda reproducirse en las sucesivas instancias del procedimiento, evitando así reiterar la exploración del menor y el consiguiente riesgo de revictimización; la práctica de la denominada prueba preconstituida (declaración del menor practicada durante la fase de instrucción con todas las garantías, incluida la contradicción de la defensa, para evitar que deba repetirse posteriormente en el juicio oral), que la LO 8/2021 hace obligatoria cuando la víctima es menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección (arts. 449 bis y siguientes LECrim); la exploración del menor por profesionales especializados (habitualmente psicólogos forenses), a través de la denominada cámara Gesell, que permite al Juez, al Fiscal y a las partes seguir la exploración sin estar físicamente presentes en la misma sala, minimizando así el impacto de la intervención judicial sobre el menor; y el nombramiento de un defensor judicial cuando exista conflicto de intereses con los representantes legales. Los agentes deben limitar al mínimo el número de entrevistas con el menor, evitar interrogatorios en dependencias hostiles y comunicar sin demora los hechos al Ministerio Fiscal; además, la LO 8/2021 refuerza la obligación de denunciar (deber de comunicación) de toda persona que tenga conocimiento de una situación de violencia sobre un menor, especialmente de profesionales y funcionarios.
Protección específica de las víctimas con discapacidad
Las víctimas con discapacidad, especialmente aquellas con necesidades de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuentan igualmente con garantías reforzadas de protección análogas, en gran medida, a las previstas para los menores de edad (art. 26 de la Ley 4/2015, que se refiere conjuntamente a menores y a personas con discapacidad necesitadas de especial protección): adaptación de los medios de comunicación e información a sus necesidades específicas (lenguaje de fácil comprensión, lengua de signos, sistemas alternativos de comunicación), práctica de su declaración con el apoyo de profesionales especializados en la comunicación con personas con discapacidad, posibilidad de grabación y de prueba preconstituida, y valoración especialmente cuidadosa, en el marco de la evaluación individual de necesidades de protección ya estudiada, de su concreta situación de vulnerabilidad y de la eventual relación de dependencia que pueda existir entre la víctima y el presunto autor de los hechos, dado que las personas con discapacidad son, con frecuencia, especialmente vulnerables a determinadas formas de abuso o maltrato por parte de las propias personas encargadas de su cuidado o asistencia. La Ley 8/2021 de reforma de la capacidad jurídica y la Convención de Naciones Unidas de 2006 inspiran el principio de apoyo a la toma de decisiones: la persona debe ser escuchada y no sustituida.
Víctimas de delitos contra la libertad sexual, trata y delitos de odio: referencias normativas
Aunque el Estatuto de la víctima es la norma general, algunos colectivos disponen de regulación complementaria: las víctimas de violencia de género (LO 1/2004, tema 23); las víctimas de violencia sexual, a quienes la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, reconoce un conjunto de derechos de asistencia integral especializada, incluidos los centros de crisis, y obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formarse y a evitar la revictimización; las víctimas de trata de seres humanos (art. 177 bis CP y su protocolo de actuación); y las víctimas de delitos de odio y discriminación (art. 510 CP y agravante del art. 22.4 CP), para las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad disponen de un protocolo de actuación específico y de unidades especializadas. En todas ellas, el agente debe aplicar el estatuto general (información, evaluación, protección) y, además, las normas sectoriales, sin que unas excluyan a las otras.
El principio de evitación de la victimización secundaria
El principio de evitación de la victimización secundaria, que inspira transversalmente todo el sistema de medidas de protección de la Ley 4/2015, parte de la constatación de que el propio proceso penal, pese a estar orientado a hacer justicia frente al delito sufrido por la víctima, puede generar por sí mismo un sufrimiento adicional a esta (revivir los hechos al declarar reiteradamente, exposición pública, contacto no deseado con el infractor, dilación excesiva del procedimiento), sufrimiento que se añade al ya causado por el propio delito (la llamada victimización primaria). Todas las medidas de protección estudiadas en los puntos anteriores (evitación del contacto visual, unicidad del profesional que toma declaración, grabación audiovisual y prueba preconstituida para menores, entre otras) responden precisamente a este principio, buscando minimizar en lo posible el impacto negativo que la propia tramitación del proceso penal pueda tener sobre la víctima, más allá del daño ya sufrido por el delito.
Derecho de las víctimas a impugnar determinadas resoluciones (sobreseimiento, no acusación)
La Ley 4/2015 reconoce a la víctima, aunque no se hubiera personado como parte en el procedimiento penal, el derecho a recurrir el auto de sobreseimiento (resolución que pone fin a la investigación sin que llegue a celebrarse el juicio oral) dentro del plazo legal desde su notificación, siempre que haya solicitado que se le notifiquen las resoluciones a las que se refiere el art. 7 de la propia ley ya estudiado en un punto anterior. Este derecho de impugnación constituye una de las manifestaciones más relevantes del reconocimiento a la víctima de una posición activa en el proceso penal, permitiéndole reaccionar frente a decisiones que, adoptadas por el Ministerio Fiscal o por el propio Juez de Instrucción, pudieran suponer la finalización anticipada de la investigación sin que se hubiera esclarecido adecuadamente el hecho delictivo sufrido, aun cuando la víctima no hubiera ejercido con anterioridad la acción penal personándose formalmente en el procedimiento. Junto a este derecho, la ley contempla la revisión por el superior jerárquico de la decisión del Ministerio Fiscal de no ejercer la acción.
Las víctimas del terrorismo: régimen especial
Las víctimas del terrorismo cuentan con un régimen de protección y de reconocimiento específico y reforzado, regulado en su normativa propia (fundamentalmente la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo), que se superpone y complementa, sin sustituirlo, al régimen general de la Ley 4/2015 aplicable a todas las víctimas de cualquier delito. Este régimen especial reconoce a las víctimas del terrorismo un catálogo de derechos honoríficos (condecoraciones como la Orden del Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo), asistenciales, económicos e indemnizatorios particularmente amplio, dada la especial gravedad y trascendencia social e institucional que el ordenamiento español atribuye a este tipo de delincuencia, incluyendo ayudas y pensiones extraordinarias, derecho a asistencia jurídica gratuita, atención psicológica y social, y una atención integral especializada a través de organismos y unidades específicamente dedicadas a la atención de este colectivo, tanto en el ámbito del Ministerio del Interior como en el de otras Administraciones Públicas competentes. Las víctimas del terrorismo tienen reconocida la condición de víctimas con necesidades especiales de protección a efectos de la evaluación individual de la Ley 4/2015.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ámbito de aplicación (arts. 1-2 Ley 4/2015): TODAS las víctimas de delitos cometidos en España o perseguibles en España, sea cual sea su nacionalidad, edad o situación administrativa (regular o irregular), tengan o no denuncia y se conozca o no al autor. Solo personas físicas.
Víctima directa (art. 2.a): sufre el daño directamente (físico, psíquico o patrimonial). Víctima indirecta (art. 2.b): familiares tasados (cónyuge/pareja, hijos convivientes, progenitores bajo guarda de la víctima) en caso de MUERTE o DESAPARICIÓN de la víctima directa.
Derechos básicos (art. 3): protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa, desde el PRIMER CONTACTO con las autoridades (normalmente, al presentar la denuncia en comisaría).
El derecho a recibir información sobre la causa penal (art. 7) alcanza a la víctima aunque no sea parte; la comunicación de ciertas resoluciones (p. ej., sobre prisión, libertad o libertad condicional del infractor) se condiciona a que la víctima lo haya solicitado y puede renunciarse a ella. El agente debe informar a la víctima de este derecho al tomar la denuncia.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (RD 1109/2015) son gratuitas y confidenciales, dependen del Ministerio de Justicia o de las CCAA con competencias, y se puede acudir a ellas SIN necesidad de haber presentado denuncia previa.
La evaluación individual de necesidades de protección (art. 23) se hace TRAS la denuncia, valorando características personales, naturaleza del delito y riesgo de reiteración (clave en violencia de género, vía sistema VioGén).
Medidas en fase de investigación (art. 25): declaración en dependencias adaptadas, mismo profesional en todas las declaraciones, persona del MISMO SEXO en delitos sexuales y de violencia de género si la víctima lo solicita.
Medidas en el juicio oral: evitar contacto visual (biombos/videoconferencia), declarar sin estar presente en sala, prohibir preguntas irrelevantes sobre la vida privada, y posibilidad de juicio a puerta cerrada.
Menores: declaración grabada y PRUEBA PRECONSTITUIDA (evita repetir la declaración en juicio), obligatoria en víctimas menores de 14 años y con discapacidad necesitada de especial protección (LO 8/2021, arts. 449 bis y ss. LECrim); cámara Gesell; principio de evitación de la victimización secundaria.
La víctima puede recurrir el auto de sobreseimiento (art. 12) AUNQUE NO se haya personado como parte acusadora en el procedimiento.
Las víctimas del terrorismo tienen un régimen ESPECIAL y reforzado (Ley 29/2011), que se SUMA (no sustituye) al régimen general de la Ley 4/2015.
Directiva 2012/29/UE (normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas) → Ley 4/2015, de 27 de abril → desarrollo reglamentario: RD 1109/2015, de 11 de diciembre (Oficinas de Asistencia a las Víctimas).
Víctima indirecta: solo en caso de MUERTE o DESAPARICIÓN causada directamente por un delito, y nunca si es responsable de los hechos; hay un orden: cónyuge/pareja e hijos convivientes y personas bajo guarda → en su defecto, demás parientes en línea recta y hermanos.
Tres tipos de victimización: primaria (por el delito), secundaria (por la respuesta institucional: reiterar declaraciones, falta de intimidad, contacto con el infractor) y terciaria (rechazo social).
La evaluación individual (art. 23) presume la necesidad de protección especial de menores y de personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
La Ley 4/2015 NO sustituye a las leyes sectoriales: se aplica junto a la LO 1/2004 (violencia de género), la Ley 29/2011 (terrorismo) y la LO 10/2022 (libertad sexual); las ayudas económicas a víctimas de delitos violentos se rigen por la Ley 35/1995.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué directiva europea transpone la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 22 de Policía Nacional?
La Ley 4/2015 supuso un cambio de paradigma en el proceso penal español, situando a la víctima del delito en un lugar central que hasta entonces ocupaba de forma mucho más secundaria, reconociéndole un catálogo autónomo de derechos de información, protección y participación con independencia de que llegue o no a personarse como parte en el proceso penal. Este tema es de aplicación práctica inmediata para cualquier agente de la Escala Básica, dado que el primer contacto de una víctima con el sistema de justicia penal se produce, en la inmensa mayoría de los casos, precisamente a través de una comisaría de policía. Se estudian el ámbito de la ley, el concepto de víctima directa e indirecta, los derechos básicos (información, traducción, participación, reembolso de gastos), el sistema de protección (evaluación individual y medidas durante la investigación y el juicio, con especial atención a menores y personas con discapacidad) y el régimen especial de las víctimas del terrorismo. La ley ha sido completada por el Real Decreto 1109/2015 y reforzada por reformas posteriores (en especial la LO 8/2021 de protección de la infancia y la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual).
¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?
Ámbito de aplicación (arts. 1-2 Ley 4/2015): TODAS las víctimas de delitos cometidos en España o perseguibles en España, sea cual sea su nacionalidad, edad o situación administrativa (regular o irregular), tengan o no denuncia y se conozca o no al autor. Solo personas físicas. Víctima directa (art. 2.a): sufre el daño directamente (físico, psíquico o patrimonial). Víctima indirecta (art. 2.b): familiares tasados (cónyuge/pareja, hijos convivientes, progenitores bajo guarda de la víctima) en caso de MUERTE o DESAPARICIÓN de la víctima directa. Derechos básicos (art. 3): protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa, desde el PRIMER CONTACTO con las autoridades (normalmente, al presentar la denuncia en comisaría). El derecho a recibir información sobre la causa penal (art. 7) alcanza a la víctima aunque no sea parte; la comunicación de ciertas resoluciones (p. ej., sobre prisión, libertad o libertad condicional del infractor) se condiciona a que la víctima lo haya solicitado y puede renunciarse a ella. El agente debe informar a la víctima de este derecho al tomar la denuncia. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (RD 1109/2015) son gratuitas y confidenciales, dependen del Ministerio de Justicia o de las CCAA con competencias, y se puede acudir a ellas SIN necesidad de haber presentado denuncia previa. La evaluación individual de necesidades de protección (art. 23) se hace TRAS la denuncia, valorando características personales, naturaleza del delito y riesgo de reiteración (clave en violencia de género, vía sistema VioGén). Medidas en fase de investigación (art. 25): declaración en dependencias adaptadas, mismo profesional en todas las declaraciones, persona del MISMO SEXO en delitos sexuales y de violencia de género si la víctima lo solicita. Medidas en el juicio oral: evitar contacto visual (biombos/videoconferencia), declarar sin estar presente en sala, prohibir preguntas irrelevantes sobre la vida privada, y posibilidad de juicio a puerta cerrada. Menores: declaración grabada y PRUEBA PRECONSTITUIDA (evita repetir la declaración en juicio), obligatoria en víctimas menores de 14 años y con discapacidad necesitada de especial protección (LO 8/2021, arts. 449 bis y ss. LECrim); cámara Gesell; principio de evitación de la victimización secundaria. La víctima puede recurrir el auto de sobreseimiento (art. 12) AUNQUE NO se haya personado como parte acusadora en el procedimiento. Las víctimas del terrorismo tienen un régimen ESPECIAL y reforzado (Ley 29/2011), que se SUMA (no sustituye) al régimen general de la Ley 4/2015. Directiva 2012/29/UE (normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas) → Ley 4/2015, de 27 de abril → desarrollo reglamentario: RD 1109/2015, de 11 de diciembre (Oficinas de Asistencia a las Víctimas). Víctima indirecta: solo en caso de MUERTE o DESAPARICIÓN causada directamente por un delito, y nunca si es responsable de los hechos; hay un orden: cónyuge/pareja e hijos convivientes y personas bajo guarda → en su defecto, demás parientes en línea recta y hermanos. Tres tipos de victimización: primaria (por el delito), secundaria (por la respuesta institucional: reiterar declaraciones, falta de intimidad, contacto con el infractor) y terciaria (rechazo social). La evaluación individual (art. 23) presume la necesidad de protección especial de menores y de personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La Ley 4/2015 NO sustituye a las leyes sectoriales: se aplica junto a la LO 1/2004 (violencia de género), la Ley 29/2011 (terrorismo) y la LO 10/2022 (libertad sexual); las ayudas económicas a víctimas de delitos violentos se rigen por la Ley 35/1995.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.
Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015 y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 109, 110, 449 bis y ss.).
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.