Tema 17. Derecho Penal Especial: Del homicidio y sus formas. Del aborto. De las lesiones. Delitos contra la libertad. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos contra la libertad sexual.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este es el primero de los temas de Derecho Penal Especial del temario (Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal), dedicado a los delitos que protegen los bienes jurídicos personalísimos de mayor rango: la vida humana independiente (homicidio y sus formas) y dependiente (aborto), la integridad física y la salud (lesiones), la libertad ambulatoria y de obrar (detenciones ilegales, secuestro, amenazas, coacciones y acoso), la integridad moral (torturas y tratos degradantes) y la libertad e indemnidad sexuales, estas últimas profundamente reformadas por la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual (la «ley del solo sí es sí»), a su vez modificada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Se trata de los delitos que con más frecuencia afronta el policía en su actuación cotidiana, de modo que conviene dominar tanto la descripción de los tipos como las penas.
El art. 138.1 del Código Penal castiga con la pena de prisión de diez a quince años a quien matare a otro, sin que concurran las circunstancias específicas del asesinato que se estudian en el punto siguiente. Es el tipo básico de los delitos contra la vida humana independiente, protegiendo el bien jurídico vida desde el momento del nacimiento (con los requisitos del Código Civil: art. 30 CC) hasta la muerte de la persona, y exigiendo dolo (directo o eventual) de matar, lo que lo distingue tanto del homicidio imprudente como de las lesiones con resultado de muerte no abarcado por el dolo. El art. 138.2 CP prevé además un subtipo agravado, con la pena superior en grado a la del tipo básico, cuando concurra en el homicidio alguna de las circunstancias del apartado 1 del art. 140 CP (víctima menor de dieciséis años de edad o persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; hecho subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; o comisión por quien perteneciere a un grupo u organización criminal), o cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del art. 550 CP. El art. 141 CP castiga la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de homicidio y asesinato con la pena inferior en uno o dos grados. Es delito de resultado, que admite tentativa y comisión por omisión (art. 11 CP). La muerte consentida o a petición de la víctima no excluye el delito (salvo lo dispuesto en el art. 143.5 CP sobre eutanasia).
El asesinato (art. 139 CP) y el asesinato cualificado (art. 140 CP)
El art. 139.1 del Código Penal castiga con prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, al que matare a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª con alevosía (empleo de medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar la ejecución sin riesgo para el autor procedente de la defensa del ofendido); 2.ª por precio, recompensa o promesa; 3.ª con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; y 4.ª para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Según el art. 139.2, cuando concurra más de una de estas circunstancias se impondrá la pena en su mitad superior. El art. 140 CP reserva la pena de prisión permanente revisable para el asesinato en tres supuestos (art. 140.1): 1.º que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; 2.º que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; y 3.º que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. Y según el art. 140.2, al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá también la prisión permanente revisable. Es la pena más grave del ordenamiento español, sujeta a revisión (art. 92 CP) tras un periodo mínimo de cumplimiento. Distinción esencial: homicidio sin circunstancias (10-15 años) / asesinato (15-25 años) / asesinato cualificado (prisión permanente revisable).
La inducción y cooperación al suicidio y la eutanasia (art. 143 CP)
El art. 143 del Código Penal castiga con distintas penas, escalonadas según la gravedad de la conducta, a quien induzca al suicidio de otro (pena de prisión de cuatro a ocho años), a quien coopere con actos necesarios al suicidio de una persona (pena de prisión de dos a cinco años), y a quien coopere hasta el punto de ejecutar la muerte (pena de prisión de seis a diez años). El apartado 4 prevé una atenuación (pena inferior en uno o dos grados) cuando la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, y lo hubiera pedido de forma expresa, seria e inequívoca. El art. 143.5 CP, añadido por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, dispone que no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia (padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, con solicitud reiterada y garantías procedimentales). Fuera de ese marco, la eutanasia sigue siendo delito. No hay suicidio punible: la conducta del propio suicida es atípica.
El homicidio imprudente (art. 142 CP)
El homicidio imprudente se castiga en el art. 142 del Código Penal, distinguiendo entre imprudencia grave (art. 142.1: pena de prisión de uno a cuatro años) e imprudencia menos grave (art. 142.2: pena de multa de tres meses a dieciocho meses), en aplicación del principio general del art. 12 CP, según el cual las acciones u omisiones imprudentes solo se castigan cuando expresamente lo disponga la ley. La imprudencia grave supone una infracción del deber objetivo de cuidado especialmente intensa y patente, mientras que la imprudencia menos grave supone una infracción de menor entidad, aunque igualmente relevante penalmente (a diferencia de la mera imprudencia leve, hoy impune penalmente y reconducida, en su caso, a la responsabilidad civil). Cuando el homicidio imprudente se cometa utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor se impone además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. La LO 2/2019 estableció que se reputará en todo caso imprudencia grave la conducción en la que concurra alguna de las circunstancias del art. 379 (conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, o a velocidad excesiva) cuando ello determine la producción del hecho. Si el homicidio imprudente se comete por imprudencia profesional, se impone además la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo.
El aborto: regulación general (arts. 144-146 CP)
El Código Penal regula el aborto como delito en sus arts. 144 a 146, castigando distintas modalidades según quién lo practique y en qué circunstancias: el aborto practicado por un tercero sin consentimiento de la mujer (art. 144 CP: prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o prestar servicios en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos por tiempo de tres a diez años); el aborto practicado por un tercero con consentimiento de la mujer fuera de los casos permitidos por la ley (art. 145.1 CP: prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a seis años); y el autoaborto o el consentimiento de la mujer a que otro se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley (art. 145.2 CP, con una pena de multa de seis a veinticuatro meses, considerablemente más leve que la del tercero). El art. 145 bis CP castiga con multa de seis a doce meses e inhabilitación especial a quien, dentro de los casos legalmente permitidos, practique la interrupción del embarazo sin cumplir alguno de los requisitos exigidos por la ley (por ejemplo, sin los dictámenes médicos preceptivos o fuera de centro acreditado), y no se penará en ningún caso a la embarazada. El art. 146 CP tipifica el aborto causado por imprudencia grave (prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses, con inhabilitación en caso de imprudencia profesional), mientras que el aborto por imprudencia de la propia mujer embarazada no es punible. Nota adicional: el art. 172 quater CP (introducido por la LO 4/2022) castiga con prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días a quien acose a mujeres que acuden a centros de interrupción del embarazo para obstaculizar el ejercicio de su derecho.
Interrupción voluntaria del embarazo despenalizada (LO 2/2010 y LO 1/2023)
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, despenalizó el aborto practicado dentro de determinados plazos y condiciones, estableciendo un sistema mixto de plazos e indicaciones. Conforme a este sistema, la interrupción del embarazo no es punible cuando se practica dentro de las primeras catorce semanas de gestación, a petición de la embarazada. Fuera de este plazo, el aborto es lícito hasta la semana veintidós de gestación cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, o riesgo de graves anomalías en el feto (con los dictámenes médicos que exige la ley); y, sin límite de plazo, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto en el momento del diagnóstico, confirmada por un comité clínico. Fuera de estos supuestos y plazos, el aborto sigue constituyendo delito conforme a los arts. 144 a 146 CP. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, modificó la LO 2/2010: suprimió el periodo de reflexión de tres días y la obligación de entregar información previa sobre ayudas, que solo se facilita si la mujer lo solicita, y permite a las mujeres de dieciséis y diecisiete años abortar sin necesidad de consentimiento de sus representantes legales (art. 13 bis). Además reformó el art. 145 bis del CP.
Las lesiones: tipo básico (art. 147 CP)
El art. 147.1 del Código Penal castiga con prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. El art. 147.2 CP castiga como delito leve de lesiones, con multa de uno a tres meses, la lesión no incluida en el apartado anterior (la que no requiera tratamiento médico o quirúrgico posterior a la primera asistencia). El art. 147.3 castiga con multa de uno a dos meses al que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. La exigencia de tratamiento médico o quirúrgico posterior (más allá de la mera primera asistencia) constituye el criterio delimitador fundamental entre el delito de lesiones del tipo básico y el delito leve de lesiones, siendo esta una distinción de gran relevancia práctica y frecuente objeto de examen. Cuando la lesión se cause a las personas del art. 173.2 (violencia doméstica y de género) se aplican los tipos específicos de los arts. 153 y siguientes.
Lesiones agravadas (art. 148 CP)
El art. 148 del Código Penal permite imponer a las lesiones del art. 147.1 la pena agravada de prisión de dos a cinco años, atendidos el resultado causado o riesgo producido, cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas: 1.º si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado; 2.º si hubiere mediado ensañamiento o alevosía; 3.º si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección; 4.º si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; y 5.º si la víctima fuere una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Atención a la edad: la víctima agravante es el MENOR DE DOCE años, no de catorce. La circunstancia 4.ª conecta con la protección penal reforzada frente a la violencia de género. Las lesiones cometidas por imprudencia grave o menos grave se castigan en el art. 152 CP, con penas graduadas según el resultado lesivo. El consentimiento de la víctima atenúa la pena (art. 155) y solo exime en los supuestos restringidos del art. 156 (trasplante de órganos, esterilización y cirugía transexual, con consentimiento válido, libre, consciente y expresamente emitido).
Lesiones de especial gravedad: pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal (arts. 149 y 150 CP)
El art. 149.1 del Código Penal castiga con la pena de prisión de seis a doce años a quien causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica. El art. 149.2 CP tipifica específicamente, con la misma pena de seis a doce años, la causación de una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones, y si la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impone además la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años. Esta modalidad cuenta con una regla de extraterritorialidad en el art. 23.4 LOPJ (previsión introducida por la LO 3/2005), que permite perseguirla en España aunque se haya cometido en el extranjero, siempre que los responsables se encuentren en territorio español, lo que refleja la especial gravedad que el ordenamiento atribuye a esta modalidad de violencia contra mujeres y niñas. El art. 150 CP castiga con prisión de tres a seis años al que causare la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad.
Lesiones al feto (arts. 157-158 CP)
El art. 157 del Código Penal castiga a quien, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica, con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho años. El art. 158 CP tipifica, con pena inferior, las mismas lesiones al feto cometidas por imprudencia grave. Estos delitos, distintos del delito de aborto (que protege la vida dependiente del embrión o feto, mientras que las lesiones al feto protegen su integridad física sin llegar a producir su muerte), se castigan únicamente cuando son causados por un tercero: la embarazada no será penada en ningún caso por estos hechos, en coherencia con el sistema general de despenalización de la conducta de la propia gestante.
Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros (arts. 163-168 CP)
El art. 163 del Código Penal castiga con pena de prisión de cuatro a seis años al particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, tipificando el delito de detención ilegal (art. 163.1). Se atenúa (art. 163.2) si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, con la pena inferior en grado. Se agrava (art. 163.3) con prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de quince días. El art. 163.4 castiga con multa de tres a seis meses al particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad. El secuestro, tipificado en el art. 164 CP, es una modalidad de detención ilegal en la que se exige alguna condición para poner en libertad a la víctima (habitualmente el pago de un rescate), castigándose con pena de prisión de seis a diez años, que se impone en el grado superior si el secuestro dura más de quince días. Si el secuestrado es liberado en los tres primeros días sin lograr el fin, se reduce la pena. El art. 165 CP impone las penas en su mitad superior si el autor simulare autoridad o función pública, o si la víctima fuera menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El art. 166 castiga a los reos que no den razón del paradero de la persona detenida (prisión de diez a quince años en la detención ilegal y de quince a veinte años en el secuestro). El art. 167 CP agrava, con inhabilitación absoluta, la detención cometida por autoridad o funcionario público fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito. Cuando la privación de libertad la acuerda una autoridad o funcionario mediando causa por delito pero incumpliendo las formalidades legales, se aplica el art. 530 CP (delitos contra la Constitución).
Las amenazas (arts. 169-171 CP)
El delito de amenazas, regulado en los arts. 169 a 171 del Código Penal, castiga al que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Se distingue entre amenazas condicionales (art. 169.1.º CP: exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, con pena de prisión de uno a cinco años si se logra el propósito, o de seis meses a tres años si no se logra) y amenazas no condicionales (art. 169.2.º CP, con pena de prisión de seis meses a dos años). El art. 170 CP agrava las penas (superior en grado) si las amenazas se dirigen a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional. El art. 171 CP tipifica las amenazas de un mal que no constituya delito, castigándolas con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses cuando la amenaza sea condicional y la condición no consista en una conducta debida (art. 171.1), así como el chantaje (art. 171.2, amenaza de revelar o difundir hechos referentes a la vida privada o relaciones familiares, o imágenes, que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a la fama, crédito o interés del amenazado, con la intención de lesionar su intimidad y reclamando una cantidad o recompensa). El art. 171 también contempla las amenazas leves contra las personas del art. 173.2.
Las coacciones (art. 172 CP)
El art. 172.1 del Código Penal castiga al que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, con pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Se trata de un tipo residual y de aplicación subsidiaria respecto de otros delitos más específicos que también implican el empleo de violencia para doblegar la voluntad ajena (robo con violencia, agresión sexual, amenazas condicionales), aplicándose las coacciones cuando la conducta no encaje en ninguno de esos tipos más específicos. El art. 172.1, párrafo segundo, prevé una agravación específica (penas en su mitad superior) cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando la coacción sea leve sobre las personas del art. 173.2 (violencia doméstica y de género) se aplican las previsiones específicas del art. 172.2. En cuanto a la violencia, se admite la violencia en las cosas e incluso la violencia psíquica o intimidatoria.
El delito de acoso o stalking (art. 172 ter CP)
El art. 172 ter del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015 y modificado por la LO 1/2023, tipifica el delito de acoso (conocido popularmente como stalking), castigando a quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas tasadas por el precepto (vigilarla, perseguirla o buscar su cercanía física; establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas; mediante el uso indebido de sus datos personales, adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella; atentar contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella), alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana, con pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses. Se agrava (mitad superior) cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, y existe un tipo agravado específico cuando la víctima sea alguna de las personas del art. 173.2 CP (prisión de uno a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad). Los hechos descritos en este artículo solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
De las torturas y otros delitos contra la integridad moral (arts. 173-177 CP)
El Título VII del Libro II del Código Penal (arts. 173 a 177) regula las torturas y otros delitos contra la integridad moral, un bien jurídico distinto y autónomo respecto de la vida, la integridad física o la libertad, que protege la dignidad de la persona frente a tratos degradantes que, aun sin llegar necesariamente a causar una lesión física constatable, menoscaban gravemente su integridad moral. El art. 177 CP contiene una regla de concurso específica, disponiendo que si en los delitos descritos en este Título, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la ley, aplicándose en tal caso un concurso real de delitos y no un concurso de normas. Los sujetos activos pueden ser particulares (art. 173) o autoridades y funcionarios (arts. 174 a 176).
Trato degradante y violencia habitual (art. 173 CP)
El art. 173.1 del Código Penal castiga a quien infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, con pena de prisión de seis meses a dos años, definiéndose jurisprudencialmente el trato degradante como aquel que, sin llegar a la intensidad de la tortura propiamente dicha, humilla al que lo sufre ante sí mismo o ante los demás, produciendo un sentimiento de envilecimiento, humillación o vejación suficientemente grave para constituir el delito, y no un mero malestar o incomodidad de escasa entidad. El art. 173.2 CP tipifica específicamente, con pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, el ejercicio habitual de violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sobre descendientes, ascendientes o hermanos propios o del cónyuge o conviviente, sobre menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Se trata del delito de violencia habitual doméstica y de género, de gran relevancia práctica en la actuación policial cotidiana. La habitualidad se aprecia por la repetición de actos de violencia con independencia de que hayan sido o no enjuiciados (art. 173.3 CP).
El delito de tortura y los atentados contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público (arts. 174-176 CP)
El art. 174 del Código Penal castiga con pena de prisión de dos a seis años, si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años, si no lo es, a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral; en todo caso se impone además la inhabilitación absoluta de ocho a doce años. Fuera del supuesto del art. 174, el art. 175 castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona (prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de seis meses a dos años si no lo es, con inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años). El art. 176 equipara en pena a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos. Estos delitos, de especial relevancia deontológica para cualquier funcionario policial, conectan directamente con el deber de impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral (art. 5.2.a de la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) y con el deber de velar por la vida e integridad física de los detenidos (art. 5.3.b de la misma ley), reforzando la prohibición absoluta de estas prácticas también desde la perspectiva penal.
El acoso laboral y el acoso inmobiliario (art. 173.1 CP)
El art. 173.1, párrafos segundo y tercero, del Código Penal, tipifica dos modalidades específicas de acoso dentro de los delitos contra la integridad moral. El acoso laboral (o mobbing) sanciona con la misma pena que el trato degradante (prisión de seis meses a dos años) a quienes, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. El acoso inmobiliario sanciona con la misma pena a quien, de forma reiterada, lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Ambos exigen reiteración y que la conducta no alcance la entidad del trato degradante, y se distinguen del acoso sexual (art. 184) y del stalking (art. 172 ter).
Delitos contra la libertad sexual: la agresión sexual (arts. 178 y 179 CP, tras la reforma de la LO 10/2022 y la LO 4/2023)
El art. 178 del Código Penal, en su redacción vigente tras la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE de 7 de septiembre, en vigor desde el 7 de octubre de 2022), y la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, castiga como agresión sexual cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, unificando en una única figura lo que antes se distinguía entre agresión sexual (con violencia o intimidación) y abuso sexual (sin violencia o intimidación pero también sin consentimiento válido), suprimiendo así esta última categoría del Código Penal. La pena básica es de prisión de uno a cuatro años (art. 178.1). Según el art. 178.2, se consideran en todo caso agresión sexual los actos cometidos empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare y los que se cometan anulando la voluntad de la víctima, con pena de prisión de dos a ocho años. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, se castiga como agresión sexual con penetración (art. 179 CP), con pena de prisión de cuatro a doce años. El art. 178.4 permite, cuando la agresión sea de menor gravedad atendidas las circunstancias, imponer la pena inferior en grado, sin que pueda aplicarse esa atenuación si concurre violencia o intimidación o la víctima tiene su voluntad anulada. La unificación conceptual es el cambio de mayor calado introducido por la reforma de 2022.
El consentimiento sexual tras la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual
El art. 178.1 del Código Penal, tras la reforma de la LO 10/2022, define expresamente qué se entiende por consentimiento válido a los efectos de excluir la existencia de agresión sexual: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Esta reforma se popularizó bajo el lema de «solo sí es sí», frente al criterio anterior que exigía acreditar la ausencia de consentimiento mediante violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima. El cambio de paradigma traslada el eje del tipo penal desde la acreditación de los medios comisivos empleados por el agresor (violencia, intimidación) hacia la constatación de un consentimiento libremente expresado por la víctima, exigiendo actos inequívocos de voluntad y no bastando el mero silencio o la pasividad para entender prestado dicho consentimiento. Este concepto se completa con la LO 10/2022 en su vertiente preventiva (cursos, protocolos, centros de crisis 24 horas) y de atención a las víctimas. La LO 4/2023 (reforma de la reforma) corrigió los marcos penales para evitar rebajas de condena a los ya sentenciados, estableciendo marcos distintos para los supuestos con violencia o intimidación.
La agresión sexual agravada (art. 180 CP)
El art. 180 del Código Penal establece un catálogo de circunstancias que agravan la pena de la agresión sexual, tanto en su modalidad básica del art. 178 como en la de penetración del art. 179, entre las que se encuentran: cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas; cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio; cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo que se trate de menores de dieciséis años (que tienen su propio régimen); cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima; cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o lesiones de especial gravedad; y cuando, para la ejecución del delito, el responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto (sumisión química). Las penas son notablemente superiores a las de los tipos básicos.
Agresiones sexuales a menores de dieciséis años (arts. 181-183 quater CP)
El Código Penal, tras la reforma de la LO 10/2022, establece un régimen específico y reforzado de protección para los menores de dieciséis años (edad del consentimiento sexual en España), regulado en el capítulo de las agresiones sexuales a menores de dieciséis años. El art. 181 sanciona, con prisión de dos a seis años, a quien realice actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, y agrava notablemente las penas cuando concurra violencia o intimidación, o el acto consista en acceso carnal o penetración. La ley parte de que un menor de dieciséis años carece de capacidad para consentir actos sexuales con un adulto, con independencia de que se haya empleado o no violencia o intimidación. La única excepción es la cláusula del art. 183 quater CP: el consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos del capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez (relaciones entre adolescentes). El art. 182 CP castiga, con prisión de seis meses a dos años, a quien con fines sexuales haga presenciar a un menor de dieciséis años actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos (uno a tres años si los actos constituyen un delito contra la libertad sexual). El art. 183 CP tipifica el ciberacoso o «embaucamiento» (child grooming): contactar con un menor de dieciséis años a través de internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación y proponerle concertar un encuentro con el fin de cometer los delitos de los arts. 181 y 189, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento (prisión de uno a tres años o multa de doce a veinticuatro meses).
El acoso sexual (art. 184 CP)
El art. 184 del Código Penal castiga a quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, con pena de prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad. Se agrava (art. 184.2 CP) cuando el culpable hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación (prisión de uno a dos años e inhabilitación especial). Cuando la víctima se halle en situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impone en su mitad superior. Este delito, distinto de la agresión sexual (que exige un acto sexual efectivo sin consentimiento), sanciona la mera solicitud de favores sexuales cuando se realiza en un contexto de dependencia funcional entre autor y víctima que agrava la presión ejercida sobre esta última. La LO 10/2022 amplió el tipo para abarcar también el acoso en el ámbito de relaciones análogas.
El exhibicionismo y la provocación sexual (arts. 185-186 CP)
El art. 185 del Código Penal castiga al que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, con pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. El art. 186 CP castiga, con idéntica pena, al que por cualquier medio directo vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Ambos delitos comparten el elemento común de proteger específicamente a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección frente a la exposición no consentida a contenidos o actos de naturaleza sexual, distinguiéndose del resto de delitos contra la libertad sexual en que no exige contacto físico alguno con la víctima, bastando la mera exposición visual del contenido o acto obsceno o pornográfico.
Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual de menores (arts. 187-190 CP)
Los arts. 187 a 190 del Código Penal tipifican distintas conductas relacionadas con la prostitución y la explotación sexual, especialmente cuando afectan a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección: la determinación mediante violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, de una persona mayor de edad al ejercicio o mantenimiento en la prostitución, así como el lucro explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de esta (art. 187 CP: prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses); la inducción, promoción, favorecimiento o facilitación de la prostitución de un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o el lucro con ello, o su explotación de cualquier otro modo (art. 188 CP, con penas considerablemente agravadas respecto del art. 187, dada la especial vulnerabilidad de estas víctimas); y la utilización de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, así como la producción, venta, distribución, exhibición, ofrecimiento o facilitación de dicho material y su posesión (art. 189 CP, cuyo tipo básico se castiga con prisión de uno a cinco años), de especial relevancia práctica en la investigación de la ciberdelincuencia contra menores. El art. 190 prevé la condena de los tribunales españoles en el extranjero a efectos de reincidencia.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Homicidio (art. 138 CP, prisión 10-15 años) vs. asesinato (art. 139 CP, prisión 15-25 años; mitad superior si concurre más de una circunstancia): alevosía, precio/recompensa/promesa, ensañamiento, o para facilitar/ocultar otro delito. Homicidio agravado (art. 138.2): pena superior en grado.
Prisión permanente revisable (art. 140 CP) en el asesinato: víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable; subsiguiente a delito contra la libertad sexual; autor perteneciente a grupo u organización criminal; y condenado por la muerte de más de dos personas (art. 140.2).
Inducción al suicidio (art. 143.1): 4-8 años; cooperación necesaria (143.2): 2-5 años; cooperación hasta ejecutar la muerte (143.3): 6-10 años. La eutanasia conforme a la LO 3/2021 no es punible (art. 143.5).
Homicidio imprudente (art. 142): grave, prisión de 1 a 4 años; menos grave, multa de 3 a 18 meses; con vehículo a motor o ciclomotor, además privación del derecho a conducir de 1 a 6 años.
Aborto despenalizado (LO 2/2010, modificada por LO 1/2023): a petición de la mujer hasta la semana 14; hasta la semana 22 por grave riesgo para la salud/vida o anomalías fetales graves; sin límite si anomalías incompatibles con la vida. Desde 2023 no hay periodo de reflexión y las menores de 16-17 años no necesitan consentimiento paterno. Fuera de esto, delito (arts. 144-146 CP).
Aborto sin consentimiento (art. 144): prisión de 4 a 8 años; con consentimiento fuera de los casos legales (art. 145.1): 1 a 3 años; la mujer (art. 145.2): multa de 6 a 24 meses; la embarazada nunca es penada por aborto imprudente ni por lesiones al feto.
Lesiones: el criterio clave es si requieren TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO posterior a la primera asistencia (delito, art. 147.1: prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses) o no (delito leve, art. 147.2: multa de 1 a 3 meses).
Lesiones agravadas (art. 148 CP, prisión de 2 a 5 años): armas/medios peligrosos, ensañamiento/alevosía, víctima MENOR DE DOCE AÑOS o con discapacidad necesitada de especial protección, víctima esposa o mujer ligada por análoga relación, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
Art. 149: pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal, sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad, grave enfermedad somática o psíquica y mutilación genital: prisión de 6 a 12 años. Art. 150: órgano o miembro no principal o deformidad: 3 a 6 años.
Detención ilegal (art. 163 CP, prisión de 4 a 6 años; más de 15 días, 5 a 8 años; liberación en 3 días sin lograr el objetivo, pena inferior en grado) vs. secuestro (art. 164 CP, prisión de 6 a 10 años): el secuestro exige que la privación de libertad se condicione a algo (normalmente un rescate). No dar razón del paradero (art. 166): 10-15 años (detención) / 15-20 años (secuestro).
Amenazas: condicionales graves (art. 169.1.º): prisión de 1 a 5 años si se consigue el propósito, de 6 meses a 3 años si no; no condicionales (169.2.º): 6 meses a 2 años. Coacciones (art. 172.1): prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses.
El delito de acoso o stalking (art. 172 ter CP, prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses) exige conductas INSISTENTES Y REITERADAS que alteren gravemente la vida cotidiana de la víctima. El acoso a mujeres en el acceso a servicios de interrupción del embarazo está tipificado en el art. 172 quater CP.
Violencia habitual (art. 173.2): prisión de 6 meses a 3 años, con privación de armas de 3 a 5 años. Trato degradante (art. 173.1): prisión de 6 meses a 2 años.
La tortura del art. 174 CP exige que el sujeto activo sea AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO que abuse de su cargo; prisión de 2 a 6 años si es grave y de 1 a 3 años si no lo es, más inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. Conecta con los deberes del art. 5 LO 2/1986 (5.2.a y 5.3.b).
REFORMA CLAVE (LO 10/2022, «ley del solo sí es sí», retocada por LO 4/2023): desaparece la distinción agresión sexual/abuso sexual, quedando solo AGRESIÓN SEXUAL; el consentimiento debe manifestarse LIBREMENTE mediante actos que expresen de forma clara la voluntad — ya no basta el silencio o la pasividad.
Agresión sexual básica (art. 178.1): prisión 1-4 años; 178.2 (violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad, privación de sentido, voluntad anulada): 2-8 años. Con penetración (art. 179 CP): 4-12 años. Agravantes (art. 180 CP): actuación conjunta de 2 o más personas, víctima cónyuge/expareja, uso de armas, prevalimiento, sumisión química.
Menores de 16 años (edad del consentimiento sexual en España): no pueden consentir actos sexuales con adultos (art. 181 CP, 2-6 años); excepción del art. 183 quater: relación libre con persona próxima por edad y grado de madurez. Embaucamiento o grooming por internet (art. 183): 1-3 años o multa.
El acoso sexual (art. 184 CP) exige un ámbito laboral, docente, de prestación de servicios o análogo, y NO exige contacto físico: basta la solicitud de favores sexuales con resultado intimidatorio, hostil o humillante.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El criterio que distingue el delito de lesiones del art. 147.1 CP del delito leve de lesiones del art. 147.2 CP es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 17 de Policía Nacional?
Este es el primero de los temas de Derecho Penal Especial del temario (Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal), dedicado a los delitos que protegen los bienes jurídicos personalísimos de mayor rango: la vida humana independiente (homicidio y sus formas) y dependiente (aborto), la integridad física y la salud (lesiones), la libertad ambulatoria y de obrar (detenciones ilegales, secuestro, amenazas, coacciones y acoso), la integridad moral (torturas y tratos degradantes) y la libertad e indemnidad sexuales, estas últimas profundamente reformadas por la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual (la «ley del solo sí es sí»), a su vez modificada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Se trata de los delitos que con más frecuencia afronta el policía en su actuación cotidiana, de modo que conviene dominar tanto la descripción de los tipos como las penas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?
Homicidio (art. 138 CP, prisión 10-15 años) vs. asesinato (art. 139 CP, prisión 15-25 años; mitad superior si concurre más de una circunstancia): alevosía, precio/recompensa/promesa, ensañamiento, o para facilitar/ocultar otro delito. Homicidio agravado (art. 138.2): pena superior en grado. Prisión permanente revisable (art. 140 CP) en el asesinato: víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable; subsiguiente a delito contra la libertad sexual; autor perteneciente a grupo u organización criminal; y condenado por la muerte de más de dos personas (art. 140.2). Inducción al suicidio (art. 143.1): 4-8 años; cooperación necesaria (143.2): 2-5 años; cooperación hasta ejecutar la muerte (143.3): 6-10 años. La eutanasia conforme a la LO 3/2021 no es punible (art. 143.5). Homicidio imprudente (art. 142): grave, prisión de 1 a 4 años; menos grave, multa de 3 a 18 meses; con vehículo a motor o ciclomotor, además privación del derecho a conducir de 1 a 6 años. Aborto despenalizado (LO 2/2010, modificada por LO 1/2023): a petición de la mujer hasta la semana 14; hasta la semana 22 por grave riesgo para la salud/vida o anomalías fetales graves; sin límite si anomalías incompatibles con la vida. Desde 2023 no hay periodo de reflexión y las menores de 16-17 años no necesitan consentimiento paterno. Fuera de esto, delito (arts. 144-146 CP). Aborto sin consentimiento (art. 144): prisión de 4 a 8 años; con consentimiento fuera de los casos legales (art. 145.1): 1 a 3 años; la mujer (art. 145.2): multa de 6 a 24 meses; la embarazada nunca es penada por aborto imprudente ni por lesiones al feto. Lesiones: el criterio clave es si requieren TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO posterior a la primera asistencia (delito, art. 147.1: prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses) o no (delito leve, art. 147.2: multa de 1 a 3 meses). Lesiones agravadas (art. 148 CP, prisión de 2 a 5 años): armas/medios peligrosos, ensañamiento/alevosía, víctima MENOR DE DOCE AÑOS o con discapacidad necesitada de especial protección, víctima esposa o mujer ligada por análoga relación, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Art. 149: pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal, sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad, grave enfermedad somática o psíquica y mutilación genital: prisión de 6 a 12 años. Art. 150: órgano o miembro no principal o deformidad: 3 a 6 años. Detención ilegal (art. 163 CP, prisión de 4 a 6 años; más de 15 días, 5 a 8 años; liberación en 3 días sin lograr el objetivo, pena inferior en grado) vs. secuestro (art. 164 CP, prisión de 6 a 10 años): el secuestro exige que la privación de libertad se condicione a algo (normalmente un rescate). No dar razón del paradero (art. 166): 10-15 años (detención) / 15-20 años (secuestro). Amenazas: condicionales graves (art. 169.1.º): prisión de 1 a 5 años si se consigue el propósito, de 6 meses a 3 años si no; no condicionales (169.2.º): 6 meses a 2 años. Coacciones (art. 172.1): prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. El delito de acoso o stalking (art. 172 ter CP, prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses) exige conductas INSISTENTES Y REITERADAS que alteren gravemente la vida cotidiana de la víctima. El acoso a mujeres en el acceso a servicios de interrupción del embarazo está tipificado en el art. 172 quater CP. Violencia habitual (art. 173.2): prisión de 6 meses a 3 años, con privación de armas de 3 a 5 años. Trato degradante (art. 173.1): prisión de 6 meses a 2 años. La tortura del art. 174 CP exige que el sujeto activo sea AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO que abuse de su cargo; prisión de 2 a 6 años si es grave y de 1 a 3 años si no lo es, más inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. Conecta con los deberes del art. 5 LO 2/1986 (5.2.a y 5.3.b). REFORMA CLAVE (LO 10/2022, «ley del solo sí es sí», retocada por LO 4/2023): desaparece la distinción agresión sexual/abuso sexual, quedando solo AGRESIÓN SEXUAL; el consentimiento debe manifestarse LIBREMENTE mediante actos que expresen de forma clara la voluntad — ya no basta el silencio o la pasividad. Agresión sexual básica (art. 178.1): prisión 1-4 años; 178.2 (violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad, privación de sentido, voluntad anulada): 2-8 años. Con penetración (art. 179 CP): 4-12 años. Agravantes (art. 180 CP): actuación conjunta de 2 o más personas, víctima cónyuge/expareja, uso de armas, prevalimiento, sumisión química. Menores de 16 años (edad del consentimiento sexual en España): no pueden consentir actos sexuales con adultos (art. 181 CP, 2-6 años); excepción del art. 183 quater: relación libre con persona próxima por edad y grado de madurez. Embaucamiento o grooming por internet (art. 183): 1-3 años o multa. El acoso sexual (art. 184 CP) exige un ámbito laboral, docente, de prestación de servicios o análogo, y NO exige contacto físico: basta la solicitud de favores sexuales con resultado intimidatorio, hostil o humillante.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), Libro II, Títulos I, II, III, IV, VI, VII y VIII.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 (prisión permanente revisable y acoso, art. 172 ter).
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE-A-2010-3514).
Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 (BOE-A-2023-5364).
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a centros de interrupción voluntaria del embarazo (art. 172 quater).
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/2022 y de la Ley Orgánica 10/1995 en materia de delitos contra la libertad sexual.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 23.4.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5.
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