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Tema 3. La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y la Administración. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Del Poder Judicial. De la organización territorial del Estado. Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

Este segundo tema de Constitución desarrolla la parte orgánica de la CE: los Títulos II a X, que regulan la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, el Poder Judicial, la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional y los dos procedimientos de reforma constitucional. Es el desarrollo institucional de la forma de Estado y de gobierno que el tema anterior presenta como principios. Para el opositor a Policía Nacional tienen especial interés el art. 104 (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), el art. 126 (Policía Judicial), el art. 149.1.29ª (seguridad pública) y los preceptos sobre el estado de alarma, excepción y sitio (art. 116), que se examinan con frecuencia por su numeración exacta y por las mayorías exigidas.

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De la Corona (Título II, arts. 56-65 CE): el Rey y sus funciones

El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1). Su título es el de Rey de España y puede utilizar los demás que correspondan a la Corona (56.2). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos están siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 (56.3). El refrendo corresponde al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 son refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey son responsables las personas que los refrenden (art. 64.2). El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa y recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, que distribuye libremente (art. 65). Antes de ser proclamado jura desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art. 61).

La sucesión a la Corona, la regencia y la tutela (arts. 57 a 60 CE)

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (art. 57.1). La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. El Príncipe heredero ostenta desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento el título de Príncipe de Asturias (57.2). Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España (57.3). Las personas con derecho a la sucesión que contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes quedan excluidas de la sucesión (57.4). Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (57.5); así se instrumentó la abdicación de Juan Carlos I mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, y Felipe VI fue proclamado Rey el 19 de junio de 2014. La heredera es la Princesa de Asturias, doña Leonor. Regencia (art. 59): si el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden de la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia; si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, asumirá la Regencia el Príncipe heredero si fuera mayor de edad. La Regencia se ejerce siempre por una sola persona y en nombre del Rey. Tutela (art. 60): será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos y, en su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales. El cargo de Regente es incompatible con el de tutor, salvo cuando recaiga en ascendiente directo del Rey.

Las funciones del Rey (arts. 62 a 65 CE)

El art. 62 enumera las funciones del Rey: a) sancionar y promulgar las leyes; b) convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución; c) convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo y ponerle fin en sus funciones; e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; f) expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas; i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; j) el Alto Patronazgo de las Reales Academias. El art. 63 le atribuye acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados y declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales. Los actos del Rey que no precisan refrendo son los de nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2). Clave de examen: el Rey sanciona las leyes en el plazo de quince días (art. 91) pero no puede vetarlas; el mando supremo de las Fuerzas Armadas es simbólico, pues la dirección de la defensa corresponde al Gobierno (art. 97).

De las Cortes Generales (Título III, arts. 66-96 CE): composición y estatuto

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1); ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución (66.2); son inviolables (66.3). El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (la LOREG, LO 5/1985, los fija en 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con circunscripción provincial y criterio de representación proporcional (art. 68); la ley asigna una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuye los demás diputados en proporción a la población (la LOREG atribuye dos diputados como mínimo a cada provincia y uno a Ceuta y a Melilla); el mandato es de cuatro años (68.4), que termina con la disolución. El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1): en cada provincia se eligen cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción a efectos de elección de senadores (tres para cada una de las islas mayores —Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— y uno para cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma); Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una; las Comunidades Autónomas designan además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio, designación que corresponde a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad. El mandato del Senado es también de cuatro años. Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de diputado al Congreso (art. 67.1); los miembros de las Cortes no estarán ligados por mandato imperativo (67.2).

Prerrogativas parlamentarias y funcionamiento de las Cámaras (arts. 71 a 80 CE)

Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1). Durante su mandato gozan asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito; no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (71.2). En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (71.3). Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales; eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas (art. 72); los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus sedes, a las que no pueden acceder las fuerzas armadas o de seguridad sin su autorización. Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio (art. 73). Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales, y las decisiones de las Cortes Generales previstas en los arts. 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptan por mayoría de cada una de las Cámaras (art. 74). Las Cámaras pueden delegar en Comisiones la aprobación de proyectos o proposiciones de ley (art. 75.2); pueden nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, cuyas conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas (art. 76). Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros; los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales (art. 79). Las sesiones plenarias son públicas (art. 80).

Las normas con rango de ley y la elaboración de las leyes (arts. 81 a 92 CE)

Leyes orgánicas (art. 81): las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Leyes ordinarias: mayoría simple. Delegación legislativa (arts. 82-85): las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley (Decretos Legislativos) mediante una ley de bases (para textos articulados) o una ley ordinaria (para refundir textos legales); no cabe respecto de materias reservadas a ley orgánica; la delegación ha de ser expresa, para materia concreta y con fijación de plazo. Decretos-leyes (art. 86): en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general; deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación. Iniciativa legislativa (art. 87): corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas; la iniciativa popular exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Tramitación: el Senado dispone de dos meses (veinte días naturales si el proyecto es declarado urgente) para aprobar el texto, oponer su veto por mayoría absoluta o introducir enmiendas; el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses (art. 90). El Rey sanciona en quince días (art. 91). Referéndum consultivo (art. 92): las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso.

Los tratados internacionales (arts. 93 a 96 CE)

Art. 93: mediante ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución; es el fundamento constitucional de la pertenencia de España a la Unión Europea (adhesión autorizada por la LO 10/1985). Art. 94: la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requiere la previa autorización de las Cortes Generales en los casos de tratados de carácter político, militar, que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Art. 95: la celebración de un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exige la previa revisión constitucional; el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción (control previo de constitucionalidad). Art. 96: los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno; sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utiliza el mismo procedimiento previsto para su aprobación.

Del Gobierno y la Administración (Título IV, arts. 97-107 CE)

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97). Se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1); el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (98.2); los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (98.3). El Presidente es investido por el Congreso (art. 99): el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato; este expone su programa y solicita la confianza de la Cámara; si obtiene la mayoría absoluta resulta investido, y si no, se somete a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando la mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Los demás miembros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100). El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria y por dimisión o fallecimiento del Presidente, y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo (art. 101). La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno es exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; si es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, la acusación solo puede ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo, sin que la prerrogativa real de gracia sea aplicable (art. 102).

La Administración Pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Consejo de Estado (arts. 103 a 107 CE)

El art. 103.1 sujeta a la Administración Pública a servir con objetividad los intereses generales, actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley (103.2); la ley regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (103.3). Art. 104: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana (104.1); una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos (104.2), hoy la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Art. 105: la ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. Art. 106: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican; los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Art. 107: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (LO 3/1980).

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Título V, arts. 108-116 CE)

El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108). Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar información y ayuda del Gobierno (109), reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (110) y el Gobierno está sometido a interpelaciones y preguntas, que pueden dar lugar a mociones (111). El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general; la confianza se entiende otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados (art. 112). El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura, que ha de ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno (moción de censura constructiva); no puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación y en los dos primeros pueden presentarse mociones alternativas (art. 113). Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presenta su dimisión y se procede a nombrar Presidente; si aprueba una moción de censura, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato incluido en ella se entiende que ha obtenido la confianza de la Cámara y es nombrado por el Rey (art. 114). El Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, con fijación de la fecha de las elecciones; la propuesta no puede presentarse antes de que transcurra un año desde la anterior disolución por este procedimiento ni cuando esté en trámite una moción de censura (art. 115). El art. 116 remite a una ley orgánica (LO 4/1981) la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio: alarma por el Gobierno (hasta quince días, prórroga con autorización del Congreso), excepción con autorización previa del Congreso (treinta días prorrogables) y sitio por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.

Del Poder Judicial (Título VI, arts. 117-127 CE): principios

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1). Los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (117.2). El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (117.3). El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales (117.5), con la excepción de la jurisdicción militar, limitada al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio; quedan prohibidos los Tribunales de excepción (117.6). Otros principios: obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes (art. 118); gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la ley y respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos (119); publicidad de las actuaciones judiciales, procedimiento predominantemente oral y sentencias motivadas pronunciadas en audiencia pública (120); derecho a indemnización por daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (121). La participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia se articula mediante la acción popular, el jurado y los tribunales consuetudinarios y tradicionales (art. 125). Los jueces, magistrados y fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127).

El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal (arts. 122 a 124 CE)

El Consejo General del Poder Judicial (art. 122) es el órgano de gobierno del Poder Judicial; su estatuto y régimen de incompatibilidades y funciones se regulan por la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Lo integran el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y ocho elegidos por las Cortes Generales entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros. Atención a la trampa de examen: los ocho juristas son los elegidos por las Cortes por tres quintos; el sistema de designación de los doce vocales de procedencia judicial lo fija la LOPJ, reformada en varias ocasiones (entre otras, en 2013 y 2021), y su renovación, bloqueada durante años, se completó el 25 de julio de 2024, con la constitución del nuevo Consejo tras el acuerdo político de 25 de junio de 2024; la reforma del propio sistema de elección de los vocales judiciales seguía, a esa fecha, sin una solución legislativa definitiva. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1); su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (123.2). El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social (art. 124.1); ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad (124.2); su Estatuto Orgánico es la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, y el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (124.4).

La Policía Judicial (art. 126 CE) y la reforma judicial reciente

Según el art. 126 CE, la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Es un precepto de gran interés para la Policía Nacional: aunque orgánicamente los Cuerpos policiales dependen del Gobierno (art. 104), funcionalmente actúan bajo la dirección de la autoridad judicial y fiscal cuando investigan delitos (desarrollo en la LO 2/1986 y en la LECrim). En materia de organización judicial, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituyó los Juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia, que se integran en secciones (civil, penal, instrucción, violencia sobre la mujer, etc.), con implantación escalonada en tres fases a lo largo de 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre), completada en todo el territorio a esa última fecha.

De la organización territorial del Estado (I): principios y entes locales (Título VIII, arts. 137-158 CE)

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan; todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137). El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (138.1); las diferencias entre los Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales (138.2); todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (139.1). Los municipios gozan de personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por el Alcalde y los Concejales (art. 140). La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; su gobierno y administración autónoma corresponde a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141); en los archipiélagos, las islas tienen además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos (141.4). Las Haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas (art. 142).

De la organización territorial del Estado (II): acceso a la autonomía y reparto de competencias (arts. 143-155 CE)

El art. 143 permite el acceso a la autonomía por la vía general: las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica pueden acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas, con iniciativa de todas las Diputaciones interesadas y de las dos terceras partes de los municipios cuya población represente la mayoría del censo; se accedía con las competencias del art. 148 y se ampliaban pasados cinco años mediante reforma estatutaria (art. 148.2). El art. 151 regula la vía rápida (iniciativa por tres cuartas partes de los municipios de cada provincia y referéndum favorable de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia) y la Disposición transitoria segunda la aplicó a los territorios que hubieran plebiscitado Estatutos en el pasado (Cataluña, País Vasco y Galicia). Los Estatutos de Autonomía son normas institucionales básicas de cada Comunidad y se aprueban por ley orgánica (arts. 81 y 147); su contenido mínimo es la denominación de la Comunidad, la delimitación territorial, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y las competencias asumidas. El art. 148 enumera las competencias que pueden asumir las CCAA y el art. 149 las que son competencia exclusiva del Estado; las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos, y la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas; el Derecho estatal es, en todo caso, supletorio (art. 149.3). Competencias estatales exclusivas de especial interés: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (149.1.2ª); defensa y Fuerzas Armadas (4ª); Administración de Justicia (5ª); legislación civil, sin perjuicio de los derechos civiles forales (8ª); seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica (29ª). Las Comunidades pueden asumir la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica (art. 148.1.22ª). El art. 150 regula las leyes marco (150.1), las leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y las leyes de armonización, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara (150.3). El art. 152 establece la organización institucional de las CCAA de vía rápida: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey. El art. 153 enumera los controles de la actividad de los órganos autónomos: Tribunal Constitucional, Gobierno (previo dictamen del Consejo de Estado), jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas. El art. 154 prevé un Delegado del Gobierno que dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina con la propia de la Comunidad. El art. 155 permite al Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, si no es atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para proteger el interés general. España está integrada por diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla (Disposición transitoria quinta CE y LO 1/1995 y LO 2/1995).

Del Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159-165 CE; LO 2/1979)

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1). Deben ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (159.2). Son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres (159.3). La condición de miembro es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, el empleo al servicio de los mismos, el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil; son independientes e inamovibles (159.4 y 159.5). El Presidente es elegido entre sus miembros por el propio Tribunal y nombrado por el Rey por tres años (art. 160). Competencias (art. 161): el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (en el plazo de tres meses desde su publicación; legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las CCAA); el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2, cuando se hayan agotado las vías judiciales, en el plazo de treinta días hábiles; los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí; los conflictos entre órganos constitucionales; y las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Además conoce de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces y tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución (art. 163), del control previo de constitucionalidad de los tratados (art. 95.2) y de la impugnación por el Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, que produce la suspensión automática de lo impugnado, que el Tribunal debe ratificar o levantar en el plazo máximo de cinco meses (art. 161.2). Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares, tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recurso contra ellas; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos (art. 164). La LO 6/2007 introdujo en el amparo el requisito de la especial trascendencia constitucional, y la LO 15/2015 reforzó la ejecución de las sentencias del Tribunal.

De la reforma constitucional (Título X, arts. 166-169 CE)

La iniciativa de reforma constitucional se ejerce en los términos previstos en el art. 87.1 y 87.2 (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las CCAA), sin que quepa la iniciativa popular (art. 166). La CE prevé dos procedimientos. El procedimiento ordinario (art. 167) exige la aprobación del proyecto por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras; si no hay acuerdo entre ambas, se intenta obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante este procedimiento y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, puede aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168) se exige cuando se propone la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al Título II (la Corona): requiere aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras con la misma mayoría de dos tercios, estudio del nuevo texto constitucional y aprobación por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras, y referéndum de ratificación siempre obligatorio. El art. 169 prohíbe iniciar la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del art. 116.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Rey (art. 56 CE) es inviolable e irresponsable; sus actos requieren refrendo, que traslada la responsabilidad a quien refrenda (arts. 56.3 y 64.2). Funciones del art. 62: sancionar y promulgar leyes, convocar/disolver Cortes, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, mando supremo de las FFAA, derecho de gracia (sin indultos generales). Los actos de nombramiento de su Casa no requieren refrendo (art. 65.2).
  • Sucesión (art. 57): primogenitura y representación; línea anterior, grado más próximo, varón antes que mujer en igualdad de grado y mayor edad en igualdad de sexo; abdicaciones y renuncias por ley orgánica (LO 3/2014).
  • Congreso: 300-400 diputados (350 por LOREG), circunscripción provincial, representación proporcional, 4 años. Senado: Cámara de representación territorial, 4 senadores por provincia + 1 por CA y 1 más por cada millón de habitantes, 4 años; Mallorca, Gran Canaria y Tenerife 3, resto de islas 1, Ceuta y Melilla 2.
  • Leyes orgánicas (art. 81): mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad; convalidación en 30 días; no afecta a derechos del Título I. Iniciativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3). Veto del Senado: mayoría absoluta; plazo 2 meses (20 días si es urgente).
  • Moción de censura (art. 113): constructiva, propuesta por 1/10 de diputados, incluye candidato, mayoría absoluta, no se vota hasta 5 días después. Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se otorga por mayoría simple.
  • Investidura (art. 99): mayoría absoluta en 1ª votación o simple 48 horas después; si pasan 2 meses desde la primera votación sin investidura, se disuelven las Cámaras (refrendo del Presidente del Congreso). Disolución anticipada (art. 115): no antes de un año de la anterior ni con moción de censura en trámite.
  • CGPJ (art. 122): Presidente del TS + 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 jueces y magistrados y 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio (4 por el Congreso y 4 por el Senado, 3/5 cada uno).
  • Art. 104 CE: FFCCSE bajo dependencia del Gobierno; misión: proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Art. 126: la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito. Art. 149.1.29ª: seguridad pública, competencia estatal sin perjuicio de las policías autonómicas.
  • Vías de acceso a la autonomía: general (art. 143) y rápida (art. 151, con referéndum). Los Estatutos se aprueban por LO. Art. 155: intervención sobre una CA con requerimiento previo y aprobación por mayoría absoluta del Senado. Art. 154: Delegado del Gobierno. 17 CCAA + 2 Ciudades Autónomas.
  • TC (arts. 159-165): 12 miembros (4 Congreso + 4 Senado por 3/5, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años, Presidente por 3 años. Amparo: derechos del art. 53.2; inconstitucionalidad: 3 meses; amparo: 30 días hábiles.
  • Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara, referéndum solo si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días. Reforma agravada (art. 168; Título Preliminar, Sección 1ª del Cap. II del Título I o Título II): 2/3, disolución de Cortes, nueva ratificación por 2/3 y referéndum SIEMPRE obligatorio. No cabe reforma en guerra o estados del art. 116 (art. 169).
  • Estados excepcionales (art. 116 y LO 4/1981): alarma = Gobierno, 15 días, prórroga con el Congreso; excepción = Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 + 30 días; sitio = mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno. El Congreso no puede disolverse mientras estén vigentes.
  • Tratados internacionales: forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España (art. 96); autorización previa de las Cortes en los casos del art. 94; atribución de competencias a organizaciones internacionales por LO (art. 93); control previo del TC (art. 95.2).
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Los doce miembros del Tribunal Constitucional se designan así:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Policía Nacional?

Este segundo tema de Constitución desarrolla la parte orgánica de la CE: los Títulos II a X, que regulan la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, el Poder Judicial, la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional y los dos procedimientos de reforma constitucional. Es el desarrollo institucional de la forma de Estado y de gobierno que el tema anterior presenta como principios. Para el opositor a Policía Nacional tienen especial interés el art. 104 (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), el art. 126 (Policía Judicial), el art. 149.1.29ª (seguridad pública) y los preceptos sobre el estado de alarma, excepción y sitio (art. 116), que se examinan con frecuencia por su numeración exacta y por las mayorías exigidas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

El Rey (art. 56 CE) es inviolable e irresponsable; sus actos requieren refrendo, que traslada la responsabilidad a quien refrenda (arts. 56.3 y 64.2). Funciones del art. 62: sancionar y promulgar leyes, convocar/disolver Cortes, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, mando supremo de las FFAA, derecho de gracia (sin indultos generales). Los actos de nombramiento de su Casa no requieren refrendo (art. 65.2). Sucesión (art. 57): primogenitura y representación; línea anterior, grado más próximo, varón antes que mujer en igualdad de grado y mayor edad en igualdad de sexo; abdicaciones y renuncias por ley orgánica (LO 3/2014). Congreso: 300-400 diputados (350 por LOREG), circunscripción provincial, representación proporcional, 4 años. Senado: Cámara de representación territorial, 4 senadores por provincia + 1 por CA y 1 más por cada millón de habitantes, 4 años; Mallorca, Gran Canaria y Tenerife 3, resto de islas 1, Ceuta y Melilla 2. Leyes orgánicas (art. 81): mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad; convalidación en 30 días; no afecta a derechos del Título I. Iniciativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3). Veto del Senado: mayoría absoluta; plazo 2 meses (20 días si es urgente). Moción de censura (art. 113): constructiva, propuesta por 1/10 de diputados, incluye candidato, mayoría absoluta, no se vota hasta 5 días después. Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se otorga por mayoría simple. Investidura (art. 99): mayoría absoluta en 1ª votación o simple 48 horas después; si pasan 2 meses desde la primera votación sin investidura, se disuelven las Cámaras (refrendo del Presidente del Congreso). Disolución anticipada (art. 115): no antes de un año de la anterior ni con moción de censura en trámite. CGPJ (art. 122): Presidente del TS + 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 jueces y magistrados y 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio (4 por el Congreso y 4 por el Senado, 3/5 cada uno). Art. 104 CE: FFCCSE bajo dependencia del Gobierno; misión: proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Art. 126: la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito. Art. 149.1.29ª: seguridad pública, competencia estatal sin perjuicio de las policías autonómicas. Vías de acceso a la autonomía: general (art. 143) y rápida (art. 151, con referéndum). Los Estatutos se aprueban por LO. Art. 155: intervención sobre una CA con requerimiento previo y aprobación por mayoría absoluta del Senado. Art. 154: Delegado del Gobierno. 17 CCAA + 2 Ciudades Autónomas. TC (arts. 159-165): 12 miembros (4 Congreso + 4 Senado por 3/5, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años, Presidente por 3 años. Amparo: derechos del art. 53.2; inconstitucionalidad: 3 meses; amparo: 30 días hábiles. Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara, referéndum solo si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días. Reforma agravada (art. 168; Título Preliminar, Sección 1ª del Cap. II del Título I o Título II): 2/3, disolución de Cortes, nueva ratificación por 2/3 y referéndum SIEMPRE obligatorio. No cabe reforma en guerra o estados del art. 116 (art. 169). Estados excepcionales (art. 116 y LO 4/1981): alarma = Gobierno, 15 días, prórroga con el Congreso; excepción = Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 + 30 días; sitio = mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno. El Congreso no puede disolverse mientras estén vigentes. Tratados internacionales: forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España (art. 96); autorización previa de las Cortes en los casos del art. 94; atribución de competencias a organizaciones internacionales por LO (art. 93); control previo del TC (art. 95.2).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

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