Tema 33. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública y seguridad privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuencia: concepto, modelos explicativos y clases de delincuencia.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema constituye la introducción criminológica y sociológica al concepto mismo de seguridad, bien jurídico central que justifica la existencia de la Policía Nacional, distinguiendo sus distintas acepciones (ciudadana, pública, nacional, humana; individual/colectiva; pública/privada; objetiva/subjetiva) antes de adentrarse en las grandes teorías explicativas de la delincuencia desarrolladas por la criminología (escuelas clásica y positiva, enfoques biológicos y psicológicos, teorías sociológicas de la anomia, el etiquetado, la asociación diferencial, el control social y la Escuela de Chicago, y teorías de la oportunidad). Cierra con las clases de delincuencia (común, organizada, juvenil, de cuello blanco, ciberdelincuencia), la cifra negra y los datos oficiales del Balance de Criminalidad de 2025.
La seguridad puede definirse, en un sentido amplio, como la situación de ausencia de riesgos, amenazas o peligros para las personas, sus bienes o sus derechos, o, más precisamente, como el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas que permiten a los individuos y a la sociedad en su conjunto ejercer sus derechos y libertades y desarrollar sus actividades cotidianas sin verse expuestos a agresiones, delitos o cualquier otra forma de perturbación grave del orden social. La seguridad constituye, en este sentido, tanto un derecho de los ciudadanos (aunque no reconocido de forma autónoma y expresa como derecho fundamental en la Constitución española, sí conectado con distintos preceptos constitucionales, entre ellos el art. 17 CE, que reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad personal) como un servicio público esencial cuya garantía corresponde, conforme al art. 104 CE ya estudiado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la dependencia del Gobierno.
Conviene distinguir varios planos de seguridad que el examen suele mezclar. La seguridad ciudadana es, según el preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones y los tratados internacionales puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no sean meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica; es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. La seguridad pública es un concepto más amplio (comprende la seguridad ciudadana, la protección civil, la seguridad vial y otras actuaciones) que el Tribunal Constitucional, desde la STC 33/1982, define como la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano. La seguridad nacional, regulada por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, y a contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional. La seguridad humana, concepto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Informe sobre Desarrollo Humano de 1994), engloba siete dimensiones: económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política.
La inseguridad en España: datos del balance de criminalidad
El Ministerio del Interior publica trimestralmente el Balance de Criminalidad, que es la fuente oficial de la criminalidad conocida en España (infracciones penales conocidas por las FCSE, Policías Autonómicas y Locales que informan). Según el balance de 2025 (enero a diciembre), se registraron 2.474.156 infracciones penales, de las que 1.984.908 (80,2 %) corresponden a criminalidad convencional y 489.248 (19,8 %) a cibercriminalidad, que creció un 5,3 % respecto de 2024. La tasa de criminalidad convencional fue de 40,4 infracciones por cada 1.000 habitantes, en el tramo más bajo de la serie histórica, y la de cibercriminalidad de 10,0 por mil. Estos datos reflejan una tendencia consolidada: la criminalidad convencional se mantiene estable o a la baja, mientras la cibercriminalidad (en particular, estafas informáticas) crece de forma sostenida y ya supone aproximadamente uno de cada cinco delitos conocidos. España figura entre los países más seguros de Europa por tasa de homicidios. Los datos del balance sólo reflejan la criminalidad conocida, por lo que no recogen la cifra negra.
La seguridad como derecho y como servicio público
La seguridad presenta una doble naturaleza jurídica que conviene distinguir. Como derecho, se conecta con el art. 17 CE (derecho a la libertad y a la seguridad), aunque la doctrina constitucional española no ha llegado a configurar un autónomo «derecho fundamental a la seguridad» equiparable en su tutela reforzada a otros derechos fundamentales clásicos, sino más bien un valor o bien jurídico digno de protección que legitima la actuación de los poderes públicos. Como servicio público, la seguridad ciudadana constituye una prestación esencial que el Estado, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debe garantizar a toda la población de forma universal y gratuita, en el ejercicio de una función pública indelegable en su núcleo esencial (a diferencia de la seguridad privada, de naturaleza complementaria y subordinada, ya estudiada en el tema 13), constituyendo esta dimensión prestacional de servicio público la que mejor explica la organización, la financiación y el régimen jurídico del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estudiadas a lo largo de este temario.
Seguridad individual: concepto
La seguridad individual es la dimensión de la seguridad referida a la protección de la persona, sus bienes y sus derechos considerados de forma singular y particular, frente a agresiones, delitos o cualquier otra forma de perturbación que puedan afectarle directamente a título individual (un robo, una agresión, una amenaza dirigida específicamente contra esa persona concreta). Esta dimensión individual de la seguridad se conecta directamente con los derechos fundamentales de la persona reconocidos en el Título I de la Constitución (vida, integridad física, libertad, propiedad), cuya protección efectiva frente a terceros constituye precisamente uno de los fines que legitima la existencia y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conforme al mandato genérico del art. 104 CE de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos individualmente considerados.
Seguridad colectiva: concepto
La seguridad colectiva es la dimensión de la seguridad referida a la protección del conjunto de la sociedad o de la comunidad frente a riesgos, amenazas o perturbaciones de alcance general que, aunque puedan afectar también a personas concretas, trascienden el interés meramente individual para proyectarse sobre bienes jurídicos de titularidad difusa o colectiva (el orden público, la paz social, la seguridad del Estado frente al terrorismo o la delincuencia organizada, la seguridad de las infraestructuras críticas ya estudiadas en el tema 15). La distinción entre seguridad individual y seguridad colectiva no es absoluta ni excluyente, sino que ambas dimensiones se complementan y refuerzan mutuamente en la práctica de la actuación policial: la protección eficaz de la seguridad colectiva (por ejemplo, frente a una red de delincuencia organizada) contribuye directamente también a la protección de la seguridad individual de las eventuales víctimas concretas de dicha organización criminal.
Debe tenerse en cuenta que la expresión «seguridad colectiva» tiene también un sentido específico en las relaciones internacionales: es el sistema por el que los Estados se comprometen a proteger conjuntamente la paz frente a la agresión de cualquiera de ellos, como el previsto en la Carta de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad, Capítulo VII). En el contexto de este tema se emplea, no obstante, en la acepción criminológica y jurídico-pública de seguridad de la comunidad, opuesta a la seguridad individual.
Seguridad objetiva y seguridad subjetiva o sensación de inseguridad
La criminología y la sociología distinguen entre la seguridad objetiva, medida a través de indicadores estadísticos objetivos como la tasa de criminalidad de un determinado territorio (número de delitos cometidos en relación con su población), y la seguridad subjetiva o percepción de seguridad, que hace referencia a la valoración personal y subjetiva que cada individuo o grupo social realiza sobre su propio nivel de seguridad, con independencia de que dicha percepción se corresponda o no exactamente con los datos objetivos de criminalidad del territorio en cuestión. Esta distinción resulta de gran relevancia práctica, dado que es perfectamente posible (y de hecho frecuente) que la percepción subjetiva de inseguridad de la ciudadanía no se corresponda exactamente con la evolución real de las tasas objetivas de criminalidad, viéndose aquella influida por factores adicionales como la cobertura mediática de determinados sucesos, el estado físico y de conservación del entorno urbano (teoría de las «ventanas rotas»), o factores puramente psicológicos y sociales ajenos a los datos estadísticos objetivos.
La seguridad subjetiva suele medirse con encuestas de victimización y de percepción, entre ellas el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la Encuesta de Victimización del Ministerio del Interior, que permiten además estimar la cifra negra. La «teoría de las ventanas rotas» (broken windows), formulada por James Q. Wilson y George L. Kelling en 1982, sostiene que el desorden físico y social no atendido (una ventana rota sin reparar, grafitis, suciedad) envía una señal de abandono y falta de control que aumenta el miedo al delito y facilita conductas incívicas y delictivas más graves; de ella derivaron las políticas de «tolerancia cero» y de policía orientada a la resolución de problemas. Suele citarse el experimento de Philip Zimbardo (1969) con vehículos abandonados como antecedente.
Seguridad pública: concepto y titularidad estatal
La seguridad pública, ya estudiada con detalle en el tema 9 al analizar la LO 2/1986, es la competencia constitucionalmente reservada en exclusiva al Estado (art. 149.1.29ª CE), cuyo mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación (art. 104 CE), y que engloba el conjunto de actuaciones dirigidas a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y a garantizar la seguridad ciudadana, ejercidas fundamentalmente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus tres niveles territoriales (estatal, autonómico y local) ya estudiados. La titularidad estatal exclusiva de la competencia de seguridad pública no impide, como ya se estudió, que las Comunidades Autónomas puedan crear policías propias y que los municipios dispongan de Policía Local, siempre dentro del marco normativo común fijado por la propia LO 2/1986 y bajo los mecanismos de coordinación institucional ya estudiados a lo largo de este temario.
El órgano de dirección y coordinación en esta materia es el Ministerio del Interior, y su marco legal está formado por la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Los instrumentos de coordinación son, entre otros, el Consejo de Política de Seguridad (para la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas con policía propia), las Juntas Locales de Seguridad y las Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas con policía propia. Conviene no confundir el concepto de seguridad pública con el de orden público, que la Constitución utiliza de forma residual (arts. 16.1 y 21.2) y que la doctrina entiende hoy integrado en el de seguridad ciudadana.
Seguridad privada: concepto y carácter complementario
La seguridad privada, ya estudiada con detalle en el tema 13 de este mismo temario, es la actividad prestada por empresas y personal especializado debidamente autorizados y habilitados, en régimen de complementariedad y subordinación respecto de la seguridad pública, cuya titularidad exclusiva corresponde en todo caso al Estado. La seguridad privada nunca puede sustituir a la seguridad pública ni asumir el ejercicio de funciones reservadas constitucionalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (como la investigación penal de los delitos o el ejercicio de la coacción legítima del Estado más allá de los estrechos límites de la legítima defensa), limitándose su ámbito de actuación a la vigilancia, protección y custodia de bienes, personas e instalaciones, con la obligación, ya estudiada, de poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes sorprendidos en flagrante delito.
Relación entre seguridad pública y seguridad privada
La relación entre la seguridad pública y la seguridad privada se articula, conforme al principio rector ya estudiado en el tema 13, sobre la base de la complementariedad (la seguridad privada complementa y refuerza, sin sustituirla nunca, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente en ámbitos como la vigilancia de instalaciones privadas o la protección de personas concretas) y de la subordinación (la actuación de la seguridad privada se desarrolla siempre bajo la supervisión, el control y, cuando resulte necesario, las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Esta relación se materializa institucionalmente a través de los mecanismos de coordinación ya estudiados (Comisión Nacional de Seguridad Privada y sus homólogas autonómicas y provinciales), y en la práctica cotidiana, a través del intercambio de información y de la colaboración operativa directa entre el personal de seguridad privada y los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus respectivas funciones.
El modelo español de seguridad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y marco jurídico de la seguridad ciudadana
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, regula las potestades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad ciudadana (identificación y registro, restricciones de tránsito, disolución de reuniones, entre otras) y el régimen sancionador (infracciones muy graves, graves y leves). Entre sus principios rectores figuran la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación, la oportunidad y la proporcionalidad. La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, regula la prestación por personas privadas de servicios de seguridad, que se entiende como un complemento de la seguridad pública y como parte integrante del sistema de seguridad (con vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, jefes y directores de seguridad, detectives privados y otras figuras), sometida al control de la Policía Nacional. El Reglamento de Seguridad Privada continúa siendo el aprobado por el Real Decreto 2364/1994, en lo que no se oponga a la ley, por lo que conviene consultar el estado actual de su desarrollo reglamentario. La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, crea el Sistema de Seguridad Nacional, con el Consejo de Seguridad Nacional como órgano de apoyo al Presidente del Gobierno, y prevé la Estrategia de Seguridad Nacional, cuyo texto de 2021 se aprobó por el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre.
Concepto de inseguridad ciudadana
La inseguridad ciudadana puede definirse, en sentido objetivo, como la situación de riesgo efectivo de sufrir un delito o cualquier otra perturbación grave de la seguridad personal o patrimonial en un territorio determinado, medible a través de las correspondientes estadísticas de criminalidad; y, en sentido subjetivo, como la percepción o sensación de vulnerabilidad y de temor ante la eventualidad de sufrir un delito, que experimentan los ciudadanos con independencia de que dicha percepción se corresponda o no exactamente con el riesgo objetivo real existente en su entorno, distinción ya introducida al estudiar la seguridad objetiva y subjetiva en un punto anterior de este mismo tema. La gestión adecuada de la inseguridad ciudadana por parte de las Administraciones Públicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad exige atender simultáneamente a ambas dimensiones, tanto mediante políticas efectivas de prevención y persecución de la delincuencia real, como mediante estrategias de comunicación y de proximidad policial que contribuyan a reducir la percepción subjetiva de inseguridad cuando esta resulte desproporcionada respecto de los datos objetivos disponibles.
Factores que inciden en la percepción de inseguridad
Entre los principales factores que la investigación criminológica y sociológica ha identificado como determinantes de la percepción subjetiva de inseguridad ciudadana, con frecuencia independientes de la evolución real de las tasas objetivas de criminalidad, se encuentran: la cobertura mediática de determinados sucesos delictivos de especial gravedad o espectacularidad, que puede generar una percepción de inseguridad desproporcionada respecto de su incidencia estadística real; el deterioro físico y la falta de mantenimiento del entorno urbano (edificios abandonados, suciedad, ausencia de iluminación), que genera una sensación de abandono institucional y de vulnerabilidad, en línea con la ya mencionada teoría de las «ventanas rotas»; la propia edad, sexo y experiencia previa de victimización de cada persona, factores que condicionan de forma muy relevante su percepción subjetiva individual del riesgo; y la visibilidad o invisibilidad de la presencia policial en el entorno cotidiano de los ciudadanos, siendo la denominada «policía de proximidad» una estrategia específicamente orientada a reforzar esta visibilidad tranquilizadora de la presencia policial en el espacio público.
Prevención del delito: niveles y modelos de intervención
La prevención del delito se clasifica en: primaria (actúa sobre las causas sociales del delito y se dirige a toda la población: educación, empleo, vivienda, políticas sociales), secundaria (dirigida a grupos o zonas de riesgo: programas con jóvenes en riesgo, patrullas en zonas conflictivas, prevención situacional) y terciaria (dirigida a los delincuentes ya condenados, para evitar la reincidencia: tratamiento penitenciario y reinserción). La prevención situacional (Ronald Clarke) intenta reducir las oportunidades delictivas mediante medidas sobre el entorno (iluminación, videovigilancia, control de accesos, diseño urbano), y la prevención comunitaria implica a los vecinos y asociaciones (vigilancia vecinal, programas de seguridad comunitaria). La policía de proximidad o comunitaria (policía orientada a la comunidad y policía orientada a la resolución de problemas, modelo SARA: scanning, analysis, response, assessment) busca la colaboración ciudadana, la presencia visible y la atención a los problemas locales. La Policía Nacional desarrolla programas como el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. En el ámbito de la víctima, la victimología (von Hentig, Mendelsohn) estudia el papel de la víctima y la victimización secundaria o revictimización provocada por el propio sistema, de lo que se ocupa el Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015, de 27 de abril).
Teorías explicativas de la delincuencia: el enfoque biológico
El enfoque biológico o biopositivista de explicación de la delincuencia, cuyo máximo exponente histórico fue el médico italiano Cesare Lombroso a finales del siglo XIX (autor de la obra «El hombre delincuente»), sostenía que la conducta criminal tendría un origen fundamentalmente biológico y hereditario, defendiendo la existencia del llamado «delincuente nato», identificable a través de determinados rasgos físicos y anatómicos (anomalías craneales, faciales, corporales) supuestamente asociados de forma atávica a etapas evolutivas más primitivas de la especie humana. Esta teoría, hoy completamente desacreditada desde el punto de vista científico por carecer de fundamento empírico riguroso y por su deriva hacia posiciones abiertamente racistas y deterministas, ha dado paso en la criminología biológica contemporánea a enfoques mucho más matizados que estudian, sin pretensión determinista alguna, la posible influencia (nunca exclusiva ni mecánica) de determinados factores genéticos, neurológicos o bioquímicos en la propensión hacia ciertos comportamientos antisociales, siempre en interacción compleja con factores ambientales y sociales.
Cesare Lombroso publicó en 1876 L'uomo delinquente (El hombre delincuente); sus discípulos Enrico Ferri (sociología criminal, que añadió factores sociales) y Raffaele Garofalo (delito natural) completaron la Escuela Positiva italiana, que se opuso a la Escuela Clásica (Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, 1764; Bentham), basada en el libre albedrío, la responsabilidad moral y la proporcionalidad de las penas. La criminología biológica contemporánea estudia estudios de gemelos y adopción, la genética del comportamiento, las alteraciones neuroquímicas (serotonina) y de estructuras cerebrales (corteza prefrontal), siempre en interacción con factores ambientales (modelo biosocial).
Teorías explicativas de la delincuencia: el enfoque psicológico
El enfoque psicológico de explicación de la delincuencia centra su atención en los factores de personalidad, cognitivos y de desarrollo psicológico individual que pueden predisponer a determinadas personas hacia la comisión de conductas delictivas, con independencia de factores biológicos deterministas o de factores puramente sociales o estructurales. Dentro de este enfoque se incluyen aportaciones muy diversas, desde las teorías psicoanalíticas clásicas (que vinculan determinadas conductas delictivas a conflictos psíquicos inconscientes no resueltos, especialmente durante el desarrollo infantil), hasta las teorías del aprendizaje social (que explican la conducta delictiva como resultado de un proceso de aprendizaje por observación e imitación de modelos de conducta antisocial presentes en el entorno del individuo), pasando por el estudio de determinados trastornos de personalidad (especialmente el trastorno antisocial de la personalidad o «psicopatía») que la investigación empírica ha asociado con una mayor probabilidad estadística, aunque nunca determinista, de conducta delictiva reiterada.
Entre los autores del enfoque psicológico se citan: Sigmund Freud (psicoanálisis); Hans Eysenck (teoría de la personalidad con tres dimensiones: extraversión, neuroticismo y psicoticismo, y un condicionamiento deficiente); Albert Bandura (aprendizaje social por observación y modelado, experimento del muñeco Bobo, 1961-1973); Lawrence Kohlberg (niveles de desarrollo moral: preconvencional, convencional y postconvencional); y Robert Hare (escala PCL-R de evaluación de la psicopatía). Es importante no confundir el trastorno antisocial de la personalidad con la imputabilidad: en el Derecho penal español la inimputabilidad depende del art. 20 del Código Penal (anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena o síndrome de abstinencia, alteraciones de la percepción).
Teorías explicativas de la delincuencia: el enfoque sociológico
El enfoque sociológico de explicación de la delincuencia, predominante en la criminología contemporánea, centra su atención en los factores sociales, económicos, culturales y estructurales del entorno del individuo (desigualdad social, pobreza, desestructuración familiar, entorno urbano degradado, subculturas delictivas, procesos de estigmatización social) como principales determinantes de la conducta delictiva, superando así tanto el determinismo biológico como el excesivo individualismo del enfoque psicológico para situar el foco explicativo en las condiciones sociales que rodean al individuo. Dentro de este amplio enfoque sociológico se incluyen las principales teorías criminológicas contemporáneas que se desarrollan con mayor detalle en los siguientes puntos de este mismo tema: la teoría de la anomia, la teoría del etiquetado, la teoría de la asociación diferencial, y los modelos ecológicos de la Escuela de Chicago, todas ellas de gran influencia en la criminología académica y en el diseño de las políticas públicas de prevención del delito de las últimas décadas.
Otras teorías sociológicas relevantes son: la teoría del control social (Travis Hirschi, Causes of Delinquency, 1969), que se pregunta no por qué se delinque sino por qué no se delinque, y que responde con los cuatro elementos del vínculo social: apego (attachment), compromiso (commitment), implicación (involvement) y creencia (belief); las teorías de las subculturas delictivas (Albert Cohen, 1955; Cloward y Ohlin, 1960, sobre las oportunidades ilegítimas); la teoría general de la tensión (Robert Agnew, 1992); y la criminología crítica o radical, que cuestiona el papel del sistema penal como instrumento de control de clases. Frente a ellas, las teorías de la oportunidad centran la atención en el hecho delictivo y no en el delincuente: la teoría de las actividades cotidianas o rutinarias (Cohen y Felson, 1979), según la cual el delito requiere la convergencia en el espacio y tiempo de un delincuente motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián capaz; y la teoría de la elección racional (Cornish y Clarke, 1986), que parte de que el delincuente sopesa costes y beneficios. De ellas deriva la prevención situacional del delito (reducir oportunidades, aumentar el esfuerzo y el riesgo percibido) y la prevención mediante el diseño ambiental (CPTED).
La teoría de la anomia (Durkheim y Merton)
La teoría de la anomia, formulada originariamente por el sociólogo Émile Durkheim (que empleó este concepto para explicar fenómenos sociales como el suicidio en situaciones de ausencia o debilitamiento de las normas sociales reguladoras) y desarrollada específicamente en el ámbito criminológico por el sociólogo estadounidense Robert K. Merton, explica la delincuencia como resultado de la tensión (o «strain») entre las metas u objetivos culturalmente valorados por una sociedad determinada (por ejemplo, el éxito económico y material en la sociedad estadounidense) y los medios legítimos que dicha sociedad pone efectivamente a disposición de todos sus miembros para alcanzar dichas metas, de modo que cuando existe una desproporción estructural entre unas metas ampliamente difundidas y unos medios legítimos de acceso limitado o desigualmente distribuido (especialmente entre las clases sociales más desfavorecidas), se genera una situación de anomia o de tensión estructural que favorece la aparición de conductas delictivas como vía alternativa (ilegítima) de acceso a dichas metas socialmente valoradas.
Merton (Social Structure and Anomie, 1938) describe cinco modos de adaptación individual a la tensión entre metas culturales y medios institucionalizados: conformidad (acepta metas y medios; es la más frecuente), innovación (acepta las metas pero usa medios ilegítimos; es el modo asociado a la delincuencia patrimonial), ritualismo (renuncia a las metas pero sigue los medios), retraimiento (rechaza metas y medios; mendigos, toxicómanos, vagabundos) y rebelión (rechaza ambos y propone otros nuevos, como los movimientos revolucionarios). Durkheim empleó la anomia en La división del trabajo social (1893) y en El suicidio (1897).
La teoría del etiquetado o labelling
La teoría del etiquetado o labelling approach, desarrollada fundamentalmente por sociólogos estadounidenses como Howard Becker durante la década de 1960, desplaza el foco de atención criminológico desde las causas de la conducta delictiva inicial hacia el proceso social de definición y de reacción institucional frente a dicha conducta, sosteniendo que la propia intervención del sistema de justicia penal (detención, condena, estigmatización social como «delincuente») puede paradójicamente contribuir a consolidar y perpetuar una carrera delictiva futura en la persona etiquetada, al interiorizar esta la identidad social de «delincuente» que le ha sido atribuida por el propio sistema y por la sociedad en su conjunto (el llamado fenómeno de la «profecía autocumplida»), y al generarse consecuencias sociales objetivas derivadas de dicha etiqueta (dificultades de reinserción laboral y social) que dificultan efectivamente el abandono de la trayectoria delictiva iniciada.
Edwin Lemert distinguió entre la desviación primaria (conducta inicial, de causas variadas y sin efecto sobre la identidad) y la desviación secundaria (conducta que resulta de la reacción social y del estigma, y que consolida la identidad desviada). Howard Becker (Outsiders, 1963) sostuvo que la desviación no es una cualidad intrínseca del acto sino el resultado de que otros apliquen la etiqueta; por ello, el foco pasa a los «emprendedores morales» y a las instancias de control. Se vincula con la criminología crítica y con la defensa de la desjudicialización y las penas alternativas a la prisión.
La teoría de la asociación diferencial
La teoría de la asociación diferencial, formulada por el criminólogo estadounidense Edwin Sutherland en la década de 1930 y perfeccionada posteriormente, explica la conducta delictiva como el resultado de un proceso de aprendizaje social normal, análogo al aprendizaje de cualquier otra conducta humana, que se produce a través de la interacción y comunicación con otras personas, especialmente en el seno de grupos íntimos y de referencia (familia, amigos, entorno social próximo), de los que el individuo aprende no solo las técnicas concretas para cometer determinados delitos, sino también las actitudes, motivaciones, racionalizaciones y definiciones favorables o desfavorables hacia el cumplimiento de la ley. Según esta teoría, una persona tenderá a desarrollar conductas delictivas cuando, en su proceso de socialización, predominen las asociaciones e influencias favorables a la violación de la ley sobre las asociaciones e influencias favorables a su respeto, en función de la frecuencia, duración, prioridad e intensidad de dichos contactos sociales diferenciales.
Modelos explicativos ecológicos de la delincuencia: la Escuela de Chicago
La Escuela de Chicago, ya presentada en el tema anterior desde la perspectiva del estudio sociológico de la ciudad, desarrolló también, dentro de su enfoque ecológico general, una influyente línea de investigación criminológica que vinculaba la distribución espacial de la delincuencia dentro de la ciudad con las características socioeconómicas de sus distintas áreas o zonas urbanas, identificando la existencia de «zonas de transición» o «zonas deterioradas» (áreas urbanas caracterizadas por la desorganización social, la pobreza, la elevada rotación de población y el deterioro físico del entorno) en las que se concentraban sistemáticamente las tasas más elevadas de delincuencia, con independencia de qué grupos poblacionales concretos habitaran sucesivamente dichas zonas a lo largo del tiempo, lo que llevó a estos autores a formular la llamada «teoría de la desorganización social», que atribuye la delincuencia más a las características estructurales del propio entorno urbano deteriorado que a las características individuales de sus habitantes concretos.
Los autores Clifford Shaw y Henry McKay, en Juvenile Delinquency and Urban Areas (1942), comprobaron, mediante mapas de delincuencia juvenil de Chicago, que las tasas más elevadas se localizaban en la zona de transición, con independencia de la población que la habitara. La teoría de la desorganización social posterior (Sampson, con el concepto de «eficacia colectiva», 1997) destaca la importancia de la cohesión del vecindario y de la disposición de los vecinos a intervenir. Estas ideas fundamentan la prevención comunitaria y la policía de proximidad, y se conectan con los conceptos de «espacio defendible» (Oscar Newman, 1972) y con el diseño ambiental para la prevención del delito (CPTED).
Clases de delincuencia: la delincuencia común
La delincuencia común es la categoría criminológica más amplia y genérica, que engloba el conjunto de delitos de menor complejidad organizativa, cometidos generalmente por individuos aislados o por pequeños grupos ocasionales, sin una estructura organizativa estable ni una planificación especialmente sofisticada, y dirigidos habitualmente contra bienes jurídicos individuales de carácter patrimonial o personal (hurtos, robos, lesiones, delitos contra la seguridad vial), constituyendo el grueso cuantitativo de la actividad delictiva que se registra estadísticamente en cualquier sociedad contemporánea y, por tanto, también el grueso de la actividad ordinaria de investigación y persecución de las unidades policiales de seguridad ciudadana estudiadas a lo largo de este temario, frente a las modalidades de delincuencia más específicas y cualificadas que se estudian en los siguientes puntos.
La delincuencia organizada
La delincuencia organizada es la modalidad de delincuencia caracterizada por la existencia de una estructura organizativa estable, jerarquizada y con reparto de funciones entre sus miembros, orientada a la comisión reiterada y planificada de delitos graves con ánimo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o material (narcotráfico, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, tráfico de armas), presentando frecuentemente proyección internacional y capacidad de infiltración e influencia sobre estructuras económicas o incluso institucionales legítimas mediante la corrupción. El Código Penal español (art. 570 bis y siguientes, introducidos por la reforma de 2010) tipifica específicamente los delitos de organización y grupo criminal, precisamente en atención a la especial peligrosidad y capacidad lesiva que representa esta modalidad de delincuencia estructurada frente a la delincuencia común, exigiendo unidades policiales especializadas (como las ya estudiadas dentro de la Comisaría General de Policía Judicial) para su adecuada investigación.
En el Código Penal se diferencian dos figuras: la organización criminal (art. 570 bis: agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos), el grupo criminal (art. 570 ter: unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de delitos leves). A escala internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) la define como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer delitos graves para obtener un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Dentro de la UE, Europol y Eurojust apoyan la investigación, y los equipos conjuntos de investigación y la orden europea de detención facilitan la cooperación. Las manifestaciones principales son el tráfico de drogas, de armas, la trata y el tráfico de personas, el blanqueo de capitales, la falsificación, el contrabando y la ciberdelincuencia organizada.
La delincuencia juvenil
La delincuencia juvenil es la modalidad de delincuencia cometida por menores de edad, sujeta en España a un régimen jurídico específico y diferenciado del aplicable a los adultos (la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ya estudiada en el tema 16 de este mismo temario), de naturaleza sancionadora-educativa y orientada prioritariamente hacia la reeducación y la reinserción social del menor infractor, en atención a su especial condición de persona en desarrollo y a las mayores posibilidades de modificación positiva de su trayectoria vital respecto de un delincuente adulto ya plenamente formado. La criminología ha estudiado extensamente los factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil (desestructuración familiar, fracaso escolar, entorno social desfavorecido, influencia de grupos de iguales con conductas antisociales, en clara conexión con la teoría de la asociación diferencial ya estudiada), así como los factores de protección que pueden contrarrestar dichos factores de riesgo y favorecer trayectorias vitales alejadas de la delincuencia.
Es de aplicación a los menores de entre 14 y 18 años; los menores de 14 años no responden penalmente conforme a la LO 5/2000 sino que se les aplicarán las normas de protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes (art. 3). Las medidas previstas son, entre otras, el internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, la libertad vigilada, la prestación en beneficio de la comunidad y la amonestación. Los fenómenos recientes que preocupan son la violencia filio-parental, el acoso escolar (bullying y ciberacoso), las agresiones sexuales cometidas por menores, los delitos cometidos en grupo y los ligados a las bandas juveniles de carácter violento, así como la exposición a la pornografía y a contenidos violentos en internet.
La delincuencia de "cuello blanco"
La delincuencia de «cuello blanco» (white collar crime), concepto acuñado originariamente por el sociólogo Edwin Sutherland (el mismo autor de la teoría de la asociación diferencial ya estudiada) en 1939, hace referencia a los delitos cometidos por personas de elevado estatus social y económico en el ejercicio de su actividad profesional o empresarial legítima, aprovechando precisamente la posición de confianza, autoridad o conocimiento técnico especializado que dicha posición les confiere (delitos societarios, fraude fiscal, corrupción, delitos contra la Hacienda Pública, delitos contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales). Esta modalidad de delincuencia presenta características criminológicas específicas que la distinguen de la delincuencia común: menor visibilidad social y mediática (a pesar de que su impacto económico y social agregado puede ser considerablemente superior), mayor dificultad probatoria y de investigación (dada su naturaleza frecuentemente compleja y encubierta bajo apariencia de legalidad formal), y una tradicional menor severidad de la respuesta penal efectiva en comparación con delitos patrimoniales comunes de menor cuantía económica.
La cifra negra de la criminalidad
La cifra negra de la criminalidad es el concepto criminológico que hace referencia al conjunto de delitos efectivamente cometidos en una sociedad determinada que nunca llegan a ser conocidos por las autoridades competentes (Policía, Fiscalía, órganos judiciales), y que por tanto no quedan reflejados en las estadísticas oficiales de criminalidad, generando una discrepancia, de magnitud variable según el tipo concreto de delito de que se trate, entre la criminalidad real efectivamente existente en una sociedad y la criminalidad conocida o registrada oficialmente. Determinados tipos de delitos presentan tradicionalmente una cifra negra especialmente elevada, por distintas razones (temor de la víctima a represalias, vergüenza o estigma social asociado a la victimización, escasa confianza en la eficacia de la denuncia, o incluso, en determinados delitos de «cuello blanco», la propia dificultad de la víctima o de terceros para percatarse de que efectivamente ha sido víctima de un delito), como ocurre característicamente con los delitos contra la libertad sexual, la violencia de género y doméstica, y determinados delitos económicos y de corrupción de especial sofisticación técnica.
Otras clases de delincuencia y conceptos relacionados: violenta, económica, terrorismo, ciberdelincuencia y reincidencia
Otras tipologías habituales: la delincuencia violenta (homicidios, lesiones, agresiones sexuales, violencia de género y doméstica); la delincuencia económica o patrimonial, que incluye la delincuencia organizada contra el patrimonio, el fraude y el blanqueo; el terrorismo (criminalidad organizada con finalidad política, regulada en los arts. 573 y ss. del Código Penal, y que la Policía Nacional combate a través de la Comisaría General de Información); la ciberdelincuencia, entendida como los delitos cometidos mediante tecnologías de la información o contra sistemas informáticos (estafas, accesos ilícitos, ransomware, pornografía infantil), que en 2025 representó el 19,8 % de las infracciones penales conocidas; los delitos de odio (art. 510 CP y circunstancia agravante del art. 22.4); y la delincuencia ambiental.
Desde el punto de vista del autor se distingue entre delincuente ocasional, habitual y profesional. En el Código Penal, la reincidencia es una circunstancia agravante (art. 22.8: haber sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título, de la misma naturaleza), y existe la figura de la multirreincidencia (art. 66.1.5ª: condena previa por al menos tres delitos del mismo título y naturaleza permite imponer la pena superior en grado). Desde el punto de vista de la gravedad, los delitos se clasifican en graves, menos graves y leves, en función de la pena (art. 13 CP). Finalmente, la criminalidad se mide con estadísticas oficiales (criminalidad conocida), con encuestas de victimización y de autoinforme (para estimar la cifra negra) y con la comparación de ambas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Seguridad OBJETIVA (tasas de criminalidad medibles) vs. seguridad/percepción SUBJETIVA (sensación de inseguridad, puede no coincidir con los datos objetivos — teoría de las «ventanas rotas»).
La seguridad pública es competencia EXCLUSIVA del Estado (art. 149.1.29ª CE); la seguridad privada es COMPLEMENTARIA y SUBORDINADA a ella (tema 13).
Enfoques explicativos de la delincuencia, en orden histórico: biológico (Lombroso, «delincuente nato», hoy DESACREDITADO científicamente) → psicológico (personalidad, aprendizaje social, psicopatía) → sociológico (predominante hoy: anomia, etiquetado, asociación diferencial, ecología urbana).
Teoría de la anomia (Durkheim/Merton): tensión (strain) entre METAS culturalmente valoradas (éxito económico) y MEDIOS legítimos desigualmente distribuidos para alcanzarlas.
Teoría del etiquetado (labelling, Becker): la propia intervención penal puede CONSOLIDAR la carrera delictiva («profecía autocumplida») por la estigmatización social del «delincuente».
Teoría de la asociación diferencial (Sutherland): la conducta delictiva se APRENDE socialmente (técnicas + actitudes favorables al delito) en grupos íntimos de referencia, según frecuencia/duración/prioridad/intensidad de esos contactos.
Escuela de Chicago / desorganización social: la delincuencia se concentra en «zonas de transición» deterioradas, con independencia de qué población concreta las habite en cada momento.
Clases de delincuencia: común (mayoritaria, individuos aislados), organizada (estructura estable y jerarquizada, art. 570 bis CP), juvenil (LO 5/2000, sancionador-educativo), y de «cuello blanco» (Sutherland 1939, personas de alto estatus, menor visibilidad y persecución efectiva).
Cifra negra de la criminalidad: delitos NO conocidos por las autoridades, especialmente elevada en delitos sexuales, violencia de género/doméstica y delitos económicos sofisticados.
Seguridad ciudadana (garantía del ejercicio libre de derechos, LO 4/2015) ≠ seguridad pública (concepto más amplio) ≠ seguridad nacional (Ley 36/2015) ≠ seguridad humana (PNUD 1994). «Seguridad colectiva» en Derecho internacional = sistema de la ONU.
Escuela Clásica (Beccaria 1764: libre albedrío, proporcionalidad) frente a Escuela Positiva (Lombroso 1876, Ferri, Garofalo: determinismo). Teoría de las ventanas rotas: Wilson y Kelling, 1982.
Merton (1938): 5 adaptaciones a la anomia = conformidad, innovación (la delictiva), ritualismo, retraimiento y rebelión. Hirschi (1969): control social = apego, compromiso, implicación y creencia. Cohen y Felson (1979): delincuente motivado + objetivo adecuado + ausencia de guardián capaz.
Organización criminal (art. 570 bis CP: más de dos personas, estable o por tiempo indefinido, reparto de tareas) frente a grupo criminal (art. 570 ter CP: más de dos personas sin esas características, para delinquir de forma concertada). Palermo 2000: grupo estructurado de tres o más personas.
LO 5/2000: responsabilidad penal de los menores de 14 a 18 años; los menores de 14 años no responden penalmente. Prevención: primaria (causas), secundaria (grupos de riesgo) y terciaria (reincidencia).
Balance de Criminalidad 2025 (Interior): 2.474.156 infracciones penales; 80,2 % criminalidad convencional (tasa de 40,4 por mil habitantes) y 19,8 % cibercriminalidad (10,0 por mil; +5,3 % respecto de 2024).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La teoría de la asociación diferencial fue formulada por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 33 de Policía Nacional?
Este tema constituye la introducción criminológica y sociológica al concepto mismo de seguridad, bien jurídico central que justifica la existencia de la Policía Nacional, distinguiendo sus distintas acepciones (ciudadana, pública, nacional, humana; individual/colectiva; pública/privada; objetiva/subjetiva) antes de adentrarse en las grandes teorías explicativas de la delincuencia desarrolladas por la criminología (escuelas clásica y positiva, enfoques biológicos y psicológicos, teorías sociológicas de la anomia, el etiquetado, la asociación diferencial, el control social y la Escuela de Chicago, y teorías de la oportunidad). Cierra con las clases de delincuencia (común, organizada, juvenil, de cuello blanco, ciberdelincuencia), la cifra negra y los datos oficiales del Balance de Criminalidad de 2025.
¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?
Seguridad OBJETIVA (tasas de criminalidad medibles) vs. seguridad/percepción SUBJETIVA (sensación de inseguridad, puede no coincidir con los datos objetivos — teoría de las «ventanas rotas»). La seguridad pública es competencia EXCLUSIVA del Estado (art. 149.1.29ª CE); la seguridad privada es COMPLEMENTARIA y SUBORDINADA a ella (tema 13). Enfoques explicativos de la delincuencia, en orden histórico: biológico (Lombroso, «delincuente nato», hoy DESACREDITADO científicamente) → psicológico (personalidad, aprendizaje social, psicopatía) → sociológico (predominante hoy: anomia, etiquetado, asociación diferencial, ecología urbana). Teoría de la anomia (Durkheim/Merton): tensión (strain) entre METAS culturalmente valoradas (éxito económico) y MEDIOS legítimos desigualmente distribuidos para alcanzarlas. Teoría del etiquetado (labelling, Becker): la propia intervención penal puede CONSOLIDAR la carrera delictiva («profecía autocumplida») por la estigmatización social del «delincuente». Teoría de la asociación diferencial (Sutherland): la conducta delictiva se APRENDE socialmente (técnicas + actitudes favorables al delito) en grupos íntimos de referencia, según frecuencia/duración/prioridad/intensidad de esos contactos. Escuela de Chicago / desorganización social: la delincuencia se concentra en «zonas de transición» deterioradas, con independencia de qué población concreta las habite en cada momento. Clases de delincuencia: común (mayoritaria, individuos aislados), organizada (estructura estable y jerarquizada, art. 570 bis CP), juvenil (LO 5/2000, sancionador-educativo), y de «cuello blanco» (Sutherland 1939, personas de alto estatus, menor visibilidad y persecución efectiva). Cifra negra de la criminalidad: delitos NO conocidos por las autoridades, especialmente elevada en delitos sexuales, violencia de género/doméstica y delitos económicos sofisticados. Seguridad ciudadana (garantía del ejercicio libre de derechos, LO 4/2015) ≠ seguridad pública (concepto más amplio) ≠ seguridad nacional (Ley 36/2015) ≠ seguridad humana (PNUD 1994). «Seguridad colectiva» en Derecho internacional = sistema de la ONU. Escuela Clásica (Beccaria 1764: libre albedrío, proporcionalidad) frente a Escuela Positiva (Lombroso 1876, Ferri, Garofalo: determinismo). Teoría de las ventanas rotas: Wilson y Kelling, 1982. Merton (1938): 5 adaptaciones a la anomia = conformidad, innovación (la delictiva), ritualismo, retraimiento y rebelión. Hirschi (1969): control social = apego, compromiso, implicación y creencia. Cohen y Felson (1979): delincuente motivado + objetivo adecuado + ausencia de guardián capaz. Organización criminal (art. 570 bis CP: más de dos personas, estable o por tiempo indefinido, reparto de tareas) frente a grupo criminal (art. 570 ter CP: más de dos personas sin esas características, para delinquir de forma concertada). Palermo 2000: grupo estructurado de tres o más personas. LO 5/2000: responsabilidad penal de los menores de 14 a 18 años; los menores de 14 años no responden penalmente. Prevención: primaria (causas), secundaria (grupos de riesgo) y terciaria (reincidencia). Balance de Criminalidad 2025 (Interior): 2.474.156 infracciones penales; 80,2 % criminalidad convencional (tasa de 40,4 por mil habitantes) y 19,8 % cibercriminalidad (10,0 por mil; +5,3 % respecto de 2024).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 17, 104 y 149.1.29ª (BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 13, 20, 22, 66, 570 bis y ss.).
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000).
Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad, cuarto trimestre de 2025 (enero a diciembre).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.