Tema 9. La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002 como consecuencia del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (28 de mayo de 2001), sistematiza los derechos de quienes se relacionan con la Administración de Justicia como usuarios de un servicio público. No tiene rango de ley, pero ha inspirado numerosas reformas legales posteriores en materia de información, atención, identificación de funcionarios, derechos lingüísticos, garantías frente a los profesionales que asisten al ciudadano y justicia gratuita, completadas por el Plan de Transparencia Judicial (Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005). El tema se completa con el derecho a la asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996) y con las normas profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, así como con la LO 5/2024, del Derecho de Defensa.
Origen: el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia
La Carta trae causa del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito el 28 de mayo de 2001 por los dos principales partidos políticos, que fijó como uno de sus objetivos dotar a la ciudadanía de un catálogo sistemático de derechos frente a la Administración de Justicia como servicio público, orientado a la calidad, la transparencia y la cercanía. Fue elaborada por un grupo de trabajo de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, con representantes de los grupos parlamentarios y del Ministerio de Justicia.
Aprobación por el Pleno del Congreso
Fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002 como proposición no de ley, lo que le confiere un fuerte respaldo institucional y político transversal, aunque sin capacidad normativa directa por sí misma. Contiene un Preámbulo y 41 derechos o compromisos distribuidos en tres grandes partes, más una disposición final sobre la eficacia de los derechos reconocidos.
Naturaleza jurídica: declaración institucional, no ley
No es una norma con rango de ley ni resulta directamente exigible ante los tribunales como tal; es una declaración institucional (proposición no de ley) que sistematiza derechos ya reconocidos en la Constitución y en las leyes procesales, y que marca objetivos de mejora que se han ido incorporando después a normas con rango legal (Ley 1/1996, LO 5/2015, Ley 18/2011, Ley 4/2015, LO 5/2024, entre otras). La Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, proclamó la Carta e instó a su desarrollo mediante el Plan de Transparencia Judicial.
Estructura de la Carta
La Carta se articula en tres grandes partes más una disposición final: (I) Una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos (21 derechos: información, transparencia, atención y gestión, identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos, quejas y sugerencias, medios telemáticos); (II) Una Justicia que protege a los más débiles (víctimas del delito, menores, personas con discapacidad, extranjeros); y (III) Una relación de confianza con los Abogados y Procuradores; y una última parte relativa a la eficacia de los derechos reconocidos, con seguimiento por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado. El derecho a la justicia gratuita y las garantías frente a los profesionales se reflejan en la tercera parte y en las leyes de desarrollo.
Derecho a información general y actualizada
El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales, así como a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con las leyes procesales.
Lenguaje comprensible y servicios de información y atención al ciudadano
Las Oficinas de Justicia y los servicios de atención a la ciudadanía deben facilitar el acceso a dicha información, con especial atención a la accesibilidad para personas con discapacidad y garantizando que el lenguaje empleado en las comunicaciones judiciales sea claro, sencillo y comprensible, evitando tecnicismos innecesarios (la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico se creó por la Orden JUS/3126/2003, de 30 de octubre).
Derecho a atención respetuosa y adaptada
El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales, incluyendo la protección de su intimidad en las dependencias judiciales y la disposición de espacios adecuados; también a que se le atienda en horario de mañana y de tarde en las dependencias judiciales donde fuera necesario.
Derecho a ser atendido por el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia
El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por el Letrado de la Administración de Justicia (antes Secretario Judicial) respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial, dentro de los cauces y disponibilidad de agenda de cada órgano.
Derecho a conocer el estado de tramitación
Quien tenga interés legítimo en un procedimiento tiene derecho a conocer su contenido y estado de tramitación y a obtener copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, salvo que estén declarados secretos o reservados.
Puntualidad en vistas y comparecencias
El ciudadano citado a una vista o comparecencia tiene derecho a que esta se desarrolle con puntualidad, y a ser informado, en caso de retraso, de sus causas y de la nueva hora previsible de celebración.
Derecho a formular quejas y reclamaciones
Se reconoce el derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, ante los servicios correspondientes (Inspección de Tribunales, Servicios de Atención al Ciudadano), con derecho a obtener respuesta motivada en un plazo razonable y, cuando proceda, a exigir responsabilidad conforme a la ley.
Derecho a relacionarse con la Justicia por medios electrónicos
El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos, en los términos de la Ley 18/2011 (uso de las TIC en la Administración de Justicia) y del Real Decreto-ley 6/2023, que impulsa la tramitación electrónica por defecto; las notificaciones electrónicas son obligatorias para profesionales y personas jurídicas, y voluntarias, salvo que la ley disponga otra cosa, para las personas físicas.
Identificación de Jueces, Fiscales, Letrados y funcionarios
El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales. Para garantizarlo, los datos figurarán en un lugar fácilmente visible del puesto de trabajo, y quien responda por teléfono o realice una comunicación por vía telemática deberá, en todo caso, identificarse ante el ciudadano.
Derechos lingüísticos: uso de la lengua cooficial (art. 231 LOPJ)
El ciudadano tiene derecho a utilizar la lengua oficial de su Comunidad Autónoma en sus relaciones con la Administración de Justicia y a ser atendido en los términos establecidos en la LOPJ, en los Estatutos de Autonomía y en su normativa de desarrollo (derecho 16 de la Carta). Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de la Comunidad Autónoma tienen, sin necesidad de traducción, plena validez y eficacia; las partes, sus representantes, testigos y peritos pueden utilizar la lengua oficial propia en cualquier actuación oral o escrita; y los Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios pueden utilizarla si ninguna de las partes se opone alegando desconocimiento que pudiere producir indefensión (art. 231 LOPJ).
Derecho a ser informado del derecho lingüístico
El ciudadano tiene derecho a ser informado de su facultad de ser atendido en la lengua cooficial correspondiente antes de iniciar cualquier actuación en la que intervenga.
Derecho a interpretación y traducción gratuita
Quien no conozca el castellano ni la lengua cooficial tiene derecho a ser asistido por intérprete y a la traducción de los documentos esenciales, con especial relevancia en el proceso penal conforme a la Directiva 2010/64/UE, transpuesta por la Ley Orgánica 5/2015, que reforma la LECrim (art. 123 LECrim); estos derechos son gratuitos para los investigados y acusados y se extienden a los extranjeros (derecho 31 de la Carta) y a las personas sordas, mudas o con discapacidad visual, que pueden utilizar intérprete de lengua de signos o medios tecnológicos (derecho 30).
Una Justicia que protege a los más débiles
La segunda parte de la Carta regula la protección de las víctimas del delito (información clara sobre su intervención en el proceso, sobre las posibilidades de obtener la reparación del daño y sobre el curso del proceso), de los menores (derecho a que su comparecencia ante los órganos judiciales se realice de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo), de las personas con discapacidad (pleno ejercicio de los derechos reconocidos) y de los extranjeros. Estos derechos se desarrollan hoy en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito.
Una relación de confianza con los Abogados y Procuradores
La tercera parte de la Carta recoge el derecho a ser asistido y representado por profesionales con una conducta deontológicamente correcta, a la libre elección de Abogado y Procurador, a ser informado con claridad del coste aproximado de su intervención profesional y de los honorarios, a recibir información sobre la marcha del asunto, a un asesoramiento gratuito de calidad cuando se tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita y a reclamar ante los Colegios profesionales. La LO 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, refuerza estos derechos (información simple y accesible sobre las consecuencias de una eventual condena en costas, derecho a la asistencia jurídica adecuada y a la libre elección de abogado).
Derecho a conocer previamente el coste de los servicios
Frente a Abogados y Procuradores (y, en su ámbito, Graduados Sociales), el ciudadano tiene derecho a conocer con carácter previo el coste aproximado de la intervención profesional, salvo que exista reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Derecho a reclamar ante los Colegios profesionales
El ciudadano puede formular quejas por la actuación de Abogados, Procuradores o Graduados Sociales ante el Colegio profesional correspondiente, que tramitará el expediente conforme a su propio régimen disciplinario colegial. El régimen deontológico y disciplinario se contiene en el Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales (Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre) y el Estatuto General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre).
Representación técnica de los Graduados Sociales
Los Graduados Sociales colegiados pueden ejercer la representación y la defensa técnica de las partes ante el orden jurisdiccional social, conforme habilita la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS, arts. 18 y 21), junto con los Abogados y, para la representación procesal, los Procuradores; en los demás órdenes jurisdiccionales se exige la intervención de Abogado y, en su caso, Procurador (arts. 23 y 31 LEC).
El derecho a la justicia gratuita en la Constitución y en la Carta
El art. 119 CE dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La Carta consagra expresamente el derecho de todo ciudadano que carezca de recursos suficientes para litigar a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo el asesoramiento previo a la iniciación del proceso.
Desarrollo legal: la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita
La Ley 1/1996, de 10 de enero, desarrolla este derecho fijando baremos económicos de acceso (referidos al indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM), el procedimiento de reconocimiento ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, y el contenido de las prestaciones cubiertas: asesoramiento y orientación previos al proceso, defensa y representación gratuitas, inserción de anuncios, exención de tasas y depósitos, y asistencia pericial gratuita. Se desarrolla reglamentariamente por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
Umbral económico de acceso (art. 3 Ley 1/1996)
Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita quienes, careciendo de patrimonio suficiente, tengan recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen: 2 veces el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud, si no están integrados en ninguna unidad familiar; 2,5 veces el IPREM, si están integrados en unidades familiares de menos de cuatro miembros; y 3 veces el IPREM, si son unidades familiares de cuatro o más miembros o familias numerosas. En atención a las circunstancias de la persona (familia, salud, obligaciones económicas), la Comisión puede reconocer el derecho a quienes superen estos umbrales sin exceder de 5 veces el IPREM. El IPREM 2026 se mantiene en 600 euros mensuales (8.400 euros anuales en 14 pagas), sin cambios respecto de 2023.
Colectivos con reconocimiento del derecho con independencia de sus recursos
Determinados colectivos gozan de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar (art. 2 Ley 1/1996): víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos que tengan relación con su condición de víctimas; menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de abuso o maltrato; mujeres y menores víctimas de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual; y quienes sufran lesiones permanentes o incapacidad como consecuencia de accidente (en procesos para reclamar indemnización).
Designación urgente de Abogado y Procurador de oficio
En supuestos de urgencia (detención, violencia de género, medidas cautelares inaplazables) se prevé la designación inmediata de Abogado y Procurador del turno de oficio, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva sobre el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita. Posteriormente la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce o deniega el derecho; si se deniega, el profesional puede reclamar honorarios al solicitante.
El Plan de Transparencia Judicial: origen y objetivo
Como desarrollo del bloque de derechos de información de la Carta, el Plan de Transparencia Judicial, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005 (publicado en el BOE de 1 de noviembre de 2005 por Resolución de 28 de octubre de 2005 de la Secretaría de Estado de Justicia), impulsa la accesibilidad y comprensibilidad del funcionamiento de la Justicia para la ciudadanía, mediante la publicación sistemática de datos y resoluciones.
Publicación de estadísticas judiciales
El Plan promueve la publicación periódica de estadísticas judiciales (asuntos ingresados, resueltos, pendientes, tiempos medios de resolución) por órgano y por materia, permitiendo comparar el rendimiento de los distintos Juzgados y Tribunales.
El CENDOJ y el acceso a las resoluciones judiciales
El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), dependiente del CGPJ, facilita el acceso público y gratuito a la jurisprudencia y a las resoluciones judiciales anonimizadas, constituyendo la pieza central de la transparencia sobre el contenido de las decisiones de Jueces y Tribunales.
Retransmisión de vistas de especial trascendencia
El Plan contempla la posibilidad de retransmitir o difundir públicamente vistas de especial trascendencia social, cuando así lo autorice el órgano judicial competente, ponderando el derecho a la información con los derechos de las partes y de terceros implicados.
Relación con los medios de comunicación
El Plan mejora los cauces de comunicación entre la Administración de Justicia y los medios de comunicación a través de los Gabinetes de Comunicación de los Tribunales Superiores de Justicia y de los propios órganos judiciales, facilitando el acceso periodístico a información veraz sobre procedimientos de interés público.
Conexión con la Ley 19/2013 de transparencia
El impulso de la transparencia judicial se enmarca en las obligaciones generales de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que impone la Ley 19/2013 a las Administraciones Públicas, con las adaptaciones propias de la independencia judicial y del secreto de las actuaciones cuando proceda.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia trae causa del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (28 de mayo de 2001) y fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso el 16 de abril de 2002.
No tiene rango de ley ni es directamente exigible como tal ante los tribunales; sistematiza derechos ya reconocidos legalmente y orienta reformas posteriores (Ley 1/1996, LO 5/2015, Ley 18/2011, Ley 4/2015, LO 5/2024).
Se estructura en tres partes (Una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos; Una Justicia que protege a los más débiles; Una relación de confianza con los Abogados y Procuradores), con 41 derechos, 21 de ellos en la primera.
El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia en cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial.
El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda (datos en lugar visible del puesto; identificación en teléfono y telemática), salvo razones de seguridad en causas criminales.
El derecho a usar la lengua cooficial implica que las actuaciones y documentos en esa lengua tienen plena validez sin necesidad de traducción (art. 231 LOPJ); el derecho a intérprete gratuito surge cuando se desconoce el idioma empleado (Directiva 2010/64/UE y LO 5/2015).
El ciudadano tiene derecho a la libre elección de Abogado y Procurador y a conocer con carácter previo el coste aproximado de la intervención profesional, salvo justicia gratuita.
Puede reclamar la actuación de Abogados, Procuradores o Graduados Sociales ante el Colegio profesional correspondiente, que tramita el expediente por su propio régimen disciplinario.
Los Graduados Sociales pueden ejercer la representación y defensa técnica ante la jurisdicción social (Ley 36/2011), a diferencia de otros órdenes donde se exige Abogado y Procurador.
La Ley 1/1996 desarrolla el derecho a la justicia gratuita fijando baremos según el IPREM (2 veces para quien no integre unidad familiar, 2,5 para familias de menos de 4 miembros, 3 para familias de 4 o más), procedimiento ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y prestaciones cubiertas (asesoramiento, defensa, exención de tasas, pericial gratuita).
Tienen reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de sus recursos económicos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos (art. 2 Ley 1/1996).
En supuestos de urgencia (detención, violencia de género, medidas cautelares inaplazables) se designa Abogado y Procurador de oficio de forma inmediata, sin esperar al reconocimiento definitivo del beneficio.
El Plan de Transparencia Judicial (Acuerdo del Consejo de Ministros de 21-10-2005) impulsa la publicación de estadísticas judiciales y el acceso público a la jurisprudencia a través del CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), dependiente del CGPJ.
El impulso de la transparencia judicial se enmarca en las obligaciones generales de la Ley 19/2013, con las adaptaciones propias de la independencia judicial y el secreto de actuaciones cuando proceda.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué órgano aprobó la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y en qué año?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Auxilio Judicial?
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002 como consecuencia del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (28 de mayo de 2001), sistematiza los derechos de quienes se relacionan con la Administración de Justicia como usuarios de un servicio público. No tiene rango de ley, pero ha inspirado numerosas reformas legales posteriores en materia de información, atención, identificación de funcionarios, derechos lingüísticos, garantías frente a los profesionales que asisten al ciudadano y justicia gratuita, completadas por el Plan de Transparencia Judicial (Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005). El tema se completa con el derecho a la asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996) y con las normas profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, así como con la LO 5/2024, del Derecho de Defensa.
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia trae causa del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (28 de mayo de 2001) y fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso el 16 de abril de 2002. No tiene rango de ley ni es directamente exigible como tal ante los tribunales; sistematiza derechos ya reconocidos legalmente y orienta reformas posteriores (Ley 1/1996, LO 5/2015, Ley 18/2011, Ley 4/2015, LO 5/2024). Se estructura en tres partes (Una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos; Una Justicia que protege a los más débiles; Una relación de confianza con los Abogados y Procuradores), con 41 derechos, 21 de ellos en la primera. El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia en cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial. El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda (datos en lugar visible del puesto; identificación en teléfono y telemática), salvo razones de seguridad en causas criminales. El derecho a usar la lengua cooficial implica que las actuaciones y documentos en esa lengua tienen plena validez sin necesidad de traducción (art. 231 LOPJ); el derecho a intérprete gratuito surge cuando se desconoce el idioma empleado (Directiva 2010/64/UE y LO 5/2015). El ciudadano tiene derecho a la libre elección de Abogado y Procurador y a conocer con carácter previo el coste aproximado de la intervención profesional, salvo justicia gratuita. Puede reclamar la actuación de Abogados, Procuradores o Graduados Sociales ante el Colegio profesional correspondiente, que tramita el expediente por su propio régimen disciplinario. Los Graduados Sociales pueden ejercer la representación y defensa técnica ante la jurisdicción social (Ley 36/2011), a diferencia de otros órdenes donde se exige Abogado y Procurador. La Ley 1/1996 desarrolla el derecho a la justicia gratuita fijando baremos según el IPREM (2 veces para quien no integre unidad familiar, 2,5 para familias de menos de 4 miembros, 3 para familias de 4 o más), procedimiento ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y prestaciones cubiertas (asesoramiento, defensa, exención de tasas, pericial gratuita). Tienen reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de sus recursos económicos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos (art. 2 Ley 1/1996). En supuestos de urgencia (detención, violencia de género, medidas cautelares inaplazables) se designa Abogado y Procurador de oficio de forma inmediata, sin esperar al reconocimiento definitivo del beneficio. El Plan de Transparencia Judicial (Acuerdo del Consejo de Ministros de 21-10-2005) impulsa la publicación de estadísticas judiciales y el acceso público a la jurisprudencia a través del CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), dependiente del CGPJ. El impulso de la transparencia judicial se enmarca en las obligaciones generales de la Ley 19/2013, con las adaptaciones propias de la independencia judicial y el secreto de actuaciones cuando proceda.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial (Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia; BOE núm. 261, de 1 de noviembre de 2005).
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE-A-1996-750), y Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa (BOE-A-2024-23630).
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 231 (uso de la lengua oficial), y Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, de transposición de la Directiva 2010/64/UE.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (arts. 18 y 21).
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
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