Tema 10. La modernización de la oficina judicial: Nuevo modelo de organización judicial. La eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios: su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de justicia y las nuevas tecnologías: Presentación de escritos y documentos por vía telemática. Concepto de expediente digital y firma digital. La Videoconferencia. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia (uno por partido judicial, organizados en Secciones), apoyados en una Oficina Judicial basada en Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes Procesales, y transforma los juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios. Su implantación se ha hecho por fases (1 de julio de 2025, 1 de octubre de 2025 y 31 de diciembre de 2025). Este tema desarrolla ese modelo y la transformación digital de la Justicia (Ley 18/2011, sede judicial electrónica, expediente judicial electrónico, LexNET, firma electrónica, presentación telemática de escritos, videoconferencia y presencia telemática), el Código de Conducta de los usuarios de sistemas informáticos y las garantías de protección de datos personales (RGPD, LO 3/2018 y arts. 236 bis y ss. LOPJ).
La LO 1/2025: norma, entrada en vigor y estructura
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2025; BOE-A-2025-76) es la mayor reforma organizativa de la Justicia española desde la LOPJ de 1985 y de la Ley de Demarcación y Planta de 1988. Modifica la LOPJ, la LEC, la LECrim, las leyes de los órdenes contencioso-administrativo y social, la Ley de Mediación y otras normas. Su entrada en vigor es escalonada: algunas medidas orgánicas desde el 23 de enero de 2025, la regla general (reformas procesales y requisito de los MASC) el 3 de abril de 2025, y un calendario propio de implantación de los Tribunales de Instancia por fases. Se estructura en dos títulos (medios adecuados de solución de controversias y medidas de eficiencia procesal y organizativa), con disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
Diagnóstico previo a la reforma: rigidez del juzgado unipersonal
El modelo tradicional de juzgados unipersonales generaba rigidez organizativa: cada asunto quedaba adscrito a un único titular sin posibilidad de redistribuir con agilidad la carga de trabajo, y provocaba dispersión de medios materiales y personales entre órganos de una misma sede. Además, la planta se articulaba en cientos de juzgados pequeños, lo que dificultaba la especialización, la sustitución de jueces y la gestión conjunta de recursos.
El Tribunal de Instancia: definición y ámbito
La LO 1/2025 sustituye los juzgados de primera instancia, instrucción, mercantil, violencia sobre la mujer, penal, menores, vigilancia penitenciaria, etc. por el Tribunal de Instancia: un órgano judicial único por partido judicial (art. 84 LOPJ) que agrupa a los jueces y magistrados del partido en Secciones. Cada Tribunal de Instancia tiene, como estructura mínima, una Sección única de Civil e Instrucción (o una Sección Civil y otra de Instrucción en los partidos que lo prevea la Ley de Demarcación y Planta Judicial). Los asuntos siguen siendo atribuidos a Jueces y Magistrados concretos dentro de cada Sección; la reforma persigue flexibilidad organizativa y no altera la independencia judicial en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Las Secciones del Tribunal de Instancia
Además de la Sección Civil y la de Instrucción, el Tribunal de Instancia puede integrar Secciones especializadas, según el tamaño y las necesidades del partido: Familia, Infancia y Capacidad; Mercantil; Violencia sobre la Mujer; Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia; Penal; Menores; y Vigilancia Penitenciaria. En los partidos más grandes, la especialización de las Secciones permite que jueces concentren su actividad en una materia, mientras que en los pequeños se mantiene una Sección única de Civil e Instrucción.
El Tribunal Central de Instancia
Con sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio nacional, el Tribunal Central de Instancia sustituye a los antiguos Juzgados Centrales. En el orden penal se organiza en Secciones de Instrucción, Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, entre otras. No debe confundirse con la Audiencia Nacional, que mantiene su condición de tribunal con sede en Madrid y competencia nacional.
Objetivos de la reforma organizativa
El nuevo modelo persigue flexibilizar el reparto de asuntos entre los Magistrados de un mismo Tribunal, ganar economías de escala en medios materiales y personales, avanzar hacia una mayor especialización por materias sin multiplicar el número de órganos y compartir servicios de tramitación entre varias Secciones. Junto a ello, la ley busca descargar a los tribunales de litigios evitables mediante los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y acercar los servicios al ciudadano en los municipios sin sede judicial.
Calendario de implantación por fases
La implantación de los Tribunales de Instancia y de la correspondiente Oficina Judicial se hizo en tres fases: primera fase, 1 de julio de 2025; segunda fase, 1 de octubre de 2025; tercera y última fase, 31 de diciembre de 2025, que afectó a los grandes partidos judiciales (como Madrid, Barcelona, Palma o Zaragoza; unos cien Tribunales de Instancia según los acuerdos entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas). Para esta última fase se acordó cierta flexibilidad, de modo que los equipos se incorporan de forma progresiva según necesidades organizativas y cargas de trabajo; las Oficinas Judiciales de algunas ciudades (Oviedo, Gijón y Avilés) se pusieron en marcha el 15 de febrero de 2026. Las Comunidades Autónomas con competencias en medios materiales y personales han aprobado resoluciones propias de implantación de la Oficina Judicial en cada fase.
De los juzgados de paz a las Oficinas de Justicia en los municipios
Las Oficinas de Justicia en los municipios (arts. 439 ter y siguientes LOPJ) son unidades que, sin integrarse en la estructura de la Oficina Judicial, se constituyen en el marco de la organización de la Administración de Justicia para prestar servicios a los ciudadanos de los municipios donde no tiene sede un Tribunal de Instancia. Sustituyen progresivamente a los juzgados de paz: estos se transforman en Oficinas de Justicia conforme a las disposiciones transitorias de la LO 1/2025. Ofrecen un abanico de servicios mucho más amplio que el de los juzgados de paz (información y atención ciudadana, registro y recepción de documentos, práctica de actos de comunicación a residentes en el municipio, auxilio para actuaciones procesales a distancia, entre otros). Sus puestos se cubren con personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, con posibilidad de integrar personal de otras Administraciones; el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa ejerce las funciones de Secretario de las Oficinas de Justicia en los municipios (art. 476 LOPJ).
La Oficina Judicial: concepto, principios y estructura (arts. 435 y ss. LOPJ)
La Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales (art. 435 LOPJ). Su estructura básica es homogénea en todo el territorio nacional, como consecuencia del carácter único del Poder Judicial, y se basa en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. Funciona con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones, de modo que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad. La dirección técnico-procesal corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia.
Unidades de la Oficina Judicial: UPAD y Servicios Comunes Procesales (arts. 436 a 438 LOPJ)
El elemento organizativo básico es la Unidad, que comprende los puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de su contenido (art. 436). Hay dos tipos: las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD, art. 437), que asisten directamente a Jueces y Magistrados y realizan las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de las resoluciones que dictan; y los Servicios Comunes Procesales (SCP, art. 438), unidades que sin estar integradas en un órgano judicial concreto asumen labores centralizadas de gestión y apoyo, en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales, para todos o algunos de los órganos judiciales de su ámbito territorial. Ejemplos clásicos de servicios comunes son el registro y reparto, los actos de comunicación y la ejecución; los actos de comunicación y ejecución fuera de la sede los practica el personal de Auxilio Judicial.
Competencias de organización y medios: Ministerio, Comunidades Autónomas y CGPJ
La dirección técnico-procesal de la Oficina Judicial corresponde al LAJ, pero la organización general y la gestión de los medios personales y materiales corresponden al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas (por ello la implantación de cada fase se aprueba también por resoluciones autonómicas). El Consejo General del Poder Judicial conserva competencias de gobierno del Poder Judicial, de inspección y de control de la protección de datos con fines jurisdiccionales.
Los MASC como pieza de la estrategia de eficiencia
El Título I de la LO 1/2025 regula los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (negociación, mediación, conciliación, opinión neutral de experto independiente, oferta vinculante confidencial, derecho colaborativo, etc.) y exige acreditar haber intentado uno de ellos como requisito de procedibilidad en el orden civil (con excepciones). Se desarrolla en el tema 16.
La Administración de Justicia electrónica: Ley 18/2011 y su evolución
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, es la norma básica de la Justicia electrónica: reconoce el derecho de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Justicia por medios electrónicos, regula la sede judicial electrónica, el expediente judicial electrónico, la firma y la identificación electrónicas, las comunicaciones y notificaciones electrónicas, la interoperabilidad y seguridad (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad) y el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (convalidado por el Congreso el 10 de enero de 2024 y tramitado como proyecto de ley), ha impulsado la tramitación electrónica orientada al dato, los servicios digitales de acceso, el expediente digital y la presencia telemática en los actos procesales.
La sede judicial electrónica y el punto de acceso
La sede judicial electrónica es el punto de acceso telemático de ciudadanos y profesionales a la información y a los trámites de la Administración de Justicia: permite consultar el estado de los procedimientos, presentar escritos y documentos y acceder a notificaciones electrónicas con garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad. Su titularidad corresponde a la Administración competente (Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma) y se rige por los principios de publicidad, accesibilidad, responsabilidad y neutralidad.
El expediente judicial electrónico
Constituye el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contengan, con garantías de integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación. Su finalidad es sustituir progresivamente al soporte papel como soporte único del procedimiento. El documento electrónico que lo integra goza de la validez y eficacia de un documento original si se garantiza su autenticidad e integridad y se cumplen los requisitos de las leyes procesales (art. 230.2 LOPJ).
Medios técnicos en la actividad judicial (arts. 229 y 230 LOPJ)
El art. 230 LOPJ obliga a Juzgados, Tribunales y Fiscalías a utilizar los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos a su disposición, con las limitaciones que establece la normativa orgánica de protección de datos personales. Los programas y aplicaciones deben garantizar la identificación y el ejercicio de la función por el órgano que la desempeña, la confidencialidad, la integridad y la conservación. El art. 229 LOPJ regula las actuaciones orales, la grabación y la videoconferencia.
Obligatoriedad de medios electrónicos (art. 273 LEC)
Los profesionales de la Justicia (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales) están obligados a utilizar los sistemas telemáticos o electrónicos existentes para la presentación de escritos y documentos y para la recepción de comunicaciones. Están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, entre otros, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se exija colegiación obligatoria, los notarios y registradores, y quienes representen a un interesado obligado. Las personas físicas no obligadas conservan la opción de medios no electrónicos.
Presentación telemática de escritos: LexNET y sistemas autonómicos
LexNET es el sistema de transmisión seguro de información, regulado por el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre (ámbito territorial del Ministerio de Justicia), que mediante técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, así como sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso. Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas disponen de sistemas propios interoperables. Los documentos pueden presentarse todos los días del año, durante las veinticuatro horas, y el sistema emite un recibo acreditativo con número de entrada y fecha y hora. Si el escrito está sujeto a plazo y se presenta por medios electrónicos, puede presentarse hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5 LEC), plazo de gracia que se aplica a quienes están obligados a usar estos medios.
Firma electrónica: concepto y clases
La firma electrónica se rige por el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. La firma cualificada (basada en certificado cualificado y creada con dispositivo cualificado) tiene efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita. La firma avanzada identifica al firmante y detecta cualquier alteración del documento. Las resoluciones, diligencias y actuaciones de Jueces, LAJ y funcionarios en soporte electrónico se firman electrónicamente garantizando la identidad del firmante y la integridad del documento.
Identificación, acceso y Carpeta Justicia
Los ciudadanos pueden acceder a los servicios electrónicos de Justicia con certificado electrónico, DNI electrónico o sistemas como Cl@ve, sin perjuicio de los medios que determine cada Administración. La Carpeta Justicia y los servicios de acceso digital permiten consultar expedientes y comunicaciones. La identificación de intervinientes en actuaciones por videoconferencia se asegura por la firma electrónica u otros medios fiables.
La videoconferencia y la presencia telemática
El art. 229.3 LOPJ permite que declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, informes, ratificación de periciales y vistas se realicen por videoconferencia u otro sistema que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, siempre que lo acuerde el juez o tribunal y quede asegurada la contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, conforme a las leyes procesales. El art. 129 bis LEC (introducido por el Real Decreto-ley 6/2023) prevé que, una vez constituido el órgano en su sede, los actos procesales se realicen preferentemente mediante presencia telemática cuando las oficinas judiciales dispongan de los medios técnicos, a través de un punto de acceso seguro. La LO 1/2025 refuerza la práctica de actuaciones a distancia en las Oficinas de Justicia en los municipios.
Interoperabilidad y seguridad: EJIS y Comité técnico estatal
El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (Ley 18/2011; desarrollado por el Real Decreto 396/2013, de 7 de junio) es el órgano de cooperación en la materia, integrado por representantes del Ministerio de Justicia y de cada Comunidad Autónoma con competencias, y por los que designen el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. Fija las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), que busca la interoperabilidad total de las aplicaciones de la Administración de Justicia. La seguridad se complementa con el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo).
El Código de Conducta: finalidad y ámbito
La Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del CGPJ (BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2003) aprobó el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. Pretende concienciar a los usuarios sobre la seguridad en los equipos y comunicaciones, dentro y fuera de las instalaciones judiciales, y se aplica a todos los equipos suministrados por la Administración competente, con independencia de su ubicación y de que ésta sea el Ministerio de Justicia o una Comunidad Autónoma.
Contenido del Código: claves, acceso, custodia y uso profesional
Cada usuario recibe una clave de identificación y elige una contraseña personal e intransferible, que no puede ceder a terceros (ni siquiera a compañeros del mismo órgano). El acceso se limita a los datos, expedientes y aplicaciones necesarios para las funciones del puesto: queda prohibida la consulta por curiosidad. Debe custodiarse diligentemente la información, utilizar los recursos informáticos exclusivamente con fines profesionales, no instalar software no autorizado y comunicar de inmediato a los servicios de informática judicial cualquier incidencia de seguridad (accesos sospechosos, pérdida de dispositivos, brechas).
Responsabilidad disciplinaria por uso indebido de los sistemas
El incumplimiento del Código puede constituir falta disciplinaria. La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de las funciones, el incumplimiento de las instrucciones para su uso y la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos están tipificadas como faltas graves del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia (art. 536 LOPJ; desarrollo en el Reglamento general de régimen disciplinario, Real Decreto 796/2005, de 1 de julio). Las faltas graves prescriben a los seis meses (art. 540 LOPJ).
Marco de protección de datos aplicable
El tratamiento de datos personales en la Justicia se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y, cuando los datos se traten para fines penales, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Las especialidades del ámbito judicial se contienen en los arts. 236 bis a 236 decies de la LOPJ (actualizados por la LO 7/2021).
Tratamientos con fines jurisdiccionales y no jurisdiccionales
El art. 236 bis LOPJ distingue los tratamientos con fines jurisdiccionales (datos incorporados a procesos y cuya finalidad es el ejercicio de la actividad jurisdiccional) de los no jurisdiccionales. La autoridad de control de los tratamientos con fines jurisdiccionales es el Consejo General del Poder Judicial (arts. 236 octies y ss., a través de su Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos); los tratamientos sin fines jurisdiccionales están sometidos a la Agencia Española de Protección de Datos. Los tratamientos del propio CGPJ y de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus competencias no se consideran jurisdiccionales.
Datos especialmente protegidos y deberes del personal
El uso de las aplicaciones informáticas judiciales exige especial cautela con las categorías especiales de datos (salud, ideología, orientación sexual, origen étnico, datos de menores o víctimas), frecuentes en procedimientos de familia, penales o sociales. El personal tramitador debe aplicar el deber de secreto y confidencialidad, el principio de minimización y las medidas de seguridad, y su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, civil e incluso penal.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LO 1/2025 (BOE de 3-1-2025; regla general de entrada en vigor el 3-4-2025) sustituye los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia: uno por partido judicial, organizados en Secciones (art. 84 LOPJ), con estructura mínima de una Sección única de Civil e Instrucción.
Implantación por fases: 1-7-2025, 1-10-2025 y 31-12-2025 (grandes partidos). El Tribunal Central de Instancia (Madrid, ámbito nacional) sustituye a los Juzgados Centrales; no sustituye a la Audiencia Nacional.
Los juzgados de paz se transforman en Oficinas de Justicia en los municipios (arts. 439 ter y ss. LOPJ): están fuera de la estructura de la Oficina Judicial y se crean en municipios sin sede de Tribunal de Instancia; el Cuerpo de Gestión Procesal ejerce las funciones de Secretario de estas Oficinas.
La Oficina Judicial (art. 435 LOPJ) es la organización instrumental de apoyo a la actividad jurisdiccional; se basa en jerarquía, división de funciones y coordinación; su estructura es homogénea en toda España; su dirección técnico-procesal es del LAJ.
Dos tipos de unidades (art. 436): UPAD (art. 437: asisten directamente a Jueces y Magistrados) y Servicios Comunes Procesales (art. 438: labores centralizadas sin integrarse en un órgano concreto).
Error típico: atribuir a la LO 1/2025 la creación de los Secretarios Coordinadores Provinciales; esta figura ya existía en la LOPJ. La LO 1/2025 sí cambia la rúbrica del Libro V («De la coordinación entre administraciones, la Oficina judicial y los letrados y letradas de la Administración de Justicia»).
Ley 18/2011, de 5 de julio: norma básica de las TIC en la Justicia (sede judicial electrónica, expediente judicial electrónico, firma, comunicaciones electrónicas, EJIS y Comité técnico estatal).
Art. 230.2 LOPJ: los documentos emitidos por medios electrónicos gozan de la validez y eficacia de un documento original si se garantiza su autenticidad e integridad; art. 230.1: uso de medios técnicos con las limitaciones de la normativa orgánica de protección de datos.
Art. 273 LEC: uso obligatorio de medios electrónicos para profesionales de la Justicia, personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios, notarios y registradores; las personas físicas no obligadas pueden elegir.
Art. 135.5 LEC: escritos sujetos a plazo presentados electrónicamente pueden entregarse hasta las 15:00 del día hábil siguiente al vencimiento (plazo de gracia para obligados a medios electrónicos).
LexNET: Real Decreto 1065/2015 (ámbito Ministerio de Justicia); presenta escritos y recibe actos de comunicación con constancia de fechas de emisión, puesta a disposición y recepción; las CCAA con competencias disponen de sistemas propios interoperables.
Videoconferencia (art. 229.3 LOPJ): la acuerda el juez o tribunal y debe asegurar la contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa. Art. 129 bis LEC (RDL 6/2023): presencia telemática preferente si hay medios técnicos y punto de acceso seguro.
Firma electrónica cualificada: equivalente a la manuscrita (Reglamento eIDAS 910/2014 y Ley 6/2020). La firma avanzada identifica al firmante y detecta alteraciones, pero la equivalencia a la manuscrita se reserva a la cualificada.
El Código de Conducta (Instrucción 2/2003 del Pleno del CGPJ, BOE 10-3-2003) impone confidencialidad de claves, prohibición de acceso a datos ajenos a las funciones, uso exclusivamente profesional y comunicación inmediata de incidencias.
La utilización indebida de las claves de acceso a los sistemas informáticos es falta grave (art. 536 LOPJ; RD 796/2005); las faltas graves prescriben a los 6 meses y las sanciones por faltas graves al año (arts. 540 y 541 LOPJ).
Protección de datos: RGPD + LO 3/2018 + LO 7/2021 (fines penales) + arts. 236 bis a 236 decies LOPJ. Autoridad de control: CGPJ para tratamientos con fines jurisdiccionales; AEPD para los no jurisdiccionales.
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (Ley 18/2011; RD 396/2013): Ministerio de Justicia + CCAA con competencias + representantes del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado; fija las bases del EJIS.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es la norma básica reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Auxilio Judicial?
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia (uno por partido judicial, organizados en Secciones), apoyados en una Oficina Judicial basada en Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes Procesales, y transforma los juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios. Su implantación se ha hecho por fases (1 de julio de 2025, 1 de octubre de 2025 y 31 de diciembre de 2025). Este tema desarrolla ese modelo y la transformación digital de la Justicia (Ley 18/2011, sede judicial electrónica, expediente judicial electrónico, LexNET, firma electrónica, presentación telemática de escritos, videoconferencia y presencia telemática), el Código de Conducta de los usuarios de sistemas informáticos y las garantías de protección de datos personales (RGPD, LO 3/2018 y arts. 236 bis y ss. LOPJ).
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
La LO 1/2025 (BOE de 3-1-2025; regla general de entrada en vigor el 3-4-2025) sustituye los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia: uno por partido judicial, organizados en Secciones (art. 84 LOPJ), con estructura mínima de una Sección única de Civil e Instrucción. Implantación por fases: 1-7-2025, 1-10-2025 y 31-12-2025 (grandes partidos). El Tribunal Central de Instancia (Madrid, ámbito nacional) sustituye a los Juzgados Centrales; no sustituye a la Audiencia Nacional. Los juzgados de paz se transforman en Oficinas de Justicia en los municipios (arts. 439 ter y ss. LOPJ): están fuera de la estructura de la Oficina Judicial y se crean en municipios sin sede de Tribunal de Instancia; el Cuerpo de Gestión Procesal ejerce las funciones de Secretario de estas Oficinas. La Oficina Judicial (art. 435 LOPJ) es la organización instrumental de apoyo a la actividad jurisdiccional; se basa en jerarquía, división de funciones y coordinación; su estructura es homogénea en toda España; su dirección técnico-procesal es del LAJ. Dos tipos de unidades (art. 436): UPAD (art. 437: asisten directamente a Jueces y Magistrados) y Servicios Comunes Procesales (art. 438: labores centralizadas sin integrarse en un órgano concreto). Error típico: atribuir a la LO 1/2025 la creación de los Secretarios Coordinadores Provinciales; esta figura ya existía en la LOPJ. La LO 1/2025 sí cambia la rúbrica del Libro V («De la coordinación entre administraciones, la Oficina judicial y los letrados y letradas de la Administración de Justicia»). Ley 18/2011, de 5 de julio: norma básica de las TIC en la Justicia (sede judicial electrónica, expediente judicial electrónico, firma, comunicaciones electrónicas, EJIS y Comité técnico estatal). Art. 230.2 LOPJ: los documentos emitidos por medios electrónicos gozan de la validez y eficacia de un documento original si se garantiza su autenticidad e integridad; art. 230.1: uso de medios técnicos con las limitaciones de la normativa orgánica de protección de datos. Art. 273 LEC: uso obligatorio de medios electrónicos para profesionales de la Justicia, personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios, notarios y registradores; las personas físicas no obligadas pueden elegir. Art. 135.5 LEC: escritos sujetos a plazo presentados electrónicamente pueden entregarse hasta las 15:00 del día hábil siguiente al vencimiento (plazo de gracia para obligados a medios electrónicos). LexNET: Real Decreto 1065/2015 (ámbito Ministerio de Justicia); presenta escritos y recibe actos de comunicación con constancia de fechas de emisión, puesta a disposición y recepción; las CCAA con competencias disponen de sistemas propios interoperables. Videoconferencia (art. 229.3 LOPJ): la acuerda el juez o tribunal y debe asegurar la contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa. Art. 129 bis LEC (RDL 6/2023): presencia telemática preferente si hay medios técnicos y punto de acceso seguro. Firma electrónica cualificada: equivalente a la manuscrita (Reglamento eIDAS 910/2014 y Ley 6/2020). La firma avanzada identifica al firmante y detecta alteraciones, pero la equivalencia a la manuscrita se reserva a la cualificada. El Código de Conducta (Instrucción 2/2003 del Pleno del CGPJ, BOE 10-3-2003) impone confidencialidad de claves, prohibición de acceso a datos ajenos a las funciones, uso exclusivamente profesional y comunicación inmediata de incidencias. La utilización indebida de las claves de acceso a los sistemas informáticos es falta grave (art. 536 LOPJ; RD 796/2005); las faltas graves prescriben a los 6 meses y las sanciones por faltas graves al año (arts. 540 y 541 LOPJ). Protección de datos: RGPD + LO 3/2018 + LO 7/2021 (fines penales) + arts. 236 bis a 236 decies LOPJ. Autoridad de control: CGPJ para tratamientos con fines jurisdiccionales; AEPD para los no jurisdiccionales. Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (Ley 18/2011; RD 396/2013): Ministerio de Justicia + CCAA con competencias + representantes del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado; fija las bases del EJIS.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: arts. 84, 229, 230, 235-236 decies (protección de datos), 435-439 quinquies (Oficina Judicial y Oficinas de Justicia en los municipios), 476 y 536-541 (BOE-A-1985-12666).
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2025; BOE-A-2025-76).
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (BOE-A-2011-11605).
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo (BOE-A-2023-25758).
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET (BOE-A-2015-12999).
Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (BOE-A-2013-6657).
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: arts. 129 bis, 135 y 273.
Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por la que se aprueba el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia (BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2003).
Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2005-12703).
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo (BOE-A-2021-8806).
Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxilio Judicial.