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Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional. Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Cuatro normas desarrollan, desde ángulos distintos, el mandato de igualdad del art. 14 CE: la LO 3/2007 aborda la igualdad general entre mujeres y hombres; la LO 1/2004 diseña una protección integral frente a la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja, con especial relevancia para quienes trabajan en la Administración de Justicia por la intervención de los órganos judiciales (hoy Secciones de Violencia sobre la Mujer) en órdenes de protección, notificaciones y actos de comunicación urgentes; la Ley 15/2022 amplía la tutela antidiscriminatoria a cualquier causa; y la Ley 4/2023 protege a las personas trans y LGTBI. El tema exige conocer el objeto, los principios, las medidas y los órganos de cada norma, así como las novedades recientes (LO 2/2024 de paridad, LO 1/2025 de eficiencia, ampliación del permiso de nacimiento y cuidado, Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y proyecto de ley sobre violencia vicaria).

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El derecho de igualdad y no discriminación en la Constitución

El art. 14 CE proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El art. 9.2 CE obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (igualdad material), y el art. 1.1 CE incluye la igualdad entre los valores superiores del ordenamiento. El art. 14 es además derecho protegido por el recurso de amparo (art. 53.2 CE). El Tribunal Constitucional admite las medidas de acción positiva como compatibles con el principio de igualdad cuando son razonables y proporcionadas.

LO 3/2007: objeto y ámbito (arts. 1 a 4)

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual sea su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. La igualdad de trato y oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico y debe integrarse en la interpretación y aplicación de las normas (art. 4). Se aplica a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español.

Igualdad de trato e igualdad de oportunidades: conceptos (arts. 3 a 11)

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil (art. 3). Discriminación directa (art. 6.1): la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo. Discriminación indirecta (art. 6.2): la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo justificación objetiva. Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7), discriminación por embarazo o maternidad (art. 8), indemnidad frente a represalias (art. 9), consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias (art. 10: nulidad de pleno derecho y reparación), acciones positivas (art. 11: medidas específicas a favor de las mujeres, razonables y proporcionadas, aplicables mientras subsistan las situaciones de desigualdad), tutela judicial efectiva (art. 12) y prueba (art. 13: inversión de la carga de la prueba cuando la parte actora aporte indicios fundados de discriminación por razón de sexo).

Criterios generales de actuación de los poderes públicos (art. 14 LO 3/2007)

Entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos figuran: el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres; la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas (transversalidad o mainstreaming de género); la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas; la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones; la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo; la protección de la maternidad; el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia; y la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

Políticas públicas y órganos de coordinación

La ley prevé el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17), los informes de impacto de género que deben acompañar a los proyectos de disposiciones de carácter general y a los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística (art. 19), la adecuación de las estadísticas y estudios con perspectiva de género (art. 20) y la creación de unidades de igualdad en cada Ministerio. Crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, para la coordinación de las políticas y medidas de los distintos Departamentos ministeriales, y el Consejo de Participación de la Mujer, órgano colegiado de consulta y asesoramiento. También introdujo reformas en el Estatuto de los Trabajadores, la LOPJ, la LOREG y la legislación de empleo público para incorporar la perspectiva de género.

Igualdad en el empleo público y planes de igualdad (arts. 45 y 64 LO 3/2007)

Plan de igualdad de las empresas (art. 45): conjunto ordenado de medidas, adoptado tras un diagnóstico de situación, para alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo; es obligatorio para las empresas de 50 o más personas trabajadoras (desde 2022, tras el RDL 6/2019) y cuando lo establezca el convenio colectivo, y se negocia con la representación legal de los trabajadores. Se regulan por el Real Decreto 901/2020 (planes de igualdad y su registro) y el Real Decreto 902/2020 (igualdad retributiva). En el ámbito público, el art. 64 obliga al Gobierno a aprobar al inicio de cada legislatura un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, negociado con la representación de los empleados públicos y evaluado anualmente por el Consejo de Ministros; el IV Plan para la Igualdad de Género en la AGE fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025.

Conciliación y permisos de nacimiento y cuidado

Tras el Real Decreto-ley 6/2019, los progenitores disfrutaban de un permiso individual, intransferible y de igual duración (16 semanas cada uno), con el objetivo de corresponsabilizar el cuidado de hijos y evitar que la maternidad opere como factor de discriminación laboral indirecta. El Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, amplió el permiso de nacimiento y cuidado a 19 semanas por progenitor, y a 32 semanas en las familias monoparentales; la modificación afecta al Estatuto de los Trabajadores (art. 48), al Estatuto Básico del Empleado Público (art. 49) y a la Ley General de la Seguridad Social (art. 177). La duración total, que es la cifra que se pregunta en examen, son 19 semanas, repartidas así: las 6 primeras, obligatorias, ininterrumpidas, inmediatamente posteriores al parto y a jornada completa; 11 voluntarias, en períodos semanales, hasta que el menor cumpla 12 meses; y las 2 últimas, también voluntarias, hasta que cumpla 8 años (en monoparentalidad, el reparto de las 32 es 6 + 22 + 4).

Composición y presencia equilibrada de mujeres y hombres (LO 3/2007 y LO 2/2024)

La LO 3/2007 define la composición equilibrada como la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% (disposición adicional primera). Se aplica a las listas electorales, a los órganos directivos de la Administración y a los consejos de administración de las sociedades. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, reforzó este mandato: exige candidaturas paritarias con alternancia en las listas electorales (Congreso, municipales, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, etc.), obliga a que en el Consejo de Ministros cada sexo suponga como mínimo el 45% del conjunto de titulares de Vicepresidencias y Ministerios (modificando la Ley 50/1997) y exige a las sociedades cotizadas que su consejo de administración cuente como mínimo con un 40% de personas del sexo menos representado, con plazos de adaptación (las del Ibex-35, hasta el 30 de junio de 2026).

LO 1/2004: antecedentes

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, nace tras años de respuesta fragmentaria a la violencia doméstica. Sus antecedentes son la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín (1995), los sucesivos planes de acción contra la violencia doméstica, la reforma penal de la LO 11/2003 y la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. Con posterioridad se ha reforzado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017), desarrollado en parte por el Real Decreto-ley 9/2018, y con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa (2011), en vigor en España desde el 1 de agosto de 2014.

LO 1/2004: objeto (art. 1)

Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Establece medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. El art. 1.4 extiende la noción de violencia de género a la que, con el fin de causar perjuicio o daño a la mujer, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado 1.

Conductas comprendidas (art. 1.3 LO 1/2004)

El art. 1.3 comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, siempre que la persona agresora sea o haya sido cónyuge o pareja de la víctima, aun sin convivencia. Quedan fuera de la LO 1/2004 otras formas de violencia contra la mujer (agresiones sexuales por desconocidos, trata, mutilación genital), que se rigen por otras normas como la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual y el Código Penal, sin perjuicio de las ampliaciones competenciales de los órganos judiciales especializados por la LO 1/2025. Está en tramitación parlamentaria (Boletín Oficial de las Cortes de 27 de julio de 2026) un Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria que modificaría la LO 1/2004 para incluir esta forma de violencia contra la mujer ejercida a través de sus hijos, descendientes o personas allegadas, y el Código Penal (agravante del art. 22.4ª); su contenido es todavía provisional.

Principios rectores (art. 2 LO 1/2004)

La ley se orienta, entre otros, a: fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático; consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y crear un sistema de información; reforzar la tutela institucional y penal y procesal; garantizar derechos económicos y laborales; establecer un sistema integral de tutela institucional; garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género; fortalecer el marco penal y procesal vigente; coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de las distintas Administraciones; promover la colaboración de las organizaciones y asociaciones que actúan contra la violencia de género; fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso; y promover la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estructura de la LO 1/2004

Título Preliminar (arts. 1-2: objeto y principios rectores); Título I: medidas de sensibilización, prevención y detección (arts. 3-16); Título II: derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (arts. 17-28); Título III: tutela institucional (arts. 29-32); Título IV: tutela penal (arts. 33-42); Título V: tutela judicial (arts. 43-72). Las normas de protección procesal y orgánica se integran en la LOPJ, la LECrim y la LEC. La titularidad de los derechos corresponde a todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 17).

Medidas de sensibilización, prevención y detección (Título I): ámbito educativo

El sistema educativo incluye entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos (art. 4). Se incorporan contenidos de prevención de la violencia de género en los currículos de todas las etapas educativas y en la formación inicial y permanente del profesorado. El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (art. 3).

Medidas en el ámbito publicitario y de los medios de comunicación

Se considera publicidad ilícita, conforme a la Ley General de Publicidad, la que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, ya utilizando directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, ya su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento (art. 10). Los medios audiovisuales deben respetar la dignidad de las mujeres y evitar toda discriminación, y se impulsan códigos de autorregulación y protocolos de tratamiento informativo de la violencia de género.

Medidas en el ámbito sanitario

Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios que permitan la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que se estimen necesarias para optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia (art. 15). Se crea la Comisión contra la Violencia de Género en el Consejo Interterritorial (art. 16) y se impulsan protocolos sanitarios de actuación, aplicables en todo el territorio, con especial atención a la detección en atención primaria y urgencias. Los centros sanitarios emiten el parte de lesiones remitido al juzgado, que puede servir de acreditación de la situación de violencia.

Derechos de información y de asistencia social integral (arts. 18-19)

Las víctimas tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas (art. 18), accesible para personas con discapacidad. Tienen derecho a la asistencia social integral, a través de servicios sociales de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional, que comprende información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación en valores de igualdad y apoyo a la formación e inserción laboral (art. 19). Esta asistencia se extiende a los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. Existe, además, el servicio telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico, gratuito y confidencial, disponible 24 horas.

Asistencia jurídica gratuita inmediata (art. 20 LO 1/2004)

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada, en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida; la defensa y representación gratuitas de la víctima y de las personas dependientes se realizan de forma inmediata, sin esperar a la resolución sobre el reconocimiento del derecho, y una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima en todos los procesos relacionados. Conforme a la Ley 1/1996, este derecho se reconoce con independencia de la existencia de recursos para litigar. Los letrados deben tener formación específica en igualdad y violencia de género.

Derechos laborales, funcionariales y económicos (arts. 21-28 LO 1/2004)

Las trabajadoras víctimas de violencia de género tienen derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y a la extinción del contrato (art. 21). La suspensión tiene una duración inicial no superior a 6 meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resulte que la efectividad del derecho de protección requiera una prolongación, que podrá acordar el juez por periodos de 3 meses hasta un máximo de 18 meses. Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se consideran justificadas. Las funcionarias públicas tienen derechos equivalentes (arts. 24-26: reducción o reordenación de jornada, movilidad, excedencia). Se prevén ayudas sociales para víctimas con especiales dificultades para obtener un empleo (art. 27) y acceso preferente a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores (art. 28).

Acreditación de la condición de víctima

La situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos regulados en la ley se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios; el Real Decreto-ley 9/2018 amplió los títulos habilitantes (informes de servicios sociales, de servicios especializados o de los servicios sanitarios de la Administración Pública competente) para los derechos asistenciales y de protección social.

Tutela institucional (Título III LO 1/2004)

Se crea la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29; originalmente Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer), adscrita al Ministerio de Igualdad, con funciones de proposición de la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia sobre la mujer y de coordinación e impulso de cuantas actuaciones se realicen en dicha materia, y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30), órgano colegiado con funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales (arts. 31-32); se apoya en el sistema VioGén de seguimiento integral.

Tutela penal

El Título IV introdujo en el Código Penal agravantes y tipos específicos: el art. 148.4º CP (lesiones agravadas cuando la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia), el art. 153.1 CP (maltrato ocasional), el art. 171.4 (amenazas leves), el art. 172.2 (coacciones leves) y el art. 173.2 (violencia habitual en el ámbito familiar). El art. 22.4ª CP prevé una agravante genérica de discriminación por razón de género (entre otros motivos), aplicable a cualquier delito. En todos los supuestos pueden imponerse penas accesorias como la prohibición de aproximación y comunicación y la privación de la patria potestad o guarda.

Tutela judicial: Secciones de Violencia sobre la Mujer (Título V)

Se crean por la LO 1/2004 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con competencia acumulada, civil y penal, sobre asuntos que afecten a una misma víctima, evitando la peregrinación de la víctima ante distintos órganos. Tras la LO 1/2025, de 2 de enero, pasan a ser Secciones de Violencia sobre la Mujer dentro de los Tribunales de Instancia (art. 89 LOPJ); en el caso de partidos judiciales con poco volumen, esta competencia se atribuye a una Sección determinada. Desde el 1 de octubre de 2025 asumen además la competencia penal sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y de trata de seres humanos con víctima mujer aunque no medie relación de pareja, y la competencia civil cuando alguna de las partes sea víctima de violencia sexual, y se crean las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (Real Decreto 422/2025, de 3 de junio). El Ministerio Fiscal cuenta con un Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y Secciones especializadas.

Medidas judiciales de protección y seguridad (arts. 61 a 69 LO 1/2004)

El Título V regula las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas: la salida obligatoria del domicilio y prohibición de volver al mismo, la prohibición de aproximación a la víctima, a su domicilio o lugar de trabajo y la prohibición de comunicación (art. 64), la suspensión de la patria potestad o de la guarda y custodia de los menores (art. 65), la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores (art. 66), la suspensión del derecho de tenencia, porte y uso de armas, y las garantías para su efectividad, incluido el uso de dispositivos telemáticos de control. Estas medidas pueden acordarse de oficio, a instancia de la víctima, de las personas que tengan con ella relación, del Fiscal o de la Administración, y se adoptan en el curso de la orden de protección o como medidas cautelares.

La orden de protección (art. 544 ter LECrim)

Regulada en el art. 544 ter LECrim, introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio, concentra en una única resolución judicial de tramitación urgente y preferente medidas cautelares de naturaleza penal (alejamiento, prohibición de comunicación, art. 544 bis) y civil (uso de la vivienda familiar, custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos), y da acceso automático a derechos asistenciales y sociales. Puede solicitarla la víctima, su representante, el Fiscal o decretarla de oficio el Juez; si lo es ante la Policía o el Ministerio Fiscal, se remite al Juez de guardia. El Juez convoca una audiencia urgente en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud, y las medidas civiles tienen una vigencia inicial de 30 días, que se mantienen otros 30 si se presenta demanda civil. Las órdenes de protección se inscriben en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. El Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015) reconoce además el derecho a evitar el contacto visual con el infractor en las dependencias judiciales.

Función del Cuerpo de Auxilio Judicial en materia de violencia de género

Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial (art. 478 LOPJ) realizan los actos de comunicación que deban practicarse fuera de la sede del órgano, ejecutan embargos y lanzamientos y prestan servicio de sala y custodia. En los procedimientos de violencia de género, dada su naturaleza urgente y preferente, la práctica de notificaciones, citaciones y requerimientos exige especial diligencia, confidencialidad y protección de la intimidad de la víctima y de sus datos, y garantizar que no se produzca contacto ni confrontación visual entre agresor y víctima en las dependencias judiciales.

Ley 15/2022: objeto y causas protegidas (arts. 1 y 2)

Tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en el ejercicio de los derechos y libertades, y establecer medidas para prevenir, eliminar y erradicar toda forma de discriminación, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se aplica a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren o actúen en territorio español, y a ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, la justicia o los medios de comunicación.

Tipos de discriminación (art. 6 Ley 15/2022)

El art. 6 define la discriminación directa e indirecta, la discriminación por asociación y por error, la discriminación múltiple e interseccional (concurrencia de dos o más causas), el acoso discriminatorio, la inducción, orden o instrucción de discriminar y las represalias frente a quienes formulan quejas o reclamaciones. Se considera también discriminatoria la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. Los actos y cláusulas que vulneren el derecho a la igualdad de trato son nulos de pleno derecho.

Tutela judicial e inversión de la carga de la prueba (art. 30 Ley 15/2022)

Cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Se aplica en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos (no en los procesos penales ni en el procedimiento administrativo sancionador, donde rige la presunción de inocencia). Las asociaciones y entidades legitimadas pueden defender los intereses de las personas afectadas.

La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

Órgano creado por la Ley 15/2022 como autoridad administrativa independiente, adscrita al Ministerio de Igualdad (Real Decreto 360/2025, de 6 de mayo), con funciones de protección y promoción del derecho a la igualdad de trato: asistencia a las víctimas, elaboración de informes y estudios, promoción de la investigación, capacidad para iniciar actuaciones de oficio y potestad sancionadora en el ámbito de la ley, sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y de otros órganos. Su presidenta, María Teresa Verdugo, fue nombrada en 2025 y su Estatuto fue aprobado por Real Decreto 606/2026, de 22 de julio.

Régimen sancionador de la Ley 15/2022

Tipifica infracciones administrativas leves, graves y muy graves en el ámbito de sus competencias (las conductas discriminatorias en las relaciones laborales se rigen por la LISOS). Las multas oscilan entre 300 y 500.000 euros: las leves de 300 a 10.000 euros (grados mínimo, medio y máximo); las graves de 10.001 a 40.000 euros; y las muy graves de 40.001 a 500.000 euros (hasta 100.000 en grado mínimo, de 100.001 a 200.000 en grado medio y de 200.001 a 500.000 en grado máximo). Prevé como sanción accesoria la publicidad de las sanciones firmes.

Ley 4/2023: objeto y alcance

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tiene por objeto desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales sin discriminaciones ni violencia. Se basa en el principio de autodeterminación de género y en la despatologización.

Ley 4/2023: la rectificación registral del sexo

Regula el procedimiento para que cualquier persona de nacionalidad española mayor de 16 años pueda solicitar la rectificación registral de la mención relativa al sexo mediante mera declaración de voluntad ante el Registro Civil, sin necesidad de acreditar tratamiento médico, quirúrgico o informe psicológico (art. 44); entre los 14 y 16 años se exige la asistencia de los representantes legales, y entre los 12 y 14 años, autorización judicial. La solicitud debe ser ratificada por la persona solicitante pasados tres meses; la rectificación solo puede revertirse por el mismo procedimiento transcurridos seis meses, y las posteriores reversiones requieren vía judicial (art. 47). Las personas con discapacidad pueden solicitarla con los apoyos necesarios.

Prohibición de las terapias de conversión y régimen sancionador de la Ley 4/2023

La Ley 4/2023 prohíbe expresamente la promoción, financiación o práctica de las llamadas terapias de conversión, dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, tipificándolas como infracción administrativa muy grave. El régimen sancionador distingue infracciones leves (multa de 200 a 2.000 euros), graves (2.001 a 10.000 euros) y muy graves (10.001 a 150.000 euros), con posibles sanciones accesorias como la prohibición de recibir ayudas públicas. En junio de 2026 el Congreso aprobó una proposición de ley orgánica que tipifica como delito las terapias de conversión (nuevo art. 173 bis CP, con penas de 6 meses a 2 años de prisión), pendiente en esa fecha de su tramitación en el Senado.

Medidas de igualdad real para personas LGTBI

La ley articula medidas en los ámbitos laboral (las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con un conjunto planificado de medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, y todas deben adoptar protocolos frente al acoso), educativo, sanitario (despatologización y prohibición de las intervenciones de modificación genital en menores de doce años con variaciones intersexuales, salvo necesidad médica), de protección social y familiar, de la cultura, el deporte y los medios de comunicación. Incluye también la tutela judicial, con inversión de la carga de la prueba, y un régimen de infracciones y sanciones administrativas específico para las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales.

Relación entre las cuatro normas: complementariedad

LO 3/2007 (marco general de igualdad de género), LO 1/2004 (tutela penal, civil y asistencial específica frente a la violencia de pareja/expareja), Ley 15/2022 (cláusula general antidiscriminatoria por cualquier causa, con inversión de la carga de la prueba y Autoridad independiente) y Ley 4/2023 (identidad de género y colectivo LGTBI) configuran un sistema de tutela antidiscriminatoria complementario, no excluyente entre sí. El personal de la Administración de Justicia debe conocerlas por su proyección directa en la organización de los Tribunales de Instancia y en la práctica de actos de comunicación con víctimas y personas especialmente vulnerables.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 14 CE (igualdad formal) y el art. 9.2 CE (igualdad material) fundamentan estas leyes; el art. 14 es protegible en amparo.
  • La LO 3/2007 distingue igualdad de trato (ausencia de discriminación directa o indirecta por sexo) de igualdad de oportunidades (habilita medidas de acción positiva, no discriminatorias y temporales).
  • Los Planes de Igualdad de empresa son obligatorios para empresas de 50 o más personas trabajadoras (art. 45 LO 3/2007; RD 901/2020). El art. 64 se refiere al Plan de Igualdad de la AGE, aprobado al inicio de cada legislatura (IV Plan aprobado el 7-10-2025). TRAMPA: no confundir ambos artículos.
  • Permisos de nacimiento y cuidado: 19 semanas por progenitor tras el RDL 9/2025 (32 en familias monoparentales), repartidas en 6 obligatorias tras el parto + 11 hasta los 12 meses + 2 hasta los 8 años; individuales e intransferibles. Antes del RDL 9/2025 eran 16 semanas (RDL 6/2019).
  • Composición equilibrada: ningún sexo por debajo del 40% ni por encima del 60% (DA 1ª LO 3/2007). La LO 2/2024 exige listas paritarias con alternancia, mínimo del 45% de cada sexo en el Consejo de Ministros y del 40% en los consejos de administración de cotizadas.
  • La LO 1/2004 solo cubre la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer en el marco de una relación de pareja o expareja (con o sin convivencia); no cubre otras formas de violencia contra la mujer fuera de ese ámbito.
  • El art. 1.3 LO 1/2004 incluye violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad dentro de esa relación de pareja o expareja.
  • Estructura de la LO 1/2004: Título Preliminar (arts. 1-2), I sensibilización y prevención (3-16), II derechos de las víctimas (17-28), III tutela institucional (29-32), IV tutela penal (33-42), V tutela judicial (43-72).
  • Los principios rectores del art. 2 LO 1/2004 comprenden sensibilización/prevención/detección temprana, derechos de las víctimas exigibles ante las Administraciones, derechos económicos, tutela institucional integral y transversalidad.
  • Las víctimas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita inmediata (art. 20 LO 1/2004), con un único abogado/a para todos los procesos relacionados y sin esperar al reconocimiento definitivo del derecho; la Ley 1/1996 la reconoce con independencia de recursos.
  • La suspensión de la relación laboral de la víctima con reserva de puesto tiene una duración inicial no superior a 6 meses, prorrogable por periodos de 3 hasta un máximo de 18 meses.
  • Los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer acumulan competencia civil y penal sobre una misma víctima; tras la LO 1/2025 son Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (art. 89 LOPJ) y, desde la implantación de 2025, asumen también violencia sexual y trata con víctima mujer; nuevas Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
  • La orden de protección (art. 544 ter LECrim, Ley 27/2003) concentra medidas cautelares penales y civiles en una resolución dictada tras audiencia urgente en un plazo máximo de 72 horas; las medidas civiles duran 30 días salvo que se presente demanda civil.
  • El art. 22.4ª CP prevé una agravante genérica de discriminación por razón de género aplicable a cualquier delito, además de los tipos agravados específicos (arts. 148.4ª, 153.1, 171.4, 172.2 y 173.2 CP).
  • La tutela institucional de la LO 1/2004 se articula mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29) y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30); el teléfono 016 es gratuito y confidencial.
  • La Ley 15/2022 amplía la tutela antidiscriminatoria a cualquier causa (origen, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación socioeconómica, etc.), no solo al sexo.
  • El art. 30 de la Ley 15/2022 invierte la carga de la prueba: aportados indicios fundados de discriminación por la parte actora, la demandada debe justificar objetiva y razonablemente sus medidas (civil, social y contencioso-administrativo).
  • La Ley 15/2022 crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, con capacidad de actuación de oficio sin perjuicio del Defensor del Pueblo; sus multas llegan hasta 500.000 euros (muy graves), con publicidad de sanciones firmes.
  • La Ley 4/2023 permite la rectificación registral del sexo por mera declaración de voluntad a partir de los 16 años, sin tratamiento médico ni informe psicológico; entre 14-16 años requiere asistencia de representantes legales y entre 12-14 años, autorización judicial.
  • La Ley 4/2023 prohíbe expresamente las terapias de conversión, tipificándolas como infracción administrativa muy grave (multas hasta 150.000 euros); a junio de 2026 se tramitaba su tipificación penal (art. 173 bis CP).
  • Las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con medidas planificadas para la igualdad de las personas LGTBI (Ley 4/2023).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Qué órganos judiciales creó específicamente la LO 1/2004 para conocer de estos asuntos, hoy integrados como Secciones en los Tribunales de Instancia?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Auxilio Judicial?

Cuatro normas desarrollan, desde ángulos distintos, el mandato de igualdad del art. 14 CE: la LO 3/2007 aborda la igualdad general entre mujeres y hombres; la LO 1/2004 diseña una protección integral frente a la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja, con especial relevancia para quienes trabajan en la Administración de Justicia por la intervención de los órganos judiciales (hoy Secciones de Violencia sobre la Mujer) en órdenes de protección, notificaciones y actos de comunicación urgentes; la Ley 15/2022 amplía la tutela antidiscriminatoria a cualquier causa; y la Ley 4/2023 protege a las personas trans y LGTBI. El tema exige conocer el objeto, los principios, las medidas y los órganos de cada norma, así como las novedades recientes (LO 2/2024 de paridad, LO 1/2025 de eficiencia, ampliación del permiso de nacimiento y cuidado, Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y proyecto de ley sobre violencia vicaria).

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

El art. 14 CE (igualdad formal) y el art. 9.2 CE (igualdad material) fundamentan estas leyes; el art. 14 es protegible en amparo. La LO 3/2007 distingue igualdad de trato (ausencia de discriminación directa o indirecta por sexo) de igualdad de oportunidades (habilita medidas de acción positiva, no discriminatorias y temporales). Los Planes de Igualdad de empresa son obligatorios para empresas de 50 o más personas trabajadoras (art. 45 LO 3/2007; RD 901/2020). El art. 64 se refiere al Plan de Igualdad de la AGE, aprobado al inicio de cada legislatura (IV Plan aprobado el 7-10-2025). TRAMPA: no confundir ambos artículos. Permisos de nacimiento y cuidado: 19 semanas por progenitor tras el RDL 9/2025 (32 en familias monoparentales), repartidas en 6 obligatorias tras el parto + 11 hasta los 12 meses + 2 hasta los 8 años; individuales e intransferibles. Antes del RDL 9/2025 eran 16 semanas (RDL 6/2019). Composición equilibrada: ningún sexo por debajo del 40% ni por encima del 60% (DA 1ª LO 3/2007). La LO 2/2024 exige listas paritarias con alternancia, mínimo del 45% de cada sexo en el Consejo de Ministros y del 40% en los consejos de administración de cotizadas. La LO 1/2004 solo cubre la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer en el marco de una relación de pareja o expareja (con o sin convivencia); no cubre otras formas de violencia contra la mujer fuera de ese ámbito. El art. 1.3 LO 1/2004 incluye violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad dentro de esa relación de pareja o expareja. Estructura de la LO 1/2004: Título Preliminar (arts. 1-2), I sensibilización y prevención (3-16), II derechos de las víctimas (17-28), III tutela institucional (29-32), IV tutela penal (33-42), V tutela judicial (43-72). Los principios rectores del art. 2 LO 1/2004 comprenden sensibilización/prevención/detección temprana, derechos de las víctimas exigibles ante las Administraciones, derechos económicos, tutela institucional integral y transversalidad. Las víctimas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita inmediata (art. 20 LO 1/2004), con un único abogado/a para todos los procesos relacionados y sin esperar al reconocimiento definitivo del derecho; la Ley 1/1996 la reconoce con independencia de recursos. La suspensión de la relación laboral de la víctima con reserva de puesto tiene una duración inicial no superior a 6 meses, prorrogable por periodos de 3 hasta un máximo de 18 meses. Los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer acumulan competencia civil y penal sobre una misma víctima; tras la LO 1/2025 son Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (art. 89 LOPJ) y, desde la implantación de 2025, asumen también violencia sexual y trata con víctima mujer; nuevas Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. La orden de protección (art. 544 ter LECrim, Ley 27/2003) concentra medidas cautelares penales y civiles en una resolución dictada tras audiencia urgente en un plazo máximo de 72 horas; las medidas civiles duran 30 días salvo que se presente demanda civil. El art. 22.4ª CP prevé una agravante genérica de discriminación por razón de género aplicable a cualquier delito, además de los tipos agravados específicos (arts. 148.4ª, 153.1, 171.4, 172.2 y 173.2 CP). La tutela institucional de la LO 1/2004 se articula mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29) y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30); el teléfono 016 es gratuito y confidencial. La Ley 15/2022 amplía la tutela antidiscriminatoria a cualquier causa (origen, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación socioeconómica, etc.), no solo al sexo. El art. 30 de la Ley 15/2022 invierte la carga de la prueba: aportados indicios fundados de discriminación por la parte actora, la demandada debe justificar objetiva y razonablemente sus medidas (civil, social y contencioso-administrativo). La Ley 15/2022 crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, con capacidad de actuación de oficio sin perjuicio del Defensor del Pueblo; sus multas llegan hasta 500.000 euros (muy graves), con publicidad de sanciones firmes. La Ley 4/2023 permite la rectificación registral del sexo por mera declaración de voluntad a partir de los 16 años, sin tratamiento médico ni informe psicológico; entre 14-16 años requiere asistencia de representantes legales y entre 12-14 años, autorización judicial. La Ley 4/2023 prohíbe expresamente las terapias de conversión, tipificándolas como infracción administrativa muy grave (multas hasta 150.000 euros); a junio de 2026 se tramitaba su tipificación penal (art. 173 bis CP). Las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con medidas planificadas para la igualdad de las personas LGTBI (Ley 4/2023).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 1.1, 9.2, 14 y 53.2.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115).
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres (BOE-A-2024-15936).
  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado.
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 544 ter (orden de protección; Ley 27/2003, de 31 de julio).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76) y Real Decreto 422/2025, de 3 de junio (BOE-A-2025-11069).
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE-A-2022-11589).
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

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