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Tema 22. Las resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones judiciales: Contenido y características. Las resoluciones de los órganos judiciales colegiados. Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El art. 206 LEC clasifica las resoluciones de Jueces y Tribunales en providencias, autos y sentencias, y las del Letrado de la Administración de Justicia en diligencias y decretos, cada una con su propia estructura, motivación exigible y régimen de recursos. Las resoluciones de los órganos colegiados presentan además especialidades de deliberación, votación y voto particular. Distinguir correctamente cada tipo de resolución es necesario para el Cuerpo de Auxilio Judicial a la hora de practicar su notificación o ejecución dentro de plazo.

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Concepto y función de las resoluciones judiciales

Las resoluciones judiciales son los actos procesales de decisión mediante los cuales el Juez, el Tribunal o el Letrado de la Administración de Justicia se pronuncian sobre las peticiones, incidencias o cuestiones que se les plantean a lo largo del proceso, ordenando su desarrollo o poniendo fin a él. El art. 206 LEC distingue las resoluciones del órgano jurisdiccional (providencias, autos, sentencias) de las del Letrado de la Administración de Justicia (diligencias y decretos), en función del órgano del que emanan y de su contenido decisorio.

Las providencias (art. 206.1.1ª LEC)

Las providencias tienen por objeto resolver cuestiones procesales que requieran una decisión judicial, bien porque la ley no exija expresamente la forma de auto, bien porque su objeto no corresponda a esta (art. 206.1.1ª LEC y art. 245 LOPJ). Son resoluciones de mera ordenación o tramitación que expresan sucintamente lo que se decide, con el nombre del juez que la dicta; solo se motivan sucintamente cuando la ley lo exija. Ejemplo típico: la admisión de un escrito o el señalamiento de un plazo.

Los autos (art. 206.1.2ª LEC)

Se dictan al decidir sobre presupuestos procesales, admisión o inadmisión de demanda o reconvención, acumulación de acciones o de procesos, medidas cautelares, nulidad de actuaciones, y siempre que la ley lo disponga expresamente, así como cuando pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de su tramitación ordinaria. Constan de antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva, y son siempre motivados.

Las sentencias: concepto y función (art. 206.1.3ª LEC)

Las sentencias deciden definitivamente el pleito en cualquier instancia o recurso, o cuando, conforme a las leyes procesales, deban producir el efecto de cosa juzgada. Son la resolución de mayor trascendencia dentro del proceso, al resolver sobre el fondo del asunto planteado por las partes.

Estructura formal de la sentencia (art. 209 LEC)

Toda sentencia se estructura en encabezamiento (identificación del tribunal, partes y objeto del proceso), antecedentes de hecho (con mención de las pretensiones y hechos alegados, y en su caso hechos probados), fundamentos de derecho (razonamientos jurídicos que justifican la decisión) y fallo (parte dispositiva), redactados con claridad y precisión y numerados por párrafos separados.

La congruencia de las sentencias (art. 218 LEC)

Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes, resolviendo todos los puntos litigiosos objeto de debate; el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir, puede fundar su decisión en datos jurídicos distintos de los alegados (iura novit curia), pero no puede resolver conforme a hechos distintos de los que las partes hayan querido hacer valer.

Vicios de incongruencia: omisiva, extra petita y ultra petita

La incongruencia omisiva se produce cuando el tribunal no resuelve alguna de las pretensiones planteadas; la incongruencia extra petita, cuando concede algo distinto de lo pedido; y la incongruencia ultra petita, cuando concede más de lo solicitado por las partes. Los tres vicios son causa de nulidad de la sentencia o de recurso, al vulnerar el principio dispositivo y el derecho de defensa de la parte contraria.

Clases de sentencias según su contenido

Según el tipo de pronunciamiento, las sentencias pueden ser declarativas (declaran la existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica), constitutivas (crean, modifican o extinguen una situación jurídica, como la sentencia de divorcio) o de condena (imponen al demandado el cumplimiento de una prestación, de dar, hacer o no hacer).

Firmeza de las resoluciones judiciales

Una resolución es firme cuando contra ella no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien por haber transcurrido los plazos legalmente establecidos sin haberse interpuesto el recurso procedente, sin perjuicio de los recursos extraordinarios de revisión o del incidente excepcional de nulidad de actuaciones en los casos legalmente previstos.

Cosa juzgada material y formal

La cosa juzgada formal impide recurrir la resolución firme dentro del mismo proceso; la cosa juzgada material (art. 222 LEC) vincula a los tribunales de un proceso posterior cuando concurre identidad de sujetos, objeto y causa de pedir respecto de un proceso anterior ya resuelto por sentencia firme, impidiendo un nuevo pronunciamiento sobre lo ya decidido.

Plazos para dictar sentencia

En el juicio ordinario, la sentencia debe dictarse dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio (art. 434.1 LEC); en el juicio verbal, el plazo es de diez días desde la terminación de la vista (art. 447.1 LEC). El incumplimiento de estos plazos no invalida la sentencia, pero puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

Resoluciones orales documentadas (art. 210 LEC)

Determinadas resoluciones pueden dictarse oralmente en el curso de una vista o comparecencia (por ejemplo, la admisión o denegación de una prueba), quedando documentadas mediante su recogida en el soporte de grabación audiovisual del acto, con expresión sucinta de la decisión adoptada, sin perjuicio de que deban formalizarse posteriormente por escrito cuando la ley así lo exija.

Aclaración de resoluciones (art. 214 LEC)

Los tribunales no pueden variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar errores materiales (art. 214 LEC). Las aclaraciones y correcciones pueden hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de la resolución, o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro de los dos días siguientes a la notificación; se resuelven en los tres días siguientes. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento.

Complemento de resoluciones incompletas (art. 215 LEC)

Cuando una sentencia o auto omita pronunciarse sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, la parte puede solicitar el complemento de la resolución dentro de los cinco días siguientes a la notificación (art. 215 LEC); el tribunal resuelve mediante auto, y el plazo para interponer los recursos que procedan contra la resolución principal se suspende e inicia de nuevo desde la notificación del auto que resuelva sobre el complemento.

Resoluciones de los órganos colegiados: composición y presidencia

En los órganos colegiados (Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) las resoluciones se adoptan tras la deliberación y votación de los Magistrados que integren la Sala o Sección, presidida por quien corresponda conforme a las normas de reparto de asuntos aprobadas por la Sala de Gobierno.

El Magistrado Ponente

En cada asunto se designa un Magistrado Ponente, responsable de estudiar el expediente y redactar el proyecto de resolución que se somete a la deliberación de la Sala; si el proyecto no obtiene la mayoría necesaria, se encarga la redacción a otro Magistrado que exprese el criterio mayoritario, sin que ello prive al ponente original de formular, en su caso, voto particular.

Deliberación y votación: mayoría absoluta y voto de calidad (arts. 255-260 LOPJ)

Los acuerdos de los órganos colegiados se adoptan por mayoría de votos tras deliberación y votación (arts. 255 y ss. LOPJ); si se produce empate se aplican las reglas legales de desempate (repetición de la votación, intervención de otro Magistrado o voto de calidad del Presidente, según el órgano). Los Magistrados no pueden abstenerse de votar, salvo causa legal.

El voto particular: plazo y forma

Los Magistrados que disientan de la mayoría pueden formular voto particular, redactado en forma de sentencia y expresando el sentido de su discrepancia y su fundamento jurídico, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución; el voto particular se incorpora al libro correspondiente y se notifica junto con la resolución mayoritaria.

Secreto de las deliberaciones (art. 233 LOPJ)

Las deliberaciones de los Tribunales colegiados son secretas, así como el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el voto particular; este secreto alcanza también al personal auxiliar que pueda asistir a la deliberación, y su infracción puede constituir falta disciplinaria.

Las diligencias del Letrado de la Administración de Justicia (art. 206.2.1ª LEC)

El Letrado de la Administración de Justicia dicta diligencia de ordenación (para dar a los autos el curso ordenado por la ley en cuestiones de mera tramitación), diligencia de constancia (dejar constancia de hechos con trascendencia procesal), diligencia de comunicación (para los actos de comunicación) y diligencia de ejecución (en el proceso de ejecución). Ninguna de ellas requiere motivación ni forma especial más allá de la expresión de lo dispuesto.

Los decretos del Letrado de la Administración de Justicia (art. 206.2.2ª LEC)

Se dictan cuando ponen fin al procedimiento en materias de competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia o cuando conviene razonar lo resuelto: decreto de admisión de la demanda, decreto de terminación del proceso monitorio, decreto de adjudicación en subasta, o decreto que resuelve un recurso de reposición contra una diligencia de ordenación. Constan de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, con estructura similar a la del auto, y son siempre motivados.

Recurso de reposición contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos

Las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos del Letrado de la Administración de Justicia son recurribles en reposición ante el propio Letrado que los dictó, en el plazo de cinco días desde su notificación (art. 451 y 452 LEC); el recurso no tiene efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida. Contra el decreto que resuelve la reposición cabe recurso de revisión ante el tribunal.

Recurso de revisión contra decretos definitivos (art. 454 bis LEC)

Contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación cabe recurso directo de revisión ante el Juez o Tribunal, en el plazo de cinco días (art. 454 bis LEC); también cabe revisión contra el decreto que resuelva la reposición. Estos recursos carecen de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. Contra el auto que resuelve la revisión no cabe recurso alguno, salvo los que procedan contra la resolución definitiva.

Publicidad y depósito de las sentencias

Las sentencias definitivas se archivan y conservan en el Libro de Sentencias del órgano judicial, con garantía de acceso a las partes y, dentro de los límites legales de protección de datos, a terceros con interés legítimo; su publicidad general se articula además a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial.

Repercusión práctica en el trabajo del Cuerpo de Auxilio Judicial

Distinguir correctamente el tipo de resolución que se va a notificar o ejecutar —providencia, auto, sentencia, diligencia o decreto— condiciona la forma en que el Cuerpo de Auxilio Judicial debe practicar la diligencia de comunicación correspondiente y, en su caso, advertir al destinatario de los plazos de recurso que consten en la resolución.

Clasificación de las resoluciones en la LOPJ (arts. 244 y ss.)

La LOPJ distingue las resoluciones de Jueces y Tribunales (providencias, autos y sentencias, art. 245) de las del Letrado de la Administración de Justicia (diligencias, decretos y propuestas de resolución, art. 244). Los autos deciden recursos contra providencias o decretos, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad, admisión o inadmisión de demandas o pruebas, medidas cautelares y cuestiones de ejecución. Las sentencias ponen fin al proceso en primera o segunda instancia una vez concluida su tramitación ordinaria, y deciden los recursos extraordinarios y los de casación.

La motivación de las resoluciones (art. 120.3 CE y art. 248 LOPJ)

Las sentencias siempre serán motivadas y se pronunciarán en audiencia pública; los autos serán siempre motivados, y las providencias lo serán cuando la ley lo exija o el juez lo estime conveniente. La falta de motivación puede lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Las resoluciones deben notificarse a las partes con expresión de si son firmes o no, de los recursos que procedan, del órgano ante el que deben interponerse y del plazo (art. 248.4 LOPJ), dato que el Cuerpo de Auxilio Judicial debe verificar al practicar la notificación.

Resoluciones definitivas y firmes (art. 207 LEC)

Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que deciden los recursos ordinarios contra ellas. Son firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien por haber transcurrido el plazo sin impugnarlas. El tribunal del proceso en que hubiera recaído resolución firme debe estar a lo dispuesto en ella (cosa juzgada formal).

Las resoluciones en el proceso penal (arts. 141 y 142 LECrim)

En el proceso penal los Jueces y Tribunales proveen mediante providencias (cuestiones de mera tramitación), autos (resolviendo cuestiones incidentales o que afecten a derechos, como la prisión provisional, el procesamiento o el sobreseimiento) y sentencias (resuelven definitivamente el juicio oral). La sentencia penal expresa el encabezamiento, los antecedentes, los hechos probados, los fundamentos de derecho y el fallo.

Sentencias orales y firma electrónica

Las leyes procesales admiten que ciertas sentencias se dicten oralmente al finalizar la vista, documentadas en soporte de grabación (en el procedimiento abreviado penal y, desde la LO 1/2025, también en el procedimiento abreviado contencioso-administrativo), con fallo y motivación sucinta, firmes en el acto si las partes presentes renuncian a recurrir. Las resoluciones judiciales se firman electrónicamente y se notifican por los sistemas electrónicos de la Administración de Justicia.

Los acuerdos de la Sala de Gobierno y las resoluciones gubernativas

No toda decisión judicial es resolución jurisdiccional: los acuerdos de las Salas de Gobierno, Juntas de Jueces o de las Presidencias son resoluciones gubernativas y se recurren por el cauce administrativo previsto en la LOPJ. El Cuerpo de Auxilio Judicial debe distinguir ambas categorías al notificarlas.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La jerarquía formal de las resoluciones judiciales de Jueces/Tribunales es: providencia (trámite simple, motivación breve opcional) < auto (motivado, sobre presupuestos procesales, admisión de demanda, medidas cautelares) < sentencia (decide el fondo). Su equivalente en el LAJ es: diligencia (ordenación, constancia, comunicación, ejecución) < decreto (motivado, pone fin a materias de su competencia).
  • Toda sentencia se estructura en encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo (art. 209 LEC), debiendo ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas (art. 218 LEC).
  • La incongruencia puede ser omisiva (no resuelve una pretensión), extra petita (concede algo distinto) o ultra petita (concede más de lo pedido), siendo causa de nulidad o recurso.
  • Las sentencias pueden ser declarativas, constitutivas (crean/modifican/extinguen una situación jurídica, como el divorcio) o de condena (imponen una prestación de dar, hacer o no hacer).
  • La cosa juzgada formal impide recurrir la resolución firme dentro del mismo proceso; la cosa juzgada material (art. 222 LEC) vincula a procesos posteriores con identidad de sujetos, objeto y causa de pedir.
  • El plazo para dictar sentencia es de 20 días en el juicio ordinario (art. 434.1 LEC) y de 10 días en el juicio verbal (art. 447.1 LEC) desde la terminación del juicio/vista.
  • Cabe aclaración (concepto oscuro o error material) de oficio en 2 días hábiles desde su publicación o a instancia de parte en 2 días desde su notificación, resolviéndose en 3 días (art. 214 LEC); los errores materiales manifiestos y aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento. El complemento de resoluciones incompletas se solicita en 5 días (art. 215 LEC).
  • En los órganos colegiados los acuerdos se adoptan por mayoría de votos; el voto particular se formula en forma de sentencia dentro de los 3 días siguientes a la notificación.
  • Las deliberaciones de los Tribunales colegiados y el resultado de las votaciones son secretos (art. 233 LOPJ), incluso para el personal auxiliar que asista.
  • Las diligencias del LAJ (ordenación, constancia, comunicación, ejecución) no requieren motivación; los decretos sí, cuando ponen fin al procedimiento en materias de su competencia exclusiva o conviene razonar lo resuelto.
  • Las diligencias de ordenación y decretos no definitivos son recurribles en reposición ante el propio LAJ en 5 días; contra decretos definitivos cabe recurso directo de revisión ante el Juez o Tribunal en 5 días; ni uno ni otro recurso tienen efectos suspensivos (arts. 451, 452 y 454 bis LEC).
  • Distinguir correctamente el tipo de resolución que se va a notificar o ejecutar condiciona directamente la forma en que el Cuerpo de Auxilio Judicial debe practicar la diligencia de comunicación.
  • Trampa: la aclaración se pide en 2 días (no 5), y el complemento en 5 días; la reposición y la revisión contra resoluciones del LAJ se interponen en 5 días y no suspenden la resolución.
  • Las resoluciones deben notificarse con indicación de si son firmes, de los recursos, del órgano y del plazo (art. 248.4 LOPJ); el Auxilio Judicial debe comprobar que consta esa información.
  • Resoluciones del LAJ: diligencias de ordenación, constancia, comunicación y ejecución; decretos; y propuestas de resolución. Las resoluciones del juez son providencias, autos y sentencias.
  • En el proceso penal la clasificación se encuentra en el art. 141 LECrim (providencias, autos y sentencias) y la forma de la sentencia en el art. 142.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Qué resolución dicta el Letrado de la Administración de Justicia cuando pone fin al procedimiento en materias de su competencia exclusiva o cuando conviene razonar lo resuelto?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 22 de Auxilio Judicial?

El art. 206 LEC clasifica las resoluciones de Jueces y Tribunales en providencias, autos y sentencias, y las del Letrado de la Administración de Justicia en diligencias y decretos, cada una con su propia estructura, motivación exigible y régimen de recursos. Las resoluciones de los órganos colegiados presentan además especialidades de deliberación, votación y voto particular. Distinguir correctamente cada tipo de resolución es necesario para el Cuerpo de Auxilio Judicial a la hora de practicar su notificación o ejecución dentro de plazo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?

La jerarquía formal de las resoluciones judiciales de Jueces/Tribunales es: providencia (trámite simple, motivación breve opcional) < auto (motivado, sobre presupuestos procesales, admisión de demanda, medidas cautelares) < sentencia (decide el fondo). Su equivalente en el LAJ es: diligencia (ordenación, constancia, comunicación, ejecución) < decreto (motivado, pone fin a materias de su competencia). Toda sentencia se estructura en encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo (art. 209 LEC), debiendo ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas (art. 218 LEC). La incongruencia puede ser omisiva (no resuelve una pretensión), extra petita (concede algo distinto) o ultra petita (concede más de lo pedido), siendo causa de nulidad o recurso. Las sentencias pueden ser declarativas, constitutivas (crean/modifican/extinguen una situación jurídica, como el divorcio) o de condena (imponen una prestación de dar, hacer o no hacer). La cosa juzgada formal impide recurrir la resolución firme dentro del mismo proceso; la cosa juzgada material (art. 222 LEC) vincula a procesos posteriores con identidad de sujetos, objeto y causa de pedir. El plazo para dictar sentencia es de 20 días en el juicio ordinario (art. 434.1 LEC) y de 10 días en el juicio verbal (art. 447.1 LEC) desde la terminación del juicio/vista. Cabe aclaración (concepto oscuro o error material) de oficio en 2 días hábiles desde su publicación o a instancia de parte en 2 días desde su notificación, resolviéndose en 3 días (art. 214 LEC); los errores materiales manifiestos y aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento. El complemento de resoluciones incompletas se solicita en 5 días (art. 215 LEC). En los órganos colegiados los acuerdos se adoptan por mayoría de votos; el voto particular se formula en forma de sentencia dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Las deliberaciones de los Tribunales colegiados y el resultado de las votaciones son secretos (art. 233 LOPJ), incluso para el personal auxiliar que asista. Las diligencias del LAJ (ordenación, constancia, comunicación, ejecución) no requieren motivación; los decretos sí, cuando ponen fin al procedimiento en materias de su competencia exclusiva o conviene razonar lo resuelto. Las diligencias de ordenación y decretos no definitivos son recurribles en reposición ante el propio LAJ en 5 días; contra decretos definitivos cabe recurso directo de revisión ante el Juez o Tribunal en 5 días; ni uno ni otro recurso tienen efectos suspensivos (arts. 451, 452 y 454 bis LEC). Distinguir correctamente el tipo de resolución que se va a notificar o ejecutar condiciona directamente la forma en que el Cuerpo de Auxilio Judicial debe practicar la diligencia de comunicación. Trampa: la aclaración se pide en 2 días (no 5), y el complemento en 5 días; la reposición y la revisión contra resoluciones del LAJ se interponen en 5 días y no suspenden la resolución. Las resoluciones deben notificarse con indicación de si son firmes, de los recursos, del órgano y del plazo (art. 248.4 LOPJ); el Auxilio Judicial debe comprobar que consta esa información. Resoluciones del LAJ: diligencias de ordenación, constancia, comunicación y ejecución; decretos; y propuestas de resolución. Las resoluciones del juez son providencias, autos y sentencias. En el proceso penal la clasificación se encuentra en el art. 141 LECrim (providencias, autos y sentencias) y la forma de la sentencia en el art. 142.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 206-215, 218, 222, 434, 447, 451-452 y 454 bis.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), arts. 233, 244-248 y 255-261.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 141-142.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76).

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