Tema 21. Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (consideración de la lengua oficial). Defectos de los actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad del órgano jurisdiccional, de las partes y de terceros que impulsan el proceso desde su inicio hasta su terminación. La Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 182-193 y 229-243) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 129-136, 142-147 y 225-231) regulan sus requisitos de lugar, tiempo y forma, y el régimen de invalidez (nulidad, anulabilidad, irregularidad) y de subsanación. Desde la Ley Orgánica 14/2022 son inhábiles el mes de agosto y el período del 24 de diciembre al 6 de enero. El correcto cómputo de plazos y la práctica de actuaciones fuera de la sede judicial son competencias de aplicación diaria para el Cuerpo de Auxilio Judicial.
El acto procesal es la manifestación de voluntad del órgano jurisdiccional, de las partes o de terceros intervinientes que produce efectos jurídicos directos sobre la constitución, desarrollo, modificación o extinción de la relación procesal. Se clasifican en actos del órgano jurisdiccional (resoluciones), actos de las partes (de postulación, prueba, impugnación) y actos de terceros (declaraciones de testigos, dictámenes periciales). Todos están sujetos a requisitos legales de lugar, tiempo y forma (arts. 129 y ss. LEC, 182 y ss. LOPJ), cuya inobservancia puede acarrear su invalidez.
El lugar de los actos procesales: la sede judicial (arts. 129-136 LEC)
Las actuaciones judiciales se practican, como regla general, en la sede del órgano judicial (edificio de los Juzgados o del Tribunal de Instancia). Excepcionalmente pueden practicarse fuera de dicha sede sin perder su carácter judicial: reconocimiento judicial de un inmueble, declaración de un testigo o parte que no pueda desplazarse por enfermedad, o actuaciones que deban practicarse en otro partido judicial, que se realizan, siempre que sea posible, por videoconferencia (art. 129 LEC, tras el Real Decreto-ley 6/2023) y, en su defecto, mediante auxilio judicial o exhorto. La práctica material de estas actuaciones fuera de sede —notificaciones, embargos, lanzamientos— es tarea habitual del Cuerpo de Auxilio Judicial.
La sede judicial electrónica
Para los actos que puedan realizarse por vía telemática (presentación de escritos a través de LexNET u otros sistemas equivalentes, consulta del estado del procedimiento, notificaciones electrónicas), la sede judicial electrónica constituye un lugar virtual equivalente a la sede física a todos los efectos legales, con las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad.
Días inhábiles a efectos procesales (arts. 182-183 LOPJ y art. 130 LEC)
Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la Comunidad Autónoma o localidad correspondiente (art. 182 LOPJ). Desde la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, también son inhábiles todos los días del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, y el mes de agosto (arts. 182 y 183 LOPJ), salvo para las actuaciones que las leyes procesales declaren urgentes. La LEC remite a estas reglas (art. 130 LEC).
El mes de agosto y las actuaciones urgentes exceptuadas
La inhabilidad del mes de agosto y del período navideño no afecta a las actuaciones que las leyes procesales declaren urgentes. Además, para la instrucción de las causas criminales todos los días y horas del año son hábiles, sin necesidad de habilitación especial (art. 184 LOPJ), lo que permite al Juzgado de guardia actuar de forma ininterrumpida. La inhabilidad no paraliza la actividad de las oficinas judiciales: afecta al cómputo de los plazos procesales, que no corren durante ese período y se reanudan al finalizar.
Horas hábiles (art. 182.1 LOPJ)
Son horas hábiles, con carácter general, las que median entre las ocho y las veinte horas (art. 182 LOPJ y 130 LEC), salvo que la ley disponga otra cosa. En el orden penal, la instrucción puede practicarse en cualquier día y hora (art. 184 LOPJ), por lo que las diligencias urgentes de instrucción pueden realizarse de noche sin habilitación.
Habilitación de días y horas inhábiles
El órgano judicial puede habilitar días y horas inhábiles, de oficio o a instancia de parte, cuando concurra causa urgente que lo exija (peligro de pérdida de derechos, actuaciones que no admitan demora; art. 131 LEC); la resolución debe motivar la urgencia y se documenta mediante diligencia incorporada a las actuaciones.
Términos y plazos: distinción conceptual
El término es el momento concreto —día y hora— señalado para la realización de una actuación (por ejemplo, la celebración de un juicio); el plazo es el periodo de tiempo dentro del cual debe realizarse válidamente un acto procesal (por ejemplo, el plazo de veinte días para contestar a la demanda). Los actos sujetos a plazo solo pueden realizarse dentro del día hábil en que venza dicho plazo.
Inicio del cómputo de los plazos
El plazo comienza a correr, con carácter general, al día siguiente de la notificación, citación o emplazamiento en cuya virtud se otorga; si se trata de un plazo común a varias partes, el cómputo se inicia al día siguiente de la última notificación practicada a cualquiera de ellas. Verificar y documentar con precisión la fecha en que se practicó la diligencia es una comprobación habitual del Cuerpo de Auxilio Judicial antes de devolver la diligencia cumplimentada.
Cómputo de plazos señalados por días (art. 133 LEC)
Los plazos señalados por días se computan excluyendo los inhábiles (art. 133 LEC), esto es, solo se cuentan los días hábiles transcurridos entre el inicio y el vencimiento, salvo que la ley disponga expresamente que el plazo se compute en días naturales. El día en que se produce la notificación no se cuenta; el plazo comienza al día siguiente.
Cómputo de plazos señalados por meses o años
Los plazos señalados por meses o por años se computan de fecha a fecha, sin excluir los días inhábiles intermedios (art. 133 LEC): el plazo concluye el mismo día del mes o año de vencimiento correspondiente al del acto que marcó su inicio. Si en el mes de vencimiento no existe día equivalente, el plazo expira el último día de ese mes. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Improrrogabilidad de los plazos y la fuerza mayor (art. 134 LEC)
Los plazos procesales son, con carácter general, improrrogables (art. 134 LEC), si bien se interrumpen cuando exista fuerza mayor que impida cumplirlos; la fuerza mayor debe ser apreciada por el tribunal, oídas las demás partes, y alegarse tan pronto como sea posible, acreditando la causa que impidió el cumplimiento.
La preclusión
El transcurso del plazo sin realizar el acto procesal correspondiente produce la preclusión del trámite (art. 136 LEC): se pierde definitivamente la oportunidad de realizarlo y se dará al proceso el curso que corresponda, mediante la correspondiente diligencia de ordenación del LAJ; es una manifestación del principio de seguridad jurídica y de la ordenación temporal del proceso en fases sucesivas.
Reapertura del plazo por fuerza mayor acreditada
Cesada la fuerza mayor, la parte perjudicada puede realizar la actuación omitida, previa acreditación suficiente de la causa del incumplimiento; corresponde al tribunal valorar la concurrencia y persistencia de la fuerza mayor alegada, de acuerdo con la LEC.
Requisitos de forma: el castellano como lengua oficial (art. 231 LOPJ, art. 142 LEC)
En todas las actuaciones judiciales, Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios de la Oficina Judicial usan el castellano, lengua oficial del Estado. Ello no obsta al derecho de todos ellos, así como de las partes, testigos y peritos, a usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones, siempre que ninguna parte se oponga alegando indefensión por desconocimiento.
Uso de la lengua cooficial por las partes, testigos y peritos
Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, pueden utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en que tengan lugar las actuaciones tanto en manifestaciones orales como escritas, sin que quepa exigirles traducción cuando la actuación deba surtir efecto dentro del propio territorio de esa Comunidad.
Validez de las actuaciones en lengua cooficial sin necesidad de traducción
Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial propio de una Comunidad Autónoma tienen, sin necesidad de traducción, plena validez y eficacia respecto de las Comunidades Autónomas cooficiales, si bien se traducen de oficio cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma en que sea cooficial la lengua empleada, cuando así lo disponga la ley, o cuando lo solicite alguna parte que alegue indefensión.
Nulidad de pleno derecho: falta de jurisdicción o competencia (art. 238.1º LOPJ)
Los actos procesales son nulos de pleno derecho cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. La falta de competencia territorial, en cambio, no produce esta nulidad radical: se hace valer por la vía procesal oportuna (declinatoria, inhibitoria o cuestiones de competencia).
Nulidad de pleno derecho: violencia o intimidación (art. 238.2º LOPJ)
Son igualmente nulos de pleno derecho los actos judiciales que se realicen bajo violencia o intimidación, en cuanto vician de raíz la voluntad de quien los realiza, sin necesidad de que se acredite indefensión material añadida, dado que la propia ausencia de libertad en la formación de la voluntad del acto es causa suficiente de nulidad radical.
Nulidad de pleno derecho: infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa (art. 238.3º LOPJ)
Son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa haya podido producirse indefensión (art. 238.3º LOPJ). La doctrina constitucional sobre el art. 24 CE exige que la indefensión sea material y efectiva, no meramente formal.
Nulidad de pleno derecho: falta de intervención preceptiva de Abogado o de citación de las partes (art. 238.4º y 5º LOPJ)
También son nulos los actos que se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva (art. 238.4º LOPJ), y las vistas que se celebren sin la preceptiva intervención del Letrado de la Administración de Justicia (art. 238.5º). El art. 238.6º cierra la lista con los demás casos en que las leyes procesales así lo establezcan. Ambos supuestos principales se conectan con el derecho de defensa del art. 24 CE.
La anulabilidad de los actos procesales
Frente a la nulidad de pleno derecho, la anulabilidad es una categoría doctrinal que designa los defectos de forma que no determinan nulidad radical y solo producen efecto si la parte perjudicada los alega a tiempo; la LOPJ distingue entre la nulidad de pleno derecho y los demás defectos de forma, que solo anulan el acto si implican ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinan efectiva indefensión (art. 240.1). Si no se impugna en el momento procesal oportuno, el acto se convalida.
La irregularidad procesal
La irregularidad es la mera infracción de una forma no esencial del acto procesal que, pese a no ajustarse estrictamente a lo previsto por la ley, no invalida el acto si éste ha cumplido la finalidad para la que estaba destinado; es la categoría de menor gravedad dentro del régimen de invalidez de los actos procesales, y su tratamiento práctico habitual es la mera advertencia o corrección, sin necesidad de declarar nulidad ni de instar recurso alguno.
El principio de conservación de los actos procesales (art. 243 LOPJ y art. 230 LEC)
El principio de conservación impone al tribunal —y, en la práctica diaria, al personal de la Oficina Judicial— procurar que se subsanen los defectos en que incurran los actos procesales de las partes siempre que se haya manifestado la voluntad de cumplir los requisitos legales (art. 243 LOPJ y art. 231 LEC). La nulidad de un acto no implica la de los sucesivos independientes de aquel (art. 242 LOPJ y art. 230 LEC); se limita a la actuación o parte de ella que resulte afectada por el defecto.
Momento procesal oportuno para la subsanación
La subsanación debe intentarse en cuanto se advierta el defecto, ya sea de oficio por el propio tribunal u Oficina Judicial, ya a instancia de parte, otorgándose un plazo razonable para corregirlo (por ejemplo, aportar poder de representación insuficiente o subsanar la falta de firma en un escrito); transcurrido dicho plazo sin subsanar, el defecto insubsanado puede determinar la nulidad del acto o su ineficacia procesal.
Nulidad de actuaciones a instancia de parte y de oficio
La nulidad de pleno derecho y los defectos de forma que impliquen ausencia de requisitos indispensables o efectiva indefensión se hacen valer por los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate (art. 240.1 LOPJ). El juez o tribunal puede además, de oficio o a instancia de parte, antes de que recaiga resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación, declarar la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular, previa audiencia de las partes (art. 240.2). Frente a resoluciones firmes cabe el incidente excepcional de nulidad (art. 241 LOPJ) por vulneración de un derecho fundamental del art. 53.2 CE, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, en el plazo de veinte días desde la notificación de la resolución o desde que se conoció el defecto, con un máximo de cinco años desde la notificación.
Efectos de la declaración de nulidad
La declaración de nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes del mismo ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido igual de no haberse cometido la infracción (art. 242 LOPJ), en aplicación del principio de conservación.
Repercusión práctica en el trabajo del Cuerpo de Auxilio Judicial
La correcta apreciación de los requisitos de lugar, tiempo y forma condiciona directamente tareas cotidianas del Cuerpo de Auxilio Judicial como documentar con precisión el día, la hora y el lugar en que se practica una diligencia de comunicación o de ejecución, extender la correspondiente diligencia negativa cuando no se localiza al destinatario, o respetar la habilitación de días y horas inhábiles en asuntos urgentes.
Publicidad, oralidad y forma de las actuaciones (arts. 229 a 233 LOPJ)
Las actuaciones judiciales son predominantemente orales, sobre todo en lo relativo a la práctica de pruebas, vistas y declaraciones (art. 229 LOPJ), y públicas (art. 232), salvo que por razones de orden público y de protección de derechos y libertades el tribunal limite la publicidad o acuerde el secreto de todas o parte de las actuaciones. Las actuaciones pueden realizarse por videoconferencia u otros sistemas de transmisión de imagen y sonido cuando así lo prevean las leyes procesales. Las vistas y comparecencias se documentan mediante grabación en soporte apto, garantizando el LAJ la autenticidad e integridad (art. 147 LEC).
Las actuaciones por presencia telemática (art. 129 bis LEC)
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (convalidado por el Congreso el 10 de enero de 2024, BOE-A-2024-665), introdujo el art. 129 bis LEC, que regula la celebración de actos procesales mediante presencia telemática (vistas, audiencias, comparecencias y declaraciones). Las partes, testigos y peritos intervienen, con carácter general, desde la oficina judicial del partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo; la petición de videoconferencia debe formularse con antelación suficiente (diez días antes de la fecha señalada).
Presentación de escritos y plazo de gracia (art. 135 LEC)
Los escritos sujetos a plazo que se presenten por medios electrónicos pueden presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo (art. 135.5 LEC). Cuando existe obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia (profesionales, personas jurídicas, etc.), la presentación debe hacerse por LexNET o el sistema que corresponda.
Intérpretes y traductores (art. 143 LEC)
Cuando alguna persona que intervenga en el proceso no conozca la lengua oficial o tenga limitaciones sensoriales, el tribunal designará un intérprete; los documentos redactados en lengua extranjera deben acompañarse de traducción. En el proceso penal se aplica el derecho a interpretación y traducción gratuita para el investigado (LECrim, tras la transposición de la Directiva 2010/64/UE).
Cómputo de plazos: ejemplos prácticos
Un plazo de veinte días hábiles que se notifica un martes empieza a contar el miércoles; los sábados, domingos, festivos y los días inhábiles no se cuentan. Un plazo de dos meses notificado el 15 de enero vence el 15 de marzo (de fecha a fecha); si el 15 de marzo fuese sábado, se prorroga al lunes. Si el plazo fuese de un mes y la notificación el 31 de enero, vence el 28 de febrero (o 29 en año bisiesto), último día del mes.
Diligencias del Cuerpo de Auxilio Judicial como actos procesales
La diligencia de notificación, citación o embargo practicada por el Cuerpo de Auxilio Judicial es un acto procesal sujeto a los requisitos de lugar (domicilio o lugar adecuado), tiempo (días y horas hábiles) y forma (constancia por escrito de la fecha, hora, persona que recibe y circunstancias). Su defecto puede acarrear la nulidad de la comunicación si causa indefensión, de ahí la importancia de reflejar con exactitud cada actuación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Son inhábiles sábados, domingos, festivos nacionales, autonómicos y locales, todo el mes de agosto y del 24 de diciembre al 6 de enero (LO 14/2022), salvo actuaciones declaradas urgentes por las leyes procesales; en la instrucción penal todos los días y horas son hábiles (art. 184 LOPJ).
Las horas hábiles son de 8:00 a 20:00 (art. 182 LOPJ y art. 130 LEC), salvo disposición legal en contrario o habilitación de horas inhábiles cuando concurra causa urgente.
El término es el momento concreto (día y hora) para una actuación; el plazo es el periodo dentro del cual debe realizarse un acto; ambas categorías se distinguen conceptualmente en la LEC/LOPJ.
Los plazos por días se computan excluyendo los inhábiles, contando solo días hábiles (salvo que la ley diga expresamente que se cuentan naturales); los plazos por meses o años se cuentan de fecha a fecha, sin excluir festivos.
El plazo comienza a correr, con carácter general, al día siguiente de la notificación, citación o emplazamiento; si es plazo común, al día siguiente de la última notificación practicada.
Los plazos son improrrogables, salvo interrupción por fuerza mayor apreciada por el tribunal; cesada la fuerza mayor, la parte dispone del mismo plazo original, computado desde que cesó el impedimento.
La preclusión es la pérdida definitiva de la oportunidad de realizar un acto por transcurso del plazo, sin necesidad de declaración expresa, dando paso a la fase siguiente del proceso.
El castellano es la lengua oficial de las actuaciones judiciales (art. 231 LOPJ), sin perjuicio del derecho a usar también la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, sin exigir traducción cuando la actuación deba surtir efecto dentro de ese territorio.
Son nulos de pleno derecho (art. 238 LOPJ) los actos con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, los realizados bajo violencia o intimidación, los que prescindan de normas esenciales del procedimiento con indefensión, los realizados sin abogado preceptivo y las vistas sin intervención del LAJ.
La anulabilidad (infracción sin indefensión, o indefensión que no encaja en las causas tasadas) requiere impugnación de la parte perjudicada, a diferencia de la nulidad de pleno derecho, que puede apreciarse de oficio.
La irregularidad procesal es la infracción de una forma no esencial que no invalida el acto si cumplió su finalidad; es la categoría de menor gravedad y su tratamiento habitual es la mera advertencia o corrección.
El principio de conservación (arts. 242 LOPJ y 230 LEC) y la subsanación de defectos (arts. 243 LOPJ y 231 LEC) exigen procurar la corrección de defectos antes de anular la actuación, cuando se manifieste voluntad de cumplir los requisitos legales.
El incidente excepcional de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ) cabe frente a resoluciones firmes por vulneración de un derecho fundamental del art. 53.2 CE, con plazo de 20 días y máximo de 5 años.
Documentar con precisión el día, la hora y el lugar en que se practica una diligencia, y respetar la habilitación de días y horas inhábiles en asuntos urgentes, condiciona directamente el trabajo diario del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Novedad: la LO 14/2022 declaró inhábil el período del 24 de diciembre al 6 de enero (además de agosto), en lugar de solo los días 24 y 31 de diciembre. Es un error típico dar por válida la regla antigua.
Trampa: la falta de competencia territorial no es causa de nulidad de pleno derecho del art. 238 LOPJ; solo la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
El plazo de gracia del art. 135 LEC permite presentar escritos por vía electrónica hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento.
La preclusión (art. 136 LEC) opera sin necesidad de declaración expresa, y el LAJ dicta la diligencia de ordenación para dar al proceso el curso que corresponda.
Art. 238 LOPJ: seis causas de nulidad (jurisdicción/competencia, violencia o intimidación, normas esenciales con indefensión, abogado preceptivo, vistas sin LAJ, otros casos legales).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Si el último día de un plazo procesal es inhábil, ¿qué ocurre?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 21 de Auxilio Judicial?
Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad del órgano jurisdiccional, de las partes y de terceros que impulsan el proceso desde su inicio hasta su terminación. La Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 182-193 y 229-243) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 129-136, 142-147 y 225-231) regulan sus requisitos de lugar, tiempo y forma, y el régimen de invalidez (nulidad, anulabilidad, irregularidad) y de subsanación. Desde la Ley Orgánica 14/2022 son inhábiles el mes de agosto y el período del 24 de diciembre al 6 de enero. El correcto cómputo de plazos y la práctica de actuaciones fuera de la sede judicial son competencias de aplicación diaria para el Cuerpo de Auxilio Judicial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?
Son inhábiles sábados, domingos, festivos nacionales, autonómicos y locales, todo el mes de agosto y del 24 de diciembre al 6 de enero (LO 14/2022), salvo actuaciones declaradas urgentes por las leyes procesales; en la instrucción penal todos los días y horas son hábiles (art. 184 LOPJ). Las horas hábiles son de 8:00 a 20:00 (art. 182 LOPJ y art. 130 LEC), salvo disposición legal en contrario o habilitación de horas inhábiles cuando concurra causa urgente. El término es el momento concreto (día y hora) para una actuación; el plazo es el periodo dentro del cual debe realizarse un acto; ambas categorías se distinguen conceptualmente en la LEC/LOPJ. Los plazos por días se computan excluyendo los inhábiles, contando solo días hábiles (salvo que la ley diga expresamente que se cuentan naturales); los plazos por meses o años se cuentan de fecha a fecha, sin excluir festivos. El plazo comienza a correr, con carácter general, al día siguiente de la notificación, citación o emplazamiento; si es plazo común, al día siguiente de la última notificación practicada. Los plazos son improrrogables, salvo interrupción por fuerza mayor apreciada por el tribunal; cesada la fuerza mayor, la parte dispone del mismo plazo original, computado desde que cesó el impedimento. La preclusión es la pérdida definitiva de la oportunidad de realizar un acto por transcurso del plazo, sin necesidad de declaración expresa, dando paso a la fase siguiente del proceso. El castellano es la lengua oficial de las actuaciones judiciales (art. 231 LOPJ), sin perjuicio del derecho a usar también la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, sin exigir traducción cuando la actuación deba surtir efecto dentro de ese territorio. Son nulos de pleno derecho (art. 238 LOPJ) los actos con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, los realizados bajo violencia o intimidación, los que prescindan de normas esenciales del procedimiento con indefensión, los realizados sin abogado preceptivo y las vistas sin intervención del LAJ. La anulabilidad (infracción sin indefensión, o indefensión que no encaja en las causas tasadas) requiere impugnación de la parte perjudicada, a diferencia de la nulidad de pleno derecho, que puede apreciarse de oficio. La irregularidad procesal es la infracción de una forma no esencial que no invalida el acto si cumplió su finalidad; es la categoría de menor gravedad y su tratamiento habitual es la mera advertencia o corrección. El principio de conservación (arts. 242 LOPJ y 230 LEC) y la subsanación de defectos (arts. 243 LOPJ y 231 LEC) exigen procurar la corrección de defectos antes de anular la actuación, cuando se manifieste voluntad de cumplir los requisitos legales. El incidente excepcional de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ) cabe frente a resoluciones firmes por vulneración de un derecho fundamental del art. 53.2 CE, con plazo de 20 días y máximo de 5 años. Documentar con precisión el día, la hora y el lugar en que se practica una diligencia, y respetar la habilitación de días y horas inhábiles en asuntos urgentes, condiciona directamente el trabajo diario del Cuerpo de Auxilio Judicial. Novedad: la LO 14/2022 declaró inhábil el período del 24 de diciembre al 6 de enero (además de agosto), en lugar de solo los días 24 y 31 de diciembre. Es un error típico dar por válida la regla antigua. Trampa: la falta de competencia territorial no es causa de nulidad de pleno derecho del art. 238 LOPJ; solo la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. El plazo de gracia del art. 135 LEC permite presentar escritos por vía electrónica hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento. La preclusión (art. 136 LEC) opera sin necesidad de declaración expresa, y el LAJ dicta la diligencia de ordenación para dar al proceso el curso que corresponda. Art. 238 LOPJ: seis causas de nulidad (jurisdicción/competencia, violencia o intimidación, normas esenciales con indefensión, abogado preceptivo, vistas sin LAJ, otros casos legales).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), arts. 182-185, 229-233 y 238-243.
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea (inhabilidad del 24 de diciembre al 6 de enero).
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 129, 129 bis, 130-136, 142-147 y 225-231.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo (convalidado: BOE-A-2024-665).
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