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Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La jurisdicción: Jueces y Magistrados. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Organización y funciones.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El Poder Judicial es único y se ejerce por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). Su gobierno corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional garante de la independencia judicial (art. 122 CE), compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales. El Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, actúa según los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a la legalidad y la imparcialidad (art. 124 CE). El acceso a ambas carreras se articula mediante oposición libre y formación reglada, aunque se encuentra pendiente de reforma el Proyecto de Ley Orgánica de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, en tramitación en las Cortes Generales.

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El Poder Judicial: fundamento (art. 117.1 CE)

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; estas cuatro notas configuran el estatuto constitucional básico de todo Juez o Magistrado. El Título VI CE (arts. 117-127) regula el Poder Judicial: principios (117), colaboración con la justicia (118), justicia gratuita (119), publicidad, oralidad y motivación (120), error judicial (121), CGPJ (122), Tribunal Supremo (123), Ministerio Fiscal (124), jurado y acción popular (125), Policía Judicial (126) y régimen de incompatibilidades (127).

La potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE)

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan; nadie puede ser juzgado por un órgano no predeterminado legalmente (derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, art. 24.2 CE). Los órdenes jurisdiccionales son el civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar.

Prohibición de funciones distintas de las jurisdiccionales (art. 117.4 CE)

Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

Unidad jurisdiccional y jurisdicción militar (art. 117.5 CE)

El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales; la ley regula el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución; quedan prohibidos los Tribunales de excepción (art. 117.6).

Principios de la actuación judicial (arts. 120, 125 y 126 CE)

Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública (art. 120). Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado (art. 125; LO 5/1995). La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente (art. 126). Todos están obligados a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto (art. 118).

Justicia gratuita (art. 119 CE)

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar; desarrollado por la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que reconoce el derecho a determinados colectivos con independencia de recursos económicos (víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos).

Error judicial y funcionamiento anormal (art. 121 CE)

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley (arts. 292 y ss. LOPJ). Es un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, distinto de la responsabilidad personal del Juez.

El CGPJ: naturaleza (art. 122.2 CE)

Órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, con jurisdicción en todo el territorio nacional; su creación responde a la necesidad de sustraer el gobierno de la judicatura de la órbita del Poder Ejecutivo, como garantía de la independencia judicial. Su estatuto orgánico y las funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, se regulan por ley orgánica (art. 122.2 CE; Libro VIII LOPJ, arts. 558 y ss.). No ejerce funciones jurisdiccionales y sus acuerdos son recurribles ante la Sala Tercera del TS.

Composición del CGPJ (art. 122.3 CE)

Compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y 20 vocales nombrados por el Rey por un periodo de 5 años: 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, y 8 entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión: 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado, por mayoría de 3/5 de sus miembros. En la actualidad los 12 vocales de procedencia judicial son también designados por las Cámaras (6 el Congreso y 6 el Senado, por 3/5), entre los candidatos presentados por jueces y asociaciones judiciales (art. 567 LOPJ). El CGPJ se renueva en su totalidad cada cinco años desde su constitución (art. 568 LOPJ). El Consejo actual se constituyó en julio de 2024 y eligió Presidenta del TS y del CGPJ a Isabel Perelló Doménech.

Nombramiento del Presidente del CGPJ (art. 586 LOPJ)

El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es elegido por el Pleno del Consejo por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre miembros de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y que reúnan las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o juristas de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión; es nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno (art. 123.2 CE). Su mandato coincide con el del Consejo (5 años).

El CGPJ en funciones: limitación de facultades (LO 4/2021)

Cuando el Consejo se encuentre en funciones por expiración de su mandato sin haberse producido su renovación, la LO 4/2021, de 29 de marzo, restringe sus facultades de nombramiento de determinados altos cargos judiciales (como los Magistrados del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala o de TSJ y de Audiencia Provincial), limitándolas a los actos de mera gestión ordinaria. La LO 4/2013 había modificado el modelo de elección de los vocales de procedencia judicial.

Funciones del CGPJ (art. 560 LOPJ)

Entre otras atribuciones: proponer el nombramiento del Presidente del TS y del CGPJ y de dos Magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.1 CE); nombrar al Vicepresidente del TS, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales; proponer o realizar los nombramientos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados; selección y formación a través de la Escuela Judicial; informar con carácter preceptivo los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten a la organización judicial, el estatuto de Jueces y Magistrados y el procesal o penal; aprobar el proyecto de presupuesto del propio Consejo; ejercer la potestad reglamentaria en el ámbito de sus atribuciones; elaborar estadística y estudios; y resolver los recursos contra sus propios acuerdos.

Estructura interna del CGPJ

Se organiza en Pleno (órgano supremo, integrado por el Presidente y los 20 vocales), Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión de Igualdad, Comisión de Calificación, Comisión de Estudios e Informes y las demás comisiones legalmente previstas o creadas reglamentariamente, con funciones delegadas del Pleno. Cuenta además con órganos técnicos, entre los que destacan el Servicio de Inspección, el Promotor de la Acción Disciplinaria y el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

Categorías de la carrera judicial (art. 299 LOPJ)

La carrera judicial se integra por las categorías de Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. Ascenso a Magistrado (art. 311 LOPJ): de cada cuatro vacantes en la categoría de Magistrado, dos se cubren por ascenso de los Jueces por antigüedad, la tercera mediante pruebas selectivas entre jueces (en los órdenes civil y penal, y de especialización en contencioso-administrativo, social, mercantil y violencia sobre la mujer), y la cuarta por concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional (cuarto turno).

Independencia judicial: garantías

Se garantiza mediante la inamovilidad (no separación, suspensión, traslado ni jubilación sino por causas y garantías legales, art. 117.2 CE), la reserva de jurisdicción, la exclusividad de la función jurisdiccional y el sometimiento único a la ley; el Juez es independiente respecto de todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial (art. 12 LOPJ). Quien se considere inquietado o perturbado en su independencia debe ponerlo en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal (art. 14 LOPJ). La jubilación forzosa de Jueces y Magistrados se produce a los 70 años, con posibilidad de prolongar la permanencia hasta los 72 (art. 386 LOPJ).

Incompatibilidades y prohibiciones de Jueces y Magistrados (art. 127 CE)

Los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que asegurará la total independencia de los mismos. Las actividades mercantiles, y otras, están vedadas por el art. 389 LOPJ, con excepciones como la docencia e investigación jurídica.

Responsabilidad de Jueces y Magistrados

Pueden incurrir en responsabilidad civil (por daños causados con dolo o culpa, exigible tras sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso), penal (por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de sus funciones) y disciplinaria (por incumplimiento de sus deberes). Las faltas disciplinarias son leves, graves y muy graves: las leves se sancionan con advertencia o multa de hasta 500 euros, las graves con multa de 501 a 6.000 euros y las muy graves con suspensión (hasta tres años), traslado forzoso o separación del servicio (art. 420 LOPJ). Se tramitan conforme al procedimiento correspondiente; la iniciativa disciplinaria corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria.

El Ministerio Fiscal: misión (art. 124.1 CE)

Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Según el art. 2 de su Estatuto Orgánico (Ley 50/1981), es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Entre sus funciones destacan velar por el respeto de los derechos fundamentales, ejercer las acciones penales y civiles, intervenir en el proceso penal y dirigir la investigación de determinados delitos, proteger a los menores y a las personas con discapacidad e intervenir en los procesos constitucionales de amparo.

Principios de actuación del Ministerio Fiscal (art. 124.2 CE)

Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad; a diferencia de los Jueces, que actúan con independencia individual, el Fiscal actúa integrado en una organización jerárquica, lo que le permite recibir instrucciones del superior, aunque puede discrepar de ellas por escrito conforme al procedimiento previsto en su Estatuto Orgánico.

El Fiscal General del Estado (art. 124.4 CE; arts. 29 y 31 EOMF)

Es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ, entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión; antes de su nombramiento, el candidato puede comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. Su mandato dura cuatro años y no es renovable (salvo que hubiera ostentado el cargo menos de dos años). Antes de ese plazo cesa únicamente por petición propia, incompatibilidad o prohibición, incapacidad o enfermedad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o porque cese el Gobierno que lo propuso. En diciembre de 2025 fue nombrada Fiscal General del Estado Teresa Peramato, en sustitución de Álvaro García Ortiz.

Organización del Ministerio Fiscal

Fiscalía General del Estado (con el Fiscal General, el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala y la Inspección Fiscal); Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; Fiscalía ante el Tribunal Supremo; Fiscalía de la Audiencia Nacional; Fiscalías Especiales (Antidroga, contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada); Fiscalías de las Comunidades Autónomas; Fiscalías Provinciales; y Fiscalías de Área. Existen además Fiscales de Sala especialistas (violencia sobre la mujer, menores, medio ambiente, extranjería y otros). España participa en la Fiscalía Europea (EPPO) con Fiscales Europeos Delegados.

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981)

Regula la organización, funciones y estatuto personal de los miembros de la carrera fiscal, garantizando sus derechos y deberes, así como el régimen disciplinario propio de la carrera fiscal, distinto del de la carrera judicial. Fue modificada de forma sustancial por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, y su Reglamento fue aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo.

Ingreso ordinario en la carrera judicial

Se produce mediante oposición libre entre Licenciados o Graduados en Derecho, seguida de un curso teórico y práctico de selección impartido por la Escuela Judicial, órgano dependiente del CGPJ con sede en Barcelona (art. 301 LOPJ); superado el curso, se produce el nombramiento como Juez. También ingresan en la categoría de Magistrado juristas de reconocida competencia en la forma y proporción establecidas por la ley.

Ingreso ordinario en la carrera fiscal

Análogo al judicial: oposición libre (convocatoria conjunta con la judicial en su primera fase) seguida de un curso teórico y práctico impartido por el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia; superado el curso, se produce el nombramiento como Fiscal.

El cuarto turno de acceso a la categoría de Magistrado (art. 311 LOPJ)

Permite el ingreso directo en la categoría de Magistrado, mediante concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación previsto en el art. 301.5 LOPJ; se reserva a este turno una de cada cuatro vacantes de la categoría.

Promoción interna en la carrera judicial

El ascenso a Magistrado se produce, con carácter general, por antigüedad dentro de la categoría de Juez, o por el turno de especialistas (pruebas selectivas de especialización en órdenes concretos: mercantil, contencioso-administrativo, social, violencia sobre la mujer, menores, vigilancia penitenciaria).

Reforma en tramitación: ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal

El Gobierno remitió a las Cortes Generales en 2025 un Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que supera la enmienda a la totalidad de PP y Vox y continúa su tramitación parlamentaria. Prevé modernizar las pruebas de acceso (con una prueba escrita), blindar por ley las becas de preparación, incorporar un cuarto turno para fiscales y un proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. A la fecha de esta revisión no consta su publicación en el BOE, por lo que las reglas vigentes siguen siendo las descritas.

Diferencia entre inamovilidad e independencia

La independencia protege al Juez frente a instrucciones, presiones o injerencias en el ejercicio de la función jurisdiccional; la inamovilidad es la garantía instrumental que impide su cese, suspensión, traslado o jubilación fuera de los casos y garantías legalmente previstos.

El Ministerio Fiscal y su relación con el Poder Ejecutivo

Aunque el Fiscal General del Estado es nombrado a propuesta del Gobierno, el Ministerio Fiscal no depende del Ejecutivo: es un órgano con relevancia constitucional propia (art. 124 CE), integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, sujeto en su actuación a los principios de legalidad e imparcialidad. El Gobierno puede interesar del Fiscal General que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en defensa del interés público (art. 8 EOMF), sin poder darle instrucciones concretas sobre los casos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 117.1 CE configura el estatuto constitucional del Juez sobre cuatro notas: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento único al imperio de la ley.
  • La potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales predeterminados por la ley; no caben Tribunales de excepción (unidad jurisdiccional, art. 117.5 y 117.6 CE).
  • El error judicial y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado (art. 121 CE).
  • El CGPJ tiene 21 miembros: Presidente (que lo es también del TS) + 20 Vocales (12 jueces/magistrados + 8 juristas de reconocida competencia con 15+ años), elegidos por 3/5 de cada Cámara para un mandato de 5 años; se renueva en su totalidad cada cinco años.
  • El Presidente del TS y del CGPJ es elegido por el Pleno del CGPJ por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre Magistrados del TS con condiciones de Presidente de Sala o juristas con más de 25 años de ejercicio, y nombrado por el Rey.
  • La LO 4/2021 limita las facultades de nombramiento del CGPJ en funciones (mandato expirado sin renovación) a los actos de mera gestión ordinaria.
  • El CGPJ se organiza en Pleno (órgano supremo), Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión de Igualdad y demás comisiones legal o reglamentariamente previstas.
  • La carrera judicial se integra por tres categorías (art. 299 LOPJ): Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez; de cada cuatro vacantes de Magistrado, dos por antigüedad, una por pruebas selectivas y una por el cuarto turno (juristas con más de 10 años).
  • Independencia (frente a otros poderes e injerencias) e inamovilidad (no cabe cesar, suspender ni trasladar a un Juez salvo por causa legal) son garantías distintas pero complementarias del estatuto judicial. Jubilación forzosa a los 70 años (prolongable hasta los 72).
  • Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos ni desempeñar otros cargos públicos (art. 127 CE); las actividades mercantiles están vedadas por el art. 389 LOPJ.
  • La responsabilidad de Jueces y Magistrados puede ser civil (dolo o culpa), penal y disciplinaria, cada una con su propio procedimiento. Faltas leves: advertencia o multa hasta 500 euros; graves: multa de 501 a 6.000; muy graves: suspensión hasta 3 años, traslado forzoso o separación.
  • El Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2 EOMF), promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público (art. 124.1 CE) y actúa según los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.
  • El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído (no vinculante) el CGPJ, entre juristas con más de 15 años de ejercicio; su mandato es de 4 años, no renovable, y cesa también cuando cesa el Gobierno que lo propuso.
  • La organización territorial del Ministerio Fiscal va desde la Fiscalía General del Estado hasta las Fiscalías Provinciales y de Área, pasando por las Fiscalías ante el TS, el TC, la Audiencia Nacional y las CC.AA.
  • El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, modificada por la Ley 24/2007) regula su organización, funciones y estatuto personal, con régimen disciplinario propio distinto del judicial.
  • El ingreso ordinario en ambas carreras (judicial y fiscal) es por oposición libre entre Licenciados/Graduados en Derecho, seguida de curso selectivo en la Escuela Judicial (CGPJ, Barcelona) o el Centro de Estudios Jurídicos (Ministerio de Justicia), respectivamente.
  • El cuarto turno (art. 311 LOPJ) permite el ingreso como Magistrado, por concurso, a juristas con más de 10 años de ejercicio profesional que superen un curso de formación.
  • Aunque el Fiscal General del Estado se nombra a propuesta del Gobierno, el Ministerio Fiscal no depende del Poder Ejecutivo: sujeto a legalidad e imparcialidad, con autonomía funcional.
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Según el art. 117.1 CE, la justicia se administra por Jueces y Magistrados que son:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Auxilio Judicial?

El Poder Judicial es único y se ejerce por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). Su gobierno corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional garante de la independencia judicial (art. 122 CE), compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales. El Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, actúa según los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a la legalidad y la imparcialidad (art. 124 CE). El acceso a ambas carreras se articula mediante oposición libre y formación reglada, aunque se encuentra pendiente de reforma el Proyecto de Ley Orgánica de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, en tramitación en las Cortes Generales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

El art. 117.1 CE configura el estatuto constitucional del Juez sobre cuatro notas: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento único al imperio de la ley. La potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales predeterminados por la ley; no caben Tribunales de excepción (unidad jurisdiccional, art. 117.5 y 117.6 CE). El error judicial y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado (art. 121 CE). El CGPJ tiene 21 miembros: Presidente (que lo es también del TS) + 20 Vocales (12 jueces/magistrados + 8 juristas de reconocida competencia con 15+ años), elegidos por 3/5 de cada Cámara para un mandato de 5 años; se renueva en su totalidad cada cinco años. El Presidente del TS y del CGPJ es elegido por el Pleno del CGPJ por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre Magistrados del TS con condiciones de Presidente de Sala o juristas con más de 25 años de ejercicio, y nombrado por el Rey. La LO 4/2021 limita las facultades de nombramiento del CGPJ en funciones (mandato expirado sin renovación) a los actos de mera gestión ordinaria. El CGPJ se organiza en Pleno (órgano supremo), Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión de Igualdad y demás comisiones legal o reglamentariamente previstas. La carrera judicial se integra por tres categorías (art. 299 LOPJ): Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez; de cada cuatro vacantes de Magistrado, dos por antigüedad, una por pruebas selectivas y una por el cuarto turno (juristas con más de 10 años). Independencia (frente a otros poderes e injerencias) e inamovilidad (no cabe cesar, suspender ni trasladar a un Juez salvo por causa legal) son garantías distintas pero complementarias del estatuto judicial. Jubilación forzosa a los 70 años (prolongable hasta los 72). Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos ni desempeñar otros cargos públicos (art. 127 CE); las actividades mercantiles están vedadas por el art. 389 LOPJ. La responsabilidad de Jueces y Magistrados puede ser civil (dolo o culpa), penal y disciplinaria, cada una con su propio procedimiento. Faltas leves: advertencia o multa hasta 500 euros; graves: multa de 501 a 6.000; muy graves: suspensión hasta 3 años, traslado forzoso o separación. El Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2 EOMF), promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público (art. 124.1 CE) y actúa según los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído (no vinculante) el CGPJ, entre juristas con más de 15 años de ejercicio; su mandato es de 4 años, no renovable, y cesa también cuando cesa el Gobierno que lo propuso. La organización territorial del Ministerio Fiscal va desde la Fiscalía General del Estado hasta las Fiscalías Provinciales y de Área, pasando por las Fiscalías ante el TS, el TC, la Audiencia Nacional y las CC.AA. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, modificada por la Ley 24/2007) regula su organización, funciones y estatuto personal, con régimen disciplinario propio distinto del judicial. El ingreso ordinario en ambas carreras (judicial y fiscal) es por oposición libre entre Licenciados/Graduados en Derecho, seguida de curso selectivo en la Escuela Judicial (CGPJ, Barcelona) o el Centro de Estudios Jurídicos (Ministerio de Justicia), respectivamente. El cuarto turno (art. 311 LOPJ) permite el ingreso como Magistrado, por concurso, a juristas con más de 10 años de ejercicio profesional que superen un curso de formación. Aunque el Fiscal General del Estado se nombra a propuesta del Gobierno, el Ministerio Fiscal no depende del Poder Ejecutivo: sujeto a legalidad e imparcialidad, con autonomía funcional.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 117 a 127 (Título VI) y art. 159.1.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), arts. 12-14, 292 ss., 299-311, 386-389, 405-427 y Libro VIII (arts. 558-642, CGPJ).
  • Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la LOPJ para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, modificada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, y Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal.
  • Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, XV Legislatura, 121/000059), en tramitación.

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