Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Organización administrativa española: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales. La Administración periférica del Estado. Los Delegados de Gobierno en la Comunidad Autónoma y los Subdelegados de Gobierno. La Secretaria de Estado de Justicia: Principales competencias.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El Título IV CE y la Ley 50/1997, del Gobierno, junto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, articulan un Gobierno colegiado presidido por el Presidente, un escalón directivo interno (Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales) y una Administración periférica dirigida por los Delegados y Subdelegados del Gobierno. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes alberga la Secretaría de Estado de Justicia, órgano superior que coordina con las Comunidades Autónomas y ordena, planifica y apoya la Administración de Justicia, y de la que dependen los centros directivos competentes en medios personales, transformación digital y modernización del servicio público de Justicia. Las novedades a octubre de 2026 incluyen la paridad mínima del 45% en el Consejo de Ministros (LO 2/2024) y la estructura orgánica básica del Ministerio (RD 1009/2023 y RD 204/2024).
El art. 97 CE atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1). Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3). En octubre de 2026 el Gobierno de la XV Legislatura, presidido por Pedro Sánchez, cuenta con tres Vicepresidencias y 22 Departamentos ministeriales.
Responsabilidad solidaria y dirección presidencial (art. 98.2 CE)
El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión; el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108). El Presidente representa al Gobierno, convoca y preside el Consejo de Ministros, propone el nombramiento y cese de los Ministros, refrenda los actos del Rey y puede proponer la disolución de las Cámaras. Es la figura central del sistema (parlamentarismo racionalizado o canciller).
La investidura del Presidente del Gobierno (art. 99 CE)
Tras cada renovación del Congreso, o en los demás supuestos constitucionalmente previstos (dimisión, fallecimiento, pérdida de la confianza), el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, que expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara. Se requiere mayoría absoluta en primera votación o, de no conseguirse, la mayoría simple 48 horas después en segunda votación; si tras las votaciones no se obtiene la mayoría, se tramitan nuevas propuestas. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Otorgada la confianza, el Rey nombra Presidente al candidato.
La cuestión de confianza (art. 112 CE)
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general; la confianza se entiende otorgada cuando vote a su favor la mayoría simple de los Diputados. Si el Congreso niega su confianza, el Gobierno presenta su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno conforme al art. 99 (art. 114.1). La cuestión de confianza es una iniciativa del Gobierno, a diferencia de la moción de censura.
La moción de censura constructiva (art. 113 CE)
El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura. Debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. No puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación; en los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción no es aprobada, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Si es aprobada, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato incluido en la moción se entiende investido de la confianza de la Cámara; el Rey lo nombra Presidente (art. 114.2).
Cese del Gobierno y Gobierno en funciones (art. 101 CE; art. 21 Ley 50/1997)
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución (cuestión de confianza denegada, moción de censura aprobada) o por dimisión o fallecimiento del Presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. El Gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo urgencia debidamente acreditada o razones de interés general, cualquier otra medida; no puede, entre otras cosas, plantear la cuestión de confianza, proponer la disolución de las Cámaras, aprobar el proyecto de Presupuestos Generales ni remitir a las Cortes proyectos de ley.
La disolución de las Cámaras (art. 115 CE)
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey; el decreto de disolución fija la fecha de las elecciones. No procede cuando esté en trámite una moción de censura, ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, salvo lo previsto en el art. 99.5 CE, ni mientras estén declarados los estados de alarma, excepción o sitio (art. 116.5). Las elecciones se celebran entre 30 y 60 días desde la terminación del mandato (art. 68.6); la LOREG fija el día 54 desde la convocatoria.
Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE; LO 4/1981)
Alarma: declarada por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso; su prórroga requiere autorización del Congreso. Excepción: declarada por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, con una duración máxima de 30 días, prorrogable por otros 30. Sitio: lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno. No cabe disolver el Congreso durante su vigencia y las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no estuvieren en periodo de sesiones. El funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado no puede interrumpirse.
Responsabilidad criminal y control de los actos del Gobierno (arts. 102 y 106 CE)
La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102.1); si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de los supuestos del art. 102. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (art. 106.1). El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107 CE; LO 3/1980).
Principios de la Administración Pública (art. 103 CE)
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1). Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley; la ley regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (art. 103.3). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana (art. 104).
El Consejo de Ministros: composición y funcionamiento
Órgano colegiado del Gobierno, compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso y los Ministros; se reúne habitualmente con periodicidad semanal, bajo secreto de sus deliberaciones (art. 5 Ley 50/1997, del Gobierno), documentándose sus acuerdos en actas. El Rey puede presidirlo cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno, a efectos de ser informado de los asuntos de Estado (art. 62.g CE). La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, modificó la Ley 50/1997 para exigir una presencia equilibrada: cada sexo debe suponer como mínimo el 45% del conjunto de titulares de Vicepresidencias y Ministerios. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios prepara los asuntos que se someten al Consejo de Ministros.
Funciones del Consejo de Ministros
Aprueba los proyectos de ley y los remite al Congreso o, en su caso, al Senado; aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; aprueba los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos; acuerda la negociación y firma de tratados internacionales; declara los estados de alarma y excepción (este último, previa autorización del Congreso) y propone al Congreso la declaración del estado de sitio; ejerce la potestad reglamentaria mediante reales decretos que no corresponda a otro órgano; nombra y separa a altos cargos (Subsecretarios, Directores Generales, Delegados del Gobierno); y ejerce cuantas otras atribuciones le confieren la Constitución y las leyes.
Las Comisiones Delegadas del Gobierno
Órganos de coordinación de la actividad de varios Departamentos ministeriales afectados por una misma materia, creadas, modificadas y suprimidas por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta de su Presidente (art. 6 Ley 50/1997); preparan las decisiones que corresponde adoptar al Consejo de Ministros sobre las materias comunes a varios Ministerios. Las preside el Presidente del Gobierno o el miembro del Gobierno que designe.
Órganos superiores y órganos directivos de la AGE (Ley 40/2015)
Son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado; son órganos directivos los Subsecretarios y Secretarios Generales, los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales, y los Subdirectores Generales, todos ellos con competencias eminentemente ejecutivas y de gestión. Los órganos superiores establecen los planes de actuación y los directivos desarrollan y ejecutan. La estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales se fija por Real Decreto (hoy, el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, modificado, entre otros, por el Real Decreto 945/2025, de 21 de octubre), y la de cada Ministerio se desarrolla por su propio Real Decreto.
Los Ministros
Jefes superiores del Departamento, titulares de la potestad reglamentaria en su ámbito mediante Orden Ministerial, superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado (en su caso) y responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en su sector de actividad; son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno y deben prestar juramento o promesa. Pueden existir Ministros sin cartera, con responsabilidades gubernamentales no adscritas a un Departamento concreto. La potestad reglamentaria de los Ministros se ejerce en las materias propias de su Departamento, en los términos que establezca la ley, y se manifiesta en Órdenes Ministeriales.
Los Secretarios de Estado
Órganos superiores encargados de la dirección y coordinación de las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, así como de la ejecución de la política sectorial del Gobierno en un área determinada de actividad de un Ministerio. Dependen del Ministro, ostentan rango inmediatamente inferior y pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros cuando se les convoque. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno o del Ministro de cuyo Departamento dependan (art. 15 Ley 50/1997). No son miembros del Gobierno.
Los Subsecretarios
Ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes (asuntos jurídicos, gestión de personal, informática, publicaciones, inspección de servicios) y ejercen las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y de los demás órganos directivos que dependan directamente de ella. Se nombran por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales del subgrupo A1.
Los Secretarios Generales Técnicos
Órganos directivos responsables inmediatos, bajo la supervisión del Subsecretario, de la producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones del Ministerio, con rango de Director General.
Los Directores Generales y Subdirectores Generales
Los Directores Generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio; les corresponde proponer proyectos para conseguir los objetivos fijados, dirigir y supervisar las Subdirecciones Generales de su Dirección General y realizar el seguimiento y control de sus actividades. Se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 (salvo excepciones motivadas). Los Subdirectores Generales son órganos directivos encargados de la ejecución de proyectos y objetivos previamente definidos y de la gestión ordinaria de los asuntos propios de la competencia de la Subdirección General, bajo la supervisión del Director General.
La Administración periférica del Estado
Regulada en el Capítulo IV del Título II de la Ley 40/2015 (arts. 70 y ss.), se articula en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, con la finalidad de representar al Gobierno en el territorio, dirigir y supervisar los servicios territoriales de los distintos Ministerios y coordinar la Administración General del Estado con la de las CC.AA. y las Entidades Locales. Los servicios territoriales de la AGE en la Comunidad Autónoma se organizan en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno (art. 71 Ley 40/2015).
Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas (art. 154 CE; arts. 72-73 Ley 40/2015)
Dirigen la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinan, cuando proceda, con la Administración propia de aquella (art. 154 CE). Son órganos directivos con rango de Subsecretario, dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia, y son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 72).
Funciones de los Delegados del Gobierno (art. 73 Ley 40/2015)
Representan al Gobierno en el territorio; protegen el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana, dirigiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su ámbito territorial (a través de los Subdelegados del Gobierno), en los términos de la LO 2/1986; dirigen y supervisan los servicios territoriales integrados en la Delegación; comunican y reciben cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma; y mantienen las relaciones de cooperación con la Administración autonómica y local. Informan al Gobierno sobre el funcionamiento de los servicios y son el cauce de comunicación con la Comunidad.
Los Subdelegados del Gobierno en las provincias (art. 74 Ley 40/2015)
En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma existe un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, nombrado por el Delegado mediante libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como subgrupo A1.
CCAA uniprovinciales y Directores insulares
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales no existe Subdelegado del Gobierno y el Delegado del Gobierno asume sus competencias salvo que expresamente se disponga otra cosa; en las islas puede existir un Director Insular de la Administración General del Estado (art. 70 Ley 40/2015), que depende jerárquicamente del Delegado o del Subdelegado y ejerce en su ámbito las competencias atribuidas a los Subdelegados.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Secretaría de Estado de Justicia: encuadre orgánico
La Administración de Justicia, en lo que depende del Poder Ejecutivo, se gestiona desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Real Decreto 1009/2023, estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, que desarrolla la del Ministerio). La Secretaría de Estado de Justicia es un órgano superior del Departamento, al que corresponde, bajo la superior dirección del titular del Ministerio, la coordinación y colaboración con las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el servicio de Justicia; la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la Fiscalía; la participación en las relaciones del Ministerio con los órganos de gobierno del CGPJ, el Ministerio Fiscal y los responsables de Justicia de las Comunidades Autónomas; y la promoción e iniciativa de proyectos normativos en las materias de su competencia. De ella dependen la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia (con rango de Subsecretaría) y, según la estructura vigente, las Direcciones Generales del Servicio Público de Justicia, de Transformación Digital de la Administración de Justicia, de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos.
Competencia sobre anteproyectos legislativos
Corresponde a la Secretaría de Estado de Justicia impulsar la preparación de los anteproyectos legislativos en materia de organización judicial, procesal y de estatuto de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en coordinación con el resto de órganos del Ministerio (las normas con rango de ley que se hayan impulsado en los últimos años incluyen la LO 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia).
Ordenación de los medios personales y materiales
Ejerce, a través de sus centros directivos, la política de personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial: selección, provisión de puestos, retribuciones y régimen disciplinario en su ámbito) y la ordenación de los medios materiales y humanos en los territorios donde el Estado conserva las competencias no transferidas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla). Los Letrados de la Administración de Justicia forman un Cuerpo Superior Jurídico dependiente del Ministerio.
Relación con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado
Mantiene las relaciones institucionales del Ministerio de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado, en el marco de la colaboración interinstitucional necesaria para la modernización y el buen funcionamiento del servicio público de Justicia.
Coordinación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas
Coordina la actuación del Ministerio con las Comunidades Autónomas que tienen transferidos los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia (Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja y Asturias), garantizando la homogeneidad del sistema judicial en todo el territorio nacional. Esta coordinación se articula, entre otros, a través de la Conferencia Sectorial de Justicia, con ocasión, por ejemplo, de la implantación escalonada de los Tribunales de Instancia en 2025 y 2026.
La modernización tecnológica de la Oficina judicial
Impulsa la implantación y desarrollo del expediente judicial electrónico, la sede judicial electrónica y los sistemas de gestión procesal, en el marco del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), órgano de cooperación entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y las CC.AA. con competencias transferidas, regulado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Diferencia entre Secretaría de Estado de Justicia y Consejo General del Poder Judicial
La Secretaría de Estado de Justicia forma parte del Poder Ejecutivo y gestiona los medios materiales, personales y tecnológicos de la Administración de Justicia (salvo lo transferido a las CC.AA.), mientras que el CGPJ, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, se ocupa del estatuto y carrera de Jueces y Magistrados y de la garantía de su independencia. Del Ministerio de Justicia dependen los Letrados y los demás Cuerpos de funcionarios; de los Jueces, el CGPJ.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso y Ministros (art. 98.1 CE); responde solidariamente ante el Congreso de su gestión política (art. 108 CE). Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado (art. 97 CE).
Investidura (art. 99 CE): mayoría absoluta en primera votación o simple 48 horas después; si pasan dos meses desde la primera votación sin candidato investido, el Rey disuelve las Cámaras (refrendo del Presidente del Congreso).
Cuestión de confianza (art. 112 CE): la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso; se otorga por mayoría simple. Moción de censura constructiva (art. 113 CE): mayoría absoluta, propuesta por al menos el 10% de los Diputados con un candidato alternativo; no se vota hasta pasados 5 días, con 2 primeros días para mociones alternativas.
El Presidente puede proponer la disolución (art. 115 CE), salvo que esté en trámite una moción de censura, no haya pasado un año desde la anterior disolución o estén vigentes los estados de alarma, excepción o sitio.
Estados excepcionales (art. 116 CE): la alarma la declara el Gobierno (15 días máximo, prórroga con autorización del Congreso); la excepción, el Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + 30); el sitio, el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno.
El Gobierno cesante continúa en funciones limitándose al despacho ordinario de asuntos y no puede plantear cuestión de confianza, proponer la disolución ni remitir proyectos de ley (art. 21 Ley 50/1997).
La responsabilidad criminal del Presidente y de los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 CE).
El Consejo de Ministros se reúne bajo secreto de sus deliberaciones (art. 5 Ley 50/1997) y aprueba proyectos de ley, decretos-leyes, decretos legislativos y declara los estados de alarma y excepción. Desde la LO 2/2024, cada sexo debe suponer al menos el 45% de Vicepresidencias y Ministerios.
Las Comisiones Delegadas del Gobierno se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente, para coordinar materias que afectan a varios Departamentos.
Son órganos superiores de la AGE los Ministros y Secretarios de Estado; son órganos directivos los Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales (Ley 40/2015). Los Secretarios de Estado no son miembros del Gobierno.
Los Ministros ejercen la potestad reglamentaria de su Departamento mediante Orden Ministerial; pueden existir Ministros sin cartera.
Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes (asuntos jurídicos, personal, informática, inspección de servicios).
Los Delegados del Gobierno en las CC.AA. (art. 154 CE; art. 72 Ley 40/2015) tienen rango de Subsecretario, se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno y dependen orgánicamente del Presidente y funcionalmente del Ministerio competente.
Los Delegados del Gobierno dirigen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio para garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno.
Los Subdelegados del Gobierno (art. 74 Ley 40/2015), con nivel de Subdirector General, son nombrados por libre designación del Delegado entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 y dependen del Delegado.
En las CC.AA. uniprovinciales sin Subdelegado, el Delegado asume directamente esas competencias; en las islas puede haber Director Insular (art. 70 Ley 40/2015).
La Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; RD 204/2024) coordina con las CC.AA., ordena, planifica y apoya la Administración de Justicia y la Fiscalía y promueve los proyectos normativos de su ámbito.
La política de personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia se gestiona desde el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las competencias transferidas a las CC.AA.
El CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, Ley 18/2011) coordina la modernización tecnológica entre Ministerio, CGPJ, Fiscalía y CC.AA. con competencias transferidas.
La Secretaría de Estado de Justicia (Poder Ejecutivo, gestiona medios) no debe confundirse con el CGPJ (órgano constitucional que gobierna el estatuto y carrera de Jueces y Magistrados).
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El estado de excepción es declarado:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Auxilio Judicial?
El Título IV CE y la Ley 50/1997, del Gobierno, junto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, articulan un Gobierno colegiado presidido por el Presidente, un escalón directivo interno (Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales) y una Administración periférica dirigida por los Delegados y Subdelegados del Gobierno. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes alberga la Secretaría de Estado de Justicia, órgano superior que coordina con las Comunidades Autónomas y ordena, planifica y apoya la Administración de Justicia, y de la que dependen los centros directivos competentes en medios personales, transformación digital y modernización del servicio público de Justicia. Las novedades a octubre de 2026 incluyen la paridad mínima del 45% en el Consejo de Ministros (LO 2/2024) y la estructura orgánica básica del Ministerio (RD 1009/2023 y RD 204/2024).
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
El Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso y Ministros (art. 98.1 CE); responde solidariamente ante el Congreso de su gestión política (art. 108 CE). Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado (art. 97 CE). Investidura (art. 99 CE): mayoría absoluta en primera votación o simple 48 horas después; si pasan dos meses desde la primera votación sin candidato investido, el Rey disuelve las Cámaras (refrendo del Presidente del Congreso). Cuestión de confianza (art. 112 CE): la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso; se otorga por mayoría simple. Moción de censura constructiva (art. 113 CE): mayoría absoluta, propuesta por al menos el 10% de los Diputados con un candidato alternativo; no se vota hasta pasados 5 días, con 2 primeros días para mociones alternativas. El Presidente puede proponer la disolución (art. 115 CE), salvo que esté en trámite una moción de censura, no haya pasado un año desde la anterior disolución o estén vigentes los estados de alarma, excepción o sitio. Estados excepcionales (art. 116 CE): la alarma la declara el Gobierno (15 días máximo, prórroga con autorización del Congreso); la excepción, el Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + 30); el sitio, el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. El Gobierno cesante continúa en funciones limitándose al despacho ordinario de asuntos y no puede plantear cuestión de confianza, proponer la disolución ni remitir proyectos de ley (art. 21 Ley 50/1997). La responsabilidad criminal del Presidente y de los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 CE). El Consejo de Ministros se reúne bajo secreto de sus deliberaciones (art. 5 Ley 50/1997) y aprueba proyectos de ley, decretos-leyes, decretos legislativos y declara los estados de alarma y excepción. Desde la LO 2/2024, cada sexo debe suponer al menos el 45% de Vicepresidencias y Ministerios. Las Comisiones Delegadas del Gobierno se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente, para coordinar materias que afectan a varios Departamentos. Son órganos superiores de la AGE los Ministros y Secretarios de Estado; son órganos directivos los Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales (Ley 40/2015). Los Secretarios de Estado no son miembros del Gobierno. Los Ministros ejercen la potestad reglamentaria de su Departamento mediante Orden Ministerial; pueden existir Ministros sin cartera. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes (asuntos jurídicos, personal, informática, inspección de servicios). Los Delegados del Gobierno en las CC.AA. (art. 154 CE; art. 72 Ley 40/2015) tienen rango de Subsecretario, se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno y dependen orgánicamente del Presidente y funcionalmente del Ministerio competente. Los Delegados del Gobierno dirigen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio para garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno (art. 74 Ley 40/2015), con nivel de Subdirector General, son nombrados por libre designación del Delegado entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 y dependen del Delegado. En las CC.AA. uniprovinciales sin Subdelegado, el Delegado asume directamente esas competencias; en las islas puede haber Director Insular (art. 70 Ley 40/2015). La Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; RD 204/2024) coordina con las CC.AA., ordena, planifica y apoya la Administración de Justicia y la Fiscalía y promueve los proyectos normativos de su ámbito. La política de personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia se gestiona desde el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las competencias transferidas a las CC.AA. El CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, Ley 18/2011) coordina la modernización tecnológica entre Ministerio, CGPJ, Fiscalía y CC.AA. con competencias transferidas. La Secretaría de Estado de Justicia (Poder Ejecutivo, gestiona medios) no debe confundirse con el CGPJ (órgano constitucional que gobierna el estatuto y carrera de Jueces y Magistrados).
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Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Título IV (arts. 97-107), arts. 108-116 y art. 154.
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE-A-1997-25336), modificada por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), Título II (Administración General del Estado), arts. 70 a 74 sobre administración periférica.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE-A-2023-24842), modificado por el Real Decreto 945/2025, de 21 de octubre.
Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (BOE-A-2024-3790).
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
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