Tema 15. Libertad sindical. El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según la Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de huelga. Salud y prevención de riesgos laborales.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La libertad sindical (art. 28.1 CE) y el derecho de huelga (art. 28.2 CE) son derechos fundamentales reconocidos también a los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia (art. 496 LOPJ), con las peculiaridades propias de la función pública. Se desarrollan en la LO 11/1985 de Libertad Sindical, en el TREBEP (representación y negociación colectiva del personal funcionario, Juntas y Delegados de Personal) y en la Ley 9/1987 en lo no derogado (procedimiento electoral); la huelga se rige por el Real Decreto-ley 17/1977 y la doctrina del Tribunal Constitucional; la salud laboral, por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos de desarrollo.
Los sindicatos en la Constitución: arts. 7, 28.1 y 37 CE
El art. 7 CE atribuye a los sindicatos y asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, y exige que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos. El art. 28.1 CE reconoce el derecho de todos a sindicarse libremente: comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, el de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas, y la libertad negativa (nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato). El art. 37.1 CE garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral. Los derechos del art. 28 son fundamentales y gozan de la máxima protección (reserva de ley orgánica, recurso de amparo y procedimiento preferente y sumario).
Límites subjetivos de la libertad sindical
El art. 28.1 CE dispone que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y que regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. En consecuencia, los funcionarios de la Administración de Justicia gozan plenamente de la libertad sindical, con las peculiaridades que fija la legislación de función pública.
Exclusión de Jueces, Magistrados y Fiscales (art. 127 CE)
El art. 127 CE dispone que los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y encomienda a la ley establecer el sistema y modalidades de asociación profesional. De este modo se protegen su independencia e imparcialidad. Los funcionarios de los Cuerpos del Libro VI de la LOPJ y los LAJ no están afectados por esta prohibición.
La Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS)
La LO 11/1985, de 2 de agosto, desarrolla el art. 28.1 CE. Reconoce el derecho de los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos, a fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, ejercer la actividad sindical (incluida la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos y la presentación de candidaturas para los órganos de representación) y formar confederaciones y afiliarse a organizaciones sindicales internacionales. Garantiza la protección frente a la discriminación por razón de afiliación o actividad sindical y la tutela judicial frente a conductas antisindicales (procedimiento preferente y sumario).
Sindicatos más representativos y representativos (arts. 6 y 7 LOLS)
Tienen la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal los que acrediten una especial audiencia (10% o más del total de delegados de personal, miembros de comités de empresa y representantes de los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas) y, en el ámbito de una Comunidad Autónoma, los que alcancen el 15% con un mínimo de 1.500 representantes; también los sindicatos federados o confederados a los anteriores. Son sindicatos representativos los que obtengan, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10% o más de los representantes. Esta condición determina la legitimación para negociar, participar en los órganos de las Administraciones, la capacidad representativa y el derecho a crear secciones sindicales.
Secciones sindicales y delegados sindicales
Los afiliados pueden constituir secciones sindicales en la empresa o centro de trabajo, y los sindicatos con representación en los órganos unitarios tienen derecho a delegados sindicales en los centros de más de 250 trabajadores (art. 10 LOLS). Tienen derecho a un tablón de anuncios, a recaudar cuotas y a reunirse en los locales, y a un crédito de horas mensuales para sus funciones.
Los derechos colectivos de los funcionarios de Justicia (art. 496 LOPJ)
El art. 496 LOPJ reconoce a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, como derechos colectivos: a) la libre asociación profesional; b) la libre sindicación; c) la actividad sindical; y d) el derecho de huelga, en los términos de la legislación general del Estado para los funcionarios públicos, garantizándose el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia.
Órganos de representación del personal funcionario (TREBEP)
Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (art. 39 TREBEP). En las unidades electorales con un censo igual o superior a 6 e inferior a 50 funcionarios, la representación corresponde a los Delegados de Personal: uno hasta 30 funcionarios y tres de 31 a 49. En las unidades con 50 o más funcionarios se constituyen Juntas de Personal. En la Administración de Justicia las Juntas de Personal son, con carácter general, de ámbito provincial.
Composición de las Juntas de Personal
El número de miembros de la Junta de Personal depende del censo de la unidad electoral (de 5 miembros en las unidades de 50 a 75 funcionarios hasta un máximo de 75 miembros en las muy numerosas). Los Delegados de Personal ejercen mancomunadamente la representación cuando son varios. El número de representantes se fija según la escala del art. 39 TREBEP.
Funciones de las Juntas y los Delegados de Personal (art. 40 TREBEP)
Entre otras: recibir información sobre la política de personal, la evolución de las retribuciones, la evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y los programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones, los planes de formación del personal y la implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informadas de las sanciones impuestas por faltas muy graves; conocer estadísticas sobre absentismo y accidentes en acto de servicio; y vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo, ejercitando las acciones legales oportunas.
Garantías de la función representativa (art. 41 TREBEP)
Los miembros de las Juntas y los Delegados de Personal disponen, en el ejercicio de su función, de garantías: acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, no ser discriminados ni sancionados durante el mandato ni en el año siguiente por razón de su actuación representativa, expresar con libertad sus opiniones en las materias propias de su representación y publicar y distribuir información sindical, y un crédito de horas mensuales retribuidas.
Duración del mandato y elecciones (art. 42 TREBEP y Ley 9/1987)
El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Las elecciones se rigen por el TREBEP y, en lo no derogado por éste, por la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Sistema electoral y procedimiento
Las Juntas y los Delegados de Personal se eligen mediante sufragio personal, libre, directo y secreto, pudiendo emitirse el voto por correo. Las candidaturas las presentan los sindicatos (o coaliciones de sindicatos) o los grupos de funcionarios que reúnan los avales exigidos. En las Juntas de Personal se aplica un sistema proporcional con listas cerradas y las listas que no hayan obtenido como mínimo el 5% de los votos no tienen derecho a representantes. El proceso comienza con la comunicación de la promoción electoral a la oficina pública competente, con una antelación mínima de un mes y máxima de tres, y se desarrolla ante mesas electorales.
Representatividad en la negociación colectiva: las Mesas de negociación
La negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los empleados públicos se realiza en las Mesas de Negociación, generales y sectoriales, conforme al Capítulo IV del Título III del TREBEP. En el ámbito de la Administración de Justicia existen la Mesa Sectorial de Justicia (Ministerio de Justicia) y las de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas. Están legitimados para negociar los sindicatos más representativos y los que cuenten con el 10% de los representantes en el ámbito de la Mesa. Las Mesas son distintas de los órganos unitarios de representación (Juntas y Delegados).
El derecho de huelga: art. 28.2 CE
El art. 28.2 CE reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y remite a la ley que lo regule el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Es un derecho fundamental, de titularidad individual y ejercicio colectivo.
Normativa reguladora: Real Decreto-ley 17/1977
A falta de ley orgánica específica, sigue rigiendo el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en lo no derogado ni declarado inconstitucional por la STC 11/1981, de 8 de abril. La huelga debe comunicarse a la autoridad laboral y al empresario con un preaviso de cinco días naturales, ampliado a diez cuando afecte a servicios públicos. Para los empleados públicos, el art. 15 del TREBEP reconoce el derecho de huelga con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales.
Servicios mínimos y servicios esenciales
La Administración fija los servicios mínimos que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, entendiendo por tales los que satisfacen derechos o bienes constitucionalmente protegidos (STC 26/1981). En Justicia se protegen actuaciones inaplazables que garantizan la tutela judicial efectiva (art. 24 CE): medidas cautelares urgentes, habeas corpus, guardias, causas con detenidos o presos preventivos, medidas de protección de menores y víctimas, y actuaciones que de no realizarse causarían daños irreparables. Los servicios mínimos deben ser motivados y proporcionados; la resolución puede someterse a control jurisdiccional por la vía contencioso-administrativa (incluido el procedimiento preferente y sumario de protección de derechos fundamentales).
Titularidad del derecho de huelga
Son titulares del derecho de huelga los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial (art. 496 LOPJ), con sujeción a los servicios mínimos de cada convocatoria. No lo son los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 6.8 LO 2/1986) ni de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los Jueces, Magistrados y Fiscales, el art. 127 CE les prohíbe pertenecer a sindicatos y la LOPJ no les reconoce el derecho de huelga.
La prevención de riesgos laborales: marco normativo
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) se aplica al personal civil de las Administraciones Públicas (art. 3), con las adaptaciones previstas en su normativa de desarrollo, entre otras el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación a la Administración General del Estado, y el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997). El art. 495 LOPJ reconoce a los funcionarios de Justicia el derecho a recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, con evaluación de riesgos, planes de emergencia y servicios de prevención.
Derecho a una protección eficaz y deberes de la Administración
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud (art. 14 LPRL), que implica evaluar los riesgos de cada puesto, planificar la actividad preventiva, informar y formar a los trabajadores (arts. 18 y 19), actuar ante el riesgo grave e inminente (art. 21), vigilar periódicamente la salud (art. 22, en general voluntaria) y proteger a los trabajadores especialmente sensibles y la maternidad (arts. 25 y 26).
Principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL)
Evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatir los riesgos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; y dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Reglamentos específicos de interés en la Administración de Justicia
Real Decreto 486/1997 (lugares de trabajo), Real Decreto 488/1997 (equipos con pantallas de visualización de datos, de especial relevancia en las oficinas judiciales) y normativa sobre manipulación de cargas, riesgos psicosociales y agresiones a empleados públicos.
Los Delegados de Prevención (art. 35 LPRL)
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención. Se designan por y entre los representantes del personal (en las unidades con menos de 50 trabajadores, el Delegado de Personal asume esa función, y con 31 a 49 se elige un Delegado de Prevención). En las de 50 a 100 trabajadores hay 2 Delegados de Prevención; 3 de 101 a 500; 4 de 501 a 1.000; 5 de 1.001 a 2.000; 6 de 2.001 a 3.000; 7 de 3.001 a 4.000; y 8 a partir de 4.001.
Los Comités de Seguridad y Salud (art. 38 LPRL)
Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración en materia de prevención. Se constituye en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. Está formado por los Delegados de Prevención y por los representantes de la Administración en número igual al de aquellos, y se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 28.1 CE: todos pueden sindicarse libremente; la ley puede limitar o exceptuar a las Fuerzas o Institutos armados y Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades para los funcionarios; no se puede obligar a afiliarse (libertad negativa).
Art. 127 CE: Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos. Los funcionarios del Libro VI sí pueden sindicarse (art. 496 LOPJ).
LOLS (LO 11/1985, de 2 de agosto): más representativos a nivel estatal con el 10% (15% y mínimo 1.500 representantes en CCAA); representativos con el 10% en su ámbito; delegados sindicales en centros de más de 250 trabajadores.
Art. 496 LOPJ: libre asociación profesional, libre sindicación, actividad sindical y huelga con mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia.
TREBEP art. 39: Delegados de Personal en unidades de 6 a 49 funcionarios (1 hasta 30; 3 de 31 a 49); Juntas de Personal con 50 o más. Mandato de 4 años, reelegibles (art. 42).
Funciones (art. 40 TREBEP): información sobre política de personal y retribuciones; informe sobre traslado de instalaciones, planes de formación y sistemas de organización; conocer las sanciones por faltas muy graves; vigilancia del cumplimiento de la normativa de condiciones de trabajo, PRL, Seguridad Social y empleo.
Elecciones: sufragio personal, libre, directo y secreto (voto por correo); sistema proporcional; las listas con menos del 5% de votos no obtienen representantes en las Juntas; promoción comunicada a la oficina pública con 1 a 3 meses de antelación.
Negociación colectiva en Mesas generales y sectoriales (TREBEP, Título III, Cap. IV); la Mesa Sectorial de Justicia es el ámbito del Ministerio. No confundir con los órganos de representación (Juntas y Delegados).
Huelga (art. 28.2 CE): remite a la ley el establecimiento de las garantías para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Norma preconstitucional vigente: Real Decreto-ley 17/1977 (interpretado por la STC 11/1981).
Preaviso de huelga: 5 días naturales, 10 si afecta a servicios públicos (RDL 17/1977).
Servicios mínimos: fijados por la Administración, motivados y proporcionados; revisables en la vía contencioso-administrativa. En Justicia: actuaciones inaplazables (cautelares urgentes, habeas corpus, guardias, causas con detenidos).
No tienen derecho de huelga los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas; Jueces, Magistrados y Fiscales tampoco pueden sindicarse (art. 127 CE).
Ley 31/1995 (PRL), aplicable a las Administraciones Públicas (art. 3); art. 495 LOPJ reconoce el derecho a la protección en seguridad y salud.
Principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL): evitar riesgos, evaluar los inevitables, combatir en origen, adaptar el trabajo a la persona, y anteponer la protección colectiva a la individual.
Delegados de Prevención (art. 35): designados por y entre los representantes del personal; 2 en centros de 50 a 100 trabajadores. Comité de Seguridad y Salud (art. 38): paritario, obligatorio con 50 o más trabajadores, reunión trimestral.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Según los principios de la acción preventiva del art. 15 de la Ley 31/1995, ¿qué debe priorizarse?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Auxilio Judicial?
La libertad sindical (art. 28.1 CE) y el derecho de huelga (art. 28.2 CE) son derechos fundamentales reconocidos también a los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia (art. 496 LOPJ), con las peculiaridades propias de la función pública. Se desarrollan en la LO 11/1985 de Libertad Sindical, en el TREBEP (representación y negociación colectiva del personal funcionario, Juntas y Delegados de Personal) y en la Ley 9/1987 en lo no derogado (procedimiento electoral); la huelga se rige por el Real Decreto-ley 17/1977 y la doctrina del Tribunal Constitucional; la salud laboral, por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos de desarrollo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
Art. 28.1 CE: todos pueden sindicarse libremente; la ley puede limitar o exceptuar a las Fuerzas o Institutos armados y Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades para los funcionarios; no se puede obligar a afiliarse (libertad negativa). Art. 127 CE: Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos. Los funcionarios del Libro VI sí pueden sindicarse (art. 496 LOPJ). LOLS (LO 11/1985, de 2 de agosto): más representativos a nivel estatal con el 10% (15% y mínimo 1.500 representantes en CCAA); representativos con el 10% en su ámbito; delegados sindicales en centros de más de 250 trabajadores. Art. 496 LOPJ: libre asociación profesional, libre sindicación, actividad sindical y huelga con mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia. TREBEP art. 39: Delegados de Personal en unidades de 6 a 49 funcionarios (1 hasta 30; 3 de 31 a 49); Juntas de Personal con 50 o más. Mandato de 4 años, reelegibles (art. 42). Funciones (art. 40 TREBEP): información sobre política de personal y retribuciones; informe sobre traslado de instalaciones, planes de formación y sistemas de organización; conocer las sanciones por faltas muy graves; vigilancia del cumplimiento de la normativa de condiciones de trabajo, PRL, Seguridad Social y empleo. Elecciones: sufragio personal, libre, directo y secreto (voto por correo); sistema proporcional; las listas con menos del 5% de votos no obtienen representantes en las Juntas; promoción comunicada a la oficina pública con 1 a 3 meses de antelación. Negociación colectiva en Mesas generales y sectoriales (TREBEP, Título III, Cap. IV); la Mesa Sectorial de Justicia es el ámbito del Ministerio. No confundir con los órganos de representación (Juntas y Delegados). Huelga (art. 28.2 CE): remite a la ley el establecimiento de las garantías para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Norma preconstitucional vigente: Real Decreto-ley 17/1977 (interpretado por la STC 11/1981). Preaviso de huelga: 5 días naturales, 10 si afecta a servicios públicos (RDL 17/1977). Servicios mínimos: fijados por la Administración, motivados y proporcionados; revisables en la vía contencioso-administrativa. En Justicia: actuaciones inaplazables (cautelares urgentes, habeas corpus, guardias, causas con detenidos). No tienen derecho de huelga los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas; Jueces, Magistrados y Fiscales tampoco pueden sindicarse (art. 127 CE). Ley 31/1995 (PRL), aplicable a las Administraciones Públicas (art. 3); art. 495 LOPJ reconoce el derecho a la protección en seguridad y salud. Principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL): evitar riesgos, evaluar los inevitables, combatir en origen, adaptar el trabajo a la persona, y anteponer la protección colectiva a la individual. Delegados de Prevención (art. 35): designados por y entre los representantes del personal; 2 en centros de 50 a 100 trabajadores. Comité de Seguridad y Salud (art. 38): paritario, obligatorio con 50 o más trabajadores, reunión trimestral.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 7, 28, 37 y 127.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): arts. 15 y 31-46 (Título III, Cap. IV).
Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (preceptos vigentes) (BOE-A-1987-14115).
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y sentencias del Tribunal Constitucional 11/1981 y 26/1981.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997; Real Decreto 67/2010, de 29 de enero.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 495 y 496 (BOE-A-1985-12666).
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 6.8.
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