Tema 16. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: juicio ordinario; juicio verbal; procedimientos especiales. Nociones generales de los procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los procesos matrimoniales y al procedimiento monitorio; el requerimiento de pago en el juicio monitorio. Medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional. Nociones generales de jurisdicción voluntaria.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Tras la reforma de la LO 1/2025, acreditar el intento de un medio adecuado de solución de controversias (MASC) es, con las excepciones del art. 5, requisito de procedibilidad para acudir al orden jurisdiccional civil. Superado ese filtro, la LEC 1/2000 articula dos procesos declarativos ordinarios por razón de la materia o la cuantía —el juicio ordinario (más de 15.000 euros o cuantía indeterminada) y el juicio verbal (hasta 15.000 euros y las materias que la ley le asigna)— junto con los procesos especiales del Libro IV (capacidad y medidas de apoyo, filiación, matrimoniales y menores, división de patrimonios, monitorio y cambiario). La Ley 15/2015 regula la jurisdicción voluntaria: expedientes sin contradicción en los que interviene un órgano público (Juez, LAJ, Notario o Registrador) para tutelar derechos e intereses civiles y mercantiles, entre ellos los actos de conciliación.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Título I) regula los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional y exige, como requisito de procedibilidad, acreditar que se ha intentado uno de ellos antes de interponer la demanda en el orden jurisdiccional civil. Entró en vigor, con carácter general, el 3 de abril de 2025 y se aplica a los procesos iniciados a partir de esa fecha. No existe una «Ley 1/2025» distinta: toda la regulación de los MASC está en la LO 1/2025.
Qué se considera un MASC
Se entiende cumplido el requisito si se acude previamente a la mediación (Ley 5/2012), a la conciliación (ante LAJ, notario o registrador), a la opinión neutral de una persona experta independiente, si se formula una oferta vinculante confidencial o si se emplea cualquier otra actividad negociadora reconocida por las leyes, estatales o autonómicas. También se cumple cuando la negociación se desarrolla directamente por las partes, o entre sus abogados bajo sus directrices y con su conformidad, y en los supuestos de Derecho colaborativo.
Naturaleza y alcance del requisito de procedibilidad
Se exige actividad negociadora previa en los procesos declarativos del Libro II y en los procesos especiales del Libro IV de la LEC (incluido el proceso monitorio, con excepción del monitorio europeo y, por regla general, de la fase de ejecución). Con la demanda debe presentarse el documento que acredite el intento de negociación (art. 264.4 LEC): que las partes asistieron a un MASC sin acuerdo, o que una de ellas lo intentó y la otra no respondió. Si en el plazo de treinta días desde la recepción de la solicitud no hay respuesta o no se celebra la primera reunión, el solicitante puede considerar intentada la negociación. La solicitud de negociación interrumpe la prescripción desde la fecha en que consta recibida por la otra parte.
Consecuencias de la falta de acreditación y excepciones
La demanda presentada sin acompañar el documento exigible puede ser inadmitida, tras la posibilidad de subsanación. Conforme al art. 5 de la LO 1/2025 no se exige este requisito, entre otros supuestos, en: la tutela judicial civil de derechos fundamentales; la adopción de medidas del art. 158 del Código Civil (protección de menores); los procesos de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad; los procesos de filiación, paternidad y maternidad; la tutela sumaria de la tenencia o posesión y de demoliciones o derribos de obra; el juicio cambiario; las demandas ejecutivas y las ejecuciones hipotecarias; las medidas cautelares previas a la demanda; los procesos concursales y laborales, y los asuntos en que una de las partes sea una entidad del sector público. En los procesos de familia, el requisito se exige en los contenciosos (por ejemplo, el divorcio), salvo que concurra violencia de género o doméstica.
El juicio ordinario: ámbito por razón de la materia (art. 249.1 LEC)
Se decide en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, entre otras, las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona, a la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (salvo rectificación), a la impugnación de acuerdos sociales adoptados por juntas o asambleas de socios o por órganos colegiados de administración, las que versen sobre competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, y las de condiciones generales de la contratación.
Ámbito del ordinario por razón de la cuantía (art. 249.2 LEC)
Se decide en juicio ordinario toda demanda cuya cuantía exceda de 15.000 euros o cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Este umbral es consecuencia de la LO 1/2025 (que elevó el límite del juicio verbal de 6.000 a 15.000 euros desde el 3 de abril de 2025).
Demanda y fase de alegaciones del juicio ordinario
La demanda (art. 399 LEC) expresa con claridad y precisión los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado, los hechos y fundamentos de derecho, numerados y separados, y la petición (petitum). Con ella se presentan los documentos fundamentales (y el que acredite el intento de MASC, art. 264.4). Admitida la demanda por el LAJ, se da traslado al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles (art. 404 LEC).
Actitudes del demandado
El demandado puede contestar oponiéndose (alegando excepciones procesales o de fondo), allanarse total o parcialmente, no contestar (rebeldía) o reconvenir. En la contestación se alegan también las excepciones procesales, y se articula la prueba documental y pericial.
La rebeldía procesal
La situación de rebeldía no supone allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda (art. 496 LEC): el proceso continúa sin la participación activa del demandado, quien puede personarse en cualquier momento sin que el procedimiento retroceda a trámites ya precluidos.
La reconvención (art. 406 LEC)
Se propone en el escrito de contestación, con los requisitos de forma de la demanda, siempre que exista conexión entre sus pretensiones y las de la demanda principal y el tribunal tenga competencia objetiva para conocer de ella. El actor-reconvenido dispone de veinte días para contestar a la reconvención.
La audiencia previa (arts. 414 y ss. LEC)
Es una comparecencia de las partes con sus abogados, a la que debe asistir el Juez, que persigue: intentar un acuerdo o transacción; resolver las cuestiones procesales que puedan obstar a la prosecución del proceso; fijar los hechos controvertidos y delimitar el objeto del litigio; y proponer y admitir las pruebas. Es esencial en el juicio ordinario y no existe en el verbal.
La vista del juicio y la sentencia en el ordinario
En el acto del juicio se practican las pruebas admitidas (interrogatorio de las partes, documental, pericial, testifical, reconocimiento judicial) y las partes formulan oralmente sus conclusiones. La sentencia se dicta en el plazo de veinte días desde la terminación del juicio (art. 434 LEC). Puede ser estimatoria, desestimatoria o parcialmente estimatoria.
Terminación anormal: allanamiento, desistimiento y transacción
El allanamiento (art. 21 LEC) supone el sometimiento del demandado a la pretensión del actor y da lugar a sentencia condenatoria conforme a lo solicitado, salvo que suponga fraude de ley o perjuicio a terceros. El desistimiento (art. 20 LEC) es la renuncia del actor a continuar el proceso; si el demandado ya ha sido emplazado, requiere su consentimiento. Distíngase de la renuncia a la acción, que sí produce efectos de cosa juzgada. La transacción pone fin al proceso mediante acuerdo de las partes sometido a homologación judicial.
El juicio verbal: ámbito por razón de la materia (art. 250.1 LEC)
Se decide en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, entre otros asuntos: la acción de desahucio de finca por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración del plazo; las que pretendan la recuperación de la posesión de una cosa por quien la haya perdido o el cese de perturbaciones (tutela sumaria de la posesión); la suspensión de obra nueva y la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cosa análoga que amenace ruina; las que soliciten alimentos; y las que pretendan la efectividad de derechos reales inscritos frente a quienes se opongan sin título (art. 41 Ley Hipotecaria). Los procesos matrimoniales y de menores, de familia, siguen el verbal con las especialidades del Libro IV.
Ámbito del verbal por razón de la cuantía (art. 250.2 LEC)
Se decide en juicio verbal toda demanda cuya cuantía no exceda de 15.000 euros y no se refiera a materias reservadas al ordinario. El límite se elevó desde 6.000 euros por la LO 1/2025 (aplicable a demandas presentadas desde el 3 de abril de 2025). Dato muy preguntado y desactualizado en muchos manuales: antes de 2025 el límite era de 6.000 euros.
Tramitación del juicio verbal
Se inicia por demanda sucinta (art. 437 LEC), con identificación de las partes, domicilios, hechos y fundamentos de derecho numerados y la petición. El demandado contesta por escrito en el plazo de diez días hábiles (art. 438 LEC). Contestada la demanda, el tribunal cita a las partes a la vista, en la que se fijan los hechos controvertidos, se proponen y practican las pruebas y las partes formulan conclusiones orales. La sentencia se dicta en los diez días siguientes (art. 447 LEC). No hay audiencia previa. No es preceptiva la intervención de abogado ni procurador en los verbales de cuantía inferior a 2.000 euros (arts. 23 y 31 LEC).
El juicio verbal de desahucio
Puede fundarse en la falta de pago de rentas o cantidades asimiladas o en la expiración del plazo contractual. Admitida la demanda, se requiere al demandado para que en diez días desaloje, pague al actor o comparezca y alegue las razones por las que no debe, total o parcialmente, la cantidad reclamada (art. 440.3 LEC). Puede acumularse la reclamación de rentas. Si el demandado no atiende el requerimiento ni se opone, se dicta decreto dando por terminado el juicio y se fija fecha para el lanzamiento.
La enervación del desahucio y las novedades en materia de vivienda
El arrendatario puede enervar la acción de desahucio por falta de pago pagando o consignando lo debido antes de la vista o del plazo de oposición, salvo que ya hubiera enervado la acción en una ocasión anterior (art. 22.4 LEC). La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, introdujo cautelas adicionales en los desahucios de vivienda habitual (por ejemplo, la acreditación de la condición de gran tenedor y de haber intentado una solución negociada, y la comunicación a los servicios sociales cuando hay situación de vulnerabilidad). Las suspensiones de lanzamientos de hogares vulnerables se han prorrogado por sucesivas normas con rango de ley; conviene consultar su vigencia actual en cada convocatoria.
Los procesos especiales del Libro IV de la LEC: visión de conjunto
El Libro IV (arts. 748 y ss.) regula: los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores; la división judicial de patrimonios (división de la herencia y liquidación del régimen económico matrimonial); el proceso monitorio y el juicio cambiario; y otros procesos especiales. Como regla, estos procesos tienen particularidades de legitimación, competencia, postulación y prueba, y en los de familia y capacidad interviene el Ministerio Fiscal cuando hay menores o personas con discapacidad.
Capacidad: medidas judiciales de apoyo
La Ley 8/2021, de 2 de junio, sustituyó el antiguo proceso de incapacitación por un sistema de medidas de apoyo a las personas con discapacidad: se tramita por el proceso especial de los arts. 756 y ss. LEC cuando hay oposición, o por jurisdicción voluntaria cuando no hay controversia. El Ministerio Fiscal interviene siempre.
Procesos matrimoniales: concepto, competencia y postulación
Tienen por objeto la nulidad del matrimonio, la separación y el divorcio, y la adopción de medidas sobre hijos y régimen económico. Es competente, con carácter general, el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio conyugal (o, si es de violencia sobre la mujer, el juzgado o sección de Violencia sobre la Mujer). La intervención de abogado y procurador es preceptiva, y la del Ministerio Fiscal es obligada cuando hay hijos menores o con discapacidad (art. 749 LEC).
Separación y divorcio contenciosos (arts. 770 y ss. LEC y Código Civil)
Desde la Ley 15/2005 no es necesario alegar causa para la separación (art. 81 CC) ni para el divorcio (art. 86 CC): basta el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo que se acredite riesgo para la vida, integridad física, libertad o indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos. El divorcio no exige separación previa. Se tramitan por el juicio verbal con especialidades: la contestación a la demanda se formula en el plazo de veinte días (art. 753 LEC) y se prevén medidas previas (art. 771: solicitadas antes de la demanda, que debe presentarse en treinta días), provisionales y definitivas.
Separación y divorcio de mutuo acuerdo (art. 777 LEC)
Se formulan por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, con propuesta de convenio regulador (art. 90 CC). Se ratifican ante el Juez; con hijos menores o con discapacidad se oye a los menores con suficiente juicio y se exige el informe del Ministerio Fiscal. Si no hay hijos menores no emancipados ni con medidas judiciales de apoyo, puede formalizarse ante el Letrado de la Administración de Justicia (mediante decreto) o ante Notario (escritura pública), conforme a los arts. 82 y 87 del Código Civil.
El convenio regulador y las medidas sobre hijos
El convenio regulador (art. 90 CC) debe contener, al menos: el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad (guarda y custodia, que puede ser exclusiva o compartida, y régimen de visitas), la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar, la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, la liquidación del régimen económico y, en su caso, la pensión compensatoria. La pensión de alimentos a los hijos menores es irrenunciable e imprescriptible respecto de las necesidades futuras, y el tribunal se pronuncia de oficio sobre ella. El convenio no se aprueba si perjudica gravemente a los hijos o a uno de los cónyuges.
El proceso monitorio: ámbito y presupuestos (art. 812 LEC)
Permite reclamar deudas dinerarias, vencidas y exigibles, de cualquier cuantía (no hay límite máximo), determinadas, cuando se acrediten mediante documentos firmados por el deudor o con su sello, huella o marca, mediante facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, correos electrónicos u otros documentos que, aun creados unilateralmente por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan créditos y deudas en las relaciones de las que se trate, o cuando exista una relación anterior duradera entre las partes. También procede para las deudas de gastos comunes de comunidades de propietarios. Está exceptuado el monitorio europeo del Reglamento (CE) 1896/2006.
Competencia y petición inicial del monitorio
Es competente el Juzgado (Tribunal de Instancia) del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos de requerimiento (art. 813 LEC). La petición inicial se formula en formulario normalizado, sin necesidad de abogado ni procurador, acompañada del documento en que se funda la reclamación. Debe acreditarse el intento de MASC (salvo en el monitorio europeo). Cuando el deudor es consumidor, el órgano judicial controla de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales en que se funda la deuda (art. 815 LEC, reforzado por el Real Decreto-ley 6/2023).
El requerimiento de pago en el monitorio (arts. 815 a 818 LEC)
Admitida la petición, el LAJ requiere al deudor para que en el plazo de veinte días pague al peticionario (acreditándolo ante el tribunal) o comparezca ante el tribunal y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. Si paga, se archivan las actuaciones. El requerimiento y demás actos de comunicación los practica el Cuerpo de Auxilio Judicial o los medios electrónicos cuando procede.
Falta de pago y de oposición: terminación del monitorio (art. 816 LEC)
Si el deudor no paga ni comparece, el LAJ dicta decreto dando por terminado el proceso monitorio y da traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando con su solicitud, sin necesidad de nuevo juicio declarativo. El decreto es título ejecutivo; el acreedor puede reclamar intereses y costas.
Oposición del deudor y transformación del procedimiento (art. 818 LEC)
Si el deudor se opone en plazo, el asunto se resuelve por el juicio que corresponda a la cuantía. Si la cuantía no excede del límite del juicio verbal (15.000 euros), el LAJ dicta decreto de terminación del monitorio y sigue el juicio verbal, dando traslado de la oposición al actor para que la impugne en diez días. Si la cuantía excede de ese límite, el acreedor debe interponer la demanda de juicio ordinario en el plazo de un mes desde el traslado de la oposición; si no lo hace, se sobresee el procedimiento con condena en costas al acreedor. La sentencia que resuelve el juicio posterior tiene efectos de cosa juzgada.
El juicio cambiario
Proceso especial para reclamar el pago de letras de cambio, cheques y pagarés que reúnan los requisitos legales (arts. 819 y ss. LEC). Con el requerimiento de pago se acuerda el embargo preventivo de bienes, y el deudor puede oponerse en el plazo de diez días. No requiere acreditar MASC.
La jurisdicción voluntaria: concepto y régimen general (Ley 15/2015)
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, comprende todos los expedientes que, en materia de Derecho civil y mercantil, requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso (art. 1). No hay demandado sino interesados, y el expediente se inicia por solicitud. Si se formula oposición, el expediente se hace contencioso y las partes deben acudir al juicio declarativo que corresponda. Las resoluciones adoptan forma de auto (Juez) o decreto (LAJ), son apelables y, con carácter general, no producen efectos de cosa juzgada.
Competencia: Jueces, LAJ, Notarios y Registradores
La ley desjudicializó parte de los expedientes: los que impliquen decisión sobre el fondo o afecten a menores o personas con discapacidad quedan reservados al Juez; ciertos expedientes (conciliación, consignación judicial, etc.) corresponden al Letrado de la Administración de Justicia; y otros se atribuyen a Notarios (declaración de herederos abintestato a favor de descendientes, ascendientes o cónyuge, actas de notoriedad y la conciliación notarial) y Registradores (conciliación y expedientes mercantiles).
Los actos de conciliación (arts. 139 y ss. Ley 15/2015)
Tienen por objeto alcanzar un acuerdo para evitar un pleito. Pueden celebrarse ante el LAJ, ante Notario o ante Registrador. Quedan excluidas las materias indisponibles y aquellas en que la ley prohíba transigir. Si hay avenencia, se levanta acta, que tiene valor de título ejecutivo (con eficacia de título para la ejecución, sin necesidad de proceso declarativo previo); si no hay avenencia o el requerido no comparece, se tiene la conciliación por intentada sin efecto. La conciliación es uno de los MASC que permiten cumplir el requisito de procedibilidad.
Papel del Cuerpo de Auxilio Judicial en estos procesos
El personal de Auxilio Judicial practica los actos de comunicación (emplazamientos, citaciones, notificaciones y requerimientos) que exigen desplazamiento: el emplazamiento del demandado en el ordinario y el verbal, la citación a vistas y comparecencias, el requerimiento de pago en el monitorio y el lanzamiento en el desahucio (con la documentación de los Gestores y el auxilio de la fuerza pública cuando es preciso). Los profesionales y las personas jurídicas reciben las comunicaciones por medios electrónicos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LO 1/2025 (en vigor, con carácter general, el 3-4-2025): los MASC son requisito de procedibilidad en el orden civil (art. 5), con excepciones; no existe una «Ley 1/2025» aparte para los MASC.
MASC reconocidos: mediación, conciliación, opinión neutral de experto independiente, oferta vinculante confidencial, negociación directa entre partes o abogados, Derecho colaborativo y otras actividades negociadoras previstas por ley.
El documento acreditativo del intento de MASC se presenta con la demanda (art. 264.4 LEC); si no hay respuesta en 30 días se considera intentado; la solicitud interrumpe la prescripción.
Excepciones al requisito: derechos fundamentales, medidas del art. 158 CC, apoyos a personas con discapacidad, filiación, tutela sumaria de la posesión, juicio cambiario, ejecución, cautelares previas, concursal, laboral y sector público; en familia contenciosa se exige salvo violencia.
Juicio ordinario: cuantía superior a 15.000 euros o indeterminable, y materias del art. 249.1. Juicio verbal: hasta 15.000 euros (límite elevado desde 6.000 por la LO 1/2025) y materias del art. 250.1 (desahucio, tutela sumaria de la posesión, alimentos, etc.).
Plazos: contestación a la demanda, 20 días hábiles en el ordinario y 10 en el verbal; sentencia en 20 días (ordinario) y 10 días (verbal).
La audiencia previa es propia del juicio ordinario; el verbal no la tiene. En el verbal no es preceptiva la postulación por debajo de 2.000 euros.
Allanamiento (art. 21) frente a desistimiento (art. 20): el desistimiento tras el emplazamiento exige consentimiento del demandado; la rebeldía no supone allanamiento.
Desahucio: requerimiento al demandado en 10 días; enervación solo una vez (art. 22.4 LEC); la Ley 12/2023 añadió cautelas en vivienda habitual.
Proceso monitorio: deudas dinerarias vencidas y exigibles de cualquier cuantía; petición sin abogado ni procurador; requerimiento en 20 días; sin pago ni oposición, decreto de terminación y despacho de ejecución.
Oposición en el monitorio: si la cuantía no excede de 15.000 euros, juicio verbal; si la excede, el acreedor debe demandar en un mes, o se sobresee con costas.
Divorcio y separación sin causa desde la Ley 15/2005: tres meses desde el matrimonio (salvo riesgo); mutuo acuerdo con convenio regulador (art. 90 CC); ante LAJ o Notario si no hay hijos menores o con apoyos (arts. 82 y 87 CC).
Intervención del Ministerio Fiscal en los procesos matrimoniales con hijos menores o con discapacidad (art. 749 LEC).
Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria: sin contienda, interesados en vez de partes, no hay cosa juzgada material, y si hay oposición se hace contencioso; Jueces, LAJ, Notarios y Registradores.
Conciliación: ante LAJ, Notario o Registrador; con avenencia, acta con eficacia ejecutiva; sin avenencia, intentada sin efecto.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En el proceso monitorio, ¿qué plazo tiene el deudor para pagar o comparecer alegando razones tras el requerimiento del Letrado de la Administración de Justicia?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 16 de Auxilio Judicial?
Tras la reforma de la LO 1/2025, acreditar el intento de un medio adecuado de solución de controversias (MASC) es, con las excepciones del art. 5, requisito de procedibilidad para acudir al orden jurisdiccional civil. Superado ese filtro, la LEC 1/2000 articula dos procesos declarativos ordinarios por razón de la materia o la cuantía —el juicio ordinario (más de 15.000 euros o cuantía indeterminada) y el juicio verbal (hasta 15.000 euros y las materias que la ley le asigna)— junto con los procesos especiales del Libro IV (capacidad y medidas de apoyo, filiación, matrimoniales y menores, división de patrimonios, monitorio y cambiario). La Ley 15/2015 regula la jurisdicción voluntaria: expedientes sin contradicción en los que interviene un órgano público (Juez, LAJ, Notario o Registrador) para tutelar derechos e intereses civiles y mercantiles, entre ellos los actos de conciliación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?
LO 1/2025 (en vigor, con carácter general, el 3-4-2025): los MASC son requisito de procedibilidad en el orden civil (art. 5), con excepciones; no existe una «Ley 1/2025» aparte para los MASC. MASC reconocidos: mediación, conciliación, opinión neutral de experto independiente, oferta vinculante confidencial, negociación directa entre partes o abogados, Derecho colaborativo y otras actividades negociadoras previstas por ley. El documento acreditativo del intento de MASC se presenta con la demanda (art. 264.4 LEC); si no hay respuesta en 30 días se considera intentado; la solicitud interrumpe la prescripción. Excepciones al requisito: derechos fundamentales, medidas del art. 158 CC, apoyos a personas con discapacidad, filiación, tutela sumaria de la posesión, juicio cambiario, ejecución, cautelares previas, concursal, laboral y sector público; en familia contenciosa se exige salvo violencia. Juicio ordinario: cuantía superior a 15.000 euros o indeterminable, y materias del art. 249.1. Juicio verbal: hasta 15.000 euros (límite elevado desde 6.000 por la LO 1/2025) y materias del art. 250.1 (desahucio, tutela sumaria de la posesión, alimentos, etc.). Plazos: contestación a la demanda, 20 días hábiles en el ordinario y 10 en el verbal; sentencia en 20 días (ordinario) y 10 días (verbal). La audiencia previa es propia del juicio ordinario; el verbal no la tiene. En el verbal no es preceptiva la postulación por debajo de 2.000 euros. Allanamiento (art. 21) frente a desistimiento (art. 20): el desistimiento tras el emplazamiento exige consentimiento del demandado; la rebeldía no supone allanamiento. Desahucio: requerimiento al demandado en 10 días; enervación solo una vez (art. 22.4 LEC); la Ley 12/2023 añadió cautelas en vivienda habitual. Proceso monitorio: deudas dinerarias vencidas y exigibles de cualquier cuantía; petición sin abogado ni procurador; requerimiento en 20 días; sin pago ni oposición, decreto de terminación y despacho de ejecución. Oposición en el monitorio: si la cuantía no excede de 15.000 euros, juicio verbal; si la excede, el acreedor debe demandar en un mes, o se sobresee con costas. Divorcio y separación sin causa desde la Ley 15/2005: tres meses desde el matrimonio (salvo riesgo); mutuo acuerdo con convenio regulador (art. 90 CC); ante LAJ o Notario si no hay hijos menores o con apoyos (arts. 82 y 87 CC). Intervención del Ministerio Fiscal en los procesos matrimoniales con hijos menores o con discapacidad (art. 749 LEC). Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria: sin contienda, interesados en vez de partes, no hay cosa juzgada material, y si hay oposición se hace contencioso; Jueces, LAJ, Notarios y Registradores. Conciliación: ante LAJ, Notario o Registrador; con avenencia, acta con eficacia ejecutiva; sin avenencia, intentada sin efecto.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, Título I (MASC) y reformas de la LEC (BOE-A-2025-76).
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: arts. 20-22, 23, 31, 249-250, 264.4, 399-447, 748-781, 782-811, 812-827.
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE-A-2015-7391).
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad.
Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Código Civil, arts. 81, 82, 86, 87 y 90.
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; Reglamento (CE) 1896/2006 (monitorio europeo).
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (reformas procesales; BOE-A-2023-25758).
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