Tema 20. El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido. Procesos de seguridad social.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), regula el proceso ante los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social del TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, presidido por los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad. Junto al procedimiento ordinario existen modalidades especiales para el despido, la Seguridad Social, los conflictos colectivos y la tutela de derechos fundamentales, siendo preceptivo, con carácter general, un intento de conciliación o mediación previa o una reclamación administrativa previa. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha reformado la LRJS (conciliación o mediación previa, conciliación anticipada y medios adecuados de solución de controversias) para procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025.
Oralidad, inmediación, concentración (reunir en el menor número de actos posible conciliación, contestación, prueba y conclusiones), celeridad, antiformalismo y gratuidad para el trabajador, considerado la parte más débil de la relación controvertida.
Ámbito de conocimiento del orden social
Conoce de conflictos individuales y colectivos entre empresarios y trabajadores derivados del contrato de trabajo, de reclamaciones de Seguridad Social, y de la impugnación de determinados actos administrativos laborales y de Seguridad Social atribuidos expresamente por la ley.
Organización de la jurisdicción social
Juzgados de lo Social (generalidad de asuntos, hoy Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia) — Salas de lo Social de los TSJ (conflictos colectivos y convenios de ámbito autonómico; suplicación) — Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (conflictos colectivos, convenios y despidos colectivos de ámbito superior a una Comunidad Autónoma) — Sala Cuarta del Tribunal Supremo (casación ordinaria y para unificación de doctrina).
Competencia territorial y declinatoria en el proceso laboral
Se determina por el lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado, a elección del trabajador demandante; la falta de competencia se hace valer mediante declinatoria, planteable como cuestión previa al inicio del juicio.
Representación y defensa: postulación flexible
El trabajador puede comparecer por sí mismo sin abogado, procurador ni graduado social; el proceso laboral admite además, como especialidad propia, la representación por graduado social colegiado en lugar de abogado.
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Organismo autónomo que abona a los trabajadores salarios e indemnizaciones pendientes no percibidos por insolvencia o concurso del empresario, con responsabilidad subsidiaria y límites cuantitativos y temporales legalmente tasados.
Intervención del FOGASA como parte procesal
Puede ser llamado al proceso y oponerse a las pretensiones del trabajador cuando considere que las cantidades reclamadas no responden a la realidad de lo adeudado o no concurren los presupuestos de su responsabilidad subsidiaria.
La justicia gratuita legal del trabajador
Los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social gozan del derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden social sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos (art. 2 d de la Ley 1/1996 y art. 21 LRJS), lo que explica su exención de depósitos, tasas y consignaciones para recurrir.
La conciliación previa: obligatoriedad y órganos
Requisito procesal general y obligatorio ante trabajador y empresario privado, celebrado ante el SMAC u órgano autonómico equivalente; su omisión, cuando sea exigible, impide dictar sentencia sobre el fondo.
Efectos de la conciliación previa sobre plazos
La presentación de la solicitud de conciliación o mediación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción desde la fecha de su presentación, reanudándose al día siguiente de intentada la conciliación o mediación, o transcurridos quince días hábiles desde su presentación sin celebrarse (art. 65 LRJS, con la redacción dada por la LO 1/2025).
Materias exceptuadas de conciliación previa
Seguridad Social, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, conciliación de la vida personal y familiar, impugnación de convenios colectivos, y litigios en que sea parte el Estado u otros entes públicos.
La reclamación administrativa previa frente a la Administración
Sustituye a la conciliación cuando la demandada es una Administración Pública; el silencio se entiende como desestimación, quedando expedita la vía judicial social.
El proceso ordinario: demanda, conciliación judicial y juicio
Se inicia por demanda; conciliación (ante el LAJ) y juicio se celebran, con carácter general, en unidad de acto el mismo día, salvo causa justificada de separación.
Contestación oral y ratificación de la demanda
El demandante ratifica o amplía la demanda sin variaciones sustanciales; el demandado contesta oralmente en el acto del juicio, pudiendo allanarse, oponerse o formular reconvención si esta fue anunciada previamente.
Prueba y sentencia en el proceso ordinario
Se practica en el acto único del juicio con plenitud de oralidad, inmediación y contradicción; la sentencia debe dictarse dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio.
El procedimiento por despido: plazo de caducidad
La acción para impugnar un despido disciplinario caduca a los 20 días hábiles siguientes al despido, plazo suspendido por la presentación de la papeleta de conciliación.
Calificación del despido: procedente, improcedente y nulo
Procedente (se acredita el incumplimiento: convalida la extinción sin indemnización); improcedente (no se acredita la causa o hay defectos formales: opción entre readmisión con salarios de tramitación o indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con tope de 24 mensualidades para contratos posteriores al 12/02/2012, art. 56 ET); nulo (discriminación, vulneración de derechos fundamentales y otras causas del art. 55.5 ET: readmisión obligatoria con salarios de tramitación, sin opción).
La opción entre readmisión e indemnización
Corresponde al empresario en el despido improcedente, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia; si el despedido es representante legal o sindical de los trabajadores, la opción corresponde a él y, de no ejercerla, se entiende que opta por la readmisión.
El proceso por despido colectivo: impugnación colectiva e individual
Cabe impugnación colectiva por los representantes (sobre la decisión extintiva global) e impugnación individual por cada trabajador afectado (sobre aspectos personales, como los criterios de selección), suspendiéndose la individual hasta resolver la colectiva.
Procesos de Seguridad Social: reclamación previa y modalidades
Exigen reclamación administrativa previa ante la entidad gestora (INSS, TGSS, etc.), con plazo de resolución de 45 días; denegada expresa o presuntamente, la demanda debe presentarse en el plazo de treinta días. Comprende la impugnación de actos de encuadramiento y recaudación y de resoluciones sobre prestaciones.
El proceso de conflicto colectivo: objeto y legitimación
Resuelve controversias sobre interpretación o aplicación de una norma, convenio o práctica de empresa que afectan a un grupo genérico de trabajadores, sin individualizar a cada afectado; legitimados: sindicatos, asociaciones empresariales, empresarios y Administraciones Públicas.
Efectos de la sentencia colectiva sobre procesos individuales
La sentencia firme del conflicto colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto, vinculando a los tribunales que conozcan de ellos.
Impugnación de convenios colectivos: ilegalidad y lesividad
Por ilegalidad (autoridad laboral, de oficio o a instancia de parte, cuando el convenio conculca la legalidad) o por lesividad (terceros perjudicados no representados en la negociación que sufren un perjuicio grave).
El proceso de tutela de derechos fundamentales: ámbito y Fiscal
Protege los derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la discriminación y el acoso, en el ámbito de las relaciones laborales; el Ministerio Fiscal es siempre parte, con independencia de quién lo promoviera.
Inversión de la carga de la prueba por indicios de discriminación
Cuando de las alegaciones del actor se deduzcan indicios fundados de discriminación o vulneración de un derecho fundamental, corresponde al demandado probar una justificación objetiva, razonable y proporcionada de la medida adoptada.
El recurso de suplicación: resoluciones recurribles y motivos
Recurso ordinario devolutivo ante la Sala de lo Social del TSJ contra sentencias de los Juzgados de lo Social (arts. 190 y ss. LRJS). Procede, en general, cuando la cuantía supere 3.000 euros, y en todo caso en despido, ciertas modalidades de Seguridad Social y tutela de derechos fundamentales. Motivos: reposición de los autos por infracción procesal con indefensión, revisión de hechos probados (solo con prueba documental o pericial) e infracción de norma sustantiva o jurisprudencia. Se anuncia en cinco días y se formaliza en diez.
Depósitos y consignaciones para recurrir
Para recurrir el trabajador está exento de depósitos y consignaciones. El empresario o recurrente que no goce de justicia gratuita debe consignar la cantidad objeto de condena y constituir un depósito (300 euros en suplicación y 600 euros en casación, art. 229 LRJS).
El recurso de casación ordinario laboral
Procede contra sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la Audiencia Nacional, correspondiendo su conocimiento a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo; el objeto es la infracción de normas sustantivas o procesales. Se prepara en plazo de diez días.
El recurso de casación para la unificación de doctrina
Recurso extraordinario específico del orden social que exige una sentencia de contraste, dictada por otra Sala o por el Tribunal Supremo, con identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones pero fallo contradictorio con el recurrido.
Requisitos de la sentencia de contraste
Debe haber ganado firmeza con anterioridad a la sentencia recurrida; la contradicción debe ser sustancial, sin admitirse diferencias circunstanciales ajenas al núcleo de la cuestión jurídica controvertida, valorándose con especial rigor en la admisión.
Disposiciones comunes a suplicación y casación
Carácter devolutivo, exigencia de depósitos y consignaciones (con exenciones para el trabajador), posibilidad de adhesión de la parte recurrida, y tramitación fundamentalmente escrita, prescindiendo habitualmente de vista.
Fuentes reguladoras: Ley 36/2011
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social unificó en un único texto la regulación anteriormente dispersa entre el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y normas complementarias, ampliando notablemente el ámbito competencial del orden social.
Acumulación de acciones y de procesos
El trabajador puede acumular en una misma demanda todas las acciones frente a un mismo demandado siempre que no deban sustanciarse en procedimientos distintos; cabe también acumular procesos ya iniciados con conexión directa entre sí.
El salario de tramitación tras la declaración de improcedencia o nulidad
Cantidad correspondiente a los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia que declara su improcedencia o nulidad. En el despido improcedente solo se abonan si el empresario opta por la readmisión (art. 56 ET); en el nulo, siempre (art. 55.6 ET). Se descuenta lo percibido en otro empleo si el empresario lo prueba, y no se devengan cuando el empresario reconoce la improcedencia y deposita la indemnización en el plazo legal.
Reforma de la LO 1/2025 en la conciliación y la mediación previa
El art. 63 LRJS exige, como requisito previo a la tramitación del proceso, el intento de conciliación o mediación ante el servicio administrativo correspondiente. La LO 1/2025 la integra en los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y admite la conciliación anticipada: el LAJ puede señalar el acto de conciliación en convocatoria separada y anterior al juicio cuando exista posibilidad de acuerdo, de oficio o a instancia de parte. La indemnización por despido pactada en conciliación judicial se declara exenta de IRPF (con los límites legales).
Modalidades procesales de la LRJS
Además del proceso ordinario existen modalidades especiales: despido (art. 103), extinción por causas objetivas (art. 120), despido colectivo (art. 124), movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones (art. 138), vacaciones, conciliación de la vida personal y familiar, Seguridad Social (art. 140), conflictos colectivos (art. 153), impugnación de convenios (art. 163), tutela de derechos fundamentales (art. 177), procesos de oficio (art. 148) y proceso monitorio (art. 101).
Plazos de caducidad y prescripción laborales
Despido y extinción por causas objetivas: 20 días hábiles desde la efectividad. Prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan plazo especial: un año (art. 59 ET). Acción para reclamar prestaciones de Seguridad Social: los plazos de prescripción son los de la normativa de cada prestación. La caducidad no admite interrupción, solo suspensión (por conciliación o mediación previa o reclamación previa).
La capacidad y la legitimación procesal en el orden social
Tienen capacidad procesal los trabajadores mayores de 16 años y los menores de 18 con autorización o emancipación conforme a la legislación laboral. Los sindicatos y asociaciones empresariales pueden defender intereses colectivos y actuar por sus afiliados. Los representantes unitarios o sindicales pueden actuar en nombre de los trabajadores afectados en determinados procesos colectivos.
Aplicación supletoria de la LEC y de la LOPJ
En todo lo no regulado en la LRJS rige con carácter supletorio la Ley de Enjuiciamiento Civil (disposición final cuarta LRJS) y, en materia orgánica, la LOPJ. Esto afecta a los actos de comunicación, cómputo de plazos y recursos, con las especialidades laborales (por ejemplo, el mes de agosto es inhábil salvo para las modalidades procesales que la propia ley declara urgentes, como el despido o la tutela de derechos fundamentales).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El proceso laboral se rige por oralidad, inmediación, concentración, celeridad, antiformalismo y gratuidad para el trabajador (Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social).
El trabajador puede comparecer sin abogado, procurador ni graduado social, o hacerse representar por graduado social colegiado; goza de justicia gratuita legal sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos.
El FOGASA abona salarios e indemnizaciones pendientes por insolvencia o concurso del empresario, con responsabilidad subsidiaria y límites tasados, pudiendo comparecer como parte procesal.
La conciliación previa (ante el SMAC u órgano equivalente) es requisito general antes de demandar, salvo excepciones (Seguridad Social, Administraciones Públicas, movilidad geográfica, entre otras); su presentación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción.
Frente a la Administración, la conciliación se sustituye por reclamación administrativa previa, entendiéndose el silencio como desestimación.
En el proceso ordinario laboral, conciliación (ante el LAJ) y juicio se celebran, con carácter general, en unidad de acto el mismo día; la sentencia debe dictarse en 5 días desde la celebración del juicio.
El plazo de caducidad para demandar por despido es de 20 días hábiles, distinto de los plazos de prescripción de otras acciones laborales.
El despido nulo (discriminación o vulneración de derechos fundamentales) obliga a la readmisión obligatoria con salarios de tramitación, sin opción; el improcedente da opción entre readmisión e indemnización, corresponde al empresario salvo que el despedido sea representante legal o sindical.
La sentencia firme del conflicto colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto.
El recurso de suplicación (ante la Sala de lo Social del TSJ) exige infracción procesal con indefensión, revisión de hechos probados con prueba documental/pericial, o infracción de norma sustantiva; el trabajador está exento de depósitos y consignaciones para recurrir.
El recurso de casación para la unificación de doctrina exige una sentencia de contraste firme, con identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones pero fallo contradictorio.
En materia de Seguridad Social se exige reclamación administrativa previa ante la entidad gestora, con plazo de contestación de 45 días.
La LO 1/2025 reformó el art. 63 LRJS: conciliación o mediación previa, MASC y conciliación anticipada; en vigor desde el 3 de abril de 2025 para procedimientos iniciados desde entonces.
Plazos clave: despido 20 días hábiles (caducidad); reclamación previa en Seguridad Social, 45 días para resolver y 30 días para demandar tras la denegación; conciliación o mediación: 15 días hábiles para reanudar el cómputo; opción en el despido improcedente, 5 días.
Trampa: los salarios de tramitación en el despido improcedente solo se abonan si el empresario opta por la readmisión; en el nulo, siempre. La indemnización del improcedente es de 33 días por año con tope de 24 mensualidades (art. 56 ET).
Trampa: la suplicación exige, en general, cuantía superior a 3.000 euros, salvo en despido, tutela de derechos fundamentales y otros supuestos de acceso directo.
En el recurso de casación para unificación de doctrina la sentencia de contraste puede proceder de otra Sala de lo Social de TSJ o del Tribunal Supremo; no basta la mera similitud.
Depósitos: 300 euros (suplicación) y 600 euros (casación); el trabajador no los hace. Los entes públicos están exentos de depósitos.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué requisito previo sustituye a la conciliación administrativa en los procesos de Seguridad Social?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 20 de Auxilio Judicial?
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), regula el proceso ante los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social del TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, presidido por los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad. Junto al procedimiento ordinario existen modalidades especiales para el despido, la Seguridad Social, los conflictos colectivos y la tutela de derechos fundamentales, siendo preceptivo, con carácter general, un intento de conciliación o mediación previa o una reclamación administrativa previa. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha reformado la LRJS (conciliación o mediación previa, conciliación anticipada y medios adecuados de solución de controversias) para procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025.
¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?
El proceso laboral se rige por oralidad, inmediación, concentración, celeridad, antiformalismo y gratuidad para el trabajador (Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social). El trabajador puede comparecer sin abogado, procurador ni graduado social, o hacerse representar por graduado social colegiado; goza de justicia gratuita legal sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos. El FOGASA abona salarios e indemnizaciones pendientes por insolvencia o concurso del empresario, con responsabilidad subsidiaria y límites tasados, pudiendo comparecer como parte procesal. La conciliación previa (ante el SMAC u órgano equivalente) es requisito general antes de demandar, salvo excepciones (Seguridad Social, Administraciones Públicas, movilidad geográfica, entre otras); su presentación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción. Frente a la Administración, la conciliación se sustituye por reclamación administrativa previa, entendiéndose el silencio como desestimación. En el proceso ordinario laboral, conciliación (ante el LAJ) y juicio se celebran, con carácter general, en unidad de acto el mismo día; la sentencia debe dictarse en 5 días desde la celebración del juicio. El plazo de caducidad para demandar por despido es de 20 días hábiles, distinto de los plazos de prescripción de otras acciones laborales. El despido nulo (discriminación o vulneración de derechos fundamentales) obliga a la readmisión obligatoria con salarios de tramitación, sin opción; el improcedente da opción entre readmisión e indemnización, corresponde al empresario salvo que el despedido sea representante legal o sindical. La sentencia firme del conflicto colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto. El recurso de suplicación (ante la Sala de lo Social del TSJ) exige infracción procesal con indefensión, revisión de hechos probados con prueba documental/pericial, o infracción de norma sustantiva; el trabajador está exento de depósitos y consignaciones para recurrir. El recurso de casación para la unificación de doctrina exige una sentencia de contraste firme, con identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones pero fallo contradictorio. En materia de Seguridad Social se exige reclamación administrativa previa ante la entidad gestora, con plazo de contestación de 45 días. La LO 1/2025 reformó el art. 63 LRJS: conciliación o mediación previa, MASC y conciliación anticipada; en vigor desde el 3 de abril de 2025 para procedimientos iniciados desde entonces. Plazos clave: despido 20 días hábiles (caducidad); reclamación previa en Seguridad Social, 45 días para resolver y 30 días para demandar tras la denegación; conciliación o mediación: 15 días hábiles para reanudar el cómputo; opción en el despido improcedente, 5 días. Trampa: los salarios de tramitación en el despido improcedente solo se abonan si el empresario opta por la readmisión; en el nulo, siempre. La indemnización del improcedente es de 33 días por año con tope de 24 mensualidades (art. 56 ET). Trampa: la suplicación exige, en general, cuantía superior a 3.000 euros, salvo en despido, tutela de derechos fundamentales y otros supuestos de acceso directo. En el recurso de casación para unificación de doctrina la sentencia de contraste puede proceder de otra Sala de lo Social de TSJ o del Tribunal Supremo; no basta la mera similitud. Depósitos: 300 euros (suplicación) y 600 euros (casación); el trabajador no los hace. Los entes públicos están exentos de depósitos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE-A-2011-15936), arts. 1-3, 10, 18, 21, 63-72, 80-113, 120-124, 140-146, 153, 163, 177, 190-229.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76).
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, arts. 33, 55, 56 y 59.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
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