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Tema 9. Violencia contra las mujeres: legislación de protección integral y protocolos de actuación policial.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 9 estudia el marco legal español y navarro de lucha contra la violencia sobre las mujeres, con eje en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760), norma pionera por su enfoque integral (sensibilización, prevención, derechos de las víctimas, tutela institucional, penal y judicial) y por crear órganos judiciales especializados. Se completa con los instrumentos penales y procesales que la aplican (Código Penal, LECrim, Ley 27/2003 de la orden de protección), con el marco internacional y europeo (Convenio de Estambul, Directiva (UE) 2024/1385), con la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, con la Ley Foral 14/2015 de Navarra y con los protocolos de actuación policial (sistema VioGén, valoración policial del riesgo, orden de protección, dispositivos telemáticos), porque el primer contacto institucional de la víctima suele producirse a través de la intervención policial.

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Concepto legal de violencia de género: artículo 1 LO 1/2004

El artículo 1.1 de la LO 1/2004 delimita su objeto: actuar contra la violencia que, «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». El artículo 1.2 fija la finalidad de las medidas de protección integral: prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. El artículo 1.3 precisa que comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Elementos que deben concurrir: sujeto activo hombre, sujeto pasivo mujer, vínculo actual o pasado de matrimonio o análoga relación de afectividad (noviazgo, relación sentimental estable o análoga) y, como fundamento, la manifestación de discriminación y dominio; no se exige convivencia ni que la relación subsista. Trampas de examen: (1) quedan fuera del concepto legal de la LO 1/2004 la violencia ejercida por otros familiares (hijos, hermanos, padres), que es violencia doméstica (art. 173.2 CP), la ejercida por una mujer sobre un hombre y la ejercida en parejas del mismo sexo, sin perjuicio de su protección por otras vías penales; (2) la violencia sexual ejercida por un desconocido, la trata o la mutilación genital no son «violencia de género» en sentido de esta ley, aunque sí violencia contra las mujeres en sentido amplio (Convenio de Estambul, LO 10/2022); (3) la reforma penal que agrava las penas cuando la víctima es mujer pareja o expareja fue declarada conforme con el principio de igualdad por la STC 59/2008, por responder a un mayor desvalor de la conducta en el contexto de la discriminación y dominio.

Marco normativo complementario: Convenio de Estambul, Unión Europea, Pacto de Estado y Navarra

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011), ratificado por España en 2014, adopta un concepto más amplio que la LO 1/2004: violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos y forma de discriminación, que abarca todos los actos de violencia basados en el género (física, sexual, psicológica, económica), con independencia de la relación entre agresor y víctima; se estructura en los ejes de prevención, protección, enjuiciamiento y políticas integradas. En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva (UE) 2024/1385, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, armoniza tipos penales y refuerza la protección y el apoyo a las víctimas; debe ser transpuesta por los Estados miembros en el plazo fijado en la propia directiva (2027). La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, regula la violencia sexual (con el consentimiento como eje del Código Penal; reformada parcialmente por la LO 4/2023, de 27 de abril). El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 con 213 medidas, impulsó reformas como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, que amplió los medios de acreditación de la condición de víctima y reforzó la intervención de las entidades locales. En Navarra, la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, adopta un concepto amplio de violencia (en el ámbito de la pareja, familiar, laboral, comunitario e institucional) y ordena la prevención, atención y coordinación interinstitucional en la Comunidad Foral, con intervención de la Policía Foral, el Instituto Navarro para la Igualdad y los servicios sociales y sanitarios.

Medidas de sensibilización, prevención y detección precoz: Título I LO 1/2004

El Título I de la LO 1/2004 (arts. 3 a 16) desarrolla medidas de sensibilización, prevención y detección precoz en tres ámbitos: el educativo (arts. 4 a 9: principios y valores de igualdad y de resolución pacífica de conflictos en todas las etapas, formación inicial y permanente del profesorado), el de la publicidad y los medios de comunicación (arts. 10 a 14: se considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio) y el sanitario (arts. 15 y 16: protocolos sanitarios, detección precoz y atención a las víctimas). El Título III regula la tutela institucional: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29), el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30), las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 31) y los planes de colaboración y protocolos de actuación (art. 32), que deben ordenar la actuación de las Administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad en la prevención, asistencia y persecución de estos actos. La LO 1/2004 insta también a la formación específica de los cuerpos policiales, incluidos los de las Comunidades Autónomas y los locales.

Derechos de las víctimas: Título II LO 1/2004 y acreditación de la condición de víctima

El Título II (arts. 17 a 28) reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o circunstancia personal, un catálogo de derechos: información (art. 18), asistencia social integral (art. 19: servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad), asistencia jurídica gratuita (art. 20, con defensa y representación gratuitas e inmediatas por abogado especializado), derechos laborales y de Seguridad Social y derechos de las funcionarias públicas, y derechos económicos (ayudas sociales para víctimas con especiales dificultades de empleo y carentes de rentas superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, y acceso preferente a vivienda protegida y residencias públicas). Derechos laborales: reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro, suspensión con reserva de puesto, extinción del contrato con situación legal de desempleo, y consideración de justificadas las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación de violencia. Para las funcionarias existen derechos equivalentes (reducción o reordenación de jornada, movilidad, excedencia). Acreditación: tras el Real Decreto-ley 9/2018, la condición de víctima puede acreditarse no solo mediante sentencia condenatoria u orden de protección, sino también mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, o mediante informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente, de modo que ya no es imprescindible haber presentado denuncia. El servicio telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico, gratuito, confidencial y accesible 24 horas, atiende a las víctimas y no deja rastro en la factura telefónica.

Aspectos penales: tutela penal y tipos específicos

El Título IV de la LO 1/2004 (tutela penal) y reformas posteriores configuraron en el Código Penal un bloque específico de delitos de violencia en el ámbito de la pareja o expareja. El artículo 148.4 CP agrava las lesiones básicas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia (prisión de dos a cinco años). El artículo 153.1 CP tipifica el causar menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad (art. 147.2 CP), o el golpear o maltratar de obra sin causar lesión, cuando la ofendida es o ha sido esposa o mujer ligada por análoga relación (prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, además de las penas accesorias que correspondan). El artículo 171.4 CP castiga las amenazas leves de cualquier clase y el artículo 172.2 CP las coacciones leves, cuando la víctima es o ha sido esposa o mujer con análoga relación de afectividad; error típico de examen: las coacciones leves de este ámbito no están en el 171, sino en el 172.2. A ello se suman los tipos del art. 173.2 (violencia habitual), el delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar (art. 468 CP, con pena de prisión obligatoria cuando la víctima es de las comprendidas en el art. 173.2) y las penas de alejamiento, de prohibición de comunicación y de residencia (art. 48 CP), cuya imposición es obligatoria en los delitos del art. 57.1 cometidos contra las personas del art. 173.2 CP (art. 57.2 CP). La correcta calificación policial de los hechos desde el atestado inicial es determinante para la protección inmediata de la víctima.

El delito de violencia habitual en el ámbito de la pareja: artículo 173.2 CP

El artículo 173.2 CP castiga a quien habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o persona ligada a él por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, y también sobre descendientes, ascendientes o hermanos (por naturaleza, adopción o afinidad) propios o del cónyuge o conviviente, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o estén sujetas a su potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. La pena es de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de uno a cinco años cuando el juez lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad, sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos concretos en que se hubieran materializado los actos de violencia física o psíquica. El artículo 173.3 CP establece cómo apreciar la habitualidad: se atiende al número de actos de violencia que resulten acreditados y a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que la violencia se haya ejercido sobre la misma o sobre diferentes víctimas de las comprendidas en el precepto, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. Trampa de examen: la habitualidad no exige un número mínimo legal de actos; la jurisprudencia suele exigir al menos tres actos en un contexto de dominación, pero el criterio legal es valorativo (número y proximidad).

La razón de género como circunstancia agravante: artículos 22.4.ª y 23 CP

El artículo 22.4.ª del Código Penal incluye entre las circunstancias agravantes cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la aporofobia o exclusión social, la situación familiar, la enfermedad que padezca o su discapacidad. La referencia a las «razones de género» fue incorporada por la LO 1/2015, y no por una reforma de 2022; el propio Código no ofrece una definición legal de las «razones de género», por lo que su apreciación exige que el delito se cometa por esa motivación discriminatoria y no por la mera concurrencia de víctima mujer. La circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 CP (relación de afectividad aun sin convivencia, con carácter de agravante o atenuante según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito) es distinta y compatible, en principio, con la anterior, pero la jurisprudencia evita apreciarla cuando el parentesco o la relación de pareja ya forma parte del tipo penal (por ejemplo, en los tipos específicos de los arts. 148.4, 153 o 173.2 CP), para no incurrir en doble valoración (principio non bis in idem, art. 67 CP).

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: creación y competencias

El Título V de la LO 1/2004 (arts. 43 a 72) crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, órganos judiciales especializados que forman parte del orden jurisdiccional penal y, con carácter excepcional y concurrente, conocen de determinadas materias civiles (art. 87 ter LOPJ). En el orden penal, instruyen las causas por delitos contra la vida, la integridad física y moral, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando se hubieran cometido contra quien sea o haya sido esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad, así como los delitos contra los derechos y deberes familiares cuando la víctima sea alguna de esas personas, y adoptan las medidas de protección y seguridad. El enjuiciamiento de los delitos menos graves corresponde a los Juzgados de lo Penal y el de los graves a las Audiencias Provinciales (que cuentan con secciones especializadas); los delitos leves se enjuician en el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En el orden civil, conocen, cuando concurran los requisitos legales (proceso penal por violencia de género en trámite o resolución de condena o medida de protección vigente, y que alguna de las partes sea víctima y la otra autor, imputado o denunciado), de filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paternofiliales, guarda y custodia, alimentos, adopción, oposición a resoluciones administrativas de protección de menores, etc. El Ministerio Fiscal cuenta con la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer y fiscales delegados especializados. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reorganizado la planta judicial en Tribunales de Instancia: los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer se integran como Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, de forma progresiva y conforme al calendario de implantación (conviene contrastar el estado de la implantación en Navarra).

La orden de protección: artículo 544 ter LECrim y medidas cautelares

La orden de protección se regula en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, y se aplica también a las víctimas de violencia de género (la LO 1/2004 la integra con las medidas judiciales de protección y seguridad del Capítulo IV del Título V). Es una resolución judicial (auto) que, a solicitud de la víctima o de las personas con relación familiar con ella, del Ministerio Fiscal, y de oficio por el juez, y también a través de las entidades u organismos asistenciales públicos o privados, se adopta tras una audiencia urgente con presencia del fiscal que debe celebrarse en el plazo más breve posible y siempre dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la solicitud. Puede solicitarse ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, y también ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas, que deben remitirla de inmediato al juez competente. Permite acumular medidas cautelares penales (art. 544 bis: prohibición de residir, de aproximarse y de comunicar; salida del domicilio; prisión provisional en su caso) y civiles (atribución del uso de la vivienda familiar, guarda y custodia, régimen de visitas, alimentos), con una vigencia de treinta días para las medidas civiles si no se inicia proceso de familia. Una vez acordada, se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género (Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo), se notifica a las partes y a las Administraciones competentes, y es título de acceso a los derechos y prestaciones sociales previstos en la ley. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber de velar por su cumplimiento.

Las Unidades de Valoración Forense Integral y los servicios especializados

La disposición adicional segunda de la LO 1/2004 prevé las Unidades de Valoración Forense Integral, adscritas a los Institutos de Medicina Legal, encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género, coordinando servicios médicos, psicológicos y sociales para emitir informes periciales que aporten al órgano judicial una valoración conjunta de las secuelas físicas y psicológicas y del riesgo. En el ámbito policial, la ley ordena la especialización de unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en prevención de la violencia de género y control de la ejecución de las medidas judiciales (art. 31), con formación específica de sus miembros. En la Administración de Justicia existen también las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, que prestan asistencia y orientación a las víctimas, y las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil como unidades especializadas del Estado, a las que se asimilan, en el ámbito de sus competencias, las unidades específicas de las policías autonómicas y locales.

El sistema VioGén y la valoración policial del riesgo

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), creado en 2007 y coordinado por el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad), es una herramienta informática que centraliza la información sobre denuncias, valoración policial del riesgo, medidas de protección acordadas y seguimiento periódico de cada caso, de modo que cualquier agente de los cuerpos integrados disponga de información actualizada de la víctima y del agresor. Están integrados las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la mayor parte de las policías autonómicas y locales adheridas mediante convenio o protocolo, los Institutos de Medicina Legal, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y las Instituciones Penitenciarias. El instrumento básico es la Valoración Policial del Riesgo (VPR), que se realiza al tomar la denuncia mediante un formulario de indicadores y se completa con la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER) en los seguimientos posteriores. El nivel de riesgo se clasifica en cinco categorías: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, y de él depende la intensidad de la protección policial (frecuencia de contactos y vigilancia, medidas de autoprotección, solicitud de medidas judiciales). El procedimiento vigente se rige por la Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Trampa de examen: la VPR es una valoración policial que no vincula al juez, quien adopta las medidas judiciales conforme a la LECrim y la LO 1/2004; el nivel de riesgo puede revisarse al alza o a la baja con nuevos datos.

La actuación policial de primera intervención en un caso de violencia de género

La actuación policial ante un episodio de violencia de género sigue un orden de prioridades: (1) asistencia y protección inmediata de la víctima y de los menores presentes, incluida la atención sanitaria urgente y el traslado a un lugar seguro; (2) detención, en su caso, del presunto agresor cuando concurran los presupuestos legales (flagrancia, arts. 490 y 492 LECrim; en delitos de violencia de género la detención es obligatoria en caso de flagrancia conforme a los protocolos), con información de sus derechos (art. 520 LECrim, incluida la asistencia letrada); (3) información a la víctima de sus derechos conforme al Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril), en lenguaje comprensible (arts. 4 y 5), con atención específica a su situación (idioma, discapacidad, minoría de edad); (4) toma de denuncia o instrucción del atestado, que puede ser de oficio aunque la víctima no denuncie cuando los agentes presencien hechos delictivos, con recogida de pruebas (lesiones, partes médicos, testigos, grabaciones, mensajes, 112); (5) valoración policial del riesgo (VPR) y asignación del nivel; (6) ofrecimiento de la solicitud de orden de protección y remisión al juzgado de guardia; (7) puesta del detenido a disposición judicial en el plazo máximo legal (art. 17.2 CE: 72 horas) y tramitación como diligencias urgentes (juicio rápido, arts. 795 y ss. LECrim) cuando proceda; (8) coordinación con servicios sanitarios, sociales, Oficina de Asistencia a las Víctimas y servicios de acogida; (9) seguimiento de las medidas. Principios de actuación: evitar la victimización secundaria (no repetir innecesariamente el relato, no interrogar a la víctima delante del agresor, no culpabilizar), trato respetuoso (art. 5.2 LO 2/1986), confidencialidad y protección de datos de la víctima y sus hijos.

Dispositivos telemáticos de control de las medidas de alejamiento

Como refuerzo del cumplimiento de las prohibiciones de aproximación, el sistema español dispone de dispositivos telemáticos (comúnmente «pulseras antimaltrato»): el agresor porta un dispositivo localizador y la víctima un terminal receptor, y un centro de control (Servicio de Control Telemático de Medidas de Alejamiento, conocido como sistema Cometa, bajo la responsabilidad del Ministerio de Igualdad) alerta de la aproximación o del incumplimiento y permite activar la intervención policial inmediata. Su imposición requiere resolución judicial expresa, como medida cautelar (arts. 544 bis y 544 ter LECrim) o como pena (art. 48 CP), valorando la situación de riesgo. Se complementa con el servicio ATENPRO de atención y protección para víctimas mediante teléfono móvil (convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias). El quebrantamiento de la medida o pena constituye delito (art. 468 CP) y justifica la detención.

Distinciones confusas: violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual

Violencia de género (LO 1/2004): hombre contra mujer que es o fue su pareja, con o sin convivencia. Violencia doméstica (art. 173.2 CP, art. 153.2 CP): ejercida sobre cónyuge o pareja cuando el autor es mujer, o sobre descendientes, ascendientes, hermanos, convivientes y personas especialmente vulnerables del núcleo familiar. Violencia sexual (LO 10/2022 y Título VIII del Libro II del Código Penal): atentados contra la libertad e indemnidad sexual, con independencia del vínculo. Violencia contra las mujeres (Convenio de Estambul): concepto genérico de mayor amplitud. Orden de protección: se aplica a todas las víctimas de violencia de género y violencia doméstica del art. 173.2 CP. Juzgados de Violencia sobre la Mujer: competentes para violencia de género y, en su ámbito legal, otros delitos conexos. Quebrantamiento: castigado con pena de prisión en todo caso si la persona protegida es de las del art. 173.2 CP. La clave en las preguntas de examen es identificar sujeto activo, sujeto pasivo y vínculo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760); art. 1: violencia ejercida por el hombre sobre la mujer que es o ha sido su cónyuge o pareja afectiva, con o sin convivencia.
  • Fuera del concepto legal de violencia de género: violencia de la mujer sobre el hombre, en parejas del mismo sexo, familiar (hijos, hermanos, padres) y sexual por extraños; se tratan por violencia doméstica (art. 173.2 CP) o los delitos sexuales.
  • Enfoque integral de la LO 1/2004: sensibilización y prevención (Título I), derechos de las víctimas (Título II), tutela institucional (Título III), tutela penal (Título IV) y tutela judicial (Título V).
  • Título V: Juzgados de Violencia sobre la Mujer con competencia penal y, excepcional y concurrente, civil (art. 87 ter LOPJ); integrados desde la LO 1/2025 como Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia, de forma progresiva.
  • Reformas penales: art. 148.4 CP (lesiones agravadas), art. 153.1 CP (maltrato ocasional), art. 171.4 CP (amenazas leves) y art. 172.2 CP (coacciones leves) con víctima pareja o expareja; las coacciones leves están en el 172.2, NO en el 171.
  • Art. 173.2 CP: violencia habitual (pena de 6 meses a 3 años); la habitualidad (art. 173.3) se aprecia por número de actos y proximidad temporal, hayan sido o no enjuiciados.
  • Agravante de razones de género: art. 22.4.ª CP (incorporada por la LO 1/2015, no por una reforma de 2022); distinta y compatible, en principio, con la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP, salvo doble valoración.
  • Penas de alejamiento y prohibición de comunicación (art. 48 CP): obligatorias en los delitos del art. 57.1 contra las personas del art. 173.2 CP (art. 57.2 CP); el quebrantamiento (art. 468 CP) implica pena de prisión.
  • Orden de protección (art. 544 ter LECrim, Ley 27/2003): auto judicial tras audiencia urgente dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud; reúne medidas penales y civiles; se puede solicitar ante la policía, que debe remitirla de inmediato al juez.
  • Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género (Real Decreto 355/2004): inscribe las órdenes de protección y medidas cautelares.
  • VioGén (2007, Ministerio del Interior): sistema de seguimiento integral; VPR y VPER con cinco niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo; la VPR no vincula al juez (Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad).
  • Acreditación de la condición de víctima: sentencia condenatoria, orden de protección, informe del Fiscal, y tras el Real Decreto-ley 9/2018, también informes de servicios sociales, servicios especializados o de acogida; no se exige denuncia previa.
  • Derechos laborales (Título II): reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro, suspensión con reserva de puesto, extinción con situación legal de desempleo y justificación de ausencias.
  • Pulseras antimaltrato (sistema Cometa): requieren resolución judicial expresa, alertan en tiempo real del incumplimiento de la distancia de seguridad; el servicio ATENPRO complementa la protección mediante teléfono móvil.
  • Convenio de Estambul (2011, ratificado por España en 2014): concepto amplio de violencia contra las mujeres; Directiva (UE) 2024/1385 sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica; LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.
  • Navarra: Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, con concepto amplio de violencia y coordinación interinstitucional.
  • Teléfono 016: gratuito, confidencial, 24 horas; no deja rastro en la factura.
  • Fases de la actuación policial: protección inmediata, detención si procede, información de derechos (Ley 4/2015), atestado/denuncia, VPR, ofrecimiento de orden de protección y remisión al juzgado, coordinación y seguimiento; evitar la victimización secundaria.
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¿Ante qué autoridad puede solicitarse una orden de protección de la víctima de violencia de género según el artículo 544 ter LECrim?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 9 estudia el marco legal español y navarro de lucha contra la violencia sobre las mujeres, con eje en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760), norma pionera por su enfoque integral (sensibilización, prevención, derechos de las víctimas, tutela institucional, penal y judicial) y por crear órganos judiciales especializados. Se completa con los instrumentos penales y procesales que la aplican (Código Penal, LECrim, Ley 27/2003 de la orden de protección), con el marco internacional y europeo (Convenio de Estambul, Directiva (UE) 2024/1385), con la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, con la Ley Foral 14/2015 de Navarra y con los protocolos de actuación policial (sistema VioGén, valoración policial del riesgo, orden de protección, dispositivos telemáticos), porque el primer contacto institucional de la víctima suele producirse a través de la intervención policial.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760); art. 1: violencia ejercida por el hombre sobre la mujer que es o ha sido su cónyuge o pareja afectiva, con o sin convivencia. Fuera del concepto legal de violencia de género: violencia de la mujer sobre el hombre, en parejas del mismo sexo, familiar (hijos, hermanos, padres) y sexual por extraños; se tratan por violencia doméstica (art. 173.2 CP) o los delitos sexuales. Enfoque integral de la LO 1/2004: sensibilización y prevención (Título I), derechos de las víctimas (Título II), tutela institucional (Título III), tutela penal (Título IV) y tutela judicial (Título V). Título V: Juzgados de Violencia sobre la Mujer con competencia penal y, excepcional y concurrente, civil (art. 87 ter LOPJ); integrados desde la LO 1/2025 como Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia, de forma progresiva. Reformas penales: art. 148.4 CP (lesiones agravadas), art. 153.1 CP (maltrato ocasional), art. 171.4 CP (amenazas leves) y art. 172.2 CP (coacciones leves) con víctima pareja o expareja; las coacciones leves están en el 172.2, NO en el 171. Art. 173.2 CP: violencia habitual (pena de 6 meses a 3 años); la habitualidad (art. 173.3) se aprecia por número de actos y proximidad temporal, hayan sido o no enjuiciados. Agravante de razones de género: art. 22.4.ª CP (incorporada por la LO 1/2015, no por una reforma de 2022); distinta y compatible, en principio, con la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP, salvo doble valoración. Penas de alejamiento y prohibición de comunicación (art. 48 CP): obligatorias en los delitos del art. 57.1 contra las personas del art. 173.2 CP (art. 57.2 CP); el quebrantamiento (art. 468 CP) implica pena de prisión. Orden de protección (art. 544 ter LECrim, Ley 27/2003): auto judicial tras audiencia urgente dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud; reúne medidas penales y civiles; se puede solicitar ante la policía, que debe remitirla de inmediato al juez. Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género (Real Decreto 355/2004): inscribe las órdenes de protección y medidas cautelares. VioGén (2007, Ministerio del Interior): sistema de seguimiento integral; VPR y VPER con cinco niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo; la VPR no vincula al juez (Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad). Acreditación de la condición de víctima: sentencia condenatoria, orden de protección, informe del Fiscal, y tras el Real Decreto-ley 9/2018, también informes de servicios sociales, servicios especializados o de acogida; no se exige denuncia previa. Derechos laborales (Título II): reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro, suspensión con reserva de puesto, extinción con situación legal de desempleo y justificación de ausencias. Pulseras antimaltrato (sistema Cometa): requieren resolución judicial expresa, alertan en tiempo real del incumplimiento de la distancia de seguridad; el servicio ATENPRO complementa la protección mediante teléfono móvil. Convenio de Estambul (2011, ratificado por España en 2014): concepto amplio de violencia contra las mujeres; Directiva (UE) 2024/1385 sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica; LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Navarra: Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, con concepto amplio de violencia y coordinación interinstitucional. Teléfono 016: gratuito, confidencial, 24 horas; no deja rastro en la factura. Fases de la actuación policial: protección inmediata, detención si procede, información de derechos (Ley 4/2015), atestado/denuncia, VPR, ofrecimiento de orden de protección y remisión al juzgado, coordinación y seguimiento; evitar la victimización secundaria.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760)
  • Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica; Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 544 bis y 544 ter
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículos 22.4.ª, 23, 48, 57, 148.4, 153, 171.4, 172.2, 173.2 y 173.3, 468
  • Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, artículo 87 ter; Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
  • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género
  • Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
  • Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011); Directiva (UE) 2024/1385, de 14 de mayo de 2024
  • Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad (valoración policial del riesgo, sistema VioGén)
  • Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres (Navarra)
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo

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