La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.
El Tema 4 se centra en los recursos de urgencia social, es decir, en el escalón del sistema de servicios sociales pensado para responder de forma inmediata a situaciones graves y sobrevenidas de riesgo para la subsistencia o la integridad de una persona, a diferencia de la atención programada y continuada que corresponde a los servicios sociales generales (objeto del Tema 5). Se abordan tanto el dispositivo específico de urgencias sociales de Navarra como los principales recursos especializados que se activan ante situaciones de emergencia: atención a personas sin hogar, protocolos frente al frío extremo, recursos de acogida para víctimas de violencia de género, atención a menores en desamparo y ayudas económicas puntuales.
Un hilo conductor del tema es el papel de la Policía Foral como frecuente primer interviniente institucional ante situaciones de vulnerabilidad social detectadas en la vía pública, y la importancia de conocer los protocolos de coordinación y derivación con los servicios sociales, sanitarios y las entidades del tercer sector (Cruz Roja, Cáritas y otras) que completan la red de atención de urgencia en el territorio foral.
Se entiende por urgencia social o emergencia social aquella situación sobrevenida, imprevista y de especial gravedad que pone en riesgo inminente la subsistencia, la integridad física o psíquica, o las condiciones mínimas de dignidad de una persona o unidad familiar, y que por su propia naturaleza exige una respuesta institucional inmediata, sin poder esperar a los cauces ordinarios de valoración y tramitación de los servicios sociales generales. Ejemplos característicos son la pérdida súbita de la vivienda (desahucio, incendio), la situación de calle de una persona sin recursos ni red de apoyo, un episodio de violencia de género que obliga a una salida inmediata del domicilio, o la falta absoluta de medios de subsistencia ante un imprevisto grave. La urgencia social se caracteriza, frente a otras necesidades sociales, por la combinación de gravedad, inmediatez y, con frecuencia, imprevisibilidad, lo que justifica la existencia de un dispositivo específico, distinto y complementario del sistema general de servicios sociales.
Diferencia entre urgencia social y servicios sociales generales
La urgencia social y los servicios sociales generales, aunque forman parte de un mismo sistema público de protección social, se diferencian en varios aspectos clave. Los servicios sociales generales prestan una atención programada, de base territorial y de acceso ordinario, mediante cita previa o demanda directa en horario habitual de oficina, orientada a la valoración y el acompañamiento continuado de necesidades sociales de carácter más estructural (dependencia, exclusión, apoyo familiar). Los servicios de urgencia social, por el contrario, están diseñados para intervenir de forma inmediata, sin necesidad de cita previa, con frecuencia fuera del horario habitual de la Administración —incluidas las noches, fines de semana y festivos— y ante situaciones que no admiten demora. Ambos niveles están conectados: una intervención de urgencia social suele derivar, una vez estabilizada la situación más grave, hacia el seguimiento posterior por parte de los servicios sociales generales o especializados que correspondan.
Servicio de urgencias sociales de Navarra
En Navarra existe un servicio de atención social de urgencia (denominado en el temario Servicio de Urgencias Sociales; su titularidad, denominación exacta y canal de acceso, 112 SOS Navarra u otro número específico, deben contrastarse con la información oficial vigente) que garantiza una respuesta social permanente, disponible las veinticuatro horas del día durante todo el año, para atender situaciones de urgencia social que se produzcan fuera del horario ordinario de atención de los servicios sociales de base municipales o mancomunados, o que por su gravedad requieran una intervención inmediata. Entre sus funciones se encuentra la valoración inicial de la situación, la movilización de recursos de emergencia disponibles (alojamiento temporal, manutención, traslados) y la coordinación con otros servicios (sanitarios, de seguridad, de protección de menores) implicados en cada caso. Este servicio constituye con frecuencia el interlocutor de referencia para la Policía Foral cuando, durante una intervención en horario nocturno o festivo, detecta una situación de vulnerabilidad social que requiere una respuesta que excede de sus propias competencias. El acceso a este servicio se realiza habitualmente a través de un número de teléfono específico de atención permanente, que puede ser activado tanto por la propia persona afectada como por terceros, incluidos los agentes de la Policía Foral que detecten la necesidad durante su intervención.
Personas sin hogar: perfil y atención
El perfil de las personas sin hogar es más heterogéneo de lo que sugiere la imagen social más extendida: aunque históricamente ha predominado el varón adulto solo con problemas asociados de adicciones o salud mental, en los últimos años se observa una presencia creciente de mujeres, de personas jóvenes, de unidades familiares completas afectadas por procesos de desahucio o pérdida súbita de ingresos, y de personas migrantes en situación irregular sin acceso a otros recursos. Frente al modelo tradicional «escalonado» de atención (que exigía superar fases intermedias —calle, albergue, piso tutelado— antes de acceder a una vivienda estable), se ha extendido en los últimos años el enfoque conocido como Housing First, que prioriza el acceso directo y rápido a una vivienda normalizada como base sobre la que trabajar después, de forma simultánea, los demás problemas asociados (salud, adicciones, empleo) de la persona. Los recuentos periódicos de personas sin hogar, impulsados en distintas ciudades españolas incluida Pamplona, permiten dimensionar mejor la magnitud real del fenómeno y adaptar en consecuencia la planificación de los recursos disponibles.
Albergues y centros de acogida nocturna
Los albergues y centros de acogida nocturna son recursos de baja exigencia (es decir, con escasos requisitos de acceso) destinados a ofrecer a personas sin hogar un espacio seguro para pernoctar, junto con servicios básicos de aseo personal y, en muchos casos, manutención. Constituyen habitualmente la puerta de entrada más inmediata al sistema de atención a personas sin hogar, especialmente relevante en episodios de frío extremo o en situaciones de urgencia detectadas en la calle durante la noche. Su capacidad es limitada, lo que puede generar tensiones de ocupación en determinados momentos del año, particularmente durante el Plan de Frío, cuando se activan plazas adicionales para dar respuesta al incremento de la demanda derivado de las bajas temperaturas. Además de la pernocta, muchos de estos centros ofrecen un primer punto de contacto con profesionales de trabajo social, que pueden iniciar desde allí un itinerario de intervención más amplio orientado a la salida de la situación de calle.
Comedores sociales para personas sin recursos
Los comedores sociales prestan un servicio de alimentación gratuita o de coste simbólico a personas y familias sin recursos suficientes, complementando así otras prestaciones de la red de urgencia y de servicios sociales generales. En Navarra, buena parte de estos recursos son gestionados por entidades del tercer sector —Cáritas es un referente especialmente relevante, junto con Cruz Roja y comedores de titularidad municipal o parroquial— con financiación total o parcial pública mediante subvenciones y convenios. Además de cubrir la necesidad básica de alimentación, estos espacios cumplen con frecuencia una función de detección de otras necesidades sociales no atendidas y de primer contacto con personas que, de otro modo, podrían permanecer al margen de los circuitos formales de atención social. Muchos de estos recursos han evolucionado en los últimos años hacia fórmulas que combinan la atención alimentaria con la recuperación de excedentes alimentarios de comercios y grandes superficies, dentro de estrategias más amplias de lucha contra el desperdicio de alimentos.
Atención a personas en situación de calle
La atención a personas en situación de calle se articula en Navarra, además de mediante los recursos de acogida ya señalados, a través de equipos de calle o educadores de calle, cuyo trabajo consiste en la búsqueda activa y proactiva de personas sin hogar en el espacio público —plazas, estaciones, cajeros, zonas de pernocta habituales—, estableciendo un primer contacto de baja exigencia, orientado a generar confianza progresiva antes de proponer el acceso a recursos residenciales o de otro tipo. Este enfoque de proximidad reconoce que buena parte de las personas en situación de calle prolongada presenta resistencias iniciales a acceder a recursos institucionales, por lo que el trabajo de calle requiere continuidad, paciencia y una coordinación estrecha con el resto de la red asistencial, incluida la propia Policía Foral cuando detecta a estas personas durante sus patrullas. Estos equipos suelen trabajar en horario nocturno, coincidiendo con los momentos de mayor vulnerabilidad, y mantienen un registro básico de las personas contactadas que permite dar continuidad a la intervención más allá de un único encuentro puntual.
Plan de Frío: protocolo ante episodios de frío extremo
El Plan de Frío es un protocolo específico que se activa en Navarra ante la previsión o la constatación de episodios de temperaturas especialmente bajas, con el objetivo de reforzar la protección de las personas sin hogar frente al riesgo vital que supone la exposición prolongada al frío. Su activación implica habitualmente la ampliación del número de plazas disponibles en albergues y centros de acogida nocturna, la intensificación de la actividad de los equipos de calle para localizar a personas que pernoctan en el exterior y ofrecerles traslado a un recurso de acogida, y una coordinación reforzada entre servicios sociales, entidades del tercer sector y, en su caso, la Policía Foral y otros cuerpos policiales, que pueden colaborar tanto en la detección de personas en riesgo como en su traslado a los recursos habilitados. La activación de este protocolo suele vincularse a umbrales de temperatura previamente establecidos por los servicios meteorológicos, lo que permite anticipar la respuesta antes de que se produzcan situaciones de riesgo vital para las personas sin hogar.
Coordinación entre Policía Foral y servicios sociales
La coordinación entre la Policía Foral y los servicios sociales, tanto los de urgencia como los generales, resulta esencial para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de vulnerabilidad detectadas en el ejercicio de la función policial. Esta coordinación se articula mediante protocolos de actuación conjunta que establecen, entre otros aspectos, los cauces de comunicación disponibles (incluido el contacto directo con el Servicio de Urgencias Sociales fuera del horario ordinario), los criterios para valorar cuándo una situación requiere la intervención de los servicios sociales y los circuitos de derivación aplicables según el tipo de caso (persona sin hogar, menor en riesgo, víctima de violencia de género, persona con problemas de salud mental). Una coordinación eficaz evita que la intervención policial se agote en la resolución del incidente inmediato sin abordar el problema social de fondo que lo originó. Esta coordinación se plasma con frecuencia en reuniones periódicas de seguimiento de casos complejos y en la designación de interlocutores de referencia en ambas instituciones, lo que agiliza notablemente la respuesta ante situaciones que requieren la intervención combinada de ambos servicios.
Atención a menores en situación de desamparo
Cuando se detecta una situación de desprotección grave de un menor —por incumplimiento o imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección por parte de quienes ostentan la guarda o custodia— la entidad pública competente en protección de menores del Gobierno de Navarra puede declarar la situación de desamparo, lo que conlleva la asunción por dicha entidad de la tutela del menor por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie una resolución judicial previa, sin perjuicio del control judicial posterior que corresponde a esta medida. A partir de esta declaración se adoptan medidas de protección adecuadas al caso, que pueden ir desde el acogimiento familiar (en la propia familia extensa o en familia ajena) hasta el acogimiento residencial en un centro específico, siempre orientadas, cuando es posible, a la reintegración familiar del menor una vez superadas las circunstancias que motivaron la medida.
Recursos de acogida para víctimas de violencia de género
La red foral de recursos de acogida para víctimas de violencia de género incluye dispositivos de urgencia, destinados a ofrecer una salida inmediata y segura del domicilio en situaciones de riesgo grave e inminente, con ubicación no pública para garantizar la protección de las víctimas. Estos recursos ofrecen, junto con el alojamiento, una primera atención psicosocial y de asesoramiento jurídico, y actúan en estrecha coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad —incluida la Policía Foral— y con el sistema judicial, dado que buena parte de los ingresos en estos recursos se producen a raíz de una intervención policial o de la interposición de una denuncia. La existencia de estos recursos de urgencia es un elemento imprescindible dentro del conjunto de medidas de protección integral frente a la violencia de género. El ingreso en estos recursos puede solicitarse tanto a iniciativa de la propia víctima como a través de la derivación policial, judicial o de los propios servicios sociales, priorizándose el ingreso ante una situación de riesgo grave e inminente.
Casas de acogida y pisos tutelados
Dentro de la red de recursos residenciales para víctimas de violencia de género —y, con adaptaciones, para otras situaciones de vulnerabilidad grave— conviene distinguir entre la casa de acogida propiamente dicha, pensada para la fase de mayor riesgo y de estancia más corta, con ubicación protegida y un nivel elevado de acompañamiento profesional, y el piso tutelado, un recurso de transición hacia la vida independiente, con estancias más prolongadas, mayor autonomía de la persona usuaria en su día a día y un acompañamiento profesional más espaciado, orientado a consolidar la recuperación de la autonomía personal, económica y social antes de la salida definitiva del sistema de protección. El paso de un recurso a otro forma parte de un itinerario de recuperación progresiva de la autonomía de la víctima, acompañado en todo momento por profesionales de referencia que valoran su evolución y sus necesidades cambiantes a lo largo del proceso.
Atención a personas migrantes en situación irregular
Las personas migrantes en situación administrativa irregular, pese a no poder acceder a determinadas prestaciones que exigen un requisito de residencia legal o empadronamiento con determinada antigüedad, tienen reconocido el derecho a una atención humanitaria básica ante situaciones de urgencia social, en coherencia con el principio de dignidad de la persona y con los estándares mínimos de protección social. Esta atención incluye el acceso a recursos de primera acogida (alojamiento de emergencia, alimentación), asesoramiento jurídico sobre su situación administrativa y las vías eventualmente disponibles para su regularización, y derivación a entidades especializadas del tercer sector. La condición administrativa irregular no exime, por tanto, a las administraciones forales y locales de garantizar una respuesta mínima ante una situación de urgencia social grave. En los casos de especial vulnerabilidad, como menores no acompañados o víctimas de trata de seres humanos, se activan además protocolos de protección específicos que priorizan la atención humanitaria sobre la propia situación administrativa de la persona.
Ayudas económicas de emergencia social
Las ayudas económicas de emergencia social son prestaciones puntuales, no periódicas, destinadas a hacer frente a necesidades básicas urgentes de subsistencia (alimentación, suministros energéticos, alojamiento temporal, gastos médicos no cubiertos) cuando la persona o unidad familiar carece de medios propios suficientes y la situación no admite demora. Se gestionan habitualmente desde los servicios sociales de base municipales o mancomunados, o directamente desde el Gobierno de Navarra en los casos de mayor urgencia, y se diferencian de las prestaciones económicas periódicas de garantía de ingresos (como la Renta Garantizada) precisamente por su carácter puntual y finalista, vinculado a una necesidad concreta y no a la cobertura continuada de las necesidades básicas de subsistencia. Su tramitación suele resolverse en plazos muy breves respecto a otras prestaciones del sistema, precisamente por la naturaleza urgente de las necesidades que pretenden cubrir, aunque su cuantía y periodicidad de concesión están sujetas a límites presupuestarios anuales.
Renta Garantizada en la Comunidad Foral de Navarra
La Renta Garantizada es la principal prestación económica periódica de garantía de ingresos mínimos existente en Navarra, dirigida a personas y unidades familiares que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y que a diferencia de las ayudas de emergencia social ya señaladas tiene una vocación de cobertura continuada, no puntual, sujeta a los requisitos de acceso, cuantía y duración que establece su normativa reguladora específica. Con frecuencia se complementa con itinerarios de inclusión sociolaboral, ya que su finalidad última no es solo garantizar unos ingresos mínimos sino también favorecer, cuando es posible, la incorporación o reincorporación de la persona beneficiaria al mercado de trabajo, evitando la cronificación de la dependencia de la prestación. Su reconocimiento exige acreditar un determinado periodo de residencia previa en Navarra y la ausencia de recursos económicos suficientes propios, valorados conforme a los umbrales de renta establecidos anualmente por su normativa reguladora.
Servicios de mediación social
Los servicios de mediación social ofrecen la intervención de un tercero profesional, neutral e imparcial, para facilitar la resolución dialogada de conflictos de convivencia —vecinales, familiares, comunitarios o interculturales— sin necesidad de acudir a la vía judicial o de que la resolución del conflicto recaiga exclusivamente en la intervención policial. La mediación resulta especialmente útil en conflictos de baja o media intensidad en los que ambas partes mantienen cierta disposición al diálogo, y su uso se ha extendido en Navarra tanto desde los servicios sociales municipales como desde programas específicos de mediación intercultural o comunitaria, contribuyendo a descongestionar tanto la vía judicial como la propia intervención policial en conflictos que no requieren, en sentido estricto, una respuesta de seguridad. La mediación se basa en principios de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad del profesional mediador, y su resultado, cuando se alcanza un acuerdo, carece de la fuerza ejecutiva de una resolución judicial, aunque suele respetarse por las partes al haber sido construido por ellas mismas.
Intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos
La intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos son técnicas de estabilización emocional inmediata dirigidas a personas que acaban de sufrir un suceso traumático (un accidente grave, la muerte súbita de un ser querido, una agresión, una catástrofe), y que se articulan en torno a algunos principios básicos: la inmediatez de la intervención (cuanto antes se preste el apoyo, mayor eficacia preventiva frente a secuelas psicológicas posteriores), la proximidad (intervenir en el propio entorno de la persona afectada, evitando en lo posible su traslado innecesario a otro contexto), y la expectativa positiva de recuperación (transmitir a la persona afectada que su reacción, aunque intensa, es una respuesta comprensible y transitoria ante un suceso anormal). Un agente de la Policía Foral, como interviniente frecuentemente presente en los primeros momentos de estos sucesos, debe conocer estos principios básicos, sin que ello sustituya la intervención de profesionales especializados cuando resulte necesaria.
Protocolos de derivación a recursos especializados
Los protocolos de derivación son itinerarios previamente establecidos que determinan a qué recurso especializado debe dirigirse cada tipo de situación detectada, con el objetivo de evitar lo que se conoce como «peregrinaje asistencial»: la situación en la que una persona con una necesidad social es remitida sucesivamente de un servicio a otro sin recibir una atención efectiva, por falta de claridad sobre a quién corresponde intervenir en su caso. Estos protocolos definen, entre otros aspectos, los criterios de derivación entre servicios sociales generales y especializados, entre estos y el sistema de salud (especialmente salud mental y drogodependencias), y entre todos ellos y las fuerzas de seguridad, de manera que cada profesional que entra en contacto con una situación de vulnerabilidad conozca con claridad el cauce adecuado para activar la respuesta especializada correspondiente. Estos protocolos se revisan periódicamente para incorporar cambios normativos o la creación de nuevos recursos, y su correcto conocimiento por parte de todos los profesionales implicados, incluida la Policía Foral, resulta determinante para su eficacia real.
Voluntariado social y entidades del tercer sector
El tercer sector de acción social —organizaciones no lucrativas como Cáritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo y otras entidades y fundaciones especializadas— desempeña en Navarra un papel complementario, y en algunos ámbitos determinante, dentro de la red pública de atención social, gestionando de forma habitual, mediante convenio o subvención con las administraciones forales y locales, recursos como comedores sociales, albergues, programas de reparto de alimentos o ropa, y proyectos de acompañamiento a colectivos vulnerables. El voluntariado social, canalizado con frecuencia a través de estas mismas entidades, aporta un volumen relevante de recursos humanos y de proximidad comunitaria que complementa la labor de los profesionales de los servicios sociales públicos, si bien su actuación se enmarca siempre dentro de la planificación y coordinación general del sistema público de servicios sociales. La colaboración entre la administración foral y estas entidades se articula habitualmente mediante convenios de colaboración o subvenciones nominativas y en concurrencia competitiva, sujetas a la correspondiente rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos recibidos.
Cruz Roja y ONG en la atención de urgencia
Cruz Roja desarrolla en Navarra numerosos programas específicos de atención a la vulnerabilidad social que resultan especialmente relevantes en el ámbito de la urgencia social: planes de atención a personas sin hogar, reparto de ayuda humanitaria básica (alimentos, ropa) a través de sus roperos y almacenes solidarios, atención a personas migrantes y refugiadas, y colaboración habitual en dispositivos de emergencia (catástrofes, sucesos con múltiples afectados) en coordinación con Protección Civil y las fuerzas de seguridad. Esta colaboración entre la Policía Foral y entidades como Cruz Roja u otras ONG especializadas es frecuente en la práctica: ante una situación de vulnerabilidad detectada durante una intervención policial que no requiere estrictamente la activación del Servicio de Urgencias Sociales, es habitual recurrir a estas entidades para una primera cobertura de necesidades básicas inmediatas. Estas entidades cuentan además con protocolos propios de actuación ante emergencias que se activan de forma coordinada con los servicios públicos de Protección Civil y con las fuerzas de seguridad presentes en el lugar del suceso.
El agente de Policía Foral como primer interviniente social
Por la propia naturaleza de su función —presencia continuada en el espacio público, disponibilidad las veinticuatro horas del día y capacidad de acceso a situaciones y domicilios en los que otros profesionales no suelen tener entrada inmediata— el agente de Policía Foral se convierte con frecuencia en el primer interviniente institucional ante una situación de vulnerabilidad social: una persona sin hogar en riesgo por frío extremo, un menor aparentemente desatendido, una persona mayor en situación de aislamiento o autoabandono, una posible víctima de violencia de género. Esta posición estratégica exige del agente un conocimiento suficiente de los recursos sociales de urgencia disponibles y de los cauces de derivación aplicables, de manera que su intervención no se limite a resolver el incidente inmediato de seguridad, sino que active también, cuando proceda, la respuesta social adecuada al problema de fondo detectado.
Atención a víctimas de emergencias colectivas
Ante sucesos con un número elevado de personas afectadas —accidentes graves de tráfico con múltiples víctimas, incendios, catástrofes naturales u otros sucesos de similar magnitud— se activan protocolos específicos de apoyo psicosocial a las víctimas y a sus familiares, en coordinación entre los servicios sanitarios de emergencia, Protección Civil, los servicios sociales y, en su caso, equipos especializados de intervención psicológica en emergencias. La Policía Foral participa en estos dispositivos tanto en labores de seguridad, ordenación y acordonamiento del espacio afectado, como facilitando el desarrollo del apoyo psicosocial a las personas afectadas y gestionando, con la sensibilidad que estas situaciones requieren, la comunicación con familiares que acuden al lugar en busca de información sobre sus seres queridos. La experiencia acumulada en la gestión de estos sucesos ha llevado a incorporar de forma creciente la perspectiva del apoyo psicosocial dentro de los propios planes de emergencia y protección civil, y no solo como una respuesta improvisada tras el suceso.
Confidencialidad y protección de datos en la atención social
La información que se maneja en el ámbito de la atención social de urgencia —situación económica, de salud, familiar o de vulnerabilidad de una persona— tiene, con frecuencia, la consideración de categoría especial de datos personales conforme a la normativa de protección de datos, lo que exige un tratamiento especialmente cuidadoso: recabar solo la información estrictamente necesaria para la intervención, limitar su acceso al personal que efectivamente la necesita para su trabajo, y ceder dicha información a otras administraciones o profesionales únicamente cuando exista una base legal que lo ampare (por ejemplo, un protocolo de coordinación institucional debidamente formalizado) o el consentimiento de la persona interesada, salvo en los supuestos de urgencia vital en que la protección de la vida o integridad de la persona prevalece sobre cualquier otra consideración. El deber de sigilo profesional resulta, en este ámbito, una garantía esencial de la confianza de la ciudadanía en los servicios de atención social.
Marco jurídico de la protección social de urgencia
La atención de urgencia social se apoya en el derecho a la protección social derivado de los principios rectores de la Constitución (art. 41 sobre Seguridad Social, art. 39 sobre protección de la familia y de la infancia, y art. 50 sobre las personas mayores) y en la dignidad de la persona (art. 10 CE). En Navarra, la competencia exclusiva en asistencia social corresponde a la Comunidad Foral (LORAFNA), y la norma de cabecera es la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales (cuya vigencia y desarrollos conviene contrastar), que organiza el sistema en servicios sociales de base y servicios especializados. Otras normas de referencia: la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regula el derecho a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada; la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia; y la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. La Policía Foral está obligada, por el art. 5 LOFCS, a auxiliar y proteger a las personas cuando las circunstancias lo aconsejen, y por el art. 195 del Código Penal incurre en delito de omisión del deber de socorro quien no socorra a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pueda hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.
Clasificación ETHOS de las situaciones de sinhogarismo y delitos de odio contra personas sin hogar
La tipología ETHOS, elaborada por FEANTSA (federación europea de organizaciones que trabajan con personas sin hogar), clasifica el sinhogarismo en cuatro categorías: sin techo (personas que viven en la calle o en albergues de emergencia), sin vivienda (alojadas temporalmente en instituciones o centros de acogida), vivienda insegura (amenaza de desahucio o violencia en el hogar) y vivienda inadecuada (chabolas, hacinamiento extremo). Conviene retener que el sinhogarismo no se limita a dormir en la calle. Desde el punto de vista penal, el art. 22.4.ª del Código Penal prevé como agravante cometer el delito por motivos de aporofobia o exclusión social (incorporados por la reforma de la Ley Orgánica 8/2021), de modo que las agresiones a personas sin hogar por su condición pueden agravarse, y el art. 510 tipifica los delitos de odio. Los recuentos y estudios sobre sinhogarismo suelen utilizar esta tipología como marco.
Desamparo, riesgo y deber de comunicación en la protección de menores
La legislación estatal distingue la situación de riesgo (existencia de un perjuicio para el desarrollo personal o social del menor que no alcanza la gravedad para justificar la separación del núcleo familiar; la intervención es de apoyo a la familia por los servicios sociales) de la situación de desamparo (art. 172 del Código Civil y art. 18 de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor): la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. La declaración de desamparo por la entidad pública lleva consigo la asunción de la tutela por ministerio de la ley y la suspensión de la patria potestad; se comunica al Ministerio Fiscal, que supervisa. El art. 13 de la LO 1/1996 impone a toda persona o autoridad, y especialmente a quienes por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, la obligación de prestarle auxilio inmediato y de comunicarlo a la autoridad o a sus agentes más próximos. La guarda puede ser administrativa (cuando los progenitores no pueden cuidarlo temporalmente y lo solicitan) y las medidas de protección incluyen el acogimiento familiar y el acogimiento residencial, este último subsidiario del primero. La regla general prioriza el recurso a familia frente a centro, sobre todo en menores de seis años.
Víctimas de violencia de género y de violencia sexual: marco de protección
La protección de las víctimas de violencia de género se regula en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que reconoce derechos como la información, la asistencia social integral, la asistencia jurídica gratuita y ayudas económicas. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, amplía la protección a las víctimas de violencia sexual y prevé centros de crisis 24 horas. El Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril) reconoce a toda víctima los derechos de información, participación en el proceso, protección y apoyo. La orden de protección se regula en el art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para el agente son útiles los servicios de apoyo de ámbito estatal: el teléfono 016 (de atención a víctimas de violencia de género, gratuito y que no deja rastro en la factura) y el sistema VioGén de seguimiento. El agente informa de los derechos de la víctima, valora el riesgo y gestiona la derivación al recurso de acogida o a los servicios de apoyo, evitando la revictimización.
Víctimas de trata y menores extranjeros no acompañados: protocolos específicos
La trata de seres humanos se tipifica en el art. 177 bis del Código Penal. La Ley Orgánica 4/2000, art. 59 bis, prevé a favor de la persona extranjera víctima de trata en situación irregular un período de restablecimiento y reflexión de, al menos, noventa días, durante el cual no puede ejecutarse la expulsión, para que decida si colabora con las autoridades; durante ese período se garantizan su subsistencia, seguridad y asistencia. Ante indicios de trata, el agente debe actuar de manera discreta, separar a la posible víctima de su entorno de control y derivar a la unidad especializada y a los recursos de apoyo. Respecto a los menores extranjeros no acompañados, la LO 4/2000 (art. 35) atribuye al Ministerio Fiscal la determinación de la edad cuando existan dudas, en tanto que la protección corresponde a la entidad pública autonómica competente en protección de menores; mientras tanto el menor es tratado como tal. Para estas situaciones existen protocolos nacionales y autonómicos de actuación.
Salud mental y crisis: auxilio sanitario e ingresos involuntarios
Ante una persona con una descompensación psiquiátrica o una crisis que suponga riesgo para sí o para terceros, la actuación prioritaria es la contención verbal, la seguridad y la activación de los servicios sanitarios de emergencia (112). La Policía actúa como apoyo del personal sanitario para el traslado, en cumplimiento del deber de auxilio. El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico requiere autorización judicial previa, salvo razones de urgencia que hagan necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso el responsable del centro debe comunicarlo al tribunal competente en el plazo máximo de veinticuatro horas (art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La policía no ordena el internamiento: su papel es auxiliar y facilitar la valoración médica. En conductas de riesgo suicida, la atención inicial exige escucha respetuosa, retirada de medios de riesgo cuando sea posible y derivación inmediata a los servicios sanitarios; existe la línea telefónica 024 de atención a la conducta suicida. Toda actuación debe respetar la dignidad de la persona y evitar estigmatizar.
Protección de datos en la atención social y en la actuación policial
El tratamiento de datos de salud, de situación económica o de vulnerabilidad se somete al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), que en su art. 9 regula las categorías especiales de datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los tratamientos realizados por las autoridades policiales para la prevención, detección e investigación de infracciones penales se rigen por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. En consecuencia, la cesión de información entre la Policía Foral y los servicios sociales exige base legal (protocolo formalizado, norma habilitante) o consentimiento, y se limita al mínimo necesario. El deber de secreto profesional del art. 5 LOFCS afecta a las informaciones que el agente conozca en el ejercicio de sus funciones.
Esquema de actuación del agente ante una situación de urgencia social
Puede resumirse en cinco pasos. 1) Seguridad: asegurar el lugar y valorar el riesgo vital inmediato; si lo hay, activar el 112 y prestar los primeros auxilios. 2) Valoración: identificar el tipo de situación (persona sin hogar, menor, víctima de violencia, persona mayor sola, persona con problemas de salud mental, víctima de emergencia colectiva) y su gravedad, con un trato respetuoso, sin juicios. 3) Información y consentimiento: informar a la persona de los recursos disponibles; en personas adultas con capacidad, el traslado a un recurso es voluntario salvo riesgo vital o previsión legal, y no puede forzarse al ingreso en albergues. 4) Derivación: contactar con el servicio de urgencia social y, en su caso, con el sanitario, el de protección de menores o el de atención a víctimas, según el protocolo. 5) Registro y seguimiento: dejar constancia de la intervención y de la derivación, respetando la confidencialidad, para facilitar la continuidad. Con menores, la prioridad es el interés superior del menor y la comunicación a quien corresponda; con víctimas de violencia, la seguridad de la víctima y la coordinación con la unidad especializada.
Diferencias entre figuras que se confunden en el examen
Conviene distinguir: urgencia social (inmediata, imprevista, sin cita) frente a servicios sociales de base (programada, territorial). Ayuda de emergencia social (puntual, finalista) frente a Renta Garantizada (periódica, de garantía de ingresos mínimos, con itinerarios de inclusión). Casa de acogida (urgencia, ubicación protegida, estancia corta) frente a piso tutelado (transición a la autonomía, estancia más larga). Housing First (vivienda primero) frente al modelo escalonado. Riesgo del menor (apoyo a la familia, servicios sociales) frente a desamparo (tutela de la entidad pública por ministerio de la ley). Guarda administrativa (a solicitud de los progenitores) frente a tutela ex lege. Mediación (acuerdo voluntario sin fuerza ejecutiva por sí mismo) frente a resolución judicial. Voluntariado (entidades no lucrativas) frente a servicios públicos. Trata (explotación; art. 177 bis CP) frente a tráfico ilícito de migrantes (facilitación de la entrada irregular). Derivación (traslado a otro recurso) frente a denuncia (puesta en conocimiento de hechos delictivos).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Urgencia social: situación sobrevenida, grave e imprevista que exige respuesta inmediata, a diferencia de la atención programada de los servicios sociales generales.
En Navarra existe un servicio de atención social de urgencia de cobertura permanente (24 horas, todos los días), fuera del horario ordinario de los servicios sociales de base; su denominación y canal de acceso exactos deben contrastarse con fuentes oficiales.
Housing First: modelo que prioriza el acceso directo a vivienda normalizada frente al modelo escalonado tradicional (calle-albergue-piso tutelado).
Plan de Frío: protocolo específico ante episodios de frío extremo, con refuerzo de plazas de acogida y de los equipos de calle.
Casas de acogida (urgencia, estancia corta, alta protección) frente a pisos tutelados (transición, estancia más larga, mayor autonomía).
La declaración de desamparo de un menor corresponde a la entidad pública de protección de menores del Gobierno de Navarra, sin necesidad de resolución judicial previa.
Las personas migrantes en situación irregular tienen derecho a una atención humanitaria básica ante situaciones de urgencia social.
Las ayudas económicas de emergencia social son puntuales y finalistas; la Renta Garantizada es una prestación periódica de garantía de ingresos.
Los equipos de calle o educadores de calle realizan búsqueda activa y proactiva de personas sin hogar en el espacio público.
El agente de Policía Foral actúa con frecuencia como primer interviniente social ante situaciones de vulnerabilidad detectadas en la calle.
Los protocolos de derivación evitan el «peregrinaje asistencial» entre distintos recursos y servicios.
Primeros auxilios psicológicos: principios de inmediatez, proximidad y expectativa positiva de recuperación.
Cáritas y Cruz Roja gestionan buena parte de los comedores sociales, albergues y programas de ayuda humanitaria en Navarra mediante convenio con la administración.
La mediación social permite resolver conflictos de convivencia sin necesidad de vía judicial o policial directa.
La información social sensible constituye categoría especial de datos personales y exige especial cuidado en su tratamiento y cesión.
Coordinación reforzada entre Policía Foral, servicios sociales, sanitarios y entidades del tercer sector en emergencias colectivas.
Deber de socorro: el art. 195 del Código Penal castiga la omisión del deber de socorro a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave.
Desamparo (art. 172 CC): la entidad pública asume la tutela por ministerio de la ley y se comunica al Ministerio Fiscal; riesgo no equivale a desamparo.
Art. 13 LO 1/1996: toda persona o autoridad que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor debe prestarle auxilio y comunicarlo.
Tipología ETHOS (FEANTSA): sin techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada.
Aporofobia o exclusión social: motivo agravante del art. 22.4.ª CP (reforma LO 8/2021).
Víctimas de trata extranjeras en situación irregular: período de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días (art. 59 bis LO 4/2000).
Determinación de la edad de un presunto menor extranjero no acompañado: la decreta el Ministerio Fiscal (art. 35 LO 4/2000).
Internamiento involuntario urgente por trastorno psíquico: comunicación al juez en 24 horas (art. 763 LEC); la policía auxilia, no ordena.
Teléfonos de apoyo: 112 (emergencias), 016 (violencia contra las mujeres), 024 (conducta suicida).
Datos sensibles: RGPD art. 9, LO 3/2018 y LO 7/2021 (tratamientos policiales); cesión solo con base legal o consentimiento.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
El período de restablecimiento y reflexión de una víctima extranjera de trata en situación irregular es de, al menos:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Policía Foral de Navarra?
El Tema 4 se centra en los recursos de urgencia social, es decir, en el escalón del sistema de servicios sociales pensado para responder de forma inmediata a situaciones graves y sobrevenidas de riesgo para la subsistencia o la integridad de una persona, a diferencia de la atención programada y continuada que corresponde a los servicios sociales generales (objeto del Tema 5). Se abordan tanto el dispositivo específico de urgencias sociales de Navarra como los principales recursos especializados que se activan ante situaciones de emergencia: atención a personas sin hogar, protocolos frente al frío extremo, recursos de acogida para víctimas de violencia de género, atención a menores en desamparo y ayudas económicas puntuales.
Un hilo conductor del tema es el papel de la Policía Foral como frecuente primer interviniente institucional ante situaciones de vulnerabilidad social detectadas en la vía pública, y la importancia de conocer los protocolos de coordinación y derivación con los servicios sociales, sanitarios y las entidades del tercer sector (Cruz Roja, Cáritas y otras) que completan la red de atención de urgencia en el territorio foral.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Urgencia social: situación sobrevenida, grave e imprevista que exige respuesta inmediata, a diferencia de la atención programada de los servicios sociales generales. En Navarra existe un servicio de atención social de urgencia de cobertura permanente (24 horas, todos los días), fuera del horario ordinario de los servicios sociales de base; su denominación y canal de acceso exactos deben contrastarse con fuentes oficiales. Housing First: modelo que prioriza el acceso directo a vivienda normalizada frente al modelo escalonado tradicional (calle-albergue-piso tutelado). Plan de Frío: protocolo específico ante episodios de frío extremo, con refuerzo de plazas de acogida y de los equipos de calle. Casas de acogida (urgencia, estancia corta, alta protección) frente a pisos tutelados (transición, estancia más larga, mayor autonomía). La declaración de desamparo de un menor corresponde a la entidad pública de protección de menores del Gobierno de Navarra, sin necesidad de resolución judicial previa. Las personas migrantes en situación irregular tienen derecho a una atención humanitaria básica ante situaciones de urgencia social. Las ayudas económicas de emergencia social son puntuales y finalistas; la Renta Garantizada es una prestación periódica de garantía de ingresos. Los equipos de calle o educadores de calle realizan búsqueda activa y proactiva de personas sin hogar en el espacio público. El agente de Policía Foral actúa con frecuencia como primer interviniente social ante situaciones de vulnerabilidad detectadas en la calle. Los protocolos de derivación evitan el «peregrinaje asistencial» entre distintos recursos y servicios. Primeros auxilios psicológicos: principios de inmediatez, proximidad y expectativa positiva de recuperación. Cáritas y Cruz Roja gestionan buena parte de los comedores sociales, albergues y programas de ayuda humanitaria en Navarra mediante convenio con la administración. La mediación social permite resolver conflictos de convivencia sin necesidad de vía judicial o policial directa. La información social sensible constituye categoría especial de datos personales y exige especial cuidado en su tratamiento y cesión. Coordinación reforzada entre Policía Foral, servicios sociales, sanitarios y entidades del tercer sector en emergencias colectivas. Deber de socorro: el art. 195 del Código Penal castiga la omisión del deber de socorro a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave. Desamparo (art. 172 CC): la entidad pública asume la tutela por ministerio de la ley y se comunica al Ministerio Fiscal; riesgo no equivale a desamparo. Art. 13 LO 1/1996: toda persona o autoridad que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor debe prestarle auxilio y comunicarlo. Tipología ETHOS (FEANTSA): sin techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada. Aporofobia o exclusión social: motivo agravante del art. 22.4.ª CP (reforma LO 8/2021). Víctimas de trata extranjeras en situación irregular: período de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días (art. 59 bis LO 4/2000). Determinación de la edad de un presunto menor extranjero no acompañado: la decreta el Ministerio Fiscal (art. 35 LO 4/2000). Internamiento involuntario urgente por trastorno psíquico: comunicación al juez en 24 horas (art. 763 LEC); la policía auxilia, no ordena. Teléfonos de apoyo: 112 (emergencias), 016 (violencia contra las mujeres), 024 (conducta suicida). Datos sensibles: RGPD art. 9, LO 3/2018 y LO 7/2021 (tratamientos policiales); cesión solo con base legal o consentimiento.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 10, 39, 41 y 50
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales
Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regula el derecho a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada
Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia
Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (arts. 12, 13 y 18)
Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil (art. 172)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 22.4.ª, 177 bis, 195 y 510)
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (arts. 35 y 59 bis)
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 763)
Reglamento (UE) 2016/679; Ley Orgánica 3/2018; Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Foral de Navarra.