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Tema 23. El Código Penal: parte general. La infracción penal, personas responsables y consecuencias jurídicas del delito.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 23 estudia la parte general del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), es decir, los conceptos y reglas comunes aplicables a cualquier delito, con independencia de cuál sea: qué es una infracción penal, quién puede responder de ella y qué consecuencias jurídicas conlleva. Cubre los principios de legalidad e irretroactividad, la estructura del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), la clasificación de los delitos en graves, menos graves y leves, el dolo y la imprudencia, las causas que eximen, atenúan o agravan la responsabilidad criminal (arts. 19 a 23), las fases de ejecución (tentativa y consumación), las personas responsables (autores, cómplices y personas jurídicas), las penas (prisión, localización permanente, penas privativas de derechos y multa) y las medidas de seguridad, y las causas de extinción de la responsabilidad criminal, con especial atención a la prescripción. Es el fundamento teórico indispensable para entender la parte especial (delitos concretos) del tema siguiente y para valorar jurídicamente la actuación policial (legítima defensa, cumplimiento de un deber, detenciones, uso de la fuerza).

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El principio de legalidad penal y la ley penal en el tiempo

El Código Penal abre su Título Preliminar con las garantías penales y la aplicación de la ley penal. El artículo 1 recoge el principio de legalidad: no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración, ni podrán imponerse penas o medidas de seguridad que no se hallen establecidas previamente por la ley; es eco del artículo 25.1 de la Constitución. De él derivan la reserva de ley orgánica en materia de penas privativas de libertad, la prohibición de analogía in malam partem (el artículo 4 dispone que las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas) y la taxatividad de los tipos. El artículo 2 consagra la irretroactividad de las leyes penales desfavorables y la retroactividad de las favorables al reo, incluso cuando haya recaído sentencia firme y el condenado cumpla condena. El artículo 3 exige sentencia firme dictada por juez o tribunal competente para ejecutar la pena o medida de seguridad. El artículo 6 somete las medidas de seguridad a los límites de la pena abstractamente aplicable al hecho. El artículo 7 considera los delitos cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omisión. Complementan estas garantías el principio non bis in idem y la culpabilidad.

Concepto de infracción penal y clasificación: delitos graves, menos graves y leves

El artículo 10 del Código Penal define los delitos como las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, suprimió el Libro III (las antiguas faltas), de modo que hoy el Código Penal solo contiene delitos, clasificados por el artículo 13 en tres categorías según la gravedad de la pena: delitos graves (castigados con pena grave), delitos menos graves (pena menos grave) y delitos leves (pena leve). Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considerará en todo caso grave; cuando pueda incluirse entre las menos graves y las leves, se considerará, en general, menos grave. La gravedad se determina con el catálogo del artículo 33: penas graves (entre otras, la prisión permanente revisable, la prisión superior a cinco años y la inhabilitación absoluta), menos graves (prisión de tres meses a cinco años, multa de más de tres meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ciento ochenta días) y leves (multa de hasta tres meses, localización permanente de hasta tres meses y trabajos en beneficio de la comunidad de hasta treinta días, entre otras). La clasificación tiene efectos prácticos: plazos de prescripción, procedimiento aplicable (juicio por delito leve, procedimiento abreviado, procedimiento ordinario) y régimen de la detención y de la prisión provisional.

Estructura del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad

Para que una conducta sea punible la doctrina exige un análisis escalonado. Acción u omisión humana voluntaria (el artículo 11 regula la comisión por omisión de los delitos que consistan en la producción de un resultado, cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo mediante una acción u omisión precedente). Tipicidad: encaje de la conducta en la descripción legal. Antijuridicidad: contradicción con el ordenamiento, que se excluye por las causas de justificación del artículo 20 (legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo). Culpabilidad: imputabilidad y exigibilidad de otra conducta; se excluye por las causas de inimputabilidad y por el miedo insuperable. Si falta alguno de estos elementos no hay delito punible. A ello se suma la punibilidad: ciertos delitos exigen condiciones objetivas de procedibilidad o de punibilidad, y hay excusas absolutorias (por ejemplo, la del artículo 268 para algunos delitos patrimoniales entre parientes). Importante en examen: las causas de justificación excluyen la antijuridicidad (el hecho es lícito), mientras que las de inculpabilidad dejan subsistente el injusto pero excluyen la responsabilidad del autor.

Dolo, imprudencia, error y delito preterintencional

El artículo 5 proclama que no hay pena sin dolo o imprudencia, consagrando el principio de culpabilidad y proscribiendo la responsabilidad objetiva. El dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo; la doctrina distingue dolo directo (de primer y de segundo grado) y dolo eventual (el sujeto se representa como probable el resultado y lo acepta). La imprudencia consiste en la infracción de un deber objetivo de cuidado que causa un resultado lesivo no querido; el Código distingue imprudencia grave (la más intensa) y menos grave, y solo castiga los hechos imprudentes cuando la ley lo dispone expresamente (artículo 12, sistema de numerus clausus de delitos imprudentes). El artículo 14 regula el error: el error invencible sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal; si el error es vencible, la infracción se castigará, en su caso, como imprudente; el error sobre la ilicitud del hecho (error de prohibición) invencible excluye la responsabilidad y el vencible conlleva la pena inferior en uno o dos grados. El artículo 5 también inspira la regla de que las circunstancias agravantes no pueden aplicarse si no se conocían. Conviene retener la diferencia: en el dolo hay voluntad del resultado, en la imprudencia no.

Fases de ejecución del delito: actos preparatorios, tentativa y consumación

El artículo 15 establece que son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Los actos preparatorios solo se castigan en los supuestos expresamente previstos: la conspiración (cuando dos o más personas se conciertan para ejecutar un delito y resuelven ejecutarlo), la proposición (cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo) y la provocación (incitación pública a la comisión de un delito), reguladas en los artículos 17 y 18. El artículo 16 define la tentativa: hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Se castiga con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado (artículo 62). El desistimiento voluntario o el impedimento voluntario del resultado exime de responsabilidad por el delito intentado, sin perjuicio de la responsabilidad por los actos ya ejecutados si fueran constitutivos de otro delito. La distinción entre tentativa acabada e inacabada y el delito consumado frente al agotado son temas de doctrina que apoyan el examen.

Causas de justificación: legítima defensa (art. 20.4)

Está exento de responsabilidad criminal quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran tres requisitos: a) agresión ilegítima (en defensa de bienes, se reputa agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes; en defensa de la morada o sus dependencias, la entrada indebida en ellas); b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y c) falta de provocación suficiente por parte del defensor. La agresión ha de ser real, actual o inminente, y no basta una mera sospecha. El exceso en la defensa, cuando falta alguno de los requisitos (salvo la agresión ilegítima), da lugar a la eximente incompleta del artículo 21.1. Para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esta causa ampara la reacción ante agresiones, y debe valorarse junto con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad del uso de la fuerza y de las armas (artículo 5.2.c de la Ley Orgánica 2/1986).

Estado de necesidad, miedo insuperable y cumplimiento de un deber (art. 20.5, 20.6 y 20.7)

Estado de necesidad (art. 20.5): exento quien, en situación de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Esta última cláusula limita su invocación por parte de quienes por su profesión deben asumir riesgos, como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Miedo insuperable (art. 20.6): causa de inculpabilidad. Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art. 20.7): es la eximente de mayor relevancia para la actuación policial, pues ampara el uso de la fuerza que sea necesario y proporcionado para cumplir funciones legalmente atribuidas (detenciones, identificaciones, disolución de reuniones, uso de armas en los supuestos legalmente previstos). La jurisprudencia exige que el deber o derecho derive de una norma, que la actuación se ejerza dentro de los límites funcionales y que la fuerza empleada sea la racionalmente necesaria, valorándose caso a caso. Un exceso puede dar lugar a delitos de lesiones, coacciones, detención ilegal o contra la integridad moral, y a la responsabilidad disciplinaria.

Causas de inimputabilidad: anomalía psíquica, intoxicación, alteraciones de la percepción y minoría de edad

El artículo 20 recoge como causas que excluyen la responsabilidad por afectar a la capacidad de culpabilidad: 1.º La anomalía o alteración psíquica que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; el trastorno mental transitorio no exime si fue provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o si debió prever su comisión. 2.º La intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscada con el propósito de cometer la infracción ni se hubiese previsto o debido prever su comisión, o que el sujeto se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia que le impida comprender la ilicitud del hecho. 3.º Las alteraciones en la percepción que alteren gravemente la conciencia de la realidad desde el nacimiento o desde la infancia (por ejemplo, ceguera o sordomudez de nacimiento en determinados casos). Si estas circunstancias no alcanzan intensidad suficiente, operan como eximentes incompletas (artículo 21.1), con efecto atenuante. Además, el artículo 19 establece que los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo al Código Penal, sino conforme a la ley que regule la responsabilidad penal del menor (Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, aplicable a mayores de catorce y menores de dieciocho años).

Circunstancias atenuantes (art. 21)

Las circunstancias atenuantes disminuyen la responsabilidad penal sin eximirla. Son: 1.ª Las eximentes incompletas, cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en los casos del artículo anterior. 2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a sustancias que puedan ser causa de la eximente 2.ª del artículo anterior. 3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. 6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado ni guarde proporción con la complejidad de la causa. 7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores (atenuante analógica). La eximente incompleta puede dar lugar a una reducción de la pena de uno o dos grados, según el artículo 68.

Circunstancias agravantes (art. 22) y circunstancia mixta de parentesco (art. 23)

Las agravantes del artículo 22 son: 1.ª alevosía (empleo de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para la persona del autor pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido); 2.ª ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad; 3.ª obrar mediante precio, recompensa o promesa; 4.ª cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, la situación familiar, la enfermedad que padezca o su discapacidad (de gran importancia en los delitos de odio); 5.ª aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima (ensañamiento); 6.ª obrar con abuso de confianza; 7.ª prevalerse del carácter público que tenga el culpable; 8.ª reincidencia (haber sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza, y cuyos antecedentes no hayan sido cancelados o debieran serlo; también se tienen en cuenta condenas de otros Estados de la Unión Europea). Circunstancia mixta de parentesco (art. 23): puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines, en el mismo grado, del ofensor o de su cónyuge o conviviente. En delitos contra las personas suele operar como agravante; en delitos patrimoniales suele operar como atenuante.

Las personas responsables: autoría y participación

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices (artículo 27). El artículo 28 considera autores a quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente (coautoría) o por medio de otro del que se sirven como instrumento (autoría mediata), y considera también autores a los inductores (quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo) y a los cooperadores necesarios (quienes cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado). Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo 28, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos (artículo 29); se les impone la pena inferior en grado a la de los autores (artículo 63). Los encubridores no son partícipes en el delito, sino que cometen un delito autónomo de encubrimiento (artículo 451). El Código prevé también reglas especiales: la responsabilidad en los delitos cometidos por medios o soportes de difusión mecánicos (artículo 30), la actuación en nombre de otro (artículo 31, que permite castigar al administrador de hecho o de derecho o representante cuando en la persona jurídica no concurran las condiciones del tipo especial) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículo 31 bis). Las personas jurídicas responden por los delitos que el Código prevé expresamente.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis y ss.)

Introducida por la Ley Orgánica 5/2010 y modificada por la Ley Orgánica 1/2015, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se produce por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por quienes, actuando individualmente o como integrantes de un órgano, están autorizados para tomar decisiones o tienen facultades de organización y control; y por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de los anteriores, hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control. La persona jurídica puede quedar exenta si acredita que, antes de la comisión del delito, el órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la naturaleza del cometido (compliance), supervisados por un órgano con poderes autónomos, y que los autores eludieron fraudulentamente dichos modelos. Las penas aplicables a las personas jurídicas son graves (multa, disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de actividades, inhabilitación para subvenciones y contratar, intervención judicial). No son penalmente responsables el Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público ni otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas (artículo 31 quinquies).

Consecuencias jurídicas del delito: penas y medidas de seguridad

El Código distingue dos consecuencias jurídicas. Las penas (Título III, arts. 32 y ss.) se imponen a sujetos culpables e imputables y su fundamento es la culpabilidad. El artículo 32 las clasifica en privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa; el artículo 33 las divide en graves, menos graves y leves; el 35 enumera las privativas de libertad (prisión permanente revisable, prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa). Las medidas de seguridad (Título IV, arts. 95 y ss.) se aplican a sujetos que han cometido un hecho típico y antijurídico y son inimputables o semiimputables, y se basan en su peligrosidad criminal, que debe ser objeto de pronóstico. Pueden ser privativas de libertad (internamiento en centro psiquiátrico, de deshabituación o educativo especial) o no privativas (inhabilitación profesional, libertad vigilada, privación de derechos, etc.). Están sujetas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad: no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el tiempo necesario para prevenir la peligrosidad del sujeto (artículo 6). Se impone un sistema vicarial: cuando concurren pena y medida, esta se cumple primero y se abona al tiempo de la pena.

Penas privativas de libertad: prisión permanente revisable, prisión y localización permanente

La prisión permanente revisable (introducida por la Ley Orgánica 1/2015) se reserva a delitos de excepcional gravedad (asesinatos agravados, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, determinados delitos de terrorismo, genocidio, lesa humanidad, etc.) y está sujeta a revisión a partir de un mínimo de cumplimiento que fija la ley; su compatibilidad con la Constitución fue confirmada por el Tribunal Constitucional en 2021. La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos (artículo 36); en caso de concurso de delitos, el artículo 76 fija límites máximos de cumplimiento efectivo de 20 años, que pueden elevarse a 25, 30 y 40 años según la gravedad de los delitos. En penas de prisión superiores a cinco años cabe un período de seguridad en los términos del artículo 36.2. La localización permanente (artículo 37) tiene una duración de hasta seis meses; obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el juez, y puede cumplirse en fines de semana y festivos; su incumplimiento da lugar a un delito de quebrantamiento de condena (artículo 468). La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa se regula en el artículo 53. Las penas de prisión no superiores a dos años pueden suspenderse bajo condiciones (artículo 80 y ss.) y, en su caso, sustituirse (artículo 88), y el artículo 90 y ss. regula la libertad condicional.

Penas privativas de derechos: inhabilitaciones, prohibiciones y trabajos en beneficio de la comunidad

El artículo 39 enumera las penas privativas de derechos: la inhabilitación absoluta; la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades (determinadas por el juez), o para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; la suspensión de empleo o cargo público; la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; la privación del derecho a la tenencia y porte de armas; la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos; la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez; la prohibición de comunicarse con ellos; los trabajos en beneficio de la comunidad; y la privación de la patria potestad. El artículo 48 regula las tres prohibiciones de residencia, aproximación y comunicación, que pueden imponerse como pena principal, accesoria o como medida cautelar y de las que deriva la llamada orden de alejamiento; su quebrantamiento constituye delito (artículo 468). Los trabajos en beneficio de la comunidad (artículo 49) exigen consentimiento del penado, no pueden superar ocho horas diarias y deben ser no retribuidos. La inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, y la incapacidad para obtener otros (artículo 41).

La pena de multa: sistema de días-multa

La pena de multa (artículo 50) se impone, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa. Su extensión mínima es de diez días y la máxima de dos años (cinco años para personas jurídicas). La cuota diaria tiene un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos euros para personas físicas; el juez la fija atendiendo exclusivamente a la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales. El pago puede fraccionarse en plazos cuando la situación del penado lo justifique. Existe también la multa proporcional (artículo 52), cuya cuantía se determina en función del daño causado, del valor del objeto del delito o del beneficio obtenido. El impago de la multa genera la responsabilidad personal subsidiaria (artículo 53): un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que puede cumplirse mediante localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad, y no se impone a condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años. La multa de más de tres meses constituye pena menos grave y la de hasta tres meses, pena leve.

Reglas de determinación de la pena y concursos

La pena se determina en función del grado de ejecución, la forma de participación y las circunstancias modificativas. La tentativa se castiga con pena inferior en uno o dos grados (artículo 62) y la complicidad con la inferior en grado (artículo 63). Cuando concurran circunstancias, el artículo 66 establece reglas: con atenuantes simples, se impone la pena en la mitad inferior; con agravantes, en la mitad superior; con varias atenuantes o agravantes y otras reglas especiales, se puede reducir o elevar en grado. La eximente incompleta permite reducir la pena en uno o dos grados (artículo 68). En los concursos de delitos, el concurso real aplica las penas por cada delito con límite de cumplimiento (artículo 73 y ss.); el concurso ideal y el delito continuado tienen reglas propias (artículos 74 y 77); el concurso de normas (artículo 8) se resuelve por especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad. Estas reglas pertenecen a un nivel de detalle que conviene conocer en sus conceptos, no necesariamente en sus números.

Extinción de la responsabilidad criminal: prescripción

El artículo 130 enumera las causas de extinción de la responsabilidad criminal: la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la pena, el indulto, el perdón del ofendido cuando la ley lo prevea (en delitos leves perseguibles a instancia de la persona agraviada, y en ciertos casos de delitos perseguibles de oficio no ha lugar al perdón) y la prescripción del delito y de la pena. El artículo 131 fija los plazos de prescripción del delito: veinte años cuando la pena máxima señalada sea prisión de quince o más años; quince años cuando la pena máxima sea inhabilitación por más de diez años o prisión por más de diez y menos de quince años; diez años cuando la pena máxima sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez; cinco años para los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año; y un año para los delitos leves. Los delitos castigados con prisión permanente revisable prescriben a los treinta años. No prescriben nunca los delitos de lesa humanidad, de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, ni los delitos de terrorismo si hubieran causado la muerte de una persona. El plazo se cuenta desde el día en que se haya cometido la infracción y se interrumpe cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable. Las penas prescriben conforme al artículo 133.

Novedades legislativas recientes en la parte general y especial con repercusión policial

El Código Penal es una norma en constante modificación, y el opositor debe distinguir entre las reformas que alteran la parte general y las que afectan a la parte especial. Entre las más relevantes: la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, supuso la supresión de las faltas, la introducción de la prisión permanente revisable, el nuevo régimen de suspensión y sustitución y la libertad vigilada; la Ley Orgánica 5/2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, modificaron tipos de la parte especial y la regulación de algunos delitos; la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, modificó, entre otros, los delitos contra el orden público (derogación de la sedición) y la malversación. Para el examen resulta imprescindible consultar el texto consolidado del Código Penal en la fecha de la convocatoria, pues los artículos y las penas de cada tipo pueden haber variado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 1 CP y art. 25.1 CE: principio de legalidad penal; art. 2 CP: irretroactividad de la ley penal desfavorable y retroactividad de la favorable, incluso con sentencia firme.
  • Art. 10 CP: son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley; desde la LO 1/2015 han desaparecido las faltas.
  • Art. 13 CP: clasificación en delitos graves, menos graves y leves, según la pena; si puede ser grave y menos grave a la vez, es grave.
  • Elementos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; las causas de justificación excluyen la antijuridicidad, las de inimputabilidad la culpabilidad.
  • Art. 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia; art. 12: los delitos imprudentes solo se castigan cuando la ley lo prevea expresamente.
  • Art. 14 CP: el error invencible sobre un elemento del tipo excluye la responsabilidad; si es vencible, se castiga como imprudencia (si existe tipo imprudente).
  • Legítima defensa (art. 20.4): agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente.
  • Estado de necesidad (art. 20.5): mal causado no mayor que el evitado, situación no provocada intencionadamente y ausencia de obligación de sacrificio por oficio o cargo.
  • Cumplimiento de un deber (art. 20.7): eximente clave en la actuación policial; exige necesidad y proporcionalidad, valoradas caso por caso.
  • Los menores de 18 años no responden con arreglo al Código Penal (art. 19), sino conforme a la LO 5/2000 (mayores de 14).
  • Art. 21: atenuantes (eximentes incompletas, grave adicción, estado pasional, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas y analógica).
  • Art. 22: agravantes (alevosía, disfraz y abuso de superioridad, precio, motivos discriminatorios, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público, reincidencia).
  • Art. 23: el parentesco es circunstancia mixta: atenúa o agrava según la naturaleza, motivos y efectos del delito.
  • Tentativa (art. 16): pena inferior en uno o dos grados (art. 62); el desistimiento voluntario exime del delito intentado.
  • Actos preparatorios punibles solo cuando la ley los prevé: conspiración, proposición y provocación (arts. 17 y 18).
  • Autores (art. 28): ejecutor, coautor, autor mediato, inductor y cooperador necesario; cómplice (art. 29): pena inferior en grado (art. 63).
  • Personas jurídicas (art. 31 bis): responden por delitos cometidos en su beneficio; pueden quedar exentas con un modelo eficaz de cumplimiento normativo; el Estado y las Administraciones públicas no responden (art. 31 quinquies).
  • Penas: prisión de 3 meses a 20 años (límites de cumplimiento de 20, 25, 30 y 40 años en concurso, art. 76), localización permanente hasta 6 meses, multa de 10 días a 2 años con cuota de 2 a 400 euros.
  • Medidas de seguridad: se basan en la peligrosidad criminal y no pueden exceder de la pena abstracta ni de lo necesario (art. 6).
  • Prescripción del delito (art. 131): 20, 15, 10 y 5 años según la pena máxima; injuria y calumnia, 1 año; delitos leves, 1 año; imprescriptibles los de lesa humanidad, genocidio, conflicto armado y terrorismo con muerte.
  • El quebrantamiento de condena y de la orden de alejamiento (art. 468) constituye delito autónomo.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Es circunstancia mixta, que puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, motivos y efectos del delito:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 23 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 23 estudia la parte general del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), es decir, los conceptos y reglas comunes aplicables a cualquier delito, con independencia de cuál sea: qué es una infracción penal, quién puede responder de ella y qué consecuencias jurídicas conlleva. Cubre los principios de legalidad e irretroactividad, la estructura del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), la clasificación de los delitos en graves, menos graves y leves, el dolo y la imprudencia, las causas que eximen, atenúan o agravan la responsabilidad criminal (arts. 19 a 23), las fases de ejecución (tentativa y consumación), las personas responsables (autores, cómplices y personas jurídicas), las penas (prisión, localización permanente, penas privativas de derechos y multa) y las medidas de seguridad, y las causas de extinción de la responsabilidad criminal, con especial atención a la prescripción. Es el fundamento teórico indispensable para entender la parte especial (delitos concretos) del tema siguiente y para valorar jurídicamente la actuación policial (legítima defensa, cumplimiento de un deber, detenciones, uso de la fuerza).

¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?

Art. 1 CP y art. 25.1 CE: principio de legalidad penal; art. 2 CP: irretroactividad de la ley penal desfavorable y retroactividad de la favorable, incluso con sentencia firme. Art. 10 CP: son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley; desde la LO 1/2015 han desaparecido las faltas. Art. 13 CP: clasificación en delitos graves, menos graves y leves, según la pena; si puede ser grave y menos grave a la vez, es grave. Elementos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; las causas de justificación excluyen la antijuridicidad, las de inimputabilidad la culpabilidad. Art. 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia; art. 12: los delitos imprudentes solo se castigan cuando la ley lo prevea expresamente. Art. 14 CP: el error invencible sobre un elemento del tipo excluye la responsabilidad; si es vencible, se castiga como imprudencia (si existe tipo imprudente). Legítima defensa (art. 20.4): agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. Estado de necesidad (art. 20.5): mal causado no mayor que el evitado, situación no provocada intencionadamente y ausencia de obligación de sacrificio por oficio o cargo. Cumplimiento de un deber (art. 20.7): eximente clave en la actuación policial; exige necesidad y proporcionalidad, valoradas caso por caso. Los menores de 18 años no responden con arreglo al Código Penal (art. 19), sino conforme a la LO 5/2000 (mayores de 14). Art. 21: atenuantes (eximentes incompletas, grave adicción, estado pasional, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas y analógica). Art. 22: agravantes (alevosía, disfraz y abuso de superioridad, precio, motivos discriminatorios, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público, reincidencia). Art. 23: el parentesco es circunstancia mixta: atenúa o agrava según la naturaleza, motivos y efectos del delito. Tentativa (art. 16): pena inferior en uno o dos grados (art. 62); el desistimiento voluntario exime del delito intentado. Actos preparatorios punibles solo cuando la ley los prevé: conspiración, proposición y provocación (arts. 17 y 18). Autores (art. 28): ejecutor, coautor, autor mediato, inductor y cooperador necesario; cómplice (art. 29): pena inferior en grado (art. 63). Personas jurídicas (art. 31 bis): responden por delitos cometidos en su beneficio; pueden quedar exentas con un modelo eficaz de cumplimiento normativo; el Estado y las Administraciones públicas no responden (art. 31 quinquies). Penas: prisión de 3 meses a 20 años (límites de cumplimiento de 20, 25, 30 y 40 años en concurso, art. 76), localización permanente hasta 6 meses, multa de 10 días a 2 años con cuota de 2 a 400 euros. Medidas de seguridad: se basan en la peligrosidad criminal y no pueden exceder de la pena abstracta ni de lo necesario (art. 6). Prescripción del delito (art. 131): 20, 15, 10 y 5 años según la pena máxima; injuria y calumnia, 1 año; delitos leves, 1 año; imprescriptibles los de lesa humanidad, genocidio, conflicto armado y terrorismo con muerte. El quebrantamiento de condena y de la orden de alejamiento (art. 468) constituye delito autónomo.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (texto consolidado), en especial arts. 1 a 8, 10 a 14, 15 a 18, 19 a 23, 27 a 31 quinquies, 32 a 53, 62 a 68, 76, 95 a 106 y 130 a 133
  • Constitución Española, art. 25.1
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995
  • Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995
  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5

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