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Tema 20. Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral: principios y organización.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 20 estudia la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, la norma marco que ordena la organización y el funcionamiento de la Administración foral y del conjunto de entes que integran su sector público institucional. La ley foral sustituye al marco organizativo anterior (la Ley Foral 15/2004, de la Administración de la Comunidad Foral) y adapta el modelo a los principios de transparencia, buena administración y funcionamiento electrónico consolidados en la legislación básica estatal (Leyes 39/2015 y 40/2015), manteniendo las singularidades organizativas propias del régimen foral reconocido en la LORAFNA, que atribuye a Navarra competencia exclusiva sobre la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones y de su Administración, sin perjuicio de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que corresponde dictar al Estado (art. 149.1.18.ª CE). Para el estudio resulta útil el paralelismo con la Ley 40/2015: principios de actuación, órganos superiores y directivos, sector público institucional, competencia y sus técnicas de alteración, órganos colegiados, abstención y recusación y relaciones interadministrativas. Importante: el presente tema no contiene la numeración de los artículos de la ley foral, cuyo contenido debe contrastarse con el texto consolidado publicado en el Boletín Oficial de Navarra.

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Objeto, ámbito de aplicación y posición de la ley en el sistema de fuentes

La Ley Foral 11/2019 tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de su Sector Público Institucional Foral. Su ámbito de aplicación se extiende a dos círculos concéntricos: de un lado, la Administración núcleo, integrada por el Gobierno de Navarra y los Departamentos en que este se organiza; de otro, el conjunto de organismos y entidades vinculadas o dependientes que conforman el Sector Público Institucional Foral. Esta doble delimitación reproduce, adaptada a la escala foral, el esquema que a nivel estatal establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que distingue la Administración General del Estado de su sector público institucional. La ley responde a la necesidad de una regulación unitaria y coherente que había quedado dispersa en distintas normas sectoriales aprobadas a lo largo de las últimas décadas, y sienta las bases sobre las que se articulan tanto la estructura departamental como los distintos entes instrumentales forales. En el sistema de fuentes, la ley foral debe respetar la Constitución, la LORAFNA y la legislación básica del Estado (Leyes 39/2015 y 40/2015, que son de aplicación directa en lo que constituye procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico), y se desarrolla mediante decretos forales de estructura orgánica y reglamentos de organización.

Principios generales de actuación administrativa foral

La ley foral recoge un catálogo de principios que deben regir la actuación de la Administración de la Comunidad Foral, entre los que se cuentan los clásicos de legalidad, jerarquía, desconcentración y descentralización funcional, junto a los de eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y otros de raíz más reciente como la transparencia, la participación ciudadana, el servicio efectivo a la ciudadanía y la interoperabilidad y seguridad de los medios electrónicos empleados en la actividad administrativa. Estos principios tienen su anclaje constitucional en el artículo 103.1 CE (la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y su referencia básica en el artículo 3 de la Ley 40/2015, que recoge además los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines, eficiencia y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. Este elenco sirve de parámetro interpretativo para el resto del articulado de la ley foral y de las normas de desarrollo reglamentario.

Principio de servicio a los ciudadanos

Dentro del catálogo de principios, destaca el de servicio efectivo a la ciudadanía, que orienta toda la actuación administrativa foral hacia la satisfacción del interés general y de las necesidades reales de las personas destinatarias de los servicios públicos. Este principio se proyecta, entre otros aspectos, en la exigencia de sencillez, claridad y proximidad en los procedimientos administrativos, en la prohibición de exigir a la ciudadanía trámites o documentación que la propia Administración ya posea o pueda obtener por sus propios medios (derecho reconocido con carácter básico en el art. 28 de la Ley 39/2015), y en el impulso de canales de relación electrónica que faciliten el ejercicio de derechos sin cargas innecesarias. Conecta con el derecho a una buena administración, de raíz en el Derecho de la Unión Europea (art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), y con los principios de buena regulación que la Ley 39/2015 impone al ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria (art. 129: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), en la medida en que una regulación clara y proporcionada es también una manifestación del servicio a la ciudadanía.

Principios de eficacia y eficiencia administrativa

Los principios de eficacia y eficiencia tienen su fundamento último en el artículo 103.1 de la Constitución. La eficacia hace referencia al grado de cumplimiento efectivo de los fines y objetivos institucionales fijados por la Administración foral, mientras que la eficiencia añade una dimensión relacional: la obtención de esos resultados con el empleo óptimo de los recursos humanos, materiales y presupuestarios disponibles, evitando duplicidades y actuaciones innecesarias. La Ley Foral conecta estos principios con las técnicas de planificación y evaluación de las políticas públicas y con la propia estructura del Sector Público Institucional Foral, cuya creación y mantenimiento debe responder a razones de eficiencia organizativa y no a una mera multiplicación de entes instrumentales sin justificación funcional. Esta lógica es coherente con las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aplicable también a las Comunidades Autónomas, y con el principio de buena regulación de eficiencia (art. 129 de la Ley 39/2015), que exige evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias.

Buena administración, transparencia y participación

El principio de buena administración, de origen en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha sido incorporado progresivamente a la legislación española y foral como parámetro de calidad de la actuación de los poderes públicos, más allá del mero cumplimiento formal de la legalidad: comprende el derecho a que los asuntos sean tratados de modo imparcial, equitativo y en un plazo razonable, el derecho a ser oído antes de que se adopte una medida desfavorable, el acceso al expediente, la obligación de motivar las decisiones y la reparación de los daños causados. En la legislación foral el principio informa materialmente el conjunto de la ley y se proyecta de forma especialmente visible en el catálogo de principios de actuación (transparencia, participación, servicio efectivo a la ciudadanía) y en las exigencias de funcionamiento electrónico. La transparencia y el acceso a la información pública se regulan con carácter básico en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en Navarra en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La participación ciudadana en la elaboración de normas se articula mediante los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información públicas (art. 133 de la Ley 39/2015).

Órganos superiores y órganos directivos

La ley foral distingue, siguiendo un esquema análogo al de la Ley 40/2015, entre órganos superiores y órganos directivos de la Administración foral. Son órganos superiores el Gobierno de Navarra, la Presidencia, las Vicepresidencias (cuando existan) y las Consejerías o Departamentos (titulares: los Consejeros o Consejeras), a los que corresponde la función de establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y fijar los objetivos y prioridades de su actuación. Son órganos directivos las Direcciones Generales y las Secretarías Generales Técnicas, y otros órganos que puedan asimilarse a ellos, a los que corresponde el desarrollo y la ejecución, en términos de gestión, de los planes de actuación fijados por los órganos superiores, así como la responsabilidad directa de su ejecución. Esta distinción tiene consecuencias prácticas en materia de responsabilidad, de régimen de nombramiento (los órganos directivos se proveen normalmente entre funcionarios de carrera) y de sujeción a los principios de jerarquía y dependencia dentro de cada Departamento. En el modelo estatal, equivalente, los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado son órganos superiores y los Subsecretarios, Secretarios Generales y Directores Generales son órganos directivos (arts. 55 y siguientes de la Ley 40/2015).

Organización departamental de la Administración de la Comunidad Foral

La Administración de la Comunidad Foral se organiza en Departamentos, unidades organizativas de primer nivel que deben responder a un criterio de homogeneidad funcional, agrupando materias y competencias afines para facilitar una gestión coherente. Cada Departamento se estructura, a su vez, en Direcciones Generales, órganos directivos con responsabilidad sobre uno o varios sectores de actividad, y cuenta con una Secretaría General Técnica, que asume funciones de coordinación interna, asesoramiento jurídico-técnico y apoyo a la gestión del conjunto del Departamento; bajo ellas se sitúan las unidades administrativas (Servicios, Secciones y Negociados). Al frente de cada Departamento se sitúa un Consejero o Consejera, miembro del Gobierno de Navarra, del que dependen jerárquicamente tanto las Direcciones Generales como la Secretaría General Técnica. El número y la denominación concretos de los Departamentos no se fijan en la propia ley foral, sino que se determinan y modifican mediante decreto foral de la Presidencia del Gobierno de Navarra al inicio de cada legislatura o cuando las circunstancias políticas y organizativas lo requieran, y la estructura orgánica de cada Departamento se aprueba por decreto foral del Gobierno de Navarra. Para el opositor a la Policía Foral conviene retener que, en esta estructura, el cuerpo se integra en el Departamento competente en materia de Interior, y que la denominación de este Departamento ha variado en las sucesivas legislaturas.

El Gobierno de Navarra como órgano superior de dirección y su potestad de autoorganización

El Gobierno de Navarra, cuya composición y funciones como órgano superior de dirección política y administrativa de la Comunidad Foral se han estudiado en el tema anterior, ocupa la cúspide de la organización administrativa foral. Le corresponde aprobar los decretos forales de estructura orgánica de los distintos Departamentos, que concretan reglamentariamente las Direcciones Generales, Servicios y demás unidades administrativas de cada uno de ellos dentro del marco general fijado por la ley foral. La potestad de autoorganización de la Administración foral deriva, en última instancia, del régimen de autogobierno reconocido a Navarra en la LORAFNA, y se ejerce de forma directa a través de la propia ley foral y, en un segundo nivel de concreción, mediante los decretos forales de estructura. Esta potestad permite a la Comunidad Foral crear, fusionar o suprimir Direcciones Generales, Servicios y Secciones, o redistribuir competencias entre unidades, sin necesidad de que cada modificación de detalle exija la tramitación de una nueva ley foral, reservando el rango legal para los aspectos estructurales básicos (régimen general de los órganos superiores y del sector público institucional). Esta técnica de reserva relativa de ley, combinada con un amplio desarrollo reglamentario, dota al sistema de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios políticos de cada legislatura.

La proyección territorial de la Administración foral

A diferencia de la Administración General del Estado, que despliega sobre el territorio una Administración periférica propia y diferenciada (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, art. 154 CE), la Administración de la Comunidad Foral de Navarra opera sobre un territorio único, de dimensión reducida y sin división provincial interna, de modo que no cuenta con una estructura periférica equiparable. En la práctica organizativa, la proyección territorial de la Administración foral se articula mediante unidades desconcentradas de determinados Departamentos (singularmente en materia de Interior, Salud, Educación y Desarrollo Rural), que despliegan servicios en las distintas comarcas y zonas del territorio foral, integradas en la estructura departamental correspondiente y no como una Administración periférica autónoma. Por su parte, el Estado mantiene en Navarra su Delegación del Gobierno (Delegado del Gobierno en Navarra) y las unidades territoriales de los servicios estatales, con las que el Gobierno de Navarra se relaciona conforme a los principios de colaboración y coordinación entre Administraciones. Se recomienda contrastar cualquier desarrollo reglamentario posterior antes del examen.

El sector público institucional foral: concepto y clases

El Sector Público Institucional Foral está formado por el conjunto de entes instrumentales dotados de personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración de la Comunidad Foral, creados por esta para el ejercicio de actividades administrativas, de fomento, de prestación de servicios públicos o de actividades de naturaleza económica. Comprende, con arreglo al modelo de la Ley 40/2015 al que la ley foral se aproxima, los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), las sociedades públicas, las fundaciones públicas y los consorcios, además de las demás entidades que la normativa foral determine. Su existencia responde a razones de especialización funcional, flexibilidad de gestión o necesidad de sometimiento parcial al Derecho privado en determinadas actividades que resultarían difícilmente compatibles con la rigidez del funcionamiento administrativo ordinario. Con carácter general, la creación de estos entes exige una ley foral o una norma con el rango que determine la legislación foral, un plan de actuación o memoria que justifique la necesidad y la ausencia de duplicidades, y su adscripción a un Departamento, que ejerce la tutela y el control de eficacia. En todo caso, la actuación de estos entes está sujeta a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y a controles de la Administración (control de eficacia, control financiero, fiscalización de la Cámara de Comptos). En el ámbito estatal, el sector público institucional se regula en el Título II de la Ley 40/2015, y se compone de organismos públicos (OOAA, EPE), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.

Organismos autónomos forales

Los Organismos Autónomos son entes de derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio y tesorería propios y presupuesto diferenciado, aunque integrado a efectos de consolidación en los Presupuestos Generales de Navarra. Se crean para el ejercicio, en régimen de descentralización funcional, de actividades administrativas de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos, y se someten íntegramente al Derecho Administrativo en su régimen jurídico, presupuestario, contable, de personal y de contratación, sin las especialidades de sometimiento parcial al Derecho privado que presentan otras figuras como las Entidades Públicas Empresariales o las Sociedades Públicas. Su personal está sujeto, con carácter general, al mismo régimen estatutario o laboral que el del resto de la función pública foral, y sus actos y resoluciones agotan la vía administrativa en los términos que establezca su norma de creación. Dependen de un Departamento al que están adscritos. En el modelo estatal (art. 98 de la Ley 40/2015), los organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Ejemplos habituales en la Comunidad Foral son el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y otros organismos de carácter sectorial.

Entidades públicas empresariales forales

Las Entidades Públicas Empresariales se crean para realizar actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación económica, es decir, actividades de naturaleza más próxima a la económica o mercantil que las propias de un Organismo Autónomo. Se rigen, por regla general, por el Derecho privado, salvo en dos ámbitos en los que se les aplica el Derecho administrativo: la formación de la voluntad de sus órganos y el ejercicio de las potestades administrativas que, en su caso, tengan expresamente atribuidas por su norma de creación (modelo de los arts. 103 y siguientes de la Ley 40/2015). Esta dualidad de régimen jurídico —privado en su actividad ordinaria, administrativo en la vertiente orgánica y en el ejercicio de potestades públicas— es la nota distintiva de esta figura frente al Organismo Autónomo, sometido íntegramente al Derecho administrativo, y frente a la Sociedad Pública, que carece por completo de potestades de autoridad. Su personal se rige, con carácter general, por el Derecho laboral, con las limitaciones propias del acceso al empleo público (principios de igualdad, mérito y capacidad).

Sociedades públicas forales

Las Sociedades Públicas son entidades de derecho privado que adoptan una forma mercantil (típicamente, la de sociedad anónima o de responsabilidad limitada) en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entes del sector público foral es mayoritaria. En el modelo de la Ley 40/2015 se entiende por sociedad mercantil estatal aquella en la que la participación directa o indirecta de entes del sector público estatal sea superior al 50 % (art. 111). A diferencia de las Entidades Públicas Empresariales, carecen por completo de facultades o potestades de autoridad pública, y actúan en el tráfico jurídico en pie de igualdad con el resto de operadores privados, sujetas al ordenamiento jurídico privado (mercantil, laboral, civil) en su actividad ordinaria. No obstante, quedan sometidas a determinadas reglas de Derecho público en materias transversales de control: presupuestación y contabilidad pública, régimen de personal (en cuanto a criterios de selección y masa salarial), contratación pública conforme a la legislación de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y, en Navarra, la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos) y fiscalización por los órganos de control interno y externo de la Hacienda foral.

Fundaciones del sector público foral

Las Fundaciones del sector público foral son fundaciones en el sentido de la legislación general de fundaciones cuyo fin fundacional coincide con el ejercicio de competencias propias de la Administración de la Comunidad Foral, y cuyo patrimonio fundacional está aportado, de forma mayoritaria, por entes integrantes del sector público foral (la propia Administración, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales u otras entidades del sector). En el modelo estatal (art. 128 de la Ley 40/2015), son fundaciones del sector público las constituidas de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de entes del sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por entes del sector público. Se rigen, en primer término, por su normativa específica y, de forma supletoria, por la legislación de fundaciones, sin perjuicio de las reglas transversales de control presupuestario, contable y de personal aplicables al conjunto del sector público institucional. Esta figura permite canalizar actividades de interés general de naturaleza social, cultural, científica o asistencial mediante una estructura organizativa flexible, próxima a la del Derecho privado, pero sometida al control y a la responsabilidad última del ente o entes públicos fundadores.

Consorcios forales

El Consorcio es una entidad de naturaleza asociativa dotada de personalidad jurídica propia, constituida por varias Administraciones Públicas, o por entes públicos dependientes o vinculados a distintas Administraciones, entre sí o con la participación de entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones consorciadas. Su finalidad es el desarrollo de actividades de interés común mediante una gestión conjunta que resultaría difícil o ineficiente de acometer por separado, siendo un instrumento habitual de cooperación entre la Administración foral y las Entidades Locales de Navarra en materias como el ciclo del agua, los residuos, la gestión cultural o determinados servicios sociales. La regulación foral de esta figura se alinea, en sus rasgos esenciales, con la que a nivel estatal establece la Ley 40/2015 para el mismo tipo de entidad (arts. 118 y siguientes), dado su carácter frecuentemente interadministrativo, que trasciende el ámbito estrictamente foral. Los consorcios se rigen por sus estatutos, que determinan, entre otros extremos, la Administración a la que quedan adscritos, que es la que ostenta el control, con arreglo a los criterios que fija la ley.

La competencia administrativa y sus formas de alteración

La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la ley (art. 8.1 de la Ley 40/2015, aplicable a todas las Administraciones, y reproducido por la ley foral). Las técnicas que alteran el ejercicio, no la titularidad, de la competencia son: la delegación de competencias (un órgano transfiere el ejercicio de una competencia propia a otro, que puede ser de la misma Administración aun cuando no sean jerárquicamente dependientes; el acto de delegación debe publicarse en el boletín oficial correspondiente y las resoluciones dictadas por delegación indican expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante); la avocación (por la que un órgano superior recaba para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponde ordinariamente o por delegación a un órgano dependiente cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente; debe ser motivada y notificada a los interesados, sin que quepa recurso contra el acuerdo de avocación); la encomienda de gestión (por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos, se encargan a otros órganos o entidades de la misma o distinta Administración actividades de carácter material o técnico, sin que suponga cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, de modo que la resolución jurídica sigue correspondiendo al órgano encomendante); la delegación de firma (el titular de un órgano puede delegar la firma de resoluciones en los titulares de los órganos o unidades administrativas dependientes, sin alterar la competencia ni la responsabilidad del delegante, dentro de los límites señalados para la delegación de competencias), y la suplencia (para los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano, que no supone alteración de la competencia).

Delegación de competencias y desconcentración: diferencias

La delegación de competencias permite que un órgano administrativo transfiera el ejercicio de una competencia propia a otro órgano de la misma Administración, mediante un acto que debe publicarse en el boletín oficial correspondiente para su eficacia frente a terceros. La ley fija límites tasados a esta técnica: no son delegables, entre otras, las competencias relativas a asuntos que se refieran a relaciones con los órganos constitucionales o con los Gobiernos u Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, la aprobación de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso, ni aquellas materias en que así se determine por norma con rango de ley (art. 9.2 de la Ley 40/2015). La delegación es esencialmente revocable en cualquier momento y puede ser revocada por el delegante. Distinta de la delegación es la desconcentración, técnica organizativa de carácter permanente por la que una norma transfiere la titularidad y el ejercicio de una competencia a un órgano jerárquicamente dependiente, de forma estable y no revocable por un simple acto de delegación (art. 8.2 de la Ley 40/2015). En la práctica, los reglamentos de estructura orgánica de los Departamentos atribuyen competencias a las Direcciones Generales por desconcentración, mientras que la delegación se utiliza para encomendar el ejercicio concreto de determinadas funciones.

Órganos colegiados: reglas básicas de funcionamiento

El régimen general de los órganos administrativos que integran la Administración de la Comunidad Foral sigue el esquema clásico presente en la legislación básica estatal: determinación de los elementos constitutivos de todo órgano administrativo (denominación, competencias, integración orgánica, dotación de créditos), su sujeción a los principios de jerarquía y coordinación, y las reglas específicas aplicables a los órganos colegiados en cuanto a su funcionamiento. Con arreglo al régimen básico de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 (arts. 15 y siguientes), todos los órganos colegiados cuentan con un Presidente y un Secretario (este último con voz pero sin voto, salvo que sea miembro del órgano); la convocatoria se realiza con la antelación suficiente y acompañada del orden del día; para la válida constitución del órgano se requiere la presencia del Presidente y del Secretario (o de quienes los suplan) y la de, al menos, la mitad de sus miembros; los acuerdos se adoptan, por regla general, por mayoría de votos; los miembros que discrepen del acuerdo podrán formular voto particular; y de cada sesión se levanta un acta, que especificará los asistentes, el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. Este régimen es aplicable, con las adaptaciones que correspondan, a los órganos colegiados de dirección de los entes integrantes del sector público institucional foral.

Abstención y recusación del personal al servicio de la Administración

La ley foral remite, en materia de abstención y recusación del personal al servicio de la Administración foral, al régimen general establecido por la legislación básica estatal, contenido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015. La abstención (art. 23) obliga a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a abstenerse de intervenir en el procedimiento y a comunicarlo a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención: tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento; la amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento; y tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo. La actuación de autoridades y personal en que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. La recusación (art. 24) podrá promoverse por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, mediante escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda; el recusado manifestará en el día siguiente si se da o no en él la causa alegada y, si la niega, el superior resolverá en el plazo de tres días. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento.

Funcionamiento electrónico de la Administración foral

La ley foral recoge el funcionamiento electrónico de la Administración de la Comunidad Foral en coherencia con las Leyes 39/2015 y 40/2015: sede electrónica, sistemas de identificación y firma electrónica de las Administraciones (sello electrónico, código seguro de verificación), actuación administrativa automatizada, registro electrónico general, archivo electrónico único y expediente administrativo electrónico, así como el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración por medios electrónicos y la obligación de determinados sujetos de hacerlo (art. 14 de la Ley 39/2015). Las exigencias de seguridad e interoperabilidad se articulan a través del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo) y del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero). Estas exigencias de funcionamiento electrónico se proyectan sobre toda la actividad administrativa, incluida la que realiza la Policía Foral cuando tramita expedientes y comunicaciones con la ciudadanía, y se completan con la normativa de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre).

Relaciones interadministrativas de colaboración y cooperación

La ley foral regula las relaciones interadministrativas de la Comunidad Foral de Navarra con el resto de Administraciones Públicas: el Estado, las demás Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del propio territorio foral. Se establece un deber general de colaboración y cooperación, con instrumentos análogos a los previstos en la Ley 40/2015: los convenios de colaboración, las conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación multilateral, y las comisiones bilaterales de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral. El artículo 140 de la Ley 40/2015 recoge los principios que rigen las relaciones entre Administraciones: lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones y garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Estas relaciones adquieren en Navarra una densidad singular derivada del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral, que exige mecanismos de coordinación específicos en materia tributaria y financiera adicionales a los que existen con las demás Comunidades Autónomas de régimen común.

Creación, modificación y supresión de órganos administrativos

La ley foral establece los requisitos generales que debe cumplir todo acto de creación de un órgano administrativo dentro de la Administración de la Comunidad Foral. En línea con el artículo 5 de la Ley 40/2015, la creación de un órgano administrativo exige determinar su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica; delimitar sus funciones y competencias; y dotarlo de los créditos precisos para su puesta en marcha y funcionamiento. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. La modificación o supresión de órganos administrativos sigue, en general, un régimen paralelo al de su creación, si bien, en aplicación de la potestad de autoorganización, puede llevarse a cabo mediante decreto foral cuando no implique una alteración de la estructura departamental básica fijada por norma con rango de ley foral, reservándose este último rango para los cambios de mayor calado estructural, como la creación o supresión de un Departamento completo.

Órganos consultivos y de coordinación: el Consejo de Navarra

La ley prevé, junto a los órganos superiores y directivos, la existencia de órganos colegiados de naturaleza consultiva y de coordinación interdepartamental, cuya composición y funciones concretas se determinan en sus normas de creación. Con independencia de este desarrollo interno, procede recordar la existencia del Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral en materia jurídica, equivalente funcional al Consejo de Estado (art. 107 CE) o a los consejos consultivos autonómicos, que se rige por su propia ley foral específica y cuyo dictamen resulta preceptivo en determinados procedimientos administrativos de especial trascendencia (revisión de oficio de actos administrativos, anteproyectos de ley foral, reglamentos ejecutivos, entre otros), sin que esta institución quede regulada dentro de la propia Ley Foral 11/2019.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, regula la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Foral y de su Sector Público Institucional Foral.
  • La ley foral sustituye a la anterior Ley Foral 15/2004, de la Administración de la Comunidad Foral, y se mueve en el marco de la legislación básica estatal (Leyes 39/2015 y 40/2015).
  • La competencia para legislar sobre la organización propia de la Comunidad Foral deriva de la LORAFNA; el Estado dicta las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18.ª CE).
  • Principios de actuación administrativa: legalidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, eficacia, eficiencia, transparencia, participación, servicio efectivo a la ciudadanía e interoperabilidad y seguridad de los medios electrónicos (art. 103.1 CE y art. 3 Ley 40/2015).
  • Los órganos superiores son el Gobierno, la Presidencia, las Vicepresidencias y las Consejerías; los órganos directivos, las Direcciones Generales y Secretarías Generales Técnicas.
  • Cada Departamento se organiza en Direcciones Generales y una Secretaría General Técnica bajo la dirección del Consejero o Consejera titular. El número y denominación de los Departamentos se fijan por decreto foral de la Presidencia, no por la ley.
  • El Sector Público Institucional Foral agrupa los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades públicas, las fundaciones públicas y los consorcios (modelo próximo al de la Ley 40/2015).
  • Organismos autónomos: Derecho administrativo íntegro. Entidades públicas empresariales: Derecho privado salvo formación de la voluntad de sus órganos y potestades administrativas. Sociedades públicas: Derecho privado, sin potestades de autoridad.
  • Sociedad pública/mercantil: participación pública mayoritaria (más del 50 %, art. 111 Ley 40/2015). Fundación del sector público: aportación o patrimonio mayoritariamente público (más del 50 %, art. 128 Ley 40/2015).
  • Consorcios: entidades de naturaleza asociativa con personalidad jurídica propia creadas por varias Administraciones, entre sí o con entidades privadas sin ánimo de lucro, para actividades de interés común.
  • Las competencias administrativas son irrenunciables y se ejercen por los órganos que las tengan atribuidas, salvo delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma o suplencia (arts. 8 a 13 Ley 40/2015).
  • La delegación de competencias (art. 9 Ley 40/2015) tiene límites tasados (disposiciones de carácter general, resolución de recursos en los órganos que dictaron el acto, etc.) y debe publicarse en el boletín oficial; es revocable en todo momento.
  • La desconcentración transfiere la titularidad y el ejercicio de la competencia de forma permanente a un órgano jerárquicamente dependiente (art. 8.2 Ley 40/2015).
  • La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
  • Abstención (art. 23 Ley 40/2015): se comunica al superior inmediato. Recusación (art. 24): por escrito, en cualquier momento; el recusado manifiesta al día siguiente si concurre la causa; el superior resuelve en 3 días; no cabe recurso específico.
  • Órganos colegiados: Presidente y Secretario; constitución con presencia del Presidente, el Secretario y al menos la mitad de los miembros; acuerdos por mayoría; acta de cada sesión (art. 17 y 18 Ley 40/2015).
  • Creación de órganos (art. 5 Ley 40/2015): forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias y dotación de créditos; no se pueden crear órganos que dupliquen otros sin suprimir o restringir las competencias de estos.
  • La potestad de autoorganización se ejerce mediante decretos forales de estructura orgánica departamental, sin necesidad de reformar la ley foral para cada modificación menor.
  • Relaciones interadministrativas (art. 140 Ley 40/2015): lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación; instrumentos: convenios, conferencias sectoriales y comisiones bilaterales.
  • Consejo de Navarra: máximo órgano consultivo, equivalente al Consejo de Estado, con ley foral propia.
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¿Qué régimen jurídico presenta un organismo autónomo foral?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 20 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 20 estudia la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, la norma marco que ordena la organización y el funcionamiento de la Administración foral y del conjunto de entes que integran su sector público institucional. La ley foral sustituye al marco organizativo anterior (la Ley Foral 15/2004, de la Administración de la Comunidad Foral) y adapta el modelo a los principios de transparencia, buena administración y funcionamiento electrónico consolidados en la legislación básica estatal (Leyes 39/2015 y 40/2015), manteniendo las singularidades organizativas propias del régimen foral reconocido en la LORAFNA, que atribuye a Navarra competencia exclusiva sobre la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones y de su Administración, sin perjuicio de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que corresponde dictar al Estado (art. 149.1.18.ª CE). Para el estudio resulta útil el paralelismo con la Ley 40/2015: principios de actuación, órganos superiores y directivos, sector público institucional, competencia y sus técnicas de alteración, órganos colegiados, abstención y recusación y relaciones interadministrativas. Importante: el presente tema no contiene la numeración de los artículos de la ley foral, cuyo contenido debe contrastarse con el texto consolidado publicado en el Boletín Oficial de Navarra.

¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, regula la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Foral y de su Sector Público Institucional Foral. La ley foral sustituye a la anterior Ley Foral 15/2004, de la Administración de la Comunidad Foral, y se mueve en el marco de la legislación básica estatal (Leyes 39/2015 y 40/2015). La competencia para legislar sobre la organización propia de la Comunidad Foral deriva de la LORAFNA; el Estado dicta las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18.ª CE). Principios de actuación administrativa: legalidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, eficacia, eficiencia, transparencia, participación, servicio efectivo a la ciudadanía e interoperabilidad y seguridad de los medios electrónicos (art. 103.1 CE y art. 3 Ley 40/2015). Los órganos superiores son el Gobierno, la Presidencia, las Vicepresidencias y las Consejerías; los órganos directivos, las Direcciones Generales y Secretarías Generales Técnicas. Cada Departamento se organiza en Direcciones Generales y una Secretaría General Técnica bajo la dirección del Consejero o Consejera titular. El número y denominación de los Departamentos se fijan por decreto foral de la Presidencia, no por la ley. El Sector Público Institucional Foral agrupa los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades públicas, las fundaciones públicas y los consorcios (modelo próximo al de la Ley 40/2015). Organismos autónomos: Derecho administrativo íntegro. Entidades públicas empresariales: Derecho privado salvo formación de la voluntad de sus órganos y potestades administrativas. Sociedades públicas: Derecho privado, sin potestades de autoridad. Sociedad pública/mercantil: participación pública mayoritaria (más del 50 %, art. 111 Ley 40/2015). Fundación del sector público: aportación o patrimonio mayoritariamente público (más del 50 %, art. 128 Ley 40/2015). Consorcios: entidades de naturaleza asociativa con personalidad jurídica propia creadas por varias Administraciones, entre sí o con entidades privadas sin ánimo de lucro, para actividades de interés común. Las competencias administrativas son irrenunciables y se ejercen por los órganos que las tengan atribuidas, salvo delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma o suplencia (arts. 8 a 13 Ley 40/2015). La delegación de competencias (art. 9 Ley 40/2015) tiene límites tasados (disposiciones de carácter general, resolución de recursos en los órganos que dictaron el acto, etc.) y debe publicarse en el boletín oficial; es revocable en todo momento. La desconcentración transfiere la titularidad y el ejercicio de la competencia de forma permanente a un órgano jerárquicamente dependiente (art. 8.2 Ley 40/2015). La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Abstención (art. 23 Ley 40/2015): se comunica al superior inmediato. Recusación (art. 24): por escrito, en cualquier momento; el recusado manifiesta al día siguiente si concurre la causa; el superior resuelve en 3 días; no cabe recurso específico. Órganos colegiados: Presidente y Secretario; constitución con presencia del Presidente, el Secretario y al menos la mitad de los miembros; acuerdos por mayoría; acta de cada sesión (art. 17 y 18 Ley 40/2015). Creación de órganos (art. 5 Ley 40/2015): forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias y dotación de créditos; no se pueden crear órganos que dupliquen otros sin suprimir o restringir las competencias de estos. La potestad de autoorganización se ejerce mediante decretos forales de estructura orgánica departamental, sin necesidad de reformar la ley foral para cada modificación menor. Relaciones interadministrativas (art. 140 Ley 40/2015): lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación; instrumentos: convenios, conferencias sectoriales y comisiones bilaterales. Consejo de Navarra: máximo órgano consultivo, equivalente al Consejo de Estado, con ley foral propia.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), artículos 3, 5, 8 a 13, 15 a 18, 23, 24, 55 y siguientes, 84 y siguientes, 98, 103, 111, 118, 128 y 140
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), artículos 14, 28, 129 y 133
  • Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA)
  • Constitución Española, artículos 103, 107 y 149.1.18.ª
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (Esquema Nacional de Seguridad) y Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (Esquema Nacional de Interoperabilidad)

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