La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.
El Tema 7 estudia la victimología, la disciplina que analiza a la víctima del delito, su proceso de victimización (primaria, secundaria y terciaria), las distintas tipologías de víctimas y la respuesta institucional —policial, judicial y asistencial— que debe recibir. Su norma de referencia en España es la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606), que transpuso la Directiva 2012/29/UE y estableció un catálogo de derechos exigible frente a cualquier institución que intervenga en el proceso penal, incluida la policía en su primer contacto con la víctima. Se completa con el Real Decreto 1109/2015 (que la desarrolla y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas) y con regímenes especiales como la LO 1/2004 (violencia de género), la Ley 29/2011 (víctimas del terrorismo), la LO 8/2021 (protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia) y la LO 10/2022 (garantía integral de la libertad sexual).
El artículo 2 de la Ley 4/2015 distingue dos categorías de víctima. Víctima directa: toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. Víctima indirecta: en los casos de muerte o desaparición de una persona causada directamente por un delito (salvo que se trate de los responsables de los hechos), determinados familiares, con un orden de prelación: en primer lugar, el cónyuge no separado legalmente o de hecho o la persona unida a la víctima por análoga relación de afectividad, los hijos de la víctima o del cónyuge o conviviente que en el momento de la muerte o desaparición convivieran con ellos, los progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que estuvieran bajo su guarda, y las personas sujetas a su tutela o curatela o en acogimiento familiar; en defecto de los anteriores, los demás parientes en línea recta y los hermanos, con preferencia del que ostentara la representación legal de la víctima. La condición de víctima no depende de que el autor haya sido identificado, detenido o condenado, ni de la relación entre ambos. La ley es una norma de mínimos: las leyes especiales (violencia de género, terrorismo, infancia, libertad sexual) mantienen sus propios regímenes de protección, que se aplican con carácter preferente en lo que sean más favorables.
Marco normativo internacional, europeo y español
A nivel internacional, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Asamblea General de Naciones Unidas, 1985) fue el primer gran texto de referencia: reconoce el acceso a la justicia, el trato justo, el resarcimiento, la indemnización y la asistencia. En el ámbito europeo, la Decisión Marco 2001/220/JAI fue sustituida por la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. En España, el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril) transpuso la Directiva y se desarrolló mediante el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y el sistema de coordinación. La Ley 4/2015 tiene un triple objetivo: dar respuesta jurídica (reconocimiento de derechos procesales y extraprocesales), dar respuesta social (sensibilización) y ofrecer un tratamiento integral, coordinado y no discriminatorio. Se articula en un Título preliminar y varios títulos que regulan derechos básicos (información, entender y ser entendida, traducción, acceso a servicios de asistencia), participación en el proceso penal, protección y asistencia.
Derechos básicos de las víctimas: información, entender y ser entendida, protección y participación
Los derechos básicos de la Ley 4/2015 se reconocen desde el primer contacto con las autoridades o funcionarios, incluidos los cuerpos policiales, con independencia de que se haya presentado o no denuncia. El artículo 3 proclama el derecho de toda víctima a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el primer contacto y durante todo el proceso. Entre los derechos básicos destacan: el derecho a entender y ser entendida (art. 4); el derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes (art. 5), que comprende la información sobre las medidas de asistencia y apoyo disponibles, las medidas de protección, el procedimiento para interponer denuncia, el derecho a obtener asesoramiento y defensa jurídica, la forma y condiciones de acceso a la traducción e interpretación, y el procedimiento para obtener reparación; el derecho de la víctima denunciante a obtener copia de la denuncia (art. 6); el derecho a recibir información sobre la causa penal (art. 7), que se facilita a la víctima que lo solicite; y el derecho a la traducción e interpretación gratuitas cuando la víctima no hable o no entienda la lengua oficial (art. 9). El derecho a la protección (arts. 19 y ss.) incluye evitar el contacto entre víctima e infractor en las dependencias en que se desarrollen las actuaciones y preservar su intimidad y dignidad; el derecho a la participación abarca la posibilidad de personarse como parte en el proceso, ejercer la acción penal y civil y la participación en servicios de justicia restaurativa en las condiciones legales.
Víctimas especialmente vulnerables
El artículo 23 de la Ley 4/2015 impone una evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades especiales de protección, atendiendo a: las características personales de la víctima (discapacidad, edad, relación de dependencia con el presunto autor, factores de especial vulnerabilidad); la naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios, así como el riesgo de reiteración (con valoración especial de las víctimas de terrorismo, criminalidad organizada, trata de seres humanos, violencia de género, violencia sexual, delitos de odio y similares); y las circunstancias del delito, en particular si es violento. Se presume que precisan medidas de protección las víctimas menores de edad y las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección. Para estos colectivos la ley y la normativa procesal prevén medidas específicas durante la investigación y el enjuiciamiento: declaración por profesionales especializados, en dependencias adecuadas, sin reiteraciones innecesarias y con posibilidad de grabación audiovisual para su reproducción en juicio (prueba preconstituida, reforzada tras la LO 8/2021 para menores de catorce años y personas con discapacidad necesitadas de especial protección). Los agentes policiales, como primer punto de contacto habitual de la víctima con el sistema, cumplen un papel determinante en la identificación temprana de la vulnerabilidad.
Medidas de protección durante la investigación y el enjuiciamiento
La Ley 4/2015 (arts. 25 y 26) prevé medidas de protección concretas, cuya adopción depende de la evaluación individual y se ajusta a la valoración de la autoridad judicial o fiscal. Durante la fase de investigación: recibir declaración a la víctima en dependencias concebidas o adaptadas para ello; que la declaración sea recibida por profesionales con formación especial; que todas las tomas de declaración sean realizadas por las mismas personas salvo que se perjudique de forma relevante el proceso o deba tomarla directamente el juez o tribunal; y, si la víctima lo solicita, que la declaración la reciba una persona del mismo sexo en los casos de violencia sexual, de género o delitos de similar naturaleza. Durante la fase de enjuiciamiento: evitar el contacto visual entre la víctima y el infractor, incluso mediante videoconferencia; garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala; y celebrar la vista sin presencia de público cuando proceda. En menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección se añaden medidas como la grabación audiovisual de la declaración y la intervención de expertos. La protección de la intimidad (datos personales, imágenes, domicilio) y la prohibición de difundir información que permita identificar a las víctimas menores completan el sistema.
La Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (OAV) se regulan en la Ley 4/2015 y en el Real Decreto 1109/2015. Son servicios públicos y gratuitos, dependientes de las Administraciones competentes en materia de justicia, que prestan información sobre derechos y procedimiento, orientación jurídica general, apoyo emocional y psicológico de primera intervención, acompañamiento a las diligencias y juicio cuando es necesario, y derivación a servicios especializados, con independencia de que la víctima haya denunciado o no. La coordinación entre las oficinas y los cuerpos policiales es esencial: la policía suele ser el primer contacto institucional, por lo que informar de la existencia de estos recursos y derivar efectivamente a la víctima forma parte del deber de información del artículo 5. Prestan especial atención a víctimas de violencia de género, violencia sexual y delitos violentos, en coordinación con los servicios sociales de cada territorio, incluidos los de la Comunidad Foral de Navarra.
Origen y evolución de la victimología como disciplina
La victimología surgió como disciplina dentro de la criminología a mediados del siglo XX, con autores como Benjamin Mendelsohn (a quien se atribuye el término «victimología» y se considera su principal impulsor) y Hans von Hentig (autor de «El delincuente y su víctima», 1948). Su primera etapa se centró en la relación víctima-victimario y en las tipologías de víctimas según su contribución al hecho delictivo. Mendelsohn distinguió, según el grado de culpabilidad, desde la víctima completamente inocente o ideal hasta la víctima más culpable que el infractor o la víctima únicamente culpable (simuladora o imaginaria). Von Hentig destacó factores de predisposición (jóvenes, mujeres, ancianos, inmigrantes, deprimidos, ávidos, solitarios, atormentadores...). Wolfgang analizó la «precipitación de la víctima» en homicidios y Schafer formuló la noción de «responsabilidad funcional» de la víctima. Este enfoque está hoy muy matizado por el riesgo de «culpabilizar a la víctima». A partir de los años setenta y ochenta, la disciplina evolucionó hacia un enfoque asistencial y de derechos (movimientos de apoyo a víctimas, texto de la ONU de 1985, normativa europea), orientado a identificar las necesidades reales tras el delito y a articular una respuesta institucional adecuada, que en España culmina en la Ley 4/2015.
Clasificaciones de víctimas
Además de la clasificación legal (directa/indirecta), la doctrina utiliza varias clasificaciones. Por el número: víctimas individuales y colectivas o difusas (por ejemplo, en delitos contra la salud pública, el medio ambiente o el terrorismo). Por la relación con el agresor: víctimas con vínculo afectivo o familiar (violencia de género y doméstica, maltrato a menores o mayores) y víctimas sin vínculo previo. Por su grado de vulnerabilidad: víctimas ordinarias y víctimas especialmente vulnerables (menores, personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación irregular, víctimas de trata, víctimas de delitos de odio). Por su contribución al hecho (enfoque clásico de Mendelsohn y Schafer): víctima inocente o ideal, víctima provocadora o precipitante, víctima biológica o socialmente débil, víctima voluntaria. También se habla de víctima reiterada o repetida (revictimización o victimización múltiple), cuando una misma persona sufre varios hechos delictivos, algo habitual en el maltrato en el ámbito familiar y en el acoso. Para la actuación policial, el criterio más relevante es el de la vulnerabilidad y el riesgo de reiteración.
El proceso de victimización: victimización primaria
La victimización primaria es el daño directo que la víctima sufre como consecuencia inmediata del delito: el daño físico, psicológico, moral, sexual o económico ocasionado por el propio hecho delictivo. Sus efectos varían en función de la naturaleza y gravedad del delito, la relación previa entre víctima y agresor (especialmente lesiva en el ámbito familiar o de pareja), la existencia de apoyo social y familiar posterior y los factores de vulnerabilidad previa de la víctima. Un adecuado primer contacto policial —trato respetuoso, escucha activa, información clara sobre derechos y recursos— es determinante para mitigar el impacto de esta primera victimización.
La victimización secundaria y el papel de la actuación institucional
La victimización secundaria (o revictimización institucional) es el sufrimiento adicional que la víctima experimenta por su contacto con el sistema de justicia penal y con las instituciones que intervienen tras el delito (policía, sistema judicial, servicios sanitarios o sociales). Sus causas más frecuentes son la reiteración innecesaria de declaraciones, la falta de información sobre el estado del procedimiento, la confrontación directa e innecesaria con el agresor, las esperas prolongadas, las preguntas que cuestionan o culpabilizan a la víctima, la falta de privacidad en las dependencias y el trato inadecuado o impersonal de los profesionales. La Ley 4/2015 y los protocolos policiales (especialmente en delitos sexuales y violencia de género) incorporan medidas para minimizarla: evitar la reiteración de declaraciones, posibilitar la prueba preconstituida, garantizar espacios separados del agresor, facilitar acompañamiento y exigir formación especializada del personal.
La victimización terciaria
La victimización terciaria hace referencia al conjunto de consecuencias que la víctima experimenta a más largo plazo derivadas de su entorno social tras el delito y su paso por el sistema: estigmatización, aislamiento, rechazo o incomprensión del entorno, dificultades de reintegración a la vida cotidiana o laboral y, en un sentido más amplio empleado por algunos autores, la sensación de desprotección institucional cuando la respuesta del sistema se percibe como insuficiente o injusta. Es un concepto de contornos menos precisos que la victimización primaria y secundaria, pero de creciente atención en los protocolos de asistencia integral. Conviene no confundirla con la victimización secundaria: la secundaria procede de las instituciones; la terciaria, de la sociedad y del entorno.
Principios generales del Estatuto de la víctima: información, protección y participación
La Ley 4/2015 articula los derechos en torno a tres ejes. Información (art. 5 y ss.): desde el primer contacto, la víctima tiene derecho a recibir información sobre las medidas de asistencia y apoyo, el procedimiento para presentar denuncia, las medidas de protección, el asesoramiento y la defensa jurídica, y el procedimiento para obtener indemnización. Protección (art. 19 y ss.): medidas individualizadas tras una valoración de riesgo, evitando el contacto con el agresor en dependencias policiales o judiciales. Participación activa en el proceso penal, con reconocimiento de la condición de parte cuando lo desee y cumpla los requisitos legales. El estatuto se completa con el principio de trato no discriminatorio, individualizado y respetuoso, y con el deber de formación de los profesionales que intervienen.
El derecho de la víctima a entender y ser entendida
El artículo 4 de la Ley 4/2015 reconoce a toda víctima el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba realizarse desde la interposición de la denuncia y durante la tramitación del procedimiento penal, incluida la información previa a la denuncia. Implica el uso de un lenguaje claro, sencillo y accesible, la adaptación de las comunicaciones a las circunstancias personales de la víctima (edad, discapacidad, madurez, nivel de comprensión), y el derecho a ser acompañada por una persona de su elección en las primeras actuaciones, salvo decisión motivada en contrario de la autoridad. En la práctica policial, el modo en que un agente informa a una víctima recién agredida condiciona la calidad de la asistencia y su confianza en el sistema.
La valoración individualizada de las necesidades de protección: artículo 23
El artículo 23 obliga a realizar una valoración individualizada de las necesidades de protección de cada víctima, para determinar qué medidas son necesarias durante la instrucción y el proceso (declaración en dependencias adecuadas, evitación del contacto visual con el agresor mediante tecnologías de comunicación, intervención de profesionales, etc.). En esta valoración inicial la actuación policial tiene un papel de primer orden, por ser habitualmente quien realiza el primer contacto. Debe atender a las características personales de la víctima, la naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios, y el riesgo de reiteración. La víctima debe ser oída en la evaluación, y la valoración debe revisarse si cambian las circunstancias a lo largo del proceso. La ausencia de denuncia no impide aplicar las medidas de protección necesarias.
Víctimas especialmente vulnerables: menores, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género
La normativa presta especial atención a categorías de víctimas especialmente vulnerables. Menores de edad: rige el interés superior del menor (LO 1/1996) y se prevén medidas como la grabación de declaraciones para evitar reiteraciones y la intervención de profesionales especializados; la LO 8/2021 refuerza la prueba preconstituida y la protección frente a la violencia. Personas con discapacidad necesitadas de especial protección: adaptación de los medios de comunicación y apoyos necesarios. Víctimas de violencia de género y doméstica: régimen reforzado de la LO 1/2004 (orden de protección, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, derechos laborales y asistenciales, Sistema VioGén de valoración del riesgo, según se estudia en el tema específico). Víctimas de violencia sexual: LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, con centros de crisis y asistencia especializada. Víctimas del terrorismo: Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral. Víctimas de trata: protección y periodo de restablecimiento y reflexión previstos en la legislación de extranjería y el protocolo marco de protección.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito: funciones
Las OAV prestan tres tipos de servicios: informativos (derechos, procedimiento, estado de la causa), de apoyo y asesoramiento (jurídico general, psicológico de primera intervención, acompañamiento a juicio) y de derivación a recursos especializados (psicológicos, sociales, sanitarios, de justicia restaurativa). Además, elaboran informes de evaluación de las necesidades de protección cuando se solicita y coordinan la respuesta institucional. Son gratuitas y confidenciales, y su actuación no queda condicionada a la existencia de denuncia. La coordinación entre la actuación policial de primer contacto y la derivación a las oficinas, a los servicios sociales de urgencia y generales de Navarra y a otros recursos especializados es pieza esencial del modelo integral de atención a la víctima.
Pautas de atención policial a las víctimas
La atención policial debe seguir criterios comunes. Trato: respetuoso, empático y no culpabilizador; presentarse, mantener contacto visual, no cuestionar el relato. Lugar: dependencias discretas, con garantía de intimidad y sin contacto con el agresor. Información: lenguaje comprensible sobre derechos, medidas de protección, recursos de asistencia, procedimiento de denuncia y derecho a asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos; entrega de copia de la denuncia. Entrevista: evitar la reiteración, preguntas abiertas, no presionar en el relato, respetar los ritmos de la víctima. Atención inmediata: valorar necesidades sanitarias, riesgo, seguridad y contacto con familiares o personas de apoyo. Protección: aplicar medidas urgentes en situación de riesgo y comunicar a la autoridad judicial o al fiscal. Derivación: OAV, servicios sociales y sanitarios. Todo ello se complementa con la formación continua de los agentes en victimología, trato a víctimas vulnerables y gestión de situaciones de crisis.
El síndrome de estrés postraumático y otras consecuencias psicológicas de la victimización
Entre las consecuencias psicológicas más frecuentes, en especial en delitos violentos o sexuales, se encuentra el trastorno de estrés postraumático: reexperimentación involuntaria del suceso (flashbacks, pesadillas), evitación de estímulos asociados, alteraciones negativas del estado de ánimo y la cognición, e hiperactivación fisiológica (hipervigilancia, sobresalto, dificultades de concentración o sueño). También son frecuentes la ansiedad, la depresión, los sentimientos de culpa o vergüenza y el aislamiento. El conocimiento básico de estas reacciones permite comprender comportamientos aparentemente incoherentes (relatos fragmentados, silencios, cambios de versión, aparente frialdad emocional) que no deben interpretarse sin más como indicio de falta de veracidad, sino como manifestaciones habituales del proceso de victimización.
El derecho a la reparación: indemnización, ayudas públicas y reembolso de gastos
La Ley 4/2015 reconoce a la víctima el derecho a ser informada de las vías para reclamar la reparación del daño, tanto la responsabilidad civil derivada del delito exigible en el propio proceso penal como los sistemas de ayudas públicas para determinadas categorías de delitos. La norma de referencia en ayudas es la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, desarrollada por su Reglamento (Real Decreto 738/1997). La víctima también tiene derecho al reembolso de los gastos derivados de su participación en el proceso (por ejemplo, desplazamientos), en las condiciones que fija la legislación procesal, así como a la devolución de los bienes restituibles y al acceso a servicios de justicia restaurativa en los términos legales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606), transpone la Directiva 2012/29/UE (25 de octubre de 2012); se desarrolla por el Real Decreto 1109/2015. Distingue víctima directa e indirecta (art. 2).
Víctima indirecta: familiares en casos de muerte o desaparición causada directamente por un delito, con orden de prelación; nunca los responsables de los hechos.
Victimización primaria (daño directo del delito), secundaria (sufrimiento por el contacto con el sistema: policía, justicia) y terciaria (consecuencias sociales a largo plazo, estigmatización).
Derechos básicos desde el primer contacto, con independencia de la denuncia: entender y ser entendida (art. 4), información (art. 5), copia de la denuncia (art. 6), información sobre la causa (art. 7), traducción e interpretación (art. 9) y protección frente al agresor (arts. 19-20).
Art. 23: evaluación individual de necesidades de protección; presunción de especial vulnerabilidad para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
Declaración por profesionales formados, las mismas personas, en dependencias adecuadas y, si la víctima lo pide, por persona del mismo sexo en violencia sexual o de género (art. 25).
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV): servicio público, gratuito y confidencial, con información, asesoramiento, apoyo psicológico y derivación; no exigen denuncia previa.
Victimología: de un enfoque inicial centrado en la relación víctima-victimario (Mendelsohn, von Hentig) a un enfoque asistencial y de derechos (ONU 1985, Directiva 2012/29/UE, Ley 4/2015).
Mendelsohn y von Hentig son los pioneros; la tipología por grado de culpabilidad (de la víctima ideal a la víctima únicamente culpable) es de Mendelsohn.
Derecho a entender y ser entendida (art. 4): lenguaje claro y accesible, adaptado a las circunstancias personales; derecho a acompañamiento por una persona de su elección en las primeras actuaciones.
Víctimas especialmente vulnerables: menores (interés superior del menor, grabación de declaraciones), personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, sexual, terrorismo, trata y delitos de odio.
El estrés postraumático explica relatos fragmentados, cambios de versión o aparente frialdad emocional; no deben confundirse con falta de veracidad.
Reparación del daño: responsabilidad civil derivada del delito + ayudas públicas de la Ley 35/1995 (de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual).
Evitar la victimización secundaria: no reiterar declaraciones, evitar la confrontación con el agresor, no culpabilizar a la víctima, informar y formar al personal.
Error típico: confundir la victimización secundaria (causada por las instituciones) con la terciaria (causada por el entorno social) o con la primaria (causada por el delito).
Error típico: pensar que los derechos del Estatuto exigen denuncia previa; se reconocen desde el primer contacto, hayan o no denunciado.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Respecto a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito, señale la afirmación correcta.
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Policía Foral de Navarra?
El Tema 7 estudia la victimología, la disciplina que analiza a la víctima del delito, su proceso de victimización (primaria, secundaria y terciaria), las distintas tipologías de víctimas y la respuesta institucional —policial, judicial y asistencial— que debe recibir. Su norma de referencia en España es la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606), que transpuso la Directiva 2012/29/UE y estableció un catálogo de derechos exigible frente a cualquier institución que intervenga en el proceso penal, incluida la policía en su primer contacto con la víctima. Se completa con el Real Decreto 1109/2015 (que la desarrolla y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas) y con regímenes especiales como la LO 1/2004 (violencia de género), la Ley 29/2011 (víctimas del terrorismo), la LO 8/2021 (protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia) y la LO 10/2022 (garantía integral de la libertad sexual).
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606), transpone la Directiva 2012/29/UE (25 de octubre de 2012); se desarrolla por el Real Decreto 1109/2015. Distingue víctima directa e indirecta (art. 2). Víctima indirecta: familiares en casos de muerte o desaparición causada directamente por un delito, con orden de prelación; nunca los responsables de los hechos. Victimización primaria (daño directo del delito), secundaria (sufrimiento por el contacto con el sistema: policía, justicia) y terciaria (consecuencias sociales a largo plazo, estigmatización). Derechos básicos desde el primer contacto, con independencia de la denuncia: entender y ser entendida (art. 4), información (art. 5), copia de la denuncia (art. 6), información sobre la causa (art. 7), traducción e interpretación (art. 9) y protección frente al agresor (arts. 19-20). Art. 23: evaluación individual de necesidades de protección; presunción de especial vulnerabilidad para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Declaración por profesionales formados, las mismas personas, en dependencias adecuadas y, si la víctima lo pide, por persona del mismo sexo en violencia sexual o de género (art. 25). Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV): servicio público, gratuito y confidencial, con información, asesoramiento, apoyo psicológico y derivación; no exigen denuncia previa. Victimología: de un enfoque inicial centrado en la relación víctima-victimario (Mendelsohn, von Hentig) a un enfoque asistencial y de derechos (ONU 1985, Directiva 2012/29/UE, Ley 4/2015). Mendelsohn y von Hentig son los pioneros; la tipología por grado de culpabilidad (de la víctima ideal a la víctima únicamente culpable) es de Mendelsohn. Derecho a entender y ser entendida (art. 4): lenguaje claro y accesible, adaptado a las circunstancias personales; derecho a acompañamiento por una persona de su elección en las primeras actuaciones. Víctimas especialmente vulnerables: menores (interés superior del menor, grabación de declaraciones), personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, sexual, terrorismo, trata y delitos de odio. El estrés postraumático explica relatos fragmentados, cambios de versión o aparente frialdad emocional; no deben confundirse con falta de veracidad. Reparación del daño: responsabilidad civil derivada del delito + ayudas públicas de la Ley 35/1995 (de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual). Evitar la victimización secundaria: no reiterar declaraciones, evitar la confrontación con el agresor, no culpabilizar a la víctima, informar y formar al personal. Error típico: confundir la victimización secundaria (causada por las instituciones) con la terciaria (causada por el entorno social) o con la primaria (causada por el delito). Error típico: pensar que los derechos del Estatuto exigen denuncia previa; se reconocen desde el primer contacto, hayan o no denunciado.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606), arts. 2 a 7, 9, 19, 20, 23 y 25
Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015 y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
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