La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.
El Tema 36 estudia las redes sociales desde una perspectiva doble: su tipología y su uso profesional e institucional por parte de un cuerpo policial, y los riesgos básicos de seguridad informática, con especial atención al malware y al phishing, que cualquier empleado público debe saber identificar en su actividad diaria, tanto en el ámbito profesional como personal, dada la naturaleza sensible de la información que maneja un agente de policía. Incluye además las medidas básicas de ciberseguridad, los riesgos para la seguridad personal derivados de la exposición en redes, el marco normativo de referencia y las pautas de actuación ante un incidente.
Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios crear un perfil, publicar y compartir contenidos e interactuar con otros usuarios, formando comunidades en línea. Pueden clasificarse, atendiendo a su finalidad principal, en: redes generalistas u horizontales, dirigidas a un público amplio y sin temática específica (Facebook, Instagram); redes de microblogging, centradas en mensajes breves y en la actualidad informativa en tiempo real (X, antes Twitter, denominación vigente desde 2023), de especial utilidad para las instituciones públicas en la difusión rápida de avisos y alertas; redes profesionales o verticales, orientadas a un ámbito temático o laboral concreto (LinkedIn); redes de contenido audiovisual, centradas en la publicación y el consumo de vídeo o imagen (YouTube, TikTok); y aplicaciones de mensajería instantánea con funcionalidades sociales (WhatsApp, Telegram), que, aunque no son redes sociales en sentido estricto, combinan la comunicación privada con funciones de difusión más amplia (grupos, canales, estados) y comparten con las redes buena parte de sus riesgos de seguridad (difusión de bulos, malware, phishing). Otro criterio de clasificación distingue entre redes abiertas, cuyo contenido es accesible públicamente, y redes o grupos cerrados, de acceso restringido a miembros. Cada categoría presenta un perfil de usuario y unas dinámicas distintas, relevantes tanto para el uso institucional como para comprender fenómenos de seguridad ciudadana asociados a su uso, como la difusión de contenidos ilícitos, los delitos de odio, las estafas o la convocatoria de concentraciones y disturbios a través de estos canales.
El uso profesional e institucional de las redes sociales por los cuerpos policiales
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Foral de Navarra, pueden mantener perfiles institucionales oficiales en las principales redes con finalidades diversas: la difusión de avisos y alertas (cortes de tráfico, alertas meteorológicas con incidencia en la seguridad vial, personas desaparecidas o vehículos buscados), la publicación de consejos de prevención dirigidos a la ciudadanía (estafas, seguridad vial, ciberseguridad), la comunicación de la actividad institucional, la colaboración ciudadana en la resolución de casos y, de forma creciente, la comunicación de proximidad, con un tono divulgativo y cercano que refuerza la confianza social. Estas cuentas se rigen por criterios de uso profesional diferenciados del uso personal: identidad institucional clara (evitando la confusión con perfiles personales o no oficiales y siendo identificable la cuenta como oficial), tono y contenido acordes con la función pública, veracidad y contraste de la información difundida (especialmente en situaciones de emergencia o de crisis, donde una información oficial y verificada contribuye decisivamente a contener los bulos), imparcialidad y neutralidad, y respeto estricto a la normativa de protección de datos y al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen al publicar imágenes o menciones de terceros. No debe difundirse información de actuaciones en curso que pueda comprometer una investigación, la presunción de inocencia de los afectados o la seguridad de los intervinientes, ni datos de víctimas y menores. Las cuentas institucionales deben protegerse con contraseñas robustas, doble factor de autenticación y acceso limitado a las personas autorizadas, pues el secuestro de una cuenta oficial tiene un grave impacto reputacional. Las redes se emplean también en la investigación a partir de fuentes abiertas (OSINT), consultando únicamente información de acceso público y respetando las garantías legales aplicables a cualquier actuación que afecte a derechos fundamentales.
Riesgos del uso personal de redes sociales por parte de un agente de policía
El uso de redes sociales en la esfera personal por parte de un miembro de un cuerpo policial plantea riesgos específicos: la publicación de información o imágenes que comprometan su seguridad personal o la de su familia y compañeros (localización, rutinas, domicilio, vehículo, imágenes con uniforme, armamento o identificativos visibles, datos de los hijos), que facilita el acoso, la identificación por organizaciones delictivas o la elaboración de perfiles para ingeniería social; la difusión de opiniones o contenidos que comprometan los principios de imparcialidad, neutralidad y dignidad exigibles a su función; y la publicación no autorizada de imágenes o información obtenida en el ejercicio de sus funciones, que puede vulnerar tanto el deber de secreto profesional del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la normativa de protección de datos y, en su caso, constituir infracción disciplinaria o incluso delito de revelación de secretos. Pautas básicas: configurar la privacidad de los perfiles para limitar la visibilidad, revisar quién puede etiquetar y ver las publicaciones, no aceptar solicitudes de desconocidos, evitar geolocalizar publicaciones en tiempo real, desactivar los metadatos de ubicación de las fotografías, no publicar imágenes de servicios, instalaciones o actuaciones, y recordar que lo publicado en Internet es difícil de eliminar por completo. Los empleados públicos están sujetos a los principios de conducta recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, entre ellos la discreción y el deber de confidencialidad respecto a la información que conocen por razón de su puesto.
Malware: concepto y tipos
El término malware (contracción de «malicious software», software malicioso) engloba cualquier programa diseñado deliberadamente para dañar, alterar, obtener información o acceder sin autorización a un sistema informático. Sus tipos más habituales son: el virus (código malicioso que se adjunta a un archivo o programa legítimo y se propaga cuando este se ejecuta, requiriendo por tanto una acción del usuario); el gusano (worm), que se propaga de forma autónoma a través de una red sin necesidad de archivo anfitrión ni de intervención del usuario; el troyano, que se presenta como legítimo o útil pero oculta una funcionalidad maliciosa, como abrir una puerta trasera de acceso remoto no autorizado, y que no se replica por sí mismo; el ransomware, que cifra los archivos del equipo infectado (o bloquea el acceso al sistema) y exige un rescate para su recuperación, una de las amenazas de mayor impacto en los últimos años, incluida la Administración Pública; el spyware o software espía, que recopila información del usuario sin su conocimiento (contraseñas, hábitos de navegación); el keylogger, que registra las pulsaciones del teclado; el adware, que muestra publicidad no deseada, con distinta gravedad según su comportamiento; el rootkit, que oculta la presencia de otro malware y mantiene el acceso privilegiado; y la botnet, conjunto de equipos infectados controlados remotamente por un atacante, que se emplea para ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) o envío masivo de spam. El malware llega por adjuntos de correo, enlaces maliciosos, descargas de sitios no oficiales, memorias USB, aplicaciones falsas y mensajes en redes sociales o de mensajería.
El ransomware y la prevención del malware
El ransomware es una categoría de malware de especial gravedad que cifra los archivos del sistema infectado o bloquea el acceso al propio sistema y exige a la víctima el pago de un rescate, habitualmente en criptomonedas, a cambio de la clave de descifrado, sin garantía alguna de que el pago conlleve la recuperación de los archivos. Con frecuencia los atacantes practican además la «doble extorsión»: antes de cifrar, copian información sensible y amenazan con publicarla, lo que en el caso de datos personales supone una brecha de seguridad. Las autoridades de ciberseguridad desaconsejan el pago del rescate, que financia a las organizaciones criminales y no asegura la recuperación. La prevención básica frente al malware incluye: mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones con los últimos parches de seguridad; disponer de un antivirus o solución de protección del puesto actualizada, con capacidad de detectar comportamientos anómalos y no solo firmas conocidas; no ejecutar archivos ni instalar programas de origen desconocido o no autorizado; no conectar dispositivos de almacenamiento externos de procedencia desconocida; utilizar cuentas de usuario sin privilegios de administrador para el trabajo habitual; y realizar copias de seguridad periódicas y externas al sistema principal (regla 3-2-1: tres copias, en dos soportes diferentes y una de ellas fuera de las instalaciones), comprobando que pueden restaurarse. Ante una sospecha de infección: desconectar el equipo de la red, no apagar ni reiniciar sin instrucciones y avisar de inmediato al servicio de informática o seguridad.
Phishing: concepto y modalidades
El phishing es una técnica de ingeniería social (manipulación psicológica dirigida a engañar a la víctima, más que a explotar una vulnerabilidad técnica) mediante la cual el atacante se hace pasar por una entidad legítima y de confianza (un banco, una Administración Pública, un servicio de mensajería, el propio departamento informático) para obtener información sensible (contraseñas, datos bancarios o personales) o inducir una acción perjudicial (hacer clic en un enlace malicioso, descargar un archivo infectado, realizar un pago), habitualmente mediante un correo electrónico o mensaje que suplanta la imagen de la entidad y dirige a la víctima a una página fraudulenta que imita a la original. Modalidades según el canal: el «smishing» (mensajes SMS o de mensajería), el «vishing» (llamada telefónica) y el «quishing» (códigos QR que dirigen a sitios fraudulentos). Según el grado de personalización: el phishing masivo, enviado a miles de destinatarios, y el «spear phishing», dirigido a una persona u organización concreta con información personalizada obtenida, a menudo, de redes sociales; cuando el objetivo es un alto cargo se denomina «whaling». Otras técnicas relacionadas son el «pharming», que redirige al usuario a una web falsa aunque escriba correctamente la dirección, y el fraude del CEO o suplantación de un superior para solicitar transferencias o datos urgentes. En el ámbito policial es especialmente relevante el uso de información publicada en redes sociales para construir mensajes creíbles dirigidos al personal.
Indicios de phishing y actuación ante un intento
Entre los indicios que permiten sospechar de un intento de phishing se encuentran: la urgencia o amenaza artificial (bloqueo inminente de una cuenta, oferta por tiempo limitado), diseñada para impedir la reflexión de la víctima; errores ortográficos o gramaticales; un remitente que, aun mostrando un nombre aparentemente legítimo, utiliza una dirección que no coincide con el dominio oficial de la entidad suplantada; enlaces cuya URL de destino, visible al pasar el cursor por encima sin hacer clic, no corresponde al dominio oficial; saludos genéricos; solicitudes de información que una entidad legítima nunca pediría por ese canal (contraseñas completas, códigos de verificación o claves bancarias); y archivos adjuntos inesperados, especialmente ejecutables o comprimidos con contraseña, que dificultan el análisis por el antivirus. Ante la sospecha en el ámbito corporativo la buena práctica es no interactuar con el mensaje (no hacer clic, no abrir adjuntos, no responder, no reenviarlo a compañeros) y comunicarlo de inmediato al servicio de informática o seguridad, siguiendo el procedimiento interno. Si ya se ha introducido una contraseña, debe cambiarse inmediatamente y notificarse el incidente; si se ha ejecutado un adjunto, desconectar el equipo de la red y avisar. En el ámbito personal pueden denunciarse los fraudes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consultarse al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) a través de su Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017.
Buenas prácticas básicas de ciberseguridad
La ciberseguridad básica exigible a cualquier empleado público, incluido el personal de la Policía Foral, comprende un conjunto de buenas prácticas de aplicación general. Contraseñas: robustas (longitud suficiente, combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, evitando datos personales deducibles), distintas para cada servicio, no compartidas y, preferiblemente, gestionadas mediante un gestor de contraseñas autorizado; hoy se aconseja dar prioridad a la longitud (frases de paso). Autenticación multifactor (en dos factores): un segundo elemento de verificación además de la contraseña, que puede ser algo que se sabe, algo que se tiene (código enviado al móvil o generado por una aplicación, llave física) o algo que se es (biometría); las llaves de acceso (passkeys) y las aplicaciones de autenticación son más resistentes al phishing que los códigos enviados por SMS. Actualización periódica del sistema operativo, el navegador y las aplicaciones. Bloqueo de la pantalla al ausentarse del puesto. Conexión únicamente a redes wifi de confianza, evitando operaciones sensibles en redes públicas abiertas o utilizando una red privada virtual (VPN) autorizada. Cifrado de los dispositivos portátiles y extraíbles. Uso exclusivo de aplicaciones y servicios autorizados por la organización para tratar información profesional, evitando almacenar o enviar información policial por servicios de mensajería o nube de uso personal (el denominado «shadow IT»). Copias de seguridad. Comunicación inmediata al servicio de informática ante cualquier incidente o sospecha de compromiso, sin intentar resolverlo por cuenta propia.
Principio de mínimo privilegio, ingeniería social y factor humano
El principio de mínimo privilegio, aplicado a la ciberseguridad, establece que cada usuario o proceso de un sistema debe disponer únicamente de los permisos estrictamente necesarios para desempeñar sus funciones, de modo que el compromiso de esa cuenta (por ejemplo, mediante phishing) limite el daño potencial. Se relaciona con el principio de necesidad de conocer, propio del tratamiento de información sensible o clasificada. La ingeniería social engloba cualquier técnica de manipulación psicológica dirigida a que la propia víctima, de forma voluntaria aunque engañada, facilite información sensible o realice una acción que comprometa la seguridad, explotando factores humanos como la confianza, la urgencia, el miedo, la curiosidad o la autoridad aparente del solicitante (llamadas falsas de soporte técnico, pretextos, cebos como memorias USB abandonadas). Por ello constituye el vector de ataque más difícil de neutralizar con herramientas puramente técnicas y exige formación y concienciación continuas del personal. Otros conceptos básicos de seguridad de la información son sus tres dimensiones clásicas: confidencialidad (que la información solo sea accesible a quien está autorizado), integridad (que no sea alterada de forma no autorizada) y disponibilidad (que esté accesible cuando se necesita), a las que el Esquema Nacional de Seguridad añade la autenticidad y la trazabilidad.
Marco normativo y responsabilidades
La protección de la información y de los sistemas en el sector público se rige, entre otras normas, por el Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que establece los principios básicos y requisitos mínimos de seguridad de los sistemas de información de las Administraciones Públicas, y por el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010). El tratamiento de datos personales se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, que reconoce derechos digitales, entre ellos la protección de los menores en Internet y el derecho al olvido en servicios de redes sociales; el consentimiento de los menores para el tratamiento de sus datos requiere, con carácter general, haber cumplido catorce años (art. 7 LOPDGDD). Los incidentes de seguridad en el sector público se notifican a los equipos de respuesta (CCN-CERT), y las brechas de datos personales deben comunicarse conforme al RGPD a la autoridad de control en el plazo de setenta y dos horas desde que se tiene constancia, cuando sea probable que supongan un riesgo para los derechos y libertades de las personas. En el ámbito penal, el Código Penal castiga, entre otros, el descubrimiento y revelación de secretos y el acceso ilícito a sistemas (art. 197 y siguientes), la estafa informática (art. 248.2), los daños informáticos (art. 264) y las conductas de acoso o amenazas cometidas por medios digitales. Todo ello se traduce, para el agente, en una doble responsabilidad: proteger los sistemas e información que se le confían y actuar con diligencia ante cualquier incidente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Tipología de redes sociales: generalistas (Facebook, Instagram), microblogging (X), profesionales (LinkedIn), audiovisuales (YouTube, TikTok) y mensajería instantánea con funciones sociales (WhatsApp, Telegram), que no es red social en sentido estricto pero comparte sus riesgos.
El uso institucional policial se basa en identidad clara, veracidad contrastada, imparcialidad y respeto a la protección de datos y a la presunción de inocencia; sirve para avisos, prevención, colaboración ciudadana y comunicación de proximidad.
No difundir en redes información de actuaciones en curso, datos de víctimas o menores ni imágenes de servicios; el secreto profesional se recoge en el art. 5.5 LOFCS.
Seguridad personal del agente: no publicar rutinas, domicilio, familia, uniforme o identificativos; privacidad configurada; no geolocalizar en tiempo real.
Malware: virus (requiere ejecución del usuario), gusano (se propaga solo por la red), troyano (se disfraza de legítimo y abre una puerta trasera), ransomware (cifra y exige rescate), spyware (espía), keylogger (registra teclas), adware (publicidad), rootkit (oculta malware) y botnet (red de equipos controlados).
Ransomware: la mejor prevención son las copias de seguridad periódicas y externas (regla 3-2-1); no se recomienda pagar el rescate; existe doble extorsión (robo y amenaza de publicación de datos).
Phishing: ingeniería social suplantando a una entidad legítima; variantes smishing (SMS/mensajería), vishing (llamada), quishing (QR), spear phishing (dirigido), whaling (altos cargos) y pharming (redirección a web falsa).
Indicios de phishing: urgencia artificial, errores, remitente con dominio no oficial, URL de destino distinta, petición de datos que la entidad nunca pediría, adjuntos inesperados.
Ante un phishing sospechoso: no hacer clic, no responder, no reenviar a compañeros; comunicarlo al servicio de informática o seguridad; si se introdujo una contraseña, cambiarla de inmediato.
Buenas prácticas: contraseñas robustas y distintas por servicio, autenticación multifactor (las passkeys y apps de autenticación resisten mejor al phishing que el SMS), actualizaciones, VPN o redes de confianza, no usar servicios personales para información policial.
Principio de mínimo privilegio: solo los permisos estrictamente necesarios para limitar el daño de un compromiso; confidencialidad, integridad y disponibilidad como dimensiones de la seguridad.
El Esquema Nacional de Seguridad se regula por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo; las brechas de datos personales se notifican a la autoridad de control en 72 horas (RGPD) cuando entrañen riesgo.
El consentimiento de un menor para el tratamiento de sus datos requiere con carácter general 14 años cumplidos (art. 7 LOPDGDD).
La ingeniería social es el vector más difícil de neutralizar técnicamente: la formación y concienciación del personal es la defensa principal.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué tipo de malware cifra los archivos del equipo infectado y exige un pago para su recuperación?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 36 de Policía Foral de Navarra?
El Tema 36 estudia las redes sociales desde una perspectiva doble: su tipología y su uso profesional e institucional por parte de un cuerpo policial, y los riesgos básicos de seguridad informática, con especial atención al malware y al phishing, que cualquier empleado público debe saber identificar en su actividad diaria, tanto en el ámbito profesional como personal, dada la naturaleza sensible de la información que maneja un agente de policía. Incluye además las medidas básicas de ciberseguridad, los riesgos para la seguridad personal derivados de la exposición en redes, el marco normativo de referencia y las pautas de actuación ante un incidente.
¿Qué hay que memorizar del Tema 36 para el examen?
Tipología de redes sociales: generalistas (Facebook, Instagram), microblogging (X), profesionales (LinkedIn), audiovisuales (YouTube, TikTok) y mensajería instantánea con funciones sociales (WhatsApp, Telegram), que no es red social en sentido estricto pero comparte sus riesgos. El uso institucional policial se basa en identidad clara, veracidad contrastada, imparcialidad y respeto a la protección de datos y a la presunción de inocencia; sirve para avisos, prevención, colaboración ciudadana y comunicación de proximidad. No difundir en redes información de actuaciones en curso, datos de víctimas o menores ni imágenes de servicios; el secreto profesional se recoge en el art. 5.5 LOFCS. Seguridad personal del agente: no publicar rutinas, domicilio, familia, uniforme o identificativos; privacidad configurada; no geolocalizar en tiempo real. Malware: virus (requiere ejecución del usuario), gusano (se propaga solo por la red), troyano (se disfraza de legítimo y abre una puerta trasera), ransomware (cifra y exige rescate), spyware (espía), keylogger (registra teclas), adware (publicidad), rootkit (oculta malware) y botnet (red de equipos controlados). Ransomware: la mejor prevención son las copias de seguridad periódicas y externas (regla 3-2-1); no se recomienda pagar el rescate; existe doble extorsión (robo y amenaza de publicación de datos). Phishing: ingeniería social suplantando a una entidad legítima; variantes smishing (SMS/mensajería), vishing (llamada), quishing (QR), spear phishing (dirigido), whaling (altos cargos) y pharming (redirección a web falsa). Indicios de phishing: urgencia artificial, errores, remitente con dominio no oficial, URL de destino distinta, petición de datos que la entidad nunca pediría, adjuntos inesperados. Ante un phishing sospechoso: no hacer clic, no responder, no reenviar a compañeros; comunicarlo al servicio de informática o seguridad; si se introdujo una contraseña, cambiarla de inmediato. Buenas prácticas: contraseñas robustas y distintas por servicio, autenticación multifactor (las passkeys y apps de autenticación resisten mejor al phishing que el SMS), actualizaciones, VPN o redes de confianza, no usar servicios personales para información policial. Principio de mínimo privilegio: solo los permisos estrictamente necesarios para limitar el daño de un compromiso; confidencialidad, integridad y disponibilidad como dimensiones de la seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad se regula por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo; las brechas de datos personales se notifican a la autoridad de control en 72 horas (RGPD) cuando entrañen riesgo. El consentimiento de un menor para el tratamiento de sus datos requiere con carácter general 14 años cumplidos (art. 7 LOPDGDD). La ingeniería social es el vector más difícil de neutralizar técnicamente: la formación y concienciación del personal es la defensa principal.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), guías de identificación de malware y phishing
Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), guías y avisos de ciberseguridad
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5.5)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 197, 248 y 264)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Foral de Navarra.