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Tema 26. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana: disposiciones generales y régimen sancionador.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 26 estudia la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442), norma que sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (la llamada «ley Corcuera»), y que es conocida popularmente como «ley mordaza». Regula, dentro del marco de la Constitución, un conjunto de actuaciones dirigidas a la tutela de la seguridad ciudadana: los principios rectores y de actuación, la documentación e identificación personal, las potestades generales de policía de seguridad (identificación, restricciones de tránsito, comprobaciones y registros, registros corporales externos, actuaciones con ocasión de reuniones y manifestaciones), las potestades especiales de policía administrativa (establecimientos, armas, explosivos, espectáculos) y el régimen sancionador, con infracciones muy graves, graves y leves, sanciones de multa, procedimiento y prescripción. Es una de las leyes más importantes del programa porque define el límite entre la infracción administrativa y el delito (desobediencia y resistencia, faltas de respeto, drogas, reuniones) y las potestades policiales cotidianas (identificación, cacheo) cuya correcta aplicación es objeto frecuente de preguntas de examen.

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Estructura, objeto y fines de la ley (arts. 1 a 4)

La Ley Orgánica 4/2015 tiene 54 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, ordenados en cinco grandes bloques: disposiciones generales, documentación e identificación personal, potestades generales de policía de seguridad, potestades especiales de policía administrativa de seguridad y régimen sancionador. Su objeto es la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinto carácter, orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. La seguridad ciudadana se concibe como requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su garantía corresponde al Estado conforme al artículo 104 de la Constitución, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas con policía propia (como Navarra) y de las Corporaciones locales. La ley fija los fines (normal funcionamiento de las instituciones, preservación de la convivencia, respeto de las libertades, etc.) y los principios rectores y de actuación de los poderes públicos: legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia en la prevención, congruencia, celeridad y responsabilidad. La norma deroga la Ley Orgánica 1/1992.

Principios de actuación de las autoridades y de los agentes

Las autoridades competentes y sus agentes ajustan su actuación a los principios de legalidad (vinculación positiva a la Constitución, la ley y el Derecho), de actuación proporcionada, adecuada y racional a los legítimos objetivos que la justifican, de trato no discriminatorio por razón de nacimiento, nacionalidad, sexo, raza, religión u otra condición personal o social, de igualdad de trato y de oportunidad. Se conectan con los principios básicos de actuación del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (adecuación al ordenamiento, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad). Una consecuencia práctica de estos principios es que toda potestad de intervención (identificación, registro, disolución, medida extraordinaria) debe responder al criterio de injerencia mínima: se elige la medida menos gravosa entre las que sean igualmente eficaces, y se mantiene solo mientras subsista la finalidad que la justifica.

El deber de colaboración y la documentación personal

Los ciudadanos deben colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de la seguridad ciudadana y en los términos que la ley establece, lo que no equivale a un deber ilimitado de identificarse o de aportar información en cualquier circunstancia: las obligaciones de exhibir documentación, identificarse o permitir comprobaciones solo existen en los supuestos y con las garantías previstos en la norma. El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento público y oficial, con la protección que a estos otorgan las leyes, que acredita la identidad y los datos personales de su titular; su obtención es obligatoria para los españoles mayores de catorce años residentes en España. Los españoles tienen además derecho a obtener el pasaporte. Los extranjeros deben documentarse conforme a su normativa específica. El incumplimiento de la obligación de obtener o llevar la documentación, o su uso irregular, puede constituir infracción de la ley. La ley también regula el deber de las empresas de mantener registros documentales (por ejemplo, de hospedaje o compraventa de objetos usados) a efectos policiales.

La identificación de personas (art. 16)

El artículo 16 regula la identificación, la potestad de aplicación más cotidiana. En el ejercicio de las funciones de indagación o prevención que las leyes encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agentes podrán requerir la identificación de las personas: a) cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, o b) cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. En la práctica se realizará, siempre que sea posible, mediante exhibición del documento acreditativo (DNI, pasaporte u otro documento oficial). Si el requerimiento no tuviera como resultado la identificación, o ésta no fuera posible, los agentes podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados que les acompañen a dependencias próximas en las que se disponga de los medios adecuados, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo imprescindible, que no podrá superar en ningún caso las seis horas. La persona tiene derecho a que se informe al Ministerio Fiscal de la diligencia, a comunicar a un familiar o persona que designe la situación y lugar en el que se encuentra, y a ser asistido por intérprete si lo precisa; además, se lleva un libro-registro de las diligencias de identificación practicadas. La negativa a identificarse ante los agentes puede constituir infracción grave. La identificación no es una detención: es una restricción temporal de la libertad que debe respetar proporcionalidad y finalidad exclusiva.

Restricciones de tránsito, controles y comprobaciones en lugares públicos (arts. 17 y 18)

La ley habilita a los agentes para acordar restricciones de tránsito y controles en las vías, lugares o establecimientos públicos cuando se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana o existan indicios racionales de que puede producirse (por ejemplo, para la localización de personas que hayan participado en un hecho delictivo, o para la protección de infraestructuras críticas). Estas restricciones deben ser provisionales, limitadas al tiempo imprescindible y proporcionadas. También se contemplan comprobaciones y registros en lugares públicos sobre personas, efectos personales y vehículos, con el fin de descubrir y detener a personas que hayan participado en un delito grave o para encontrar instrumentos o efectos de aquel. De ellos se levantará constancia y se informará al Ministerio Fiscal en los supuestos legalmente previstos. En la práctica, estas medidas se aplican con apoyo en dispositivos de cierre de zona o controles de alcoholemia, y los agentes deben distinguirlas de la identificación del artículo 16 y del registro corporal externo del artículo 20.

Registros corporales externos (art. 20)

El artículo 20 regula los registros corporales externos, distinguiéndolos de las intervenciones corporales. Los agentes podrán practicar registros corporales externos y de los efectos personales cuando existan indicios racionales de que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que se encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se aplicarán los principios de injerencia mínima, idoneidad y proporcionalidad. Si por razones de las circunstancias fuera necesario que la persona se desnude total o parcialmente, el registro se realizará en lugar reservado y fuera de la vista de terceros, por un agente del mismo sexo que la persona registrada, y respetando la dignidad y la intimidad. Se trata de una diligencia policial que no requiere autorización judicial previa, a diferencia de las intervenciones corporales en sentido estricto (extracción de sangre, de muestras biológicas, exploraciones internas, análisis genéticos), que por afectar más intensamente a la integridad física y a la intimidad requieren, con carácter general, autorización judicial, salvo consentimiento válido del afectado. Trampa de examen: cacheo (registro externo) no es lo mismo que desnudo integral ni intervención corporal.

Entrada y registro en domicilios y reuniones o manifestaciones

La entrada y registro en un domicilio se rige por el artículo 18.2 de la Constitución: el domicilio es inviolable y solo se puede entrar con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. La ley de seguridad ciudadana remite a este marco y prevé la entrada sin mandamiento judicial solo en los supuestos constitucionalmente admitidos, con el deber de dar cuenta de ella. El derecho de reunión y manifestación (artículo 21 de la Constitución) se regula por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, que exige comunicación previa a la autoridad gubernativa para las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones. La Ley Orgánica 4/2015 no regula el contenido de este derecho, sino las potestades policiales vinculadas a su ejercicio: disolución de reuniones y manifestaciones cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, restablecimiento de la seguridad y tipificación de infracciones asociadas a reuniones en determinadas sedes o infraestructuras. Trampa de examen: el derecho de reunión se regula por la LO 9/1983, y la LO 4/2015 solo interviene en el plano de las potestades policiales y sancionadoras.

Potestades especiales de policía administrativa de seguridad

La ley contempla un bloque de potestades de policía administrativa de seguridad respecto de actividades y establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana: la obligación de registro documental de determinadas actividades (alojamiento, compraventa de joyas o de objetos usados, talleres de reparación de vehículos, alquiler de vehículos, etc.), el régimen de armas y explosivos y de las actividades que se realicen con ellos, las medidas de seguridad en establecimientos o instalaciones de pública concurrencia y las medidas de seguridad extraordinarias que pueden acordar las autoridades en circunstancias excepcionales (incremento de medidas, reforzamiento de la autoprotección, cierre temporal). La normativa sectorial en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, de competencia autonómica (y, en el caso de Navarra, foral), fija las condiciones de seguridad, aforo y autorización de los locales de pública concurrencia.

Régimen sancionador: infracciones muy graves, graves y leves

El régimen sancionador clasifica las infracciones en muy graves (art. 35), graves (art. 36) y leves (art. 37). Son infracciones muy graves, entre otras, las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas que generen un grave riesgo, la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, tenencia o utilización de armas reglamentarias, explosivos o cartuchería sin la documentación o autorización requerida, y la celebración de espectáculos o actividades recreativas incumpliendo la prohibición o suspensión ordenada. Son infracciones graves, entre otras: la perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos o reuniones; las reuniones o manifestaciones frente al Congreso, el Senado y las asambleas legislativas autonómicas, aunque no estuvieran reunidas, que alteren gravemente la seguridad (art. 36.2); la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sea delito, y la negativa a identificarse (art. 36.6); el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares públicos, así como el abandono de útiles empleados para su consumo (art. 36.16); y el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación (art. 36.23). Son infracciones leves, entre otras, las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando no constituyan infracción penal (art. 37.4) y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana (art. 37.7).

Sanciones: multas, criterios de graduación y medidas accesorias

Las infracciones se sancionan con multa, con las siguientes cuantías: infracciones leves, de 100 a 600 euros; infracciones graves, de 601 a 30.000 euros; infracciones muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. La multa se gradúa atendiendo a criterios como la gravedad y naturaleza de la infracción, la entidad del riesgo producido, la cuantía del perjuicio causado, el grado de culpabilidad, la capacidad económica del infractor y la reincidencia (comisión de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme), entre otros. Junto a la multa, la ley prevé medidas accesorias, como el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya ejecutado la infracción y de los efectos procedentes de ella, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable, la suspensión o retirada de licencias y autorizaciones y la clausura de establecimientos en los supuestos previstos. Cabe sustituir en determinados supuestos relativos al consumo de drogas la sanción por la participación en actividades de tratamiento o rehabilitación. Los menores responden de forma especial, con responsabilidad solidaria de sus padres, tutores o guardadores en los términos legales.

Procedimiento sancionador, presunción de veracidad, competencia y prescripción

El procedimiento sancionador se rige por la ley de procedimiento administrativo común con las especialidades de la LO 4/2015. Las denuncias, atestados o actas formuladas por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos constituyen base suficiente para adoptar la resolución, salvo prueba en contrario, lo que se conoce como valor probatorio reforzado o presunción de veracidad de la actuación de los agentes. Se prevé un procedimiento abreviado con reducción de la multa (el 50 por ciento) cuando se abone voluntariamente en el plazo legalmente fijado, con renuncia a formular alegaciones y a recurrir en vía administrativa, sin perjuicio de la vía contencioso-administrativa. La competencia para sancionar se distribuye entre el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los Delegados y Subdelegados del Gobierno y otras autoridades estatales, según la gravedad; y se reconocen las competencias de las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en esta materia y de los alcaldes en los supuestos legalmente previstos. Plazos de prescripción: las infracciones muy graves prescriben a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses; las sanciones por infracciones muy graves, a los dos años, graves al año y leves a los seis meses. La instrucción del procedimiento interrumpe la prescripción de la infracción.

Frontera entre infracción administrativa y delito

La ley tipifica como infracción administrativa conductas que, si adquieren cierta gravedad, se convierten en delito. La desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes es infracción administrativa solo cuando no constituya delito; si hay empleo de fuerza, acometimiento o intimidación grave, se trata de atentado (artículo 550 del Código Penal), y si hay resistencia o desobediencia grave no comprendida en el atentado, delito del artículo 556. Las faltas de respeto a los agentes son infracción leve de la ley, mientras que las injurias graves o amenazas constituyen delito. El consumo y la tenencia ilícita de drogas en lugares públicos son infracción grave, mientras que el tráfico es delito (artículo 368 del Código Penal). El principio de subsidiariedad y el principio non bis in idem impiden sancionar dos veces por el mismo hecho: si los hechos son delito, se suspende el procedimiento administrativo hasta que se resuelva el penal. La calificación correcta en el momento de instruir el atestado o la denuncia administrativa es una de las decisiones más relevantes del agente actuante.

El uso de imágenes de agentes y el derecho a grabar la actuación policial

Una previsión discutida y de frecuente pregunta de examen es la que sanciona como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. Debe distinguirse del derecho general a grabar la actuación policial en el ejercicio de la libertad de información, que sigue vigente: no toda grabación o difusión de imágenes de agentes es infracción, sino únicamente la que ponga en riesgo la seguridad o el éxito de la operación. La interpretación se hace conforme a la libertad de información del artículo 20 de la Constitución y exige valorar el riesgo concreto.

Consumo de alcohol y otras conductas en la vía pública

Entre las infracciones más frecuentes en la práctica diaria se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, que es infracción leve cuando perturba gravemente la tranquilidad ciudadana (el denominado botellón). La normativa autonómica y local (leyes forales de espectáculos públicos y ordenanzas municipales de convivencia) complementa esta regulación. Frente a ello, el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares públicos es infracción grave. Por otra parte, la ocupación de inmuebles, la perturbación de actos públicos y otras conductas incívicas pueden constituir infracciones graves o leves según su entidad, con posible calificación penal si concurren daños, violencia o intimidación.

Identificación, retención y detención: diferencias

Es esencial distinguir tres figuras que se confunden. La identificación del artículo 16 es una comprobación de identidad que se realiza, en lo posible, en el lugar, y solo si no se logra puede conllevar el traslado a dependencias policiales por un máximo de seis horas, a los solos efectos de identificar. No es una detención: no se informa de los derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni se computa el plazo de 72 horas. La detención es una privación de libertad por la presunta comisión de un hecho delictivo (arts. 489 y ss. LECrim), que tiene un plazo máximo de 72 horas hasta la puesta a disposición judicial y exige información de derechos y asistencia letrada. La mera retención o inmovilización breve de una persona durante la práctica de diligencias no autorizadas por la ley es un ámbito de riesgo: si se supera lo necesario, puede convertirse en detención ilegal o en infracción disciplinaria. Trampa de examen: el traslado a dependencias del artículo 16 no inicia el cómputo de las 72 horas ni exige abogado, pero sí comunicación al Ministerio Fiscal y llevanza de libro-registro.

Sujetos responsables y menores de edad

Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen los hechos tipificados, y el principio de culpabilidad exige dolo o culpa. Los menores de edad pueden ser sancionados, y los padres, tutores o guardadores responden de forma solidaria cuando se aprecie su colaboración en los hechos o su falta de diligencia, y los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones responden de determinadas infracciones. Cuando el infractor sea una persona jurídica, puede responder además la persona que ordene o realice materialmente la conducta. El principio non bis in idem impide sancionar dos veces el mismo hecho por la misma infracción, y los hechos que puedan ser constitutivos de delito se remiten al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, suspendiéndose el procedimiento administrativo hasta que recaiga resolución judicial; la sentencia penal vincula respecto de los hechos probados. Todo ello sigue las reglas generales de la potestad sancionadora administrativa de la Ley 40/2015 y de la Ley 39/2015.

Cuadro comparativo de infracciones frecuentes

Muy graves: reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas que generen un grave riesgo; fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio o utilización de armas y explosivos sin documentación; incumplimiento de la prohibición de espectáculos. Graves: perturbación grave de la seguridad en espectáculos y actos; reuniones ante las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas legislativas (art. 36.2); desobediencia o resistencia no delictiva y negativa a identificarse (36.6); consumo y tenencia ilícita de drogas en lugares públicos (36.16); uso no autorizado de imágenes de agentes que ponga en peligro su seguridad (36.23). Leves: faltas de respeto a los agentes no delictivas (37.4); consumo de alcohol en lugares públicos que perturbe gravemente la tranquilidad (37.7). Multas: leves 100 a 600 euros; graves 601 a 30.000; muy graves 30.001 a 600.000. Esta tabla permite resolver rápido las preguntas de calificación. Conviene recordar que el mismo hecho puede ser delito si se emplea fuerza o intimidación grave: la infracción administrativa solo existe cuando la conducta no es constitutiva de infracción penal.

Importancia práctica para la Policía Foral

En la actuación diaria de la Policía Foral, la LO 4/2015 sustenta las identificaciones, los controles, los registros externos y las denuncias por infracciones de seguridad ciudadana. Por ello el agente debe: motivar la identificación (indicios de infracción o necesidad de prevención), respetar el trato correcto y la información del artículo 5 de la LO 2/1986, documentar en el acta o denuncia los hechos que presenció para que gocen de valor probatorio reforzado, y calificar con prudencia: ante duda sobre si el comportamiento es delictivo (atentado, resistencia grave) o administrativo, prevalece la valoración de la gravedad de la conducta y se da cuenta a la autoridad judicial cuando haya delito. Además, debe conocer la distribución de competencias sancionadoras en su ámbito y los trámites del procedimiento (notificación, alegaciones, resolución y pago con reducción).

La ley en Navarra: Policía Foral, competencias y coordinación

La Ley Orgánica 4/2015 es una ley orgánica estatal, dictada al amparo de los títulos competenciales de seguridad pública del artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que fija un régimen común aplicable en todo el territorio. Navarra tiene Policía Foral, cuerpo permanente de la Comunidad Foral reconocido en la LORAFNA, que ejerce funciones de policía integral en el ámbito de la Comunidad Foral conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra, y en los términos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (la Junta de Seguridad de Navarra es el órgano de coordinación). En consecuencia, los agentes de la Policía Foral aplican la LO 4/2015 en el marco de sus competencias, y los órganos de la Comunidad Foral ejercen la potestad sancionadora en los términos del régimen competencial vigente. La concreta atribución de competencias sancionadoras a los órganos de Navarra conviene contrastarla con el texto vigente y con la normativa foral de desarrollo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442): 54 artículos; derogó la LO 1/1992, de 21 de febrero («ley Corcuera»); popularmente «ley mordaza».
  • Objeto: tutelar la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana; se enmarca en el art. 104 CE.
  • Principios de actuación: legalidad, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, eficacia, congruencia y celeridad; injerencia mínima.
  • DNI: documento público y oficial, obligatorio para los españoles mayores de 14 años residentes en España.
  • Art. 16: identificación si hay indicios de participación en una infracción o es razonablemente necesario para prevenir un delito; si no es posible, traslado a dependencias policiales por el tiempo imprescindible y máximo de 6 horas.
  • En la identificación en dependencias: se informa al Ministerio Fiscal, se comunica a un familiar si se solicita, hay intérprete si se precisa y se anota en libro-registro.
  • Art. 20: registro corporal externo por indicios racionales; si exige desnudarse, en lugar reservado, fuera de la vista de terceros y por agente del mismo sexo; no requiere autorización judicial, a diferencia de las intervenciones corporales.
  • Entrada en domicilio: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2 CE).
  • El derecho de reunión se regula por la LO 9/1983; la LO 4/2015 solo regula las potestades policiales y las infracciones asociadas.
  • Infracciones: muy graves (art. 35), graves (art. 36) y leves (art. 37). Multas: leves 100 a 600 euros, graves 601 a 30.000 euros, muy graves 30.001 a 600.000 euros.
  • Infracción grave: desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes cuando no sea delito, y negativa a identificarse (art. 36.6).
  • Infracción grave: consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos (art. 36.16), no delito si no hay tráfico.
  • Infracción grave: uso no autorizado de imágenes de agentes que ponga en peligro su seguridad o el éxito de la operación (art. 36.23); no afecta al derecho general a grabar.
  • Infracción leve: faltas de respeto a agentes (art. 37.4) y consumo de alcohol en lugares públicos que perturbe gravemente la tranquilidad (art. 37.7).
  • Desobediencia o resistencia: infracción administrativa solo si no es delito (cláusula de subsidiariedad); atentado: art. 550 CP; resistencia o desobediencia grave: art. 556 CP.
  • Las denuncias de los agentes que presenciaron los hechos son base suficiente para resolver, salvo prueba en contrario (presunción de veracidad).
  • Prescripción de infracciones: muy graves 2 años, graves 1 año, leves 6 meses.
  • Procedimiento abreviado: el pago voluntario reduce la multa un 50 por ciento, con renuncia a alegaciones y a recurso en vía administrativa.
  • En Navarra, la Policía Foral actúa en el marco de la Ley Foral 8/2007, de las Policías de Navarra; la Junta de Seguridad de Navarra coordina con las fuerzas estatales.
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La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, derogó a:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 26 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 26 estudia la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442), norma que sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (la llamada «ley Corcuera»), y que es conocida popularmente como «ley mordaza». Regula, dentro del marco de la Constitución, un conjunto de actuaciones dirigidas a la tutela de la seguridad ciudadana: los principios rectores y de actuación, la documentación e identificación personal, las potestades generales de policía de seguridad (identificación, restricciones de tránsito, comprobaciones y registros, registros corporales externos, actuaciones con ocasión de reuniones y manifestaciones), las potestades especiales de policía administrativa (establecimientos, armas, explosivos, espectáculos) y el régimen sancionador, con infracciones muy graves, graves y leves, sanciones de multa, procedimiento y prescripción. Es una de las leyes más importantes del programa porque define el límite entre la infracción administrativa y el delito (desobediencia y resistencia, faltas de respeto, drogas, reuniones) y las potestades policiales cotidianas (identificación, cacheo) cuya correcta aplicación es objeto frecuente de preguntas de examen.

¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?

LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442): 54 artículos; derogó la LO 1/1992, de 21 de febrero («ley Corcuera»); popularmente «ley mordaza». Objeto: tutelar la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana; se enmarca en el art. 104 CE. Principios de actuación: legalidad, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, eficacia, congruencia y celeridad; injerencia mínima. DNI: documento público y oficial, obligatorio para los españoles mayores de 14 años residentes en España. Art. 16: identificación si hay indicios de participación en una infracción o es razonablemente necesario para prevenir un delito; si no es posible, traslado a dependencias policiales por el tiempo imprescindible y máximo de 6 horas. En la identificación en dependencias: se informa al Ministerio Fiscal, se comunica a un familiar si se solicita, hay intérprete si se precisa y se anota en libro-registro. Art. 20: registro corporal externo por indicios racionales; si exige desnudarse, en lugar reservado, fuera de la vista de terceros y por agente del mismo sexo; no requiere autorización judicial, a diferencia de las intervenciones corporales. Entrada en domicilio: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2 CE). El derecho de reunión se regula por la LO 9/1983; la LO 4/2015 solo regula las potestades policiales y las infracciones asociadas. Infracciones: muy graves (art. 35), graves (art. 36) y leves (art. 37). Multas: leves 100 a 600 euros, graves 601 a 30.000 euros, muy graves 30.001 a 600.000 euros. Infracción grave: desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes cuando no sea delito, y negativa a identificarse (art. 36.6). Infracción grave: consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos (art. 36.16), no delito si no hay tráfico. Infracción grave: uso no autorizado de imágenes de agentes que ponga en peligro su seguridad o el éxito de la operación (art. 36.23); no afecta al derecho general a grabar. Infracción leve: faltas de respeto a agentes (art. 37.4) y consumo de alcohol en lugares públicos que perturbe gravemente la tranquilidad (art. 37.7). Desobediencia o resistencia: infracción administrativa solo si no es delito (cláusula de subsidiariedad); atentado: art. 550 CP; resistencia o desobediencia grave: art. 556 CP. Las denuncias de los agentes que presenciaron los hechos son base suficiente para resolver, salvo prueba en contrario (presunción de veracidad). Prescripción de infracciones: muy graves 2 años, graves 1 año, leves 6 meses. Procedimiento abreviado: el pago voluntario reduce la multa un 50 por ciento, con renuncia a alegaciones y a recurso en vía administrativa. En Navarra, la Policía Foral actúa en el marco de la Ley Foral 8/2007, de las Policías de Navarra; la Junta de Seguridad de Navarra coordina con las fuerzas estatales.

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Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442), en especial arts. 1 a 4, 16, 17 a 21, 35 a 37 y régimen sancionador
  • Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (derogada)
  • Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5
  • Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra
  • Constitución Española, arts. 18.2, 20, 21 y 104

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