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Tema 14. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: distribución de competencias con el Estado.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 14 estudia cómo se distribuye territorialmente el poder en España a partir del Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158), que configura el llamado «Estado de las Autonomías»: un modelo intermedio entre el Estado unitario clásico y el federal, construido no de una vez sino progresivamente a través de los Estatutos de Autonomía. Se analizan los niveles territoriales (municipios, provincias y Comunidades Autónomas), el principio dispositivo y las vías de acceso a la autonomía, los Estatutos, el sistema de reparto competencial (arts. 148, 149 y 150 CE y cláusulas de cierre del art. 149.3), el control de la actividad de las Comunidades Autónomas (arts. 153 y 155), la cooperación y la lealtad institucional, la financiación (régimen común y Convenio Económico navarro) y, de manera especial, la seguridad pública y las policías autonómicas. Es el marco en el que se explica la existencia de la Comunidad Foral de Navarra como una de las diecisiete comunidades autónomas, con la singularidad de su régimen foral (disposición adicional primera CE y LORAFNA).

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Los niveles de organización territorial: artículo 137 CE

El artículo 137 CE dispone que «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Es importante distinguir el alcance de esa autonomía: la de municipios y provincias es una autonomía administrativa (gestionar sus propios intereses, sin potestad legislativa, mediante ordenanzas y reglamentos), mientras que la de las Comunidades Autónomas es una autonomía política, que incluye capacidad legislativa propia (a través del Parlamento autonómico o foral), gobierno y administración propios dentro de su ámbito competencial. El Tribunal Constitucional ha subrayado reiteradamente que la autonomía, en ningún nivel, equivale a soberanía: la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto (art. 1.2 CE) y la unidad de la Nación española es «indisoluble» (art. 2 CE). En la actualidad el Estado se compone de diecisiete Comunidades Autónomas y de dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla, con Estatutos aprobados por las LO 1/1995 y 2/1995), cincuenta provincias y más de ocho mil municipios.

El principio dispositivo y las vías de acceso a la autonomía: artículos 143, 144, 146 y 151 CE y disposiciones transitorias

La Constitución no creó directamente las Comunidades Autónomas, sino que reconoció el derecho a la autonomía (art. 2) y estableció los cauces para constituirlas mediante Estatuto de Autonomía (principio dispositivo). La vía ordinaria o lenta (art. 143 CE) permitía a provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica acceder a la autonomía; exigía la iniciativa de las Diputaciones u órganos interinsulares y de las dos terceras partes de los municipios cuya población representara, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, y otorgaba inicialmente un techo competencial limitado (competencias del art. 148 CE), ampliable transcurridos cinco años mediante reforma de los Estatutos. La vía rápida o privilegiada (art. 151 CE) permitía acceder desde el principio al techo competencial máximo (art. 149 CE, por exclusión), pero exigía un procedimiento reforzado, con iniciativa más amplia y referéndum de ratificación; se reservó en la práctica a las nacionalidades históricas que habían plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto en el pasado (disposición transitoria segunda: Cataluña, País Vasco y Galicia) y a Andalucía, que accedió por el art. 151 tras un procedimiento singular y referéndum el 28 de febrero de 1980. Los Acuerdos o Pactos autonómicos de 1981 y 1992 racionalizaron el proceso, y la LO 9/1992 transfirió competencias adicionales a las Comunidades que accedieron por la vía del art. 143. Las ciudades de Ceuta y Melilla accedieron a una autonomía limitada (art. 144.b CE). Navarra siguió una vía distinta a ambas: la disposición adicional primera CE amparó su reintegración y amejoramiento del régimen foral preexistente, formalizado en la Ley Orgánica 13/1982 (LORAFNA), y no mediante un Estatuto de Autonomía en sentido estricto; la disposición transitoria cuarta, relativa a una eventual incorporación de Navarra al País Vasco, nunca se ha ejercitado.

Los Estatutos de Autonomía: naturaleza jurídica, contenido y reforma

El artículo 147.1 CE define el Estatuto de Autonomía como «la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma» que el Estado reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Su naturaleza jurídica es singular: son leyes orgánicas estatales aprobadas por las Cortes Generales (art. 81 CE), pero de contenido paccionado en su origen, elaborados por la propia Comunidad y sometidos después a las Cortes, lo que explica que su reforma exija un procedimiento específico (art. 147.3 CE: el previsto en el propio Estatuto y, en todo caso, aprobación por las Cortes mediante ley orgánica, con referéndum de los electores del territorio en los Estatutos aprobados por la vía del art. 151). El artículo 147.2 CE fija su contenido mínimo obligatorio: la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, así como las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Según el artículo 152 CE, las Comunidades de la vía del art. 151 se organizaron con una Asamblea legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, un Presidente elegido por la Asamblea y un Tribunal Superior de Justicia que culmina la organización judicial en su territorio. Ejemplos conocidos: el Estatuto de Autonomía del País Vasco (Estatuto de Gernika, LO 3/1979) y el de Cataluña (LO 4/1979, reformado por la LO 6/2006, que fue parcialmente anulada y reinterpretada por la STC 31/2010).

El artículo 148 CE: competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas

El artículo 148.1 CE enumera las materias que las Comunidades Autónomas podían asumir inicialmente en sus Estatutos: organización de sus instituciones de autogobierno; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas de interés para la Comunidad; ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio; agricultura y ganadería; montes y aprovechamientos forestales; gestión en materia de protección del medio ambiente; ferias interiores; fomento del desarrollo económico; artesanía; museos, archivos y bibliotecas de interés para la Comunidad; patrimonio monumental; fomento de la cultura; promoción y ordenación del turismo; deporte y ocio; asistencia social; sanidad e higiene; y la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, así como la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica (148.1.22.ª). El artículo 148.2 CE preveía que, transcurridos cinco años, las Comunidades Autónomas pudiesen ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149 CE, reforma que en la práctica llevaron a cabo prácticamente todas las Comunidades.

El artículo 149 CE: competencias exclusivas del Estado

El artículo 149.1 CE enumera las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, entre ellas: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (149.1.1.ª); nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (149.1.2.ª); relaciones internacionales (149.1.3.ª); defensa y Fuerzas Armadas (149.1.4.ª); Administración de Justicia (149.1.5.ª); legislación mercantil, penal y penitenciaria y legislación procesal (149.1.6.ª); legislación laboral (149.1.7.ª); legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan (149.1.8.ª, base del Derecho civil foral navarro); Hacienda general y Deuda del Estado (149.1.14.ª); bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (149.1.18.ª); tráfico y circulación de vehículos a motor (149.1.21.ª); y seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos, en el marco de lo que disponga una ley orgánica (149.1.29.ª): precisamente el fundamento constitucional directo de la existencia de la Policía Foral de Navarra.

Materias de competencia compartida y el cierre del sistema: artículo 149.3 CE

Además de las competencias exclusivas del Estado (art. 149.1 CE) y las que pueden asumir las Comunidades Autónomas (art. 148.1 CE), existen materias de competencia compartida, en las que corresponde al Estado la legislación básica y a la Comunidad Autónoma su desarrollo legislativo y ejecución (por ejemplo, sanidad, medio ambiente, régimen jurídico de las Administraciones Públicas). El artículo 149.3 CE cierra el sistema con cuatro reglas: las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos; la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponderá al Estado (cláusula residual a favor del Estado, a diferencia del modelo federal clásico); las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas (cláusula de prevalencia); y el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas (cláusula de supletoriedad). El Tribunal Constitucional (SSTC 118/1996 y 61/1997) ha precisado que la cláusula de supletoriedad no es un título competencial: el Estado no puede dictar normas «supletorias» de las autonómicas si carece de competencia sobre la materia.

Clases de competencias y leyes del artículo 150 CE

Según la intensidad de la intervención estatal y autonómica, se distinguen: competencias exclusivas (la Comunidad ejerce la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, sin perjuicio de las competencias estatales transversales); compartidas o de legislación básica y desarrollo (el Estado fija las bases y la Comunidad las desarrolla y ejecuta); y competencias de mera ejecución (la Comunidad ejecuta la legislación estatal, como en materia laboral, art. 149.1.7.ª CE). El artículo 150 CE prevé tres tipos de leyes estatales para modular el reparto: las leyes marco (150.1), por las que las Cortes pueden atribuir a todas o a alguna de las Comunidades la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; las leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2), mediante las que el Estado puede transferir o delegar en las Comunidades facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación; y las leyes de armonización (150.3), que el Estado puede dictar, aun en materias de competencia de las Comunidades, cuando así lo exija el interés general, apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara. El Tribunal Constitucional (STC 76/1983, sobre la LOAPA) declaró inconstitucionales varios preceptos de un proyecto de ley armonizadora por desconocer los requisitos del art. 150.3.

Seguridad pública y policías autonómicas

La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29.ª CE), sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan los Estatutos y en el marco de la ley orgánica, que es la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Título V, que regula las policías de las Comunidades Autónomas). El artículo 148.1.22.ª CE reconoce además a las Comunidades la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos de una ley orgánica. Existen policías autonómicas propias, con competencias de seguridad ciudadana, en el País Vasco (Ertzaintza), Cataluña (Mossos d'Esquadra) y Navarra (Policía Foral), junto a otros cuerpos autonómicos con funciones más limitadas (de protección de las instalaciones y de vigilancia y custodia de edificios, y de policía administrativa). Existe además la posibilidad de unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a determinadas Comunidades. La coordinación entre cuerpos se garantiza mediante órganos como las Juntas de Seguridad y los convenios, con respeto a las competencias de cada Administración. En Navarra, el régimen de la Policía Foral y de los cuerpos de policía local se regula por la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.

La LORAFNA como norma institucional básica de Navarra: naturaleza singular

Navarra no tiene Estatuto de Autonomía en sentido propio, sino la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), estudiada con más detalle en otro tema de este bloque. Su naturaleza jurídica es funcionalmente equivalente a un Estatuto —también es ley orgánica, también fija la organización institucional y las competencias de la Comunidad Foral—, pero con un fundamento constitucional distinto: mientras los Estatutos se anclan en el Título VIII CE (arts. 143 y 151), la LORAFNA se ampara en la disposición adicional primera CE, sobre los derechos históricos forales, lo que subraya que Navarra no «accedió» a la autonomía por primera vez en 1982, sino que «reintegró y amejoró» un régimen foral preexistente reconocido desde antiguo (los Fueros y, después, la Ley Paccionada de 1841). La LORAFNA ha sido reformada por la LO 1/2001, de 26 de marzo, y por la LO 7/2010, de 27 de octubre; su reforma sigue un procedimiento paccionado propio, sin necesidad de referéndum. Las instituciones forales son el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y su Presidente, a las que se suman instituciones de control como la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el orden judicial. La LORAFNA reconoce competencia exclusiva de Navarra sobre la Policía Foral (en el marco de la LO 2/1986) y mantiene el Convenio Económico como sistema de relaciones financieras (art. 45).

Los principios de solidaridad y unidad de mercado: artículos 138 y 139 CE

El artículo 138.1 CE dispone que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 CE, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo a las circunstancias del hecho insular; el artículo 138.2 CE prohíbe expresamente que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas puedan implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. El artículo 139 CE completa este marco con el principio de igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado (139.1) y con la prohibición de que ninguna autoridad pueda adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español (139.2).

El control de la actividad de las Comunidades Autónomas: artículo 153 CE

El artículo 153 CE somete la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas a un control plural, ejercido según los casos por distintas instituciones: el Tribunal Constitucional, respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, sobre el ejercicio de funciones delegadas por el art. 150.2 CE; la jurisdicción contencioso-administrativa, para el control de la Administración autonómica y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas, para el económico y presupuestario. A este catálogo se añade el mecanismo excepcional del artículo 155 CE: si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general; para ello, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Se aplicó por primera y única vez en octubre de 2017 respecto de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Los convenios y acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas: artículo 145 CE

El artículo 145.1 CE prohíbe en todo caso la federación de Comunidades Autónomas, coherentemente con el principio de indisoluble unidad de la Nación española del art. 2 CE. El artículo 145.2 CE, en cambio, sí permite a los Estatutos prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales; en los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Estos mecanismos de cooperación horizontal (entre Comunidades) se complementan con los de cooperación vertical (Estado-Comunidades), como las Conferencias Sectoriales, de particular relevancia en materia de seguridad pública y coordinación policial entre los distintos cuerpos existentes en España. Los instrumentos de cooperación vertical se regulan hoy en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Título III: relaciones interadministrativas), que prevé la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales, las Comisiones Bilaterales de Cooperación y los convenios, bajo los principios de lealtad institucional, adecuación al orden de competencias, colaboración, cooperación y coordinación.

La financiación de las Comunidades Autónomas: régimen común y régimen foral

El artículo 156 CE reconoce a las Comunidades Autónomas autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El artículo 157 CE enumera los recursos de las Comunidades Autónomas (impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de operaciones de crédito) y remite a una ley orgánica su regulación (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA). El artículo 158 CE prevé las asignaciones de nivelación de los servicios públicos fundamentales y el Fondo de Compensación Interterritorial. Navarra queda al margen de este sistema común, en virtud del régimen de Convenio Económico, amparado por la disposición adicional primera CE y recogido en la LORAFNA: la Comunidad Foral mantiene, regula y recauda directamente los principales tributos (régimen tributario propio) y contribuye al sostenimiento de las cargas generales del Estado no asumidas por Navarra mediante una aportación económica, calculada conforme al Convenio, que se actualiza periódicamente. Error típico: la expresión «cupo» corresponde al Concierto Económico del País Vasco; en Navarra se habla de Convenio Económico y de aportación. El Convenio vigente se aprobó por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, y ha sido modificado posteriormente.

Otros territorios con régimen foral: el caso del País Vasco y la Comunidad Foral

La disposición adicional primera CE ampara los derechos históricos de «los territorios forales», expresión que en la práctica se ha proyectado sobre dos ámbitos: los tres Territorios Históricos vascos (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), integrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de su Estatuto de Gernika (que sigue la vía del art. 151 CE), y la Comunidad Foral de Navarra, que actualiza su régimen foral al margen del Título VIII a través de la LORAFNA. Ambos territorios cuentan con un sistema de financiación propio llamado «Concierto» (País Vasco) o «Convenio» (Navarra) económico, de contenido similar en cuanto a la capacidad tributaria propia, pero con encaje constitucional y estatutario distinto: el régimen vasco se articula dentro de un Estatuto de Autonomía ordinario, mientras que Navarra, como se ha visto, sigue un cauce singular y diferenciado, sin Estatuto de Autonomía en sentido técnico.

La provincia y el municipio como entidades locales: artículos 140 y 141 CE

El artículo 140 CE garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena, con un gobierno y administración correspondiente a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales, estos últimos elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. El artículo 141 CE define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, cuyo gobierno y administración autónoma están encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Navarra, singularmente, es a la vez Comunidad Foral uniprovincial: no existe una Diputación Provincial diferenciada del Gobierno de Navarra, cuyas funciones provinciales asume la propia institución foral, otra manifestación de la singularidad de su régimen histórico. El régimen básico local lo establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de aplicación en Navarra en lo que no contradiga su régimen foral, y la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Las Comunidades Autónomas pueden crear entidades supramunicipales (comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas) conforme a sus Estatutos.

El principio de lealtad institucional en el Estado autonómico

Aunque no aparece expresamente formulado con ese nombre en el articulado constitucional, el Tribunal Constitucional ha ido perfilando el principio de lealtad institucional (o lealtad constitucional) como un principio implícito del Estado autonómico, derivado de los de solidaridad (art. 2 CE) y cooperación entre las distintas Administraciones territoriales. Se traduce en la exigencia de que el Estado y las Comunidades Autónomas, al ejercer sus respectivas competencias, se abstengan de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el ejercicio de las competencias ajenas, y en el deber recíproco de suministrarse información y colaborar de buena fe en la consecución de fines comunes. Es un principio de utilidad práctica para explicar, en el ámbito policial, la necesaria coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Foral de Navarra y las Policías Locales de la Comunidad Foral, estudiada con más detalle en otros temas de este bloque.

Resolución de conflictos competenciales y garantías del sistema autonómico

Los conflictos sobre el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí se resuelven ante el Tribunal Constitucional (art. 161.1.c CE) mediante los conflictos positivos y negativos de competencia, además del recurso de inconstitucionalidad contra leyes (legitimados, entre otros, los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas de las Comunidades Autónomas respecto de leyes estatales que afecten a su ámbito de autonomía). El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones sin fuerza de ley de los órganos de las Comunidades Autónomas, con efecto suspensivo (art. 161.2 CE, que permite al Tribunal levantar o mantener la suspensión en el plazo de cinco meses). El Tribunal Superior de Justicia, que en cada Comunidad culmina la organización judicial sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 152.1 CE), conoce de los recursos contra la actividad de la Administración autonómica en su ámbito. En conjunto, el sistema se apoya en tres principios: unidad (art. 2 CE), autonomía (arts. 2 y 137) y solidaridad (arts. 2 y 138), y su aplicación exige colaboración entre las Administraciones, singularmente en materias como la seguridad pública, donde confluyen competencias del Estado, de la Comunidad Foral y de las entidades locales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 137 CE: el Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; autonomía política (CCAA) frente a autonomía administrativa (municipios y provincias). España: 17 CCAA, 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y 50 provincias.
  • Vía lenta del art. 143 CE (techo competencial inicial limitado, art. 148; ampliable a los cinco años) frente a vía rápida del art. 151 CE (techo máximo desde el inicio, con referéndum; DT 2.ª para Cataluña, País Vasco y Galicia); Andalucía accedió por el art. 151.
  • Navarra NO siguió ninguna de las dos vías del Título VIII: actualizó su régimen foral histórico mediante la LORAFNA (LO 13/1982, de 10 de agosto), con cobertura en la disposición adicional primera CE.
  • Estatuto de Autonomía (art. 147 CE): norma institucional básica de cada CA, ley orgánica de contenido pactado; su reforma exige aprobación de las Cortes por ley orgánica. En Navarra, su equivalente funcional es la LORAFNA.
  • Art. 149.1.29.ª CE: la seguridad pública es competencia estatal, «sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas»; fundamento constitucional de la Policía Foral. Art. 148.1.22.ª: coordinación de las policías locales.
  • Art. 149.3 CE: cláusula residual A FAVOR DEL ESTADO (no de las CCAA); prevalencia del Derecho estatal en caso de conflicto y supletoriedad (que no es título competencial: STC 118/1996 y 61/1997).
  • Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara).
  • Art. 149.1.8.ª CE: legislación civil, sin perjuicio de los derechos civiles forales o especiales (Fuero Nuevo en Navarra).
  • Art. 155 CE: mecanismo excepcional; requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado; aplicado por primera vez en octubre de 2017 (Cataluña).
  • Art. 145.1 CE: prohibida en todo caso la federación de CCAA (coherente con la unidad indisoluble de la Nación del art. 2 CE); los convenios entre CCAA se comunican a las Cortes y los acuerdos de cooperación requieren su autorización.
  • Financiación: régimen común (LOFCA, LO 8/1980) frente al Convenio Económico de Navarra (recaudación propia + aportación al Estado); «cupo» es término del Concierto vasco.
  • Navarra es Comunidad Foral uniprovincial: no existe Diputación diferenciada; sus funciones las asume el propio Gobierno de Navarra.
  • Policías autonómicas con competencias integrales: Ertzaintza (País Vasco), Mossos d'Esquadra (Cataluña) y Policía Foral (Navarra); LO 2/1986, Título V; Ley Foral 8/2007 de las Policías de Navarra.
  • Arts. 138 y 139 CE: solidaridad, equilibrio económico y prohibición de privilegios por diferencias estatutarias; igualdad de derechos y libre circulación de personas y bienes en todo el territorio.
  • Art. 153 CE: control de las CCAA por el TC, el Gobierno (con dictamen del Consejo de Estado, funciones delegadas), la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas.
  • Relaciones interadministrativas (Ley 40/2015): Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales, Comisiones Bilaterales y convenios; principio de lealtad institucional.
  • Reformas de la LORAFNA: LO 1/2001 y LO 7/2010 (reforma paccionada, sin referéndum).
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Según el artículo 147 CE, ¿qué naturaleza tiene el Estatuto de Autonomía?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 14 estudia cómo se distribuye territorialmente el poder en España a partir del Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158), que configura el llamado «Estado de las Autonomías»: un modelo intermedio entre el Estado unitario clásico y el federal, construido no de una vez sino progresivamente a través de los Estatutos de Autonomía. Se analizan los niveles territoriales (municipios, provincias y Comunidades Autónomas), el principio dispositivo y las vías de acceso a la autonomía, los Estatutos, el sistema de reparto competencial (arts. 148, 149 y 150 CE y cláusulas de cierre del art. 149.3), el control de la actividad de las Comunidades Autónomas (arts. 153 y 155), la cooperación y la lealtad institucional, la financiación (régimen común y Convenio Económico navarro) y, de manera especial, la seguridad pública y las policías autonómicas. Es el marco en el que se explica la existencia de la Comunidad Foral de Navarra como una de las diecisiete comunidades autónomas, con la singularidad de su régimen foral (disposición adicional primera CE y LORAFNA).

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

Art. 137 CE: el Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; autonomía política (CCAA) frente a autonomía administrativa (municipios y provincias). España: 17 CCAA, 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y 50 provincias. Vía lenta del art. 143 CE (techo competencial inicial limitado, art. 148; ampliable a los cinco años) frente a vía rápida del art. 151 CE (techo máximo desde el inicio, con referéndum; DT 2.ª para Cataluña, País Vasco y Galicia); Andalucía accedió por el art. 151. Navarra NO siguió ninguna de las dos vías del Título VIII: actualizó su régimen foral histórico mediante la LORAFNA (LO 13/1982, de 10 de agosto), con cobertura en la disposición adicional primera CE. Estatuto de Autonomía (art. 147 CE): norma institucional básica de cada CA, ley orgánica de contenido pactado; su reforma exige aprobación de las Cortes por ley orgánica. En Navarra, su equivalente funcional es la LORAFNA. Art. 149.1.29.ª CE: la seguridad pública es competencia estatal, «sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas»; fundamento constitucional de la Policía Foral. Art. 148.1.22.ª: coordinación de las policías locales. Art. 149.3 CE: cláusula residual A FAVOR DEL ESTADO (no de las CCAA); prevalencia del Derecho estatal en caso de conflicto y supletoriedad (que no es título competencial: STC 118/1996 y 61/1997). Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara). Art. 149.1.8.ª CE: legislación civil, sin perjuicio de los derechos civiles forales o especiales (Fuero Nuevo en Navarra). Art. 155 CE: mecanismo excepcional; requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado; aplicado por primera vez en octubre de 2017 (Cataluña). Art. 145.1 CE: prohibida en todo caso la federación de CCAA (coherente con la unidad indisoluble de la Nación del art. 2 CE); los convenios entre CCAA se comunican a las Cortes y los acuerdos de cooperación requieren su autorización. Financiación: régimen común (LOFCA, LO 8/1980) frente al Convenio Económico de Navarra (recaudación propia + aportación al Estado); «cupo» es término del Concierto vasco. Navarra es Comunidad Foral uniprovincial: no existe Diputación diferenciada; sus funciones las asume el propio Gobierno de Navarra. Policías autonómicas con competencias integrales: Ertzaintza (País Vasco), Mossos d'Esquadra (Cataluña) y Policía Foral (Navarra); LO 2/1986, Título V; Ley Foral 8/2007 de las Policías de Navarra. Arts. 138 y 139 CE: solidaridad, equilibrio económico y prohibición de privilegios por diferencias estatutarias; igualdad de derechos y libre circulación de personas y bienes en todo el territorio. Art. 153 CE: control de las CCAA por el TC, el Gobierno (con dictamen del Consejo de Estado, funciones delegadas), la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas. Relaciones interadministrativas (Ley 40/2015): Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales, Comisiones Bilaterales y convenios; principio de lealtad institucional. Reformas de la LORAFNA: LO 1/2001 y LO 7/2010 (reforma paccionada, sin referéndum).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), artículos 2, 137 a 158 (Título VIII), 149.1.29.ª y disposiciones adicional primera y transitoria segunda y cuarta
  • Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), con sus reformas por LO 1/2001 y LO 7/2010
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Título V
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)
  • Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Título III (relaciones interadministrativas)
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra
  • Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 76/1983, 118/1996, 61/1997 y 31/2010

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