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Tema 22. Transparencia y acceso a la información pública. Protección de datos de carácter personal: principios básicos en la actividad policial.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 22 combina dos materias que en la práctica policial se tensionan entre sí: la transparencia y el acceso a la información pública, regulada con carácter básico por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887) y, en Navarra, por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y la protección de datos de carácter personal, regulada por el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y, para el tratamiento con fines penales y de seguridad pública, por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, que transpone la Directiva (UE) 2016/680. Ambas materias afectan al trabajo policial diario: desde la gestión de solicitudes de información hasta el tratamiento de datos sensibles obtenidos en atestados, identificaciones, denuncias o videovigilancia. El tema se centra en los principios básicos de la actividad policial: licitud, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad, responsabilidad proactiva y secreto profesional.

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Transparencia: marco normativo y contenido de la Ley 19/2013

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tiene un triple objeto: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública (publicidad activa), reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Se estructura en un título preliminar y títulos dedicados a la transparencia de la actividad pública (publicidad activa y derecho de acceso), al buen gobierno y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tiene carácter parcialmente básico (art. 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª CE) y se aplica a las Administraciones públicas, a las entidades de la Seguridad Social, a los organismos autónomos, a las sociedades mercantiles públicas y a otras entidades públicas, así como a los órganos constitucionales en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo. En Navarra se complementa con la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, que regula la transparencia y el acceso a la información en la Administración de la Comunidad Foral, y crea el Consejo de Transparencia de Navarra. Conviene distinguir publicidad activa (la Administración publica de oficio la información relevante en portales de transparencia) y derecho de acceso (a solicitud de cualquier persona).

El derecho de acceso a la información pública: sujeto y objeto (arts. 12 y 13)

El artículo 12 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. El artículo 13 define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho se reconoce a cualquier persona, sin necesidad de motivar la solicitud ni de acreditar interés legítimo (art. 17.3), aunque el solicitante puede exponer los motivos, que podrán ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. Esto lo distingue del derecho de acceso a los expedientes del interesado en el procedimiento administrativo (regulado por la normativa de procedimiento común). La solicitud (art. 17) puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto y, en su caso, la modalidad preferida de acceso. Si el solicitante no es el interesado en un procedimiento, la solicitud no se tramita por la vía de acceso a archivos y registros.

Límites al derecho de acceso (art. 14) y causas de inadmisión (art. 18)

El artículo 14 permite limitar el acceso cuando suponga un perjuicio para: a) la seguridad nacional; b) la defensa; c) las relaciones exteriores; d) la seguridad pública; e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; f) la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; g) las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; h) los intereses económicos y comerciales; i) la política económica y monetaria; j) el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; l) la protección del medio ambiente. Los límites son de aplicación justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, atendiendo a las circunstancias del caso concreto (test del daño y del interés público superior), y no operan de forma automática: si el límite no afecta a toda la información se concede acceso parcial. El artículo 18 prevé causas de inadmisión, entre otras: información en curso de elaboración o publicación general; información de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, resúmenes, comunicaciones internas); información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información (que debe remitirse al competente si se conoce); y solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia. De especial relevancia policial son las letras d) y e): la seguridad pública y la investigación de ilícitos.

Datos personales y acceso a la información: el art. 15

El artículo 15 regula la protección de datos personales en relación con el acceso. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 7.2 de la antigua Ley Orgánica 15/1999 (hoy, categorías especiales del RGPD), el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso; esto vale para los datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Si la información incluyese datos especialmente protegidos referentes al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de ley. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. Para el resto de datos personales no especialmente protegidos, el órgano ponderará el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados (test de ponderación del apartado 3, con criterios como el menor perjuicio a los afectados, la justificación por los solicitantes de su petición, la condición de menores, etc.). Los regímenes de transparencia y de protección de datos deben aplicarse de forma coordinada.

Procedimiento de acceso: plazo, silencio y reclamación (arts. 19 a 24)

La solicitud se presenta ante el órgano que posea la información; el artículo 19 regula la tramitación, incluida la comunicación a los terceros afectados, a quienes se concede un plazo de quince días para alegaciones (con suspensión del plazo para resolver). La resolución se dicta y notifica tan pronto como sea posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver; el plazo puede ampliarse por otro mes en caso de volumen o complejidad de la información (art. 20.1). Transcurrido el plazo sin resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada (silencio negativo, art. 20.4), en contraste con la regla general del silencio positivo de la Ley 39/2015. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso puede interponerse una reclamación potestativa y gratuita ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (o ante el órgano autonómico equivalente), con carácter previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa (art. 24); el plazo de interposición es de un mes desde la notificación o desde el fin del plazo para resolver, y la reclamación sustituye a los recursos administrativos. En el caso de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la reclamación se presenta ante el Consejo de Transparencia de Navarra, regulado por la Ley Foral 5/2018. El acceso se efectúa preferentemente por vía electrónica (art. 22) y es gratuito, salvo las copias o transposición a formato distinto del original, que pueden dar lugar al cobro de exacciones.

Publicidad activa y buen gobierno

La publicidad activa obliga a los sujetos incluidos a publicar de forma periódica, actualizada y en lugar accesible la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública: información institucional, organizativa y de planificación (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica, presupuestaria y estadística (art. 8: contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas, retribuciones de altos cargos). La información se publica en las sedes electrónicas o páginas web, y la Administración General del Estado dispone de un Portal de la Transparencia. El Título II regula el buen gobierno: principios éticos y de actuación de los altos cargos (art. 26), régimen de infracciones y sanciones en materia de buen gobierno y conflictos de intereses. En el ámbito complementario, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece canales de información y protección del informante, que obliga también a las Administraciones públicas.

El Reglamento General de Protección de Datos: ámbito y definiciones

El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, entró en vigor el 24 de mayo de 2016 y es de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018. Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Excluye, entre otros, el tratamiento por las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a amenazas contra la seguridad pública, que se rige por la Directiva (UE) 2016/680. Definiciones básicas: dato personal (toda información sobre una persona física identificada o identificable), tratamiento (cualquier operación sobre datos personales: recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión), responsable (quien determina fines y medios), encargado (quien trata por cuenta del responsable), destinatario, consentimiento, violación de la seguridad de los datos y datos de categorías especiales (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, salud, vida u orientación sexual).

Principios del tratamiento y bases de licitud (arts. 5 y 6 RGPD)

El artículo 5 del RGPD fija los principios relativos al tratamiento: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad (fines determinados, explícitos y legítimos, sin tratamiento ulterior incompatible); minimización de datos (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); exactitud (actualizados, con supresión o rectificación sin dilación de los inexactos); limitación del plazo de conservación (no más tiempo del necesario); integridad y confidencialidad (seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito, pérdida, destrucción o daño accidental). Además, el artículo 5.2 impone la responsabilidad proactiva (accountability): el responsable debe cumplir y ser capaz de demostrarlo. El artículo 6 establece las bases jurídicas del tratamiento lícito: consentimiento del interesado; ejecución de un contrato; cumplimiento de una obligación legal del responsable; protección de intereses vitales; cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable; e interés legítimo del responsable (que no puede invocar la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones). En la actividad administrativa de la Policía Foral que no tenga fines penales suelen ser bases el cumplimiento de obligación legal y el ejercicio de poderes públicos. El artículo 9 prohíbe el tratamiento de categorías especiales salvo excepciones, como el consentimiento explícito o el interés público esencial. En España, el consentimiento de los menores es válido a partir de los catorce años (LOPDGDD, art. 7).

Derechos de los interesados y obligaciones del responsable

El RGPD y la LOPDGDD reconocen derechos de acceso (arts. 15 RGPD y 13 LOPDGDD), rectificación (16), supresión o derecho al olvido (17), limitación del tratamiento (18), portabilidad (20), oposición (21) y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (22). El responsable debe facilitar el ejercicio y responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable por otros dos meses teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes (art. 12.3 RGPD). El deber de información al recoger datos (arts. 13 y 14 RGPD) se cumple en España mediante información por capas (art. 11 LOPDGDD). Obligaciones del responsable: protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25), registro de actividades de tratamiento (art. 30), medidas de seguridad apropiadas (art. 32), notificación de violaciones de seguridad a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas desde que se tenga constancia (art. 33) y, en su caso, al interesado, evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando el tratamiento entrañe alto riesgo (art. 35) y designación de un delegado de protección de datos, obligatoria para las autoridades u organismos públicos (art. 37). La autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El régimen sancionador del RGPD prevé multas administrativas de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio anual global, y de hasta 20 millones o el 4 % para las infracciones más graves (art. 83). Las Administraciones públicas no se ven afectadas por las multas pecuniarias en España en los términos que prevé la LOPDGDD, que establece un régimen sancionador específico con apercibimiento y medidas correctoras.

La LOPDGDD y los derechos digitales

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, adapta el ordenamiento español al RGPD, desarrolla sus remisiones y regula, además, los derechos digitales de la ciudadanía (derecho a la neutralidad de Internet, acceso universal, seguridad digital, educación digital, protección de menores en Internet, derecho de rectificación en Internet, derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, derecho a la desconexión digital, derecho a la intimidad frente al uso de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo, derecho al olvido en búsquedas y redes sociales, testamento digital). Regula los principios de exactitud, confidencialidad, consentimiento (la edad es de catorce años), tratamiento por obligación legal o interés público, tratamientos de datos de naturaleza penal, régimen de los derechos (arts. 12 a 18), la figura del delegado de protección de datos (arts. 34 a 37) y la Agencia Española de Protección de Datos (arts. 44 y ss.). La LOPDGDD excluye de su ámbito los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas y los que se rigen por su legislación específica; en particular, los tratamientos con fines penales se rigen por la Ley Orgánica 7/2021.

Tratamiento de datos con fines policiales: LO 7/2021 y Directiva (UE) 2016/680

El tratamiento de datos personales por las autoridades competentes (entre ellas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Foral) con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, se rige por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que transpone la Directiva (UE) 2016/680. Esta ley establece principios equivalentes (licitud y lealtad, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación de la conservación, seguridad y responsabilidad), exige distinguir las categorías de interesados (sospechosos, condenados, víctimas, testigos, terceros), distinguir los datos basados en hechos de los basados en apreciaciones personales, y exige plazos de conservación y revisión. Reconoce derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación, que pueden restringirse cuando sea necesario y proporcionado para evitar obstaculizar investigaciones, procedimientos judiciales o la seguridad pública. Dispone medidas de seguridad, registro de operaciones de tratamiento (logs), evaluación de impacto y delegados de protección de datos. El control corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos. Los ficheros policiales no se rigen por la LOPDGDD sino por esta ley especial, y el tratamiento de categorías especiales solo es posible cuando sea estrictamente necesario, con garantías adecuadas y amparo legal.

Principios básicos del tratamiento de datos en la actividad policial

Cualquier actuación policial que implique recogida, registro o cesión de datos personales (identificaciones, atestados, denuncias, grabaciones de cámaras de videovigilancia, bases de datos de antecedentes o de vehículos) debe respetar los principios de licitud y lealtad (base legal clara), limitación de la finalidad (no usar los datos para un fin incompatible con el que motivó la recogida sin habilitación legal), minimización (recabar solo lo estrictamente necesario), exactitud, limitación de la conservación y seguridad (medidas técnicas y organizativas para evitar accesos no autorizados). Son especialmente importantes en la práctica: consultar las bases de datos policiales solo por motivo de servicio y con credencial propia (el acceso indebido puede constituir infracción disciplinaria y delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197 del Código Penal); no ceder datos a terceros sin habilitación legal; no difundir imágenes de detenidos, víctimas o menores; registrar los accesos; y atender los deberes de información a las víctimas. La comunicación de datos entre Administraciones y con autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal se rige por la ley procesal y la normativa de cooperación policial.

Videovigilancia policial (LO 4/1997)

La captación de imágenes y sonidos mediante videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos se regula en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. La instalación de videocámaras fijas requiere autorización previa del órgano competente (con informe de la comisión correspondiente, que en las Comunidades Autónomas con policía propia se regula por su normativa, y en Navarra por la normativa foral), y se rige por el principio de proporcionalidad en su doble vertiente de idoneidad e intervención mínima. El uso de videocámaras móviles se somete a autorización o comunicación en los términos de la ley. Las grabaciones deben destruirse en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto. Debe informarse al público de la existencia de videocámaras fijas mediante distintivos. Las imágenes se tratan, en lo demás, conforme a la normativa de protección de datos que corresponda (la LO 7/2021 cuando la finalidad sea penal o de seguridad pública). Las personas tienen derecho de acceso y cancelación de las grabaciones, salvo que ello impida investigaciones.

El deber de secreto profesional del art. 5.5 de la LO 2/1986 y su conexión con la protección de datos

El artículo 5.5 de la Ley Orgánica 2/1986 impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el deber de guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, y no estar obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. Este deber estatutario opera como una capa adicional de protección de los datos personales que el agente conoce (identidad de denunciantes, víctimas, testigos, antecedentes de investigados), reforzando las obligaciones del RGPD, la LOPDGDD y la LO 7/2021. Su incumplimiento puede constituir infracción disciplinaria, conforme al régimen disciplinario aplicable a cada cuerpo (en la Policía Foral, el de la Ley Foral 8/2007 y su normativa de desarrollo), e infracción de la normativa de protección de datos, y, en su caso, delito de descubrimiento y revelación de secretos o de infidelidad en la custodia de documentos (arts. 197 y ss. y 413 y ss. del Código Penal). La Ley 2/2023, de protección del informante, y las normas de transparencia no relevan de este deber en lo que afecte a investigaciones en curso o a datos protegidos.

Esquema de repaso y trampas de examen

Transparencia (Ley 19/2013): acceso a cualquier persona, sin motivación (art. 17.3); plazo de un mes ampliable por otro (art. 20.1); silencio negativo (art. 20.4); reclamación potestativa previa a la vía contencioso-administrativa (art. 24); límites (art. 14) y datos personales (art. 15). Navarra: Ley Foral 5/2018 y Consejo de Transparencia de Navarra. Protección de datos: RGPD (aplicable desde el 25 de mayo de 2018), LOPDGDD (LO 3/2018), LO 7/2021 para fines penales. Trampas frecuentes: aplicar el RGPD al tratamiento policial con fines penales (corresponde a la LO 7/2021 y a la Directiva 2016/680); confundir el plazo de un mes del acceso con el plazo de tres meses de la reclamación; creer que el acceso a la información pública requiere interés legítimo; olvidar que la información relativa a seguridad pública e investigación de ilícitos es un límite legal, no una exclusión automática; olvidar que el plazo de notificación de violaciones de seguridad es de 72 horas; creer que la edad de consentimiento de datos en España son 16 años (son 14).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887); en Navarra, Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y Consejo de Transparencia de Navarra.
  • Derecho de acceso a la información pública (art. 12): reconocido a cualquier persona, sin necesidad de motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo (art. 17.3).
  • Plazo para resolver: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes (art. 20.1); silencio negativo (art. 20.4), al contrario que la regla general de la Ley 39/2015.
  • Reclamación potestativa y gratuita ante el Consejo de Transparencia (o el órgano autonómico equivalente) previa a la vía contencioso-administrativa (art. 24); plazo de un mes.
  • Art. 14: límites por seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención e investigación de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, entre otros; se aplican de forma justificada y proporcionada.
  • Art. 15: ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos e infracciones penales o administrativas, consentimiento expreso o amparo legal con rango de ley.
  • Art. 18: causas de inadmisión: información en elaboración, de carácter auxiliar, que exija reelaboración, órgano no competente y solicitudes abusivas o repetitivas.
  • RGPD: Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde el 25 de mayo de 2018; LOPDGDD: LO 3/2018, de 5 de diciembre; la AEPD es la autoridad de control.
  • Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; más responsabilidad proactiva (art. 5.2).
  • Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición; respuesta en un mes, prorrogable dos meses más.
  • Notificación de violaciones de seguridad a la autoridad de control en 72 horas (art. 33 RGPD); delegado de protección de datos obligatorio para las autoridades y organismos públicos.
  • El consentimiento de los menores para el tratamiento de datos es válido en España desde los 14 años (LOPDGDD).
  • Tratamiento policial con fines penales: no se rige por el RGPD sino por la LO 7/2021, de 26 de mayo, que transpone la Directiva (UE) 2016/680; permite restricciones de derechos para no comprometer investigaciones.
  • Videovigilancia policial (LO 4/1997): proporcionalidad, autorización de cámaras fijas, conservación máxima de un mes salvo infracciones o investigación en curso.
  • El deber de secreto profesional del art. 5.5 LO 2/1986 es una garantía añadida; su incumplimiento puede ser infracción disciplinaria y delito (art. 197 CP).
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas informantes y lucha contra la corrupción.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuál es el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información pública según la Ley 19/2013 (ampliable por otro igual)?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 22 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 22 combina dos materias que en la práctica policial se tensionan entre sí: la transparencia y el acceso a la información pública, regulada con carácter básico por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887) y, en Navarra, por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y la protección de datos de carácter personal, regulada por el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y, para el tratamiento con fines penales y de seguridad pública, por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, que transpone la Directiva (UE) 2016/680. Ambas materias afectan al trabajo policial diario: desde la gestión de solicitudes de información hasta el tratamiento de datos sensibles obtenidos en atestados, identificaciones, denuncias o videovigilancia. El tema se centra en los principios básicos de la actividad policial: licitud, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad, responsabilidad proactiva y secreto profesional.

¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887); en Navarra, Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y Consejo de Transparencia de Navarra. Derecho de acceso a la información pública (art. 12): reconocido a cualquier persona, sin necesidad de motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo (art. 17.3). Plazo para resolver: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes (art. 20.1); silencio negativo (art. 20.4), al contrario que la regla general de la Ley 39/2015. Reclamación potestativa y gratuita ante el Consejo de Transparencia (o el órgano autonómico equivalente) previa a la vía contencioso-administrativa (art. 24); plazo de un mes. Art. 14: límites por seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención e investigación de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, entre otros; se aplican de forma justificada y proporcionada. Art. 15: ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos e infracciones penales o administrativas, consentimiento expreso o amparo legal con rango de ley. Art. 18: causas de inadmisión: información en elaboración, de carácter auxiliar, que exija reelaboración, órgano no competente y solicitudes abusivas o repetitivas. RGPD: Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde el 25 de mayo de 2018; LOPDGDD: LO 3/2018, de 5 de diciembre; la AEPD es la autoridad de control. Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; más responsabilidad proactiva (art. 5.2). Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición; respuesta en un mes, prorrogable dos meses más. Notificación de violaciones de seguridad a la autoridad de control en 72 horas (art. 33 RGPD); delegado de protección de datos obligatorio para las autoridades y organismos públicos. El consentimiento de los menores para el tratamiento de datos es válido en España desde los 14 años (LOPDGDD). Tratamiento policial con fines penales: no se rige por el RGPD sino por la LO 7/2021, de 26 de mayo, que transpone la Directiva (UE) 2016/680; permite restricciones de derechos para no comprometer investigaciones. Videovigilancia policial (LO 4/1997): proporcionalidad, autorización de cámaras fijas, conservación máxima de un mes salvo infracciones o investigación en curso. El deber de secreto profesional del art. 5.5 LO 2/1986 es una garantía añadida; su incumplimiento puede ser infracción disciplinaria y delito (art. 197 CP). Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas informantes y lucha contra la corrupción.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887), en especial arts. 12 a 15, 17 a 20 y 24
  • Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Navarra)
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), en especial arts. 5, 6, 9, 12 a 22, 25, 32, 33, 35 y 37
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
  • Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
  • Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5.5
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

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