Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es la norma general que traspone la Directiva marco 89/391/CEE y desarrolla el mandato del art. 40.2 de la Constitución. Su aplicación a la Guardia Civil tiene un régimen singular: el art. 3.2 LPRL excluye de su ámbito «las actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero» y, expresamente, «las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil», aunque aclara que la ley «inspirará la normativa específica que se dicte» para proteger a esos colectivos. Esa normativa específica es el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, que traslada los principios de la LPRL a las actividades propiamente policiales del Cuerpo (seguridad ciudadana, resguardo fiscal, etc.), dejando fuera las misiones estrictamente militares, regidas por normativa castrense. La norma específica ha sido modificada recientemente por el Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero (disposición final segunda), que añade al RD 179/2005 un artículo 3 bis sobre los principios de la acción preventiva.
El art. 2 LPRL fija como objeto de la ley «promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo». El art. 3.1 extiende su aplicación tanto a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores como a las de carácter administrativo o estatutario del personal de las Administraciones públicas, con las peculiaridades que la propia ley contemple. Sin embargo, el art. 3.2 excluye expresamente «aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: Policía, seguridad y resguardo aduanero. Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil». La propia ley matiza inmediatamente esta exclusión: «esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades». Es decir, la exclusión no equivale a desprotección: obliga a que exista una norma propia, inspirada en la LPRL, adaptada a la naturaleza de cada colectivo. Para la Guardia Civil esa norma es el RD 179/2005. Trampa de examen habitual: pensar que la LPRL «no se aplica en absoluto» a la Guardia Civil, cuando en realidad marca el estándar mínimo que su normativa específica debe respetar y desarrollar.
El derecho a la protección frente a los riesgos laborales (art. 14 LPRL)
El art. 14.1 LPRL reconoce a los trabajadores «un derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo», al que corresponde un deber correlativo del empresario —y, en el caso de las Administraciones públicas, un deber igualmente exigible respecto de su personal—. La propia ley precisa que forman parte de ese derecho a una protección eficaz los derechos de información, consulta y participación, la formación en materia preventiva, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y la vigilancia del estado de salud. El art. 14.5 añade una regla tajante y muy preguntada: «el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores». Aplicado al ámbito de la Guardia Civil, este derecho se traduce en la obligación del Ministerio del Interior y de la propia Dirección General de la Guardia Civil de garantizar la seguridad y salud del personal en el desempeño de sus funciones policiales, sin que la existencia de una normativa adaptada (el RD 179/2005) rebaje el estándar de protección exigido con carácter general por la LPRL, que actúa como suelo mínimo inspirador.
Los principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL)
El art. 15.1 LPRL enumera, en un orden lógico que suele preguntarse literalmente, los principios que debe seguir quien organiza la prevención: a) evitar los riesgos; b) evaluar los riesgos que no se puedan evitar; c) combatir los riesgos en su origen; d) adaptar el trabajo a la persona; e) tener en cuenta la evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; g) planificar la prevención; h) adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; i) dar las debidas instrucciones a los trabajadores. La letra h) es una trampa de examen recurrente: la protección colectiva se antepone siempre a la individual, nunca al revés, y los equipos de protección individual (EPI) son el último recurso cuando el riesgo no puede evitarse ni limitarse por medios colectivos u organizativos. En el contexto de la actividad policial de la Guardia Civil (patrullas, controles, intervenciones), estos principios se traducen en la prioridad de medidas organizativas y de procedimiento (protocolos de actuación, refuerzos, medios técnicos) frente a la simple dotación de equipo individual al agente.
Obligaciones del empresario y derechos del trabajador
La LPRL desarrolla un catálogo de obligaciones empresariales correlativas a derechos de los trabajadores: el art. 18 obliga a informar a los trabajadores de los riesgos de su puesto, incluso cuando existan representantes, pues la información directa sobre riesgos específicos del propio puesto no puede sustituirse; el art. 19 exige una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, cuyo coste nunca puede repercutirse en el trabajador; el art. 20 obliga a prever medidas de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación; el art. 21 regula el derecho del trabajador a interrumpir su actividad ante un riesgo grave e inminente; y el art. 22 establece la vigilancia periódica de la salud, que como regla general es voluntaria, salvo las excepciones tasadas que exigen informe previo de los representantes de los trabajadores. Estas obligaciones generales son las que el RD 179/2005 adapta a la estructura jerárquica y a la actividad operativa de la Guardia Civil, sustituyendo la representación sindical (inexistente por la naturaleza militar del Cuerpo) por cauces de participación propios, como el Consejo de la Guardia Civil.
El Real Decreto 179/2005: objeto, ámbito y órganos de prevención en la Guardia Civil
El RD 179/2005, de 18 de febrero (BOE de 26 de febrero de 2005), tiene por objeto (art. 1) promover la seguridad y la salud en el trabajo del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en unidades, centros y organismos de la Dirección General de la Guardia Civil. Se aplica en la Dirección General de la Guardia Civil con dos particularidades (art. 2): en el ámbito personal, a los miembros del Cuerpo y a los de las Fuerzas Armadas destinados en ella; en el ámbito de actividades, a las específicas para el cumplimiento de las misiones encomendadas por la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras que las misiones de carácter militar que se encomienden al Cuerpo se rigen por sus normas específicas. El art. 3 enuncia los principios de la acción preventiva y el art. 4 la integración de la prevención mediante un plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La vigilancia de la salud (art. 6) debe garantizar la dignidad de la persona, la confidencialidad de los datos y su no utilización con fines discriminatorios. Los arts. 11 y 12 regulan, respectivamente, las obligaciones de la Administración y las del personal. El art. 13 establece los órganos de prevención: según su apartado 2, el Servicio de Prevención y la Sección de Prevención de Zona, integrados en una única organización jerárquica y desarrollados por la Orden INT/724/2006, de 10 de marzo. El art. 14 prevé un órgano de asesoramiento, que es el Consejo de la Guardia Civil: el personal puede presentar propuestas a los órganos de prevención y el Consejo las analiza y evalúa para mejorar la protección. No hay Delegados de Prevención sindicales, dado que los miembros de la Guardia Civil no pueden sindicarse.
Trampa de examen: exclusión de la LPRL frente a la aplicación adaptada por el RD 179/2005
El matiz más preguntado de este tema es distinguir dos planos que se confunden con facilidad. Por un lado, el art. 3.2 LPRL excluye de la aplicación DIRECTA de la ley general las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y las misiones militares de la Guardia Civil. Por otro lado, esa exclusión no significa ausencia de protección: la propia LPRL obliga a que exista una normativa específica «inspirada» en ella, que es precisamente el RD 179/2005. Este reglamento no cubre toda la actividad de la Guardia Civil, sino solo la de naturaleza policial, de seguridad y resguardo aduanero (art. 2.b); las misiones estrictamente militares quedan fuera también del RD 179/2005 y se rigen por la normativa militar de prevención de riesgos correspondiente a las Fuerzas Armadas. Por tanto, un examen puede plantear tres escenarios distintos que conviene no confundir: (1) actividad laboral común de las Administraciones Públicas, a la que se aplica la LPRL sin peculiaridades; (2) actividad policial de la Guardia Civil, regida por el RD 179/2005 (LPRL adaptada); y (3) actividad militar pura de la Guardia Civil, regida por normativa castrense de prevención, ajena tanto a la LPRL como al RD 179/2005.
Concepto de salud según la OMS y su proyección en la PRL
La Organización Mundial de la Salud define la salud, en su Constitución de 1946, como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta concepción integral obliga a la actividad preventiva a considerar no solo los riesgos físicos (accidentes, enfermedades profesionales), sino también los psicosociales (estrés, acoso, síndrome de desgaste profesional o burnout), especialmente relevantes en una profesión de riesgo como la policial.
Concepto de condiciones de trabajo (art. 4.7 LPRL)
La ley define las condiciones de trabajo como cualquier característica del mismo que pueda influir significativamente en la generación de riesgos, incluyendo las características de locales, instalaciones y equipos; la naturaleza de agentes físicos, químicos y biológicos presentes; los procedimientos para su utilización; y la organización y ordenación del trabajo. Este concepto amplio constituye el objeto central de la evaluación de riesgos que toda organización debe realizar.
Concepto de riesgo laboral: probabilidad y severidad (art. 4.2 LPRL)
La ley define el riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, precisando que para calificar su gravedad se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. De la combinación de ambas variables (probabilidad alta/media/baja y severidad leve/grave/mortal) resulta el nivel de riesgo, base de toda evaluación técnica.
Riesgo laboral grave e inminente (art. 4.4 LPRL)
Se define como aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud. Este concepto cualificado activa el derecho reforzado del trabajador a la paralización de la actividad (art. 21 LPRL), derecho que en el ámbito de la Guardia Civil debe conciliarse con los principios de jerarquía y disciplina y con el deber de intervención permanente propio de la función policial.
Concepto de prevención y de protección: diferencia
La prevención (art. 4.1 LPRL) es el conjunto de actividades adoptadas en todas las fases de la actividad para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, actuando de forma anticipatoria sobre el origen del riesgo. La protección actúa en un momento posterior, reduciendo o eliminando las consecuencias de un riesgo ya materializado o no evitable (ejemplo: un chaleco antibalas no elimina el riesgo de disparo, pero mitiga sus consecuencias).
El accidente de trabajo (art. 156 LGSS)
Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo, caracterizado por su naturaleza súbita, violenta y externa, a diferencia de la enfermedad profesional. La legislación de Seguridad Social extiende esta consideración a supuestos especiales como el accidente in itinere (al ir o volver del lugar de trabajo), de especial relevancia práctica para el personal de la Guardia Civil con desplazamientos frecuentes entre destino y domicilio.
La enfermedad profesional (art. 157 LGSS)
Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades especificadas en el cuadro oficial aprobado reglamentariamente, provocada por la acción de los elementos o sustancias que dicho cuadro indica para cada enfermedad. A diferencia del accidente de trabajo (súbito e identificable), se caracteriza por su desarrollo lento, progresivo y acumulativo derivado de una exposición prolongada a un agente nocivo, exigiendo su reconocimiento la existencia de un listado oficial tasado.
Factores de riesgo laboral: clasificación en cinco grupos
La doctrina técnica clasifica los factores de riesgo en: condiciones de seguridad (instalaciones, máquinas, caídas, atrapamientos); medio ambiente físico (ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas extremas); contaminantes químicos y biológicos; carga de trabajo, física y mental; y organización del trabajo (factores psicosociales: turnos, ritmo, relaciones interpersonales), este último especialmente relevante en cuerpos con jornadas nocturnas y de guardia como la Guardia Civil.
El derecho de información, consulta y participación (art. 18 LPRL)
Reconoce el derecho del trabajador a ser informado de los riesgos existentes en su puesto y en la organización, de las medidas de protección aplicables y de las medidas de emergencia; a ser consultado con la debida antelación sobre cualquier decisión con efectos sustanciales sobre su seguridad y salud; y a participar, canalizado institucionalmente a través de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud.
El derecho a la formación preventiva (art. 19 LPRL)
Obliga a garantizar que cada trabajador reciba formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su incorporación como cuando cambien sus funciones o se introduzcan nuevas tecnologías o equipos, centrada en su puesto o función concreta. En la Guardia Civil esta formación se imparte desde la formación básica inicial en las academias hasta los cursos de reciclaje y especialización a lo largo de la carrera.
La vigilancia periódica de la salud (art. 22 LPRL)
Obliga a garantizar la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos del puesto, que solo puede llevarse a cabo con el consentimiento del trabajador salvo en supuestos tasados (evaluación de efectos de las condiciones de trabajo, peligro para sí o para terceros, o disposición legal sobre riesgos específicos). Dadas las exigencias psicofísicas de la función policial, la vigilancia de la salud tiene en la Guardia Civil un carácter reforzado.
Deberes básicos del trabajador en materia de PRL (art. 29 LPRL)
Impone a cada trabajador velar, según sus posibilidades, por su propia seguridad y salud y por la de terceros afectados por su actividad, correspondiéndole en particular: usar adecuadamente máquinas y herramientas; utilizar correctamente los equipos de protección facilitados; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato de cualquier situación de riesgo; y cooperar con la organización para garantizar condiciones de trabajo seguras.
El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997): modalidades organizativas
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Desarrolla la LPRL determinando las modalidades que puede adoptar la organización preventiva: asunción personal por el propio empresario (no aplicable, con carácter general, a las Administraciones Públicas), designación de trabajadores, constitución de un servicio de prevención propio, o concertación con un servicio de prevención ajeno debidamente acreditado, pudiendo combinarse en un servicio mancomunado.
La evaluación de riesgos laborales: fases del procedimiento
Regulada en el RD 39/1997, es el proceso técnico para estimar la magnitud de los riesgos no evitados, en tres fases: identificación de los peligros en cada puesto de trabajo; estimación del riesgo, valorando probabilidad y severidad; y valoración del riesgo, que determina su tolerabilidad y la urgencia de las medidas correctoras. Debe revisarse cuando cambien las condiciones de trabajo o se detecten daños a la salud.
La planificación de la actividad preventiva
Cuando la evaluación revela situaciones que exigen medidas preventivas, estas deben planificarse integrando de forma coherente la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo y los factores ambientales. La planificación debe fijar los medios humanos y materiales necesarios, los recursos económicos precisos y un procedimiento de seguimiento y control periódico de su efectiva implantación y eficacia.
El RD 67/2010: adaptación de la PRL a la Administración General del Estado
Aprobado por el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, constituye la norma de referencia general para el personal, funcionario y laboral, al servicio de la AGE y sus organismos públicos, adaptando el régimen de la LPRL (no sustituye al RD 179/2005 en la Guardia Civil, que tiene norma específica) a la relación funcionarial: organización de recursos preventivos dentro de la estructura ministerial, y adaptación de los órganos de representación (Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud) al modelo de representación propio de la función pública, distinto del laboral privado.
Los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud
Los Delegados de Prevención (art. 35 LPRL) son los representantes con funciones específicas de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa preventiva y de colaboración con la organización. El Comité de Seguridad y Salud (art. 38 LPRL) es el órgano paritario de consulta regular, integrado por los Delegados de Prevención y por representantes de la organización en igual número, obligatorio en centros de cincuenta o más trabajadores. El número de Delegados de Prevención depende de la plantilla (art. 35.2): uno en empresas de 31 a 49 trabajadores, dos de 50 a 100, tres de 101 a 500, cuatro de 501 a 1.000, y así hasta ocho a partir de 4.001. En la Guardia Civil estas figuras no existen y la participación se canaliza por el Consejo de la Guardia Civil.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales como documento organizativo
Instrumento a través del que se integra la actividad preventiva en el conjunto de las actividades y decisiones de la organización, tanto en los procesos técnicos como en la organización del trabajo, incluyendo su estructura organizativa, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios. Debe ser aprobado por la dirección de la organización, asumido por su estructura y conocido por todo el personal.
Riesgos psicosociales en la actividad policial: estrés y burnout
La actividad policial presenta factores de riesgo psicosocial específicos derivados de la exposición a situaciones traumáticas, el trabajo a turnos y nocturno, la disponibilidad permanente y el contacto con la violencia, que pueden derivar en estrés laboral crónico o en el síndrome de desgaste profesional (burnout). La normativa de PRL exige evaluar también estos riesgos, no solo los de naturaleza física, dentro del concepto amplio de salud de la OMS.
El servicio de prevención en la Guardia Civil: coordinación con el Ministerio del Interior
El RD 179/2005 y la Orden INT/724/2006 organizan la actividad preventiva de la Guardia Civil mediante un Servicio de Prevención, como órgano superior de control interno de la Dirección General, y Secciones de Prevención de Zona, integrados en una sola organización jerárquica. Al Servicio de Prevención le corresponde diseñar, implantar y coordinar el plan de prevención de riesgos laborales y los programas de actuación preventiva, elaborar los planes de emergencia y coordinar y apoyar al resto de órganos de prevención del Cuerpo; las Secciones de Prevención de Zona actúan como cauce de comunicación entre el Servicio de Prevención y las Oficinas de Prevención de las unidades de Comandancia de su demarcación, con las que colaboran en el desarrollo de su actividad. Estos órganos evalúan los riesgos propios de las distintas actividades del Cuerpo (seguridad ciudadana, tráfico, montaña, subacuática, aérea, entre otras), cada una con perfiles de riesgo diferenciados que exigen protocolos preventivos específicos.
El concepto de incidente y su valor preventivo
El incidente es todo suceso no deseado que, en circunstancias ligeramente distintas, podría haber derivado en un accidente de trabajo con daños personales o materiales, pero que finalmente no los produjo. Su registro y análisis sistemático permite identificar y corregir situaciones de riesgo antes de que se materialicen, constituyendo una herramienta preventiva complementaria al análisis de los accidentes ya ocurridos.
La modificación del RD 179/2005 por el Real Decreto 67/2026
El Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero (BOE-A-2026-2726), regula la gestión de la incapacidad temporal del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y entró en vigor a los veinte días naturales de su publicación (26 de febrero de 2026). Su disposición final segunda modifica el RD 179/2005 y añade un artículo 3 bis, «Principios de la acción preventiva», según el cual las medidas se inspirarán en los principios generales de la LPRL, entre ellos evitar los riesgos, adaptar el puesto al personal, tener en cuenta la evolución de la técnica, anteponer la protección colectiva a la individual, estimular el interés por la seguridad y la salud mediante formación e información y elegir los medios y equipos de trabajo más adecuados. La reforma incide también en la vigilancia de la salud (comunicación de resultados y limitación del acceso a la información médica). Dato de actualidad que puede preguntarse: el RD 179/2005 ya no se limita a la redacción de 2005.
Marco normativo general de la prevención de riesgos laborales
El art. 40.2 CE ordena a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo, y el art. 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. La Ley 31/1995 transpuso la Directiva marco 89/391/CEE y fue modificada, entre otras, por la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención, que reforzó la integración de la prevención en la empresa y los recursos preventivos. Complementan a la Ley los reglamentos de desarrollo: el RD 39/1997 (servicios de prevención), el RD 485/1997 (señalización), el RD 486/1997 (lugares de trabajo), el RD 487/1997 (manipulación manual de cargas), el RD 488/1997 (pantallas de visualización), el RD 773/1997 (equipos de protección individual) y el RD 1215/1997 (equipos de trabajo). Las competencias de promoción y apoyo técnico corresponden al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la vigilancia del cumplimiento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 es el marco actual de planificación. La Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, modificó puntualmente, en su disposición final primera, el art. 7 y la disposición adicional quinta de la LPRL (extensión de los servicios de prevención a los trabajadores autónomos), sin afectar al régimen de la Guardia Civil; además, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2026 un anteproyecto de reforma más amplia de la LPRL (riesgos psicosociales, ergonómicos y derivados del cambio climático), que a fecha de este temario seguía su tramitación parlamentaria sin haber entrado en vigor.
Responsabilidades y sanciones en materia de prevención
El incumplimiento de las obligaciones preventivas puede generar responsabilidades administrativas, penales y civiles, compatibles entre sí en los términos del art. 42 LPRL. Las infracciones y sanciones administrativas se regulan en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), con infracciones leves, graves y muy graves. En las Administraciones públicas no se imponen multas: cuando la Inspección constata una infracción, propone las medidas correctoras (art. 45 LPRL). En el plano penal, el art. 316 del Código Penal castiga a quienes, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad física; el art. 317 sanciona la modalidad imprudente.
El riesgo grave e inminente y la paralización de la actividad (art. 21 LPRL) en el ámbito policial
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente, el empresario debe informarles lo antes posible, adoptar las medidas necesarias y dar las instrucciones para que, en caso de peligro, puedan interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. El trabajador no puede sufrir perjuicio por ello, salvo mala fe o negligencia grave. Este régimen no puede aplicarse sin matices a las actividades de policía, seguridad y protección civil, porque su razón de ser es intervenir precisamente en situaciones de peligro. Por eso el art. 3.2 LPRL excluye de su aplicación directa las actividades cuyas particularidades lo impidan, y el RD 179/2005 adapta el derecho a la protección preventiva sin desnaturalizar el deber de actuar, que se rige por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5 de la LO 2/1986).
Protección de trabajadores especialmente sensibles, maternidad y menores (arts. 25 a 28 LPRL)
El art. 25 obliga a garantizar la protección específica de quienes, por sus características personales, estado biológico o discapacidad, sean especialmente sensibles a determinados riesgos, y a no emplearlos en puestos en los que puedan ponerse en peligro ellos mismos u otros. El art. 26 regula la protección de la maternidad: la evaluación de riesgos debe incluir los que puedan afectar a la trabajadora embarazada o en lactancia, y, si no es posible adaptar el puesto, procede el cambio de puesto o la suspensión del contrato con derecho a prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. El art. 27 protege a los menores y el art. 28 a los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, que tienen el mismo nivel de protección que el resto. El art. 23 establece la documentación que debe elaborar y conservar el empresario (evaluación de riesgos, planificación, controles, prácticas de los controles de salud y relación de accidentes) y el art. 24 la coordinación de actividades empresariales cuando concurren varias empresas en un mismo centro.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292).
Art. 3.2 LPRL excluye de su aplicación directa «las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil» y las funciones de policía, seguridad y resguardo aduanero, pero aclara que la ley «inspirará la normativa específica que se dicte».
RD 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil (BOE-A-2005-3241): aplica los principios de la LPRL a las actividades policiales, de seguridad y resguardo aduanero de la Guardia Civil; excluye las misiones estrictamente militares.
Art. 14.5 LPRL: el coste de las medidas de seguridad y salud «no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores».
Art. 15.1.h) LPRL: la protección colectiva se antepone siempre a la individual; los EPI son el último recurso.
Órganos de prevención propios de la Guardia Civil (art. 13.2 RD 179/2005): Servicio de Prevención y Secciones de Prevención de Zona, desarrollados por la Orden INT/724/2006, de 10 de marzo. Órgano de asesoramiento (art. 14): Consejo de la Guardia Civil.
Por su naturaleza militar, la participación en materia preventiva de los guardias civiles se canaliza a través del Consejo de la Guardia Civil, no de Delegados de Prevención sindicales.
Art. 3 bis RD 179/2005 (añadido por el RD 67/2026): principios de la acción preventiva aplicables a la Guardia Civil.
RD 179/2005, arts. 1-2: objeto y ámbito; art. 6: vigilancia de la salud; art. 11: obligaciones de la Administración; art. 12: obligaciones del personal; art. 13: órganos de prevención; art. 14: órgano de asesoramiento (Consejo de la Guardia Civil).
En las Administraciones públicas las infracciones preventivas no se sancionan con multa: la Inspección propone medidas correctoras (art. 45 LPRL); en el orden penal rigen los arts. 316 y 317 CP.
El Comité de Seguridad y Salud (art. 38 LPRL) se constituye en centros con 50 o más trabajadores; es paritario. En la Guardia Civil no existen Delegados de Prevención sindicales.
Riesgo laboral = probabilidad + severidad del daño (art. 4.2); riesgo grave e inminente = probable materialización en un futuro inmediato con daño grave (art. 4.4).
RD 67/2010 se aplica a la AGE; la Guardia Civil tiene su norma propia (RD 179/2005); el Cuerpo Nacional de Policía, el RD 2/2006.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué Real Decreto regula específicamente la prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, adaptando los principios de la LPRL a su naturaleza militar?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Guardia Civil?
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es la norma general que traspone la Directiva marco 89/391/CEE y desarrolla el mandato del art. 40.2 de la Constitución. Su aplicación a la Guardia Civil tiene un régimen singular: el art. 3.2 LPRL excluye de su ámbito «las actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero» y, expresamente, «las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil», aunque aclara que la ley «inspirará la normativa específica que se dicte» para proteger a esos colectivos. Esa normativa específica es el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, que traslada los principios de la LPRL a las actividades propiamente policiales del Cuerpo (seguridad ciudadana, resguardo fiscal, etc.), dejando fuera las misiones estrictamente militares, regidas por normativa castrense. La norma específica ha sido modificada recientemente por el Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero (disposición final segunda), que añade al RD 179/2005 un artículo 3 bis sobre los principios de la acción preventiva.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292). Art. 3.2 LPRL excluye de su aplicación directa «las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil» y las funciones de policía, seguridad y resguardo aduanero, pero aclara que la ley «inspirará la normativa específica que se dicte». RD 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil (BOE-A-2005-3241): aplica los principios de la LPRL a las actividades policiales, de seguridad y resguardo aduanero de la Guardia Civil; excluye las misiones estrictamente militares. Art. 14.5 LPRL: el coste de las medidas de seguridad y salud «no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores». Art. 15.1.h) LPRL: la protección colectiva se antepone siempre a la individual; los EPI son el último recurso. Órganos de prevención propios de la Guardia Civil (art. 13.2 RD 179/2005): Servicio de Prevención y Secciones de Prevención de Zona, desarrollados por la Orden INT/724/2006, de 10 de marzo. Órgano de asesoramiento (art. 14): Consejo de la Guardia Civil. Por su naturaleza militar, la participación en materia preventiva de los guardias civiles se canaliza a través del Consejo de la Guardia Civil, no de Delegados de Prevención sindicales. Art. 3 bis RD 179/2005 (añadido por el RD 67/2026): principios de la acción preventiva aplicables a la Guardia Civil. RD 179/2005, arts. 1-2: objeto y ámbito; art. 6: vigilancia de la salud; art. 11: obligaciones de la Administración; art. 12: obligaciones del personal; art. 13: órganos de prevención; art. 14: órgano de asesoramiento (Consejo de la Guardia Civil). En las Administraciones públicas las infracciones preventivas no se sancionan con multa: la Inspección propone medidas correctoras (art. 45 LPRL); en el orden penal rigen los arts. 316 y 317 CP. El Comité de Seguridad y Salud (art. 38 LPRL) se constituye en centros con 50 o más trabajadores; es paritario. En la Guardia Civil no existen Delegados de Prevención sindicales. Riesgo laboral = probabilidad + severidad del daño (art. 4.2); riesgo grave e inminente = probable materialización en un futuro inmediato con daño grave (art. 4.4). RD 67/2010 se aplica a la AGE; la Guardia Civil tiene su norma propia (RD 179/2005); el Cuerpo Nacional de Policía, el RD 2/2006.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292)
Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil (BOE-A-2005-3241), modificado por el Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero (BOE-A-2026-2726), disposición final segunda
Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil (BOE-A-2006-4768)
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de PRL a la Administración General del Estado
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (Consejo de la Guardia Civil)
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo
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