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Tema 10. Derecho Administrativo.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

El Derecho Administrativo regula la organización de las Administraciones Públicas y sus relaciones con los ciudadanos. En el temario de acceso a la Guardia Civil este bloque se apoya en dos leyes gemelas aprobadas el mismo día de 2015: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que regula la relación 'hacia fuera' entre la Administración y el interesado (el acto administrativo, sus fases, plazos y recursos), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que regula el funcionamiento 'hacia dentro' de la Administración (sus principios, órganos, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial). Ambas sustituyeron a la antigua Ley 30/1992 y forman, junto con la Constitución, el armazón básico que aplica cualquier instructor de un expediente o de un atestado administrativo.

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Las fuentes del Derecho Administrativo

La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento administrativo: su artículo 9.3 garantiza el principio de jerarquía normativa (y con él, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), y su artículo 97 atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria «de acuerdo con la Constitución y las leyes». Por debajo se sitúan los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea, las leyes (orgánicas, cuando desarrollan derechos fundamentales o afectan a materias reservadas por el art. 81 CE, y ordinarias) y, en último lugar, los reglamentos, disposiciones de rango inferior a la ley. El reglamento tiene dos límites: no puede contradecir ninguna norma de rango superior y no puede regular ex novo una materia reservada a la ley, como el desarrollo de derechos fundamentales (art. 53.1 CE) o la tipificación de infracciones y sanciones administrativas (art. 27.1 de la Ley 40/2015: solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una Ley; la potestad sancionadora exige además reconocimiento por norma con rango de ley, art. 25.1). La costumbre y los principios generales del Derecho (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad) actúan como fuentes subsidiarias. Principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 de la Ley 39/2015): las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía. Trampa de examen: un reglamento nunca puede crear una infracción administrativa si no existe una ley que la tipifique, aunque sí puede desarrollar aspectos accesorios de una infracción o sanción fijada por ley.

El acto administrativo: concepto y elementos

El acto administrativo es toda declaración de voluntad, juicio o conocimiento realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. El artículo 34 de la Ley 39/2015 fija sus dos exigencias básicas: los actos, dictados de oficio o a instancia del interesado, 'se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido' (apartado 1), y su contenido 'se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos' (apartado 2). De ahí se extraen los elementos clásicos del acto: el subjetivo (un órgano competente), el objetivo (un contenido lícito, posible y determinado), el causal y teleológico (una causa y un fin coincidentes con el fin público de la potestad, cuya desviación constituye la 'desviación de poder') y el formal (procedimiento y forma de exteriorización). El artículo 35 LPACAP exige motivar, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho, una lista tasada de actos: los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, y los acuerdos de suspensión, ampliación de plazos o tramitación de urgencia, entre otros. La regla general es la libertad de forma, salvo estos supuestos tasados.

Eficacia y notificación de los actos administrativos

El artículo 39.1 de la Ley 39/2015 establece la regla general: los actos administrativos 'se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa'. Esa eficacia puede demorarse cuando el propio contenido del acto lo exija o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2), y excepcionalmente puede otorgarse eficacia retroactiva cuando el acto sustituye a otro anulado o produce efectos favorables al interesado, siempre que los hechos ya existieran en la fecha a la que se retrotrae (art. 39.3). La notificación es el instrumento habitual para hacer eficaz un acto: el artículo 40.2 LPACAP exige que 'toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado', conteniendo el texto íntegro de la resolución, si pone fin a la vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano ante el que interponerlos y el plazo para hacerlo. Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o esta, intentada, no se haya podido practicar, el artículo 44 LPACAP prevé la notificación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que la Administración pueda publicar, además y con carácter facultativo, un anuncio en el boletín autonómico o provincial o en el tablón de edictos del último domicilio conocido. Trampa de examen: el anuncio en el BOE no es facultativo, es la vía obligatoria cuando la notificación personal ha fracasado; lo facultativo son los medios complementarios.

La invalidez de los actos: nulidad de pleno derecho y anulabilidad

La Ley 39/2015 distingue dos grados de invalidez. El artículo 47.1 enumera con carácter tasado siete causas de nulidad de pleno derecho: a) los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) los que tengan un contenido imposible; d) los constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta; e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y g) cualquier otro que una disposición con rango de ley establezca expresamente. También son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución o las leyes (art. 47.2). El artículo 48.1 configura la anulabilidad como regla residual: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o da lugar a indefensión; la realización de actuaciones fuera del tiempo establecido solo implica anulabilidad cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo. Trampa de examen: la nulidad de pleno derecho es insubsanable y revisable de oficio en cualquier momento; el acto anulable es convalidable (art. 52) y, si es favorable, solo puede ser revisado mediante la declaración de lesividad, que no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto.

El procedimiento administrativo común: iniciación, instrucción y terminación

El procedimiento se estructura en tres fases. La iniciación puede ser de oficio o a solicitud del interesado (art. 54 LPACAP); si es a instancia de parte, el artículo 66.1 exige que la solicitud contenga la identificación del interesado, el medio para la notificación, los hechos y la petición, el lugar y fecha, la firma y el órgano al que se dirige. Si la solicitud no reúne esos requisitos, el artículo 68.1 concede al interesado un plazo de diez días para subsanarla, con apercibimiento de tenerlo por desistido si no lo hace. En la instrucción, los interesados pueden alegar y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia (art. 76.1); cuando la Administración no dé por ciertos los hechos alegados, se abre un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez (art. 77.2); y el trámite de audiencia, previo a la propuesta de resolución, se concede por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince (art. 82.2). El procedimiento termina, según el artículo 84.1, por resolución, desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando no esté prohibida por el ordenamiento), declaración de caducidad e imposibilidad material sobrevenida. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado paralizados por causa imputable a este, la Administración le advertirá de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad (art. 95). El desistimiento supone abandonar la solicitud concreta (se puede volver a pedir lo mismo después); la renuncia, abandonar el derecho de fondo.

El silencio administrativo y los plazos del procedimiento

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 24.1 LPACAP fija como regla general el silencio positivo: el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa legitima al interesado para entenderlo estimado, salvo que una norma con rango de ley disponga lo contrario o concurra alguna excepción tasada (derecho de petición, procedimientos que transfieran facultades sobre el dominio o el servicio público, actividades que dañen el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, e impugnación de actos o revisión de oficio a solicitud del interesado, donde el silencio es siempre negativo). El artículo 24.2 aclara que la estimación por silencio es un verdadero acto administrativo finalizador, mientras que la desestimación por silencio solo permite recurrir. En los procedimientos iniciados de oficio, el artículo 25.1 no admite silencio positivo: si son favorables al interesado, opera silencio negativo; si son sancionadores o de gravamen, opera la caducidad, con archivo de las actuaciones. En materia de plazos, el artículo 30.2 establece que, salvo indicación contraria, los plazos por días se cuentan en días hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos), mientras que los plazos por meses o años se cuentan de fecha a fecha (art. 30.4). La Administración puede ampliar los plazos hasta la mitad de los originales (art. 32.1) o aplicar la tramitación de urgencia, que reduce a la mitad los plazos ordinarios salvo los de presentación de solicitudes y recursos (art. 33.1).

Los recursos administrativos y el régimen jurídico del sector público

Contra las resoluciones y determinados actos de trámite cualificados (los que deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable, art. 112.1) caben los recursos de alzada y potestativo de reposición, fundados en los motivos de nulidad o anulabilidad de los arts. 47 y 48. El recurso de alzada (arts. 121-122) procede contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, se resuelve por el superior jerárquico, se interpone en un mes si el acto es expreso y debe resolverse y notificarse en tres meses. El recurso de reposición (arts. 123-124) es potestativo, procede contra actos que ponen fin a la vía administrativa, se interpone en un mes, ante el mismo órgano que dictó el acto, y debe resolverse y notificarse en un mes. Si el acto es presunto, el recurso puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. Junto a esta regulación «externa», la Ley 40/2015 ordena el funcionamiento interno del sector público: su artículo 3 reproduce los principios del artículo 103.1 CE (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación) y añade otros, como la buena fe y la confianza legítima. Regula la potestad sancionadora (reconocida por norma con rango de ley, art. 25.1; infracciones clasificadas por la ley en leves, graves y muy graves, art. 27.1) y la responsabilidad patrimonial, objetiva, por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar (art. 32); el plazo de un año para reclamarla está en el art. 67.1 de la Ley 39/2015.

Clases de actos administrativos

Por su contenido: favorables (amplían la esfera jurídica: concesiones, autorizaciones) y de gravamen (restringen: sanciones, órdenes). Por su carácter: expresos y presuntos (derivados del silencio). Por su alcance procedimental: definitivos (ponen fin al procedimiento, recurribles) y de trámite (instrumentales, no recurribles autónomamente salvo que decidan el fondo o causen indefensión).

Elementos del acto administrativo y la desviación de poder

El elemento finalista exige que el acto se dicte para el fin de interés público concreto para el que se otorgó la potestad; su desviación hacia otros fines, aunque también públicos, constituye desviación de poder (art. 48 LPAC), causa de anulabilidad. Junto a él, los elementos subjetivo, objetivo, causal y formal completan la estructura del acto.

La motivación de los actos administrativos (art. 35 LPAC)

Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: los actos que limiten derechos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos y reclamaciones, los que se separen del criterio de actuaciones precedentes o de dictámenes consultivos, los de suspensión de actos, y los que declaren la responsabilidad patrimonial.

La ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos: la autotutela

Los actos administrativos son ejecutivos desde que se dictan (autotutela declarativa) y ejecutorios, pudiendo la Administración llevarlos a la práctica sin necesidad de acudir previamente a los tribunales (autotutela ejecutiva). La interposición de un recurso no suspende por sí sola la ejecución, salvo acuerdo motivado de suspensión que pondere el interés público y el perjuicio irreparable.

Medios de ejecución forzosa de los actos administrativos

Apremio sobre el patrimonio (obligaciones pecuniarias líquidas); ejecución subsidiaria (actos no personalísimos, a costa del obligado); multa coercitiva (reiterable, exige habilitación legal expresa); y compulsión directa sobre las personas (solo con habilitación legal expresa y respeto a la dignidad). Debe elegirse el medio menos restrictivo, y la entrada en domicilio exige consentimiento o autorización judicial.

La revisión de oficio de actos nulos (art. 106 LPAC)

Las Administraciones pueden, en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, declarar la nulidad de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, si incurren en un supuesto tasado de nulidad de pleno derecho, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. El procedimiento caduca a los 6 meses sin resolución expresa.

La declaración de lesividad de actos anulables

Los actos favorables anulables no pueden revisarse directamente de oficio: la Administración debe declararlos lesivos para el interés público, con audiencia de los interesados, y después impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto, y el procedimiento caduca si transcurren seis meses desde su iniciación sin declararla (art. 107).

La revocación de actos de gravamen y la rectificación de errores materiales

La revocación de actos de gravamen o desfavorables puede hacerse mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1). Los errores materiales, de hecho o aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado (art. 109.2), sin alterar el fondo de la resolución. Los límites de la revisión están en el art. 110.

Los interesados en el procedimiento administrativo (art. 4 LPAC)

Tienen tal condición quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; quienes, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión; y quienes se personen antes de la resolución definitiva por poder verse afectados sus intereses legítimos. Las asociaciones representativas son titulares de intereses legítimos colectivos.

La capacidad de obrar y la representación ante la Administración (arts. 3 y 5 LPAC)

Tienen capacidad de obrar, además de quienes la ostenten conforme a las normas generales, los menores de edad para el ejercicio de derechos cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de su representante legal. Los interesados pueden actuar por medio de representante, presumiéndose para actos de trámite y exigiendo acreditación para solicitudes, recursos, desistimientos y renuncias.

Derechos generales en las relaciones con la Administración (art. 13 LPAC)

El art. 13 LPACAP reconoce, entre otros, los derechos a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales en su territorio; a acceder a la información pública, archivos y registros; a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos; a exigir las responsabilidades de las Administraciones y autoridades; a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; y a la protección de datos de carácter personal. El art. 14 impone la obligación de relacionarse por medios electrónicos a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica, a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, a sus representantes y a los empleados de las Administraciones.

El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración (art. 28 LPAC)

Los interesados no deben aportar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por otra Administración, salvo oposición expresa. La Administración puede consultarlos electrónicamente mediante redes corporativas o plataformas de intermediación de datos, salvo que una ley especial exija consentimiento expreso.

La obligación de resolver y el plazo máximo (arts. 21-22 LPAC)

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos (art. 21). El plazo máximo es el fijado por la norma reguladora, sin exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca uno mayor; a falta de plazo fijado, será de tres meses. El plazo puede suspenderse por requerimiento de subsanación, solicitud de informes preceptivos y determinantes (máximo tres meses) o pruebas técnicas (art. 22).

La ampliación del plazo máximo para resolver (art. 23 LPAC)

El órgano competente, mediante acuerdo motivado, puede ampliar excepcionalmente el plazo máximo de resolución y notificación cuando se hayan agotado todos los medios personales y materiales disponibles, sin que la ampliación pueda ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra este acuerdo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda cuestionarse al impugnar la resolución final (art. 23).

Silencio positivo y negativo: la regla general y sus excepciones (art. 24 LPAC)

La regla general es el silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo norma con rango de ley o de Derecho de la UE en contrario. El silencio tiene efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, en aquellos cuya estimación transferiría al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, en los de responsabilidad patrimonial y en los de impugnación de actos y disposiciones. Si el recurso de alzada se interpone contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entiende estimado si el órgano no resuelve en plazo, salvo que se refiera a las materias anteriores.

La iniciación del procedimiento: de oficio y a solicitud (art. 54 LPAC)

De oficio: por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos, o denuncia. A solicitud de persona interesada: mediante el derecho de petición o cualquier otro derecho o interés legítimo. La forma de iniciación determina el régimen de silencio y de caducidad aplicable.

Las medidas provisionales en el procedimiento (art. 56 LPAC)

El órgano competente puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y motivadamente, medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución. Excepcionalmente pueden adoptarse antes de la iniciación en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, debiendo confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, que debe efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción (art. 56).

La subsanación de la solicitud de iniciación (art. 68 LPAC)

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requiere al interesado para subsanar en diez días, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

La declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 LPAC)

La declaración responsable es el documento en que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos para el ejercicio de un derecho o inicio de una actividad. La comunicación pone en conocimiento de la Administración datos relevantes. Ambas permiten el ejercicio del derecho desde su presentación, sin perjuicio de la comprobación posterior por la Administración.

Los actos de instrucción, las alegaciones y la prueba (arts. 75-78 LPAC)

Los actos de instrucción son los necesarios para determinar, conocer y comprobar los datos en cuya virtud debe pronunciarse la resolución. Los interesados pueden alegar y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio admisible en Derecho, abriéndose período de prueba de entre 10 y 30 días si es necesario.

El trámite de audiencia (art. 82 LPAC)

Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de la propuesta de resolución, se pone de manifiesto a los interesados para que en un plazo de 10 a 15 días aleguen y presenten los documentos que estimen pertinentes. Puede prescindirse de él cuando no figuren en el procedimiento otros hechos ni alegaciones que las ya aducidas por el propio interesado.

La información pública (art. 83 LPAC)

El órgano competente puede acordar, cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, un período de información pública anunciado en el diario oficial correspondiente, para que cualquier persona pueda examinar el expediente y formular alegaciones, en plazo no inferior a 20 días. La incomparecencia en este trámite no impide interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva.

Formas de terminación del procedimiento: desistimiento, renuncia y caducidad (art. 84 LPAC)

Además de la resolución expresa, el procedimiento puede terminar por desistimiento (afecta solo a la pretensión concreta, pudiendo reiniciarse el procedimiento), renuncia al derecho (afecta al propio derecho material, excluyendo su ejercicio posterior), declaración de caducidad (por paralización imputable al interesado en procedimientos iniciados a solicitud suya), imposibilidad material sobrevenida, y terminación convencional.

La tramitación simplificada del procedimiento (art. 96 LPAC)

Procede, de oficio o a solicitud del interesado, por razones de interés público o por falta de complejidad del procedimiento. Permite prescindir de determinados trámites y exige que el procedimiento se resuelva en el plazo máximo de treinta días desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de tramitación simplificada (art. 96). No debe confundirse con la tramitación de urgencia (art. 33), que reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los de presentación de solicitudes y recursos.

El recurso de alzada: procedencia, plazo y resolución

Procede contra resoluciones y actos que no ponen fin a la vía administrativa, resolviéndolo el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Plazo de interposición: 1 mes si el acto es expreso, o en cualquier momento desde el silencio si no lo es. Plazo máximo de resolución: 3 meses, transcurridos los cuales se entiende desestimado a efectos de ulterior recurso contencioso.

El recurso potestativo de reposición

Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, el interesado puede elegir entre acudir directamente al recurso contencioso-administrativo o interponer previamente, con carácter potestativo, el recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. Plazo de interposición y de resolución: 1 mes; transcurrido sin resolución expresa se entiende desestimado. Mientras esté pendiente, no cabe recurso contencioso.

El recurso extraordinario de revisión: motivos tasados

Contra actos firmes en vía administrativa, solo procede por los motivos tasados del art. 125.1: error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; aparición de documentos de valor esencial para la resolución que evidencien el error de la resolución recurrida; influencia esencial en la resolución de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; o resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia judicial firme. Se interpone ante el órgano que dictó el acto, que es también el competente para resolverlo; el plazo es de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada si se funda en el primero de los motivos, y de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme en los demás.

La suspensión de la ejecución del acto recurrido

La interposición de un recurso administrativo no suspende, con carácter general, la ejecución del acto impugnado, coherente con la autotutela ejecutiva. El órgano competente puede acordar la suspensión, de oficio o a instancia de parte, ponderando el perjuicio al interés público o a terceros frente al perjuicio de difícil o imposible reparación del recurrente, o cuando la impugnación se funde en causa de nulidad de pleno derecho.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: fundamento y organización (art. 106.1 CE)

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE), conforme a la Ley 29/1998. Se organiza, de menor a mayor rango, en Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto expreso que ponga fin a la vía administrativa, y de seis meses si el acto es presunto, contados desde que se produzca el silencio.

Actos impugnables y actividad no impugnable en vía contencioso-administrativa

Son impugnables las disposiciones generales (reglamentos), los actos expresos y presuntos que agoten la vía administrativa, la inactividad administrativa y la vía de hecho. No son impugnables ante este orden los actos sometidos al Derecho privado (competencia civil o social) ni los actos políticos del Gobierno, sin perjuicio del control de sus elementos reglados y de la indemnización que proceda.

Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo

El órgano jurisdiccional puede acordar medidas cautelares, previa petición razonada, cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso, ponderando la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro de la duración del proceso (periculum in mora). La suspensión de la ejecución del acto es la medida cautelar más habitual, sin ser la única posible.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: fundamento y caracteres (art. 106.2 CE)

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, ya sea normal o anormal. A diferencia de la responsabilidad civil común, es objetiva (no exige culpa) y directa (se reclama contra la Administración, sin necesidad de demandar al empleado público concreto).

Requisitos de la responsabilidad patrimonial: lesión, daño, causalidad y fuerza mayor

Deben concurrir: una lesión antijurídica que el particular no tenga el deber jurídico de soportar; un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado; una relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño; y la ausencia de fuerza mayor (que sí exonera, a diferencia del caso fortuito). La acción prescribe al año desde el hecho o desde la estabilización de sus efectos lesivos.

La competencia, la delegación y la avocación (Ley 40/2015)

La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tengan atribuida como propia (art. 8), salvo los casos de delegación, avocación o encomienda de gestión. La delegación de competencias (art. 9) permite que los órganos de las Administraciones deleguen en otros órganos, aunque no sean jerárquicamente dependientes, y es revocable en cualquier momento; no pueden delegarse, entre otras, las competencias relativas a asuntos que deban resolverse por órganos colegiados, la resolución de recursos en los órganos delegados ni las materias en que así se determine por ley. Las resoluciones adoptadas por delegación se consideran dictadas por el delegante. La avocación (art. 10) permite al superior jerárquico llamar a sí el conocimiento de un asunto de la competencia de un órgano dependiente, mediante acuerdo motivado. La encomienda de gestión (art. 11) y la delegación de firma (art. 12) no suponen cesión de la titularidad de la competencia.

Los órganos colegiados

Los órganos colegiados (arts. 15 y ss. Ley 40/2015) se ajustan a su normativa específica y, en su defecto, a esta ley. Cuentan con Presidente, Secretario y miembros. Para la válida constitución del órgano se requiere, salvo disposición en contrario, la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les suplan y de la mitad al menos de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos y el voto de calidad del Presidente dirime los empates. Del acta de cada sesión se da fe por el Secretario. Los miembros pueden hacer constar su voto contrario o la abstención y los motivos.

Abstención y recusación (arts. 23 y 24 Ley 40/2015)

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deben abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de las causas del art. 23.2: tener interés personal en el asunto o ser administrador de sociedad o entidad interesada; parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados; amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas; haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento; o tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada. La actuación en el procedimiento de personas en las que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos. Los interesados pueden promover la recusación por escrito, expresando la causa (art. 24).

La organización de las Administraciones Públicas: el sector público institucional

El sector público institucional estatal (arts. 84 y ss. Ley 40/2015) comprende los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas. La Administración General del Estado se organiza en órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y directivos (Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales). Los Ministros dirigen los departamentos ministeriales; la Delegación del Gobierno representa al Gobierno en cada Comunidad Autónoma.

El procedimiento sancionador y los principios de la potestad sancionadora

Principios: legalidad (reserva de ley y tipicidad, arts. 25 y 27), irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables (art. 26), responsabilidad personal, proporcionalidad (art. 29) y prescripción (art. 30). Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves; las sanciones no pueden implicar privación de libertad. La imposición de una sanción exige procedimiento previo con separación entre la fase instructora y la sancionadora, presunción de inocencia y derecho de defensa. Se aplica el principio non bis in idem (art. 31): no pueden sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. El procedimiento sancionador común está regulado en los arts. 63, 64 y 85 y siguientes de la Ley 39/2015.

Régimen de la responsabilidad patrimonial (Ley 40/2015)

El art. 32 reconoce el derecho a ser indemnizados por toda lesión sufrida en cualquiera de los bienes y derechos, salvo fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. No son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción (art. 34.1). La anulación en vía administrativa o jurisdiccional de actos o disposiciones no presupone por sí misma derecho a indemnización. La Administración puede exigir de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hubieren incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves (acción de regreso, art. 36). El procedimiento se inicia de oficio o a solicitud del interesado, que prescribe al año (art. 67.1 Ley 39/2015), y debe resolverse en el plazo máximo de seis meses.

Formas de notificación (arts. 40 a 44 Ley 39/2015)

Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, y obligatoriamente para los sujetos del art. 14. La notificación se entiende practicada en el momento del acceso a su contenido; si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder, se entiende rechazada (art. 43). En papel, se intentará en el domicilio del interesado y, si no es posible, se repetirá por una sola vez en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (art. 42). Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o esta no se haya podido practicar, se hará mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (art. 44). La notificación defectuosa surte efectos desde que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido del acto (art. 40.3).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LPACAP (Ley 39/2015) regula la relación con el ciudadano (procedimiento, plazos, recursos); la LRJSP (Ley 40/2015) regula el funcionamiento interno de la Administración (órganos, sancionador, responsabilidad patrimonial).
  • Art. 39.1 LPACAP: los actos producen efectos desde que se dictan, salvo que dispongan otra cosa; art. 40.2: la notificación debe cursarse en diez días desde que se dicta el acto.
  • Art. 47 LPACAP: nulidad de pleno derecho, lista tasada de siete causas (letras a-g); art. 48: la anulabilidad es la regla residual para cualquier otra infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder.
  • Art. 24 LPACAP: silencio positivo como regla general en procedimientos a solicitud de interesado, con excepciones tasadas siempre negativas (petición, dominio/servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, recursos y revisión de oficio).
  • El recurso de alzada se resuelve por el superior jerárquico en tres meses; el recurso de reposición (potestativo) se resuelve por el mismo órgano en un mes. Ambos se interponen en el plazo de un mes si el acto es expreso.
  • Art. 3 Ley 40/2015: principios de actuación calcados del art. 103.1 CE (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación); la responsabilidad patrimonial es objetiva (art. 32 Ley 40/2015) pero el plazo de un año para reclamarla está en el art. 67.1 de la Ley 39/2015.
  • Declaración de lesividad (art. 107 Ley 39/2015): no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto; el procedimiento caduca a los seis meses; el cuatrienio no es el plazo para recurrir.
  • Revisión de oficio de actos nulos (art. 106): en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente; caduca a los seis meses si se inició de oficio.
  • Recurso extraordinario de revisión (art. 125): motivos tasados; plazo de cuatro años desde la notificación (error de hecho) o tres meses (resto de motivos).
  • Recurso contencioso-administrativo (Ley 29/1998): dos meses si el acto es expreso, seis meses si es presunto.
  • Caducidad en procedimientos iniciados a solicitud del interesado y paralizados por su causa: advertencia y tres meses (art. 95); la tramitación simplificada se resuelve en treinta días (art. 96).
  • Responsabilidad patrimonial: daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado; prescribe al año (art. 67.1 Ley 39/2015); acción de regreso solo por dolo o culpa o negligencia graves (art. 36 Ley 40/2015).
  • El acuerdo de ampliación del plazo máximo de resolución no es recurrible (art. 23 Ley 39/2015).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Dentro de qué plazo debe adoptarse el acuerdo de iniciación del procedimiento que confirme, modifique o levante las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Guardia Civil?

El Derecho Administrativo regula la organización de las Administraciones Públicas y sus relaciones con los ciudadanos. En el temario de acceso a la Guardia Civil este bloque se apoya en dos leyes gemelas aprobadas el mismo día de 2015: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que regula la relación 'hacia fuera' entre la Administración y el interesado (el acto administrativo, sus fases, plazos y recursos), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que regula el funcionamiento 'hacia dentro' de la Administración (sus principios, órganos, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial). Ambas sustituyeron a la antigua Ley 30/1992 y forman, junto con la Constitución, el armazón básico que aplica cualquier instructor de un expediente o de un atestado administrativo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

La LPACAP (Ley 39/2015) regula la relación con el ciudadano (procedimiento, plazos, recursos); la LRJSP (Ley 40/2015) regula el funcionamiento interno de la Administración (órganos, sancionador, responsabilidad patrimonial). Art. 39.1 LPACAP: los actos producen efectos desde que se dictan, salvo que dispongan otra cosa; art. 40.2: la notificación debe cursarse en diez días desde que se dicta el acto. Art. 47 LPACAP: nulidad de pleno derecho, lista tasada de siete causas (letras a-g); art. 48: la anulabilidad es la regla residual para cualquier otra infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder. Art. 24 LPACAP: silencio positivo como regla general en procedimientos a solicitud de interesado, con excepciones tasadas siempre negativas (petición, dominio/servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, recursos y revisión de oficio). El recurso de alzada se resuelve por el superior jerárquico en tres meses; el recurso de reposición (potestativo) se resuelve por el mismo órgano en un mes. Ambos se interponen en el plazo de un mes si el acto es expreso. Art. 3 Ley 40/2015: principios de actuación calcados del art. 103.1 CE (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación); la responsabilidad patrimonial es objetiva (art. 32 Ley 40/2015) pero el plazo de un año para reclamarla está en el art. 67.1 de la Ley 39/2015. Declaración de lesividad (art. 107 Ley 39/2015): no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto; el procedimiento caduca a los seis meses; el cuatrienio no es el plazo para recurrir. Revisión de oficio de actos nulos (art. 106): en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente; caduca a los seis meses si se inició de oficio. Recurso extraordinario de revisión (art. 125): motivos tasados; plazo de cuatro años desde la notificación (error de hecho) o tres meses (resto de motivos). Recurso contencioso-administrativo (Ley 29/1998): dos meses si el acto es expreso, seis meses si es presunto. Caducidad en procedimientos iniciados a solicitud del interesado y paralizados por su causa: advertencia y tres meses (art. 95); la tramitación simplificada se resuelve en treinta días (art. 96). Responsabilidad patrimonial: daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado; prescribe al año (art. 67.1 Ley 39/2015); acción de regreso solo por dolo o culpa o negligencia graves (art. 36 Ley 40/2015). El acuerdo de ampliación del plazo máximo de resolución no es recurrible (art. 23 Ley 39/2015).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566)
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
  • Constitución Española de 1978, arts. 9.3, 97, 103.1, 106 y 149 (BOE-A-1978-31229)

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