Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.
El sistema tributario español se apoya en dos niveles normativos: la Constitución Española, que en su art. 31 fija los principios materiales de justicia tributaria —capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad— y en su art. 133 el principio de legalidad o reserva de ley, según el cual «la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley»; y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), que desarrolla el concepto de tributo, sus clases y los elementos que lo cuantifican. Para el temario de la Guardia Civil, además de estas nociones básicas, interesa el papel institucional del Cuerpo en la vertiente represiva de la Hacienda Pública: el art. 12.B.b) de la Ley Orgánica 2/1986 le atribuye expresamente «el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando», competencia que ejerce el Servicio Fiscal de la Guardia Civil en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El concepto de tributo y su clasificación tripartita (art. 2 LGT)
El art. 2.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, define los tributos como «prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública» cuyo fin primordial es obtener ingresos para el sostenimiento de los gastos públicos, si bien pueden servir también como instrumentos de política económica. El art. 2.2 distingue tres clases de tributos según su hecho imponible: las tasas, cuyo presupuesto consiste en «la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público» o en la prestación de servicios que beneficien de modo particular al obligado; las contribuciones especiales, cuyo presupuesto es «la obtención por el obligado de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes» como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos; y los impuestos, que son «tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente». La diferencia clave que se pregunta con frecuencia es la existencia o no de contraprestación individualizada: tasas y contribuciones especiales sí la tienen (uso del dominio público, beneficio de una obra), mientras que los impuestos se exigen sin ninguna contraprestación directa, atendiendo solo a la capacidad económica manifestada.
El hecho imponible y la obligación tributaria principal (arts. 19-20 LGT)
El art. 19 LGT define la obligación tributaria principal como aquella que «tiene por objeto el pago de la cuota tributaria». El art. 20.1 define el hecho imponible como «el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal». Es, por tanto, el elemento que vincula un hecho, acto o negocio de la realidad con el nacimiento de la obligación de pagar el tributo: por ejemplo, la obtención de renta en el IRPF, la titularidad de un vehículo en el impuesto correspondiente, o la realización de una compraventa sujeta a IVA. La ley distingue el hecho imponible de otros conceptos próximos que conviene no confundir en examen, como el devengo (momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace la obligación) o la exención (supuesto en que, pese a realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal). El correcto conocimiento del hecho imponible es el punto de partida para entender toda la estructura de cuantificación del tributo que regulan los artículos siguientes de la LGT.
Los sujetos de la relación tributaria: contribuyente y sustituto (art. 36 LGT)
El art. 36.1 LGT define al sujeto pasivo como «el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo», precisando que no pierde esa condición quien deba repercutir la cuota a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. El art. 36.2 define al contribuyente como «el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible»: es quien lleva a cabo materialmente el acto, negocio o hecho gravado. El art. 36.3 define al sustituto como «el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma», añadiendo que «el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa». La distinción clave para el examen es que el contribuyente realiza el hecho imponible, mientras que el sustituto ocupa su lugar por mandato legal, sin haberlo realizado él mismo, pudiendo repercutir después ese coste sobre el propio contribuyente.
Elementos de cuantificación: base imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria (arts. 50, 55 y 56 LGT)
El art. 50.1 LGT define la base imponible como «la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible». El art. 50.2 prevé tres métodos de determinación: estimación directa (el método general, basado en declaraciones y documentos del obligado), estimación objetiva (de aplicación voluntaria cuando la ley de cada tributo lo prevea, mediante módulos o índices) y estimación indirecta (de carácter subsidiario, cuando la Administración no puede disponer de los datos necesarios por falta de declaraciones, obstrucción a la inspección o incumplimiento contable grave). El art. 55.1 LGT define el tipo de gravamen como «la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra», pudiendo ser específico o porcentual; al conjunto de tipos aplicables a los distintos tramos de una misma base se le denomina tarifa. El art. 56.1 LGT determina la cuota íntegra aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable, o bien mediante una cantidad fija señalada al efecto; a partir de ella, tras aplicar deducciones y bonificaciones, se obtiene la cuota líquida.
Los principios constitucionales del sistema tributario (art. 31 CE)
El art. 31.1 de la Constitución Española establece que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». De este único apartado se extraen los cuatro grandes principios materiales del sistema tributario: capacidad económica (cada uno contribuye según su riqueza real), igualdad (tratamiento equivalente ante situaciones equivalentes), progresividad (quien más tiene, proporcionalmente más aporta) y no confiscatoriedad (el sistema no puede, en su conjunto, agotar la riqueza gravada). El art. 31.2 añade el principio de eficiencia y economía en el gasto público: «el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía». El art. 31.3 introduce además una manifestación específica del principio de legalidad aplicado a las cargas patrimoniales: «sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley», norma que enlaza directamente con el principio de reserva de ley que desarrolla el art. 133 CE.
El principio de legalidad tributaria y la potestad originaria del Estado (art. 133 CE)
El art. 133.1 de la Constitución Española dispone que «la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley». Este es el principio de reserva de ley en materia tributaria: solo una norma con rango de ley puede crear un tributo. El art. 133.2 matiza esa exclusividad al permitir que «las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes»; se trata, por tanto, de una potestad derivada, distinta de la potestad originaria estatal. El art. 133.3 añade que «todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley», extendiendo la reserva de ley también a las exenciones y bonificaciones. El art. 133.4 cierra el precepto con una regla de disciplina presupuestaria: «las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes». La combinación de los arts. 31.3 y 133.1 CE es la que fundamenta que la LGT, como norma con rango de ley, sea la pieza central del ordenamiento tributario español.
El papel de la Guardia Civil en la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal: el Servicio Fiscal
El art. 12.B.b) de la Ley Orgánica 2/1986, dentro de la distribución material de competencias entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, atribuye a la Guardia Civil «el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando». Esta competencia, históricamente ligada a los orígenes del propio Cuerpo, se ejerce en la actualidad a través del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, especializado en la persecución del contrabando (de tabaco, drogas, mercancías falsificadas u otros bienes sujetos a control aduanero) y en la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la investigación de delitos contra la Hacienda Pública y de fraude fiscal con proyección penal. Se trata de una competencia distinta de la propiamente tributaria en sentido técnico (gestión, liquidación e inspección de los tributos, que corresponde a la AEAT y a las Administraciones tributarias autonómicas y locales): la Guardia Civil no liquida ni inspecciona tributos, sino que ejerce funciones de vigilancia, resguardo fiscal y policía judicial en la persecución de las conductas delictivas o de contrabando conexas con el fraude a la Hacienda Pública, en auxilio y coordinación con los órganos tributarios competentes.
Clases de tributos: tasas, contribuciones especiales e impuestos (art. 2 LGT)
La tasa se paga por la utilización privativa del dominio público, la prestación de un servicio o la realización de una actividad administrativa que se refiera al obligado tributario, cuando no sea de solicitud voluntaria o no se preste por el sector privado. La contribución especial se paga por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes como consecuencia de obras públicas o de servicios públicos. El impuesto se exige sin contraprestación específica, ante hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
Clasificación de los impuestos: directos e indirectos
Los impuestos directos gravan manifestaciones directas de capacidad económica: la obtención de renta (IRPF, Impuesto sobre Sociedades) o la posesión de patrimonio (Impuesto sobre el Patrimonio), recayendo sobre el propio contribuyente sin posibilidad de repercusión. Los impuestos indirectos gravan manifestaciones indirectas de capacidad económica, como el consumo (IVA) o determinadas transmisiones, siendo habitualmente repercutibles a un tercero distinto del sujeto pasivo formal.
Clasificación de los impuestos: personales/reales y subjetivos/objetivos
Los impuestos personales toman como referencia a una persona determinada (el IRPF grava la renta de una persona concreta); los reales gravan un bien o hecho con independencia de quién sea su titular (el IBI grava un inmueble concreto). Los impuestos subjetivos tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente (mínimo personal y familiar del IRPF); los objetivos no las consideran (el IVA aplica el mismo tipo con independencia de quién sea el consumidor).
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): concepto
Impuesto directo, personal, subjetivo y progresivo que grava la renta obtenida por las personas físicas residentes en España en un año natural, atendiendo a sus circunstancias personales y familiares, integrando en su base imponible los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales, y las imputaciones de renta establecidas por la ley.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): concepto y tipos
Impuesto indirecto, real y objetivo que grava el consumo, repercutido por el empresario o profesional al consumidor final en cada fase de la cadena de producción y distribución, permitiendo la deducción del IVA soportado en las fases anteriores. Su regulación básica es la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. En España existen tres tipos: general (21%), reducido (10%) y superreducido (4%), aplicables según la naturaleza del bien o servicio; la modificación de los tipos temporales aplicados a alimentos y energía en los últimos años debe consultarse en la norma vigente.
El Impuesto sobre Sociedades: concepto básico
Impuesto directo, personal y proporcional que grava la renta obtenida por las personas jurídicas y otras entidades sin personalidad jurídica sujetas al impuesto, residentes en territorio español, aplicando con carácter general un tipo de gravamen fijo (el 25% como tipo general, con tipos reducidos para determinadas entidades, según la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades) sobre el resultado contable corregido por los ajustes fiscales previstos en su normativa reguladora.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Entidad de Derecho Público (no organismo autónomo), con personalidad jurídica propia, creada por el art. 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y adscrita al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda. Se encarga de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, comprendiendo la gestión, inspección y recaudación de los tributos cuya competencia no esté expresamente atribuida a otro órgano, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Dentro de la AEAT actúa el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), con competencias de resguardo fiscal y persecución del contrabando, que colabora con la Guardia Civil en esta materia.
Las fases de la gestión tributaria: liquidación, recaudación e inspección
La gestión tributaria comprende, entre otras funciones, la recepción y tramitación de declaraciones y autoliquidaciones, y la práctica de liquidaciones tributarias cuando proceda. La inspección tributaria comprueba e investiga el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudiendo regularizar situaciones no ajustadas a derecho. La recaudación tiene por objeto el cobro de las deudas tributarias, ya sea en periodo voluntario o, en su defecto, mediante el procedimiento de apremio.
La autoliquidación y la declaración tributaria
La declaración tributaria es el documento por el que el obligado tributario manifiesta a la Administración la realización de un hecho relevante para la aplicación de los tributos. La autoliquidación es la declaración en la que, además, el obligado cuantifica por sí mismo la deuda tributaria (o, en su caso, la cantidad que resulte a devolver), practicando las operaciones de calificación y cuantificación necesarias, constituyendo el modelo predominante en el sistema tributario español actual (IRPF, IVA).
El domicilio fiscal y el NIF
El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria, que para las personas físicas es, con carácter general, el de su residencia habitual. El Número de Identificación Fiscal (NIF) es el código alfanumérico que identifica a cada obligado tributario ante la Hacienda Pública, coincidente para las personas físicas españolas con su DNI, y distinto (CIF, ahora integrado en el NIF) para las personas jurídicas.
Los recargos e intereses de demora tributarios
Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27 LGT) se aplican de forma escalonada: el 1 por ciento más otro 1 por ciento por cada mes completo de retraso hasta 12 meses; transcurridos los 12 meses, el recargo es del 15 por ciento y se exigen además intereses de demora desde el día siguiente al fin de esos 12 meses. El interés de demora se devenga automáticamente, sin necesidad de intimación previa, sobre las cantidades no ingresadas en plazo, como compensación por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, con un tipo fijado anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La prescripción tributaria (art. 66 LGT)
Prescriben a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la liquidación, el derecho para exigir el pago de las deudas ya liquidadas, el derecho del obligado a solicitar devoluciones, y el derecho de la Administración a imponer sanciones tributarias, computándose el plazo desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente.
Infracciones y sanciones tributarias (LGT)
La LGT clasifica las infracciones tributarias en leves, graves y muy graves, en función de la existencia de ocultación, del uso de medios fraudulentos o de la cuantía dejada de ingresar, con sanciones pecuniarias proporcionales a la deuda tributaria no ingresada. El procedimiento sancionador tributario es distinto e independiente del procedimiento de comprobación e investigación, aunque conexo con él.
El delito fiscal (art. 305 CP)
Castiga a quien, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de forma indebida, siempre que la cuantía defraudada exceda de 120.000 euros (con tipo agravado cuando se superan los 600.000 euros, art. 305 bis CP, o concurren otras circunstancias como la utilización de personas interpuestas), distinguiéndose de la mera infracción administrativa tributaria por superar dicho umbral cuantitativo y por la concurrencia de dolo defraudatorio.
La Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando
Regula el régimen de infracciones administrativas y delitos de contrabando, entendido como la realización de operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de mercancías eludiendo los controles aduaneros o fiscales, o incumpliendo las prohibiciones o limitaciones legalmente impuestas a su tráfico, sin perjuicio de las conductas relativas a géneros prohibidos como drogas, armas y explosivos. Las infracciones y delitos se distinguen por el valor de los géneros y su naturaleza. La competencia para la persecución corresponde, además del Servicio de Vigilancia Aduanera, a la Guardia Civil (art. 12.B.b LO 2/1986), que actúa como policía judicial en los delitos de contrabando.
El delito de contrabando
Conforme a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, constituye delito cuando el valor de los géneros o mercancías sea igual o superior a 150.000 euros; en el caso del tabaco, el umbral se reduce a 15.000 euros; y se castiga con independencia de su valor el contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, material de defensa, especies protegidas y otros géneros prohibidos o restringidos por razón de su especial peligrosidad. Por debajo de esos umbrales, el contrabando se sanciona como infracción administrativa, de la que conoce la Administración aduanera.
El Servicio Fiscal de la Guardia Civil: competencias específicas
Unidad especializada de la Guardia Civil que ejerce el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones para evitar y perseguir el contrabando conforme al art. 12.B.b) LO 2/1986, colaborando estrechamente con la Agencia Tributaria en la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos, la detección de mercancías de contrabando y la investigación de tramas de fraude fiscal y aduanero de especial complejidad.
El concepto de aduana y el régimen aduanero
La aduana es la oficina pública situada en los puntos de entrada y salida del territorio aduanero, encargada de controlar el tráfico de mercancías, aplicar los aranceles y demás gravámenes correspondientes, y velar por el cumplimiento de las prohibiciones y restricciones al comercio exterior, ejerciendo funciones tanto de naturaleza fiscal (recaudación de derechos arancelarios) como de policía administrativa (control de mercancías prohibidas o restringidas).
La unión aduanera de la Unión Europea
Espacio en el que los Estados miembros de la UE han suprimido los derechos de aduana en sus intercambios comerciales internos y aplican un arancel aduanero común frente a terceros países, de manera que las mercancías circulan libremente dentro del territorio aduanero de la Unión una vez despachadas de aduanas en cualquier punto de entrada, sin nuevos controles arancelarios en las fronteras interiores entre Estados miembros.
Los tributos aduaneros: aranceles
Los derechos arancelarios son tributos que gravan la entrada de mercancías procedentes de terceros países ajenos a la Unión Europea, aplicados conforme al Arancel Aduanero Común de la UE, cuya recaudación corresponde a la Agencia Tributaria con la colaboración de las autoridades de vigilancia aduanera, entre ellas el Servicio Fiscal de la Guardia Civil en los puestos fronterizos y en la vigilancia de costas y puertos.
El fraude fiscal y el blanqueo de capitales: conexión
El delito fiscal y el delito de blanqueo de capitales (art. 301 CP) presentan una estrecha conexión práctica, dado que las ganancias procedentes de un delito fiscal pueden constituir a su vez el objeto material de un posterior delito de blanqueo cuando se oculten o transformen para dificultar su origen ilícito, siendo frecuente que las investigaciones de fraude fiscal de mayor envergadura se desarrollen coordinadamente con la investigación patrimonial propia del blanqueo de capitales, en las que interviene también el Servicio Fiscal de la Guardia Civil.
Fuentes del Derecho tributario y aplicación de las normas (arts. 7 y ss. LGT)
El art. 7 LGT enumera las fuentes: la Constitución, los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea, las leyes y disposiciones de rango equivalente, y los reglamentos. La reserva de ley (arts. 8 LGT y 31.3 y 133 CE) alcanza a la determinación de los elementos esenciales del tributo (hecho imponible, devengo, base, tipo, sujeto pasivo), las exenciones y bonificaciones y la regulación de los recargos e intereses. Los reglamentos pueden desarrollar la ley, pero no crear tributos. La Ley General Tributaria se aplica con carácter supletorio, y las normas se interpretan según el art. 12 LGT con arreglo al art. 3 del Código Civil. Las normas tributarias entran en vigor, salvo disposición contraria, a los veinte días de su publicación completa en el BOE, y no tienen efecto retroactivo salvo disposición expresa (art. 10 LGT).
Las obligaciones tributarias y los obligados (arts. 17 a 43 LGT)
La relación jurídico-tributaria comprende obligaciones materiales y formales. Las obligaciones materiales son la obligación tributaria principal (pago de la cuota), las obligaciones entre particulares resultantes del tributo (repercusión, retención, ingreso a cuenta), las obligaciones tributarias accesorias (intereses de demora, recargos) y las de realizar pagos a cuenta. Las obligaciones formales son las de presentar declaraciones, llevar contabilidad, expedir facturas, etc. Los obligados tributarios (art. 35) incluyen a los contribuyentes, sustitutos, obligados a realizar pagos a cuenta, y los responsables solidarios y subsidiarios (arts. 41 a 43). El responsable solidario responde junto al deudor principal, mientras que el subsidiario responde cuando se declare fallido el deudor principal y los responsables solidarios. Los derechos y garantías de los obligados se recogen en el art. 34 LGT (derecho a ser informado y asistido, a obtener devoluciones, a la confidencialidad de los datos, a no aportar documentos ya presentados, entre otros).
La deuda tributaria, su pago y extinción (arts. 56 a 75 LGT)
La deuda tributaria está constituida por la cuota o cantidad a ingresar, y en su caso por los recargos, intereses de demora y recargos por aplazamiento. Se extingue por el pago, la prescripción, la compensación y la condonación. En periodo voluntario, las deudas de ingreso por liquidación notificada entre los días 1 y 15 de cada mes se pagan hasta el día 20 del mes siguiente (o hábil inmediato posterior), y las notificadas entre los días 16 y último, hasta el 5 del segundo mes posterior (art. 62.2 LGT). Si no se paga en periodo voluntario, se inicia el periodo ejecutivo y el procedimiento de apremio, con recargo ejecutivo del 5 por ciento (si se paga antes de la notificación de la providencia de apremio), recargo de apremio reducido del 10 por ciento (si se paga en plazo tras dicha notificación) y recargo de apremio ordinario del 20 por ciento con intereses de demora (art. 28 LGT). Cabe solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago (art. 65 LGT).
Procedimientos tributarios y revisión de actos
La LGT regula el procedimiento de gestión, el de inspección, el de recaudación y el sancionador. La inspección comprueba e investiga hechos y actos relevantes y concluye en actas; el plazo general de las actuaciones inspectoras es de 18 meses, ampliables a 27 en los supuestos previstos (art. 150 LGT). Contra los actos de aplicación de los tributos pueden interponerse recurso de reposición (potestativo, ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes) o reclamación económico-administrativa (en el plazo de un mes ante los Tribunales Económico-Administrativos, TEAR y TEAC), y posteriormente recurso contencioso-administrativo. La revisión de oficio incluye la declaración de nulidad, la declaración de lesividad, la revocación y la rectificación de errores (arts. 213 a 221 LGT).
Pagos en efectivo, fraude y control: normativa complementaria
Con el fin de combatir el fraude fiscal, la normativa limita los pagos en efectivo en operaciones en las que intervenga un empresario o profesional; la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, redujo el límite general a 1.000 euros (con un umbral superior para determinados casos de no residentes). Esta ley también incorporó medidas sobre la lista de deudores, la prohibición de software de doble uso y la tributación de criptomonedas. Además, la AEAT cuenta con el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, que define las prioridades de actuación del año.
Coordinación operativa: AEAT, SVA y Guardia Civil en la persecución del contrabando
En la persecución del contrabando coinciden las actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA, dependiente de la AEAT) y de la Guardia Civil, ambas con funciones de resguardo fiscal. Cuando se aprecian indicios de delito, las diligencias se ponen a disposición judicial; el comiso de los géneros, medios de transporte y ganancias se rige por las normas penales y por la LO 12/1995. En fronteras, puertos y aeropuertos la Guardia Civil realiza el control de pasajeros y mercancías en lo relativo a su competencia, y en el mar su Servicio Marítimo realiza la vigilancia costera y la persecución del tráfico ilícito. El régimen aduanero de la Unión se encuentra en el Código Aduanero de la Unión (Reglamento (UE) n.º 952/2013, de 9 de octubre de 2013).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186). Art. 2.1: los tributos son prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública para el sostenimiento de los gastos públicos.
Tres clases de tributos (art. 2.2 LGT): tasas (uso privativo del dominio público o servicios que benefician particularmente al obligado), contribuciones especiales (beneficio derivado de obras o servicios públicos) e impuestos (sin contraprestación, según la capacidad económica).
Art. 36 LGT: el contribuyente realiza el hecho imponible; el sustituto ocupa su lugar por imposición legal y puede repercutirle después el importe satisfecho.
Art. 31.1 CE: el sistema tributario se inspira en los principios de igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio, según la capacidad económica de cada uno.
Art. 133.1 CE: la potestad ORIGINARIA para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley; Comunidades Autónomas y Corporaciones locales solo tienen potestad derivada (art. 133.2).
Art. 12.B.b) LO 2/1986: la Guardia Civil es competente en «el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando» (Servicio Fiscal).
Trampa de examen: la Guardia Civil no gestiona ni liquida tributos (eso es función de la AEAT); su papel es de vigilancia, resguardo fiscal y colaboración policial contra el contrabando y el fraude.
La AEAT es una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Hacienda (no un organismo autónomo).
Delito fiscal (art. 305 CP): cuota defraudada superior a 120.000 euros; agravado cuando se superan 600.000 euros (art. 305 bis CP).
Contrabando (LO 12/1995): delito a partir de 150.000 euros (15.000 en tabaco) o con independencia del valor en drogas, armas, explosivos y otros géneros prohibidos.
Prescripción tributaria: cuatro años (art. 66 LGT).
Reserva de ley tributaria: arts. 31.3 y 133.1 CE; el reglamento no puede crear tributos. Potestad originaria del Estado, derivada de CCAA y Corporaciones locales.
Pagos en efectivo: Ley 11/2021 limita a 1.000 euros los pagos en efectivo en operaciones con empresarios o profesionales.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 31.1 de la Constitución Española, ¿en qué principios se inspira el sistema tributario, además de la capacidad económica?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Guardia Civil?
El sistema tributario español se apoya en dos niveles normativos: la Constitución Española, que en su art. 31 fija los principios materiales de justicia tributaria —capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad— y en su art. 133 el principio de legalidad o reserva de ley, según el cual «la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley»; y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), que desarrolla el concepto de tributo, sus clases y los elementos que lo cuantifican. Para el temario de la Guardia Civil, además de estas nociones básicas, interesa el papel institucional del Cuerpo en la vertiente represiva de la Hacienda Pública: el art. 12.B.b) de la Ley Orgánica 2/1986 le atribuye expresamente «el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando», competencia que ejerce el Servicio Fiscal de la Guardia Civil en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186). Art. 2.1: los tributos son prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública para el sostenimiento de los gastos públicos. Tres clases de tributos (art. 2.2 LGT): tasas (uso privativo del dominio público o servicios que benefician particularmente al obligado), contribuciones especiales (beneficio derivado de obras o servicios públicos) e impuestos (sin contraprestación, según la capacidad económica). Art. 36 LGT: el contribuyente realiza el hecho imponible; el sustituto ocupa su lugar por imposición legal y puede repercutirle después el importe satisfecho. Art. 31.1 CE: el sistema tributario se inspira en los principios de igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio, según la capacidad económica de cada uno. Art. 133.1 CE: la potestad ORIGINARIA para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley; Comunidades Autónomas y Corporaciones locales solo tienen potestad derivada (art. 133.2). Art. 12.B.b) LO 2/1986: la Guardia Civil es competente en «el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando» (Servicio Fiscal). Trampa de examen: la Guardia Civil no gestiona ni liquida tributos (eso es función de la AEAT); su papel es de vigilancia, resguardo fiscal y colaboración policial contra el contrabando y el fraude. La AEAT es una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Hacienda (no un organismo autónomo). Delito fiscal (art. 305 CP): cuota defraudada superior a 120.000 euros; agravado cuando se superan 600.000 euros (art. 305 bis CP). Contrabando (LO 12/1995): delito a partir de 150.000 euros (15.000 en tabaco) o con independencia del valor en drogas, armas, explosivos y otros géneros prohibidos. Recargos del apremio: ejecutivo 5%, apremio reducido 10%, apremio ordinario 20% (art. 28 LGT); recargos por declaración extemporánea: art. 27 LGT. Prescripción tributaria: cuatro años (art. 66 LGT). Reserva de ley tributaria: arts. 31.3 y 133.1 CE; el reglamento no puede crear tributos. Potestad originaria del Estado, derivada de CCAA y Corporaciones locales. Pagos en efectivo: Ley 11/2021 limita a 1.000 euros los pagos en efectivo en operaciones con empresarios o profesionales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 31 y 133 (BOE-A-1978-31229)
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186)
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 12.B.b) (BOE-A-1986-6859)
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 305, 305 bis y 301
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
Reglamento (UE) n.º 952/2013, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión
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