Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.
El Tema 1 del temario de Guardia Civil aborda el bloque de Derechos Humanos desde su vertiente internacional: los grandes instrumentos que, a lo largo del siglo XX, fueron construyendo un catálogo universal de derechos exigible más allá de las fronteras de cada Estado. El punto de partida es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como ideal común de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial, pero sin fuerza jurídica vinculante en su origen. A partir de ahí, tres generaciones de instrumentos fueron dotando a esos derechos de mecanismos reales de garantía y de obligatoriedad jurídica: el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, con su propio tribunal internacional (el TEDH); los Pactos Internacionales de Nueva York de 1966, que sí son tratados vinculantes con órganos de control; y, ya en el ámbito de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de 2000, que desde el Tratado de Lisboa (2009) tiene el mismo valor jurídico que los propios Tratados de la UE. Completan el bloque el sistema de la ONU contra la tortura (Convención de 1984, Protocolo Facultativo de 2002 y Mecanismo Nacional de Prevención, que en España ejerce el Defensor del Pueblo), el Consejo de Europa como sistema regional de garantía (CEDH, TEDH, Carta Social Europea, Comité para la Prevención de la Tortura) y los estándares de derechos humanos aplicables a la función policial.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): origen y estructura
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217 A (III), aprobada en París el 10 de diciembre de 1948 (fecha que desde entonces se conmemora como el Día de los Derechos Humanos). Se redactó en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presidida por Eleanor Roosevelt, en el contexto inmediato de la posguerra y de la fundación de la ONU (1945), como reacción a las atrocidades cometidas durante el conflicto. Fue aprobada por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Consta de un preámbulo y 30 artículos, que suelen agruparse en tres bloques: los artículos 1 y 2 fijan los principios generales de libertad, igualdad y no discriminación; los artículos 3 a 21 recogen derechos civiles y políticos clásicos (vida, libertad, prohibición de la tortura y la esclavitud, igualdad ante la ley, tutela judicial, libertad de expresión, participación política); y los artículos 22 a 27 incorporan derechos económicos, sociales y culturales (seguridad social, trabajo, educación, cultura). Los artículos 28 a 30 cierran el texto con cláusulas de aplicación. Trampa de examen habitual: por el desacuerdo ideológico de la época entre bloques, la Declaración no se aprobó como un tratado internacional formalmente vinculante para los Estados firmantes, sino como una resolución de la Asamblea General; no obstante, buena parte de la doctrina y jurisprudencia internacional le reconoce hoy valor de costumbre internacional o de interpretación autorizada de la Carta de la ONU.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (Roma, 1950) y el TEDH
El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950, en el marco del Consejo de Europa (organización distinta de la Unión Europea, creada un año antes). España lo ratificó mediante Instrumento publicado en el BOE el 10 de octubre de 1979 (BOE-A-1979-24010), con entrada en vigor para nuestro país en octubre de 1979. España ingresó en el Consejo de Europa el 24 de noviembre de 1977. El Convenio creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, como órgano jurisdiccional internacional encargado de garantizar su cumplimiento. Su configuración cambió sustancialmente con el Protocolo n.º 11 (en vigor desde el 1 de noviembre de 1998): antes existía una Comisión Europea de Derechos Humanos que filtraba las demandas y un Tribunal de jurisdicción no siempre obligatoria; desde 1998 el TEDH pasó a ser un tribunal permanente, único, de jurisdicción obligatoria para todos los Estados parte y con acceso directo del particular mediante la demanda individual (artículo 34 CEDH), sin necesidad de que un Estado la respalde. Trampa de examen: el TEDH no es una institución de la Unión Europea ni debe confundirse con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (con sede en Luxemburgo); dictan sentencias sobre ordenamientos jurídicos distintos y en marcos organizativos distintos (Consejo de Europa frente a UE).
Los Pactos Internacionales de Nueva York de 1966: de la declaración al tratado vinculante
Ante la falta de fuerza jurídica de la Declaración de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, dos tratados internacionales plenamente vinculantes para los Estados que los ratifican: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos entraron en vigor en 1976, una vez alcanzado el número mínimo de ratificaciones. España ratificó los dos mediante sendos Instrumentos de 13 de abril de 1977, publicados en el BOE el 30 de abril de 1977: el PIDCP con referencia BOE-A-1977-10733 y el PIDESC con referencia BOE-A-1977-10734. El PIDCP creó un órgano de control específico, el Comité de Derechos Humanos, formado por expertos independientes que examinan los informes periódicos de los Estados; además, existe un Protocolo Facultativo que habilita las denuncias individuales ante ese Comité, al que España se adhirió en 1985 (BOE-A-1985-5259). El PIDESC, por su parte, es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Trampa de examen habitual: no confundir los Pactos de 1966 (tratados vinculantes de la ONU, de vocación universal) con el Convenio Europeo de 1950 (tratado regional, del Consejo de Europa, con tribunal propio de acceso directo).
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada solemnemente en el Consejo Europeo de Niza, en diciembre de 2000, como una simple declaración política sin valor jurídico vinculante propio. Fue adaptada y vuelta a proclamar en 2007, coincidiendo con la negociación del Tratado de Lisboa. Con la entrada en vigor de dicho Tratado, el 1 de diciembre de 2009, el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE) le reconoció expresamente «el mismo valor jurídico que los Tratados», de modo que pasó a ser derecho originario de la UE, plenamente vinculante. La Carta se estructura en siete títulos: Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía, Justicia y Disposiciones generales. Conforme a su artículo 51, se dirige a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a los Estados miembros únicamente cuando aplican Derecho de la Unión (no con carácter general para toda su actuación interna). Trampa de examen: la Carta no sustituye al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; de hecho, el propio artículo 6.2 TUE prevé la adhesión de la Unión al CEDH, adhesión que, tras el Dictamen 2/13 del TJUE (diciembre de 2014), que la consideró incompatible con los Tratados en su formulación inicial, sigue en fase final de negociación sin haberse completado todavía, pendiente sobre todo de resolver su encaje con la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). La Carta consta de 54 artículos; su art. 52.3 dispone que los derechos que correspondan a los del CEDH tendrán el mismo sentido y alcance que en este, sin impedir una protección más amplia, y el art. 53 impide interpretarla en sentido restrictivo de los derechos reconocidos por otros textos.
La recepción interna: el artículo 10.2 de la Constitución Española
La Constitución Española de 1978 no se limita a proclamar sus propios derechos fundamentales en el Título I (desarrollado en profundidad en otro tema del temario), sino que establece expresamente un puente hermenéutico con el Derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 10.2 CE dispone que «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Esto significa que la DUDH de 1948, pese a carecer de fuerza vinculante autónoma, y los tratados como el CEDH o los Pactos de 1966, funcionan como criterio interpretativo obligado para los jueces y tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional, a la hora de fijar el contenido y alcance de los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución. Es, por tanto, la vía por la que el bloque normativo internacional estudiado en este tema se proyecta sobre el ordenamiento jurídico interno español, sin necesidad de que esos instrumentos internacionales se «incorporen» como derechos autónomos distintos de los constitucionales.
Las generaciones de derechos humanos: un marco de clasificación doctrinal
Para ordenar el conjunto de derechos reconocidos en los instrumentos anteriores, la doctrina utiliza habitualmente la clasificación en «generaciones» de derechos humanos, un esquema doctrinal (no una categoría jurídica formal recogida como tal en ningún tratado) que resulta muy útil para el repaso. La primera generación agrupa los derechos civiles y políticos clásicos, vinculados a la libertad frente al Estado: vida, libertad, seguridad, tutela judicial, participación política, libertad de expresión; son los predominantes en el PIDCP y en el CEDH. La segunda generación reúne los derechos económicos, sociales y culturales, que exigen una actuación positiva y prestacional de los poderes públicos: trabajo, educación, salud, seguridad social; son el núcleo del PIDESC. La tercera generación, de aparición más reciente y contornos menos definidos, agrupa los llamados derechos de solidaridad o de los pueblos: medio ambiente sano, paz, desarrollo, patrimonio común de la humanidad. Conviene tener presente que esta clasificación es progresiva y no excluyente: un mismo instrumento, como la propia DUDH o la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, recoge derechos de distintas generaciones combinados en un único texto.
Concepto y fundamento de los Derechos Humanos: iusnaturalismo y positivismo
Los Derechos Humanos son el conjunto de facultades y garantías inherentes a la dignidad de toda persona, que los Estados deben respetar, proteger y garantizar. El iusnaturalismo sostiene que derivan de la propia naturaleza racional del ser humano, previos y superiores a su reconocimiento por cualquier Estado; el positivismo jurídico entiende que su existencia y contenido dependen de su efectivo reconocimiento por el Derecho positivo, nacional o internacional. En la práctica actual se articulan mediante un sistema de tratados y declaraciones que los positivizan y dotan de mecanismos de garantía.
Características de los Derechos Humanos: universalidad, indivisibilidad e interdependencia
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) proclamó tres características esenciales: universalidad (corresponden a todo ser humano por su mera condición de tal, sin que ningún Estado pueda excluir a colectivos alegando particularidades culturales o religiosas); indivisibilidad (los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tienen igual importancia, sin subordinación entre ellos); e interdependencia (el disfrute efectivo de unos derechos condiciona el de los demás, por ejemplo la educación favorece la participación política).
Derechos civiles y políticos reconocidos en la DUDH (arts. 3 a 21)
La DUDH reconoce, entre otros: vida, libertad y seguridad (art. 3); prohibición de la esclavitud (art. 4); prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 6); igualdad ante la ley (art. 7); recurso efectivo ante tribunales (art. 8); prohibición de detención arbitraria (art. 9); juicio justo y presunción de inocencia (arts. 10 y 11); vida privada (art. 12); y derecho de asilo frente a la persecución (art. 14).
Derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la DUDH (arts. 22 a 27)
La DUDH reconoce también: seguridad social (art. 22); trabajo, libre elección de empleo y sindicación (art. 23); descanso y disfrute del tiempo libre (art. 24); nivel de vida adecuado, salud, alimentación y vivienda, con especial protección de la maternidad e infancia (art. 25); educación gratuita y obligatoria en su grado elemental (art. 26); y participación en la vida cultural y en el progreso científico (art. 27). Estos artículos anticipan el contenido que en 1966 desarrollaría el PIDESC.
Los Protocolos Adicionales al CEDH: ampliación del catálogo de derechos
El catálogo del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 se ha ampliado mediante Protocolos Adicionales. El Protocolo n.º 1 (1952) reconoce el derecho a la propiedad, a la instrucción y a elecciones libres. El Protocolo n.º 6 (1983) abolió la pena de muerte en tiempo de paz, y el Protocolo n.º 13 (2002) la abolió en cualquier circunstancia, incluido tiempo de guerra. Otros protocolos, como el n.º 11 (1998), el n.º 14 (en vigor en 2010) o el n.º 15 (en vigor en 2021), modifican el propio mecanismo procesal de garantía ante el TEDH.
El Convenio de la ONU contra la Tortura (1984): objeto y complementariedad
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General en 1984 y en vigor desde 1987, es el principal instrumento universal específicamente dedicado a prevenir y erradicar la tortura, complementando la prohibición genérica de la DUDH (art. 5) y del CEDH (art. 3) con obligaciones concretas de tipificación penal, jurisdicción universal y no devolución a Estados donde exista riesgo de tortura.
Definición de tortura (art. 1 Convención ONU 1984) y su reflejo en el art. 174 CP
El art. 1 de la Convención define la tortura como todo acto por el que se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con fines de obtener información o confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla, o por discriminación, cuando sean infligidos por un funcionario público o con su consentimiento o aquiescencia. La definición excluye los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a estas. Esta definición, que exige intervención de un agente estatal, inspiró la tipificación del delito de tortura del art. 174 del Código Penal español.
Obligaciones de los Estados parte del Convenio contra la Tortura
El Convenio impone a los Estados: adoptar medidas eficaces para impedir la tortura en su territorio, sin que quepa invocar circunstancia excepcional alguna (guerra, inestabilidad política) para justificarla; tipificarla penalmente con penas adecuadas a su gravedad; establecer jurisdicción sobre este delito conforme al principio aut dedere aut judicare («o extraditar o juzgar»); y garantizar a la víctima reparación e indemnización justa, incluyendo los medios para su rehabilitación.
El Comité contra la Tortura de la ONU
Órgano de expertos independientes creado por la Convención de 1984 para supervisar su cumplimiento: examina los informes periódicos que los Estados parte deben presentarle, y, respecto de los que hayan reconocido su competencia, las comunicaciones individuales de presuntas víctimas y las investigaciones de oficio ante indicios fundados de práctica sistemática de la tortura en un Estado parte. Es un mecanismo cuasi-judicial de supervisión, sin la fuerza vinculante de una sentencia.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (2002): visitas preventivas
Aprobado en 2002 y en vigor desde 2006 (ratificado por España en 2006), introduce un enfoque preventivo complementario al reactivo: un sistema de visitas periódicas, sin previo aviso, a todos los lugares donde pueda haber personas privadas de libertad (centros penitenciarios, comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, CIE, centros psiquiátricos), para examinar el trato dispensado y fortalecer su protección frente a la tortura antes de que esta llegue a producirse.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU
Órgano internacional de expertos creado por el Protocolo Facultativo de 2002, encargado de realizar visitas periódicas a los Estados parte para examinar el trato a personas privadas de libertad, formular recomendaciones y asesorar a los Estados en la creación de sus Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP), cuya designación obligatoria por cada Estado parte es la otra gran novedad de este Protocolo.
Concepto de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)
Es el organismo interno que cada Estado parte del Protocolo Facultativo debe designar, con mandato de examinar periódicamente, mediante visitas, el trato dispensado a las personas privadas de libertad en todos los lugares de detención bajo su jurisdicción, formular recomendaciones a las autoridades competentes y proponer observaciones sobre la legislación existente o los proyectos de ley en la materia. Es la manifestación interna del enfoque preventivo que a nivel internacional desarrolla el SPT.
El Defensor del Pueblo como MNP en España (LO 1/2009)
España designó al Defensor del Pueblo, ya estudiado como alto comisionado de las Cortes Generales, como su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura mediante la Ley Orgánica 1/2009, que modificó su ley reguladora (LO 3/1981). Ejerce esta función con medios específicos (un área especializada) y con la colaboración de un Consejo Asesor integrado por representantes de la sociedad civil expertos en la materia.
Funciones del MNP: visitas a lugares de privación de libertad
El Defensor del Pueblo, como MNP, realiza visitas periódicas, programadas o sin previo aviso, a centros penitenciarios, dependencias policiales donde se practican detenciones (comisarías, cuarteles de la Guardia Civil), Centros de Internamiento de Extranjeros, centros de menores y centros psiquiátricos con internamientos involuntarios. Incluyen entrevistas reservadas con las personas privadas de libertad y examen de instalaciones, documentación y protocolos de actuación.
Los informes anuales del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
El Defensor del Pueblo elabora y publica anualmente un informe específico sobre su actividad como MNP, distinto del informe general que presenta a las Cortes Generales, recogiendo las visitas realizadas, las recomendaciones formuladas al Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias o las CCAA competentes, y el grado de cumplimiento de recomendaciones anteriores, como instrumento de transparencia y rendición de cuentas.
La Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 1989)
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990 (BOE de 31 de diciembre de 1990), es el tratado de derechos humanos con mayor número de ratificaciones del mundo. Reconoce al niño como sujeto de derechos, no solo objeto de protección, consagrando el principio del interés superior del menor (art. 3) como consideración primordial en toda decisión que le afecte, principio que inspira la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
La Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979)
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983, es conocida como la «carta internacional de los derechos de la mujer». Define la discriminación contra la mujer y obliga a los Estados parte a adoptar medidas legislativas y de otra índole para eliminarla en todos los ámbitos (político, social, económico, cultural). Su Comité de seguimiento (Comité CEDAW) supervisa el cumplimiento mediante informes periódicos de los Estados.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 2006)
Adoptada por la ONU en 2006 y ratificada por España en 2007 (en vigor desde mayo de 2008), supuso el paso de un modelo médico-asistencial de la discapacidad a un modelo social y de derechos, basado en la accesibilidad universal, el diseño para todas las personas, la vida independiente y la no discriminación. Inspiró en España el Real Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (sustituye la incapacitación judicial por medidas de apoyo). Desde la reforma del art. 49 CE, en vigor en febrero de 2024, la Constitución emplea ya la expresión «personas con discapacidad».
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Creado en 1993 (Resolución 48/141 de la Asamblea General) tras la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, es el principal funcionario de la ONU responsable de las actividades de derechos humanos de la Organización, con sede en Ginebra. Dirige la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH), que apoya a los órganos de tratados y al Consejo de Derechos Humanos, coordina la promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de Naciones Unidas y responde ante violaciones graves.
El Consejo de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal
El Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006 en sustitución de la antigua Comisión de Derechos Humanos, es un órgano intergubernamental de la ONU con sede en Ginebra, compuesto por 47 Estados elegidos por la Asamblea General por mayoría absoluta y por mandatos de tres años (Resolución 60/251). Su instrumento más característico es el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo por el que se revisa periódicamente la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU, incluida España, con independencia de su historial previo.
Derechos humanos y actuación policial: principios de necesidad y proporcionalidad
El respeto a los derechos humanos condiciona toda actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deben regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de sus facultades (art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). El uso de la fuerza solo es legítimo cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de la función y en la medida indispensable para ello, principios que conectan directamente con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la actuación policial.
El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU, 1979)
Aprobado por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, fija estándares éticos para la actuación policial: respeto y protección de la dignidad humana y de los derechos humanos de todas las personas; uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida requerida; prohibición absoluta de la tortura; y protección de la salud de las personas bajo custodia. Es un antecedente directo del Código Europeo de Ética de la Policía de 2001.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego (ONU, 1990)
Adoptados por el VIII Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito en 1990, desarrollan el Código de conducta de 1979 en lo relativo al uso de la fuerza: exigen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran, en la medida de lo posible, a medios no violentos antes de utilizar la fuerza o armas de fuego, que estas solo se empleen en circunstancias extremas, y que se reduzcan al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana.
La Carta Social Europea (Turín, 1961; revisada en 1996)
Tratado del Consejo de Europa que complementa al CEDH incorporando derechos económicos y sociales (trabajo, protección social, salud, vivienda), a diferencia del catálogo esencialmente civil y político del Convenio de 1950. España ratificó la Carta original en 1980 y depositó la ratificación de la Carta revisada el 17 de mayo de 2021 (BOE-A-2021-9719, BOE de 11 de junio de 2021), en vigor para España desde el 1 de julio de 2021. Su cumplimiento se supervisa mediante un sistema de informes periódicos ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, sin equivalente jurisdiccional al TEDH.
La Organización de las Naciones Unidas: Carta y órganos principales
La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Sus propósitos incluyen mantener la paz y la seguridad internacionales y promover el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión (art. 1). Sus órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia (La Haya) y la Secretaría. España ingresó en la ONU el 14 de diciembre de 1955. La Carta obliga a los Estados, pero la DUDH y los tratados posteriores son los que concretan el catálogo de derechos.
La Carta Internacional de Derechos Humanos y los Protocolos de los Pactos
Se denomina Carta Internacional de Derechos Humanos al conjunto formado por la DUDH (1948), el PIDCP (1966), el PIDESC (1966) y los protocolos facultativos de los Pactos. El PIDCP tiene dos protocolos: el primero (1966) permite las comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos Humanos; el segundo (1989) tiene por objeto abolir la pena de muerte. El PIDESC cuenta con un Protocolo Facultativo (2008, en vigor desde 2013) que habilita comunicaciones individuales ante el Comité DESC. Los dos Pactos reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos en su artículo 1 común. El PIDCP permite suspender ciertos derechos en situaciones excepcionales (art. 4), salvo un núcleo inderogable (vida, prohibición de tortura y de esclavitud, entre otros). El PIDESC, en cambio, se basa en la realización progresiva de los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles (art. 2).
Los grandes tratados universales de derechos humanos (órganos de tratados)
Además de los Pactos, el sistema universal se articula en torno a tratados básicos, cada uno con su comité de expertos: eliminación de la discriminación racial (1965), CEDAW (1979), contra la tortura (1984), derechos del niño (1989), trabajadores migratorios (1990), derechos de las personas con discapacidad (2006) y protección contra las desapariciones forzadas (2006, ratificada por España en 2009). Los comités examinan informes periódicos de los Estados y, cuando el Estado ha aceptado esa competencia, comunicaciones individuales; sus decisiones son dictámenes o recomendaciones, no sentencias. Otros instrumentos de referencia son la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951, y Protocolo de 1967, con el principio de no devolución) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998).
El Consejo de Europa y sus órganos
El Consejo de Europa se creó en Londres el 5 de mayo de 1949 para defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el continente; tiene sede en Estrasburgo y no forma parte de la Unión Europea. Sus órganos principales son el Comité de Ministros (órgano decisorio, que supervisa la ejecución de las sentencias del TEDH), la Asamblea Parlamentaria (que elige a los jueces del TEDH y al Comisario de Derechos Humanos) y el Secretario General. Rusia dejó de ser parte del Convenio el 16 de septiembre de 2022, tras su expulsión del Consejo de Europa, por lo que el TEDH cuenta hoy con 46 Estados parte y, por tanto, 46 jueces. Es el marco de otros tratados clave: el CEDH, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y el Convenio de Estambul sobre violencia contra la mujer.
Contenido sustantivo del CEDH: derechos y cláusula de derogación
El Título I del Convenio reconoce, entre otros: vida (art. 2), prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 3), prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. 4), libertad y seguridad (art. 5), proceso equitativo (art. 6), principio de legalidad penal (art. 7), respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia (art. 8), libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 9), libertad de expresión (art. 10), reunión y asociación (art. 11), matrimonio (art. 12), recurso efectivo (art. 13) y prohibición de discriminación (art. 14). El art. 15 permite derogar obligaciones en caso de guerra u otro peligro público que amenace la vida de la nación, pero nunca respecto del derecho a la vida (salvo muertes por actos lícitos de guerra), la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud (art. 4.1) y el principio de legalidad penal (art. 7). Trampa de examen: la prohibición de la tortura es absoluta, no admite excepciones ni ponderación.
Procedimiento ante el TEDH: admisibilidad, sentencias y ejecución
Pueden presentar demanda un Estado contra otro (art. 33) o cualquier persona, ONG o grupo de particulares que se considere víctima (art. 34). Requisitos de admisibilidad (art. 35): agotar las vías internas, plazo de cuatro meses desde la decisión interna definitiva (reducido desde seis por el Protocolo n.º 15, aplicable desde el 1 de febrero de 2022), no ser anónima ni haber sido ya examinada, y no ser manifiestamente infundada ni abusiva. El Protocolo n.º 14 añadió el criterio del perjuicio importante y creó la formación de juez único. Cuando se aprecia violación, el Tribunal puede conceder una satisfacción equitativa (art. 41). Las sentencias de la Gran Sala o firmes obligan al Estado (art. 46), y el Comité de Ministros vigila su ejecución. El TEDH puede adoptar medidas provisionales urgentes (regla 39 de su Reglamento). En España, la reforma de la LOPJ de 2015 (art. 5 bis) permite solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el TEDH haya declarado violado un derecho del Convenio y su violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de otro modo.
La integración de los tratados en el ordenamiento español: arts. 93, 94, 96 y 10.2 CE
El art. 96.1 CE dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, y que sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. El art. 94 exige la previa autorización de las Cortes Generales para obligarse por tratados de determinada naturaleza (entre ellos los que afecten a derechos y deberes fundamentales del Título I), y el art. 93 habilita, mediante ley orgánica, la cesión de competencias a organizaciones internacionales. Junto a ello, el art. 10.2 convierte a la DUDH y a los tratados ratificados en criterio obligado de interpretación de los derechos fundamentales. Distinción útil: el art. 10.2 es una regla de interpretación; el art. 96.1 es una regla sobre la validez y jerarquía de los tratados como fuente del Derecho interno. Los tratados no tienen rango constitucional, pero son superiores a las leyes.
La prohibición de la tortura en el Derecho español
El art. 15 CE reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y proscribe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes; el mismo precepto abolió la pena de muerte, salvo lo que dispusieran las leyes penales militares para tiempos de guerra, excepción suprimida por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. En el plano penal, el art. 174 CP tipifica la tortura cometida por autoridad o funcionario público, que con abuso de su cargo y para obtener una confesión o información o castigar un hecho cometido o presuntamente cometido, someta a otra persona a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento físico o mental, supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral; el art. 173.1 sanciona el trato degradante cometido por cualquier persona. La jurisprudencia del TEDH ha condenado a España tanto en su vertiente procesal (falta de una investigación efectiva de denuncias de malos tratos) como, en algún caso, en su vertiente sustantiva: en Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España (sentencia de 13 de febrero de 2018), el TEDH apreció que los detenidos habían sufrido un trato inhumano y degradante (no llegó a calificarlo de tortura). Por ello, en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adquieren especial relevancia el registro de las actuaciones con detenidos, el parte de lesiones y la comunicación inmediata de cualquier denuncia a la autoridad judicial.
Instrumentos complementarios contra la tortura: CPT, Protocolo de Estambul y Reglas Mandela
El Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (Estrasburgo, 1987) creó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que realiza visitas a lugares de detención de los Estados parte (en España, desde 1989) y publica informes; es un mecanismo preventivo no judicial. El Protocolo de Estambul (1999) es el manual internacional para la investigación y documentación eficaces de la tortura. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, revisadas en 2015 y conocidas como Reglas Nelson Mandela, fijan estándares para la privación de libertad, y el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988) establece garantías para el detenido. Estos instrumentos no son tratados vinculantes, pero orientan la actuación de los mecanismos de control.
La protección de los derechos humanos en la Unión Europea
El art. 2 TUE establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. El art. 6 TUE sitúa tres fuentes: la Carta de los Derechos Fundamentales (art. 6.1), la adhesión al CEDH (art. 6.2) y los derechos fundamentales del CEDH y de las tradiciones constitucionales comunes como principios generales del Derecho de la Unión (art. 6.3). El art. 7 TUE prevé un mecanismo de control frente a violaciones graves y persistentes de los valores. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), con sede en Viena, asesora a las instituciones. El Tribunal de Justicia garantiza el respeto de la Carta cuando los Estados aplican Derecho de la Unión, y en el asunto Melloni (2013), seguido por la STC 26/2014, se fijó la relación entre la Carta, la primacía del Derecho de la Unión y las Constituciones nacionales.
Tratados internacionales y actuación policial: otros estándares de referencia
La Resolución 690 (1979) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Declaración sobre la Policía, y la Recomendación Rec(2001)10 del Comité de Ministros adoptó el Código Europeo de Ética de la Policía, que exige que la policía actúe con respeto de los derechos humanos, utilice la fuerza solo en la medida necesaria y rinda cuentas. Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del art. 5 de la LO 2/1986 recogen estos estándares: absoluto respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, abstención de cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral, trato correcto a los ciudadanos, uso de las armas solo cuando exista riesgo racionalmente grave, y especial deber de velar por la vida e integridad de los detenidos. Trampa de examen: estos códigos y principios de la ONU son soft law (no son tratados), mientras que el CEDH y los Pactos sí obligan jurídicamente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
DUDH: Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de la ONU, París, 10 de diciembre de 1948; 30 artículos; no es un tratado vinculante en sentido estricto.
CEDH: firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (Consejo de Europa, no UE); España lo ratificó en 1979 (BOE-A-1979-24010); crea el TEDH, con sede en Estrasburgo.
Desde el Protocolo n.º 11 (1998) el TEDH tiene jurisdicción obligatoria y admite la demanda individual directa (art. 34 CEDH), sin Comisión previa.
PIDCP y PIDESC: Nueva York, 16 de diciembre de 1966; sí son tratados vinculantes; España los ratificó el 13 de abril de 1977 (BOE-A-1977-10733 y BOE-A-1977-10734).
Carta de Derechos Fundamentales de la UE: proclamada en Niza (2000), readaptada en 2007; con el Tratado de Lisboa (1-dic-2009) adquiere el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE).
No confundir TEDH (Consejo de Europa, Estrasburgo, Convenio de 1950) con TJUE (Unión Europea, Luxemburgo, Tratados de la UE).
El artículo 10.2 CE obliga a interpretar los derechos fundamentales españoles conforme a la DUDH y a los tratados internacionales ratificados por España.
Los instrumentos internacionales se distinguen por su naturaleza: DUDH (resolución, sin fuerza de tratado), Pactos de 1966 (tratados universales), CEDH (tratado regional del Consejo de Europa con tribunal), Carta DFUE (derecho originario de la UE desde 2009).
El TEDH pertenece al Consejo de Europa (46 Estados parte desde 2022; sede en Estrasburgo); el TJUE pertenece a la UE (sede en Luxemburgo). Plazo de la demanda individual: 4 meses desde la decisión interna definitiva.
Art. 3 CEDH y art. 15 CE: la prohibición de la tortura es absoluta y no se puede derogar ni en guerra ni en peligro público (art. 15 CEDH).
En España el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es el Defensor del Pueblo (LO 1/2009); sus visitas son preventivas y pueden hacerse sin aviso a comisarías, cuarteles, CIE y prisiones.
Art. 10.2 CE (interpretación conforme a la DUDH y los tratados) no es lo mismo que el art. 96.1 CE (los tratados publicados forman parte del ordenamiento y solo se derogan según sus propias reglas).
Las generaciones de derechos son una clasificación doctrinal, no jurídica; el principio de indivisibilidad e interdependencia fue proclamado en Viena en 1993.
Protocolo n.º 6 CEDH (1983): abolición en tiempo de paz; Protocolo n.º 13 (2002): abolición en toda circunstancia. En España, abolición total desde la LO 11/1995.
Código de conducta de la ONU (1979, Res. 34/169) y Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego (1990): son soft law; Código Europeo de Ética de la Policía: Rec(2001)10.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Mediante qué instrumento y en qué fecha fue proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Guardia Civil?
El Tema 1 del temario de Guardia Civil aborda el bloque de Derechos Humanos desde su vertiente internacional: los grandes instrumentos que, a lo largo del siglo XX, fueron construyendo un catálogo universal de derechos exigible más allá de las fronteras de cada Estado. El punto de partida es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como ideal común de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial, pero sin fuerza jurídica vinculante en su origen. A partir de ahí, tres generaciones de instrumentos fueron dotando a esos derechos de mecanismos reales de garantía y de obligatoriedad jurídica: el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, con su propio tribunal internacional (el TEDH); los Pactos Internacionales de Nueva York de 1966, que sí son tratados vinculantes con órganos de control; y, ya en el ámbito de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de 2000, que desde el Tratado de Lisboa (2009) tiene el mismo valor jurídico que los propios Tratados de la UE. Completan el bloque el sistema de la ONU contra la tortura (Convención de 1984, Protocolo Facultativo de 2002 y Mecanismo Nacional de Prevención, que en España ejerce el Defensor del Pueblo), el Consejo de Europa como sistema regional de garantía (CEDH, TEDH, Carta Social Europea, Comité para la Prevención de la Tortura) y los estándares de derechos humanos aplicables a la función policial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
DUDH: Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de la ONU, París, 10 de diciembre de 1948; 30 artículos; no es un tratado vinculante en sentido estricto. CEDH: firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (Consejo de Europa, no UE); España lo ratificó en 1979 (BOE-A-1979-24010); crea el TEDH, con sede en Estrasburgo. Desde el Protocolo n.º 11 (1998) el TEDH tiene jurisdicción obligatoria y admite la demanda individual directa (art. 34 CEDH), sin Comisión previa. PIDCP y PIDESC: Nueva York, 16 de diciembre de 1966; sí son tratados vinculantes; España los ratificó el 13 de abril de 1977 (BOE-A-1977-10733 y BOE-A-1977-10734). Carta de Derechos Fundamentales de la UE: proclamada en Niza (2000), readaptada en 2007; con el Tratado de Lisboa (1-dic-2009) adquiere el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE). No confundir TEDH (Consejo de Europa, Estrasburgo, Convenio de 1950) con TJUE (Unión Europea, Luxemburgo, Tratados de la UE). El artículo 10.2 CE obliga a interpretar los derechos fundamentales españoles conforme a la DUDH y a los tratados internacionales ratificados por España. Los instrumentos internacionales se distinguen por su naturaleza: DUDH (resolución, sin fuerza de tratado), Pactos de 1966 (tratados universales), CEDH (tratado regional del Consejo de Europa con tribunal), Carta DFUE (derecho originario de la UE desde 2009). El TEDH pertenece al Consejo de Europa (46 Estados parte desde 2022; sede en Estrasburgo); el TJUE pertenece a la UE (sede en Luxemburgo). Plazo de la demanda individual: 4 meses desde la decisión interna definitiva. Art. 3 CEDH y art. 15 CE: la prohibición de la tortura es absoluta y no se puede derogar ni en guerra ni en peligro público (art. 15 CEDH). En España el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es el Defensor del Pueblo (LO 1/2009); sus visitas son preventivas y pueden hacerse sin aviso a comisarías, cuarteles, CIE y prisiones. Art. 10.2 CE (interpretación conforme a la DUDH y los tratados) no es lo mismo que el art. 96.1 CE (los tratados publicados forman parte del ordenamiento y solo se derogan según sus propias reglas). Las generaciones de derechos son una clasificación doctrinal, no jurídica; el principio de indivisibilidad e interdependencia fue proclamado en Viena en 1993. Protocolo n.º 6 CEDH (1983): abolición en tiempo de paz; Protocolo n.º 13 (2002): abolición en toda circunstancia. En España, abolición total desde la LO 11/1995. Código de conducta de la ONU (1979, Res. 34/169) y Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego (1990): son soft law; Código Europeo de Ética de la Policía: Rec(2001)10.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de la ONU, 10 de diciembre de 1948
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), Roma, 4 de noviembre de 1950, y Protocolos adicionales — Instrumento de Ratificación español (BOE-A-1979-24010)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 19 de diciembre de 1966 — Instrumento de Ratificación español (BOE-A-1977-10733); Protocolo Facultativo (BOE-A-1985-5259)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, 19 de diciembre de 1966 — Instrumento de Ratificación español (BOE-A-1977-10734)
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU, 1984) y su Protocolo Facultativo (2002)
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (modificación de la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura)
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DOUE-Z-2007-70004); artículos 2, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea
Constitución Española de 1978, artículos 10.2, 15, 93, 94 y 96 (BOE-A-1978-31229)
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo 5
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU, 1979) y Código Europeo de Ética de la Policía (Recomendación Rec(2001)10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa)
Carta Social Europea (revisada), Estrasburgo, 3 de mayo de 1996 — Instrumento de Ratificación español (BOE-A-2021-9719, en vigor desde el 1 de julio de 2021)
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