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Tema 2. Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

El Tema 2 se centra en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115), la norma que en España desarrolla el mandato de igualdad y no discriminación por razón de sexo recogido en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución. La ley no se limita a declarar un principio, sino que articula un conjunto de instrumentos jurídicos concretos —políticas públicas transversales, planes de igualdad en las empresas, medidas contra el acoso, principio de presencia equilibrada— para hacer ese derecho «efectivo» en la práctica, tal y como indica su propio título. Por su condición de norma general aplicable a toda la Administración Pública, esta ley y sus desarrollos alcanzan también a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos la Guardia Civil, que dispone de normativa interna específica para prevenir y actuar frente al acoso sexual y por razón de sexo en su seno. A la ley se suman la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, la Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación) y la Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI).

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Objeto, fundamento constitucional y estructura de la Ley Orgánica 3/2007

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fue publicada en el BOE con referencia BOE-A-2007-6115. Su artículo 1 define su objeto: «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural». Su fundamento constitucional directo son el artículo 14 CE (igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por razón de sexo, entre otras causas) y el artículo 9.2 CE (mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva). La ley se articula en un Título Preliminar y ocho títulos: Título I (principio de igualdad y tutela contra la discriminación), Título II (políticas públicas para la igualdad), Título III (igualdad y medios de comunicación), Título IV (derecho al trabajo en igualdad de oportunidades), Título V (principio de igualdad en el empleo público), Título VI (igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios), Título VII (igualdad en la responsabilidad social de las empresas) y Título VIII (disposiciones organizativas, con la creación de organismos como la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres).

Discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo

El artículo 3 de la ley formula el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como «la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil». El artículo 6 desarrolla ambos conceptos: hay discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo; y discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo que dicha disposición pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima. El artículo 7 distingue dos figuras que suelen confundirse en examen: el acoso sexual, definido como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; y el acoso por razón de sexo, que es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el mismo propósito o efecto, pero sin connotación sexual (por ejemplo, hostigar a una trabajadora por el hecho de ser mujer). Ambas conductas se consideran en todo caso constitutivas de discriminación (art. 7.3).

El principio de presencia equilibrada

Uno de los instrumentos más característicos de la Ley Orgánica 3/2007 es el llamado principio de presencia equilibrada, regulado en su artículo 16 y en varias disposiciones adicionales. Conforme a este principio, los Poderes Públicos deben procurar que en los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad que les correspondan (composición de órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos, consejos de administración de empresas públicas, tribunales de oposiciones, etc.) exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres, entendiéndose por tal aquella situación en la que las personas de cada sexo no superan el sesenta por ciento ni son menos del cuarenta por ciento del total. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres (en vigor desde el 22 de agosto de 2024), exige composición paritaria en las candidaturas al Parlamento Europeo y a las asambleas legislativas autonómicas, y modifica el art. 529 bis de la Ley de Sociedades de Capital para exigir que el sexo menos representado alcance al menos el 40 % en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. Es una técnica distinta de la cuota rígida al 50 %: se trata de una banda de proporcionalidad (40/60) que, además, la ley extiende a ámbitos como la composición de los órganos de selección y valoración de personal al servicio de las Administraciones Públicas, salvo que existan razones fundadas y objetivas debidamente motivadas para que no sea así. Trampa de examen habitual: no confundir el principio de presencia equilibrada (banda 40/60, aplicable a nombramientos y órganos) con las medidas de acción positiva orientadas a corregir desigualdades de partida en el acceso a un puesto, que son instrumentos distintos regulados en otros preceptos de la misma ley.

Los planes de igualdad en las empresas

Los artículos 45 a 49 de la Ley Orgánica 3/2007 regulan los planes de igualdad como conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. En su redacción original de 2007 (art. 45.2), la obligatoriedad de negociar un plan de igualdad se limitaba a empresas de más de 250 personas trabajadoras. El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, rebajó progresivamente ese umbral: a las empresas de más de 150 trabajadores desde marzo de 2020, de más de 100 desde marzo de 2021 y, finalmente, a las de 50 o más personas trabajadoras desde el 7 de marzo de 2022, ampliando así de forma notable el número de empresas obligadas. El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, desarrolló el procedimiento de negociación, el contenido mínimo y el registro obligatorio de los planes de igualdad (a través del REGCON, Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo). Los planes tienen una vigencia máxima de cuatro años y su elaboración exige una comisión negociadora paritaria con la representación de las personas trabajadoras. Trampa de examen: el umbral vigente para la obligatoriedad no es el de 250 de la redacción original de la ley, sino el de 50 personas trabajadoras tras la reforma de 2019.

La aplicación de la igualdad en las Fuerzas Armadas: el Protocolo contra el acoso

La igualdad efectiva regulada por la Ley Orgánica 3/2007 se proyecta también sobre el ámbito militar y policial, donde su desarrollo se ha canalizado a través de protocolos específicos. En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, recoge expresamente el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo o género y el respeto a la dignidad personal y en el trabajo de todo militar. El Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 y publicado mediante la Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa (BOE-A-2015-14265, BOE de 30 de diciembre de 2015). El Protocolo contempla medidas preventivas (formación y sensibilización) y crea las Unidades de Protección frente al Acoso, ajenas a la cadena orgánica de mando, que sirven de canal de recepción de denuncias y prestan asistencia a la víctima.

El Protocolo específico de la Guardia Civil frente al acoso sexual y por razón de sexo

La Guardia Civil, cuyo régimen de personal se rige por la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, cuenta con un protocolo propio de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, aprobado por Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 22 de julio de 2019, inspirado en el modelo de las Fuerzas Armadas. A diferencia de las normas de rango legal citadas en este tema, este protocolo es una norma interna de organización del Cuerpo, publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil (BOGC), por lo que conviene no confundir su naturaleza jurídica con la de una ley o un reglamento estatal. Sus objetivos son establecer medidas preventivas para evitar situaciones de acoso, fijar reglas de actuación eficaz y con garantías jurídicas cuando se detecten estas conductas, y facilitar la protección, asistencia y recuperación de la persona acosada, con garantías de confidencialidad y de ausencia de represalias.

Marco constitucional de la igualdad: arts. 9.2 y 14 CE

La LO 3/2007 desarrolla dos preceptos constitucionales distintos y complementarios: el art. 14 CE, que proclama la igualdad formal ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de sexo, entre otras causas; y el art. 9.2 CE, que impone a los poderes públicos un mandato de igualdad material o real, promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. La ley se sitúa así en la línea de la igualdad sustantiva del art. 9.2, no solo de la formal del art. 14.

El principio de transversalidad de género o mainstreaming (art. 15 LO 3/2007)

El art. 15 dispone que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos, integrándose en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de sus actividades. Exige incorporar la perspectiva de género en el diseño de cualquier política pública, incluidas las de seguridad, y no confinarla a organismos específicos.

Las acciones positivas (art. 11 LO 3/2007)

Permite a los Poderes Públicos adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, y que deben ser razonables y proporcionadas al objetivo perseguido. Se distinguen de la mera igualdad formal por buscar compensar desventajas estructurales históricas (por ejemplo, mediante incentivos a la contratación de mujeres en sectores donde estén infrarrepresentadas).

Los Planes para la Igualdad en la Administración General del Estado (art. 64)

El art. 64 exige al Gobierno aprobar periódicamente un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE, que fija objetivos y medidas en materia de acceso al empleo público, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. El art. 62 impone además a la AGE y a sus organismos públicos negociar con la representación legal de los empleados públicos un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. El Plan se negocia con la representación legal de los empleados públicos y se aplica a la AGE y a sus organismos públicos dependientes.

La composición equilibrada en nombramientos (art. 16 y disposición adicional primera)

El art. 16 dispone que los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad. La disposición adicional primera precisa el criterio: composición equilibrada es aquella en la que las personas de cada sexo no superan el 60% ni son menos del 40%. Este criterio se proyecta sobre los órganos de selección y tribunales de oposiciones de las Administraciones Públicas.

El distintivo «Igualdad en la Empresa» (art. 50 LO 3/2007)

Crea un distintivo empresarial que el Ministerio competente puede conceder a las empresas destacadas por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades, utilizable en el tráfico comercial y con fines publicitarios. Es un instrumento incentivador, no sancionador, que complementa la obligación legal de determinadas empresas de elaborar planes de igualdad, reconociendo a quienes vayan más allá del cumplimiento normativo mínimo.

Los planes de igualdad en las empresas: obligatoriedad tras el RDL 6/2019

El Real Decreto-ley 6/2019 modificó la LO 3/2007 rebajando progresivamente el umbral de plantilla que obliga a negociar un plan de igualdad: empresas de 50 o más personas trabajadoras (antes el umbral era de más de 250), con calendario escalonado entre 2020 y 2022. Los planes deben incluir un diagnóstico previo negociado y, en su desarrollo, una auditoría retributiva. Las empresas de menos de 50 personas pueden elaborarlo voluntariamente (art. 45.5), y la autoridad laboral puede imponerlo como sustitutivo de una sanción.

El Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre. Desarrolla las obligaciones de transparencia retributiva de las empresas: registro retributivo obligatorio para todas las empresas, con independencia de su plantilla, que debe incluir los valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales desagregados por sexo; y auditoría retributiva, obligatoria para las empresas con plan de igualdad, que debe evaluar si el sistema retributivo cumple con el principio de igual retribución por trabajos de igual valor.

El permiso por nacimiento y cuidado del menor: equiparación de progenitores

El Real Decreto-ley 6/2019 equiparó progresivamente la duración del permiso por nacimiento y cuidado del menor de ambos progenitores (8 semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 desde el 1 de enero de 2021), intransferibles y sin poder cederse entre sí, con las seis primeras semanas de disfrute obligatorio, inmediato y a tiempo completo tras el parto. Esta equiparación, aplicable también al personal empleado público, busca corregir el reparto desigual del cuidado de los hijos y su impacto negativo en la carrera profesional de las mujeres.

El Instituto de las Mujeres

Organismo autónomo adscrito al Ministerio competente en materia de igualdad, heredero del antiguo Instituto de la Mujer (creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre). Tiene como finalidad la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social, impulsando políticas públicas contra la discriminación por razón de sexo.

El Consejo de Participación de la Mujer

Regulado en el art. 78 de la LO 3/2007 y en el Real Decreto 1686/2000, es un órgano colegiado de participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, adscrito al Instituto de las Mujeres, que sirve de cauce para la participación de las asociaciones y organizaciones de mujeres en la definición y evaluación de las políticas públicas de igualdad, canalizando sus demandas ante la Administración General del Estado.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral y policial

El art. 48 LO 3/2007 obliga a las empresas a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. En el ámbito de la Administración y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta obligación se ha concretado en protocolos específicos de actuación frente al acoso, con garantías de confidencialidad, celeridad y protección de la persona denunciante frente a represalias.

La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, es una norma general de ámbito más amplio que la LO 3/2007, pues cubre todas las causas de discriminación (no solo el sexo): nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, situación socioeconómica, entre otras. Prevé la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como organismo de promoción y garantía, regula la inversión de la carga de la prueba y establece un régimen sancionador administrativo aplicable a las conductas discriminatorias.

Concepto de discriminación múltiple o interseccional

Situación en la que una persona sufre discriminación simultánea por la concurrencia de dos o más causas protegidas (por ejemplo, ser mujer, migrante y con discapacidad), de manera que el efecto discriminatorio no es la simple suma de cada factor aislado, sino que se agrava por su interacción. La Ley 15/2022 reconoce expresamente esta figura y exige a los poderes públicos tenerla en cuenta al diseñar las políticas de igualdad y no discriminación.

La Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI: objeto

Tiene por objeto establecer los medios y medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad real de las personas LGTBI en España, avanzar en su igualdad social y ayudar a superar los estereotipos que afectan a su dignidad por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Regula un catálogo de medidas en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, deportivo y publicitario, orientadas a la efectiva no discriminación de este colectivo.

El principio de autodeterminación de género (Ley 4/2023)

Permite a cualquier persona con nacionalidad española mayor de 16 años solicitar la rectificación registral de la mención relativa al sexo, así como el cambio de nombre de pila, mediante la simple manifestación de su voluntad ante el Registro Civil, sin necesidad de tratamiento médico, hormonal o quirúrgico ni informe que acredite disforia de género (a diferencia del régimen anterior de la Ley 3/2007). Los menores de 14 a 16 años requieren asistencia de representantes legales; los de 12 y 13, además, autorización judicial.

Los delitos de odio por discriminación de sexo, orientación o identidad sexual

El art. 22.4 CP contempla como circunstancia agravante genérica cometer el delito por motivos discriminatorios, entre ellos los relacionados con el sexo, la edad, la orientación o identidad sexual o de género, las razones de género, la aporofobia, la enfermedad o la discapacidad de la víctima. El art. 510 CP tipifica específicamente los delitos de odio (incitación al odio, humillación o discriminación) por estas mismas causas, materia con especial incidencia en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente a agresiones LGTBIfobas.

Igualdad de género en el ámbito militar y policial: el Observatorio Militar para la Igualdad

Órgano colegiado del Ministerio de Defensa, creado por Orden Ministerial en desarrollo de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, encargado de analizar la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas, elaborar informes periódicos y proponer medidas para garantizar la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres militares, incluida la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Con ese nombre fue creado por la Orden Ministerial 51/2011, de 28 de julio (que así rebautizó al antiguo Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas, existente desde 2005-2006), y su estructura y funcionamiento se regulan actualmente por la Orden DEF/111/2019, de 8 de febrero, como órgano colegiado asesor adscrito a la Subsecretaría de Defensa a través de la Dirección General de Personal.

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17 LO 3/2007)

El art. 17 obliga al Gobierno a aprobar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que incluya medidas para alcanzar el objetivo de igualdad en las materias de competencia del Estado. El último Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEMH) fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2022 y cubría 2022-2025; conviene comprobar si existe uno posterior. Es un instrumento de planificación, con seguimiento y evaluación de indicadores, que coordina a los departamentos ministeriales y sirve de marco de referencia para los planes sectoriales.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral como instrumento de igualdad

La LO 3/2007 incorpora la conciliación como un principio informador transversal, entendiendo que el reparto desigual de las responsabilidades familiares constituye una de las principales causas de la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y profesional. Se traduce en medidas como permisos, reducciones de jornada, excedencias y flexibilidad horaria, aplicables también al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a su normativa específica de personal.

Ámbito de aplicación y tutela frente a la discriminación (arts. 2, 4, 5 y 8 a 13)

El art. 2 declara que todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo, y que las obligaciones de la ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con independencia de su nacionalidad, domicilio o residencia. El art. 4 integra el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. El art. 5 lo aplica al acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. El art. 8 considera discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. El art. 9 protege la indemnidad frente a represalias: se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso a quien presente queja, reclamación, denuncia o recurso. El art. 10 establece consecuencias jurídicas: los actos y cláusulas que constituyan o causen discriminación son nulos y dan lugar a responsabilidad. El art. 12 reconoce la tutela judicial efectiva y el art. 13 regula la prueba: cuando la persona demandante aporte indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas (inversión de la carga de la prueba), salvo en el proceso penal.

Los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos (art. 14) y los informes de impacto de género

El art. 14 enumera los criterios de actuación: compromiso con la efectividad del derecho de igualdad; integración del principio en la política en general; colaboración entre las Administraciones públicas; participación equilibrada en candidaturas y órganos; promoción de la efectividad en el empleo y las condiciones de trabajo; implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo; y establecimiento de medidas para erradicar la violencia de género, la discriminación y la trata. Los proyectos de disposiciones normativas del Gobierno deben ir acompañados de un informe sobre su impacto por razón de género (art. 19). Los poderes públicos deben incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos (art. 20).

El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades (Título IV: arts. 42 a 50)

El Título IV regula las políticas de empleo para favorecer la incorporación de las mujeres (art. 42), los programas de inserción laboral (art. 42), la igualdad en la formación y promoción profesionales (art. 43) y los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (art. 44), que se reconocen a trabajadores y trabajadoras en términos que fomenten la asunción equilibrada de las obligaciones familiares y eviten toda discriminación basada en su ejercicio. Los arts. 45 a 49 regulan los planes de igualdad y las medidas específicas contra el acoso, y el art. 50 el distintivo «Igualdad en la Empresa». Trampa de examen: las empresas de menos de 50 trabajadores no están obligadas a elaborar plan de igualdad, salvo que lo disponga el convenio colectivo o la autoridad laboral lo imponga en un procedimiento sancionador.

El principio de igualdad en el empleo público (Título V) y su aplicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Título V obliga a las Administraciones públicas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público. El art. 51 fija los criterios: remover los obstáculos que impliquen desigualdad, facilitar la conciliación, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración, establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, y eliminar la discriminación retributiva. El art. 53 proyecta la presencia equilibrada sobre los órganos de selección y las comisiones de valoración. El Título V incluye preceptos específicos para la Administración General del Estado (Plan para la Igualdad del art. 64 y protocolo de acoso del art. 62), para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se extienden los principios de igualdad en el acceso, la formación, la promoción y la conciliación con las adaptaciones que exige su régimen estatutario. En la Guardia Civil esta proyección convive con la LO 11/2007, de derechos y deberes de sus miembros.

Los órganos de impulso de la igualdad: Comisión Interministerial y Unidades de Igualdad (Título VIII)

El Título VIII contiene las disposiciones organizativas. El art. 76 crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, órgano responsable de la coordinación de las políticas de igualdad de los departamentos ministeriales. El art. 77 impone que en cada Ministerio se encomienden a uno de sus órganos directivos las funciones relacionadas con el principio de igualdad (unidades de igualdad). El art. 78 crea el Consejo de Participación de la Mujer. Estos órganos complementan al Instituto de las Mujeres como organismo ejecutor de la política de igualdad del Estado.

Marco internacional y europeo de la igualdad entre mujeres y hombres

La LO 3/2007 incorpora al Derecho español la Directiva 2002/73/CE y la Directiva 2004/113/CE, hoy complementadas por la Directiva 2006/54/CE (refundida) de igualdad de oportunidades e igualdad de trato en asuntos de empleo y ocupación. El art. 157 TFUE consagra el principio de igualdad de retribución para trabajos de igual valor, y el art. 8 TFUE obliga a la Unión a eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad en todas sus acciones. La Directiva (UE) 2019/1158 regula la conciliación de la vida familiar y profesional, y la Directiva (UE) 2023/970 refuerza la transparencia retributiva, con un plazo de transposición que finaliza el 7 de junio de 2026; a fecha de este temario España aún no la ha transpuesto formalmente, aunque el Ministerio de Trabajo ha iniciado los trámites previos del futuro real decreto de transposición. En el plano universal, la CEDAW (1979) y, en el Consejo de Europa, el Convenio de Estambul (2011) sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres completan el marco.

La violencia de género: distinción respecto a la igualdad de trato (LO 1/2004 y LO 10/2022)

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define su objeto (art. 1) como la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como «solo sí es sí») regula las violencias sexuales con un ámbito distinto. El Sistema VioGén de seguimiento integral de los casos de violencia de género, en el que participan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se creó en 2007. Trampa de examen: la LO 3/2007 no regula la violencia de género en sentido estricto, aunque la menciona entre los criterios de actuación del art. 14.

Conceptos básicos de igualdad para el examen

Igualdad formal: igualdad ante la ley (art. 14 CE). Igualdad material o sustantiva: eliminación de los obstáculos que impiden la igualdad real (art. 9.2 CE). Igualdad de trato: ausencia de discriminación directa o indirecta. Igualdad de oportunidades: situación de partida equivalente para acceder a empleo, formación y promoción. Acción positiva: medida temporal a favor de las mujeres mientras persista la desigualdad (art. 11). Perspectiva de género y transversalidad: integración de la igualdad en todas las políticas (art. 15). Discriminación directa e indirecta (art. 6). Techo de cristal: barreras invisibles que impiden a las mujeres acceder a puestos de dirección. Segregación ocupacional: concentración de mujeres en determinados sectores o categorías. Brecha salarial: diferencia retributiva media entre mujeres y hombres. Trampa de examen: el término «género» y el término «sexo» no son sinónimos en la doctrina, aunque la LO 3/2007 utiliza sobre todo «sexo» como causa de discriminación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115); objeto en el art. 1; fundamento en los arts. 14 y 9.2 CE.
  • Discriminación directa e indirecta (art. 6) y acoso sexual vs. acoso por razón de sexo (art. 7): el acoso sexual tiene connotación sexual, el acoso por razón de sexo no, pero ambos son discriminación.
  • Principio de presencia equilibrada (art. 16): banda 40/60, no cuota rígida del 50 %, aplicable a nombramientos, órganos y tribunales de selección de las Administraciones Públicas.
  • Planes de igualdad obligatorios: umbral rebajado por el RDL 6/2019 hasta las empresas de 50 o más personas trabajadoras (vigente desde marzo de 2022), no las 250 de la redacción original.
  • Protocolo de acoso en las Fuerzas Armadas: aprobado en 2015 y publicado por Resolución de la Subsecretaría de Defensa (BOE-A-2015-14265); prevé unidades de protección frente al acoso ajenas a la cadena de mando.
  • Protocolo propio de la Guardia Civil: norma interna aprobada por la Dirección General y publicada en el BOGC (no en el BOE).
  • No confundir la LO 3/2007 (igualdad de trato general) con la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (materia distinta, no objeto de este tema).
  • LO 3/2007: Título Preliminar (arts. 1-2) y ocho títulos; el Título IV regula el trabajo (planes de igualdad, arts. 45-49) y el Título V el empleo público (art. 64 Plan AGE, art. 62 protocolo de acoso de la AGE).
  • Art. 8: el trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa por razón de sexo. Art. 9: indemnidad frente a represalias. Art. 13: inversión de la carga de la prueba (salvo proceso penal).
  • Art. 11: acciones positivas, mientras subsistan las situaciones de desigualdad y siendo razonables y proporcionadas. Art. 15: transversalidad. Art. 17: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
  • Permiso por nacimiento y cuidado: 19 semanas para cada progenitor tras el RDL 9/2025, 32 en monoparentalidad; las 6 primeras, obligatorias e inmediatas.
  • RD 901/2020 (planes de igualdad y su registro) y RD 902/2020 (igualdad retributiva: registro retributivo para todas las empresas y auditoría retributiva para las que tengan plan).
  • Plan de igualdad obligatorio con 50 o más personas trabajadoras; vigencia máxima de 4 años; diagnóstico negociado previo.
  • Ley 15/2022 (todas las causas de discriminación) y Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI) amplían el marco de la LO 3/2007, centrada en el sexo. LO 2/2024: representación paritaria y presencia equilibrada.
  • Los protocolos de acoso de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil son normas internas; la LO 3/2007 es ley orgánica y se aplica a todas las Administraciones.
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¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, según su artículo 1?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Guardia Civil?

El Tema 2 se centra en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115), la norma que en España desarrolla el mandato de igualdad y no discriminación por razón de sexo recogido en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución. La ley no se limita a declarar un principio, sino que articula un conjunto de instrumentos jurídicos concretos —políticas públicas transversales, planes de igualdad en las empresas, medidas contra el acoso, principio de presencia equilibrada— para hacer ese derecho «efectivo» en la práctica, tal y como indica su propio título. Por su condición de norma general aplicable a toda la Administración Pública, esta ley y sus desarrollos alcanzan también a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos la Guardia Civil, que dispone de normativa interna específica para prevenir y actuar frente al acoso sexual y por razón de sexo en su seno. A la ley se suman la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, la Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación) y la Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI).

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115); objeto en el art. 1; fundamento en los arts. 14 y 9.2 CE. Discriminación directa e indirecta (art. 6) y acoso sexual vs. acoso por razón de sexo (art. 7): el acoso sexual tiene connotación sexual, el acoso por razón de sexo no, pero ambos son discriminación. Principio de presencia equilibrada (art. 16): banda 40/60, no cuota rígida del 50 %, aplicable a nombramientos, órganos y tribunales de selección de las Administraciones Públicas. Planes de igualdad obligatorios: umbral rebajado por el RDL 6/2019 hasta las empresas de 50 o más personas trabajadoras (vigente desde marzo de 2022), no las 250 de la redacción original. Protocolo de acoso en las Fuerzas Armadas: aprobado en 2015 y publicado por Resolución de la Subsecretaría de Defensa (BOE-A-2015-14265); prevé unidades de protección frente al acoso ajenas a la cadena de mando. Protocolo propio de la Guardia Civil: norma interna aprobada por la Dirección General y publicada en el BOGC (no en el BOE). No confundir la LO 3/2007 (igualdad de trato general) con la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (materia distinta, no objeto de este tema). LO 3/2007: Título Preliminar (arts. 1-2) y ocho títulos; el Título IV regula el trabajo (planes de igualdad, arts. 45-49) y el Título V el empleo público (art. 64 Plan AGE, art. 62 protocolo de acoso de la AGE). Art. 8: el trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa por razón de sexo. Art. 9: indemnidad frente a represalias. Art. 13: inversión de la carga de la prueba (salvo proceso penal). Art. 11: acciones positivas, mientras subsistan las situaciones de desigualdad y siendo razonables y proporcionadas. Art. 15: transversalidad. Art. 17: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Permiso por nacimiento y cuidado: 19 semanas para cada progenitor tras el RDL 9/2025, 32 en monoparentalidad; las 6 primeras, obligatorias e inmediatas. RD 901/2020 (planes de igualdad y su registro) y RD 902/2020 (igualdad retributiva: registro retributivo para todas las empresas y auditoría retributiva para las que tengan plan). Plan de igualdad obligatorio con 50 o más personas trabajadoras; vigencia máxima de 4 años; diagnóstico negociado previo. Ley 15/2022 (todas las causas de discriminación) y Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI) amplían el marco de la LO 3/2007, centrada en el sexo. LO 2/2024: representación paritaria y presencia equilibrada. Los protocolos de acoso de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil son normas internas; la LO 3/2007 es ley orgánica y se aplica a todas las Administraciones.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115)
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres
  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro
  • Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
  • Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas
  • Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil
  • Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (Resolución de la Subsecretaría de Defensa, BOE-A-2015-14265)
  • Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de la Guardia Civil (norma interna, Boletín Oficial de la Guardia Civil)

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