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Tema 21. Protección integral contra la violencia de género.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es la norma central del ordenamiento español en esta materia y responde a un enfoque integral: combina medidas de sensibilización, prevención y detección con la creación de instrumentos institucionales especializados y con una tutela penal y judicial propia, articulada en torno a los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer (los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, hoy integrados como Secciones en los Tribunales de Instancia). La ley ha sido reformada en varias ocasiones, destacando el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto (medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género), la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que amplió su ámbito de protección a los hijos y menores, y la reorganización judicial de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Para la Guardia Civil este tema conecta directamente con dos elementos de su trabajo diario: la actuación como Policía Judicial especializada en estos casos (Equipos Mujer-Menor) y el sistema VioGén de valoración policial del riesgo, herramienta clave en la protección efectiva de las víctimas.

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Ámbito de aplicación: la violencia de género en sentido legal (artículo 1)

El artículo 1.1 de la LO 1/2004 delimita con precisión el objeto de la ley: actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Se trata de una definición legal restringida: exige un vínculo, actual o pasado, de matrimonio o de relación afectiva análoga entre agresor y víctima, lo que excluye del ámbito estricto de esta ley otras formas de violencia doméstica (por ejemplo, la violencia entre hermanos o la violencia filioparental de hijos hacia progenitores), que se tramitan por otras vías legales. El artículo 1.3 precisa que la violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. El artículo 1.4, añadido por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, amplió notablemente el ámbito de la ley al incluir también la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte del agresor: los hijos pasan así a ser reconocidos como víctimas directas y no solo indirectas de esta violencia.

Medidas de sensibilización, prevención y detección

El Título I de la LO 1/2004 (arts. 3 a 16) desarrolla un conjunto de medidas de sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia de género, en los ámbitos educativo, publicitario y de medios de comunicación, y sanitario. El artículo 3 prevé que el Gobierno ponga en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (denominación legal: «Plan Nacional», no «Estatal»), dirigido tanto a hombres como a mujeres y con una proyección que alcanza a los distintos sectores implicados. En el ámbito educativo, los artículos 4 a 9 incorporan la educación en la igualdad y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales como principio y valor del sistema educativo, regulan la escolarización inmediata de los hijos de las víctimas que cambien de residencia, la formación del profesorado y la participación en los Consejos Escolares: el artículo 8 impulsa en ellos medidas que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres, y el artículo 9 encomienda a la inspección educativa velar por la aplicación de estos principios. Los artículos siguientes se ocupan de la publicidad y los medios de comunicación (tratamiento de la imagen de la mujer y de la violencia de género) y del ámbito sanitario (detección precoz, protocolos y comisión de seguimiento en el Sistema Nacional de Salud). Estas medidas de primer nivel (educación, sensibilización social, formación de profesionales) son la base sobre la que se construye el resto del sistema de protección integral que articula la ley.

Tutela institucional: Delegación del Gobierno, Observatorio Estatal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Título III de la LO 1/2004 (arts. 29 a 32) crea los instrumentos institucionales especializados en la lucha contra la violencia de género. El artículo 29 crea la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (en el texto original, «Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer»), adscrita al Ministerio competente en igualdad (hoy Ministerio de Igualdad), a la que corresponde formular las políticas públicas del Gobierno en esta materia y coordinar e impulsar cuantas actuaciones se realicen en dicho ámbito, en colaboración con las Administraciones con competencia en la materia. El artículo 30 crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órgano colegiado adscrito al Ministerio competente, con funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y propuestas de actuación en materia de violencia de género; en su composición participan las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales), así como los agentes sociales y las organizaciones de mujeres. El artículo 31 establece que el Gobierno creará, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, y promoverá la colaboración de las Policías Locales para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales, en particular las previstas en el artículo 544 bis de la LECrim o en el artículo 57 del Código Penal. El artículo 32 prevé planes de colaboración entre las Administraciones para garantizar la ordenación de las actuaciones de asistencia, atención y recuperación de las víctimas. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe ajustarse al Protocolo de Actuación y de Coordinación con los Órganos Judiciales en esta materia.

Tutela judicial (Título V): los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer

El Título IV de la LO 1/2004 (arts. 33 a 42) contiene la tutela penal (reformas del Código Penal), y el Título V (arts. 43 a 72) la tutela judicial, que crea un orden de órganos especializados: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. El artículo 43 de la ley, en lugar de establecer directamente su régimen jurídico, añade un nuevo artículo 87 bis a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, conforme al cual habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer en cada partido judicial, con sede en la capital y jurisdicción en todo el ámbito territorial de aquel; excepcionalmente pueden crearse juzgados que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia. El artículo 44 de la ley, por su parte, añade un artículo 87 ter a la LOPJ que atribuye a estos órganos la competencia, en el orden penal, para la instrucción (no el enjuiciamiento, que corresponde al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial según la gravedad) de los delitos contra la vida, la integridad física y moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen, el honor y cualquier otro cometido con violencia o intimidación, así como los delitos contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; también conocen de la adopción de las órdenes de protección y de los quebrantamientos. Tienen asimismo competencias en el orden civil (filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paternofiliales, guarda y custodia, alimentos, etc.) cuando concurran los requisitos del art. 87 ter.3 LOPJ: que alguna de las partes sea víctima de violencia de género, que otra sea imputada como autora, inductora o cooperadora necesaria, y que se hayan iniciado actuaciones penales por delito de violencia de género o se haya dictado orden de protección. En estos casos la competencia civil es exclusiva y excluyente. La competencia territorial se rige por el art. 15 bis LECrim: el juez del lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de que el juez del lugar de comisión adopte las medidas urgentes del art. 13 LECrim y de la orden de protección. Esta es una trampa de examen habitual: la creación de estos órganos no está en el articulado sustantivo de la LO 1/2004, sino en la reforma que esta ley introduce en la LOPJ. Tras la LO 1/2025, en los partidos judiciales en que se han implantado los Tribunales de Instancia, estos órganos son Secciones de Violencia sobre la Mujer (véase el punto específico).

La orden de protección (artículo 544 ter LECrim)

El instrumento procesal más importante para la protección inmediata de las víctimas de violencia de género es la orden de protección, que no se regula en la LO 1/2004 sino en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto con el que la ley de 2004 se articula y al que remite. Según este artículo, el Juez de Instrucción dictará orden de protección cuando existan indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, y resulte además una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección previstas en el propio artículo. La orden puede acordarse de oficio, a instancia de la víctima o de las personas allegadas, o del Ministerio Fiscal, y da lugar a una audiencia urgente convocada por el Juez de guardia, a la que son citados la víctima, el presunto agresor asistido de abogado y el Ministerio Fiscal, adoptándose las medidas oportunas para evitar la confrontación entre ellos. El artículo 544 ter.5 LECrim define la orden de protección como un auténtico estatuto integral de protección para la víctima, que comprende de forma conjunta las medidas cautelares de orden civil y penal previstas en el propio precepto, junto con las medidas de asistencia y protección social establecidas en el resto del ordenamiento.

El papel específico de la Guardia Civil: la Fiscalía especializada y el sistema VioGén

El artículo 70 de la LO 1/2004 crea la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, añadiendo un artículo 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981): el Fiscal General del Estado nombra, oído el Consejo Fiscal, a un Fiscal de Sala especializado (el Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer), encargado de coordinar la actuación de las secciones de las Fiscalías especializadas en esta materia y de intervenir directamente en los procesos de especial trascendencia. En el ámbito estrictamente operativo, la Guardia Civil, junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, gestiona el sistema VioGén, una herramienta informática de valoración policial del riesgo que las víctimas de violencia de género corren de sufrir nuevas agresiones, y que se emplea para adaptar el nivel de protección y seguimiento policial a cada caso concreto; este sistema, creado en 2007 por una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, se enmarca en el mandato del artículo 31 de la LO 1/2004, que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad unidades especializadas y el control de la ejecución de las medidas judiciales de protección. Conviene no confundir el marco legal (la LO 1/2004 y el art. 544 ter LECrim, que regulan las medidas de protección) con las herramientas de gestión policial del riesgo como VioGén, que son protocolos internos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dar cumplimiento efectivo a ese marco legal, y no disposiciones con rango de ley en sí mismas.

Fundamento y marco constitucional de las políticas contra la violencia de género

Se fundamentan en el mandato del art. 9.2 CE de promover la igualdad real y efectiva, y en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como manifestación de la discriminación estructural histórica que estas han padecido, conforme a la exposición de motivos de la LO 1/2004. Es una política transversal que exige la colaboración coordinada del Estado, las CCAA y las Corporaciones Locales en los ámbitos sanitario, educativo, social, policial y judicial.

Concepto legal de violencia de género y su delimitación subjetiva

La LO 1/2004 la define de forma delimitada: la ejercida sobre las mujeres por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Otras formas de violencia contra las mujeres (agresor desconocido, otros familiares) quedan fuera de este concepto legal específico, rigiéndose por el régimen penal general, lo que determina la competencia de la Sección de Violencia sobre la Mujer.

El derecho a la información de las víctimas (art. 18 LO 1/2004)

Reconoce el derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que dispongan las Administraciones Públicas, sobre las medidas de protección y seguridad previstas en la ley, los derechos y ayudas reconocidos en ella, y los servicios de acogida disponibles. Las FCS desempeñan un papel de primer orden en esta información inicial al presentar la denuncia.

El derecho a la asistencia social integral (art. 19 LO 1/2004)

Reconoce el derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral, organizados por las CCAA y Corporaciones Locales en coordinación con las FCS, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los servicios sanitarios, garantizando atención inmediata en situaciones de crisis y atención especializada e integral (psicológica, social, educativa, laboral).

Los derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas (arts. 21 y 22 LO 1/2004)

El artículo 21 reconoce a la trabajadora víctima de violencia de género el derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo (seis meses, ampliables por el juez en periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho) y a la extinción del contrato; la suspensión y la extinción se consideran situación legal de desempleo, con acceso a la prestación correspondiente. Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación de violencia se consideran justificadas cuando así lo determinen los servicios sociales o de salud (art. 21 de la ley y Estatuto de los Trabajadores), y no computan para el despido objetivo por absentismo. El artículo 22 prevé un programa específico de empleo para las víctimas inscritas como demandantes de empleo, y el artículo 23 regula la acreditación de la situación de violencia a efectos de estos derechos. El artículo 24 recoge los derechos de las funcionarias públicas (reducción y reordenación del tiempo de trabajo, movilidad, excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y con derecho a reserva de puesto durante un periodo inicial de seis meses, computable a efectos de antigüedad).

Las ayudas sociales para víctimas de violencia de género

El art. 27 LO 1/2004 prevé una ayuda económica específica, en pago único, para las víctimas de violencia de género que carezcan de rentas superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional y que, por su edad, falta de preparación general o especializada o circunstancias sociales, tengan especiales dificultades para obtener un empleo; su cuantía se determina en función de las responsabilidades familiares y de la situación de la víctima (con incremento en caso de discapacidad). El art. 28 garantiza el acceso a la vivienda y a las residencias públicas para mayores como colectivo de atención preferente. Además existen otras ayudas complementarias reconocidas por la legislación autonómica en el marco de sus competencias en asistencia social.

El delito de maltrato ocasional en el ámbito de la pareja (art. 153 CP)

Castiga a quien cause a otro, por quien sea o haya sido su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, un menoscabo psíquico o una lesión no definida como delito en el propio Código, o golpee o maltrate de obra sin causarle lesión, o ejerza violencia física de menor entidad, con penas agravadas cuando la víctima sea especialmente vulnerable y cuando el hecho se cometa en presencia de menores.

Las amenazas y coacciones leves en el ámbito de la violencia de género (arts. 171.4 y 172.2 CP)

El Código Penal, tras la reforma operada por la LO 1/2004, tipifica de forma agravada, respecto del régimen general, las amenazas leves (art. 171.4) y las coacciones leves (art. 172.2) cuando la víctima sea o haya sido cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, reflejando el mayor reproche penal que merece este tipo de violencia por el vínculo de confianza quebrantado. La constitucionalidad de este tratamiento penal diferenciado fue avalada por el Tribunal Constitucional (STC 59/2008, sobre el art. 153.1 CP, y doctrina posterior sobre los restantes preceptos).

El quebrantamiento de condena o medida cautelar en violencia de género (art. 468 CP)

El art. 468.2 CP castiga con especial severidad el quebrantamiento de una pena de las contempladas en el art. 48 CP (alejamiento, prohibición de comunicación) o de una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos de violencia de género o doméstica, con independencia de que el quebrantamiento se produzca con consentimiento de la víctima, dada la naturaleza pública del bien jurídico protegido.

Las medidas judiciales de protección: civiles y penales

La LO 1/2004 prevé, dentro de un mismo procedimiento ante la Sección de Violencia sobre la Mujer, tanto medidas de naturaleza penal (alejamiento, prohibición de comunicación, salida del domicilio del agresor) como de naturaleza civil (atribución del uso de la vivienda familiar, régimen de custodia, visitas y pensión de alimentos de los hijos), evitando la dispersión en órganos distintos de aspectos íntimamente conectados entre sí.

El alejamiento y la prohibición de comunicación (art. 48 CP)

La pena o medida cautelar de alejamiento impide al penado acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que esta frecuente, a una distancia determinada por el Juez. La prohibición de comunicación impide establecer contacto con la víctima por cualquier medio (telefónico, escrito, telemático). Su control se apoya frecuentemente en dispositivos electrónicos de seguimiento.

Las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)

Equipos técnicos multidisciplinares (médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales) adscritos a los Institutos de Medicina Legal, que elaboran informes periciales integrales sobre la situación de la víctima y del agresor en los procedimientos de violencia de género, valorando el daño causado, el riesgo de reincidencia y las necesidades de protección, como apoyo técnico especializado al órgano judicial.

El sistema VioGén: niveles de riesgo

El cuestionario de valoración policial del riesgo (VPR) clasifica el nivel de riesgo de la víctima en cinco categorías: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, determinando en función de dicho nivel las medidas de protección policial que deben activarse, desde el seguimiento telefónico periódico hasta la protección policial permanente en los casos de riesgo extremo, con revisiones periódicas del nivel asignado.

Los dispositivos electrónicos de seguimiento (pulseras GPS)

Sistema de control telemático que permite verificar el cumplimiento de las medidas de alejamiento mediante un dispositivo GPS portado por el agresor y otro por la víctima, alertando automáticamente a las FCS cuando el agresor se aproxima a la distancia prohibida, reforzando la eficacia práctica de las órdenes de alejamiento en los casos de mayor riesgo.

El servicio telefónico 016 de atención a la violencia de género

Línea telefónica gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, que no deja rastro en la factura telefónica, gestionada por el Ministerio de Igualdad, que ofrece información y asesoramiento jurídico y psicosocial a las víctimas de violencia de género, así como a cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de este tipo de violencia.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Órgano del Ministerio competente en materia de igualdad encargado de proponer la política del Gobierno frente a la violencia de género y coordinar e impulsar cuantas acciones se realicen en la materia, trabajando en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencias en la materia y desempeñando un papel esencial en el seguimiento estadístico de las víctimas mortales y en el impulso de las políticas públicas en este ámbito.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

Órgano colegiado adscrito al Ministerio competente en igualdad, encargado de asesorar, evaluar, colaborar y elaborar informes y estudios en materias relacionadas con la violencia de género, sirviendo como fuente de información y análisis para el diseño de las políticas públicas y para el seguimiento de la evolución del fenómeno en España.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017)

Acuerdo político y social suscrito en 2017 por el Congreso, el Senado y las principales fuerzas políticas, con la participación de las CCAA, que estableció más de 200 medidas en materia de sensibilización, prevención, asistencia a las víctimas, respuesta institucional y mejora del marco normativo, con financiación específica destinada a su desarrollo por las distintas Administraciones.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer

Estudio estadístico de referencia, elaborado periódicamente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que mide la prevalencia de las distintas formas de violencia contra las mujeres en España mediante encuesta directa a una amplia muestra representativa de la población, constituyendo una fuente esencial de datos para el diseño y la evaluación de las políticas públicas en la materia.

La violencia vicaria: concepto

Forma de violencia de género en la que el agresor causa daño a los hijos u otras personas cercanas a la víctima, con la finalidad específica de causarle a esta el mayor sufrimiento posible, siendo una de las manifestaciones más graves de este tipo de violencia. La LO 8/2021 la reconoce al ampliar el ámbito de la LO 1/2004 (art. 1.4) a la violencia ejercida sobre los menores para causar daño a la mujer. Existe además un proyecto de regulación específica de la violencia vicaria en tramitación normativa, por lo que conviene seguir su evolución.

La violencia digital y el ciberacoso como forma de violencia de género

Comprende conductas como el control y vigilancia a través de dispositivos electrónicos, la difusión no consentida de imágenes o vídeos íntimos (conocida popularmente como «revenge porn», tipificada en el art. 197.7 CP), el acoso a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y la geolocalización no consentida, formas de violencia de creciente incidencia que las FCS deben saber identificar e investigar con las herramientas tecnológicas adecuadas.

La LO 8/2021 y los menores en la violencia de género

La LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, reforma la LO 1/2004 para reconocer expresamente a los hijos e hijas menores de las víctimas, y a los menores sujetos a su tutela, guarda o acogimiento, como víctimas también de la violencia de género cuando la violencia se ejerza con el fin de causar perjuicio a la mujer (art. 1.4 LO 1/2004). Consecuencias prácticas: se refuerzan las medidas judiciales sobre los menores (suspensión de la patria potestad, de la guarda y custodia o del régimen de visitas del progenitor agresor, arts. 65 y 66 LO 1/2004) y se modifica el Código Civil: no procede la custodia compartida cuando uno de los progenitores esté incurso en un proceso penal por violencia de género (art. 92 CC) y no se establece régimen de visitas respecto del progenitor condenado o procesado por atentar contra la vida, integridad o libertad de la mujer, salvo valoración judicial motivada del interés del menor (art. 94 CC).

La formación especializada de la Guardia Civil: los Equipos Mujer-Menor (EMUME)

Unidades especializadas de la Guardia Civil dedicadas a la investigación de los delitos relacionados con la violencia de género y con los menores, así como a la atención especializada de las víctimas, con formación específica en la materia y desplegadas territorialmente para reforzar la respuesta del Cuerpo ante este tipo de delitos, en coordinación con las unidades territoriales ordinarias.

El Estatuto de la víctima del delito y su aplicación a la violencia de género

La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, reconoce un catálogo general de derechos de información, protección y participación aplicable a toda víctima de un delito, que se proyecta con especial intensidad sobre las víctimas de violencia de género, complementando el régimen específico y reforzado de la LO 1/2004 con las garantías generales de este estatuto (evaluación individualizada de necesidades de protección, evitación de contacto con el agresor).

La Sección de Violencia sobre la Mujer: cambio de denominación tras la LO 1/2025

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, implanta los Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales de cada partido judicial agrupándolos en secciones. En este marco, los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasan a denominarse Secciones de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, con la implantación escalonada por fases cuya última etapa se fijó para el 31 de diciembre de 2025. Mantienen su competencia especializada en la instrucción de los procesos penales por violencia de género y en las causas civiles conexas con los requisitos del art. 87 ter LOPJ. Para el examen conviene conocer ambas denominaciones: las normas anteriores y el texto original de la LO 1/2004 hablan de «Juzgados de Violencia sobre la Mujer», mientras que la organización vigente habla de «Secciones de Violencia sobre la Mujer». La LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual prevé además la extensión de la competencia de estos órganos a determinados delitos de violencia sexual conforme a su régimen de entrada en vigor.

Las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer

Adscritas a las Delegaciones del Gobierno en las CCAA, tienen como función coordinar en su territorio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las distintas Administraciones con competencias relacionadas con la violencia de género, elaborando informes y realizando el seguimiento estadístico de los casos existentes en su ámbito territorial.

Los Puntos de Coordinación de las Órdenes de Protección

Servicios que garantizan la ejecución integral y coordinada de las órdenes de protección dictadas por los Juzgados, asegurando que las medidas acordadas (alejamiento, suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas, medidas asistenciales) lleguen efectivamente a conocimiento de todos los organismos implicados en su ejecución y seguimiento.

La valoración policial del riesgo: protocolo de actuación

Ante cualquier denuncia por violencia de género, el protocolo policial exige cumplimentar el cuestionario VPR del sistema VioGén, informar a la víctima de sus derechos y de los recursos disponibles, valorar la necesidad de medidas de protección inmediatas, y coordinar la actuación con la Sección de Violencia sobre la Mujer y los servicios sociales, garantizando un seguimiento continuado del caso mientras persista el riesgo.

Estructura de la LO 1/2004 y principios rectores

La LO 1/2004 consta de un Título preliminar (arts. 1 y 2: objeto y principios rectores) y cinco títulos: Título I, sensibilización, prevención y detección (arts. 3-16); Título II, derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (arts. 17-28); Título III, tutela institucional (arts. 29-32); Título IV, tutela penal (arts. 33-42); y Título V, tutela judicial (arts. 43-72). El artículo 2 enuncia los principios rectores: fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, consagrar derechos de las mujeres víctimas, reforzar el marco penal y procesal, garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial, coordinar los recursos de los distintos poderes públicos y promover la colaboración de las organizaciones y asociaciones. El artículo 17 garantiza los derechos reconocidos a todas las mujeres víctimas con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Regla mnemotécnica para el examen: I prevención, II derechos, III instituciones, IV Código Penal, V juzgados.

Violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual: diferencias

Violencia de género (art. 1 LO 1/2004): la ejercida por el hombre sobre la mujer que es o ha sido su pareja o cónyuge, aun sin convivencia, como manifestación de desigualdad y relaciones de poder; competencia de las secciones especializadas. Violencia doméstica: la ejercida en el ámbito familiar sobre las personas del art. 173.2 CP (descendientes, ascendientes, hermanos, menores o personas con discapacidad que convivan con el autor, etc.) fuera del supuesto anterior; la competencia corresponde a los órganos penales ordinarios. Violencia sexual: regulada por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que ofrece un marco propio de protección con independencia de la relación entre agresor y víctima; la ley incluye en la violencia de género las agresiones a la libertad sexual cuando concurre el vínculo del art. 1.1. El Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 2011, ratificado por España en 2014) maneja un concepto más amplio de violencia contra la mujer. En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva (UE) 2024/1385, de 14 de mayo de 2024, establece normas mínimas para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, con un plazo de transposición que se extiende hasta 2027.

Actuación de la Guardia Civil ante un caso de violencia de género

Cuando la Guardia Civil recibe una denuncia o tiene conocimiento de hechos de violencia de género debe: informar a la víctima de sus derechos (Ley 4/2015, Estatuto de la víctima del delito, y arts. 18 a 20 LO 1/2004), incluido el derecho a la asistencia jurídica gratuita inmediata; valorar el riesgo mediante el formulario VPR e introducir el caso en el sistema VioGén; confeccionar el atestado y remitirlo a la autoridad judicial, poniendo a disposición judicial al detenido en los plazos constitucionales (la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, 72 horas, art. 17.2 CE); solicitar, si procede, la orden de protección o la adopción de medidas cautelares (arts. 544 bis y 544 ter LECrim); y practicar el seguimiento policial del caso según el nivel de riesgo. La denuncia puede ser presentada por la propia víctima, por familiares o por cualquier persona que conozca los hechos, y la Policía Judicial actúa sin necesidad de denuncia previa cuando se trata de delitos públicos. Los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Policía Judicial de la Guardia Civil apoyan la investigación y la atención a las víctimas.

La orden de protección: plazos y efectos prácticos

El art. 544 ter LECrim exige que la orden se resuelva en una audiencia urgente, que debe celebrarse en el plazo máximo de 72 horas desde la solicitud; si se acuerda, se notifica a las partes y se comunica a las Administraciones competentes y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su seguimiento, y se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género (Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo). Las medidas civiles contenidas en la orden (uso de la vivienda, custodia, visitas, alimentos) tienen una vigencia inicial limitada: si en los treinta días siguientes a su adopción no se presenta demanda en el orden civil, quedan sin efecto, mientras que las medidas penales (art. 544 bis LECrim: prohibición de residir, de aproximarse y de comunicarse) subsisten mientras dure el proceso o se levanten. Las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas (arts. 61 y siguientes LO 1/2004) abarcan la salida obligatoria del domicilio, el alejamiento, la suspensión de comunicaciones y, respecto de los menores, la suspensión de la patria potestad, de la guarda y custodia y del régimen de visitas; su control puede reforzarse mediante dispositivos telemáticos.

Delitos más relevantes en el ámbito de la violencia de género

Además de los tipos ya citados, conviene recordar: art. 148.4 CP (lesiones agravadas cuando la víctima es o fue pareja del autor); art. 153.1 CP (maltrato ocasional: prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad, y privación del derecho a tenencia y porte de armas); art. 173.2 CP (violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar); art. 172 ter CP (acoso reiterado o stalking); art. 22.4.ª CP (agravante genérica por motivos de género, introducida por la LO 1/2015); art. 57 y art. 48 CP (penas accesorias de alejamiento, prohibición de comunicación y de residencia); art. 468.2 CP (quebrantamiento). La doctrina del Tribunal Supremo mantiene que el consentimiento de la víctima no excluye el delito de quebrantamiento, porque la pena o medida protege un interés público y no está en poder de la mujer dejarla sin efecto.

La dispensa del deber de declarar y otros aspectos procesales

El art. 416 LECrim dispensa de la obligación de declarar a los parientes del procesado (incluidos cónyuges y parejas de hecho). En violencia de género esta dispensa plantea especiales problemas: la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado que no alcanza a quien, habiendo sido víctima, ejerce la acusación particular, y que la víctima debe ser informada de ella antes de declarar. Otros aspectos relevantes: el procedimiento aplicable en la mayoría de los casos es el de enjuiciamiento rápido o el abreviado; la víctima tiene derecho a asistencia letrada especializada y gratuita desde el primer momento, con independencia de sus recursos (Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita), y a ser informada de la situación procesal y penitenciaria del agresor (Ley 4/2015).

Víctimas extranjeras y otras situaciones de especial vulnerabilidad

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (art. 31 bis) protege a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género aunque se encuentren en situación irregular: no se incoa expediente sancionador por la estancia irregular mientras se resuelve el procedimiento penal, y pueden obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales una vez dictada orden de protección o con informe del Ministerio Fiscal. También se reconoce una atención específica a las mujeres con discapacidad, del medio rural y mayores. La acreditación de la situación de violencia a efectos de acceso a derechos (art. 23 LO 1/2004, ampliado por el Real Decreto-ley 9/2018) puede realizarse mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal y, tras la reforma de 2018, mediante informes de servicios sociales, servicios especializados o servicios de acogida de las Administraciones públicas.

Dispositivos y servicios de protección: ATENPRO, 016 y VioGén

El servicio ATENPRO (Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia de género) facilita atención inmediata mediante teléfono móvil con geolocalización. El 016 es el servicio de información y asesoramiento jurídico, gratuito y confidencial, que también atiende por mensajería y en varios idiomas y no deja rastro en la factura. El sistema VioGén, gestionado por el Ministerio del Interior, integra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales, instituciones penitenciarias y órganos judiciales; el formulario VPR valora el riesgo en la denuncia inicial y la VPER lo reevalúa durante el seguimiento. Los niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) determinan la intensidad de la protección policial.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Definición legal de violencia de género (art. 1 LO 1/2004): exige vínculo actual o pasado de cónyuge o pareja afectiva análoga, aun sin convivencia; no cubre otras violencias domésticas sin ese vínculo (filioparental, entre hermanos).
  • Desde la reforma de la LO 8/2021 (art. 1.4), los hijos y menores bajo tutela o guarda también son reconocidos como víctimas directas cuando la violencia se ejerce para causarles perjuicio a través de ellos.
  • Trampa de examen: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no se crean en el articulado sustantivo de la LO 1/2004, sino mediante la adición de los arts. 87 bis y 87 ter a la LOPJ (arts. 43 y 44 LO 1/2004).
  • La orden de protección se regula en el art. 544 ter LECrim, no en la LO 1/2004; esta ley remite a aquel precepto y lo complementa institucionalmente.
  • Estatuto integral de protección (art. 544 ter.5 LECrim) = medidas cautelares civiles + penales + medidas de asistencia y protección social, de forma conjunta.
  • El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer se crea en el art. 70 LO 1/2004, que añade el art. 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
  • VioGén es el sistema de valoración policial del riesgo utilizado por la Guardia Civil, herramienta operativa que da cumplimiento al mandato del art. 31 LO 1/2004 sobre unidades especializadas y control de las medidas judiciales.
  • Trampa de nomenclatura: es 'Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género' (art. 3), no 'Plan Estatal'. El Pacto de Estado es otra cosa (acuerdo político de 2017).
  • Estructura: Título I prevención (arts. 3-16), II derechos de las víctimas (17-28), III tutela institucional (29-32), IV tutela penal (33-42), V tutela judicial (43-72). La creación de los juzgados está en el Título V (tutela judicial), no en el IV.
  • Competencia territorial: el juez del domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim); la competencia civil de las secciones especializadas es exclusiva y excluyente y exige que haya proceso penal iniciado u orden de protección.
  • Las medidas civiles de la orden de protección caducan si no se presenta demanda civil en 30 días; las penales (art. 544 bis LECrim) permanecen mientras dure el proceso.
  • Audiencia de la orden de protección: plazo máximo de 72 horas desde la solicitud (art. 544 ter LECrim).
  • El consentimiento de la víctima no excluye el delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar (art. 468.2 CP).
  • VioGén: cinco niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo); VPR es la valoración inicial y VPER la de evolución del riesgo.
  • El art. 21 LO 1/2004 prevé suspensión del contrato con reserva de puesto durante seis meses, ampliable hasta dieciocho; el art. 24 regula los derechos de las funcionarias públicas.
  • Tras la LO 1/2025 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, pero el art. 87 bis/87 ter LOPJ y la LO 1/2004 siguen siendo el fundamento de su competencia.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué norma ha ampliado los medios de acreditación de la situación de violencia de género (informes de servicios sociales y servicios especializados) a efectos de acceso a derechos?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 21 de Guardia Civil?

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es la norma central del ordenamiento español en esta materia y responde a un enfoque integral: combina medidas de sensibilización, prevención y detección con la creación de instrumentos institucionales especializados y con una tutela penal y judicial propia, articulada en torno a los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer (los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, hoy integrados como Secciones en los Tribunales de Instancia). La ley ha sido reformada en varias ocasiones, destacando el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto (medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género), la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que amplió su ámbito de protección a los hijos y menores, y la reorganización judicial de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Para la Guardia Civil este tema conecta directamente con dos elementos de su trabajo diario: la actuación como Policía Judicial especializada en estos casos (Equipos Mujer-Menor) y el sistema VioGén de valoración policial del riesgo, herramienta clave en la protección efectiva de las víctimas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?

Definición legal de violencia de género (art. 1 LO 1/2004): exige vínculo actual o pasado de cónyuge o pareja afectiva análoga, aun sin convivencia; no cubre otras violencias domésticas sin ese vínculo (filioparental, entre hermanos). Desde la reforma de la LO 8/2021 (art. 1.4), los hijos y menores bajo tutela o guarda también son reconocidos como víctimas directas cuando la violencia se ejerce para causarles perjuicio a través de ellos. Trampa de examen: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no se crean en el articulado sustantivo de la LO 1/2004, sino mediante la adición de los arts. 87 bis y 87 ter a la LOPJ (arts. 43 y 44 LO 1/2004). La orden de protección se regula en el art. 544 ter LECrim, no en la LO 1/2004; esta ley remite a aquel precepto y lo complementa institucionalmente. Estatuto integral de protección (art. 544 ter.5 LECrim) = medidas cautelares civiles + penales + medidas de asistencia y protección social, de forma conjunta. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer se crea en el art. 70 LO 1/2004, que añade el art. 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. VioGén es el sistema de valoración policial del riesgo utilizado por la Guardia Civil, herramienta operativa que da cumplimiento al mandato del art. 31 LO 1/2004 sobre unidades especializadas y control de las medidas judiciales. Trampa de nomenclatura: es 'Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género' (art. 3), no 'Plan Estatal'. El Pacto de Estado es otra cosa (acuerdo político de 2017). Estructura: Título I prevención (arts. 3-16), II derechos de las víctimas (17-28), III tutela institucional (29-32), IV tutela penal (33-42), V tutela judicial (43-72). La creación de los juzgados está en el Título V (tutela judicial), no en el IV. Competencia territorial: el juez del domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim); la competencia civil de las secciones especializadas es exclusiva y excluyente y exige que haya proceso penal iniciado u orden de protección. Las medidas civiles de la orden de protección caducan si no se presenta demanda civil en 30 días; las penales (art. 544 bis LECrim) permanecen mientras dure el proceso. Audiencia de la orden de protección: plazo máximo de 72 horas desde la solicitud (art. 544 ter LECrim). El consentimiento de la víctima no excluye el delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar (art. 468.2 CP). VioGén: cinco niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo); VPR es la valoración inicial y VPER la de evolución del riesgo. El art. 21 LO 1/2004 prevé suspensión del contrato con reserva de puesto durante seis meses, ampliable hasta dieciocho; el art. 24 regula los derechos de las funcionarias públicas. Tras la LO 1/2025 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, pero el art. 87 bis/87 ter LOPJ y la LO 1/2004 siguen siendo el fundamento de su competencia.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, texto consolidado (BOE-A-2004-21760)
  • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
  • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 13, 15 bis, 416, 544 bis y 544 ter (BOE-A-1882-6036)
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 87 bis y 87 ter (BOE-A-1985-12666)
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 22.4.ª, 48, 57, 148.4, 153, 171.4, 172.2, 172 ter, 173.2 y 468.2 (BOE-A-1995-25444)
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606)
  • Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica
  • Directiva (UE) 2024/1385, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
  • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE-A-2021-9347)

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