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Tema 16. Materias socio-culturales. Protección civil. Desarrollo sostenible. Eficiencia energética.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

El tema 16 del temario de Guardia Civil reúne materias socio-culturales de carácter heterogéneo: protección civil, desarrollo sostenible, eficiencia energética y diversidad sociocultural. No son materias estrictamente jurídicas, pero el aspirante debe manejar con precisión sus datos normativos. La protección civil se articula en España a través de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, desarrollada por la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023, de 20 de junio); define el marco de coordinación entre Administraciones ante emergencias y catástrofes, y en él la Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad del Estado, colabora conforme a la Ley Orgánica 2/1986. El desarrollo sostenible remite a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 española (Consejo de Ministros, 8 de junio de 2021) y al marco climático-energético (Acuerdo de París, Ley 7/2021 y PNIEC 2023-2030). La eficiencia energética se rige por la Directiva (UE) 2023/1791, trasladada al ordenamiento interno mediante planes nacionales, y en el plano práctico por la certificación energética de edificios (Real Decreto 390/2021). Por último, el epígrafe «materias socio-culturales» comprende la diversidad lingüística y patrimonial de España, la evolución demográfica y los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad.

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La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: objeto, concepto y principios

La norma troncal de la protección civil española es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE-A-2015-7730), que sustituyó a la antigua Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. La ley concibe la protección civil como instrumento de la política de seguridad pública y como servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. El artículo 3 define el Sistema Nacional de Protección Civil como el instrumento que integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para garantizar una respuesta coordinada y eficiente, y enumera los principios que rigen su actuación: colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La ley se estructura en seis títulos: I (disposiciones generales), II (actuaciones del Sistema), III (recursos humanos: formación), IV (competencias de los órganos de la Administración General del Estado), V (cooperación y coordinación entre Administraciones) y VI (régimen sancionador). Trampa de examen habitual: no confundir la Ley 17/2015 con la Norma Básica de Protección Civil, que es un instrumento de desarrollo distinto, aprobado por real decreto y no por ley.

Las actuaciones del Sistema (Título II): anticipación, prevención, planificación, respuesta, recuperación y evaluación

El Título II de la Ley 17/2015 describe el ciclo clásico de actuación de los poderes públicos en la materia. Sus capítulos son: I, Anticipación (determinación de los riesgos de un territorio a partir de las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, mediante análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas); II, Prevención de riesgos; III, Planificación; IV, Respuesta inmediata a las emergencias (intervención operativa); V, Recuperación (restablecimiento de infraestructuras y servicios esenciales y mitigación de los daños derivados de la emergencia); y VI, Evaluación e inspección. Cada actuación es complementaria de las demás y todas son necesarias para alcanzar los objetivos de la ley. Nota de examen: el ciclo de la protección civil no se limita a la respuesta a la emergencia; incluye la fase previa (anticipación y prevención) y la posterior (recuperación).

La Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023) y los tipos de planes

El artículo 13 de la Ley 17/2015 regula la Norma Básica de Protección Civil, que se aprueba por real decreto, a propuesta del Ministerio del Interior y previa consulta al Consejo Nacional de Protección Civil, y establece las directrices básicas de identificación de los riesgos y de su gestión integral, el contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los planes de protección civil. La Norma Básica vigente es el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil (BOE-A-2023-14679), que sustituyó a la anterior Norma Básica de 1992 y se estructura en capítulos (disposiciones generales y catálogo de riesgos, directrices básicas de planificación, planes de protección civil, aprobación y registro, implantación y mantenimiento, evaluación y revisión, y bases para la mejora de la coordinación y eficiencia de las actuaciones). El artículo 14 define los planes de protección civil como los instrumentos de previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones llamadas a intervenir. Los planes son: el Plan Estatal General; los planes territoriales (de ámbito autonómico o local); los planes especiales, dirigidos a riesgos concretos (inundaciones, terremotos, riesgo químico, emergencias nucleares y otros); y los planes de autoprotección, exigibles a centros, establecimientos o instalaciones que puedan generar riesgos para las personas. Trampa de examen: los planes territoriales se clasifican por ámbito geográfico y los especiales por tipo de riesgo; ambos pueden coincidir sobre un mismo territorio.

El papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la UME y los Delegados del Gobierno en emergencias

El artículo 36 de la Ley 17/2015 atribuye a los Delegados del Gobierno, bajo las instrucciones del Ministerio del Interior, la coordinación de las actividades de protección civil de los órganos y servicios de la Administración General del Estado en su ámbito territorial, en cooperación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y las entidades locales. El artículo 37 dispone que la colaboración de las Fuerzas Armadas se realiza principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), sin perjuicio de la colaboración de otras unidades que pueda resultar necesaria conforme a su normativa específica; en caso de emergencia de interés nacional, la UME asume la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del Ministro del Interior. El artículo 38 establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán en las actuaciones de protección civil conforme a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la propia Ley 17/2015 y a su normativa de desarrollo. La Guardia Civil, por su despliegue territorial, participa habitualmente en labores de seguridad ciudadana, control de accesos, regulación del tráfico, evacuación, búsqueda y rescate (especialmente mediante sus especialidades de montaña, subacuática y Servicio Aéreo) y auxilio a la población, en colaboración con la UME, los servicios autonómicos de protección civil y los cuerpos de bomberos.

Emergencias de interés nacional y órganos de cooperación

La Ley 17/2015 prevé la figura de la emergencia de interés nacional para los supuestos de mayor entidad: aquellos que requieran la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio; aquellos en que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afectan a varias Comunidades Autónomas y exigen una aportación de recursos a nivel supraautonómico; y los que por su naturaleza o dimensión requieran una dirección nacional. Su declaración corresponde al Ministro del Interior, de oficio o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno, y la dirección corresponde a la autoridad estatal con la asistencia de la UME. En el plano orgánico, el Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, ejerce las competencias estatales ordinarias. Nota: el fundamento constitucional se encuentra en el artículo 30.4 CE (deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública), el artículo 149.1.29.ª CE (seguridad pública, competencia exclusiva del Estado sin perjuicio de la creación de policías autonómicas) y el artículo 116 CE para los estados de alarma, excepción y sitio.

Desarrollo sostenible: la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, titulada «Transformar nuestro mundo», fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 70/1) en septiembre de 2015 por los 193 Estados miembros y establece un plan de acción articulado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, con horizonte de cumplimiento en 2030. Los 17 ODS son: 1. Fin de la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; 5. Igualdad de género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía asequible y no contaminante; 8. Trabajo decente y crecimiento económico; 9. Industria, innovación e infraestructura; 10. Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 12. Producción y consumo responsables; 13. Acción por el clima; 14. Vida submarina; 15. Vida de ecosistemas terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17. Alianzas para lograr los objetivos. Trampa de examen: son 17 objetivos y 169 metas, no 15 ni 20; conviene memorizar el orden y el enunciado exacto de cada ODS, especialmente los que se confunden entre sí (el 13, Acción por el clima, frente al 7, Energía asequible y no contaminante, o el 14 frente al 15).

Concepto de desarrollo sostenible: el Informe Brundtland (1987)

El Informe «Nuestro futuro común» de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU (1987), conocido como Informe Brundtland por el nombre de su presidenta, acuñó la definición clásica de desarrollo sostenible: aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Integra de forma sistemática las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

Antecedentes: Estocolmo (1972), Río (1992), Kioto (1997) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano (1972) es el primer gran foro internacional sobre medio ambiente. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Cumbre de la Tierra), aprobó la Declaración de Río y la Agenda 21, primer gran plan de acción global para el desarrollo sostenible, y abrió a la firma el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El Protocolo de Kioto (1997) fijó objetivos vinculantes de reducción de emisiones para los países desarrollados. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos con horizonte 2015, fueron sustituidos por los ODS de la Agenda 2030, que se diferencian de aquellos por su universalidad (obligan a todos los países y no solo a los países en desarrollo) y por integrar las dimensiones económica, social y ambiental.

Los 17 ODS agrupados: las cinco P

Los ODS se articulan en torno a cinco esferas de acción, las llamadas «cinco P»: personas (erradicar la pobreza y el hambre y garantizar la dignidad y la igualdad), planeta (proteger los recursos naturales y el clima), prosperidad (garantizar vidas prósperas y plenas en armonía con la naturaleza), paz (sociedades pacíficas, justas e inclusivas) y alianzas (movilizar los medios necesarios mediante una alianza mundial para el desarrollo sostenible).

España y la Agenda 2030: Plan de Acción y Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030

España aprobó en 2018 un Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 y, posteriormente, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Consejo de Ministros el 8 de junio de 2021 y presentada ante Naciones Unidas en el Examen Nacional Voluntario de julio de 2021. La Estrategia señala los retos país y las políticas aceleradoras para afrontarlos, y su ejecución requiere la coordinación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. El impulso de la Agenda 2030 corresponde a una Secretaría de Estado para la Agenda 2030, integrada en el departamento ministerial competente (en la actualidad, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030). La figura del Alto Comisionado para la Agenda 2030, existente en la legislatura anterior, fue sustituida por esa Secretaría de Estado a partir de 2020. Aspecto que debe comprobarse por quien prepare el examen: la denominación y adscripción ministerial pueden variar con las reestructuraciones del Gobierno.

El cambio climático: el Acuerdo de París (2015) y la normativa europea

El Acuerdo de París fue adoptado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre de 2015, y entró en vigor en noviembre de 2016. Fija como objetivo mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C, mediante compromisos nacionales de reducción de emisiones (contribuciones determinadas a nivel nacional) revisables periódicamente. En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2021/1119 (Ley Europea del Clima) consagra jurídicamente la neutralidad climática en 2050 y un objetivo intermedio de reducción neta de emisiones de al menos el 55 % para 2030 respecto a 1990.

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE-A-2021-8447), entró en vigor el 22 de mayo de 2021. Traslada al ordenamiento interno los compromisos del Acuerdo de París y establece, como objetivos mínimos nacionales para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía en al menos un 23 % respecto a 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de al menos el 42 %; alcanzar un sistema eléctrico con al menos un 74 % de generación a partir de energías renovables; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 39,5 % respecto a la línea de base conforme a la normativa europea. Antes de 2050, España debe alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá basarse exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. Entre sus medidas destacan la creación del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, la obligación de establecer zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 en que se superen los valores límite de calidad del aire, y el compromiso de que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos no destinados a usos comerciales no emitan CO2 a más tardar en 2040. Nota: las cifras de la Ley son mínimos; el PNIEC actualizado fija metas más ambiciosas.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030

El PNIEC es el instrumento de planificación estratégica que fija los objetivos y medidas de España en materia de energía y clima, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. La actualización del PNIEC 2023-2030 fue aprobada por el Gobierno en septiembre de 2024 y eleva la ambición respecto al plan inicial: reducción de emisiones del 32 % en 2030 respecto a 1990 (frente al 23 % del plan anterior y de la Ley 7/2021), 48 % de renovables sobre el consumo de energía final, 81 % de generación eléctrica renovable y una mejora de la eficiencia energética del 43 %. Incorpora también metas de hidrógeno renovable (12 GW de electrolizadores) y de autoconsumo (19 GW). Trampa de examen: distinguir las cifras mínimas de la Ley 7/2021 (23 %, 42 %, 74 %, 39,5 %) de las del PNIEC actualizado (32 %, 48 %, 81 %, 43 %).

Normativa de eficiencia energética: la Directiva (UE) 2023/1791

La eficiencia energética en la Unión Europea se rige por la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética, que refunde y deroga la Directiva 2012/27/UE (modificada por la Directiva (UE) 2018/2002). Consagra el principio de «primero, la eficiencia energética» y eleva el objetivo vinculante de la Unión para 2030 a una reducción del consumo final de energía de al menos el 11,7 % respecto a las proyecciones de 2020. Entre sus medidas figuran la obligación de reducir anualmente el consumo final de energía del conjunto del sector público y de renovar anualmente un porcentaje de la superficie útil total de los edificios de titularidad pública. España traslada estos objetivos a través de instrumentos como el PNIEC y las estrategias de ahorro y eficiencia impulsadas por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), organismo público adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Directiva (UE) 2024/1275, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición de la Directiva 2010/31/UE), completa el marco europeo sobre edificios.

La certificación energética de edificios en España: Real Decreto 390/2021

El Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE-A-2021-9176), en vigor desde el 3 de junio de 2021, sustituyó al Real Decreto 235/2013, que había hecho obligatorio el certificado a partir del 1 de junio de 2013. La certificación es obligatoria para los edificios de nueva construcción, para los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen, y para los edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública en determinados supuestos. El certificado otorga una etiqueta con una calificación de la letra A (más eficiente) a la G (menos eficiente). Su validez máxima es de diez años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso es de cinco años. Excepciones tasadas: entre otros, lugares de culto, construcciones provisionales de uso limitado y edificios aislados de reducida superficie útil. Trampa de examen: la fecha de 1 de junio de 2013 corresponde al antiguo Real Decreto 235/2013; hoy rige el Real Decreto 390/2021.

Las energías renovables en España

España ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento sostenido de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables (eólica, solar fotovoltaica, hidráulica), impulsado por la normativa europea de fomento de las renovables y por los objetivos nacionales de la Ley 7/2021 y del PNIEC, orientados a reducir la dependencia energética exterior y las emisiones del sector eléctrico. No se consignan porcentajes anuales de generación por no estar verificados con la fuente oficial (Red Eléctrica de España).

Protección civil: concepto y fundamento constitucional

Sistema público de protección de personas y bienes frente a situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, mediante la anticipación, la prevención, la planificación, la intervención y la recuperación. Se conecta con el deber constitucional del artículo 30.4 CE, que habilita a la ley para regular los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Los niveles de planificación de protección civil: estatal, autonómico y local

El Sistema Nacional de Protección Civil se organiza en tres niveles territoriales de planificación: planes estatales (para riesgos de interés nacional o que superen la capacidad de respuesta autonómica), planes autonómicos (elaborados por cada Comunidad Autónoma dentro de su territorio) y planes locales o municipales, coordinados entre sí conforme a los principios de subsidiariedad y colaboración. Los planes de autoprotección se elaboran por los titulares de centros, establecimientos o instalaciones y se integran en el correspondiente plan territorial.

El Plan Estatal General de Emergencias

Instrumento de planificación de ámbito estatal que establece la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios del Estado, y de otras entidades públicas y privadas, necesarios para hacer frente a emergencias de protección civil de interés nacional o que superen la capacidad de respuesta de las Comunidades Autónomas, integrando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la UME y otros servicios de emergencia.

Fases de una emergencia: preemergencia, emergencia y normalización

La gestión operativa de una emergencia se estructura habitualmente en fases sucesivas: preemergencia o alerta (seguimiento del riesgo antes de su materialización), emergencia propiamente dicha (activación de los recursos y medidas de intervención y de protección a la población) y normalización o rehabilitación (restablecimiento de los servicios esenciales y vuelta a la normalidad).

La Unidad Militar de Emergencias (UME): creación y misión

Creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005 y regulada en su organización y despliegue por el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, es una unidad militar de carácter permanente de las Fuerzas Armadas especializada en la intervención en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y a la restante legislación vigente. Su colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil se recoge en el artículo 37 de la Ley 17/2015.

Estructura de la UME

La UME se organiza en torno a un Cuartel General, con sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, y varios Batallones de Intervención en Emergencias (BIEM) desplegados territorialmente, dotados de medios especializados para extinción de incendios forestales, inundaciones, rescates y otras emergencias, coordinándose con la Guardia Civil y demás servicios de emergencia en las actuaciones conjuntas. No se indica el número exacto de batallones por no haberse podido confirmar su organización actual.

El 112: el servicio de atención de urgencias y emergencias

Número único europeo de atención de llamadas de urgencia, de gestión autonómica en España, que centraliza y coordina la primera respuesta ante cualquier tipo de emergencia (sanitaria, de seguridad, de extinción de incendios o de protección civil), derivando el aviso al servicio operativo competente, entre ellos la Guardia Civil en el ámbito rural.

La diversidad lingüística de España: lenguas cooficiales

Junto al castellano, lengua española oficial del Estado (art. 3.1 CE), son cooficiales en sus respectivos territorios, conforme a los Estatutos de Autonomía y al amparo del artículo 3.2 CE, el catalán (Cataluña e Illes Balears), el valenciano (Comunitat Valenciana), el gallego (Galicia), el euskera (País Vasco y zonas vascoparlantes de Navarra) y el aranés (variedad del occitano, cooficial en Cataluña, en el Valle de Arán). El artículo 3.3 CE dispone que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Trampa de examen: el deber de conocer y el derecho a usar la lengua se predican solo del castellano (art. 3.1 CE).

El Patrimonio Mundial de la UNESCO en España

España es uno de los países con mayor número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: 50 bienes (44 culturales, 4 naturales y 2 mixtos), según los últimos datos consultados. Abarcan desde conjuntos monumentales (la Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada; la Mezquita-Catedral de Córdoba) hasta itinerarios culturales como el Camino de Santiago. La inscripción más reciente consultada es la Menorca talayótica (2023). La protección y conservación corresponde de forma compartida al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales; la cifra debe contrastarse con la web oficial de la UNESCO por si se hubieran producido nuevas inscripciones.

La transición demográfica: envejecimiento y despoblación rural

España afronta un proceso de envejecimiento poblacional acelerado y un fenómeno de despoblación rural conocido popularmente como «España vaciada», caracterizado por la pérdida sostenida de población en amplias zonas del interior peninsular, con impacto directo en la prestación de servicios públicos esenciales, incluida la presencia territorial de la Guardia Civil en el medio rural.

Multiculturalidad e interculturalidad: conceptos

La multiculturalidad describe la mera coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio social, sin necesaria interacción entre ellas. La interculturalidad implica un proceso activo de comunicación, diálogo e intercambio entre culturas distintas, orientado a la convivencia efectiva y al enriquecimiento mutuo, y es el modelo que inspira las políticas públicas españolas de integración de la inmigración.

El voluntariado en protección civil

La actividad de los voluntarios en el ámbito de la protección civil se realiza a través de las entidades de voluntariado en las que se integran, conforme al régimen jurídico, los valores y principios de la acción voluntaria establecidos en la normativa específica (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado) y siguiendo las directrices de los órganos competentes. Las agrupaciones de voluntarios de protección civil, integradas habitualmente en la estructura municipal, colaboran de forma altruista en labores de apoyo logístico, primeros auxilios y prevención.

La economía circular: concepto y principios

Modelo económico que busca reducir al mínimo la generación de residuos mediante la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de productos y materiales, frente al modelo lineal de «producir, usar y tirar». Se impulsa en España mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en desarrollo de directivas europeas en la materia.

El Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

Estrategia de la Unión Europea, presentada por la Comisión Europea en 2019, que fija como objetivo convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050, articulando iniciativas legislativas y de inversión en energía, transporte, industria y biodiversidad. Su traducción jurídica central es el Reglamento (UE) 2021/1119 (Ley Europea del Clima).

La huella de carbono y su cálculo

Indicador que mide el total de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por una persona, organización, evento o producto, expresado habitualmente en toneladas equivalentes de CO2. Su cálculo y reducción es un instrumento utilizado por las Administraciones Públicas dentro de sus estrategias de sostenibilidad.

La responsabilidad social y la sostenibilidad en las organizaciones públicas

Concepto que traslada a las Administraciones Públicas y organizaciones el compromiso de integrar criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en su funcionamiento ordinario (contratación pública sostenible, eficiencia energética de sus instalaciones, reducción de residuos), más allá del mero cumplimiento de sus funciones específicas, en línea con la Agenda 2030.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 17/2015 (BOE-A-2015-7730): sustituye a la Ley 2/1985; la protección civil es servicio público e instrumento de la política de seguridad pública. Título II: anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata, recuperación y evaluación e inspección.
  • Principios del Sistema (art. 3): colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal.
  • La Norma Básica de Protección Civil (art. 13) se aprueba por real decreto; la vigente es el RD 524/2023, de 20 de junio. No es una ley.
  • Art. 14: planes de protección civil = Plan Estatal General, planes territoriales (autonómicos y locales), planes especiales (por tipo de riesgo) y planes de autoprotección.
  • Art. 36: Delegados del Gobierno; art. 37: UME como instrumento principal de las Fuerzas Armadas (asume la dirección operativa en emergencia de interés nacional bajo el Ministro del Interior); art. 38: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a la LO 2/1986.
  • La Agenda 2030 (ONU, 2015, 193 Estados) fija 17 ODS y 169 metas con horizonte 2030. La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 española se aprobó el 8 de junio de 2021.
  • Ley 7/2021: mínimos 2030 de 23 % (emisiones), 42 % (renovables en energía final), 74 % (electricidad renovable) y 39,5 % (eficiencia, energía primaria); neutralidad climática antes de 2050. PNIEC 2023-2030 actualizado: 32 %, 48 %, 81 % y 43 %.
  • Directiva (UE) 2023/1791 refunde y deroga la 2012/27/UE; objetivo de reducción del consumo final de energía de la UE de al menos el 11,7 % en 2030.
  • Certificado energético: RD 390/2021 (sustituye al RD 235/2013, vigente desde 2013); etiqueta A-G; validez 10 años (5 años si es G).
  • Idiomas: solo el castellano genera deber de conocimiento (art. 3.1 CE); las demás lenguas son cooficiales en sus Comunidades según sus Estatutos (art. 3.2 CE) y su riqueza es patrimonio cultural (art. 3.3 CE).
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¿Qué norma aprobó el Consejo de Ministros el 8 de junio de 2021 para el cumplimiento de la Agenda 2030 en España?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 16 de Guardia Civil?

El tema 16 del temario de Guardia Civil reúne materias socio-culturales de carácter heterogéneo: protección civil, desarrollo sostenible, eficiencia energética y diversidad sociocultural. No son materias estrictamente jurídicas, pero el aspirante debe manejar con precisión sus datos normativos. La protección civil se articula en España a través de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, desarrollada por la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023, de 20 de junio); define el marco de coordinación entre Administraciones ante emergencias y catástrofes, y en él la Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad del Estado, colabora conforme a la Ley Orgánica 2/1986. El desarrollo sostenible remite a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 española (Consejo de Ministros, 8 de junio de 2021) y al marco climático-energético (Acuerdo de París, Ley 7/2021 y PNIEC 2023-2030). La eficiencia energética se rige por la Directiva (UE) 2023/1791, trasladada al ordenamiento interno mediante planes nacionales, y en el plano práctico por la certificación energética de edificios (Real Decreto 390/2021). Por último, el epígrafe «materias socio-culturales» comprende la diversidad lingüística y patrimonial de España, la evolución demográfica y los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad.

¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?

Ley 17/2015 (BOE-A-2015-7730): sustituye a la Ley 2/1985; la protección civil es servicio público e instrumento de la política de seguridad pública. Título II: anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata, recuperación y evaluación e inspección. Principios del Sistema (art. 3): colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal. La Norma Básica de Protección Civil (art. 13) se aprueba por real decreto; la vigente es el RD 524/2023, de 20 de junio. No es una ley. Art. 14: planes de protección civil = Plan Estatal General, planes territoriales (autonómicos y locales), planes especiales (por tipo de riesgo) y planes de autoprotección. Art. 36: Delegados del Gobierno; art. 37: UME como instrumento principal de las Fuerzas Armadas (asume la dirección operativa en emergencia de interés nacional bajo el Ministro del Interior); art. 38: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a la LO 2/1986. La Agenda 2030 (ONU, 2015, 193 Estados) fija 17 ODS y 169 metas con horizonte 2030. La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 española se aprobó el 8 de junio de 2021. Ley 7/2021: mínimos 2030 de 23 % (emisiones), 42 % (renovables en energía final), 74 % (electricidad renovable) y 39,5 % (eficiencia, energía primaria); neutralidad climática antes de 2050. PNIEC 2023-2030 actualizado: 32 %, 48 %, 81 % y 43 %. Directiva (UE) 2023/1791 refunde y deroga la 2012/27/UE; objetivo de reducción del consumo final de energía de la UE de al menos el 11,7 % en 2030. Certificado energético: RD 390/2021 (sustituye al RD 235/2013, vigente desde 2013); etiqueta A-G; validez 10 años (5 años si es G). Idiomas: solo el castellano genera deber de conocimiento (art. 3.1 CE); las demás lenguas son cooficiales en sus Comunidades según sus Estatutos (art. 3.2 CE) y su riqueza es patrimonio cultural (art. 3.3 CE).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE-A-2015-7730)
  • Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil (BOE-A-2023-14679)
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  • Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y despliegue de la Unidad Militar de Emergencias
  • Naciones Unidas, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución 70/1 de la Asamblea General)
  • Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (Consejo de Ministros, 8 de junio de 2021)
  • Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE-A-2021-8447)
  • Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (actualización aprobada en septiembre de 2024)
  • Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética
  • Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE-A-2021-9176)
  • Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
  • Constitución Española de 1978, artículos 3, 30.4 y 149.1.29.ª

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