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Tema 20. Responsabilidad penal de los menores.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

La responsabilidad penal de los menores de edad se regula, al margen del Código Penal, en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), desarrollada por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. La norma ha sido modificada en varias ocasiones (destaca la Ley Orgánica 8/2006, que reforzó el régimen sancionador y los derechos de las víctimas, y la Ley Orgánica 10/2022 en materia de delitos sexuales). Se trata de un sistema penal especializado, de naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa, muy distinto en su filosofía y garantías al proceso penal de adultos: la instrucción no corresponde al Juez sino al Ministerio Fiscal, y las medidas que se imponen buscan ante todo la reinserción del menor. Para la Guardia Civil el tema es especialmente relevante en la actuación ante menores detenidos, donde rigen reglas específicas distintas de las aplicables a los adultos.

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Ámbito de aplicación: de los 14 a los 18 años (artículos 1, 3 y 5)

El artículo 1.1 de la LO 5/2000 delimita el ámbito subjetivo de la ley: se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales. El artículo 3 regula el régimen de los menores de catorce años: no se les exigirá responsabilidad con arreglo a esta ley, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes, y el Ministerio Fiscal remitirá a la entidad pública de protección de menores los antecedentes necesarios para valorar la situación del menor y promover, en su caso, las medidas de protección adecuadas. Es una presunción legal absoluta de falta de madurez penal, con independencia de la gravedad del hecho. El artículo 5.3 precisa que las edades se entienden siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberlas rebasado después, incluso durante la tramitación del procedimiento, altere la competencia de los Jueces y Fiscales de Menores. El artículo 5 también remite a las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal del Código Penal y permite aplicar medidas terapéuticas a los menores en quienes concurran anomalías o alteraciones psíquicas, intoxicación o alteraciones de la percepción.

Principios inspiradores: naturaleza sancionadora-educativa e interés superior del menor

La exposición de motivos de la LO 5/2000 explica que el sistema instaurado tiene una naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa, lo que se traduce en un catálogo de medidas (no penas) orientado, ante todo, al interés superior del menor y a su reinserción social, por encima de una lógica de prevención general propia del Derecho Penal de adultos. Este principio se plasma, por ejemplo, en que las acciones u omisiones imprudentes no pueden sancionarse con internamiento en régimen cerrado (art. 9), o en que la reparación del daño y la conciliación con la víctima pueden dar lugar a la no incoación o al sobreseimiento del expediente, en aras del principio de intervención mínima. El artículo 4 obliga al Ministerio Fiscal y al Juez de Menores a velar por la protección de los derechos de las víctimas y de los perjudicados, garantizando su información y su derecho a personarse. El interés superior del menor no excluye las garantías procesales propias de todo proceso penal (presunción de inocencia, derecho de defensa, asistencia letrada), que la ley reconoce al remitirse a la Constitución, a la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, y a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

El Ministerio Fiscal como instructor del expediente (artículos 6, 16 y 23)

Una de las peculiaridades más preguntadas en examen es que la instrucción del expediente de menores no corresponde al Juez de Menores, sino al Ministerio Fiscal. El artículo 6 establece que corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que las leyes reconocen a los menores, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la Policía Judicial practique las actuaciones necesarias para comprobarlos y determinar la participación del menor. El artículo 16 confirma que corresponde al Ministerio Fiscal la incoación del procedimiento y la instrucción, debiendo dar cuenta de la incoación al Juez de Menores. El Juez de Menores actúa como garante de los derechos del menor y órgano decisorio, pero no como instructor. El artículo 23 regula la actividad instructora: el Ministerio Fiscal no puede practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, debiendo solicitar del Juez de Menores las que sean precisas, que este resolverá mediante auto motivado.

Las medidas aplicables a los menores (artículos 7 y 9)

El artículo 7.1 de la LO 5/2000 enumera el catálogo de medidas que puede imponer el Juez de Menores, ordenadas según la intensidad de la restricción de derechos: internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto; internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto; tratamiento ambulatorio; asistencia a un centro de día; permanencia de fin de semana; libertad vigilada; prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con sus familiares u otras personas que determine el Juez; convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; prestaciones en beneficio de la comunidad; realización de tareas socioeducativas; amonestación; privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas; e inhabilitación absoluta para determinados delitos (terrorismo). El artículo 9 fija las reglas generales de aplicación: el internamiento en régimen cerrado solo puede imponerse cuando los hechos estén tipificados como delito grave, o como delito menos grave cometido con violencia o intimidación en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad física, o cuando los hechos se cometan en grupo o el menor pertenezca o actúe al servicio de una banda, organización o asociación. Como regla general, la duración de las medidas no podrá exceder de dos años; la prestación en beneficio de la comunidad no podrá superar las cien horas y la permanencia de fin de semana no podrá superar los ocho fines de semana. Las acciones u omisiones imprudentes no pueden sancionarse con internamiento en régimen cerrado.

Reglas especiales de duración de las medidas: tramos de edad (artículo 10)

El artículo 10 establece reglas especiales para los hechos de mayor gravedad, que permiten superar el límite general de dos años y que distinguen dos tramos de edad, referidos al momento de comisión de los hechos. Para los menores de 14 o 15 años, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años, complementada en su caso por libertad vigilada de hasta tres años. Para los de 16 o 17 años, internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años, complementado en su caso por libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. Para los supuestos de extrema gravedad el propio artículo 10 eleva los máximos de duración del internamiento. Estas medidas no son nunca las penas del Código Penal de adultos, y su finalidad sigue siendo educativa. El tramo de edad más alto recibe un tratamiento más severo; esta es una de las cuestiones clásicas de examen (5 y 8 años de internamiento como máximos del régimen general del art. 10).

La actuación policial ante menores detenidos (artículo 17)

El artículo 17 de la LO 5/2000 establece un régimen específico, más protector que el de los adultos, para la detención de menores. Quienes intervengan en la detención deben practicarla en la forma que menos perjudique al menor, informándole de forma inmediata y en lenguaje comprensible de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten (en particular los del artículo 520 de la LECrim), y notificar inmediatamente la detención y el lugar de custodia a sus representantes legales y al Ministerio Fiscal. Toda declaración del menor detenido debe llevarse a cabo en presencia de su letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, o, de no ser posible, en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente. Mientras dure la detención, los menores deben permanecer en dependencias adecuadas y separadas de las utilizadas para los mayores de edad, recibiendo los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales. La detención no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal (frente a las 72 horas de los adultos). Cuando el detenido es puesto a disposición del Ministerio Fiscal, este habrá de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor o la incoación del expediente. Trampa de examen: las 48 horas se cuentan desde la detención, no se suman a las 24 horas.

Desistimiento, conciliación y reparación como vías de intervención mínima (artículos 18 y 19)

El artículo 18 permite al Ministerio Fiscal desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación graves en las personas, o delitos leves; en tal caso, el Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para la aplicación, en su caso, de las medidas de protección. No obstante, el desistimiento no procede cuando conste que el menor ha cometido anteriormente otros hechos de la misma naturaleza. El artículo 19 permite el sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima: la conciliación exige que el menor reconozca el daño causado y se disculpe, y que la víctima acepte las disculpas; la reparación, que el menor asuma el compromiso de reparar el daño a la víctima o perjudicado o a la comunidad mediante acciones en su beneficio. El equipo técnico media en el proceso. Prevalecen así los criterios educativos y resocializadores sobre una defensa social basada en la prevención general.

El principio del interés superior del menor y la Fiscalía de Menores

El interés superior del menor es el criterio interpretativo prioritario de la LO 5/2000, que informa la actuación del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Menores: exige ponderar las circunstancias personales, familiares y sociales del menor y sus necesidades educativas, con preferencia por medidas educativas, la posibilidad de desistimiento fiscal y la intervención preceptiva del equipo técnico. A diferencia del proceso de adultos, el Fiscal dirige la investigación, ordena diligencias, decide sobre la incoación o el desistimiento y formula el escrito de alegaciones solicitando la medida procedente, bajo el control de garantías que ejerce el Juzgado respecto de las diligencias que afecten a derechos fundamentales.

Los Juzgados de Menores: competencia

Son órganos jurisdiccionales especializados, de ámbito provincial, competentes para conocer de los hechos cometidos por personas de 14 a 18 años: ejercen funciones de garantía durante la instrucción fiscal, de enjuiciamiento y fallo, y de control de la ejecución de las medidas impuestas, atribución esta última sin equivalente en el proceso de adultos (donde la ejecución penitenciaria corresponde a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria).

Modalidades de internamiento y otras medidas no privativas de libertad

Internamiento en régimen cerrado: el menor reside en el centro y desarrolla en él todas las actividades formativas, educativas y de ocio. Régimen semiabierto: reside en el centro pero puede realizar actividades formativas, laborales o de ocio fuera de él. Régimen abierto: lleva a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual. Internamiento terapéutico: para menores con anomalía o alteración psíquica, adicción a sustancias o alteraciones de la percepción que requieran atención especializada. Libertad vigilada: seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, formación o trabajo, con pautas socioeducativas; es la medida no privativa de libertad más frecuente y se aplica también como medida complementaria tras el internamiento. Prestaciones en beneficio de la comunidad: actividades no retribuidas de interés social, que requieren el consentimiento del menor. Tareas socioeducativas: actividades específicas de contenido educativo para desarrollar su competencia social. Amonestación: reprensión del Juez, la medida de menor entidad. Privación del permiso de conducir: cuando el hecho guarda relación con esa actividad.

El principio de oportunidad frente al de legalidad

El proceso de menores consagra un principio de oportunidad (el Fiscal puede desistir o el expediente puede sobreseerse por conciliación o reparación) distinto del principio de legalidad estricto del proceso de adultos. Permite ponderar la escasa gravedad del hecho, las circunstancias del menor y la ausencia de hechos previos análogos, sin perjuicio de dar traslado a la entidad de protección si procede, y siempre con audiencia de la víctima en las decisiones relevantes.

Derechos del menor detenido: dependencias separadas, comunicación y asistencia letrada

El menor detenido goza de las garantías generales de cualquier detenido, más garantías reforzadas: detención practicada de la forma que menos le perjudique, permanencia en dependencias distintas de las de los adultos, y declaración en presencia de su letrado y de sus representantes legales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben comunicar de forma inmediata la detención y el lugar de custodia a los representantes legales y al Ministerio Fiscal, que dirige la instrucción. La asistencia letrada al menor detenido es preceptiva y no renunciable en la práctica, dada su especial vulnerabilidad, y debe estar presente en cualquier declaración.

Confidencialidad y protección de la identidad del menor

La LO 5/2000 establece la reserva de las actuaciones y prohíbe la difusión de datos o imágenes que permitan identificar al menor investigado o sancionado. Las audiencias se celebran, por regla general, a puerta cerrada, con la finalidad de evitar el estigma social que comprometería su reinserción. En el atestado y en las comunicaciones, los agentes deben extremar la cautela en la identificación del menor.

El equipo técnico y su informe

El equipo técnico, integrado por profesionales de psicología, educación y trabajo social, elabora un informe sobre la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor, que es determinante para decidir sobre el principio de oportunidad y para elegir la medida más adecuada. No vincula al Juez, que puede apartarse motivadamente de sus conclusiones.

Ejecución de las medidas y régimen de recursos

La ejecución material de las medidas corresponde a las entidades públicas de protección y reforma de menores de las Comunidades Autónomas, que gestionan los centros de internamiento y los programas de medio abierto, bajo el control del Juez de Menores, que debe ser informado periódicamente y puede acordar modificaciones, sustituciones o cese de la medida. Contra la sentencia y determinados autos del Juzgado de Menores cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, y recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo en los supuestos legalmente previstos.

La responsabilidad civil derivada del hecho cometido por el menor (art. 61 LO 5/2000)

Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando estos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez. La responsabilidad civil se tramita en una pieza separada dentro del propio procedimiento de menores, con independencia de las medidas sancionadoras, que recaen exclusivamente sobre el menor.

Las reformas de la LO 5/2000: LO 8/2006 y LO 10/2022

La LO 8/2006, de 4 de diciembre, modificó de forma relevante la LO 5/2000: reforzó las garantías y la participación de las víctimas, amplió los supuestos y la duración de las medidas de internamiento para los hechos más graves y perfeccionó las medidas cautelares, en respuesta a casos de gran repercusión social. La LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, introdujo modificaciones en la LORPM en materia de delitos contra la libertad sexual. El texto consolidado en vigor debe consultarse siempre en el BOE.

Las medidas cautelares: el internamiento cautelar (art. 28)

Durante la instrucción, a instancia del Fiscal o de las acusaciones, el Juez de Menores puede adoptar medidas cautelares para asegurar la presencia del menor, evitar la obstrucción de la justicia y proteger a la víctima: internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, o prohibición de aproximarse a la víctima. El internamiento cautelar se reserva a hechos graves, o delitos menos graves con violencia o intimidación, cuando exista riesgo de eludir la acción de la justicia o de atentar contra bienes jurídicos de la víctima; su duración máxima es de tres meses, prorrogable por otros tres previo auto motivado, a instancia del Fiscal, y el tiempo cumplido se abona al cumplimiento de la medida definitiva.

Otras cuestiones de interés: separación en centros, víctima, extranjeros y reincidencia

Los centros de internamiento deben organizarse garantizando la separación de los internos según su edad, madurez, necesidades y tipo de trastorno, y la separación entre mujeres y hombres. La víctima tiene derechos de información, de personación como acusación particular y de ser oída antes de decisiones relevantes, que equilibran la finalidad educativa hacia el menor. El menor extranjero goza de las mismas garantías que el español, y su situación administrativa irregular no puede condicionar sus derechos ni el proceso. Los hechos anteriores del menor se valoran desde una perspectiva educativa (aplicación del principio de oportunidad y elección de la medida), no como mero antecedente penal de adultos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ámbito de aplicación: de 14 a 18 años (art. 1 LO 5/2000); los menores de 14 años quedan fuera del sistema penal y se remiten a protección de menores conforme al Código Civil (art. 3).
  • Las edades se refieren al momento de comisión de los hechos (art. 5.3): cumplir 18 años durante el procedimiento no cambia la competencia de la jurisdicción de menores.
  • Naturaleza sancionadora-educativa del sistema: prima el interés superior del menor sobre la prevención general propia del Derecho Penal de adultos (exposición de motivos). Se imponen medidas, no penas.
  • Trampa de examen clásica: el instructor del expediente de menores es el Ministerio Fiscal (arts. 6 y 16), no el Juez de Menores, que actúa como garante y órgano decisorio pero no instruye.
  • Plazo máximo de detención de un menor: 24 horas hasta su puesta en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal (art. 17), frente a las 72 horas de los adultos; el Fiscal resuelve dentro de las 48 horas desde la detención (no se suman).
  • Duración general de las medidas: máximo 2 años; prestación en beneficio de la comunidad, máximo 100 horas; permanencia de fin de semana, máximo 8 fines de semana (art. 9).
  • Art. 10, reglas especiales: 14-15 años, internamiento cerrado de 1 a 5 años más libertad vigilada hasta 3; 16-17 años, de 1 a 8 años más libertad vigilada hasta 5.
  • Las acciones u omisiones imprudentes nunca pueden sancionarse con internamiento en régimen cerrado (art. 9).
  • El desistimiento del Fiscal (art. 18) procede en delitos menos graves sin violencia o intimidación graves y en delitos leves, y no cabe si el menor ha cometido antes hechos de la misma naturaleza.
  • Los padres, tutores, acogedores y guardadores responden solidariamente de los daños civiles (art. 61); su responsabilidad puede ser moderada por el Juez.
  • El Ministerio Fiscal no puede practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales: debe pedirlas al Juez de Menores (art. 23).
  • El menor detenido debe estar en dependencias separadas de las de los adultos y declarar en presencia de letrado y de sus representantes legales (art. 17).
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Pregunta 1 de 100 aciertos

Cuando el Ministerio Fiscal recibe al menor detenido, ¿en qué plazo debe resolver sobre su libertad o la incoación del expediente (art. 17 LO 5/2000)?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 20 de Guardia Civil?

La responsabilidad penal de los menores de edad se regula, al margen del Código Penal, en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), desarrollada por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. La norma ha sido modificada en varias ocasiones (destaca la Ley Orgánica 8/2006, que reforzó el régimen sancionador y los derechos de las víctimas, y la Ley Orgánica 10/2022 en materia de delitos sexuales). Se trata de un sistema penal especializado, de naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa, muy distinto en su filosofía y garantías al proceso penal de adultos: la instrucción no corresponde al Juez sino al Ministerio Fiscal, y las medidas que se imponen buscan ante todo la reinserción del menor. Para la Guardia Civil el tema es especialmente relevante en la actuación ante menores detenidos, donde rigen reglas específicas distintas de las aplicables a los adultos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?

Ámbito de aplicación: de 14 a 18 años (art. 1 LO 5/2000); los menores de 14 años quedan fuera del sistema penal y se remiten a protección de menores conforme al Código Civil (art. 3). Las edades se refieren al momento de comisión de los hechos (art. 5.3): cumplir 18 años durante el procedimiento no cambia la competencia de la jurisdicción de menores. Naturaleza sancionadora-educativa del sistema: prima el interés superior del menor sobre la prevención general propia del Derecho Penal de adultos (exposición de motivos). Se imponen medidas, no penas. Trampa de examen clásica: el instructor del expediente de menores es el Ministerio Fiscal (arts. 6 y 16), no el Juez de Menores, que actúa como garante y órgano decisorio pero no instruye. Plazo máximo de detención de un menor: 24 horas hasta su puesta en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal (art. 17), frente a las 72 horas de los adultos; el Fiscal resuelve dentro de las 48 horas desde la detención (no se suman). Duración general de las medidas: máximo 2 años; prestación en beneficio de la comunidad, máximo 100 horas; permanencia de fin de semana, máximo 8 fines de semana (art. 9). Art. 10, reglas especiales: 14-15 años, internamiento cerrado de 1 a 5 años más libertad vigilada hasta 3; 16-17 años, de 1 a 8 años más libertad vigilada hasta 5. Las acciones u omisiones imprudentes nunca pueden sancionarse con internamiento en régimen cerrado (art. 9). El desistimiento del Fiscal (art. 18) procede en delitos menos graves sin violencia o intimidación graves y en delitos leves, y no cabe si el menor ha cometido antes hechos de la misma naturaleza. Los padres, tutores, acogedores y guardadores responden solidariamente de los daños civiles (art. 61); su responsabilidad puede ser moderada por el Juez. El Ministerio Fiscal no puede practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales: debe pedirlas al Juez de Menores (art. 23). El menor detenido debe estar en dependencias separadas de las de los adultos y declarar en presencia de letrado y de sus representantes legales (art. 17).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

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Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, texto consolidado, arts. 1, 3-7, 9, 10, 16-19, 23, 28 y 61 (BOE-A-2000-641)
  • Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000 (BOE-A-2006-21236)
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, en lo que modifica la LO 5/2000
  • Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000
  • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor

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