Tema 9. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: principios generales; el derecho de información sanitaria; derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente y el consentimiento informado; la historia clínica; el informe de alta y otra documentación clínica. La tarjeta sanitaria de Andalucía.
Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es una de las normas sanitarias más preguntadas en oposiciones del ámbito de la salud. Consta de 23 artículos distribuidos en seis capítulos: principios generales (arts. 1 a 3), derecho de información sanitaria (arts. 4 a 6), derecho a la intimidad (art. 7), respeto de la autonomía del paciente (arts. 8 a 13), historia clínica (arts. 14 a 19) e informe de alta y otra documentación clínica (arts. 20 a 23). Es legislación básica estatal y ha sido modificada, entre otras normas, por la Ley 26/2015 (menores) y la Ley 8/2021 (apoyo a las personas con discapacidad). El tema se completa con la tarjeta sanitaria de Andalucía, documento que identifica a la persona usuaria ante el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Estructura, objeto y principios generales (arts. 1 a 3)
La Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales y de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. El artículo 2 recoge los principios básicos: la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica; toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada; el paciente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles; todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley (la negativa constará por escrito); los pacientes tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera; el profesional tiene el deber de cumplir los deberes de información y documentación clínica y de respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente; y la persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida. El artículo 3 contiene definiciones legales (centro sanitario, consentimiento informado, documentación clínica, historia clínica, información clínica, informe de alta médica, médico responsable, paciente, usuario, entre otras).
El derecho de información sanitaria (arts. 4 a 6)
El artículo 4 reconoce el derecho de los pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporciona verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias; debe ser verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información, y los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle. El artículo 5 declara que el titular del derecho a la información es el paciente, aunque también serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho; la información adecuada a sus posibilidades de comprensión se dará igualmente al paciente. El derecho a la información puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutico: la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave; el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente. El artículo 6 regula el derecho a la información epidemiológica: los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud.
El derecho a la intimidad (art. 7)
El artículo 7 reconoce que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. Este precepto se refuerza hoy con la normativa de protección de datos personales: el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) califica los datos relativos a la salud como categoría especial de datos, y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), en su disposición adicional decimoséptima, regula los tratamientos de datos de salud. Para el Auxiliar Administrativo supone una obligación diaria de reserva: no comentar datos de pacientes con terceros, no acceder a historias clínicas sin necesidad funcional y no facilitar información por vías no autorizadas (por ejemplo, por teléfono sin verificar la identidad).
El consentimiento informado (arts. 8 a 10)
El artículo 8 establece que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general; y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. El artículo 10 detalla la información básica que debe proporcionarse antes de recabar el consentimiento escrito: las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones. El médico responsable ha de ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente.
Límites del consentimiento y consentimiento por representación (art. 9)
El artículo 9 regula los límites. La renuncia a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso; cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en dos casos: cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley (Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública), y cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. El consentimiento por representación procede cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación (si carece de representante legal, lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho); cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia (redacción dada por la Ley 8/2021, que sustituyó la referencia al paciente incapacitado); y cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, caso en que el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión. La prestación del consentimiento por representación se hará atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente y respetando su dignidad personal. Si el menor tiene 16 años cumplidos, o está emancipado, no cabe prestar el consentimiento por representación, salvo en caso de actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, en que los padres serán informados y su opinión tenida en cuenta. En la interrupción voluntaria del embarazo, los ensayos clínicos y las técnicas de reproducción humana asistida se aplican sus normas especiales.
Instrucciones previas y voluntades anticipadas (art. 11)
El artículo 11 regula las instrucciones previas: por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional se creó en el Ministerio de Sanidad el Registro nacional de instrucciones previas. En Andalucía la figura se denomina declaración de voluntad vital anticipada y se regula en la Ley 5/2003, de 9 de octubre; se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Se complementa con la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, y con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
La historia clínica: concepto, contenido y usos (arts. 14 a 16)
El artículo 14 define la historia clínica como el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro. Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información. El artículo 15 establece que la historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente; y enumera el contenido mínimo: documentación relativa a la hoja clínico-estadística, autorización de ingreso, informe de urgencia, anamnesis y exploración física, evolución, órdenes médicas, hoja de interconsulta, informes de exploraciones complementarias, consentimiento informado, informe de anestesia, informe de quirófano o registro del parto, informe de anatomía patológica, evolución y planificación de cuidados de enfermería, aplicación terapéutica de enfermería, gráfico de constantes e informe clínico de alta. El artículo 16 regula los usos: la historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente, y los profesionales asistenciales que realizan el diagnóstico o el tratamiento tienen acceso a ella. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. El personal sanitario que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones. Todo el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto. El acceso con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia se rige por la normativa de protección de datos y la Ley General de Sanidad, preservando los datos de identificación personal separados de los clínico-asistenciales, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento. Esta regla (art. 16.4) es de especial importancia para el Auxiliar Administrativo.
Conservación, acceso y custodia de la historia clínica (arts. 17 a 19)
El artículo 17 obliga a los centros sanitarios a conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento del paciente, incluidos los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que en su caso resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, no se destruirán, trasladándose una vez conocido el fallecimiento del paciente, a los archivos definitivos de la Administración correspondiente. El artículo 18 reconoce el derecho de acceso del paciente a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella; el acceso puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. Este derecho no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. En el caso de pacientes fallecidos, el acceso queda limitado a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente. El artículo 19 reconoce el derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas, que permita la recogida de información de los procesos asistenciales.
El informe de alta y otra documentación clínica (arts. 20 a 23)
El artículo 20 establece que todo paciente, familiar o persona vinculada a él, tendrá derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta (con los datos del paciente, un resumen de su historia clínica, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas), cuyo contenido mínimo se regula; se complementa con el Real Decreto 1093/2010, que aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud. El artículo 21 regula el alta del paciente: en caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se le propondrá la firma del alta voluntaria; si no la firmara, la dirección del centro, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas por la Ley. El artículo 22 regula los certificados médicos: todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud, que serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria. El artículo 23 impone a los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual, así como a las personas responsables de los centros sanitarios, la obligación de cumplir los requerimientos de información sanitaria que necesiten los órganos de la Administración (información técnica, estadística y administrativa).
La tarjeta sanitaria de Andalucía
La tarjeta sanitaria es el documento personal e intransferible que acredita a su titular como usuario del Sistema Sanitario Público de Andalucía y le permite acceder a las prestaciones sanitarias. Se inscribe en el marco del Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, que establece que las tarjetas emitidas por las Comunidades Autónomas incorporarán un conjunto de datos básicos comunes que garantizan su validez en todo el Sistema Nacional de Salud. En Andalucía, la identificación de la persona usuaria se articula mediante el Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA), que identifica la historia de salud de cada ciudadano y permite que la información clínica sea compartida entre centros. Para el Auxiliar Administrativo, la tarjeta sanitaria es la herramienta básica de identificación del paciente en admisión y citación: permite verificar la identidad y el derecho a la asistencia, asignar o consultar el médico y el centro de salud y evitar errores de duplicidad de historias. La asistencia sanitaria pública se reconoce a las personas con la condición de asegurado o beneficiario conforme al Real Decreto-ley 16/2012 y al Real Decreto 1192/2012, así como a las personas residentes en las condiciones previstas por la normativa autonómica de acceso universal.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 41/2002, de 14 de noviembre: 23 artículos en seis capítulos.
Cap. I (arts. 1-3): principios generales y definiciones; Cap. II (4-6): información sanitaria; Cap. III (7): intimidad; Cap. IV (8-13): autonomía; Cap. V (14-19): historia clínica; Cap. VI (20-23): informe de alta y otra documentación.
Art. 2: dignidad, autonomía de la voluntad e intimidad orientan toda actividad de información y documentación clínica.
Todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento, salvo en los casos determinados en la Ley; la negativa constará por escrito.
Art. 4: derecho a conocer toda la información disponible, que como regla general es verbal y se anota en la historia clínica.
El médico responsable garantiza el cumplimiento del derecho a la información; también informan los profesionales que atienden o aplican una técnica.
Art. 5: el titular del derecho a la información es el paciente; también las personas vinculadas, en la medida que el paciente lo permita.
Estado de necesidad terapéutico: el médico actúa sin informar antes cuando el conocimiento pueda perjudicar gravemente la salud; consta razonado en la historia clínica.
Art. 6: derecho a la información epidemiológica.
Art. 7: derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos de salud.
Art. 8: consentimiento libre y voluntario tras recibir información; verbal por regla general; escrito en intervención quirúrgica, procedimientos invasores y de riesgo notorio.
El paciente puede revocar libremente su consentimiento por escrito en cualquier momento.
Art. 9: la renuncia a la información se hace constar documentalmente; el consentimiento se puede omitir por riesgo para la salud pública o riesgo inmediato grave sin posibilidad de autorización.
Consentimiento por representación: paciente sin capacidad de decidir, con capacidad modificada judicialmente o menor sin madurez; siempre en beneficio del paciente y con respeto a su dignidad.
Menor con 16 años cumplidos o emancipado: no cabe consentimiento por representación (salvo grave riesgo para su vida o salud).
Art. 10: la información básica previa al consentimiento escrito incluye consecuencias seguras, riesgos personalizados, riesgos probables y contraindicaciones.
Art. 11: instrucciones previas; en Andalucía, declaración de voluntad vital anticipada (Ley 5/2003).
Art. 14: la historia clínica es el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente.
Art. 15: el contenido mínimo incluye hoja clínico-estadística, anamnesis y exploración, evolución, órdenes médicas, consentimiento informado e informe de alta, entre otros.
Art. 16: el personal de administración y gestión sólo accede a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.
Todo el personal que accede a la historia clínica está sujeto al deber de secreto.
Art. 17: conservación de la documentación clínica como mínimo cinco años desde el alta de cada proceso asistencial.
Art. 18: derecho de acceso y copia, con límites: anotaciones subjetivas de los profesionales y datos confidenciales de terceros.
Pacientes fallecidos: acceso sólo a personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo prohibición expresa del fallecido.
Art. 19: custodia activa y diligente de las historias clínicas.
Art. 20: derecho al informe de alta; art. 21: alta voluntaria o forzosa; art. 22: certificados médicos; art. 23: obligaciones de información técnica, estadística y administrativa.
La tarjeta sanitaria de Andalucía es personal e intransferible y se regula en el marco del RD 183/2004; identifica al usuario en el SSPA.
El NUHSA es el número único de historia de salud de Andalucía, base de la historia de salud única compartida entre centros.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 4 de la Ley 41/2002, la información asistencial se proporciona, como regla general:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Auxiliar Administrativo Sanidad?
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es una de las normas sanitarias más preguntadas en oposiciones del ámbito de la salud. Consta de 23 artículos distribuidos en seis capítulos: principios generales (arts. 1 a 3), derecho de información sanitaria (arts. 4 a 6), derecho a la intimidad (art. 7), respeto de la autonomía del paciente (arts. 8 a 13), historia clínica (arts. 14 a 19) e informe de alta y otra documentación clínica (arts. 20 a 23). Es legislación básica estatal y ha sido modificada, entre otras normas, por la Ley 26/2015 (menores) y la Ley 8/2021 (apoyo a las personas con discapacidad). El tema se completa con la tarjeta sanitaria de Andalucía, documento que identifica a la persona usuaria ante el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
Ley 41/2002, de 14 de noviembre: 23 artículos en seis capítulos. Cap. I (arts. 1-3): principios generales y definiciones; Cap. II (4-6): información sanitaria; Cap. III (7): intimidad; Cap. IV (8-13): autonomía; Cap. V (14-19): historia clínica; Cap. VI (20-23): informe de alta y otra documentación. Art. 2: dignidad, autonomía de la voluntad e intimidad orientan toda actividad de información y documentación clínica. Todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento, salvo en los casos determinados en la Ley; la negativa constará por escrito. Art. 4: derecho a conocer toda la información disponible, que como regla general es verbal y se anota en la historia clínica. El médico responsable garantiza el cumplimiento del derecho a la información; también informan los profesionales que atienden o aplican una técnica. Art. 5: el titular del derecho a la información es el paciente; también las personas vinculadas, en la medida que el paciente lo permita. Estado de necesidad terapéutico: el médico actúa sin informar antes cuando el conocimiento pueda perjudicar gravemente la salud; consta razonado en la historia clínica. Art. 6: derecho a la información epidemiológica. Art. 7: derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos de salud. Art. 8: consentimiento libre y voluntario tras recibir información; verbal por regla general; escrito en intervención quirúrgica, procedimientos invasores y de riesgo notorio. El paciente puede revocar libremente su consentimiento por escrito en cualquier momento. Art. 9: la renuncia a la información se hace constar documentalmente; el consentimiento se puede omitir por riesgo para la salud pública o riesgo inmediato grave sin posibilidad de autorización. Consentimiento por representación: paciente sin capacidad de decidir, con capacidad modificada judicialmente o menor sin madurez; siempre en beneficio del paciente y con respeto a su dignidad. Menor con 16 años cumplidos o emancipado: no cabe consentimiento por representación (salvo grave riesgo para su vida o salud). Art. 10: la información básica previa al consentimiento escrito incluye consecuencias seguras, riesgos personalizados, riesgos probables y contraindicaciones. Art. 11: instrucciones previas; en Andalucía, declaración de voluntad vital anticipada (Ley 5/2003). Art. 14: la historia clínica es el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente. Art. 15: el contenido mínimo incluye hoja clínico-estadística, anamnesis y exploración, evolución, órdenes médicas, consentimiento informado e informe de alta, entre otros. Art. 16: el personal de administración y gestión sólo accede a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. Todo el personal que accede a la historia clínica está sujeto al deber de secreto. Art. 17: conservación de la documentación clínica como mínimo cinco años desde el alta de cada proceso asistencial. Art. 18: derecho de acceso y copia, con límites: anotaciones subjetivas de los profesionales y datos confidenciales de terceros. Pacientes fallecidos: acceso sólo a personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo prohibición expresa del fallecido. Art. 19: custodia activa y diligente de las historias clínicas. Art. 20: derecho al informe de alta; art. 21: alta voluntaria o forzosa; art. 22: certificados médicos; art. 23: obligaciones de información técnica, estadística y administrativa. La tarjeta sanitaria de Andalucía es personal e intransferible y se regula en el marco del RD 183/2004; identifica al usuario en el SSPA. El NUHSA es el número único de historia de salud de Andalucía, base de la historia de salud única compartida entre centros.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).
Fuentes de este desarrollo
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (modificó el art. 9 de la Ley 41/2002).
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.
Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.
Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada (Andalucía).