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Tema 13. Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (I): Ámbito de aplicación. Los interesados: concepto y capacidad de obrar. La obligación de resolver: el silencio administrativo. Términos y plazos. El acto administrativo: concepto y requisitos; motivación; eficacia; notificación y la publicación. Nulidad y anulabilidad de los actos.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a).

Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula el cauce formal a través del cual la Administración forma su voluntad y se relaciona con los ciudadanos. Esta primera parte del tema recorre su ámbito de aplicación, la figura del interesado y su capacidad de obrar, la obligación de resolver y el juego del silencio administrativo, el cómputo de plazos, y la teoría general del acto administrativo: concepto y requisitos, motivación, eficacia, notificación y publicación, y las consecuencias de su invalidez (nulidad de pleno derecho y anulabilidad). Para el personal auxiliar sanitario del Servicio de Salud es una norma de uso diario: solicitudes de los usuarios, resoluciones de personal, notificaciones electrónicas y plazos de recurso se rigen por ella.

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Objeto y ámbito de aplicación (arts. 1 y 2)

La LPAC regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, necesario y proporcionado, y de manera motivada, pueden incluirse trámites adicionales o distintos a los de la Ley. Entró en vigor el 2 de octubre de 2016, con aplicación diferida de algunas previsiones electrónicas. Conforme al artículo 2, se aplica al sector público, que comprende: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Este último está formado por: a) cualquier organismo público y entidad de derecho público vinculado o dependiente de las Administraciones Públicas; b) las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que se sujetan a la Ley solo en lo que específicamente se refiera a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; y c) las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPAC. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la AGE, las CCAA, las Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público de la letra a). Las Corporaciones de Derecho Público (colegios profesionales, cámaras) se rigen por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una Administración, y supletoriamente por la LPAC. La disposición adicional primera remite a su normativa específica, con aplicación supletoria de la LPAC, a determinados procedimientos (aplicación de los tributos y materia aduanera, Seguridad Social y desempleo, extranjería y asilo, entre otros). Los Servicios de Salud autonómicos, como organismos o entes públicos de la Administración autonómica, están plenamente sujetos a ella.

Capacidad de obrar y concepto de interesado (arts. 3 y 4)

El artículo 3 atribuye capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a: a) las personas físicas y jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles; b) los menores de edad, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y c) los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando la Ley así lo declare expresamente. El artículo 4 considera interesados en el procedimiento administrativo: a) quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no se haya dictado resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Cuando la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucede en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Conviene distinguir capacidad jurídica (titularidad de derechos), capacidad de obrar (aptitud para ejercerlos por sí mismo) y legitimación (relación concreta con el objeto del procedimiento).

Representación y pluralidad de interesados (arts. 5 a 7) y relación electrónica (art. 14)

Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas salvo manifestación expresa en contrario del interesado. La representación puede acreditarse mediante apoderamiento apud acta, comparecencia personal o electrónica, o registros electrónicos de apoderamientos. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación. Cuando haya pluralidad de interesados, las actuaciones se entienden con el representante o interesado expresamente señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término. Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos. Lo están, en todo caso: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad; quienes representen a un interesado obligado; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público. Los profesionales sanitarios colegiados entran, por tanto, en el supuesto de obligación electrónica cuando actúan en esa condición.

La obligación de resolver (arts. 21 a 23)

El artículo 21 obliga a la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúan los supuestos de terminación por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud o desaparición sobrevenida del objeto, la resolución consiste en la declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. El plazo máximo para notificar es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Si la norma no fija plazo, este es de tres meses. El plazo se cuenta: en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Las Administraciones deben publicar y mantener actualizadas, en su portal web, las relaciones de procedimientos de su competencia con los plazos máximos y los efectos del silencio, e informar al interesado, mediante comunicación dirigida dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, del plazo máximo y del efecto del silencio. El artículo 22 regula la suspensión del plazo máximo para resolver (potestativa en unos casos, como la petición de informes preceptivos o la solicitud de subsanación; obligatoria en otros, como la solicitud de informes preceptivos y determinantes a órgano de otra Administración, con límites temporales). El artículo 23 permite ampliar el plazo máximo, excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, mediante resolución motivada del órgano competente, sin que proceda recurso contra ella.

El silencio administrativo (arts. 24 y 25)

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Por excepción, el silencio es desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. También es desestimatorio el silencio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, salvo que el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud por la que se ejercitase el derecho de petición, en cuyo caso el silencio es estimatorio. Efectos: la estimación por silencio tiene, a todos los efectos, la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación por silencio tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente. La resolución expresa posterior a la producción del acto por silencio, si es estimatoria, solo puede dictarse confirmando el sentido del silencio; si el silencio fue desestimatorio, la resolución expresa posterior se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos producidos por silencio pueden hacerse valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y el interesado puede pedir certificación acreditativa del silencio producido, que debe emitirse en el plazo de quince días. En los procedimientos iniciados de oficio (art. 25), si de ellos pudiera derivar el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieran comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad, y la resolución que la declare ordena el archivo de las actuaciones.

Términos y plazos: obligatoriedad y cómputo (arts. 29 a 31)

Los términos y plazos establecidos en la Ley o en otras normas obligan tanto a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones como a los interesados (art. 29). El cumplimiento de los plazos se exige a los órganos, y el incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad. Salvo que por ley o por el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas se entiende que son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil, y se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto sin superar las veinticuatro horas (si fueran más, se expresan en días). Los plazos por días son hábiles: se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Los plazos por meses o años se cuentan a partir del día siguiente a la notificación, publicación o silencio, y concluyen el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento (cómputo de fecha a fecha); si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, el plazo expira el último día del mes. Si el último día del plazo es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Si un día es hábil en el municipio o Comunidad Autónoma de residencia del interesado e inhábil en la sede del órgano, o a la inversa, se considera inhábil. La AGE y las Comunidades Autónomas fijan, con sujeción al calendario laboral oficial, el calendario de días inhábiles de su ámbito. En el registro electrónico (art. 31) la presentación es posible todos los días del año durante las veinticuatro horas; a efectos de cómputo, la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los sábados son inhábiles a efectos de la LPAC.

Ampliación de plazos y tramitación de urgencia (arts. 32 y 33)

La Administración, salvo precepto en contrario, puede conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Tanto la petición como la decisión deben producirse antes del vencimiento del plazo; en ningún caso puede ampliarse un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no son susceptibles de recurso. Existen reglas específicas para procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares o con interesados residentes fuera de España. La tramitación de urgencia (art. 33) puede acordarse, de oficio o a petición del interesado, cuando razones de interés público lo aconsejen: se reducen a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia no cabe recurso, aunque puede alegarse como motivo de oposición frente a la resolución final. No deben confundirse la ampliación (hasta la mitad, antes del vencimiento) y la tramitación de urgencia (reducción a la mitad).

El acto administrativo: concepto, requisitos y forma (arts. 34 a 38)

El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa, que produce efectos jurídicos directos e individualizados sobre los interesados; se distingue del reglamento por su carácter singular, no normativo, que se agota con su cumplimiento. Los elementos del acto son subjetivo (órgano competente), objetivo (contenido determinado, posible y lícito, adecuado a los fines), causal (presupuesto de hecho y fin público), procedimental y formal. El artículo 34 dispone que los actos se producen por el órgano competente, de oficio o a instancia del interesado, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos, y que su contenido se ajustará al ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines. Los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada (art. 36). Si el órgano ejerce su competencia verbalmente, la constancia escrita se efectúa y firma por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza (nombramientos, concesiones, licencias), pueden refundirse en un único acto que especifique las personas o circunstancias que individualicen los efectos para cada interesado. El artículo 37 recoge la inderogabilidad singular de los reglamentos: las resoluciones de carácter particular no pueden vulnerar una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía. El artículo 38 establece la ejecutividad: los actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo las excepciones legales (art. 98): suspensión de la ejecución, resoluciones sancionadoras recurribles en vía administrativa, necesidad de aprobación o autorización superior o disposición en contrario.

La motivación (art. 35)

Deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; b) los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión; c) los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d) los acuerdos de suspensión de actos y de adopción de medidas provisionales; e) los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias; f) los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La motivación de los actos que pongan fin a procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva (por ejemplo, un proceso selectivo de personal estatutario) se realiza de conformidad con lo que dispongan las normas de sus convocatorias, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución. La motivación permite el control jurisdiccional, evita la arbitrariedad y garantiza el derecho de defensa; su ausencia o insuficiencia determina, en general, anulabilidad (vicio de forma) si genera indefensión.

Eficacia de los actos (arts. 39 y 38)

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1). La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Deben distinguirse validez (adecuación al ordenamiento), eficacia (aptitud para producir efectos) y ejecutividad (posibilidad de ejecución inmediata, incluso forzosa: arts. 97 y siguientes). La presunción de validez es iuris tantum: obliga a quien discrepa a impugnar el acto, pero no impide que luego sea anulado.

La notificación (arts. 40 a 44)

El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notifica a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados. Toda notificación debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados ejerciten cualquier otro que estimen procedente. Si la notificación, conteniendo el texto íntegro, omite alguno de los demás requisitos, surte efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance del acto, o interponga el recurso procedente. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, basta la notificación que contenga al menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía; pueden practicarse por otro medio cuando el interesado comparezca espontáneamente en una oficina de asistencia en materia de registros y solicite la notificación personal, o cuando resulte necesaria la entrega directa por un empleado público. Con independencia del medio, la notificación es válida si permite constancia del envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario. El interesado no obligado puede decidir en cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Si el interesado rechaza la notificación, se hace constar en el expediente y se da por efectuado el trámite. Se envía un aviso al dispositivo o correo electrónico del interesado, pero su falta no impide la validez de la notificación. Notificación en papel en el domicilio (art. 42): si el interesado no está presente, puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad; si nadie puede hacerlo, se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes (si el primer intento fue antes de las quince horas, el segundo debe ser después, y viceversa, con al menos tres horas de diferencia); si también es infructuoso, se procede conforme al art. 44. Notificación electrónica (art. 43): se practica por comparecencia en la sede electrónica, mediante la dirección electrónica habilitada única o por ambos sistemas; se entiende practicada en el momento en que se accede a su contenido, y si es obligatoria o fue expresamente elegida se entiende rechazada cuando transcurran diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella, con efectos de trámite cumplido. Notificación infructuosa (art. 44): cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o, intentada, no se haya podido practicar, la notificación se hace mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de otras formas complementarias.

La publicación (arts. 45 y 46)

Los actos administrativos son objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras del procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Se publican, en particular: a) los actos cuyo destinatario sea una pluralidad indeterminada de personas, o cuando la Administración estime que la notificación a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos (en este caso, la publicación es adicional a la notificación individual); b) los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo; en estos casos la convocatoria debe indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugares distintos. Por tanto, en una oposición, las listas de admitidos, calificaciones y demás actos de trámite se publican en el medio señalado en la convocatoria (tablón o sede electrónica). Si el órgano competente aprecia que la notificación por anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limita a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer, en el plazo que se establezca, para conocer el contenido íntegro y dejar constancia de tal conocimiento (art. 46).

Nulidad de pleno derecho (art. 47)

Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos tasados del artículo 47.1: a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) los que tengan un contenido imposible; d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta; e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2). La nulidad opera ope legis, es insubsanable e imprescriptible en cuanto a su declaración: puede declararse de oficio o a instancia del interesado mediante el procedimiento de revisión de oficio (art. 106) en cualquier momento, sin plazo de caducidad. El acto nulo no es susceptible de convalidación.

Anulabilidad y régimen común de la invalidez (arts. 48 a 52)

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 48.1). El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones fuera del tiempo establecido solo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. El acto anulable es válido y eficaz hasta que se anule; debe impugnarse en plazo, y es convalidable. Límites de la extensión de la invalidez (art. 49): la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero; la nulidad o anulabilidad en parte del acto no implica la de las partes independientes, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto no hubiera sido dictado. Conversión (art. 50): los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producen los efectos de éste. Conservación (art. 51): el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispone siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Convalidación (art. 52): la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan; la convalidación produce efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto sobre retroactividad; si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, puede convalidar el superior jerárquico del que dictó el acto; si consiste en falta de autorización, se convalida con su otorgamiento por el órgano competente.

Cuadro comparativo nulidad / anulabilidad

Nulidad de pleno derecho: supuestos tasados (art. 47); vicio especialmente grave; no convalidable; la revisión de oficio puede iniciarse en cualquier momento (art. 106); efectos ex tunc; la declaración exige, con carácter general, dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, cuando se trate de revisión de oficio y haya sido formulada oposición. Anulabilidad: infracción ordinaria del ordenamiento (art. 48); convalidable (art. 52); solo puede impugnarse dentro de plazo mediante recurso; transcurrido el plazo, el acto deviene firme; en vía de oficio, la Administración puede declararlo lesivo para el interés público para impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 107). Error típico: considerar que la incompetencia siempre produce nulidad; solo es nula la incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio, la incompetencia jerárquica o no manifiesta es anulabilidad convalidable.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LPAC (Ley 39/2015, de 1 de octubre) se aplica a todo el sector público: AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional.
  • Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica en sus funciones públicas y supletoriamente por la LPAC; las Universidades públicas, igual.
  • No confundir: la LPAC (Ley 39/2015) regula el procedimiento común; la Ley 40/2015 regula el régimen jurídico del sector público.
  • Art. 3: los menores tienen capacidad de obrar para los derechos cuyo ejercicio permita el ordenamiento sin asistencia de patria potestad, tutela o curatela.
  • Art. 4: son interesados quienes promuevan el procedimiento, quienes tengan derechos que puedan resultar afectados y quienes con interés legítimo se personen antes de la resolución definitiva.
  • Están obligados a relacionarse electrónicamente, entre otros, las personas jurídicas y los profesionales con colegiación obligatoria (art. 14.2).
  • Art. 21: obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos.
  • Plazo máximo de resolución: el que fije la norma reguladora, sin exceder de seis meses salvo ley o Derecho UE; si no hay plazo fijado, tres meses.
  • Cómputo del plazo máximo: de oficio, desde el acuerdo de iniciación; a solicitud, desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente.
  • Art. 24: regla general en procedimientos a solicitud del interesado: silencio positivo (estimatorio).
  • Silencio negativo: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que dañen el medio ambiente, responsabilidad patrimonial y, en general, impugnación de actos y disposiciones.
  • La estimación por silencio es un acto finalizador; la desestimación solo habilita para recurrir.
  • Tras silencio positivo solo cabe resolución expresa confirmatoria; tras silencio negativo, la resolución expresa no queda vinculada.
  • En procedimientos iniciados de oficio sancionadores o de intervención: caducidad; en los favorables al interesado que comparezca: desestimación por silencio.
  • Los plazos por días son hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos; se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación.
  • Los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha; si el último día es inhábil, pasa al primer día hábil siguiente.
  • Art. 32: la ampliación de plazos no puede exceder de la mitad, debe decidirse antes del vencimiento y no es recurrible.
  • Art. 33: la tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos, salvo presentación de solicitudes y recursos.
  • Art. 35: motivación obligatoria en actos que limiten derechos, resuelvan recursos o revisiones de oficio, se separen de precedentes o dictámenes, o sean discrecionales.
  • Art. 36: los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra forma.
  • Art. 37: inderogabilidad singular de los reglamentos.
  • Art. 39: los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que se disponga otra cosa; retroactividad solo excepcional.
  • Art. 40: la notificación debe cursarse en diez días desde que se dicta el acto y contener texto íntegro, si agota la vía administrativa, recursos, órgano y plazo.
  • Notificación electrónica: se entiende rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceso (art. 43.2).
  • Notificación en domicilio infructuosa: segundo intento una sola vez, en hora distinta dentro de los tres días siguientes, con al menos tres horas de diferencia.
  • Notificación infructuosa o interesados desconocidos: anuncio en el BOE (art. 44).
  • La publicación procede para pluralidad indeterminada de destinatarios y en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en el medio indicado en la convocatoria (art. 45).
  • Art. 47: la nulidad de pleno derecho solo opera en los supuestos tasados (numerus clausus), más los previstos con rango de ley.
  • Nulidad: actos que lesionan derechos fundamentales, órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento.
  • Art. 48: fuera de la nulidad, toda infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, es anulabilidad.
  • Los defectos de forma solo causan anulabilidad si el acto carece de requisitos formales indispensables o genera indefensión.
  • Arts. 49 a 52: límites de la invalidez, conversión, conservación y convalidación; solo los actos anulables son convalidables.
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Según la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de un procedimiento no fijan plazo máximo para resolver y notificar, este será de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Auxiliar Administrativo Sanidad?

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula el cauce formal a través del cual la Administración forma su voluntad y se relaciona con los ciudadanos. Esta primera parte del tema recorre su ámbito de aplicación, la figura del interesado y su capacidad de obrar, la obligación de resolver y el juego del silencio administrativo, el cómputo de plazos, y la teoría general del acto administrativo: concepto y requisitos, motivación, eficacia, notificación y publicación, y las consecuencias de su invalidez (nulidad de pleno derecho y anulabilidad). Para el personal auxiliar sanitario del Servicio de Salud es una norma de uso diario: solicitudes de los usuarios, resoluciones de personal, notificaciones electrónicas y plazos de recurso se rigen por ella.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

La LPAC (Ley 39/2015, de 1 de octubre) se aplica a todo el sector público: AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional. Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica en sus funciones públicas y supletoriamente por la LPAC; las Universidades públicas, igual. No confundir: la LPAC (Ley 39/2015) regula el procedimiento común; la Ley 40/2015 regula el régimen jurídico del sector público. Art. 3: los menores tienen capacidad de obrar para los derechos cuyo ejercicio permita el ordenamiento sin asistencia de patria potestad, tutela o curatela. Art. 4: son interesados quienes promuevan el procedimiento, quienes tengan derechos que puedan resultar afectados y quienes con interés legítimo se personen antes de la resolución definitiva. Están obligados a relacionarse electrónicamente, entre otros, las personas jurídicas y los profesionales con colegiación obligatoria (art. 14.2). Art. 21: obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos. Plazo máximo de resolución: el que fije la norma reguladora, sin exceder de seis meses salvo ley o Derecho UE; si no hay plazo fijado, tres meses. Cómputo del plazo máximo: de oficio, desde el acuerdo de iniciación; a solicitud, desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Art. 24: regla general en procedimientos a solicitud del interesado: silencio positivo (estimatorio). Silencio negativo: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que dañen el medio ambiente, responsabilidad patrimonial y, en general, impugnación de actos y disposiciones. La estimación por silencio es un acto finalizador; la desestimación solo habilita para recurrir. Tras silencio positivo solo cabe resolución expresa confirmatoria; tras silencio negativo, la resolución expresa no queda vinculada. En procedimientos iniciados de oficio sancionadores o de intervención: caducidad; en los favorables al interesado que comparezca: desestimación por silencio. Los plazos por días son hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos; se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación. Los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha; si el último día es inhábil, pasa al primer día hábil siguiente. Art. 32: la ampliación de plazos no puede exceder de la mitad, debe decidirse antes del vencimiento y no es recurrible. Art. 33: la tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos, salvo presentación de solicitudes y recursos. Art. 35: motivación obligatoria en actos que limiten derechos, resuelvan recursos o revisiones de oficio, se separen de precedentes o dictámenes, o sean discrecionales. Art. 36: los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra forma. Art. 37: inderogabilidad singular de los reglamentos. Art. 39: los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que se disponga otra cosa; retroactividad solo excepcional. Art. 40: la notificación debe cursarse en diez días desde que se dicta el acto y contener texto íntegro, si agota la vía administrativa, recursos, órgano y plazo. Notificación electrónica: se entiende rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceso (art. 43.2). Notificación en domicilio infructuosa: segundo intento una sola vez, en hora distinta dentro de los tres días siguientes, con al menos tres horas de diferencia. Notificación infructuosa o interesados desconocidos: anuncio en el BOE (art. 44). La publicación procede para pluralidad indeterminada de destinatarios y en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en el medio indicado en la convocatoria (art. 45). Art. 47: la nulidad de pleno derecho solo opera en los supuestos tasados (numerus clausus), más los previstos con rango de ley. Nulidad: actos que lesionan derechos fundamentales, órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento. Art. 48: fuera de la nulidad, toda infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, es anulabilidad. Los defectos de forma solo causan anulabilidad si el acto carece de requisitos formales indispensables o genera indefensión. Arts. 49 a 52: límites de la invalidez, conversión, conservación y convalidación; solo los actos anulables son convalidables.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 1 a 7, 14, 21 a 25, 29 a 52; texto consolidado).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (referencia para el sector público institucional).

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