Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: principios básicos; derechos y obligaciones; la publicidad activa; el derecho de acceso a la información pública; el fomento de la transparencia.
Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.
Este tema reúne dos normas de garantías del ciudadano frente a la actuación administrativa: la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y desarrolla el derecho fundamental a la protección de datos del artículo 18.4 de la Constitución; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que regula la transparencia de la actividad pública andaluza en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Ambas tienen especial incidencia en el ámbito sanitario, por el tratamiento de datos de salud (categoría especial de datos) y la publicidad de la actividad del Servicio Andaluz de Salud.
La Ley Orgánica 3/2018, publicada en el BOE el 6 de diciembre de 2018 y en vigor desde el día siguiente, tiene por objeto, conforme a su artículo 1, adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y completar sus disposiciones, así como garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato del artículo 18.4 de la Constitución. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de sus datos personales se ejerce con arreglo a lo establecido en el RGPD y en la ley orgánica. Derogó la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El artículo 2 delimita el ámbito de aplicación, que se extiende, con carácter general, a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero; quedan excluidos, entre otros, los tratamientos de personas fallecidas (sin perjuicio del art. 3), los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas y los de personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. El artículo 3 se ocupa de los datos de las personas fallecidas, permitiendo a personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como a sus herederos, dirigirse a los responsables o encargados del tratamiento para solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente o lo establezca una ley.
Principios de protección de datos
El Título II de la Ley (arts. 4 a 10), dedicado a los principios de protección de datos, desarrolla y complementa los principios ya recogidos en el RGPD (licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva). En particular: el artículo 4 se refiere a la exactitud de los datos, que deben rectificarse o suprimirse sin dilación cuando resulten inexactos; el artículo 5, al deber de confidencialidad que pesa sobre el responsable y el encargado del tratamiento y sobre las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento, y que subsiste aunque finalice la relación con el responsable; el artículo 6, al tratamiento basado en el consentimiento del afectado, que debe ser libre, específico, informado e inequívoco y manifestarse mediante una declaración o una clara acción afirmativa; el artículo 7, al consentimiento de los menores de edad, que solo podrá darse válidamente a partir de los catorce años (por debajo de esa edad se requiere el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela); el artículo 8, a los tratamientos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos; el artículo 9, a las categorías especiales de datos (entre las que se incluyen los datos relativos a la salud, cuyo tratamiento requiere alguna de las excepciones del art. 9.2 RGPD, como la asistencia sanitaria o la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria); y el artículo 10, a los tratamientos de datos de naturaleza penal. La disposición adicional decimoséptima regula los tratamientos de datos de salud, en particular en el ámbito de la investigación.
Derechos de las personas
El Título III regula, en su Capítulo I, la transparencia e información al afectado (art. 11, que admite la información por capas) y, en su Capítulo II, el ejercicio de los derechos de las personas (arts. 12 a 18): el artículo 12 contiene las disposiciones generales (el responsable debe informar de los medios para ejercer los derechos, que son gratuitos, y responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable otros dos meses en función de la complejidad y número de solicitudes, art. 12.3 RGPD); el derecho de acceso (art. 13), que permite al interesado obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, acceder a ellos; el derecho de rectificación (art. 14); el derecho de supresión (art. 15), también llamado 'derecho al olvido'; el derecho a la limitación del tratamiento (art. 16); el derecho a la portabilidad (art. 17); y el derecho de oposición (art. 18), en cuya virtud el afectado puede oponerse a que sus datos sean objeto de un tratamiento basado en el interés público o en el interés legítimo del responsable, salvo que este acredite motivos legítimos imperiosos. El RGPD añade el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (art. 22).
Responsable, encargado, delegado de protección de datos y régimen sancionador
El Título V regula al responsable y al encargado del tratamiento. El responsable determina los fines y medios del tratamiento y debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas (responsabilidad proactiva); el encargado trata los datos por cuenta del responsable en virtud de un contrato o acto jurídico. El artículo 34 impone la designación de un delegado de protección de datos a determinadas entidades, entre ellas las Administraciones públicas y los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes (con excepción de los profesionales de la salud que, aun estando obligados a conservar las historias clínicas, ejerzan su actividad a título individual). Las brechas de seguridad con riesgo para los derechos de las personas deben notificarse a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuvo constancia (art. 33 RGPD). La autoridad de control estatal es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y en Andalucía existe una autoridad autonómica, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, competente respecto de los ficheros y tratamientos de la Administración andaluza. El Título IX tipifica las infracciones en muy graves (prescripción a los tres años), graves (dos años) y leves (un año). Las multas del RGPD pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio total anual (infracciones más graves) y hasta 10 millones o el 2 % (art. 83 RGPD). El Título X (arts. 79 a 97) garantiza los derechos digitales, entre ellos el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88) y el testamento digital (art. 96).
Ley 1/2014: objeto y principios básicos
La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, como instrumento para facilitar el conocimiento por parte de la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, y así favorecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Se aplica a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, a las entidades locales, a las universidades públicas, al Parlamento, al Defensor del Pueblo Andaluz, a la Cámara de Cuentas y a otras instituciones en lo relativo a su actividad sujeta a Derecho Administrativo, y, en determinados términos, a entidades privadas que presten servicios públicos o perciban ayudas o subvenciones. Entre sus principios básicos destacan el principio de transparencia, según el cual toda la información pública es, en principio, accesible y solo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos amparados por la Ley, y el principio de libre acceso a la información pública, conforme al cual cualquier persona puede solicitar el acceso sin necesidad de motivar su solicitud ni de acreditar un interés determinado. A estos se añaden los de veracidad, utilidad, gratuidad, facilidad y comprensión, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
La publicidad activa
La publicidad activa consiste en el deber de los poderes públicos de publicar, de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento resulte relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, sin necesidad de que medie una solicitud expresa. La Ley concreta este deber en distintas categorías de información que deben hacerse públicas a través de los correspondientes portales de transparencia, entre ellas la información institucional, organizativa y de planificación, la información sobre altos cargos y personal directivo, la información de relevancia jurídica, la información relativa a la contratación, los convenios y las subvenciones, y la información económica, financiera y presupuestaria. La información debe publicarse en las sedes electrónicas, portales o páginas web de forma clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. En el ámbito sanitario, se publican, entre otras, la información sobre estructura, organización y contratación del SAS.
El derecho de acceso a la información pública
El derecho de acceso a la información pública, regulado en el Título III de la Ley, permite a cualquier persona, sin necesidad de motivar su solicitud, dirigirse a la Administración para obtener la información pública que obre en su poder y que no esté sujeta a publicidad activa. La Ley regula el procedimiento para el ejercicio de este derecho, incluyendo la posibilidad de tramitación electrónica, así como las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso -referidas, entre otros supuestos, a información en curso de elaboración, información de carácter auxiliar o solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas-, sin perjuicio de los límites al derecho de acceso vinculados a la protección de otros derechos e intereses, entre ellos la protección de datos de carácter personal. La resolución denegatoria debe ser motivada. Contra ella cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa. Como referencia estatal, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sirve de legislación básica y contempla un plazo de un mes para resolver, ampliable otro mes, y silencio negativo.
Fomento de la transparencia y garantías
La Ley 1/2014 prevé medidas de fomento de la transparencia, entre ellas la formación y sensibilización del personal y de la ciudadanía en materia de transparencia, la promoción de la reutilización de la información pública y el impulso de portales de transparencia accesibles. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía actúa como órgano independiente de control de la transparencia, de resolución de reclamaciones y de promoción y difusión de la transparencia. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia da lugar a responsabilidad conforme al régimen de infracciones y sanciones previsto en la propia Ley y en la normativa de buen gobierno.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LO 3/2018 (LOPDGDD), de 5 de diciembre, adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y derogó la LO 15/1999.
El derecho a la protección de datos está reconocido en el art. 18.4 de la Constitución Española.
Art. 1 LOPDGDD: objeto (adaptación al RGPD y garantía de los derechos digitales).
Art. 2 LOPDGDD: ámbito de aplicación, tratamientos automatizados y no automatizados contenidos en un fichero.
Art. 3 LOPDGDD: personas fallecidas; pueden actuar familiares, personas de hecho y herederos.
Título II LOPDGDD (arts. 4-10): principios de protección de datos (exactitud, confidencialidad, consentimiento).
Art. 7 LOPDGDD: el consentimiento de los menores es válido a partir de los 14 años.
Art. 9 LOPDGDD y art. 9 RGPD: los datos de salud son categoría especial de datos.
Título III, Capítulo II LOPDGDD: derechos de las personas (arts. 12 a 18); respuesta en un mes, prorrogable dos meses más.
Art. 13: derecho de acceso. Art. 14: derecho de rectificación. Art. 15: derecho de supresión ('derecho al olvido').
Art. 16: derecho a la limitación del tratamiento. Art. 17: derecho a la portabilidad. Art. 18: derecho de oposición.
Delegado de protección de datos obligatorio, entre otros, en los centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas (art. 34 LOPDGDD).
Las brechas de seguridad se notifican a la autoridad de control en 72 horas siempre que sea posible (art. 33 RGPD).
Infracciones: muy graves prescriben a los 3 años, graves a los 2 y leves al año.
Autoridades: AEPD (estatal) y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (autonómica).
La Ley 1/2014, de 24 de junio, regula la transparencia pública andaluza en su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso.
Principio de transparencia: la información pública es, en principio, accesible.
Principio de libre acceso: cualquier persona puede solicitar información sin motivar la solicitud.
La publicidad activa obliga a publicar de oficio información institucional, organizativa, de altos cargos, jurídica, económica y de contratación.
El derecho de acceso a la información pública se regula en el Título III de la Ley 1/2014.
Existen causas de inadmisión de las solicitudes de acceso (información en elaboración, de carácter auxiliar, solicitudes repetitivas o abusivas).
El derecho de acceso tiene límites, entre ellos la protección de datos de carácter personal de terceros.
Reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía antes del contencioso-administrativo.
Estatal: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (plazo de un mes, silencio negativo).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué prescribe el plazo de tres años en el régimen sancionador de la LOPDGDD?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Auxiliar Administrativo Sanidad?
Este tema reúne dos normas de garantías del ciudadano frente a la actuación administrativa: la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y desarrolla el derecho fundamental a la protección de datos del artículo 18.4 de la Constitución; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que regula la transparencia de la actividad pública andaluza en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Ambas tienen especial incidencia en el ámbito sanitario, por el tratamiento de datos de salud (categoría especial de datos) y la publicidad de la actividad del Servicio Andaluz de Salud.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
La LO 3/2018 (LOPDGDD), de 5 de diciembre, adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y derogó la LO 15/1999. El derecho a la protección de datos está reconocido en el art. 18.4 de la Constitución Española. Art. 1 LOPDGDD: objeto (adaptación al RGPD y garantía de los derechos digitales). Art. 2 LOPDGDD: ámbito de aplicación, tratamientos automatizados y no automatizados contenidos en un fichero. Art. 3 LOPDGDD: personas fallecidas; pueden actuar familiares, personas de hecho y herederos. Título II LOPDGDD (arts. 4-10): principios de protección de datos (exactitud, confidencialidad, consentimiento). Art. 7 LOPDGDD: el consentimiento de los menores es válido a partir de los 14 años. Art. 9 LOPDGDD y art. 9 RGPD: los datos de salud son categoría especial de datos. Título III, Capítulo II LOPDGDD: derechos de las personas (arts. 12 a 18); respuesta en un mes, prorrogable dos meses más. Art. 13: derecho de acceso. Art. 14: derecho de rectificación. Art. 15: derecho de supresión ('derecho al olvido'). Art. 16: derecho a la limitación del tratamiento. Art. 17: derecho a la portabilidad. Art. 18: derecho de oposición. Delegado de protección de datos obligatorio, entre otros, en los centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas (art. 34 LOPDGDD). Las brechas de seguridad se notifican a la autoridad de control en 72 horas siempre que sea posible (art. 33 RGPD). Infracciones: muy graves prescriben a los 3 años, graves a los 2 y leves al año. Autoridades: AEPD (estatal) y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (autonómica). La Ley 1/2014, de 24 de junio, regula la transparencia pública andaluza en su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso. Principio de transparencia: la información pública es, en principio, accesible. Principio de libre acceso: cualquier persona puede solicitar información sin motivar la solicitud. La publicidad activa obliga a publicar de oficio información institucional, organizativa, de altos cargos, jurídica, económica y de contratación. El derecho de acceso a la información pública se regula en el Título III de la Ley 1/2014. Existen causas de inadmisión de las solicitudes de acceso (información en elaboración, de carácter auxiliar, solicitudes repetitivas o abusivas). El derecho de acceso tiene límites, entre ellos la protección de datos de carácter personal de terceros. Reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía antes del contencioso-administrativo. Estatal: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (plazo de un mes, silencio negativo).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Constitución Española de 1978, art. 18.4.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Administrativo Sanidad.