Tema 15. Normativa vigente sobre Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito subjetivo y principios generales. Los órganos administrativos: competencia. Los órganos colegiados: funcionamiento. Abstención y recusación. Principios de la potestad sancionadora. Principios de la responsabilidad patrimonial.
Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), complementa a la Ley 39/2015 (LPAC). Mientras la LPAC regula el procedimiento administrativo y la relación de la Administración con los ciudadanos, la LRJSP ordena la organización y el funcionamiento interno del sector público: su ámbito subjetivo y principios generales de actuación, los órganos administrativos y el reparto y ejercicio de la competencia (delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia), el régimen de los órganos colegiados (convocatoria, quórum, adopción de acuerdos y actas), la abstención y la recusación, los principios de la potestad sancionadora y los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Es un tema de contenido muy normativo, en el que el examen suele preguntar por listas cerradas, plazos y distinciones entre figuras próximas.
La norma de referencia es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el BOE de 2 de octubre de 2015 y en vigor, con carácter general, desde el 2 de octubre de 2016. Sustituyó a los preceptos organizativos de la Ley 30/1992, que quedó derogada, y se aprobó junto con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su Título Preliminar contiene las disposiciones generales y principios de actuación, los órganos de las Administraciones Públicas (órganos administrativos y colegiados, abstención y recusación), los principios de la potestad sancionadora, los de la responsabilidad patrimonial y, además, el funcionamiento electrónico del sector público y los convenios. Los títulos siguientes regulan la Administración General del Estado, el sector público institucional, las relaciones interadministrativas y los convenios. El funcionamiento electrónico del sector público cuenta con desarrollo reglamentario en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. Conviene distinguir las dos leyes: la LPAC trata del acto, del procedimiento y de los recursos; la LRJSP, de quién actúa, cómo se organiza, cómo se sanciona y cuándo responde.
Ámbito subjetivo: el sector público (art. 2)
El artículo 2 establece que la Ley se aplica al sector público, que comprende: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. El sector público institucional se integra por: a) cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; b) las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas a las normas de la Ley que específicamente se refieran a ellas y, en todo caso, a los principios del artículo 3; c) las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la AGE, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público de la letra a). Por tanto, las entidades de derecho privado (sociedades mercantiles, fundaciones del sector público) forman parte del sector público pero no son Administración Pública en sentido estricto. En el ámbito sanitario, los servicios de salud autonómicos y los organismos y entidades públicas que gestionan centros sanitarios se integran en la Administración de la Comunidad Autónoma o en su sector público institucional, según su naturaleza jurídica.
Principios generales de actuación y de relación (art. 3)
El artículo 3.1 dispone que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deben respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; y cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. Las Administraciones se relacionan entre sí y con sus órganos, organismos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguran la interoperabilidad y seguridad de los sistemas. Cada Administración Pública actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Se distingue entre los principios de actuación (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación) y los principios de actuación y relación (el resto del listado).
Los órganos administrativos (art. 5)
Según el artículo 5, tienen la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. La creación de cualquier órgano administrativo exige, como mínimo: a) la determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y de su dependencia jerárquica; b) la delimitación de sus funciones y competencias; y c) la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. Las instrucciones y órdenes de servicio son el instrumento mediante el cual los órganos administrativos dirigen las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos inferiores, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que proceda.
La competencia: concepto y caracteres (art. 8)
El artículo 8 establece que la competencia es irrenunciable y se ejerce precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la Ley. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos pueden ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. La competencia viene determinada por la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes y demás disposiciones normativas; es, por ello, una materia de orden público, improrrogable e indisponible. Su inobservancia puede dar lugar a la nulidad de pleno derecho (incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio) o a la anulabilidad (resto de supuestos de incompetencia), conforme a la LPAC.
Delegación de competencias y avocación (arts. 9 y 10)
Delegación (art. 9): los órganos de las Administraciones Públicas pueden delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquella. No pueden delegarse: los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso; y las materias en que así se determine por norma con rango de ley. La delegación es revocable en cualquier momento por el órgano delegante y debe publicarse en el boletín oficial que corresponda. Las resoluciones adoptadas por delegación indican expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. Avocación (art. 10): los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Se realiza mediante acuerdo motivado, que se notifica a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, antes de la resolución final. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque sí puede impugnarse en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento. Regla de memoria: la delegación baja la competencia hacia otro órgano por voluntad del titular; la avocación la sube hacia el superior.
Encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia
Encomienda de gestión: la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público puede ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, y es responsabilidad del órgano encomendante dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte a la actividad material. Entre órganos de la misma Administración se formaliza mediante acuerdo expreso; entre órganos o entidades de distintas Administraciones, mediante convenio. Delegación de firma: los titulares de los órganos administrativos pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados para la delegación de competencias. No altera la competencia del órgano delegante ni exige su publicación, y en los actos firmados por delegación debe hacerse constar la autoridad de procedencia. Suplencia: ante la ausencia, vacante o enfermedad del titular de un órgano, la suplencia se ejerce por el suplente designado en la forma prevista por la normativa de organización aplicable; no supone alteración de la titularidad de la competencia, solo de los elementos determinantes de su ejercicio.
Órganos colegiados: concepto, composición y sesiones (arts. 15 a 18)
Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas se ajustan a las normas básicas de la Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de cada Administración. Se caracterizan, en la doctrina, por estar integrados por varias personas y por adoptar sus decisiones de forma deliberada y conjunta. En su composición se procura respetar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Cuentan con un presidente y un secretario, que puede ser un miembro del órgano o una persona al servicio de la Administración. Todos los órganos colegiados pueden constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresamente lo contrario. Los miembros deben tener acceso a la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día. Si el órgano no dispone de normas propias, la convocatoria se comunica a los miembros con la antelación mínima prevista en la Ley, junto con el orden del día. Un órgano colegiado se entiende válidamente constituido, aun sin cumplir los requisitos de convocatoria, cuando se reúnen el presidente, el secretario y todos los miembros y así lo deciden por unanimidad (reunión universal).
Órganos colegiados: quórum, acuerdos y actas
Quórum de constitución: para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y del secretario o, en su caso, de quienes los sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. Orden del día: no pueden ser objeto de deliberación o acuerdo asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Acuerdos: se adoptan por mayoría de votos, con el voto de calidad del presidente para dirimir los empates en los términos previstos en la Ley. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario pueden formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorpora al texto aprobado. Quien acredite la titularidad de un interés legítimo puede dirigirse al secretario para que le sea expedida certificación de los acuerdos. Actas: de cada sesión se levanta acta por el secretario, que debe especificar necesariamente los asistentes, el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo de celebración, los puntos principales de las deliberaciones, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados. Pueden grabarse las sesiones; en ese caso el acta puede ir acompañada del fichero resultante. Las actas se aprueban en la misma o en la siguiente sesión; el secretario puede emitir certificación sobre los acuerdos específicos adoptados, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, haciéndolo constar expresamente.
Abstención (art. 23)
Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 23.2 deben abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, quien resuelve lo procedente. Motivos: a) tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; b) tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato; c) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en la letra anterior; d) haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate; e) tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Los órganos superiores pueden ordenar a quienes se hallen en alguno de estos supuestos que se abstengan de toda intervención en el expediente. La actuación de autoridades y personal en los que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
Recusación (art. 24)
En los casos en que concurra alguna de las causas de abstención, los interesados pueden promover la recusación de la autoridad o del empleado público en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación se plantea por escrito, en el que se expresa la causa o causas en que se funda. En el día siguiente, el recusado manifiesta a su superior inmediato si se da o no en él la causa alegada. Si la reconoce, el superior puede acordar su sustitución inmediata. Si la niega, el superior resuelve en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. Diferencia fundamental: la abstención la inicia de oficio la propia persona afectada (o se le ordena); la recusación la promueve el interesado. Ambas se rigen por las mismas causas del artículo 23.2.
Potestad sancionadora: legalidad, irretroactividad y tipicidad (arts. 25 a 27)
Legalidad (art. 25): la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejerce cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. Corresponde a los órganos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. Irretroactividad (art. 26): son de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Tipicidad (art. 27): solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una ley. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas pueden imponerse sanciones, que en todo caso estarán delimitadas por la ley. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecido legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica.
Potestad sancionadora: responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia (arts. 28 a 31)
Responsabilidad (art. 28): solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas y, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Las responsabilidades administrativas son compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización por los daños y perjuicios causados. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, responden de forma solidaria. Proporcionalidad (art. 29): las sanciones administrativas, sean o no pecuniarias, en ningún caso pueden implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Las sanciones pecuniarias deben prever que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. La graduación de la sanción considera especialmente el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia (comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, declarada por resolución firme en vía administrativa). Si de una infracción deriva necesariamente otra, se impone solo la sanción de la más grave. La infracción continuada es la pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo o semejantes preceptos en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Prescripción (art. 30): los plazos son los fijados por las leyes; si estas no los fijan, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, y las sanciones impuestas por infracciones muy graves a los tres años, por graves a los dos años y por leves al año. Concurrencia (art. 31): no pueden sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, cuando se aprecie identidad del sujeto, del hecho y del fundamento (non bis in idem).
Garantías del procedimiento sancionador (Ley 39/2015)
Los principios sustantivos de la LRJSP se completan con las garantías procedimentales de la LPAC. No pueden imponerse sanciones sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento, que debe distinguir entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos. Los presuntos responsables tienen derecho a ser notificados de los hechos que se les imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para sancionar y de la norma que atribuya tal competencia; y gozan de la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. En los procedimientos de carácter sancionador, el reconocimiento de la responsabilidad por el presunto infractor y el pago voluntario de la sanción pecuniaria, en cualquier momento anterior a la resolución, determinan la terminación del procedimiento con reducciones del importe de la sanción propuesta, que son como mínimo del 20 por ciento cada una y acumulables entre sí. La resolución sancionadora no puede aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción, con independencia de su diferente valoración jurídica.
Responsabilidad patrimonial: requisitos (arts. 32 y 34)
Fundamento constitucional: el artículo 106.2 de la Constitución reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El artículo 32.1 de la LRJSP lo desarrolla: los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Requisitos: a) daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; b) lesión antijurídica, es decir, que el particular no tenga el deber jurídico de soportar; c) imputabilidad de la actividad dañosa a una Administración Pública; d) relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño; e) ausencia de fuerza mayor. La anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de actos o disposiciones no presupone, por sí misma, derecho a indemnización. La responsabilidad es directa y objetiva: no exige culpa ni ilegalidad del agente, aunque sí que el daño sea antijurídico. Conforme al artículo 34, no son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su producción (riesgos del desarrollo), sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer.
Responsabilidad patrimonial: indemnización, sujetos y procedimiento (arts. 33 a 37)
Indemnización (art. 34): se calcula con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado; en los casos de muerte o lesiones corporales puede tomarse como referencia la valoración de los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de Seguridad Social. La cuantía se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha de terminación del procedimiento y de los intereses por demora en el pago. Puede sustituirse por una compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado y convenga al interés público, con acuerdo del interesado. Responsabilidad concurrente (art. 33): cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, las Administraciones responden de forma solidaria, salvo que las leyes que regulen las correspondientes fórmulas conjuntas de actuación establezcan otra cosa. Derecho privado (art. 35): cuando las Administraciones actúen en relaciones de derecho privado, responden directamente de los daños y perjuicios causados por su personal. Exigencia a autoridades y personal (art. 36): los particulares exigen directamente a la Administración correspondiente la indemnización por los daños causados por las autoridades y personal a su servicio; la Administración, una vez indemnizados los lesionados, exige de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento (acción de regreso). Responsabilidad penal (art. 37): la exigencia de responsabilidad penal del personal no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial. Procedimiento (LPAC): el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo; en caso de daños físicos o psíquicos, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses, y el silencio tiene efecto desestimatorio. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros. La vía judicial corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario
En la asistencia sanitaria pública la responsabilidad patrimonial se rige por las reglas generales. La jurisprudencia afirma que la Administración sanitaria responde de una obligación de medios y no de resultado, de modo que el criterio de imputación es la lex artis ad hoc: solo es indemnizable el daño cuando la actuación asistencial se aparta de los estándares exigibles en el caso concreto, lo que se valora con prueba pericial. La doctrina de la pérdida de oportunidad reconoce una indemnización cuando una actuación omitida o tardía privó al paciente de una probabilidad de curación o supervivencia. La falta de información o de consentimiento informado, cuando era exigible, puede generar responsabilidad por la vulneración de la autonomía del paciente. El daño desproporcionado puede invertir la carga de la prueba. Los daños derivados de la evolución natural de la enfermedad o de riesgos inherentes a la técnica, correctamente aplicada, son daños que el paciente tiene el deber jurídico de soportar. Las personas que trabajan en los servicios de salud responden ante la Administración por la vía de regreso solo si media dolo, o culpa o negligencia graves.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 40/2015 (LRJSP) regula la organización y el funcionamiento del sector público; la Ley 39/2015 (LPAC), el procedimiento. No confundir ambas.
Entró en vigor, con carácter general, el 2 de octubre de 2016 y derogó los preceptos organizativos de la Ley 30/1992.
Art. 2: el sector público comprende AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional; las Universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LRJSP.
Las entidades de derecho privado del sector público no son Administración Pública; quedan sujetas a los principios del art. 3 y a las normas que se refieran expresamente a ellas.
Art. 3.1, principios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Cada Administración Pública actúa con personalidad jurídica única (art. 3).
Art. 5: órgano administrativo es la unidad con funciones con efectos jurídicos frente a terceros o de actuación preceptiva.
Creación de órganos: forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, y dotación de créditos; no se pueden duplicar órganos sin suprimir o restringir los existentes.
Art. 8: la competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tenga atribuida como propia, salvo delegación o avocación.
Delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia, sino su ejercicio.
No pueden delegarse: disposiciones de carácter general, resolución de recursos contra actos del propio órgano, relaciones con Jefatura del Estado, Cortes y Asambleas, y materias que una ley excluya.
La delegación es revocable en cualquier momento y se publica; lo resuelto por delegación se considera dictado por el delegante. Contra la avocación no cabe recurso autónomo.
Encomienda de gestión: solo actividades materiales o técnicas; se formaliza por acuerdo (misma Administración) o convenio (distintas Administraciones).
Órganos colegiados: pueden actuar de forma presencial o a distancia salvo que su reglamento disponga lo contrario.
Quórum de constitución: presidente, secretario (o quienes les sustituyan) y la mitad al menos de los miembros.
No se pueden adoptar acuerdos sobre asuntos fuera del orden del día, salvo presencia de todos los miembros y urgencia declarada por mayoría.
Voto particular: por escrito, en el plazo de dos días, y se incorpora al texto aprobado.
El acta recoge asistentes, orden del día, lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones, forma y resultado de la votación y contenido de los acuerdos.
Abstención (art. 23): la comunica la persona afectada a su superior inmediato; la actuación con causa de abstención no implica necesariamente invalidez del acto.
Causas de abstención: interés personal, vínculo matrimonial o parentesco (cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad), amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito o testigo y relación de servicio o servicios profesionales en los dos últimos años.
Recusación (art. 24): la promueve el interesado en cualquier momento, por escrito; el recusado responde al día siguiente y el superior resuelve en tres días si lo niega. No cabe recurso, pero puede alegarse al recurrir el acto final.
Potestad sancionadora: legalidad (norma con rango de ley), irretroactividad (salvo lo favorable), tipicidad (sin analogía), responsabilidad (dolo o culpa), proporcionalidad, prescripción y non bis in idem.
Plazos supletorios de prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones: 3 años, 2 años y 1 año respectivamente.
Las sanciones administrativas nunca pueden implicar privación de libertad.
Non bis in idem: identidad de sujeto, hecho y fundamento (art. 31).
Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario: reducciones de al menos el 20 por ciento cada una, acumulables.
Art. 32: indemnización por lesión consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o deber jurídico de soportar el daño.
Daño indemnizable: efectivo, evaluable económicamente e individualizado; la responsabilidad es directa y objetiva.
No son indemnizables los daños no previsibles o inevitables según el estado de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse.
Responsabilidad patrimonial: reclamación en el plazo de un año; resolución en seis meses con silencio negativo; dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente desde 50.000 euros.
Acción de regreso contra autoridades y personal solo por dolo, o culpa o negligencia graves.
En sanidad, la responsabilidad se valora conforme a la lex artis ad hoc: obligación de medios, no de resultado.
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El plazo para formular voto particular en un órgano colegiado es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Auxiliar Administrativo Sanidad?
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), complementa a la Ley 39/2015 (LPAC). Mientras la LPAC regula el procedimiento administrativo y la relación de la Administración con los ciudadanos, la LRJSP ordena la organización y el funcionamiento interno del sector público: su ámbito subjetivo y principios generales de actuación, los órganos administrativos y el reparto y ejercicio de la competencia (delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia), el régimen de los órganos colegiados (convocatoria, quórum, adopción de acuerdos y actas), la abstención y la recusación, los principios de la potestad sancionadora y los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Es un tema de contenido muy normativo, en el que el examen suele preguntar por listas cerradas, plazos y distinciones entre figuras próximas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
La Ley 40/2015 (LRJSP) regula la organización y el funcionamiento del sector público; la Ley 39/2015 (LPAC), el procedimiento. No confundir ambas. Entró en vigor, con carácter general, el 2 de octubre de 2016 y derogó los preceptos organizativos de la Ley 30/1992. Art. 2: el sector público comprende AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional; las Universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LRJSP. Las entidades de derecho privado del sector público no son Administración Pública; quedan sujetas a los principios del art. 3 y a las normas que se refieran expresamente a ellas. Art. 3.1, principios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Cada Administración Pública actúa con personalidad jurídica única (art. 3). Art. 5: órgano administrativo es la unidad con funciones con efectos jurídicos frente a terceros o de actuación preceptiva. Creación de órganos: forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, y dotación de créditos; no se pueden duplicar órganos sin suprimir o restringir los existentes. Art. 8: la competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tenga atribuida como propia, salvo delegación o avocación. Delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia, sino su ejercicio. No pueden delegarse: disposiciones de carácter general, resolución de recursos contra actos del propio órgano, relaciones con Jefatura del Estado, Cortes y Asambleas, y materias que una ley excluya. La delegación es revocable en cualquier momento y se publica; lo resuelto por delegación se considera dictado por el delegante. Contra la avocación no cabe recurso autónomo. Encomienda de gestión: solo actividades materiales o técnicas; se formaliza por acuerdo (misma Administración) o convenio (distintas Administraciones). Órganos colegiados: pueden actuar de forma presencial o a distancia salvo que su reglamento disponga lo contrario. Quórum de constitución: presidente, secretario (o quienes les sustituyan) y la mitad al menos de los miembros. No se pueden adoptar acuerdos sobre asuntos fuera del orden del día, salvo presencia de todos los miembros y urgencia declarada por mayoría. Voto particular: por escrito, en el plazo de dos días, y se incorpora al texto aprobado. El acta recoge asistentes, orden del día, lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones, forma y resultado de la votación y contenido de los acuerdos. Abstención (art. 23): la comunica la persona afectada a su superior inmediato; la actuación con causa de abstención no implica necesariamente invalidez del acto. Causas de abstención: interés personal, vínculo matrimonial o parentesco (cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad), amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito o testigo y relación de servicio o servicios profesionales en los dos últimos años. Recusación (art. 24): la promueve el interesado en cualquier momento, por escrito; el recusado responde al día siguiente y el superior resuelve en tres días si lo niega. No cabe recurso, pero puede alegarse al recurrir el acto final. Potestad sancionadora: legalidad (norma con rango de ley), irretroactividad (salvo lo favorable), tipicidad (sin analogía), responsabilidad (dolo o culpa), proporcionalidad, prescripción y non bis in idem. Plazos supletorios de prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones: 3 años, 2 años y 1 año respectivamente. Las sanciones administrativas nunca pueden implicar privación de libertad. Non bis in idem: identidad de sujeto, hecho y fundamento (art. 31). Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario: reducciones de al menos el 20 por ciento cada una, acumulables. Art. 32: indemnización por lesión consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o deber jurídico de soportar el daño. Daño indemnizable: efectivo, evaluable económicamente e individualizado; la responsabilidad es directa y objetiva. No son indemnizables los daños no previsibles o inevitables según el estado de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse. Responsabilidad patrimonial: reclamación en el plazo de un año; resolución en seis meses con silencio negativo; dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente desde 50.000 euros. Acción de regreso contra autoridades y personal solo por dolo, o culpa o negligencia graves. En sanidad, la responsabilidad se valora conforme a la lex artis ad hoc: obligación de medios, no de resultado.
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Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).
Fuentes de este desarrollo
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), en particular arts. 2, 3, 5, 8 a 14, 15 a 18, 23, 24 y 25 a 37.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 47, 48, 53, 63, 67, 81, 85, 90 y 91, en lo relativo a nulidad, sanciones y responsabilidad patrimonial).
Constitución Española, arts. 9.3, 103 y 106.2.
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
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