Tema 19. Atención a la Ciudadanía (III). Derechos, garantías y calidad asistencial. Tiempos de respuesta asistencial. Libre elección de centro sanitario y profesional. Cobertura sanitaria. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.
Este tercer bloque de atención a la ciudadanía aborda los derechos y garantías de calidad asistencial reconocidos a las personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA): los tiempos de respuesta asistencial, la libre elección de centro y profesional, la cobertura sanitaria, la segunda opinión médica y la transparencia y calidad en los servicios. Se cierra con los derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de la muerte (Ley 2/2010, de Andalucía, y Ley Orgánica 3/2021 en el ámbito estatal) y con la voluntad vital anticipada regulada por la Ley 5/2003 y por el Decreto 238/2004, que organiza el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.
El artículo 6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, reconoce a la ciudadanía un catálogo de derechos ante los servicios sanitarios públicos que constituye la base de las garantías de calidad asistencial: el respeto a la personalidad, dignidad e intimidad; la confidencialidad de la información relacionada con el propio proceso; la información sobre los servicios sanitarios y los requisitos de acceso; y la participación en las decisiones que afectan a la propia salud. El artículo 7 de la misma Ley recoge, en contrapartida, los deberes de la ciudadanía (cumplir las prescripciones, uso responsable de los recursos, respeto a las normas y al personal). Con carácter básico estatal, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, garantiza el derecho a la información asistencial, al consentimiento informado, al respeto de la intimidad y al acceso a la historia clínica. Estos derechos se concretan mediante normas reglamentarias que establecen garantías específicas (plazos máximos de respuesta, libre elección, segunda opinión) y mediante un sistema de calidad que incluye la acreditación de centros y profesionales por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y los cauces de reclamaciones, quejas y sugerencias, sin perjuicio de la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz.
Tiempos de respuesta asistencial
La Ley 2/1998 reconoce el derecho de la ciudadanía a que se le garantice, en el ámbito territorial de Andalucía, el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos que se determinen reglamentariamente. Este derecho se concreta en las garantías de plazo de respuesta, que fijan un tiempo máximo de espera para determinados procesos y que, superado sin haber sido atendida la persona, permiten solicitar la atención en un centro alternativo, público o concertado. Las principales normas son: el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, que establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica (180 días para los procedimientos incluidos); y el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, que establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos (60 días naturales para la primera consulta de especialidad y 30 días naturales para las pruebas diagnósticas incluidas en el catálogo). En atención primaria rige además la garantía de que la cita con el médico de familia o pediatra se obtenga en un máximo de 48 horas. Se trata de plazos máximos garantizados para los procesos que la norma incluye, no de plazos aplicables a toda la actividad asistencial. El cómputo, las causas de suspensión y el procedimiento para ejercer la garantía (documento de garantía entregado a la persona usuaria) se regulan en la normativa de desarrollo.
Libre elección de centro sanitario y profesional
La Ley 2/1998 reconoce el derecho a la libre elección de médico, de otros profesionales sanitarios, de servicio y de centro sanitario, en los términos que reglamentariamente estén establecidos. El derecho no es absoluto: se ejerce dentro del marco organizativo del SSPA (zonificación, cupos y límites de población asignada, disponibilidad de plazas) y está sujeto a las limitaciones que fije la normativa. Su desarrollo se encuentra, entre otras normas, en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, que regula la libre elección de médico general y pediatra en atención primaria, y en el Decreto 60/1999, de 9 de marzo, que regula el derecho a la libre elección de médico especialista y de hospital en el SSPA. La elección se tramita a petición de la persona interesada (personalmente o por los medios electrónicos habilitados) y tiene, con carácter general, carácter voluntario y periodos mínimos de permanencia con el profesional elegido. Debe distinguirse de la garantía de plazo: la libre elección responde a la voluntad de la persona usuaria, mientras que la atención en centro alternativo por superación de plazo es una consecuencia del incumplimiento del tiempo máximo garantizado.
Cobertura sanitaria
El derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria se reconoce en el artículo 43 de la Constitución Española. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, configuran la titularidad del derecho: junto a las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social, se garantiza la atención sanitaria a las personas extranjeras que residan en España, incluso en situación administrativa irregular, en las condiciones establecidas por la norma, sin que dependa ya, con carácter general, de la condición de asegurado. En Andalucía la cobertura se hace efectiva mediante la cartera de servicios del SSPA, que concreta las prestaciones (atención primaria, especializada, urgencias y emergencias, salud pública, farmacéutica, ortoprotésica, transporte sanitario, atención sociosanitaria y salud mental, entre otras) en desarrollo de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se estructura en cartera común básica, suplementaria y de servicios accesorios, y que las Comunidades Autónomas pueden complementar con prestaciones propias. La identificación del derecho en el SAS se realiza mediante la tarjeta sanitaria individual, expedida a la persona usuaria y vinculada a su historia de salud.
Segunda opinión médica
El derecho a la segunda opinión médica permite a la persona usuaria, ante determinados diagnósticos o procesos de especial trascendencia para su salud, solicitar la valoración de un facultativo distinto del que la atiende habitualmente, con el fin de contrastar el diagnóstico o el plan terapéutico propuesto. Se regula en Andalucía por el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el SSPA. Se reconoce para procesos de especial gravedad o con incidencia relevante en la vida de la persona (enfermedades de pronóstico grave, procesos que requieren tratamientos de especial complejidad o riesgo, etc.), con arreglo a la relación de supuestos que fija la norma. La solicitud se formula ante el centro o servicio de salud, el profesional que presta el segundo parecer debe pertenecer a un centro o servicio distinto del inicial, y el derecho se enmarca en los derechos de información y participación de la persona paciente. La segunda opinión tiene carácter de información adicional para la toma de decisiones: no obliga a la persona usuaria a aceptar ninguna de las dos propuestas y no sustituye al consentimiento informado.
Transparencia y calidad en los servicios
La transparencia en la gestión de los servicios sanitarios públicos se apoya en dos normas: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (norma básica estatal), y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que obligan a las Administraciones y entidades de su sector público a publicar de forma activa información sobre su organización, actividad, contratación, presupuestos y resultados, y reconocen el derecho de acceso a la información pública, que se ejerce mediante solicitud y puede reclamarse ante el órgano independiente de control (el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en el ámbito autonómico). En materia de calidad, el SSPA se apoya en sistemas de gestión orientados a la mejora continua de los procesos asistenciales y administrativos, la acreditación de centros, unidades y profesionales por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, la evaluación de la satisfacción de las personas usuarias y la rendición de cuentas mediante indicadores de actividad y resultados. La protección de los datos personales de salud, categoría especial de datos, se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte
En Andalucía esta materia se regula por la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Su objeto es proteger la dignidad de la persona en el proceso final de su vida, garantizar la autonomía de la persona y el respeto a su voluntad, y regular los deberes del personal sanitario y las garantías que las instituciones sanitarias deben ofrecer. Reconoce, entre otros, los derechos a la información asistencial, a la toma de decisiones y al consentimiento informado, a rechazar o retirar una intervención (incluso si ello puede poner en peligro la vida), a realizar la declaración de voluntad vital anticipada, a recibir cuidados paliativos integrales y tratamiento del dolor (incluida la sedación paliativa cuando esté indicada), al acompañamiento familiar, a la intimidad y confidencialidad, y a disponer, siempre que sea posible, de habitación individual. Impone al personal sanitario deberes respecto de la información, del respeto a los valores y creencias de la persona, de la adecuación del esfuerzo terapéutico (evitar la obstinación terapéutica) y de la atención a las personas incapaces o menores. A las instituciones sanitarias les exige garantías como el apoyo a la familia, el acompañamiento y el asesoramiento en cuidados paliativos, y la existencia de comités de ética asistencial. En el ámbito estatal, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, reconoce el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos y garantías que establece (con intervención de una Comisión de Garantía y Evaluación), y la incluye en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La Ley 41/2002 (art. 11) regula las instrucciones previas con carácter básico.
Voluntad vital anticipada: concepto, requisitos y formalización
La Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, regula, según su artículo 1, la declaración de voluntad vital anticipada como cauce para que la persona ejerza su derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el futuro, para el supuesto de que llegado el momento no goce de capacidad para consentir por sí misma. Se define como la manifestación escrita, hecha para ser incorporada al Registro, por una persona capaz que, actuando libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la atención sanitaria que reciba en caso de que concurran circunstancias clínicas que le impidan manifestar su voluntad. La declaración puede contener las opciones e instrucciones sobre cuidados y tratamientos, la designación de un representante que actuará como interlocutor con el equipo sanitario y velará por el cumplimiento de las instrucciones, y manifestaciones sobre el destino del cuerpo o los órganos tras el fallecimiento. Se formaliza ante notario, ante tres testigos mayores de edad (dos de ellos sin vínculo de parentesco hasta el segundo grado ni relación patrimonial con la persona declarante) o ante el personal funcionario habilitado del Registro. No se aplican las instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico, a la buena práctica clínica o que no se correspondan con el supuesto de hecho previsto por la persona al otorgarlas. La declaración es libremente revocable, modificable o sustituible en cualquier momento, y prevalece la última otorgada.
El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía
El artículo 9 de la Ley 5/2003 crea el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de salud, cuya finalidad es la custodia, conservación y accesibilidad de las declaraciones de voluntad vital anticipada inscritas. Su organización y funcionamiento se regulan en el Decreto 238/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Las declaraciones se inscriben a solicitud de la persona otorgante o de su representante, previa comprobación de los requisitos formales; el acceso al Registro está restringido a la persona otorgante, a su representante y al personal sanitario responsable del proceso asistencial, y se garantiza la confidencialidad de los datos conforme a la normativa de protección de datos. Los profesionales sanitarios que atienden a una persona que no se encuentra en condiciones de expresar su voluntad tienen la obligación de consultar el Registro y, en su caso, respetar el contenido de la declaración inscrita; la existencia de la declaración se hace visible también en la historia clínica. La declaración inscrita en el Registro andaluz se comunica al Registro Nacional de Instrucciones Previas, regulado por el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, para garantizar su eficacia en todo el Sistema Nacional de Salud. El incumplimiento del deber de respeto a la declaración puede dar lugar a responsabilidad del profesional.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 6 Ley 2/1998: catálogo de derechos de la ciudadanía ante los servicios sanitarios públicos; art. 7: deberes.
Ley 41/2002: norma básica sobre autonomía del paciente, información y documentación clínica (consentimiento informado, historia clínica, instrucciones previas en su art. 11).
El derecho a un tiempo máximo de acceso a las prestaciones se concreta reglamentariamente (garantías de plazo).
Decreto 209/2001: garantía de plazo de respuesta quirúrgica (180 días).
Decreto 96/2004: primeras consultas de especialidad (60 días) y pruebas diagnósticas (30 días).
Atención primaria: cita con médico de familia o pediatra garantizada en 48 horas.
Superado el plazo de garantía sin ser atendida, la persona puede solicitar atención en centro alternativo, público o concertado.
La libre elección de médico, profesional y centro se ejerce en los términos que reglamentariamente se establezcan (Decretos 128/1997 y 60/1999).
No confundir libre elección (voluntad de la persona usuaria) con atención en centro alternativo (consecuencia del incumplimiento del plazo).
La cobertura sanitaria es hoy universal (RDL 7/2018), ya no depende solo de la condición de asegurado o beneficiario.
La cartera de servicios del SSPA desarrolla la cartera común del SNS (básica, suplementaria y de servicios accesorios).
Segunda opinión médica: Decreto 127/2003; la realiza un profesional de otro centro o servicio y no obliga a la persona usuaria.
Ley 19/2013 (estatal) y Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
Los datos de salud son datos de categoría especial (RGPD y LO 3/2018).
Ley 2/2010, de 8 de abril (Andalucía): derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.
La Ley Orgánica 3/2021 regula la eutanasia (prestación de ayuda para morir); no confundir con la sedación paliativa ni con el rechazo de tratamiento, que ya eran derechos reconocidos.
Ley 5/2003, de 9 de octubre: declaración de voluntad vital anticipada de Andalucía; art. 1: objeto.
La declaración puede formalizarse ante notario, ante tres testigos o ante personal funcionario habilitado del Registro.
Art. 9 Ley 5/2003: crea el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, adscrito a la Consejería de Salud; se desarrolla por el Decreto 238/2004.
El Registro custodia, conserva y da accesibilidad a las declaraciones inscritas; solo accede la persona otorgante, su representante y el personal sanitario responsable.
Los profesionales deben consultar el Registro cuando la persona no puede expresar su voluntad; la última declaración otorgada prevalece.
La persona declarante puede modificar, sustituir o revocar su declaración en cualquier momento.
Registro Nacional de Instrucciones Previas: Real Decreto 124/2007; recibe la información de los registros autonómicos.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, regula:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 19 de Auxiliar Administrativo Sanidad?
Este tercer bloque de atención a la ciudadanía aborda los derechos y garantías de calidad asistencial reconocidos a las personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA): los tiempos de respuesta asistencial, la libre elección de centro y profesional, la cobertura sanitaria, la segunda opinión médica y la transparencia y calidad en los servicios. Se cierra con los derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de la muerte (Ley 2/2010, de Andalucía, y Ley Orgánica 3/2021 en el ámbito estatal) y con la voluntad vital anticipada regulada por la Ley 5/2003 y por el Decreto 238/2004, que organiza el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.
¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?
Art. 6 Ley 2/1998: catálogo de derechos de la ciudadanía ante los servicios sanitarios públicos; art. 7: deberes. Ley 41/2002: norma básica sobre autonomía del paciente, información y documentación clínica (consentimiento informado, historia clínica, instrucciones previas en su art. 11). El derecho a un tiempo máximo de acceso a las prestaciones se concreta reglamentariamente (garantías de plazo). Decreto 209/2001: garantía de plazo de respuesta quirúrgica (180 días). Decreto 96/2004: primeras consultas de especialidad (60 días) y pruebas diagnósticas (30 días). Atención primaria: cita con médico de familia o pediatra garantizada en 48 horas. Superado el plazo de garantía sin ser atendida, la persona puede solicitar atención en centro alternativo, público o concertado. La libre elección de médico, profesional y centro se ejerce en los términos que reglamentariamente se establezcan (Decretos 128/1997 y 60/1999). No confundir libre elección (voluntad de la persona usuaria) con atención en centro alternativo (consecuencia del incumplimiento del plazo). La cobertura sanitaria es hoy universal (RDL 7/2018), ya no depende solo de la condición de asegurado o beneficiario. La cartera de servicios del SSPA desarrolla la cartera común del SNS (básica, suplementaria y de servicios accesorios). Segunda opinión médica: Decreto 127/2003; la realiza un profesional de otro centro o servicio y no obliga a la persona usuaria. Ley 19/2013 (estatal) y Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Los datos de salud son datos de categoría especial (RGPD y LO 3/2018). Ley 2/2010, de 8 de abril (Andalucía): derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. La Ley Orgánica 3/2021 regula la eutanasia (prestación de ayuda para morir); no confundir con la sedación paliativa ni con el rechazo de tratamiento, que ya eran derechos reconocidos. Ley 5/2003, de 9 de octubre: declaración de voluntad vital anticipada de Andalucía; art. 1: objeto. La declaración puede formalizarse ante notario, ante tres testigos o ante personal funcionario habilitado del Registro. Art. 9 Ley 5/2003: crea el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, adscrito a la Consejería de Salud; se desarrolla por el Decreto 238/2004. El Registro custodia, conserva y da accesibilidad a las declaraciones inscritas; solo accede la persona otorgante, su representante y el personal sanitario responsable. Los profesionales deben consultar el Registro cuando la persona no puede expresar su voluntad; la última declaración otorgada prevalece. La persona declarante puede modificar, sustituir o revocar su declaración en cualquier momento. Registro Nacional de Instrucciones Previas: Real Decreto 124/2007; recibe la información de los registros autonómicos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (art. 43).
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (arts. 6 y 7).
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el SSPA.
Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el SSPA.
Decreto 128/1997, de 6 de mayo (libre elección de médico general y pediatra) y Decreto 60/1999, de 9 de marzo (libre elección de médico especialista y hospital).
Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el SSPA.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada (arts. 1 y 9).
Decreto 238/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.
Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Administrativo Sanidad.