Tema 16. Creación de documentos. Uso no sexista del lenguaje administrativo. Documentos originales, copias y archivos. El archivo de los documentos administrativos. El derecho de acceso a los documentos administrativos.
Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.
La elaboración de documentos administrativos, el uso de un lenguaje no discriminatorio, la distinción entre originales y copias, el archivo y el acceso de la ciudadanía a los documentos que obran en poder de la Administración son aspectos instrumentales del trabajo diario del personal auxiliar administrativo. Este tema recorre los requisitos formales de un documento administrativo y su clasificación, las pautas para un lenguaje inclusivo, el régimen de copias auténticas y de aportación de documentos previsto en la Ley 39/2015, el archivo de documentos (electrónico y en soporte papel, con su ciclo de vida) y el derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley 19/2013, con su procedimiento, límites y régimen de reclamación.
Un documento administrativo es todo soporte, en cualquier formato, en el que se materializa un acto de la Administración con trascendencia jurídica o que sirve de constancia a efectos administrativos. La Ley 39/2015 (art. 26) considera documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas, y establece que se emitirán por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Para ser válidos, los documentos electrónicos administrativos deben constar identificados, incorporar una referencia temporal, los metadatos mínimos exigidos y la firma electrónica que corresponda. Todo documento administrativo debe identificar el órgano que lo emite, la fecha, y en su caso la firma manuscrita o electrónica de quien lo suscribe. La claridad, la concisión y la corrección gramatical son exigencias básicas de la redacción administrativa, que debe evitar tecnicismos innecesarios y estar orientada a que cualquier persona destinataria comprenda su contenido.
Clasificación de los documentos administrativos
Atendiendo a su función, la clasificación más extendida distingue cinco grupos. Documentos de decisión: expresan la voluntad de la Administración y producen efectos jurídicos (resoluciones, acuerdos, convenios). Documentos de transmisión: sirven para comunicar actos o información (comunicaciones, notificaciones, oficios, publicaciones). Documentos de constancia: acreditan hechos o actos (actas, certificados o certificaciones, diligencias). Documentos de juicio: contienen opiniones o valoraciones técnicas o jurídicas que sirven de base para decidir (informes, dictámenes, propuestas). Documentos de los ciudadanos: los que presentan las personas interesadas (solicitudes o instancias, alegaciones, recursos, reclamaciones, denuncias). Estructuralmente, un documento administrativo suele constar de encabezamiento (órgano emisor), identificación del asunto o referencia, cuerpo o texto, lugar y fecha, y firma. El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (art. 70 Ley 39/2015); los expedientes electrónicos se formarán mediante el agregado ordenado de documentos y se foliarán mediante un índice electrónico.
El uso no sexista del lenguaje administrativo
La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluye entre los criterios de actuación de las Administraciones públicas la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en las relaciones sociales, culturales y artísticas (art. 14.11). En Andalucía, la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género, desarrolla este principio para la Administración de la Junta de Andalucía. El lenguaje administrativo debe evitar fórmulas que invisibilicen a las mujeres o que generen ambigüedad sobre a quién se dirige un texto. Las recomendaciones habituales de las guías de lenguaje no sexista incluyen: sustituir el masculino genérico por sustantivos colectivos o abstractos («la ciudadanía» en vez de «los ciudadanos», «la plantilla» en vez de «los trabajadores», «la dirección» en vez de «los directores»), usar desdoblamientos con moderación cuando aporten claridad («el personal, tanto hombres como mujeres»), emplear perífrasis y construcciones sin marca de género («quien solicite» en vez de «el solicitante»), usar el femenino en cargos y profesiones cuando la persona es una mujer («la directora», «la jefa de servicio»), omitir el artículo cuando sea posible («las personas interesadas»), y evitar fórmulas artificiales como el uso de «@», «x» o barras dentro de una misma palabra, que dificultan la lectura y no se ajustan a las normas ortográficas. En formularios e impresos se recomienda utilizar denominaciones genéricas («Datos de la persona solicitante»). El criterio general es compatibilizar la visibilidad de mujeres y hombres con la economía y la corrección del lenguaje.
Documentos originales, copias y aportación de documentos
Las Administraciones Públicas no pueden exigir a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que excepcionalmente la normativa aplicable establezca lo contrario (art. 28.3 Ley 39/2015). Los interesados no están obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración ni los que ya hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración (art. 28.2), que podrá consultarlos o recabarlos electrónicamente salvo oposición expresa del interesado. Las personas interesadas pueden aportar copias, incluidas las digitalizadas, y se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten; si existen dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar de forma motivada el cotejo con el original. Cada Administración Pública debe determinar los órganos que tienen atribuida la competencia para expedir copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados, que tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales (art. 27 Ley 39/2015). Tienen la consideración de copia auténtica las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas deben precisar su carácter de copia, incluir los metadatos que acrediten su condición y ajustarse al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Cuando se presenta un documento en papel en una oficina de asistencia en materia de registros, esta lo digitaliza y devuelve el original al interesado, salvo que la norma exija su custodia por la Administración (art. 16.5). Conviene distinguir: original (documento primigenio, con la firma o el sello de origen), copia simple (reproducción sin garantía de autenticidad), copia auténtica (con idéntico valor que el original) y copia compulsada o cotejada (práctica tradicional en papel, hoy sustituida por la copia auténtica electrónica).
El archivo de los documentos administrativos
El artículo 17 de la Ley 39/2015 obliga a cada Administración a mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los documentos deben conservarse en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión; se asegurará la posibilidad de trasladarlos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Deben adoptarse medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022) y de interoperabilidad conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010). Los documentos en papel se rigen por la normativa de archivos. En Andalucía, la Ley 7/2011, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, regula el Sistema Andaluz de Archivos. Desde la perspectiva archivística se habla de ciclo vital del documento, con las siguientes fases: archivo de oficina o de gestión (documentación en tramitación y de consulta frecuente), archivo central (documentación ya tramitada que se transfiere periódicamente), archivo intermedio (conservación temporal hasta cumplir los plazos de valoración) y archivo histórico (conservación permanente de los documentos con valor histórico o cultural). El paso de una fase a otra se realiza mediante transferencias, y los plazos de conservación o eliminación se determinan mediante procesos de valoración y expurgo regulados, nunca por decisión individual.
El derecho de acceso a los documentos administrativos
El artículo 13.d) de la Ley 39/2015 reconoce a las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 12 de la Ley 19/2013 reconoce este derecho a todas las personas, y el artículo 13 define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Dentro de su ámbito se incluyen las Administraciones públicas, entre otros sujetos del sector público. En Andalucía rige además la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía.
Procedimiento de acceso a la información pública (Ley 19/2013)
La solicitud puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que se solicita, de una dirección de contacto y, en su caso, de la modalidad de acceso preferida (art. 17). El solicitante no está obligado a motivar su solicitud (art. 17.3), aunque podrá exponer los motivos, que podrán tenerse en cuenta al dictar la resolución. Si la solicitud se dirige a un órgano que no es competente, se remite al competente informando al solicitante. La resolución debe notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo justifican (art. 20.1); transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada (silencio negativo, art. 20.4). El acceso se hará preferentemente por vía electrónica y es gratuito, aunque la expedición de copias o la transposición a un formato diferente al original puede dar lugar a una exacción (art. 22). Si la información afecta a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concede un plazo de quince días para alegaciones y se suspende el plazo para resolver (art. 19.3). Contra la resolución cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (o el órgano autonómico equivalente), con carácter previo a la vía contencioso-administrativa, en el plazo de un mes (art. 24).
Límites y causas de inadmisión del acceso
El derecho de acceso puede limitarse cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinados bienes (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención e investigación de ilícitos, igualdad de las partes en los procesos judiciales, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, garantía de confidencialidad en procesos de toma de decisión, protección del medio ambiente) (art. 14). Los límites se aplican de forma justificada y proporcionada, atendiendo a la naturaleza del límite y a la circunstancia del caso concreto, y no operan automáticamente. La protección de datos personales tiene un régimen específico (art. 15): si la información contiene datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual), el acceso requiere el consentimiento expreso del afectado, salvo excepciones legales; para otros datos se pondera el interés público frente a los derechos del afectado. Son causas de inadmisión (art. 18.1) las solicitudes referidas a información en curso de elaboración o publicación general, la que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos), la que requiera una acción previa de reelaboración, las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente, y las manifiestamente repetitivas o abusivas. En el ámbito sanitario, el acceso del paciente a su historia clínica se rige por su normativa específica (Ley 41/2002, art. 18) y no por el procedimiento general de transparencia.
Publicidad activa y relación con otros derechos
Además del acceso a solicitud, la Ley 19/2013 impone a los sujetos obligados la publicidad activa: la difusión de forma periódica y actualizada, de oficio, de la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad (información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y económica, presupuestaria y estadística). Esta información se publica en las sedes electrónicas, portales o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible. El derecho de acceso a la información pública de la Ley 19/2013 es distinto del derecho del interesado a acceder a los documentos de un procedimiento en curso (art. 53.1.a Ley 39/2015), que corresponde solo a quienes tienen la condición de interesados, y del derecho de acceso a datos personales propios (protección de datos, normativa europea y nacional). Para las materias que tengan un régimen específico de acceso (por ejemplo, la historia clínica), la Ley 19/2013 se aplica con carácter supletorio.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Un documento administrativo debe identificar el órgano emisor, la fecha y la firma de quien lo suscribe.
Art. 26 Ley 39/2015: los documentos públicos administrativos se emiten por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma.
Un documento electrónico administrativo válido: identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firma electrónica.
Clasificación por función: decisión (resoluciones, acuerdos), transmisión (notificaciones, comunicaciones), constancia (actas, certificados), juicio (informes) y de los ciudadanos (solicitudes, recursos).
El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que fundamentan la resolución (art. 70 Ley 39/2015); el electrónico se foliará mediante un índice electrónico.
Art. 14.11 LO 3/2007: implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
El lenguaje no sexista prioriza sustantivos colectivos y desdoblamientos moderados frente al masculino genérico.
Se deben evitar fórmulas como «@», «x» o barras dentro de la palabra, ajenas a la ortografía del español.
Art. 28.3 Ley 39/2015: regla general, no se pueden exigir documentos originales; la excepción debe estar prevista en una norma.
Art. 28.2 Ley 39/2015: no hay obligación de aportar documentos elaborados por una Administración o ya aportados anteriormente.
Las personas interesadas pueden aportar copias digitalizadas y responden de su veracidad; la Administración puede solicitar motivadamente el cotejo con el original.
Art. 27 Ley 39/2015: las copias auténticas tienen la misma validez que el original.
Cada Administración determina qué órganos pueden expedir copias auténticas.
Art. 16.5 Ley 39/2015: los documentos en papel presentados en las oficinas de asistencia en materia de registros se digitalizan y se devuelve el original al interesado, salvo excepción.
Art. 17 Ley 39/2015: archivo electrónico único de documentos de procedimientos finalizados.
El archivo debe garantizar autenticidad, integridad y consulta permanente de los documentos, con arreglo a los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Ciclo vital del documento: archivo de oficina o gestión, central, intermedio e histórico.
Art. 13.d) Ley 39/2015: derecho de acceso a la información pública, archivos y registros.
Ley 19/2013: regula la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno.
Art. 12 Ley 19/2013: todas las personas son titulares del derecho de acceso a la información pública.
Art. 17.3 Ley 19/2013: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso.
Art. 20 Ley 19/2013: resolución en un mes, ampliable por otro mes; silencio administrativo negativo.
Art. 24 Ley 19/2013: reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (un mes), previa a la vía contencioso-administrativa.
Trampa frecuente: el acceso a la información pública es gratuito, pero las copias o el cambio de formato pueden generar una tasa.
Los límites del art. 14 Ley 19/2013 no son automáticos: exigen test de daño y de interés público, aplicación justificada y proporcionada.
Datos especialmente protegidos (salud, ideología, religión...): el acceso exige, en general, consentimiento expreso del afectado.
Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía: norma autonómica de transparencia que complementa la Ley 19/2013.
Ley 7/2011, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: regula el Sistema Andaluz de Archivos.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Cuál de las siguientes expresiones es más acorde con el uso no sexista del lenguaje administrativo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 16 de Auxiliar Administrativo Sanidad?
La elaboración de documentos administrativos, el uso de un lenguaje no discriminatorio, la distinción entre originales y copias, el archivo y el acceso de la ciudadanía a los documentos que obran en poder de la Administración son aspectos instrumentales del trabajo diario del personal auxiliar administrativo. Este tema recorre los requisitos formales de un documento administrativo y su clasificación, las pautas para un lenguaje inclusivo, el régimen de copias auténticas y de aportación de documentos previsto en la Ley 39/2015, el archivo de documentos (electrónico y en soporte papel, con su ciclo de vida) y el derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley 19/2013, con su procedimiento, límites y régimen de reclamación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?
Un documento administrativo debe identificar el órgano emisor, la fecha y la firma de quien lo suscribe. Art. 26 Ley 39/2015: los documentos públicos administrativos se emiten por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Un documento electrónico administrativo válido: identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firma electrónica. Clasificación por función: decisión (resoluciones, acuerdos), transmisión (notificaciones, comunicaciones), constancia (actas, certificados), juicio (informes) y de los ciudadanos (solicitudes, recursos). El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que fundamentan la resolución (art. 70 Ley 39/2015); el electrónico se foliará mediante un índice electrónico. Art. 14.11 LO 3/2007: implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. El lenguaje no sexista prioriza sustantivos colectivos y desdoblamientos moderados frente al masculino genérico. Se deben evitar fórmulas como «@», «x» o barras dentro de la palabra, ajenas a la ortografía del español. Art. 28.3 Ley 39/2015: regla general, no se pueden exigir documentos originales; la excepción debe estar prevista en una norma. Art. 28.2 Ley 39/2015: no hay obligación de aportar documentos elaborados por una Administración o ya aportados anteriormente. Las personas interesadas pueden aportar copias digitalizadas y responden de su veracidad; la Administración puede solicitar motivadamente el cotejo con el original. Art. 27 Ley 39/2015: las copias auténticas tienen la misma validez que el original. Cada Administración determina qué órganos pueden expedir copias auténticas. Art. 16.5 Ley 39/2015: los documentos en papel presentados en las oficinas de asistencia en materia de registros se digitalizan y se devuelve el original al interesado, salvo excepción. Art. 17 Ley 39/2015: archivo electrónico único de documentos de procedimientos finalizados. El archivo debe garantizar autenticidad, integridad y consulta permanente de los documentos, con arreglo a los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. Ciclo vital del documento: archivo de oficina o gestión, central, intermedio e histórico. Art. 13.d) Ley 39/2015: derecho de acceso a la información pública, archivos y registros. Ley 19/2013: regula la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. Art. 12 Ley 19/2013: todas las personas son titulares del derecho de acceso a la información pública. Art. 17.3 Ley 19/2013: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso. Art. 20 Ley 19/2013: resolución en un mes, ampliable por otro mes; silencio administrativo negativo. Art. 24 Ley 19/2013: reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (un mes), previa a la vía contencioso-administrativa. Trampa frecuente: el acceso a la información pública es gratuito, pero las copias o el cambio de formato pueden generar una tasa. Los límites del art. 14 Ley 19/2013 no son automáticos: exigen test de daño y de interés público, aplicación justificada y proporcionada. Datos especialmente protegidos (salud, ideología, religión...): el acceso exige, en general, consentimiento expreso del afectado. Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía: norma autonómica de transparencia que complementa la Ley 19/2013. Ley 7/2011, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: regula el Sistema Andaluz de Archivos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 13, 16, 17, 26, 27, 28 y 70).
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (arts. 12 a 24).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 14.11).
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.
Real Decreto 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad) y Real Decreto 311/2022 (Esquema Nacional de Seguridad).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Administrativo Sanidad.