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Tema 17. Atención a la Ciudadanía (I). Las relaciones entre la administración sanitaria y los ciudadanos en el Servicio Andaluz de Salud. La información administrativa. Las sugerencias y reclamaciones. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La presentación de escritos y comunicaciones. Registro de documentos: Conceptos de entrada y salida.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a).

Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.

La atención a la ciudadanía es uno de los ejes de la relación entre el Servicio Andaluz de Salud y las personas usuarias del sistema sanitario público. Este primer bloque sobre atención a la ciudadanía recorre el marco general de esas relaciones (derechos de las personas usuarias y unidades de atención), los canales de información administrativa, las vías para presentar sugerencias y reclamaciones, el derecho y la obligación de acceso electrónico a los servicios públicos, los requisitos y lugares de presentación de escritos y comunicaciones, y el funcionamiento del registro de documentos de entrada y salida, con sus efectos sobre los plazos.

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Las relaciones entre la administración sanitaria y los ciudadanos en el SAS

El artículo 6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, reconoce a los ciudadanos un amplio catálogo de derechos frente a los servicios sanitarios públicos: al respeto a su personalidad, dignidad e intimidad; a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso; a recibir información sobre los servicios sanitarios y los requisitos para acceder a ellos; y a la libre elección de médico y centro en los términos reglamentariamente establecidos. La Ley 14/1986, General de Sanidad (art. 10), y la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, recogen con carácter básico derechos análogos, entre ellos el de utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias. Estos derechos se traducen operativamente en la organización, dentro de los centros del Servicio Andaluz de Salud, de unidades de atención a la ciudadanía (habitualmente denominadas Servicios o Unidades de Atención a la Ciudadanía, SAC o UAC) que canalizan la información, la gestión de citas, las reclamaciones y sugerencias, y la tramitación de documentos administrativos relacionados con la asistencia (por ejemplo, la solicitud de copia de la historia clínica o la gestión de la tarjeta sanitaria). A estos canales presenciales se suman los canales telefónico y telemático del sistema sanitario público andaluz (como el servicio telefónico Salud Responde y la cita previa por internet), concebidos para acercar los servicios a la ciudadanía y reducir desplazamientos. El Defensor del Pueblo Andaluz (Ley 9/1983) es una vía externa de tutela de los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de la Administración autonómica.

La información administrativa

La información administrativa que se facilita a la ciudadanía puede distinguirse en información de carácter general (sobre la organización de los servicios, requisitos de acceso, horarios, derechos y deberes de los usuarios, carta de servicios, procedimientos y trámites disponibles) e información particular (relativa a un procedimiento o expediente concreto en el que la persona tiene la condición de interesada, que solo puede facilitarse a quien ostente esa condición o a su representante). El artículo 13.a) de la Ley 39/2015 reconoce el derecho de las personas a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico, el artículo 13.b) el derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración, y el artículo 53.1.a) reconoce a los interesados en un procedimiento el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación. La información al público debe ser clara, veraz, actualizada y adaptada al interlocutor; el personal de atención debe orientar sobre el órgano competente y el trámite adecuado, sin emitir interpretaciones jurídicas que comprometan a la Administración. La información general es una función orientadora y no vincula a la Administración en la resolución de los procedimientos.

Las sugerencias y reclamaciones

Las sugerencias y reclamaciones son cauces a través de los cuales la ciudadanía puede trasladar a la Administración sanitaria propuestas de mejora o quejas sobre el funcionamiento de los servicios. En el Servicio Andaluz de Salud, este cauce se canaliza habitualmente a través de las unidades de atención a la ciudadanía de cada centro, que registran, tramitan y dan respuesta a las hojas de reclamaciones y sugerencias presentadas, sin perjuicio de que la persona pueda además acudir a otras vías de tutela de sus derechos. Pueden presentarse en el propio centro, a través de los registros y por medios electrónicos, y son gratuitas. El sistema se rige por la normativa autonómica sobre sugerencias y reclamaciones de la Administración de la Junta de Andalucía. Se trata de un instrumento de mejora continua de la calidad asistencial, distinto de los recursos administrativos propiamente dichos, ya que no tiene por finalidad primaria impugnar un acto, sino informar a la Administración de una disfunción o de una propuesta de mejora. Conviene distinguir entre sugerencia (propuesta de mejora), reclamación o queja (manifestación de disconformidad con el servicio recibido) y agradecimiento (reconocimiento del buen servicio). La presentación de una reclamación no suspende ni interrumpe los plazos para interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan, ni convierte a quien la presenta en interesado en el sentido del procedimiento administrativo, y la respuesta que se dé no tiene la naturaleza de resolución que ponga fin a la vía administrativa. La información recogida se utiliza para detectar áreas de mejora, evaluar la satisfacción de las personas usuarias y reorientar la organización.

Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

El artículo 14 de la Ley 39/2015 regula el derecho y, en determinados casos, la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Como regla general, las personas físicas pueden elegir si se comunican electrónicamente o no, y pueden modificar su elección en cualquier momento, salvo que estén obligadas reglamentariamente a ello. Están obligados a relacionarse electrónicamente, en todo caso, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad), quienes representen a un interesado obligado, y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación para determinados colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. La identificación y la firma electrónicas se regulan en los artículos 9 a 11 de la Ley 39/2015: los interesados pueden identificarse mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados, sistemas de sello electrónico o sistemas de clave concertada (como Cl@ve), y con carácter general basta la identificación; la firma solo se exige en los supuestos que la ley señala (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos). Las Administraciones deben asistir en el uso de medios electrónicos a quienes no estén obligados a utilizarlos y lo soliciten (art. 12), garantizando el acceso mediante oficinas de asistencia y la identificación o firma por funcionario habilitado. El acceso a los servicios electrónicos se realiza a través de la sede electrónica (art. 38 Ley 40/2015), dirección electrónica cuya titularidad corresponde a una Administración Pública. En la Junta de Andalucía, la administración electrónica se regula en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.

La presentación de escritos y comunicaciones

El artículo 16.4 de la Ley 39/2015 enumera los lugares en los que las personas interesadas pueden presentar documentos dirigidos a las Administraciones Públicas: el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, así como los restantes registros electrónicos de cualquiera de las Administraciones; las oficinas de Correos; las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; las oficinas de asistencia en materia de registros; y cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos que las personas interesadas dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas pueden presentarse en cualquiera de estos lugares, con independencia del órgano al que vayan dirigidos. Los documentos presentados en papel en las oficinas de asistencia en materia de registros se digitalizan y se devuelve el original al interesado (art. 16.5). Las solicitudes iniciales de los interesados deben contener, entre otros datos (art. 66): nombre y apellidos del interesado y, en su caso, del representante, identificación del medio electrónico o lugar físico para notificaciones, hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud, lugar y fecha, firma o acreditación de la autenticidad de la voluntad, y el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de diez días, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición (art. 68). Las Administraciones ponen a disposición de los interesados modelos o sistemas normalizados de solicitud, que son de uso voluntario salvo que la norma establezca su obligatoriedad.

Registro de documentos: conceptos de entrada y salida

El artículo 16 de la Ley 39/2015 establece que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo propio o vinculado (asientos de entrada), así como de aquellos que se remitan a otros órganos o particulares (asientos de salida). El registro de entrada acredita la fecha y hora de presentación de un documento, lo que resulta determinante para el cómputo de plazos administrativos, mientras que el registro de salida deja constancia de la fecha en que un documento abandona el órgano que lo emite con destino a otro órgano o a un particular. Cada asiento debe garantizar la constancia de un número de registro, un epígrafe expresivo de su naturaleza, la fecha y hora de presentación, la identificación del interesado, el órgano remitente (si procede), la persona u órgano al que se envía y, en su caso, una referencia al contenido; el interesado recibe un recibo acreditativo de la presentación. Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad e interconexión y la transmisión telemática de los asientos y de los documentos presentados en cualquiera de ellos. Los registros electrónicos se rigen, a efectos del cómputo de plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso (art. 31.2); permiten la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, y la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos presentados en las oficinas de Correos deben entregarse en sobre abierto para que el empleado estampe en ellos el sello con la fecha, de modo que se acredite la presentación en plazo ante la Administración.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 6 Ley 2/1998 de Salud de Andalucía: derechos de los ciudadanos ante los servicios sanitarios (dignidad, confidencialidad, información, libre elección).
  • Art. 10 Ley 14/1986 General de Sanidad: entre los derechos básicos está utilizar las vías de reclamación y sugerencia.
  • Los Servicios o Unidades de Atención a la Ciudadanía (SAC/UAC) canalizan información, citas, reclamaciones y sugerencias en los centros del SAS.
  • La información administrativa puede ser general (sobre la organización) o particular (sobre un expediente concreto, solo para el interesado o su representante).
  • Art. 53.1.a) Ley 39/2015: derecho del interesado a conocer el estado de tramitación de su procedimiento.
  • Art. 13.a) Ley 39/2015: derecho a comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; art. 13.b): derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos.
  • Las sugerencias y reclamaciones no equivalen a un recurso administrativo: buscan informar de disfunciones o mejoras y no suspenden los plazos de recurso.
  • Distinguir sugerencia (propuesta de mejora), reclamación o queja (disconformidad) y agradecimiento.
  • Art. 14 Ley 39/2015: las personas físicas eligen si se relacionan electrónicamente, y pueden cambiar su elección, salvo obligación reglamentaria.
  • Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y profesionales de colegiación obligatoria (en ejercicio de su actividad) están obligados a relacionarse electrónicamente en todo caso.
  • Los empleados públicos deben relacionarse electrónicamente para los trámites derivados de su condición de empleados.
  • Identificación admitida (arts. 9-11 Ley 39/2015): certificado electrónico cualificado, sello electrónico y clave concertada; la firma solo se exige en los supuestos que fija la ley.
  • La sede electrónica es la dirección electrónica de titularidad de una Administración (art. 38 Ley 40/2015).
  • Art. 16.4 Ley 39/2015: lugares de presentación de escritos (registro electrónico, Correos, oficinas consulares, oficinas de asistencia en materia de registros, otros previstos por las normas).
  • Los escritos pueden presentarse en cualquiera de los lugares del art. 16.4, con independencia del órgano destinatario.
  • Art. 68 Ley 39/2015: subsanación en diez días; si no se subsana, se tiene al interesado por desistido.
  • Art. 16 Ley 39/2015: cada Administración dispone de un Registro Electrónico General.
  • El asiento de entrada acredita fecha y hora de presentación, clave para el cómputo de plazos.
  • El asiento de salida deja constancia de la fecha en que un documento sale del órgano emisor.
  • Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser interoperables entre sí.
  • Art. 31.2 Ley 39/2015: el registro electrónico funciona 24 horas todos los días y se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica; un envío en día inhábil se entiende hecho en el primer día hábil siguiente.
  • En Correos, el documento se entrega en sobre abierto para que se estampe el sello con la fecha.
  • Decreto 622/2019: regula la administración electrónica en la Junta de Andalucía.
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El asiento de entrada en un registro es especialmente relevante porque:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 17 de Auxiliar Administrativo Sanidad?

La atención a la ciudadanía es uno de los ejes de la relación entre el Servicio Andaluz de Salud y las personas usuarias del sistema sanitario público. Este primer bloque sobre atención a la ciudadanía recorre el marco general de esas relaciones (derechos de las personas usuarias y unidades de atención), los canales de información administrativa, las vías para presentar sugerencias y reclamaciones, el derecho y la obligación de acceso electrónico a los servicios públicos, los requisitos y lugares de presentación de escritos y comunicaciones, y el funcionamiento del registro de documentos de entrada y salida, con sus efectos sobre los plazos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?

Art. 6 Ley 2/1998 de Salud de Andalucía: derechos de los ciudadanos ante los servicios sanitarios (dignidad, confidencialidad, información, libre elección). Art. 10 Ley 14/1986 General de Sanidad: entre los derechos básicos está utilizar las vías de reclamación y sugerencia. Los Servicios o Unidades de Atención a la Ciudadanía (SAC/UAC) canalizan información, citas, reclamaciones y sugerencias en los centros del SAS. La información administrativa puede ser general (sobre la organización) o particular (sobre un expediente concreto, solo para el interesado o su representante). Art. 53.1.a) Ley 39/2015: derecho del interesado a conocer el estado de tramitación de su procedimiento. Art. 13.a) Ley 39/2015: derecho a comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; art. 13.b): derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos. Las sugerencias y reclamaciones no equivalen a un recurso administrativo: buscan informar de disfunciones o mejoras y no suspenden los plazos de recurso. Distinguir sugerencia (propuesta de mejora), reclamación o queja (disconformidad) y agradecimiento. Art. 14 Ley 39/2015: las personas físicas eligen si se relacionan electrónicamente, y pueden cambiar su elección, salvo obligación reglamentaria. Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y profesionales de colegiación obligatoria (en ejercicio de su actividad) están obligados a relacionarse electrónicamente en todo caso. Los empleados públicos deben relacionarse electrónicamente para los trámites derivados de su condición de empleados. Identificación admitida (arts. 9-11 Ley 39/2015): certificado electrónico cualificado, sello electrónico y clave concertada; la firma solo se exige en los supuestos que fija la ley. La sede electrónica es la dirección electrónica de titularidad de una Administración (art. 38 Ley 40/2015). Art. 16.4 Ley 39/2015: lugares de presentación de escritos (registro electrónico, Correos, oficinas consulares, oficinas de asistencia en materia de registros, otros previstos por las normas). Los escritos pueden presentarse en cualquiera de los lugares del art. 16.4, con independencia del órgano destinatario. Art. 68 Ley 39/2015: subsanación en diez días; si no se subsana, se tiene al interesado por desistido. Art. 16 Ley 39/2015: cada Administración dispone de un Registro Electrónico General. El asiento de entrada acredita fecha y hora de presentación, clave para el cómputo de plazos. El asiento de salida deja constancia de la fecha en que un documento sale del órgano emisor. Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser interoperables entre sí. Art. 31.2 Ley 39/2015: el registro electrónico funciona 24 horas todos los días y se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica; un envío en día inhábil se entiende hecho en el primer día hábil siguiente. En Correos, el documento se entrega en sobre abierto para que se estampe el sello con la fecha. Decreto 622/2019: regula la administración electrónica en la Junta de Andalucía.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (art. 6).
  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (art. 10).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 9 a 14, 16, 31, 53, 66 y 68).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 38, sede electrónica).
  • Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

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