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Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Estudio particular de los derechos y deberes fundamentales, y de la regulación constitucional de la Jefatura del Estado y de los Poderes Públicos. Estudio particular del derecho a la protección de la salud.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a).

Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.

Tema de encuadre constitucional, común a la práctica totalidad de oposiciones de la Administración española: los valores superiores del ordenamiento, la estructura de derechos y deberes fundamentales del Título I, y la organización de la Jefatura del Estado y los poderes públicos (Corona, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial y Tribunal Constitucional). Se cierra con el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), que es el que conecta este tema con el resto del temario sanitario, y con el reparto competencial en materia de sanidad (arts. 148.1.21ª y 149.1.16ª CE).

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Valores superiores y principios inspiradores

El artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978 (CE) proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 1.2 atribuye la soberanía nacional al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el artículo 1.3 establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El artículo 2 fundamenta la Constitución en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Otros preceptos del Título Preliminar: el castellano es la lengua española oficial del Estado y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (art. 3); la bandera de España (art. 4); la capitalidad en la villa de Madrid (art. 5); los partidos políticos (art. 6); los sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7); las Fuerzas Armadas (art. 8); y el artículo 9, que sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Principios del artículo 9 y fundamento del orden político (art. 10)

El artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (igualdad material). El artículo 9.3 garantiza los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El artículo 10.1 declara que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social; el artículo 10.2 ordena interpretar las normas sobre derechos fundamentales y libertades conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España.

Derechos y deberes fundamentales (Título I): estructura

El Título I, "De los derechos y deberes fundamentales" (artículos 10 a 55), se estructura en un artículo introductorio (art. 10, sobre la dignidad de la persona) y cinco capítulos: Capítulo I, "De los españoles y extranjeros" (arts. 11 a 13: nacionalidad, mayoría de edad a los 18 años y derechos de los extranjeros); Capítulo II, "Derechos y libertades" (arts. 14 a 38); Capítulo III, "De los principios rectores de la política social y económica" (arts. 39 a 52); Capítulo IV, "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales" (arts. 53 y 54); y Capítulo V, "De la suspensión de los derechos y libertades" (art. 55). El Capítulo II distingue entre la Sección 1ª ("De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", artículos 15 a 29) y la Sección 2ª ("De los derechos y deberes de los ciudadanos", artículos 30 a 38). El artículo 14 abre el capítulo proclamando la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Contenido de las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo II

Sección 1ª: derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15); libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16); libertad y seguridad personal, con detención preventiva limitada al tiempo estrictamente necesario y, como máximo, a setenta y dos horas, y procedimiento de habeas corpus (art. 17); derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones y limitación del uso de la informática (art. 18); libertad de residencia y circulación (art. 19); libertades de expresión e información, con prohibición de censura previa (art. 20); derecho de reunión (art. 21); derecho de asociación (art. 22); derecho de participación en los asuntos públicos y acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23); tutela judicial efectiva y presunción de inocencia (art. 24); principio de legalidad penal (art. 25); derecho a la educación y libertad de enseñanza (art. 27); sindicación y huelga (art. 28); y derecho de petición (art. 29). Sección 2ª: deber de defender a España y objeción de conciencia (art. 30); deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo (art. 31); matrimonio (art. 32); propiedad privada y herencia (art. 33); fundaciones (art. 34); deber de trabajar y derecho al trabajo (art. 35); colegios profesionales (art. 36); negociación colectiva (art. 37); y libertad de empresa (art. 38).

Garantías de los derechos: reserva de ley, amparo y suspensión (arts. 53 a 55)

El artículo 53.1 vincula a todos los poderes públicos los derechos y libertades del Capítulo II y dispone que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio. El artículo 53.2 permite a cualquier ciudadano recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II (y la objeción de conciencia del art. 30) ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El artículo 53.3 establece que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. El artículo 54 crea el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos del Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración. El artículo 55 regula la suspensión de derechos: algunos derechos pueden suspenderse cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio (art. 116) y, de forma individual, para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, mediante la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.

Leyes orgánicas y reforma constitucional

El artículo 81 reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II), la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La reforma constitucional se regula en el Título X: el procedimiento ordinario (art. 167) exige mayoría de tres quintos de cada Cámara y, si no hay acuerdo, una comisión paritaria y, en su caso, mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado; la reforma se somete a referéndum cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168) se aplica a la revisión total o a la que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II: exige aprobación por dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por la mayoría de dos tercios de las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio. La Constitución ha sido reformada en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en febrero de 2024 (art. 49, que sustituye la referencia a "disminuidos" por la de personas con discapacidad).

La Jefatura del Estado: la Corona (Título II)

El Título II, "De la Corona" (artículos 56 a 65), regula la Jefatura del Estado: el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados (art. 56.3 y art. 64), y de los actos refrendados serán responsables quienes los refrenden. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, con preferencia del grado más próximo al más remoto y, en el mismo grado, del varón a la mujer y de la persona de más edad a la de menos (art. 57.1); el heredero tiene desde su nacimiento el título de Príncipe de Asturias. Corresponden al Rey, entre otras funciones (art. 62): sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, convocar referéndum, proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente, expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. La Regencia se regula en los arts. 59 y 60 y el refrendo corresponde al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los Ministros competentes (art. 64).

Las Cortes Generales (Título III)

El Título III, "De las Cortes Generales" (artículos 66 a 96), establece que las Cortes representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución (art. 66.2); son inviolables (art. 66.3). El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 68.1); el Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1), con cuatro senadores por provincia (art. 69.2), además de los designados por las Comunidades Autónomas. El mandato de ambas Cámaras es de cuatro años (arts. 68.4 y 69.6). Las leyes se aprueban por las Cortes; la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y, mediante iniciativa popular, a los ciudadanos (con un mínimo de 500.000 firmas, art. 87). Los tratados internacionales se regulan en el Capítulo III de este Título (arts. 93 a 96).

El Gobierno y la Administración (Título IV) y las relaciones Gobierno-Cortes (Título V)

El Título IV, "Del Gobierno y de la Administración" (artículos 97 a 107), atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97). El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1). El Presidente es investido por el Congreso tras la propuesta del Rey (art. 99). El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso (art. 108); la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1). El acceso a la función pública se rige por los principios de mérito y capacidad (arts. 103.3 y 23.2). En el Título V (arts. 108 a 116) se regulan la moción de censura (art. 113, que exige mayoría absoluta del Congreso y debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno), la cuestión de confianza (art. 112), la disolución de las Cortes (art. 115) y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116).

El Poder Judicial (Título VI) y el Tribunal Constitucional (Título IX)

El Título VI, "Del Poder Judicial" (artículos 117 a 127), consagra que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno del poder judicial (art. 122), está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años: doce entre jueces y magistrados y ocho juristas de reconocida competencia (cuatro propuestos por el Congreso y cuatro por el Senado, por mayoría de tres quintos). El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123); el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124). El Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159 a 165) está compuesto por doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado (ambos por mayoría de tres quintos), dos a propuesta del Gobierno y dos del CGPJ; su mandato es de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres. Es el intérprete supremo de la Constitución y conoce, entre otros, del recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y los conflictos de competencia.

El derecho a la protección de la salud (art. 43 CE)

Dentro del Capítulo III del Título I, el artículo 43 CE reconoce el derecho a la protección de la salud (apartado 1) y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, señalando que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto (apartado 2). El apartado 3 añade que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio. Al no estar incluido en la Sección 1ª del Capítulo II, este derecho no goza de la protección reforzada (recurso de amparo) de los derechos fundamentales propiamente dichos, sino que, como principio rector, informa la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE), y es desarrollado por leyes como la Ley 14/1986, General de Sanidad, que se estudia en el tema 3. Conviene relacionarlo con otros preceptos: el artículo 41 (régimen público de Seguridad Social, con asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad), el artículo 45 (medio ambiente adecuado y utilización racional de los recursos), el artículo 49 (atención a las personas con discapacidad) y el artículo 51 (defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, salud y legítimos intereses económicos).

Reparto de competencias en materia de sanidad

El artículo 149.1.16ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos. El artículo 149.1.17ª le reserva la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 148.1.21ª permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en sanidad e higiene, y el artículo 148.1.20ª en asistencia social. Andalucía asumió competencias en la materia en su Estatuto de Autonomía (hoy, el art. 55 de la LO 2/2007), recibió los correspondientes traspasos de servicios sanitarios en la primera mitad de la década de 1980 y creó el Servicio Andaluz de Salud mediante la Ley 8/1986. De este esquema se deriva que el Estado fija las bases y la coordinación general (por ejemplo, mediante la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley General de Salud Pública), mientras que las Comunidades Autónomas desarrollan legislativamente esas bases y gestionan los servicios sanitarios en su territorio.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • España es un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE).
  • Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (no incluye 'solidaridad' ni 'seguridad').
  • La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE).
  • La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE).
  • Art. 2 CE: unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, con solidaridad entre todas ellas.
  • Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de normas sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
  • Título I CE: "De los derechos y deberes fundamentales", arts. 10 a 55, con cinco capítulos.
  • Art. 10 CE: la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social; art. 10.2: interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
  • Art. 14 CE: igualdad de todos los españoles ante la ley, sin discriminación; abre el Capítulo II.
  • Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29): derechos fundamentales y libertades públicas, con protección reforzada (ley orgánica, amparo, preferencia y sumariedad).
  • Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38): derechos y deberes de los ciudadanos.
  • Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de la política social y económica.
  • Capítulo IV (arts. 53-54): garantías; Capítulo V (art. 55): suspensión de derechos.
  • El recurso de amparo cubre el art. 14, la Sección 1ª del Capítulo II y la objeción de conciencia del art. 30.2; NO cubre el art. 43.
  • Art. 17 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, un máximo de setenta y dos horas.
  • El derecho a la protección de la salud está en el art. 43 CE, dentro del Capítulo III (principio rector, no derecho fundamental).
  • Art. 43.1: se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  • Art. 43.2: los poderes públicos organizan y tutelan la salud pública mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios; la ley establecerá los derechos y deberes de todos.
  • Art. 43.3: fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitar la adecuada utilización del ocio.
  • Los principios rectores del Capítulo III solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria según lo dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE).
  • Art. 149.1.16ª CE: el Estado tiene competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
  • Art. 148.1.21ª CE: las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en sanidad e higiene.
  • Título II CE: "De la Corona", arts. 56-65; la persona del Rey es inviolable y sus actos están refrendados (arts. 56.3 y 64).
  • El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (art. 56 CE).
  • Título III CE: "De las Cortes Generales", arts. 66-96; Congreso de los Diputados (300 a 400 diputados) y Senado (cuatro senadores por provincia); legislatura de cuatro años.
  • Título IV CE: "Del Gobierno y de la Administración", arts. 97-107.
  • El Gobierno dirige la política interior y exterior y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE).
  • Moción de censura (art. 113): mayoría absoluta del Congreso y candidato alternativo; cuestión de confianza (art. 112).
  • Título VI CE: "Del Poder Judicial", arts. 117-127; independencia y sometimiento único al imperio de la ley.
  • CGPJ (art. 122): Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey por cinco años (12 jueces y magistrados, 8 juristas).
  • Tribunal Constitucional (art. 159): 12 miembros, mandato de 9 años, renovación por terceras partes cada tres años (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ).
  • Ley orgánica (art. 81): mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto; regula derechos fundamentales de la Sección 1ª, Estatutos de Autonomía y régimen electoral general.
  • Reforma constitucional: art. 167 (tres quintos, referéndum si lo pide una décima parte de una Cámara) y art. 168 (dos tercios, disolución, ratificación y referéndum obligatorio).
  • La reforma de 2024 modificó el art. 49 CE para hablar de personas con discapacidad; las anteriores fueron en 1992 (art. 13.2) y 2011 (art. 135).
  • Distinción clave de examen: derechos fundamentales (Sección 1ª) vs. principios rectores (Capítulo III), por su distinto grado de protección.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Entre qué artículos se extiende el Título I de la Constitución, "De los derechos y deberes fundamentales"?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Auxiliar Administrativo Sanidad?

Tema de encuadre constitucional, común a la práctica totalidad de oposiciones de la Administración española: los valores superiores del ordenamiento, la estructura de derechos y deberes fundamentales del Título I, y la organización de la Jefatura del Estado y los poderes públicos (Corona, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial y Tribunal Constitucional). Se cierra con el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), que es el que conecta este tema con el resto del temario sanitario, y con el reparto competencial en materia de sanidad (arts. 148.1.21ª y 149.1.16ª CE).

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

España es un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE). Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (no incluye 'solidaridad' ni 'seguridad'). La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE). La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE). Art. 2 CE: unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, con solidaridad entre todas ellas. Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de normas sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Título I CE: "De los derechos y deberes fundamentales", arts. 10 a 55, con cinco capítulos. Art. 10 CE: la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social; art. 10.2: interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 14 CE: igualdad de todos los españoles ante la ley, sin discriminación; abre el Capítulo II. Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29): derechos fundamentales y libertades públicas, con protección reforzada (ley orgánica, amparo, preferencia y sumariedad). Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38): derechos y deberes de los ciudadanos. Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de la política social y económica. Capítulo IV (arts. 53-54): garantías; Capítulo V (art. 55): suspensión de derechos. El recurso de amparo cubre el art. 14, la Sección 1ª del Capítulo II y la objeción de conciencia del art. 30.2; NO cubre el art. 43. Art. 17 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, un máximo de setenta y dos horas. El derecho a la protección de la salud está en el art. 43 CE, dentro del Capítulo III (principio rector, no derecho fundamental). Art. 43.1: se reconoce el derecho a la protección de la salud. Art. 43.2: los poderes públicos organizan y tutelan la salud pública mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios; la ley establecerá los derechos y deberes de todos. Art. 43.3: fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitar la adecuada utilización del ocio. Los principios rectores del Capítulo III solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria según lo dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE). Art. 149.1.16ª CE: el Estado tiene competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos. Art. 148.1.21ª CE: las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en sanidad e higiene. Título II CE: "De la Corona", arts. 56-65; la persona del Rey es inviolable y sus actos están refrendados (arts. 56.3 y 64). El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (art. 56 CE). Título III CE: "De las Cortes Generales", arts. 66-96; Congreso de los Diputados (300 a 400 diputados) y Senado (cuatro senadores por provincia); legislatura de cuatro años. Título IV CE: "Del Gobierno y de la Administración", arts. 97-107. El Gobierno dirige la política interior y exterior y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Moción de censura (art. 113): mayoría absoluta del Congreso y candidato alternativo; cuestión de confianza (art. 112). Título VI CE: "Del Poder Judicial", arts. 117-127; independencia y sometimiento único al imperio de la ley. CGPJ (art. 122): Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey por cinco años (12 jueces y magistrados, 8 juristas). Tribunal Constitucional (art. 159): 12 miembros, mandato de 9 años, renovación por terceras partes cada tres años (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ). Ley orgánica (art. 81): mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto; regula derechos fundamentales de la Sección 1ª, Estatutos de Autonomía y régimen electoral general. Reforma constitucional: art. 167 (tres quintos, referéndum si lo pide una décima parte de una Cámara) y art. 168 (dos tercios, disolución, ratificación y referéndum obligatorio). La reforma de 2024 modificó el art. 49 CE para hablar de personas con discapacidad; las anteriores fueron en 1992 (art. 13.2) y 2011 (art. 135). Distinción clave de examen: derechos fundamentales (Sección 1ª) vs. principios rectores (Capítulo III), por su distinto grado de protección.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978; BOE-A-1978-31229), con las reformas de 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49).
  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE-A-1986-10499).

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